Jaime Spak
Para Lampadia

Cuando era joven recuerdo que mi madre hacia deliciosos potajes y si alguien le hacía alguna pregunta como: ¿Quién preparó esta delicia? inmediatamente contestaba con otra pregunta: ¿No te ha gustado?

Y luego seguía la amena conversación donde le confesaba que ella había hecho el plato en mención y entonces llegaba la pregunta del millón: ¿Me podrías dar la receta?

La respuesta era previsible: eso lo tengo en mi mente y no te la puedo dar porque es secreta.

De repente esa escena puede ser familiar para alguno de los lectores, pero me sirvió para poder escribir este articulo con respecto a cuál debería de ser la receta para un buen gobierno y la receta para lo contrario.

Voy a empezar al revés de lo que contestan cuando alguien le dice: “tengo dos noticias, una buena y otra mala” y uno le dice empieza por la mala.

En este caso empezare por la receta buena, a ver si alguno la comparte conmigo:

RECETA PARA UN BUEN GOBIERNO

• Lo primero que se debe de tener son partidos políticos solidos con cuadros que empiecen a trabajar desde jóvenes para adquirir experiencia.
• Una vez consolidado el partido es importante tener una ideología muy clara para que esta pueda ser trasmitida de generación en generación.
• Tener comités del partido en todo el país con presencia constante de los líderes en las diferentes regiones.
• Participar de las elecciones tanto distritales, provinciales, regionales, congresales y presidenciales con los elementos mas capaces en todas las justas.
• Para ser candidatos deben de pasar por importantes pruebas de capacidad, psicológicas, y declaraciones juradas del patrimonio para poder ver las fortalezas y debilidades de cada uno.
• La prueba psicológica es esencial, pues en ella se pueden apreciar detalles desconocidos de la personalidad, carácter y sobre todo poder prever alguna patología que puede ser fatal si esta persona es elegida para un puesto público.
• Si se logra pasar por estos filtros la posibilidad de encontrarnos con políticos corruptos será cada vez menor.
• Ni mencionare el tema de la honestidad pues ese es el primer requisito para participar en política.
• No seguiré con lo que debe de suceder una vez que son elegidos porque no me alcanzaría este artículo.

Ahora les daré la receta para un mal gobierno:

• Lanzarse a cualquier puesto público sin estar preparado.
• Buscar un partido populista en las zonas más deprimidas del país donde los demagogos juegan con la voluntad popular.
• Aliarse al dueño de algún medio de comunicación para conseguir popularidad sobre todo con detalles falsos y exagerados.
• Tener siempre al lado una portátil que es financiada por algún elemento oscuro, que una vez que el candidato es elegido pasara la cuenta con intereses leoninos.
• Si por algún motivo tiene la suerte de ser elegido, convocar a los familiares mas cercanos y amigos, sobre todo aquellos que están desempleados para comenzar a lucrar con los bienes públicos.
• Atacar a sus adversarios desde el primer día de gobierno con falsedades y sobre todo poniendo a la población en contra de ellos.
• Un hecho muy importante es estar lejos de la prensa y empezar a atacar a aquellos medios que empiezan a hurgar en la vida de los oscuros asesores.
• Mentir, mentir y mentir sobre cualquier tópico y negar lo innegable, por ejemplo, si a su mas cercano colaborador lo encuentra con dinero en efectivo o si su familiar mas cercano empieza a mostrar signos exteriores de riqueza, negarlo visceralmente.

Obviamente muchos de ustedes dirán a estas recetas le faltan muchos ingredientes y yo seré el primero en reconocerlo, pero son los que me vienen a la mente, pues la finalidad de este artículo es poder concientizar que no es un tema de que cada cinco años estemos cambiando de gobierno.

Lo importante es que cada gobernante lo haga mejor que el anterior y podamos seguir creciendo como país.

En los últimos años hemos tenido populismo barato de todo tipo, con el gobierno de Castillo estamos experimentando el populismo de izquierda, que es peor que el de derecha.

Ambos son dañinos para la salud política, en el de derecha se dice “roba, pero hace obra “en el de izquierda “regala a los más necesitados para que no salgan de la pobreza “.

La mejor receta estoy seguro la tendrán muchas de las más lúcidas mentes de nuestro país.

Pero lo que si debe de tener en cuenta el próximo gobierno que asuma el país, no se si dentro de poco o en el 2026, es que si no se preocupan de lograr el desarrollo de las zonas deprimidas de nuestro territorio, seguiremos siendo campo de cultivo de ideologías extremistas, que pueden desembocar en movimientos que siembren el terror pues se sienten que nadie los representa y que los que ahora están en el poder lo único que buscan es el bienestar personal y no de la nación.

Esta semana que paso me pasé escuchando el publirreportaje de Castillo en el canal del estado y pude ver la incapacidad de este hombre de contestar hasta las preguntas más sencillas.

Nunca se ha visto en la historia peruana que en los primeros 10 meses de gobierno, el palacio sea allanado por la fiscalía, al hombre de confianza del presidente se le descubra una coima de US$ 20,000 ocultos en palacio, sus dos sobrinos cómplices de un delincuente raquetero de poca monta, para hacer negocios en el MTC y que Castillo pase por la vergüenza de ser investigado por el Fiscal de la Nación.

La fuga de su más cercano colaborador Silva es la gota que derrama el vaso.

Qué vergüenza internacional está pasando el Perú por culpa de Castillo y compañía.

Un presidente que no solo tiene intolerancia a la lactosa, sino intolerancia a la inversión extranjera difícilmente nos podrá dar una receta de crecimiento.

Ni siquiera la mejor receta de Gastón Acurio nos podrá librar de sufrir una diarrea política como la que se avecina. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

En su declaración a la fiscalía, Karelim López ha confirmado lo que era una fundada sospecha, el corrupto gobierno de Pedro Castillo ha comprado congresistas. Los cinco parlamentarios de Acción Popular (AP) -apodados “los niños” porque obedecen todo los que les ordena el profesor- identificados con nombres y rostros, son parte de lo que probablemente es una facción más amplia de sobornados por la mafia que se ha encaramado en el poder.

En la historia reciente del Perú dos presidentes fueron vacados a consecuencia de la revelación de hechos similares.

El 14 de setiembre de 2000 se propaló el video de Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos en el que se advierte al congresista elegido por el principal partido opositor de aquel momento, Perú Posible de Alejandro Toledo, recibiendo quince mil dólares del jefe real del servicio de inteligencia para pasarse al oficialismo. Dos días después Alberto Fujimori anunció públicamente que dejaría la presidencia al año siguiente, al tiempo que disolvía el SIN y despedía a Montesinos.

El 20 de marzo de 2018 se difundieron los audios y videos grabados por Moisés Mamani, que denunció que operadores del presidente Pedro Pablo Kuczynski habían tratado de comprar su voto y el de otros congresistas para impedir la vacancia (sin que el negocio se llegara a concretar). Los pronunciamientos de muchos parlamentarios, que antes habían respaldado a PPK, a favor de su destitución –se contabilizaron más de cien en total- lo forzó a renunciar al día siguiente.

Ahora la confirmación de Karelim López de lo que era una presunción basada en múltiples indicios, no ha tenido el efecto inmediato que tuvieron las dos anteriores. Una diferencia, sin duda, es que se trata de un gobierno comunista y delincuencial, al que no le importa la opinión pública y desprecia la democracia. Otra es que en esas ocasiones los comunistas y caviares estuvieron en campaña por la destitución de Fujimori y PPK, y ahora casi todos respaldan, abierta o encubiertamente, a Pedro Castillo.

En el 2000 la vacancia fue posible porque los congresistas que respondían directamente a Montesinos se sumaron a los opositores después que aquel rompió con Fujimori.

En el caso de PPK los que pretendían vacarlo habían fracasado en diciembre de 2017 gracias al respaldo que le dio la facción que logró aglutinar Kenji Fujimori y era probable que la segunda moción no hubiera prosperado de no aparecer la denuncia de Mamani, lo que proporcionó el motivo –o la coartada- a los que estaban enfurecidos por el indulto a Alberto Fujimori para sumarse a los opositores.

Hoy día no está clara –todavía- la línea que divide a los que permanecerán al lado de la corrupción comunista a pesar de las evidencias, y los que respaldarán la vacancia.

Vladimiro Montesinos usaba dos modalidades con los congresistas que compraba, algunos se mantenían como topos en sus partidos originales y otros se convertían públicamente en tránsfugas. Ese es el mismo método usado por los comunistas hoy día. Por ejemplo, Carlos Zeballos de Acción Popular, desertó y se convirtió en miembro de la bancada de Guillermo Bermejo y Betssy Chávez, mientras que otros han permanecido camuflados en su partido original.

Lo que ha ocurrido con la bancada de AP es consecuencia de la crisis de los partidos que se arrastra desde hace décadas, pero la desastrosa reforma política que impusieron Martín Vizcarra y los caviares, incluyendo la prohibición de reelección de congresistas, terminó de destruir lo poco que quedaba de institucionalidad. Ninguno de los integrantes de ese grupo parlamentario tenía alguna trayectoria ni experiencia. Ahora comprobamos las consecuencias.

El asunto es que el entramado de la corrupción hoy día es tan extenso y ha penetrado tan profundamente las instituciones –como la fiscalía y el Poder Judicial-, que es mucho más difícil que antes realizar los cambios políticos indispensables.

De eso aprovechan los comunistas y caviares para sostener a Castillo y su gavilla de maleantes. Como es obvio, esta situación no se va a mantener indefinidamente. Si no se les echa del gobierno ahora, ellos seguirán consolidándose y avanzando hacia la instauración de una dictadura chavista. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Estamos ad portas de las elecciones generales y para “no tropezar de nuevo y con la misma piedra”, me parece útil revisar nuestra historia política y económica reciente.

Las elecciones del 2011 marcaron un punto de inflexión en la historia económica del Perú. Cometimos la torpeza de elegir a Humala (OH), un candidato sin visión, proyecto, personalidad, ni liderazgo e incapaz de analizar e impulsar lo más conveniente para el Perú.

En el quinquenio de OH, la tasa de crecimiento promedio de nuestra economía bajó de 6.9% en el gobierno anterior, a 4.8% en el suyo, desacelerando el importante proceso de reducción de pobreza de más de 20 puntos porcentuales, al pasar de 48.7% a 27.8% en el gobierno anterior,  para reducir sólo 6 puntos porcentuales al bajarla a 21.7%. Este comportamiento económico vino acompañado de un déficit fiscal, que al término del gobierno alcanzó a 2% del PBI, cuando solía haber estado con superávits superiores al 2.5% del PBI, con excepción del déficit generado en la crisis financiera internacional del 2009, que alcanzó a 1.4%.

Por intereses subalternos, dejó que un gobernador regional corrupto y del más bajo nivel, lo llevara a paralizar el proyecto minero Conga, con lo que empezó la ralentización de nuestro crecimiento económico. Este proyecto, que significaba una inversión privada de US$4.8 mil millones, se detuvo cuando ya llevaba un año de haber iniciado construcción y haber invertido los primeros US$ 1.5 mil millones. En cambio, en el 2014 nos embarcó en una inversión sin sentido económico y con recursos públicos por US$ 7 mil millones en la refinería de Talara, que aún no concluimos, así como en el proyecto del Gasoducto del Sur, ambos proyectos con un fuerte olor a corrupción. Gracias a que el proyecto minero Las Bambas ya había iniciado construcción, la que concluyó en el 2015, el Perú “sólo dejó de crecer” cerca de US$ 50 mil millones en ese periodo, lo que equivale a perder US$1,700  per cápita.

Probablemente el hartazgo al que nos condujo ese gobierno, significó que, en las elecciones de 2016, el Perú votara mayoritariamente (60.91%) en primera vuelta, por dos candidatos pro mercado; Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 21. 05%% y Keiko Fujimori (K) 39.86%, lo que significó que le correspondiera 18 congresistas a PPK y 73 congresistas a K, de un total de 130 parlamentarios.

En esas circunstancias, el escenario ideal hubiera sido que ambos partidos se junten en un acuerdo de cooperación y gobernabilidad, conducente a una década de crecimiento económico y prosperidad social, digno de un salto cualitativo con miras al bicentenario. Pero no, todo lo contrario, se enfrentaron en una lucha insensata por el poder, mirándose no como adversarios políticos, sino como enemigos. Se insultaron al nivel más bajo y cuando se dio la segunda vuelta, K quien perdió por muy estrecho margen y sospechas de injerencia de OH, quien ordenó inamovilidad a las FFAA y PNP para la segunda vuelta (lo que les impedía votar), cosa que no había ocurrido en la primera, tuvo una segunda mala reacción, al extremo de amenazar con “gobernar desde el Congreso”.

PPK, un hombre mayor, testarudo y sin vocación para negociar, se lanzó a la segunda vuelta con esa actitud agresiva, sin ver y reconocer que, de ganar, tendría al frente una súper mayoría de 73 parlamentarios de Fuerza Popular (FP). Ante ese escenario, no fue capaz de diseñar una estrategia y tender puentes de cooperación con quienes debía trabajar para sacar al país adelante. Todo lo contrario, contribuyó a exacerbar el anti fujimorismo, puso en segundo plano los intereses superiores del Perú y en el debate final, no dudó en herir e insultar a su adversaria de la peor manera.

La ciega obsesión de PPK por la presidencia, acompañada de la inmensa inmadurez política de K, fue una mezcla explosiva que generó enfrentamientos permanentes durante los 20 meses de gobierno de PPK, en el que hubo dos pedidos de vacancia por incapacidad moral, poniendo PPK término a la segunda con su renuncia, en medio de una traición urdida por su primer Vicepresidente Martín Vizcarra (MV), en ese momento embajador del Perú en Canadá, de la mano de un número importante de congresistas impresentables liderados por César Villanueva (hoy enjuiciado por corrupción).

Estos trances políticos hicieron que una economía que venía creciendo a tasas promedio de 6.89% durante el periodo 2005-2011, se desacelerara a niveles de 4.77% del 2011 al 2016, cayera a 4% en el 2016 y a 2.5% en el 2017.

Así pues, tras una historia de mentira y traición, el gobierno cayó en las manos de MV, un individuo mediocre, improvisado, sin visión de país, ni plan de gobierno, pues descartó el plan de gobierno con el que llegó en las elecciones 2016, para acercarse a los partidos de izquierda. Su falta de convicción y compromiso con el país, falta de moral para gobernar y sentido del honor, hace que, tres años después, no haya promovido ninguna inversión pública, ni haya reactivado proyectos paralizados como Majes-Siguas II y Chavimochic III. Tampoco apoyó la ejecución de inversión privada, peor aún, en un juego soterrado indigno de un presidente, se coludió con uno de los peores gobernadores regionales (el de Arequipa) para paralizar el proyecto minero Tía María, uno de los pocos proyectos de inversión privada, maduros, que contaba con todos los permisos legalmente exigidos y que hubiera alimentado en los inversionistas, expectativas positivas hacia el futuro.

A las decisiones políticas que destruyen valor, debemos agregar la disolución del Congreso por parte de MV, al hacer “cuestión de confianza” sobre un asunto de competencia exclusiva y excluyente del Congreso, cual es la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y sin contar, hasta el día de hoy, con el Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros que hizo tal cuestión de confianza. Los vericuetos legales y el respaldo del TC (tomando posiciones políticas), sobre un tema en el que tienen conflicto de intereses, nos muestra ante el mundo como un país que no respeta las instituciones. Este hecho no sólo impacta negativamente en la confianza de los inversionistas para traer más capitales, sino que da más argumentos para que, quienes puedan justificarlo, prefieran sujetarse a arbitrajes internacionales en el CIADI, pudiendo demostrar fácilmente que las leyes en el Perú, no las respeta ni el TC.

A consecuencia de la disolución del Congreso, tuvimos 6 meses de un gobierno que emitió un sinnúmero de Decretos Legislativos sin ningún control, hasta que se instaló el nuevo Congreso. Uno peor y más irresponsable que el anterior y que está compitiendo en populismo con el ejecutivo, por lo que viene complicando nuestras finanzas públicas de cara al futuro y dando los pasos necesarios para arriesgar el “grado inversión” de nuestros papeles de deuda soberana, con un potencial incremento del costo financiero y debilitamiento de nuestro manejo fiscal.

Mención especial merece su incapacidad para manejar la crisis sanitaria reciente, pues globalmente es reconocido como el presidente que tuvo el peor manejo sanitario y económico del mundo frente al COVID-19, medido en términos de  contagios y fallecimientos por cada 100,000 habitantes y de caída del PBI, sólo mejor que Venezuela.

Esta muy mala “gestión” de Vizcarra, nos ha llevado a un magro 2.2% de crecimiento del PBI el 2019 y si no fuera por la pandemia, hubiera bordeado el 0% el 2020. Incrementos del déficit fiscal sólo comparables con los generados por OH y un incremento de la deuda pública de un equivalente al 23.3% del PBI a inicios de este gobierno, a 26.8% a fines de 2019, pero que, con el déficit cercano al 10% u 11% que lograremos este año, muy probablemente esta deuda pública será del orden del 36% del PBI a fines del 2020, acompañando una caída del PBI del orden de 14% (que se alcanzará por no haber tenido un manejo inteligente de la economía durante la pandemia, como lo hicieron nuestros competidores), lo que nos retrocede al año 2014.

Mientras tanto, hemos configurado en el Perú un escenario tragicómico de política chicha y podemos ver cómo individuos sin moral ni ética, han llegado a los niveles más altos del gobierno y al Congreso (por supuesto con muy honrosas excepciones). Lo que confirmaría lo dicho, es que el núcleo más cercano al presidente viene siendo investigado, bajo prisión preliminar, entre otras cosas, para evitar que este grupo encabezado por Vizcarra continúe obstruyendo a la justicia. Lamentablemente, a los peruanos esto ya no nos sorprende, pero no deja de ser una vergüenza mundial.

Como hemos dicho, estamos a pocos meses de unas elecciones generales y la reforma política, que se supone fue el “aporte” principal de MV, ha terminado siendo una mala pesadilla que ha destruido más aún, el escenario político y ahuyentado a sus actores. Ya no hay carrera política, ni formación de cuadros dentro de los partidos. Hay 24 partidos que van ofreciendo sus “derechos políticos” a posibles candidatos. No hay planes de gobierno, ni compromiso de cumplimiento. Lo más lamentable es que, estos elementos ahuyentan de la política a gente que tenga un nombre que defender y, por lo tanto, se ha convertido en un factor crítico negativo para el desarrollo futuro de la política en el Perú.

Entre tanto, pasan los meses y no tenemos reactivación de inversiones, la mayoría de las empresas están pugnando por retomar sus niveles de producción y ventas previos a la pandemia,  mientras que muchos otros, especialmente los relacionados al turismo, restaurantes y hoteles, entre otros servicios, están tratando de sobrevivir. No podemos perder de vista que, todos los países del mundo compiten con el Perú por atraer inversiones y ser más ágiles en su dinámica empresarial, para remontar este bache económico y de salud.

En este escenario y ante las limitaciones de campaña política de los partidos, debemos exigir a la prensa sea a su vez, muy exigente con aquellos ciudadanos que han optado por participar en política y ser candidatos. Deben preguntar y preguntar, con insistencia, sobre sus ideas políticas, planes, programas y solución de problemas específicos. Que presenten acciones muy concretas y se comprometan a ejecutarlas, para que el elector tenga una clara percepción de los candidatos y pueda elegir bien.

Bien dicen que el político es alguien, que cuando es candidato, habla de todas las soluciones, pero cuando es elegido, solo habla de los problemas. Lampadia

Gonzalo Prialé
Para Lampadia

Hoy, tanto en países ricos como en desarrollo, existe una marcada ansiedad respecto al futuro. Para cubrir este vacío, allí estaban antes los líderes constructores de narrativas colectivas inspiradoras que nos ofrecían una tierra prometida y nos convencían de que era posible alcanzarla con fe y persistencia en el empeño ¿Qué pasó, porqué dejó esto de funcionar?

Resulta paradójico que, según el catecismo de la post modernidad, el conocimiento sea la narrativa y los hechos sean siempre interpretables, y que al mismo tiempo los partidos políticos hayan perdido esa capacidad de narrar, interpretar la realidad, e inspirar a sus seguidores. Algo no funciona para los partidos en el mundo postmoderno.

Crítica de la narrativa política

En muchos países los políticos tradicionales se han quedado sin sueños que vender. Es que la tecnología avanza vertiginosamente, da saltos quánticos, y cualquier promesa de futuro que los políticos hagan se vuelve obsoleta rápidamente, queda desbordada y superada por la innovación disruptiva. La innovación en comunicaciones y las redes sociales han roto los esquemas y los moldes del pasado. Probablemente ahora muchos políticos profesionales no tienen qué ofrecer porque sencillamente no tienen idea de qué hacer ni cómo transmitirlo.

Además, los líderes políticos han dejado de ofrecer mensajes atractivos. Basta ver las noticias para percatarse del triunfo global de la mediocridad del discurso como resultado de la mediocridad de las ideas. Se perdieron los lazos de confianza entre gobernantes y gobernados y parecería que en muchas partes del mundo las organizaciones políticas perdieron el sentido ético. ¿Cuándo se disociaron la ética y la política?

En el país ya no existen grandes partidos ideológicos organizados a nivel nacional. Qué sentido tiene entonces exigir que los partidos tengan un número de comités y de militantes que resultan ser esencialmente ficticios. Ahora las discusiones se producen en las redes, ya no es necesario el contacto físico ni los grandes mítines como antaño, y quizás por eso el partidismo tradicional ha desaparecido y los únicos que no parecen haberse dado cuenta son sus dirigentes.

Pese a que los partidos políticos mantienen la exclusividad de ser el vehículo intermediador de la voluntad popular para competir en las elecciones y acceder al poder, lo cierto es que han perdido contacto con la nueva realidad. Lo que parece haber sucedido es que ahora los ciudadanos no requieren intermediación y opinan sobre lo que quieran en las redes y en las encuestas.

Este divorcio de hecho, se complica aún más dado que hace rato que los gobiernos y los políticos no lideran, sino que siguen a la opinión pública. De otro lado, hace rato también que el Legislativo ha quedado desbordado porque la legislación económica es demasiado técnica y sus conocimientos no les alcanzan para producir leyes que valgan la pena, y porque su labor fiscalizadora está desprestigiada ya que blindan allegados, sancionan adversarios, y no son capaces de fiscalizarse a sí mismos.

Lo cierto es que ahora a cualquier proyecto político la gente le exige resultados razonablemente pronto, no en el más allá, no en una próxima vida. Sucede que al final ningún político es responsable de lograr resultados en un futuro lejano, aunque lo que diga suene bonito. Los políticos tratan de ofrecerle a la gente, los electores, un coctel de mensajes interesados mezclado con contenidos emocionales. Les ofrecen sueños sin compromiso con la realidad, el compromiso es con el sueño y el sueño suele ser un fiasco.

¿Hay esperanza?

En este preocupante contexto ¿que será del país en los próximos 20 años? ¿Qué podemos hacer para no volvernos definitivamente irrelevantes en un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy? ¿Cómo insertarnos a la nueva modernidad para dar el gran salto cualitativo?

En el vertiginoso mundo actual, es necesario decir cómo se lograrán los resultados deseados y tener la capacidad de gestión pública necesaria para lograrlos en un tiempo razonablemente corto. Si no resolvemos el reto de la ineficaz gestión pública, la débil institucionalidad y la ausencia de un Estado de derecho, estaremos destinados al fracaso.

Finalmente, el frenesí del cambio tecnológico rompe los esquemas de la política a la antigua, la de los partidos políticos tradicionales, los desnuda como al emperador del cuento, y los desfasa. Sin embargo, a falta de nuevas categorías seguimos usando las viejas categorías para tratar entender lo nuevo y, lo peor de todo, las usamos para legislar sobre una reforma de la política. Los viejos fantasmas aun sirven de referencia. Ese es el problema. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso, presionada por la cuestión de confianza, aprobó el viernes un principio que es incongruente con el de las elecciones primarias obligatorias: la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral. Dice así:

Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir cincuenta por ciento (50%) de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer-un varón o un varón-una mujer. En las circunscripciones en que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.

Esto se hará en forma gradual. 40% el 2021, 45% 2026 y 50% en 2031. En la práctica es un 50% desde ahora porque ¿cómo aplicamos el 40% en una circunscripción de 4 escaños, por ejemplo?

Es decir, si en la elección primaria interna los ciudadanos elegimos, en una circunscripción electoral dada, a todos hombres o a todos mujeres –lo que perfectamente puede darse-, la paridad obliga a dejar de lado a la mitad de los elegidos. O si elegimos a 3 mujeres y 1 hombre, por ejemplo, habrá que dejar de lado a una mujer.  En otras palabras, mi voto puede no valer. ¿Para qué hacer primarias obligatorias si al cabo una parte de los votos –de los resultados- no será respetada?

En realidad, se trata de una decisión de política: le damos más peso al voto por aquellos –hombre o mujeres- que, habiendo quedado rezagados en la votación, entran sin embargo para llenar el porcentaje de género. La implicancia ontológica es que el voto de los ciudadanos no es igual, no tiene el mismo valor. ¿Se puede subordinar el valor del voto –elemento constitutivo de una democracia- a un principio distinto, de valor instrumental, como el de conseguir una participación paritaria? Dejo la pregunta.

Distritos electorales más pequeños

Ahora bien, si parte del voto va a carecer de valor, por lo menos acotemos el efecto. Hagamos las circunscripciones electorales lo más pequeñas posibles, de modo que haya una verdadera relación de representación con mi congresista, por más que en la primaria yo no haya votado por él o ella. El verdadero voto preferencial es el que ejerzo en un distrito uni nominal (o binominal) al votar por un candidato frente a otros de otros partidos. Por lo demás, como hemos argumentado, ese tipo de relación directa con mi representante es la única manera en que la democracia representativa puede recuperar terreno frente a la democracia directa de las redes sociales y las encuestas, o, mejor dicho, de usar las redes sociales a favor de la democracia representativa, de la función de representación.

El proyecto aprobado el viernes modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones estableciendo que en las elecciones internas y primarias se aplica el voto preferencial, pero mantiene las mismas circunscripciones electorales departamentales que ahora existen donde Lima, por ejemplo, tiene 37 representantes. Esto debe ser modificado.

El proyecto de la Comisión de Alto Nivel consideraba distritos electorales con un máximo de 5 escaños. Esto es un avance, aunque distante aun del ideal. Se volvían en la práctica más pequeños, sin embargo, con la propuesta de elección del Congreso por mitades cada dos años y medio, porque allí si en cada elección se elegiría a la mitad de los congresistas de cada distrito electoral. Es decir, dos o tres máximo. Esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo. El Congreso podría retomarla y hacerla suya, junto con el restablecimiento de la bicameralidad, puesto que distritos pequeños tienen sentido sobre todo en la cámara baja mientras el Senado puede ser elegido, por lo menos en parte, en distrito nacional único.

Primarias ya no tienen efecto cancelatorio

Ahora bien, hay dos disposiciones adicionales, aprobadas ya por el Pleno, que también les restan valor a las primarias. La primera es que el partido que no pase la valla del 1.5% (de los que votaron en la elección anterior) en las elecciones primarias, ya no podrá presentarse a las elecciones generales subsiguientes, pero no pierde la inscripción. Es decir, las primarias tendrán un efecto cancelatorio de la continuidad del partido en la carrera electoral, pero no de la inscripción del partido, que era lo que se planteaba en el proyecto del Ejecutivo.

Esto abre la incongruencia de que tendremos partidos que sí pasarán la valla de las primarias, pero no la del 5% en las elecciones congresales, perdiendo la inscripción, mientras muchos partidos que no pasaron la primera valla no la pierden. Subsistirán entonces los partidos cascarón, solo que sin poder participar en la elección general. Aunque es cierto que luego deberán presentar candidatos a todas elecciones de todos los niveles de gobierno para mantener la inscripción.

La idea del planteamiento de la reforma de bajar las barreras de entrada y subir las de permanencia, ha quedado diluida en alguna medida. En efecto, la inscripción de nuevos partidos no va a ser tan fácil como era la intención del proyecto de la Comisión de Alto Nivel, porque el Congreso subió el número de afiliados a 24 mil e incluyó el requisito de formar 20 comités departamentales y 66 provinciales. Si el cierre de la inscripción de nuevos partidos se da en julio del 2020, como propone la ONPE, los proyectos de nuevos partidos tienen 12 meses a partir de la fecha. No es mucho tiempo. Y tendrían que presentar a las primarias un candidato presidencial atractivo, para superar la valla del 1.5% de los que votaron en la elección del 2016. Unos 280,000 votantes.

Partidos inscritos deberían optar por primarias plenas

Lo mismo tendrán que hacer los partidos inscritos, si quieren pasar la valla. Pero -y aquí viene la tercera afectación a las primarias- a éstos se les ha dado la posibilidad de que por esta vez no sea la población la que ejerza el voto preferencial en sus listas en las primarias. Los electores simplemente ratificarían la lista cerrada que el partido les presente y la primaria solo serviría para efectos de pasar o no la valla. Esta fórmula fue propuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para salvar el impasse y viabilizar la aprobación de las primarias obligatorias, pero los partidos inscritos deberán pensarlo bien si les conviene acogerse a ella, porque para un elector será una burla ir a una elección en la que no tiene nada que elegir. Entonces, si quieren pasar la valla del 1.5%, acaso les convendría optar por las primarias plenas para que más gente se sienta atraída a votar en las elecciones internas del partido en cuestión porque su voto tendría sentido.

Eso sería lo lógico, además. Sería absurdo que se inscriban muy pocos o ningún partido nuevo y que se arme toda una elección primaria obligatoria para no elegir nada. Sería un gasto inútil, salvo por el hecho de servir como una valla que, dicho sea de paso, será superada acaso por 6 u 8 partidos a lo sumo, considerando la elección presidencial del 2016, donde solo 6 partidos superaron los 280 mil votos en la primera vuelta.

En resumen, sería bueno que el pleno del Congreso introduzca las siguientes modificaciones a lo aprobado en la Comisión o por el propio Pleno:

• Aprobar la bicameralidad
• Aprobar distritos electorales uni o binominales, o, en su defecto, distritos con un máximo de 5 escaños, pero con renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio.
• Que no pasar la valla en las primarias cancele también la inscripción
• Eliminar el régimen transitorio de las primarias.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La Comisión de Constitución aprobó reemplazar las firmas de adherentes por un número de militantes o afiliados para inscribir un partido, lo que es un avance. Pero subió el número de afiliados propuesto por la comisión especial –de 14,000 a 24,000- y agregó el requisito de tener comités en funcionamiento permanente en 20 departamentos y en algo menos de 70 provincias.

La idea de los proyectos de la Comisión Especial era bajar las barreras de entrada, pero subir las de permanencia. Y, en general, reducir requisitos formales. Por ejemplo, ya no se pedía, en el proyecto, un número mínimo de comités partidarios. Se trataba de abrir la cancha para que haya más competencia y que nuevas corrientes pudieran renovar la política, pero esas nuevas corrientes debían ser lo suficientemente sólidas y organizadas como para participar en todas las elecciones –nacionales y sub-nacionales- y pasar las vallas establecidas para las elecciones internas y congresales. Es decir, los requisitos para conservar la inscripción no eran formales u organizacionales –por ejemplo, tener muchos comités funcionando- sino de participación en las elecciones.

Esto era una manera de adecuar la ley a la realidad de los tiempos modernos: ya no existen grandes partidos ideológicos con organizaciones burocráticas que pretendan representan a determinadas clases sociales, por ejemplo, sino corrientes de pensamiento o de propuestas específicas lideradas por individuos o grupos que deciden incursionar en la política. Las redes y los chats de whattsapp reemplazan a las reuniones de comités, si es que alguna vez las hubo. Los comités partidarios en realidad se abren eventualmente para las campañas.  El resto del tiempo, si existen, permanecen vacíos. No hay reuniones de discusión en el ellos. Casi nunca las hubo en realidad, ni en las épocas de oro del partidismo en el Perú.

Entonces no se entiende por qué la Comisión de Constitución se empecina en engañarse a sí misma. El JNE carece de capacidad –y lo reconoció- de supervisar si los partidos mantienen todos sus comités en funcionamiento permanente, pero sí puede verificar si un nuevo partido que quiere inscribirse tiene comités abiertos. Quizá entonces se pone este requisito como una barrera de entrada.

Ojalá que en el pleno se pueda enmendar esta situación. Porque los propósitos de facilitar la entrada al sistema y apuntar a partidos modernos y ligeros adecuados a nuestros tiempos, quedan casi anulados con los artículos aprobados.

¿Los partidos tienen vigencia en la era de las redes?

En realidad, no hemos discutido suficientemente sobre la vigencia de los partidos políticos en la era de las redes sociales. Hace tiempo que no son el vehículo único de expresión, formación y canalización de las demandas ciudadanas, o de la voluntad ciudadana en general. Ahora hay múltiples medios. No solo la prensa, que siempre existió. Sino las redes sociales, los portales de análisis y opinión, etc. Todos los centros de investigación y universidades tienen sus propios medios de expresión –sus páginas web, sus páginas en Facebook, etc.- donde eventualmente publican.

Los ciudadanos mismos ya no requieren intermediarios: se expresan directamente a través de las redes y las encuestas recogen sus opiniones. Se puede discutir la calidad de los debates en las redes y de las preguntas en las encuestas, pero son una realidad. Por eso los gobiernos por lo general ya no lideran, sino que siguen a la opinión pública. El gobierno del presidente Vizcarra es un caso extremo de esta tendencia. Lo que tenemos es una suerte de democracia directa que despoja a los partidos de su función clásica de orientar, formar y canalizar la opinión pública.

Pero la función que los partidos no han perdido y que conservan de modo exclusivo, es la de ser un vehículo para acceder al poder por la vía electoral. Para llegar a la presidencia de la República y al Congreso, se requiere formar parte de -o ser presentado por- un partido político. Una universidad o un think tank o un portal o un gremio empresarial o laboral o un líder de opinión con muchos seguidores en las redes, por ejemplo, no podrían presentar un candidato a la presidencia ni una lista al congreso. Esas entidades o personas tendrían que formar un partido si desean hacerlo. Pero de aquí se despenden varias conclusiones, pensando libremente:

• En el extremo, podríamos retirarles a los partidos ese único monopolio que les queda: presentar candidatos. Cualquier institución o persona podría candidatear. Le bastaría inscribir una candidatura con un mínimo de requisitos. Pero no existe ninguna democracia en el mundo con este sistema.
• Una versión cercana a esa realidad sería que sea muy fácil la inscripción de un partido, reduciendo los requisitos al mínimo. Es lo que en alguna medida –no suficientemente- buscaba la propuesta de la Comisión Especial, y que la Comisión de Constitución ha recogido muy parcialmente, agregando nuevos requisitos, lamentablemente.
• Los partidos inscritos –partidos ligeros- podrían tratar de recuperar parte de la función de orientación y formación de la opinión pública si estuviesen asociados a think tanks o centros de investigación. Carlos Meléndez propuso la fórmula de Partidos X Impuestos, para las empresas pudieran contribuir con parte de sus impuestos a think tanks en uno o varios partidos. De esa manera los partidos se convierten en centros de estudios de la realidad nacional, adquieren capacidad de propuesta y pueden llegar al poder con un plan de gobierno bien elaborado en lugar de improvisar. Serían partidos serios. Allí sí, la calidad de la democracia mejoraría sustancialmente.

Además, permitirían paliar el efecto devastador de la no reelección de congresistas, que instaura el mito de Sísifo como sistema: los partidos tendrán que reinventar en cada elección nuevos postulantes que, luego de cinco años, se retirarán de la política, anulando el aprendizaje para comenzarse de cero cada vez. Con Think Tanks, los partidos podrían reciclar en su periodo sabático los buenos congresistas que quisieran permanecer en la política, para no perderlos.

Por último, para competir con las redes o usarlas a favor de la democracia representativa, es indispensable que los distritos electorales sean más pequeños –uni o binominales- para que pueda existir una relación directa y personal entre el congresistas y sus representantes. Esto lamentablemente no fue planteado por la Comisión Especial –aunque si propuso elecciones del Congreso por mitades cada dos años y medio, lo que reducía las circunscripciones de cinco congresistas a dos o tres por elección, pero esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo-. La reforma política debe incorporar este cambio.

En suma, el pleno Congreso debería eliminar los requisitos de comités para inscribir un partido, aprobar la propuesta de Partidos X Impuestos para formar think tanks asociados a los partidos, y reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, si queremos que los partidos políticos recuperen parte de la función de orientar, formar y canalizar la opinión pública y puedan poner las redes al servicio de la democracia representativa. Lampadia

Conforme se aproximan las elecciones generales en España el próximo 28 de abril, se vislumbra con mayor claridad la estructura partidaria que seguirá el denominado Congreso de los Diputados.

Como se observa en el siguiente gráfico presentado por The Economist – extraído de uno de sus recientes artículos (ver artículo líneas abajo) –  el bloque de izquierda, compuesto por los partidos PSOE y Podemos, estaría obteniendo una mayoría de escaños por una leve ventaja de votos frente al bloque de derecha, compuesto por PP, Ciudadanos y Vox.

Este es un fenómeno en el que, por primera vez en mucho tiempo en la política española, se observa una marcada preferencia del votante hacia uno que otro extremo ideológico sin siquiera coquetear con el centro, ni con lineamientos que vayan acorde a este, siendo ambos grupos integrados por dos alas radicales tanto de izquierda (Podemos) como de derecha (Vox) (Ver Lampadia: La Encrucijada Española). Esto por supuesto también confirma un comportamiento promedio del votante observado en todo Europa que está caracterizado por un creciente desarraigo del bipartidismo – más pro-UE – hacia una mayor simpatía por un gran número de partidos de tendencia euroescéptica provenientes de banderas tanto socialistas como liberales (ver Lampadia: ¿Fragmentación política en Europa?). Otro fenómeno no menor que se observa también es que ninguno de los 5 partidos, analizados individualmente, obtendría una mayoría de escaños en el mencionado congreso.

¿Por qué es relevante para España este giro político tan brusco que experimentará la estructura de su congreso y qué podemos aprender de ello?

En palabras de The Economist, “Ninguno tendrá nada parecido a una mayoría, por lo que las opciones serán otro gobierno minoritario de corta duración, una coalición argumentativa o, lo más probable, nuevas elecciones, la cuarta en tantos años”.

Asimismo agrega: “La fragmentación política ha causado retrasos prolongados en la formación de gobiernos. Y cuando los gobiernos finalmente se forman, tienden a ser débiles, un mínimo común denominador, lo que aumenta aún más la desconfianza popular de los políticos establecidos”.

No podríamos estar más de acuerdo con tales afirmaciones. El fenómeno del gobierno minoritario es algo que también lo ha vivido recientemente nuestro país. El más claro ejemplo fue la estructura de poder heredada por los resultados de las elecciones presidenciales y congresales en el 2016. Esta se caracterizaba por contar con un gobierno con minoría en el Congreso frente a una oposición con amplia mayoría. Dada la incapacidad de conciliar una agenda de gobierno, tenemos desastrosos resultados en términos de impulso de reformas de largo plazo en temas de salud, educación y empleo, que hablan por sí solos. El hecho que nuestro país además cuente con muchos partidos políticos débiles, sin ideologías o filosofías políticas claramente definidas, no ayuda ni al debate en el diseño de buenas políticas públicas y menos a generar consensos a nivel país, lo cual redunda finalmente en gobiernos débiles.

El caso español, como finalmente comenta The Economist, podría terminar con una “parálisis política” a no ser que los españoles otorguen mayores votos al PSOE, el partido que lidera las encuestas que, mire por donde se le mire, está asociado a peligrosas ideologías, como es el socialismo progresista. Esta es una encrucijada que, lamentablemente, los españoles tendrán que enfrentar. Lampadia

¿Sin rumbo?
Más parálisis política no servirá a España

Los votantes deben dar a los socialistas una mayoría gobernante, pero es casi seguro que no lo harán

The Economist
17 de abril, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Cuando en febrero no logró aprobar su presupuesto, el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, no tuvo más remedio que convocar una rápida elección. Su gobierno, de solo ocho meses, había sorprendido a muchos al durar tanto como lo hizo. Con solo el 24% de los escaños en el parlamento, pero sin aliados de coalición, cada movimiento había sido una negociación difícil. A medida que el país se dirige a las urnas el 28 de abril, las señales son que la parálisis política que ahora afecta a España solo puede empeorar. Los socialistas parecen listos para ganar la mayoría de los escaños, pero el nuevo parlamento contendrá cinco grandes partidos, gracias a la llegada del Vox ultranacionalista. Ninguno tendrá nada parecido a una mayoría, por lo que las opciones serán otro gobierno minoritario de corta duración, una coalición argumentativa o, lo más probable, nuevas elecciones, la cuarta en tantos años.

El patrón se está volviendo familiar en Europa, donde los votantes hartos han abandonado los partidos tradicionales de derecha e izquierda (pregunte a los republicanos de Francia, o a los demócratas de Italia) y optaron por una gran cantidad de nuevos grupos, algunos en cualquier extremo del espectro, otros más difíciles de precisar. La fragmentación política ha causado retrasos prolongados en la formación de gobiernos en Alemania, Italia, Suecia y Estonia en el último año. Finlandia parecía probable que esta semana fuera por el mismo camino después de su propia elección no concluyente. Y cuando los gobiernos finalmente se forman, tienden a ser débiles, un mínimo común denominador, lo que aumenta aún más la desconfianza popular de los políticos establecidos; o bien las uniones caóticas como la mezcla en Italia de la derecha nacionalista y la izquierda rebelde. Francia ha sido una excepción, pero incluso los índices de aprobación del presidente Emmanuel Macron se han reducido drásticamente.

Podría ser tentador decir que la parálisis política no es una sentencia de muerte. Mariano Rajoy, quien perdió un voto de confianza a manos de Sánchez en junio pasado, logró su propio gobierno minoritario bastante después de perder su mayoría a fines de 2015. Aunque el crecimiento ahora se ha desacelerado a un 2.1% esperado este año, fue superior. 3% en 2015, 2016 y 2017, ya que España se recuperó de manera inteligente de la interrupción de la crisis de la zona euro, al mismo tiempo que redujo su déficit presupuestario y su alta tasa de desempleo.

Pero esa recuperación fue en parte cíclica y en parte el resultado demorado de las reformas dolorosas que Rajoy promulgó antes de que su Partido Popular (PP) perdiera su mayoría. España se enfrenta a una serie de problemas complicados que un gobierno débil no podrá resolver. Para sostener el crecimiento, se necesita una reforma mucho mayor: a su sistema escolar, a sus pensiones, a su estructura política complicada y al mercado laboral, basándose en la útil labor de Rajoy. Un peligro es que un nuevo gobierno liderado por los socialistas puede optar por confiar en el partido de izquierda de Podemos, lo que frustraría parte de esta agenda y correría el riesgo de volver a aumentar el presupuesto.

El próximo gobierno también debe lidiar con la crisis en Cataluña, cuyo gobierno regional declaró su independencia luego de un referéndum inconstitucional en 2017. Rajoy, respaldado por Sánchez, respondió con una regla directa. El gobierno catalán ha sido restaurado, pero nueve de sus ex líderes están en la cárcel y están siendo juzgados por cargos que probablemente resulten en largas sentencias. Eso romperá una calma inquieta. Cataluña también acosa la formación de cualquier nuevo gobierno. Los socialistas están a favor del diálogo, pero su otro socio potencial, Ciudadanos, está intratable en contra de él, lamentablemente, ya que de otras maneras actuaría como una influencia útil pro-mercado en Sánchez.

La alternativa, una coalición de centro-derecha entre PP y Ciudadanos, es una perspectiva preocupante de otro tipo. Ofrecería a los separatistas catalanes solo una confrontación mayor, y casi seguramente necesitaría llevar a Vox al gobierno para crear una mayoría. Para un país que ha luchado tanto contra los fantasmas del nacionalismo de Franco, ese sería un paso en la dirección equivocada. Idealmente, los españoles votarían el 28 de abril por el partido de Sánchez en un número lo suficientemente grande como para que no necesitara aliados. Pero eso parece muy poco probable. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo importante ha ocurrido en estas elecciones municipales: se ha revertido la tendencia a la fragmentación política creciente que el país venía experimentando desde los años 90. Es algo que ya vaticinábamos en un artículo anterior (ver Lampadia Se revierte la tendencia a la fragmentación política), cuando descubrimos que por primera vez desde el 2002 descendía el número de candidatos al gobierno regional presentados por los movimientos regionales y subía el de los partidos. Ya producidas las elecciones, podemos ver en el siguiente gráfico cómo el porcentaje de alcaldes provinciales electos pertenecientes a partidos políticos nacionales recupera terreno luego de haber venido cayendo ininterrumpidamente desde el 2002. Pasa de un exiguo 23% el 2014 a un 43% el 2018. Lo inverso ocurre con los alcaldes pertenecientes a movimientos regionales, que habían llegado a ser el 77% el 2014 y bajan a un 57% el 2018. Las cifras del 2018 podrían variar en uno o dos puntos, porque podría haber algunas impugnaciones, pero la tendencia es clara.

El problema es que la relativa recuperación de los partidos tiene poco sentido si ella ha sido la consecuencia simplemente de un cambio normativo que eliminó los movimientos locales y puso más exigencias a la inscripción de los movimientos regionales, y no de la acción política de partidos sólidos que formen parte de un sistema partidario reconstituido. Porque tampoco se trata de tener 23 organizaciones partidarias en el territorio, la mayor parte de ellas simulacros de partido. Lo ideal es que los partidos políticos que tengan alcaldes sean los que están en el Congreso, para que haya comunicación entre los alcaldes y sus representantes parlamentarios y facilitar así la representación y solución de los problemas.

La pregunta, entonces, es cómo hacer para que este cambio positivo se convierta en una inflexión real que lleve en pocas elecciones más no sólo a una presencia efectiva de los partidos en todas las provincias y distritos, a fin de reconstruir los canales de representación e integración vertical que el país necesita para ser gobernable, sino también cómo hacemos ahora para dar inicio a una segunda tendencia tan importante como la anterior: la reducción del número absurdamente grande (23) de falsos partidos que hoy tenemos, de modo de pasar a un sistema de unos pocos que funcionen realmente como tales, dejando atrás los partidos cascarón.

¿Qué clase de partidos ganó?

¿Qué clase de partidos alcanzaron las 83 alcaldías provinciales (43%) que han ganado? Son 15 y son los siguientes:

Lo deseable hubiese sido que partidos que sí tenían cierta consistencia hubieren aprovechado este espacio recuperado para consolidarse. Pero vemos que ello no ha ocurrido en tres casos lamentables: Fuerza Popular, el APRA y el PPC, que no gana –este último- alcaldía provincial alguna. El caso de Fuerza Popular es particularmente penoso porque se trata del único esfuerzo persistente de construcción partidaria en los últimos 15 años.

Se confirmó, sin embargo, un fenómeno casi milagroso, considerando que los partidos en el Perú no suelen sobrevivir a sus fundadores: el reverdecimiento de Acción Popular (que además fue, luego de Alianza para el Progreso, el partido que más candidatos presentó a nivel nacional). Acción Popular tiene un grado de institucionalidad, pero básicamente aprovecha un logo no contaminado por la corrupción para atraer candidatos.

Del lado de la izquierda, llama la atención la desaparición electoral de Juntos por el Perú, dentro del cual participaron, entre otros, los candidatos de Nuevo Perú de Verónika Mendoza. El Frente Amplio de Arana consigue apenas 4 municipalidades provinciales, aunque una de ellas en una provincia minera importante como es Chumbivilcas. Más alcaldes (8) puso Democracia Directa, el partido de los fonavistas, en el que Gregorio Santos (ex Patria Roja) colocó varios candidatos antes de que fuera retirado de esa organización. Uno de ellos ganó en Espinar, otra provincia minera importante.  

El gran triunfador de este proceso ha sido Alianza para el Progreso, de Cesar Acuña. No cabe duda que Acuña tiene una organización, tributaria del apoyo financiero y logístico de sus universidades. Pero es una organización de tipo clientelista, que aún tiene por delante la tarea de convertirse en un partido político serio. 

No sabemos qué partidos finalmente quedarían si estableciéramos incentivos para ir hacia un sistema de pocos partidos relativamente estables. ¿Somos Perú es muy diferente de Acción Popular? ¿Las izquierdas se unificarían? ¿Fuerza Popular sobreviviría?

Reglas para reducir el número de partidos y fortalecerlos

Es imposible predecir. Lo que sí podemos hacer es poner reglas que lleven a reducir el número de partidos. Estas son de dos tipos:

1. Incentivos positivos: sistema electoral basado en distritos electorales pequeños, uninominales o binominales, para que las agrupaciones pequeñas tengan que juntarse con otras si quieren ganar en un distrito.
2. Reglas restrictivas:
   1. Restablecer la pérdida de inscripción si el partido no presenta candidatos a la presidencia y al Congreso, y si no pone candidatos municipales por lo menos en la mitad de las municipalidades
   2. Subir la valla electoral para las alianzas, que se han convertido en una manera de burlar la valla del 5%.

Al mismo tiempo debería bajarse la barrera de entrada, pues el número de firmas necesario para inscribir un partido es demasiado alto. No debe reprimirse la emergencia de corrientes renovadoras. Lo ideal es tener barreras de entrada relativamente bajas y barreras de permanencia altas.

Luego hace falta reglas para favorecer el fortalecimiento de los partidos. Serían tres:

1. Eliminar el voto preferencial
2. Obligar a que las elecciones internas sean organizadas por la ONPE, sobre todo si no se reducen las barreras de entrada para la inscripción de partidos, a fin de darles garantías a los ciudadanos que deseen ingresar a un partido para participar en la vida política.
3. Permitir que las empresas puedan financiar, de manera pública y transparente, a los partidos políticos, y crear el mecanismo de “impuestos por partidos” para que las que las empresas puedan financiar con sus impuestos think tanks en los partidos políticos. Esto será más importante aún en la medida en que se apruebe, en el referéndum, la no reelección de los parlamentarios, como un lugar de refugio intelectual y programático para los periodos sabáticos.

Y a fin de seguir reduciendo el número de movimientos regionales, lo que debe hacerse es endurecer los requisitos para su inscripción y para su permanencia. Es algo que se hizo en alguna medida para las últimas elecciones y por eso tuvimos una disminución del número de candidatos presentados por movimientos regionales. Hay que profundizar paulatinamente ese proceso. Una medida podría ser la obligación de presentar candidatos en más de un departamento. 

Conclusión

En resumen, deberíamos concentrarnos en dar las medidas necesarias para consolidar y darle contenido positivo real a esta reversión de la tendencia a la fragmentación política que se ha producido en la última elección sub nacional.

Las siguientes metas deberían ser:

• Reducir el número de partidos,
• Eliminar los partidos cascarón,
• Fortalecer los partidos que vayan quedando y
• Consolidar la tendencia a la reducción de la cantidad de movimientos regionales.

Tener un número relativamente pequeño de partidos reales presentes en todo el territorio nacional, es fundamental para integrar políticamente al país y darle gobernabilidad. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El Congreso aprobó anoche el segundo proyecto de reforma constitucional, el referido a la financiación de los partidos.

El cambio más importante es el que dispone que “sólo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Esto significa que los partidos y candidatos ya no podrán comprar spots radiales y de televisión, sino que estos tendrán que ser colocados en las franjas electorales que el Estado compre en las estaciones de radio y los canales de televisión.

Esta disposición tendrá varias consecuencias. La primera es que tenderá a haber mayor igualdad entre las agrupaciones políticas desde el punto de vista del acceso de sus mensajes de propaganda al gran público. Ello ya no dependerá de los ingresos que para tal efecto logre recaudar el partido. Esto sin duda beneficia a las organizaciones políticas menos proclives a recibir financiamiento de fuentes empresariales o ilegales.

Pues la segunda consecuencia es que los partidos necesitaran, efectivamente, mucho menos recursos para desarrollar sus campañas porque es sabido que el gasto mayor en el que incurren en una campaña electoral es precisamente en el de la propaganda televisiva y radial. Esto podría ser calificado como un avance desde el punto de vista democrático.

Y una consecuencia derivada de esta es que, por esa misma razón, tenderá a haber menos dependencia de fuentes ilegales.

Además, en este mismo sentido, se establece que “el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes”. Se incorpora así en la Constitución algo que ya estaba en la ley: la bancarización de los aportes. Eso es importante. Y, felizmente, se retiró del texto final la prohibición a las empresas formales de hacer contribuciones en las campañas. Esta prohibición, sin embargo, se mantiene en la ley.

Otra consecuencia debería ser que, en la medida en que los candidatos al congreso ya no puedan comprar publicidad en esos medios, pues el voto preferencial pierde el principal instrumento que tenía para potenciarse. Por esa razón, pero sobre todo porque si el Estado va a invertir mucho más dinero en financiar las campañas de los partidos vía la compra de espacios publicitarios, no tiene sentido que al mismo tiempo propugne un tipo de voto que atenta contra la unidad y consistencia de los partidos al fomentar la competencia y la lucha fratricida entre los candidatos del mismo partido y la emisión de mensajes diferenciados. Por lo tanto, no debería prosperar la parte de la propuesta del proyecto del Ejecutivo que restablece la bicameralidad que, si bien elimina el voto preferencial para la elección de senadores, lo mantiene en los distritos binominales para elegir diputados.

Asimismo, igualmente, si el Estado va a aportar –vía compra de espacios en la televisión y la radio- una cantidad de recursos mucho mayor que en el pasado en beneficio de los partidos, resulta fundamental ir a una reforma que apunte a reducir drásticamente el número de partidos eliminando aquellos que no lo son en realidad. Para ello son buenos los distritos binominales pero también requisitos más fuertes para mantener la inscripción partidaria y para ingresar al Congreso.

Ahora bien, sería importante, si luego se va a aprobar la absurda reforma constitucional que prohíbe la reelección de los congresistas, que en una ley posterior se establezcan incentivos para que las empresas puedan donar recursos para crear think tanks en los partidos a fin de que los congresistas que no puedan ir a la reelección inmediata puedan reciclarse en ellos hasta la siguiente elección. Esto a fin de paliar el sabotaje a la formación de una clase política experimentada que implica la no reelección de congresistas. El mecanismo de impuestos por partidos para este fin podría ser una opción muy interesante. También debería crearse en el nuevo congreso bicameral –si se aprueba- o en el actual, una o dos oficinas de estudios parlamentarios en las cuales también se pueda contratar a congresistas que por razón de la no reelección se encuentran en periodo sabático. Lampadia

Hasta hace pocas semanas, inclusive los críticos de Trump, relativizaban los impactos de su gobierno, pues al año de iniciado no parecía ir adelante con sus promesas (amenazas) electorales más drásticas.

Pero, iniciado su segundo año, contra viento y marea, a desempolvado sus discursos de campaña para llevarlos a la práctica. Veamos:

• Empujó la construcción del ominoso muro en la frontera con México
• Ha desquiciado el tratado de libre comercio de América del Norte
• Ha despedido de mala manera a casi la totalidad de su gabinete e importantes funcionarios públicos
• Ha iniciado acciones que pueden devenir en una guerra comercial abierta con China
• También ha amenazado a sus socios europeos con sanciones comerciales
• Se retiró definitivamente del tratado de comercio Trans-Pacífico
• Retiró a EEUU del convenio nuclear con Irán, sin contemplar las objeciones de los demás participantes, sus socios europeos, cómo Alemania, Francia y el Reino Unido

Parecía haber salido ganando, en la relación con Corea del Norte, en la que aparentemente logró acobardar a Kim Jong Un con amenazas más extremistas que las del dictador coreano. Pero ayer se ha producido una ruptura del proceso de convergencia, con la reacción de Kim Jong Un, a maniobras militares (evidentemente inoportunas) de EEUU con Corea del Sur.

En resumen, Trump está siendo todo lo malo que se esperaba, tanto en los círculos institucionalistas de EEUU, como entre los analistas de todo el mundo que promueven la globalización y el libre comercio (entre ellos Lampadia), por ser el mejor espacio para la prosperidad de los países emergentes.

Algo que también ha cambiado en los últimos meses, es la sensación de precariedad del gobierno de Trump, habiéndose llegado a especular sobre su impeachment y su incapacidad de renovar su mandato. Pero, cómo explica The Economist en el artículo que compartimos líneas abajo, Trump ha logrado tomar prácticamente el control absoluto del partido republicano, y diluir buena parte de los augurios sobre permanencia en el gobierno.

Hoy pues tenemos, un mundo que se desliza al debilitamiento del comercio internacional y una situación geopolítica exacerbada, con un líder extremista que se afianza en el poder. ¡SOS! Lampadia  

Cómo el elefante obtuvo su ‘Trump’ (por ‘triunfo’)
Trump tiene prácticamente el control total de su partido

No se podrá deshacer con facilidad

The Economist
19 de abril, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

“Un partido NUNCA ha abandonado y huido de sus principios y creencias, profundamente arraigadas, tan rápido como mi partido lo hizo.”, dijo Jeff Flake, un senador republicano de Arizona, en un discurso en marzo. “Nos hemos vuelto extraños ante nosotros mismos”. La velocidad con la que el establishment del Partido Republicano apoyó a un candidato, y luego a un presidente, que desprecia todo tipo de normas y rompe muchos límites de decencia, así como compromisos políticos, no tiene ningún precedente.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, pasó de negarse a hacer campaña con Donald Trump, a fracasar en condenarlo (cuando, ya como presidente, habló de “muy buenas personas en ambos lados “de enfrentamientos entre neonazis y manifestantes en Charlottesville, Virginia”). El 11 de abril anunció que no buscará la reelección. Como el propio Flake, un senador que comparó a la Casa Blanca de Trump con una “guardería diurna para adultos”.

Sin embargo, el análisis de Flake también es defectuoso. Trump no infectó en su mayor parte a los republicanos con nuevas creencias más allá de su conocimiento. Convirtió el anti-elitismo que el partido ha fomentado durante mucho tiempo en sus partidarios contra su propio liderazgo. Al romper tabú tras tabú, hizo lo que muchos habían deseado hacer y escuchar. Es como los monstruos “psicoplasmáticos” en la película de terror de David Cronenberg “The Brood”: la identificación de la fiesta hecha carne.

Es bueno ser el rey

Esta conexión indudable y persistente, junto con una sorprendente cantidad de lealtad de otros en el partido, hace que el presidente sea bastante inexpugnable. Trump, según las encuestas, goza del apoyo del 85% de los republicanos, en comparación con el 65% de Ryan y el 40% de Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado. Eso no significa que puede obtener lo que quiere. Su enfoque del comercio va en contra de la historia de su partido, pero en cuanto al control de armas, algo en lo que parecía estar a favor en el pasado, parece haber cambiado. [Ya] se retiró del acuerdo con Irán.

Criticarlo o actuar de una manera que ayude a sus críticos -por ejemplo, buscando iluminar la naturaleza de sus negocios- ahora es casi imposible para un republicano que quiere seguir funcionando como tal. Como dijo Corker, los votantes republicanos “no se preocupan por los problemas”. Simplemente “quieren saber si estás con Trump”.

Los funcionarios electos cuyas reservas sobre Trump no son tan fuertes como para querer pasar más tiempo con sus familias callan, contentos con desahogarse cuando están en compañía de personas de confianza. Algunos han remarcado críticas anteriores. En 2016, Mitt Romney, un ex gobernador y candidato presidencial, denunció a Trump como un “fraude”. A principios de este año, llamó a los estallidos de inmigrantes africanos que, según los informes, el presidente hizo “contradictorios con la historia de Estados Unidos y antitéticos a los valores estadounidenses”. Ahora, buscando un escaño en el Senado en Utah, ha aceptado el respaldo de Trump y saluda su “extraordinaria capacidad para comprender cómo funciona nuestra economía para crear empleos”, mientras afirma ser “más halcón que el presidente en inmigración”.

La toma de control de las instituciones del partido ya está casi completa. Como es habitual cuando el candidato de un partido gana la presidencia, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una filial de la Casa Blanca. De acuerdo con el tenor de su nueva propiedad, ahora tiene un sitio web, LyinComey.com, dedicado a atacar al ex jefe del FBI.

Las elecciones primarias para las elecciones de noviembre verán a cientos de aspirantes compitiendo por verse lo más cerca posible de Trump. No habrá victorias fáciles, si es que hay alguna victoria, para sus críticos. Han decidido, por el momento, que Trump es el verdadero conservador que querían desde el principio.

No lo es. Lo que él ofrece a la política no es una agenda conservadora. No es una agenda, o una ideología, en absoluto. Es un conjunto de sentimientos: sobre el patriotismo, sobre quién es un verdadero estadounidense y quién no, sobre los extranjeros, sobre las élites, sobre la soberanía y sobre el poder.

A pesar de estar unidos, están extrañamente divididos en cuestiones que a menudo han definido el derecho en Estados Unidos y en otros lugares, como cuál debe ser el rol del Estado. Andrea Volkens del Centro de Ciencias Sociales de Berlín y sus coautores compararon los manifiestos del Partido Republicano con los de otros partidos y concluyeron que los Republicanos se sentirían más cerca del Frente Nacional de Francia que de los Conservadores en Gran Bretaña o Canadá (ver cuadro 1).

Este no es el Partido Republicano de Ronald Reagan. Pero entonces, como sabía Reagan, las fiestas se reinventan. Los republicanos lo han hecho más de una vez desde que su partido fue fundado en 1854 como un apéndice del movimiento antiesclavista. Después de la guerra civil, estaba en ascenso, proporcionando 11 de los 15 presidentes desde la muerte de Lincoln hasta la Depresión. Este era el partido de la unión, las ciudades del norte, los industriales y los protestantes, dirigido por liberales clásicos que creían en un estado de vigilantes, contentos de conquistar a una o dos colonias pero recelosos de las guerras extranjeras. Cayó estrepitosamente junto con Wall Street en 1929, en un momento en que los demócratas ya tenían sureños, inmigrantes del norte y católicos de su lado. Con la depresión y el New Deal, los demócratas ascendieron. Los republicanos perdieron todas menos dos de las nueve elecciones presidenciales entre la victoria de Herbert Hoover en 1928 y la de Richard Nixon en 1968; tuvieron el control de la cámara del congreso, solo cuatro de los 60 años entre 1935 y 1995.

La aprobación de la legislación de derechos civiles en la década de 1960 y la nominación de Barry Goldwater para la presidencia en 1964 provocaron una nueva transformación. Goldwater prometió un regreso a las raíces del pequeño gobierno del partido, que se oponía a la noción de la Gran Sociedad de que cada problema requería un programa gubernamental y, por lo tanto, le daba las bases a Reagan. Los derechos civiles, también vistos por algunos como un asunto pequeño de gobierno, hicieron que consiguieran a muchos sureños blancos. “Por mucho que odie admitirlo, George Wallace no puede ser nominado. Ronald Reagan sí. Tiene razón en los problemas “, publicó un anuncio de Reagan en 1976, haciendo un guiño a la oferta pasada del gobernador de Alabama de” segregación para siempre”.

Los comunes del Nuevo Oeste

Cuando Reagan fue elegido, su partido se equilibró en tres patas. Los conservadores económicos querían que el gobierno gastara menos y gravara menos; los conservadores sociales, incluidos muchos cristianos evangélicos, querían que el gobierno prohibiera más y permitiera menos cosas; y los halcones de seguridad nacional querían que el gobierno ejerciera un enorme poder en el exterior.

Pero dentro de esta extraña y exitosa alianza, ya existía una gran cantidad de electores que deseaban lo que más tarde Trump ofrecería. Pat Buchanan se presentó en las primarias de 1992 y 1996 con una plataforma de oposición a la inmigración, el libre comercio, los derechos de los homosexuales y el multiculturalismo.

A principios de la década de 2000, con Estados Unidos atacado por terroristas y crecientes invasiones extranjeras, muchas de estas personas se unieron al presidente. La disidencia interna en el partido recurrió al tema de los impuestos: una cuestión clave para los activistas conocidos como el Tea Party. La posición populista resurgió en 2008, cuando el partido ya no necesitaba apoyar a un presidente en funciones y algunos se enamoraron de la candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, una gobernadora de Alaska.

Esta forma de republicanismo atrajo a un número de ex demócratas. Bartels: “Encuentro muy poco cambio en el partidismo entre 2015, cuando Trump estaba surgiendo por primera vez como figura política nacional, y a finales de 2017”, escribió recientemente. Muchos de los partidarios de Trump se unieron al partido antes de hacerlo él mismo.

Palin fue la precursora en 2008.

Los candidatos a la vicepresidencia aún podrían ser controlados por la maquinaria del partido. Los no candidatos no podrían serlo. Fox News, que llegó a dominar las noticias por cable en la década de 2000, proporcionó una plataforma para políticos conservadores y populistas.

La campaña de Trump en 2016 podría haber fracasado en otras circunstancias. Pero Fox, con Trump se enfrentó por primera vez a un político cuyo poder lo superaba. La audiencia de Fox News en horario estelar es de alrededor de 2.4m. En su show “The Apprentice”, el reality show de Trump, a veces era visto diez veces más. Cuando Megyn Kelly, un presentador de Fox News, le hizo algunas preguntas moderadas a la fiscalía mientras moderaba un debate, Trump amenazó con boicotear la red. Kelly no fue despedida, pero Fox se unió firmemente al equipo de Trump.

No seas estúpido, sé más inteligente

¿Qué pasó entre 2009 y 2015 para provocar el cambio en los votantes en blancos no universitarios a quienes benefició Trump? La gran recesión que siguió a la crisis financiera de 2008 podría sugerir una causa económica; la presidencia de Barack Obama sugiere una racial. Ninguna de las explicaciones es completamente satisfactoria.

La presidencia de Obama comenzó con la reducción del crédito, el cierre de fábricas y la recuperación de viviendas. Pero estas condiciones golpean más duramente a las minorías con voto demócrata. La frustración por los ingresos estancados podría ser la culpable, pero Reagan y Bush fueron elegidos mientras que los salarios promedio crecían lentamente. Es difícil ver por qué una continuación de las mismas condiciones debería resultar en la victoria de Trump. Y los datos publicados después de las elecciones mostraron que los salarios de los trabajadores manuales habían estado creciendo a su mayor ritmo en años.

Entre los opositores del Partido Republicano de izquierda, se admite ampliamente que la elección de Obama sacó prejuicios raciales del tipo que los republicanos han utilizado desde la “estrategia sureña” de Nixon. Hay algo de verdad en esto, aunque también una simplificación excesiva.

También estaban sucediendo otras cosas. El auge de las redes sociales permitió que las personas hablaran de política de una manera no mediada, leyendo y diciendo cosas que nunca se habrían dicho en la televisión abierta o en los periódicos. Fox entendió, hasta cierto punto, cómo funcionaba este nuevo discurso libre de restricciones y con frecuencia libre de hechos. Trump lo sabía en sus huesos. Podía, y lo hacía, hablar el lenguaje del resentimiento vulgar como un profesional. Para muchos de sus seguidores, cuanto más desaprobaba esto, más válido y admirable parecía.

Fiesta de uno

¿Cuánto tiempo puede durar su dominio? La derecha estadounidense tiene una característica permanente que en otros lugares se encuentra principalmente entre los revolucionarios de izquierda: se come a sus hijos. Antes de que apareciera Trump, el ciclo generalmente se desarrollaba así: un retador ganaría una elección primaria republicana acusando a su oponente de ser un conocedor de Washington que había traicionado a la causa conservadora. Luego se dirigiría a Washington para luchar contra los negocios habituales durante algunos ciclos electorales antes de ser atacado a su vez como representante del odiado establecimiento.

Por el momento, esta dinámica parece estar favoreciendo a Trump, silenciando a los oponentes y recompensando a los leales. En algún momento, sin embargo, el ciclo cambiará. Los salvadores de hoy serán los traidores del mañana.

Los partidos políticos centrados en una sola personalidad se derrumban después de que el líder se va. Es difícil para un partido colapsar por completo en un sistema de tan solo dos partidos. También es raro que uno vuelva a ser lo que alguna vez fue. Debido a que el partido se estaba volviendo Trumpiano mucho antes de que Trump tomara el poder, ya no volverá a los años 80 en su ausencia, sino a la década de 1880. Trump no creará un legado de un conjunto de ideas políticas como Reagan hizo con aquellos que había heredado de Goldwater y otros. Pero las actitudes que ha montado en el cargo lo sobrevivirán.

Si el Trumpismo va a definir al Partido Republicano para la próxima década o más allá, hay tres formas en que podría desarrollarse.

Lo más preocupante sería que el partido eligiera a otro líder como Trump, que no se preocupe por la separación de poderes, la independencia judicial o la libertad de prensa, pero que, a diferencia de Trump, los socave eficazmente.

Una segunda posibilidad es que el partido pierda poder y se convierta en el ala electa de un movimiento antigubernamental, su escenario predeterminado cuando los demócratas tienen el poder.

Hay una tercera posibilidad. Las actitudes de Trump podrían conducir a políticas orientadas a la creación de un nuevo New Deal, como lo plantea Geoffrey Kabaservice del Centro Niskanen.

Un proyecto nacional que la derecha de Estados Unidos podría apoyar, pues aliviaría la rigidez de un movimiento que raya en el anarquismo por su hostilidad hacia el gobierno y que en gran medida equivale a un compromiso con la traición. Pero si se basa en el resentimiento blanco, y por lo tanto intenta excluir de sus ofertas a algunos estadounidenses, podría atrincherar tantos problemas como soluciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es asombrosa la falta de conexión entre la experiencia electoral de los partidos que están en el Congreso y las leyes que dan. Me refiero específicamente a la reciente ley 30689 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. A estas alturas ya es obvio que los partidos siempre han financiado sus campañas con donaciones que no fueron reportadas a las autoridades electorales o que fueron reportadas fraccionándolas y atribuyéndolas a aportantes fantasma. Esto desde el 2003, en que existe la obligación de dar cuenta. Antes ni siquiera era necesario darse ese trabajo.

Hay varias razones por las que se oculta al donante. Una tiene que ver con el monto máximo de la donación señalado por ley, que siempre fue muy bajo. Apenas excedía los 200 mil soles. Si un aportante quería dar más, era inevitable dividir ese monto y asignarlo a falsos aportantes. O simplemente no declararlo bajo ninguna forma.

En el caso de aportes empresariales, hay, hasta cierto punto también, un asunto de conveniencia: ni el partido quería verse asociado a una empresa grande –a un banco, por ejemplo-, y menos a una empresa extranjera, ni la empresa acaso querría que se supiera, no vaya a ser que ganara algún candidato distinto al que o a los que apoyó y terminara sufriendo alguna consecuencia.

Por supuesto, hay una tercera razón, obvia: cuando el aporte no es empresarial, cuando la fuente financiera es ilegal (gobiernos extranjeros, narcotráfico, minería ilegal o cualquier otra forma de organización criminal).

La ley 30689 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, aprobada en noviembre del año pasado, no enfrenta estos problemas, sino que huye de ellos. Las soluciones que propone son una reacción a las revelaciones del escándalo Lavajato, y no a las condiciones que hicieron posible que algo como eso ocurriera. Entonces, dentro de un espíritu de castigo, prohíbe que las empresas hagan aportaciones a los partidos. No solo eso: modifica el artículo 11 de la ley de Contrataciones para agregar un impedimento para contratar con el Estado: haber “efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda”.

Al mismo tiempo, sin embargo, mantiene la norma que ya existía sobre el financiamiento público, que no prevé ninguna asignación para las campañas electorales de los partidos sino solo para gastos de capacitación y equipamiento de locales.

Por lo tanto, la única fuente de ingresos de los partidos para financiar sus campañas, provendría de los aportes de sus militantes o de los ciudadanos, que solo podrán donar hasta un límite máximo de 120 UIT (498,000 soles) por año. Cuando menos este límite fue subido. Pero de poco servirá porque muy pocos ciudadanos se animarán a donar dinero en futuras elecciones luego de que todos quienes aportaron a las últimas campañas de Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala vienen siendo citados a la fiscalía para ser interrogados.

El resultado será que los partidos o no podrán hacer campaña, o tendrán que recurrir, una vez más, ya no a empresas formales –prohibidas de aportar bajo pena de no poder contratar con el Estado si lo hacen-, sino a fuentes ilícitas tales como gobiernos extranjeros, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal e incluso a las mafias de usurpadores, extorsionistas e incluso de proveedores, todas las cuales están ansiosas por conseguir protección y convalidación estatal para sus actividades.

Si no se modifica la ley, esto es algo que se presentará en proporciones masivas e incontrolables en las elecciones regionales y municipales de octubre. En ellas triunfarán fácilmente los candidatos del narcotráfico y de las demás redes ilícitas, porque los candidatos limpios carecerán de financiamiento. Como nunca, entonces, nuestros gobiernos regionales y locales caerán en manos de asaltantes y mafiosos.  

De lo que se desprende que la ley 30689 es muy peligrosa para el país y debe ser radicalmente modificada a la brevedad. Para comenzar, debe autorizarse a las empresas a donar montos –incluso mayores a los establecidos en esta ley- para las campañas electorales, pero de manera transparente y pública. La donación incluso debería ser reconocida como gasto por el fisco, a fin de facilitar su ocurrencia. Derogando por supuesto el impedimento para contratar con el Estado en el caso de que el candidato apoyado gane la elección. Es obvio que, si la donación es pública, los ojos de la ciudadanía y de los órganos de control del Estado estarán abiertos para ver si hay algún tipo de favoritismo para la empresa aportante.

Al mismo tiempo, como propone el penalista Carlos Caro, la ley debería penalizar la conducta de quien reciba o entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido político sin dar cuenta de ellas a la ONPE o violando los límites previstos en la legislación electoral, “pudiendo incluso establecerse agravantes cuando el hecho es de especial gravedad por la suma aportada o el delito se comete a través de una organización criminal”.[1] Esto fue lo que hizo España en el 2015 (artículo 304 bis de su Código Penal).  

Pero es importante que todo esto vaya junto: se penaliza a quien da o recibe dinero no declarado (aunque venga de empresas formales) o por encima de los límites, obligando así a la transparencia, pero se debe incentivar dicha donación haciendo posible considerarla como gasto de la empresa para efectos tributarios. Hay que romper el pacto ocultador. Es un cambio cultural. 

Carlos Caro agrega lo siguiente: “los partidos políticos deben ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo cual no requiere de una ley del Congreso porque, según el artículo 3.4 de la Ley 29038, basta un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia… Con ello los partidos deberán nombrar oficiales de cumplimiento independientes, sin sujeción a la cúpula partidaria y que velen por el registro veraz de los ingresos y gastos, la prohibición de operaciones en efectivo y, de ser el caso, reporten las operaciones sospechosas ante la UIF y el Ministerio Público. Estas obligaciones administrativas generarán el deber partidario de conocer el origen y destino de los recursos, ya nadie podrá alegar con éxito que no sabía, no conocía o no sospechaba”.[2] 

Una alternativa, por supuesto, a la formalización de las donaciones de personas jurídicas sería prohibir toda publicidad pagada por los partidos y organizaciones políticas y que sea el Estado quien asuma el costo de la publicidad. Es una propuesta que han hecho Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén del APRA. Ya existe la llamada “franja electoral”, que tendría que ser potenciada y habría que pensar bien en qué proporciones se distribuyen los espacios entre los partidos postulantes.  Esta solución tiene la ventaja de que en la medida en que el gasto en publicidad en medios suele ser el mayor gasto de campaña, el que no tenga que hacerse disminuye sustancialmente la dependencia de las candidaturas respecto de fuentes de financiamiento sean formales o ilegales.

Esta solución, sin embargo, no funcionaría para las elecciones regionales y municipales, para las que no existe franja, y organizarla sería muy complicado y costoso.

Por lo demás, una ventaja a adicional del sistema de aportaciones por parte de personas jurídicas, es que ayuda a comprometer a las empresas con el destino nacional, algo importante en un país en el que la élite empresarial no ha asumido realmente su responsabilidad en la dirección del desarrollo nacional. Lampadia