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Lima-Perú, 14/10/2020 a las 10:10am. por Carlos Gálvez Pinillos

No tropecemos con la misma piedra

Decisiones políticas que destruyen valor

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Estamos ad portas de las elecciones generales y para “no tropezar de nuevo y con la misma piedra”, me parece útil revisar nuestra historia política y económica reciente.

Las elecciones del 2011 marcaron un punto de inflexión en la historia económica del Perú. Cometimos la torpeza de elegir a Humala (OH), un candidato sin visión, proyecto, personalidad, ni liderazgo e incapaz de analizar e impulsar lo más conveniente para el Perú.

En el quinquenio de OH, la tasa de crecimiento promedio de nuestra economía bajó de 6.9% en el gobierno anterior, a 4.8% en el suyo, desacelerando el importante proceso de reducción de pobreza de más de 20 puntos porcentuales, al pasar de 48.7% a 27.8% en el gobierno anterior,  para reducir sólo 6 puntos porcentuales al bajarla a 21.7%. Este comportamiento económico vino acompañado de un déficit fiscal, que al término del gobierno alcanzó a 2% del PBI, cuando solía haber estado con superávits superiores al 2.5% del PBI, con excepción del déficit generado en la crisis financiera internacional del 2009, que alcanzó a 1.4%.

Por intereses subalternos, dejó que un gobernador regional corrupto y del más bajo nivel, lo llevara a paralizar el proyecto minero Conga, con lo que empezó la ralentización de nuestro crecimiento económico. Este proyecto, que significaba una inversión privada de US$4.8 mil millones, se detuvo cuando ya llevaba un año de haber iniciado construcción y haber invertido los primeros US$ 1.5 mil millones. En cambio, en el 2014 nos embarcó en una inversión sin sentido económico y con recursos públicos por US$ 7 mil millones en la refinería de Talara, que aún no concluimos, así como en el proyecto del Gasoducto del Sur, ambos proyectos con un fuerte olor a corrupción. Gracias a que el proyecto minero Las Bambas ya había iniciado construcción, la que concluyó en el 2015, el Perú “sólo dejó de crecer” cerca de US$ 50 mil millones en ese periodo, lo que equivale a perder US$1,700  per cápita.

Probablemente el hartazgo al que nos condujo ese gobierno, significó que, en las elecciones de 2016, el Perú votara mayoritariamente (60.91%) en primera vuelta, por dos candidatos pro mercado; Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 21. 05%% y Keiko Fujimori (K) 39.86%, lo que significó que le correspondiera 18 congresistas a PPK y 73 congresistas a K, de un total de 130 parlamentarios.

En esas circunstancias, el escenario ideal hubiera sido que ambos partidos se junten en un acuerdo de cooperación y gobernabilidad, conducente a una década de crecimiento económico y prosperidad social, digno de un salto cualitativo con miras al bicentenario. Pero no, todo lo contrario, se enfrentaron en una lucha insensata por el poder, mirándose no como adversarios políticos, sino como enemigos. Se insultaron al nivel más bajo y cuando se dio la segunda vuelta, K quien perdió por muy estrecho margen y sospechas de injerencia de OH, quien ordenó inamovilidad a las FFAA y PNP para la segunda vuelta (lo que les impedía votar), cosa que no había ocurrido en la primera, tuvo una segunda mala reacción, al extremo de amenazar con “gobernar desde el Congreso”.

PPK, un hombre mayor, testarudo y sin vocación para negociar, se lanzó a la segunda vuelta con esa actitud agresiva, sin ver y reconocer que, de ganar, tendría al frente una súper mayoría de 73 parlamentarios de Fuerza Popular (FP). Ante ese escenario, no fue capaz de diseñar una estrategia y tender puentes de cooperación con quienes debía trabajar para sacar al país adelante. Todo lo contrario, contribuyó a exacerbar el anti fujimorismo, puso en segundo plano los intereses superiores del Perú y en el debate final, no dudó en herir e insultar a su adversaria de la peor manera.

La ciega obsesión de PPK por la presidencia, acompañada de la inmensa inmadurez política de K, fue una mezcla explosiva que generó enfrentamientos permanentes durante los 20 meses de gobierno de PPK, en el que hubo dos pedidos de vacancia por incapacidad moral, poniendo PPK término a la segunda con su renuncia, en medio de una traición urdida por su primer Vicepresidente Martín Vizcarra (MV), en ese momento embajador del Perú en Canadá, de la mano de un número importante de congresistas impresentables liderados por César Villanueva (hoy enjuiciado por corrupción).

Estos trances políticos hicieron que una economía que venía creciendo a tasas promedio de 6.89% durante el periodo 2005-2011, se desacelerara a niveles de 4.77% del 2011 al 2016, cayera a 4% en el 2016 y a 2.5% en el 2017.

Así pues, tras una historia de mentira y traición, el gobierno cayó en las manos de MV, un individuo mediocre, improvisado, sin visión de país, ni plan de gobierno, pues descartó el plan de gobierno con el que llegó en las elecciones 2016, para acercarse a los partidos de izquierda. Su falta de convicción y compromiso con el país, falta de moral para gobernar y sentido del honor, hace que, tres años después, no haya promovido ninguna inversión pública, ni haya reactivado proyectos paralizados como Majes-Siguas II y Chavimochic III. Tampoco apoyó la ejecución de inversión privada, peor aún, en un juego soterrado indigno de un presidente, se coludió con uno de los peores gobernadores regionales (el de Arequipa) para paralizar el proyecto minero Tía María, uno de los pocos proyectos de inversión privada, maduros, que contaba con todos los permisos legalmente exigidos y que hubiera alimentado en los inversionistas, expectativas positivas hacia el futuro.

A las decisiones políticas que destruyen valor, debemos agregar la disolución del Congreso por parte de MV, al hacer “cuestión de confianza” sobre un asunto de competencia exclusiva y excluyente del Congreso, cual es la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y sin contar, hasta el día de hoy, con el Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros que hizo tal cuestión de confianza. Los vericuetos legales y el respaldo del TC (tomando posiciones políticas), sobre un tema en el que tienen conflicto de intereses, nos muestra ante el mundo como un país que no respeta las instituciones. Este hecho no sólo impacta negativamente en la confianza de los inversionistas para traer más capitales, sino que da más argumentos para que, quienes puedan justificarlo, prefieran sujetarse a arbitrajes internacionales en el CIADI, pudiendo demostrar fácilmente que las leyes en el Perú, no las respeta ni el TC.

A consecuencia de la disolución del Congreso, tuvimos 6 meses de un gobierno que emitió un sinnúmero de Decretos Legislativos sin ningún control, hasta que se instaló el nuevo Congreso. Uno peor y más irresponsable que el anterior y que está compitiendo en populismo con el ejecutivo, por lo que viene complicando nuestras finanzas públicas de cara al futuro y dando los pasos necesarios para arriesgar el “grado inversión” de nuestros papeles de deuda soberana, con un potencial incremento del costo financiero y debilitamiento de nuestro manejo fiscal.

Mención especial merece su incapacidad para manejar la crisis sanitaria reciente, pues globalmente es reconocido como el presidente que tuvo el peor manejo sanitario y económico del mundo frente al COVID-19, medido en términos de  contagios y fallecimientos por cada 100,000 habitantes y de caída del PBI, sólo mejor que Venezuela.

Esta muy mala “gestión” de Vizcarra, nos ha llevado a un magro 2.2% de crecimiento del PBI el 2019 y si no fuera por la pandemia, hubiera bordeado el 0% el 2020. Incrementos del déficit fiscal sólo comparables con los generados por OH y un incremento de la deuda pública de un equivalente al 23.3% del PBI a inicios de este gobierno, a 26.8% a fines de 2019, pero que, con el déficit cercano al 10% u 11% que lograremos este año, muy probablemente esta deuda pública será del orden del 36% del PBI a fines del 2020, acompañando una caída del PBI del orden de 14% (que se alcanzará por no haber tenido un manejo inteligente de la economía durante la pandemia, como lo hicieron nuestros competidores), lo que nos retrocede al año 2014.

Mientras tanto, hemos configurado en el Perú un escenario tragicómico de política chicha y podemos ver cómo individuos sin moral ni ética, han llegado a los niveles más altos del gobierno y al Congreso (por supuesto con muy honrosas excepciones). Lo que confirmaría lo dicho, es que el núcleo más cercano al presidente viene siendo investigado, bajo prisión preliminar, entre otras cosas, para evitar que este grupo encabezado por Vizcarra continúe obstruyendo a la justicia. Lamentablemente, a los peruanos esto ya no nos sorprende, pero no deja de ser una vergüenza mundial.

Como hemos dicho, estamos a pocos meses de unas elecciones generales y la reforma política, que se supone fue el “aporte” principal de MV, ha terminado siendo una mala pesadilla que ha destruido más aún, el escenario político y ahuyentado a sus actores. Ya no hay carrera política, ni formación de cuadros dentro de los partidos. Hay 24 partidos que van ofreciendo sus “derechos políticos” a posibles candidatos. No hay planes de gobierno, ni compromiso de cumplimiento. Lo más lamentable es que, estos elementos ahuyentan de la política a gente que tenga un nombre que defender y, por lo tanto, se ha convertido en un factor crítico negativo para el desarrollo futuro de la política en el Perú.

Entre tanto, pasan los meses y no tenemos reactivación de inversiones, la mayoría de las empresas están pugnando por retomar sus niveles de producción y ventas previos a la pandemia,  mientras que muchos otros, especialmente los relacionados al turismo, restaurantes y hoteles, entre otros servicios, están tratando de sobrevivir. No podemos perder de vista que, todos los países del mundo compiten con el Perú por atraer inversiones y ser más ágiles en su dinámica empresarial, para remontar este bache económico y de salud.

En este escenario y ante las limitaciones de campaña política de los partidos, debemos exigir a la prensa sea a su vez, muy exigente con aquellos ciudadanos que han optado por participar en política y ser candidatos. Deben preguntar y preguntar, con insistencia, sobre sus ideas políticas, planes, programas y solución de problemas específicos. Que presenten acciones muy concretas y se comprometan a ejecutarlas, para que el elector tenga una clara percepción de los candidatos y pueda elegir bien.

Bien dicen que el político es alguien, que cuando es candidato, habla de todas las soluciones, pero cuando es elegido, solo habla de los problemas. Lampadia

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