Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha hecho bien en recurrir a la figura del referéndum para acelerar la reforma judicial, pero ha hecho muy mal al recurrir a dicha figura para la reforma política, concretamente, para los muy importantes asuntos de la bicameralidad, la reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos políticos.

Esta es una manera de recoger los gritos de las calles y de las redes: “que se vayan todos” y de quitarle el cuerpo a la necesidad de liderazgo, puesto que debemos estimar que, en un referéndum, se eliminaría la reelección de congresistas, condenando al Perú a no poder construir una buena clase política. Además, con seguridad, nos quedaríamos sin senado, una institución muy buena para la buena gobernanza y dejaríamos que, a falta de financiamiento privado (transparente) de los partidos políticos, este lo provean las mafias y platas negras. 

El grito de las calles y de las redes “Que se vayan todos” retumba en nuestros oídos, pero no debe obnubilar nuestros sentidos ni turbar nuestro criterio. Una reflexión adecuada debería llevarnos a plantear el tema de otra manera: ‘¿Qué se vayan todos? O ¿Qué vengan todos?’

Cómo publiqué en el diario La Primera, en agosto del 2005, el grito ‘que se vayan todos, es:

Una reacción y reclamo que pueden parecer naturales a muchos, dada la gran frustración (…) y sobre todo ver como se comporta nuestra desaprensiva clase política.

Sin embargo, el ‘que se vayan todos’ es un salto al vacío, que más allá de las reacciones hepáticas – por más entendibles que éstas puedan ser, no es otra cosa que una gran irresponsabilidad, falta de análisis y de visión para enfrentar los problemas, por más grandes que estos sean.

(…) nuestro problema actual es que estamos atravesando una profunda crisis de confianza. De que otra manera puede calificarse el que el prestigio de todas las instituciones públicas nacionales, esté por los suelos; el que toda la clase política tenga niveles de desaprobación tan altos; (…) el que el 87% de nuestros jóvenes esté pensando en abandonar su patria en búsqueda del bienestar.

(…) Hace pocos días leyendo una entrevista al argentino Felipe Noguera, encontré una muchísimo mejor respuesta: ‘Que vengan todos’.

(…) La gravedad de la crisis llama a la participación ciudadana, especialmente a nuestras reservas morales, (…).

Cuidado con apresurarnos y seguir pensando en que es hora de ‘Que se vayan todos’. Es hora de que ‘Vengan todos’.

No, Señor Presidente Vizcarra, la reforma política debe ser liderada por las autoridades políticas. Los pastores van detrás de la grey, pero los líderes marcan el camino.

Los muy importantes temas de la reforma política requieren un concienzudo análisis y largos debates en todas las instancias de nuestra nacionalidad. No tenemos que acelerar el paso, como en el caso de la reforma judicial. Este ordenamiento tendrá recién efecto para las elecciones generales del 2021.

Detrás del tema de la reelección de los congresistas está la reforma de los partidos políticos, que es donde está el fondo de nuestras debilidades actuales. Para provocar debate y dar un ejemplo de nuestras opciones, permítanme compartir algunos alcances de mi artículo Hacia un nuevo sistema de partidos políticos del 22 de agosto, 2013:

(…) un país que no tiene partidos políticos que ejerzan una auténtica representación nacional, tanto en aspectos regionales como nacionales, está condenado a sufrir un liderazgo político de muy corto plazo y, por lo tanto, impredecible, populista, electorero y carente de propuestas estructuradas de gobierno.

Los vicios y malas prácticas políticas de un sistema así tienden a perennizarse y hacen muy difícil que el sistema pueda reestructurarse a sí mismo.

(…) A continuación deseo presentar una propuesta provocadora, que puede parecer irrealizable o utópica, una simulación institucional, como una ayuda para salir del molde actual e, imaginar una reforma que ofrezca una solución efectiva. La idea sería crear un nuevo diseño institucional en cuanto a la estructura, orientación y fortaleza de nuevos partidos políticos para que estos se constituyan en auténticos representantes de la sociedad peruana, con raíces en todas las regiones y que representen la visión de desarrollo de los ciudadanos, proyectada al bienestar de sus propios hijos, por su enfoque en el largo plazo.

[Algo similar se hizo en Alemania después de la guerra y en Brasil, al final de su última dictadura militar].

Propuesta para el Rediseño del Sistema de Partidos Políticos

1. Se anulan todas las inscripciones partidarias en el Jurado Nacional de Elecciones para efecto de los futuros procesos electorales.
2. Se crean dos nuevos partidos políticos, uno de Centro-Izquierda, el Partido Rojo, y otro de Centro-Derecha, el Partido Blanco, los colores de la Bandera Nacional, para que juntos representen el conjunto de nuestra nacionalidad.
3. Se establece el financiamiento del Estado para ambos partidos, en la misma proporción. Cuando estos partidos sean operativos, contarán con un presupuesto anual por el equivalente de UD$ 25´000,000, cada uno.
4. Dichos presupuestos deberán sustentar actividades partidarias muy intensas en todo el territorio nacional, congresos, foros, debates, visitas de formación y capacitación de líderes, etc.
5. Las asignaciones presupuestales estarán sujetas a todos los controles establecidos para los pliegos estatales.
6. Se establecerá un período de un año para promover la inscripción de los ciudadanos en ambos partidos, fomentando una atracción especial hacia los jóvenes.
7. Terminado el período de inscripción, se organizarán los procesos de elecciones internas en ambos partidos a nivel nacional y regional. Estas serán reguladas y desarrolladas por el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
8. Una vez elegidos sus dirigentes, ellos procederán a dar contenido ideológico y programático a sus partidos.
9. Los nuevos partidos tendrán una exclusividad de diez años para participar en todos los procesos electorales, nacionales, regionales y locales.
10. Después de diez años se abrirán las inscripciones para nuevos partidos que cuenten con planillas del 10% de ciudadanos hábiles para votar, debidamente auditadas por las autoridades correspondientes.
11. Luego de diez años, los presupuestos de los partidos, a cargo del Estado, serán en proporción a sus niveles de votación nacional.
12. Solo saliéndonos del molde podemos aquilatar la brecha entre nuestra realidad actual y un sistema que responda a la naturaleza de nuestras  necesidades. 

Este momento de nuestra vida nacional reclama audacia con liderazgo. Lampadia

Lamentablemente, en el Perú, muchas veces hacemos las cosas a medias, y luego, en vez de arreglarlas, las terminamos de malograr. Este es justamente, el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

• Se hizo a medias, porque se mantuvo un sistema estatal de reparto que estafó a miles de peruanos con topes bajos de pensiones, la pérdida de los aportes de los que acumularon menos de 20 años de cotizaciones, y con bajos rendimientos de las inversiones del operador estatal, la ONP, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Se hizo a medias, porque, tanto el SPP como el SNP, se basaban en aportes de las planillas de los trabajadores, o sea, solo cubrían a los trabajadores formales, dejando fuera al 75% de los trabajadores.

• Se terminó de malograr, porque en vez de unificar los sistemas hacia uno basado en cuentas individuales sin pérdidas de aportes por menos de 20 años, se atacó políticamente al sistema privado, no se fijó una pensión mínima en el SPP, y se atrajo más trabajadores al SNP, para estafar a más peruanos.
• Se terminó de malograr, porque no se enfrentó la mayor deficiencia de ambos sistemas, la falta de cobertura de los trabajadores independientes. Teniendo como hacerlo, llevando la fuente de los aportes de la renta de las planillas de los trabajadores, a canjes parciales de pagos de IGV, para todos los trabajadores. Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV.
• Se terminó de malograr, porque el Estado dio el mal ejemplo de no abonar las retenciones de sus trabajadores a sus cuentas pensionarias individuales y de reparto.
• Se terminó de malograr, porque al no haber incluido en un sistema previsional a todos los trabajadores, se creó el espacio político para que los políticos populistas buscaran réditos políticos desprestigiando el SPP, y, finalmente, desbaratándolo, al permitir el retiro del 95.5% de los fondos privados al alcanzarse la edad de jubilación.

La situación actual, determina un sistema insostenible fiscalmente, porque no solo se mantiene el déficit de la ONP en el SNP, también se tendrá que crear algún esquema de protección previsional, cuando se haga patente la pérdida de protección de los afiliados al SPP, luego de que se hayan agotado los fondos retirados bajo la norma del 95.5%.

Sin embargo, como estamos en el gobierno de los economistas (PPK, Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, Alfredo Thorne y Claudia Cooper), se esperaba el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que cubriera a todos los trabajadores, con pensiones basadas en aportes individuales.

Pero increíblemente, según trascendidos, el gobierno está por hacer público un esquema de pensiones vergonzoso, que adolece gravemente de los siguientes defectos:

• Ha sido diseñado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y se mantiene bajo siete llaves.
• El nuevo esquema se olvida, se zurra, en los independientes, que no están considerados en ninguna forma.
• Se estaría descartando definitivamente, la posibilidad de usar los canjes de pagos de IGV, que podrían cubrir al universo de trabajadores.
• Se le encargaría a la SUNAT, la recaudación de los aportes individuales, con una jugosa comisión de por medio.
• Se encargaría el manejo de todo el sistema a la ONP, el brazo estatal de pensiones, que antes de cuidar los aportes personales de los trabajadores, cubriría sus costos. Costos de un monopolio estatal, el peor de todos los monopolios, pues actuaría por la libre.
• Finalmente, los fondos individuales de los trabajadores, irían a operadores privados para que gestionen la inversión de los mismos.
• Esto implicaría que los fondos individuales pasen varios días entre la recaudación por parte de la SUNAT, hasta su inversión efectiva, a cargo de algún operador de inversiones.
• El rendimiento de las inversiones, regresaría a la ONP, ya sea para que se encomiende otra gestión de inversiones, o para pagar las pensiones a los afiliados. Más días de rentabilidad perdidas.
• Se supone que la selección de los gestores de las inversiones, se haría mediante licitaciones manejadas por la ONP.

¡Dios nos libre de que semejante elucubración se convierta en ley!

En Lampadia, llamaremos a este entuerto: el NEO-SPP.

NEO-SPP por: Sistema Patético de Pensiones.

Ver la operatividad del NEO-SPP en el siguiente gráfico:

Levantemos nuestras banderas, no podemos permitir que el gobierno disponga de la suerte de los fondos previsionales, de propiedad de cada afiliado, poniéndolos en manos de entidades gubernamentales, cuyos objetivos y compromisos están muy lejos de la necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, máxime, si al mismo tiempo se abandona a los independientes, a su propia suerte.

En el empeño de la reforma en ciernes, primero se estuvo coqueteando con la idea de un funcionario del BID, Santiago Levi, de usar los canjes de IGV, pero para aportes a un pozo colectivo que determinaba pasar a un sistema de reparto. Un esquema inspirado en una visión fiscalista más que previsional, y que lamentablemente, algunos economistas peruanos, confundieron con la propuesta de Lampadia, de mantener las cuentas individuales, la esencia de la gran reforma previsional de los años 90, que se extendió por el mundo como uno de los mejores aportes sociales y fiscales de los tiempos modernos.

Otra idea que anda compitiendo con lo expresado anteriormente, es la del llamado: ‘Matching’. Incentivar a los trabajadores a hacer aportes de doble impacto, pues el Estado aportaría otro tanto, doblando el aporte del trabajador. Una solución insuficiente para superar el gran reto del sistema pensionario, la afiliación de los independientes, quienes, ya sabemos, tienen una gran resistencia a disponer recursos hoy (así sea en menor proporción), para beneficios futuros.

El nuevo Sistema de Pensiones tiene que incluir a los independientes, entre los que están los ciudadanos menos favorecidos. Su diseño debe basarse en ese objetivo. No podemos darles la espalda.

Lamentablemente, por lo visto hasta ahora, ni el gobierno, ni las AFPs, tan lejanas de sus afiliados por esa competencia de atributos patrimoniales, que capturó el enfoque publicitario del sistema durante muchos años, muestran la más mínima preocupación por servir y proteger a la gran mayoría de trabajadores peruanos, los independientes, la clase media emergente, ese pulmón social y económico de la nueva economía peruana.

El siguiente gráfico muestra el esquema propuesto por Lampadia, que se basa en aportes y pensiones individuales, originadas mediante canjes VOLUNTARIOS, de una fracción de los pagos por IGV, que hagan los ciudadanos mayores desde los 18 años de edad.

• Diez Soles aportados a los 18 años, generan un valor de S/. 240 a los 65 años, con un rendimiento promedio de 7% anual.

Como se aprecia en el gráfico, todos los trabajadores tendrían el incentivo de canjear sus pagos de IGV por aportes a sus cuentas de pensiones individuales. Cada trabajador elegiría su AFP, pudiendo cambiarla a su decisión. Las inversiones se harían bajo las regulaciones que el Estado vea convenientes, en los mercados peruanos y globales, produciendo las mejores pensiones posibles, incluyendo una pensión mínima, de ser el caso.

Entendemos que nuestras ideas, no son necesariamente las únicas buenas, lo que nos resistimos a entender, es que no se consideren cuando se buscan cambios para salir de perdedores; y que, en el Perú del siglo XXI, se siga decidiendo la suerte de los ciudadanos a puertas cerradas, entre gurús y gobernantes lejanos del sentir ciudadano. Lampadia

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia  

La vida está llena de ironías. El presentador de televisión Donald Trump, terminaba sus programas con una expresión prepotente: “You are fired!” (¡Estás despedido!). No ha pasado mucho tiempo desde que Trump asumió la administración del gobierno de EEUU, y cada día crecen más los comentarios y críticas a su gestión, llegando al extremo de plantearse un eventual impeachment, su destitución: “You are fired, Mr. Trump!”.

En Lampadia vimos hace tiempo quién era Trump y en junio de 2015 publicamos en nuestro ticker: “Debemos declarar a Donald Trump persona non grata a la humanidad”. Para nosotros, no era necesario esperar a contabilizar los desastres que haría semejante personaje, para entender su naturaleza y reaccionar. Mala suerte, la mayoría de estadounidenses no la vió. Pero no olvidemos que Barack Obama dijo que Trump era: “Unfit to govern” (incapaz para gobernar).

Todos sabemos que los primeros días de Trump en el gobierno han sido tormentosos, aparte de sus dislates con los temas del comercio internacional, la relación con México, la migración, sus disfuerzos con la Otan, Europa y China, desde el primer día se confrontó de mala manera con los medios de comunicación, una de las catedrales de la institucionalidad estadounidense.

Era de esperarse, que la realidad lo fuera centrando. Efectivamente, así pasó con lo de la Otan, Europa y China, pero, en vez de asumir el camino hacia un comportamiento de estadista en los demás temas, durante los últimos días ha agravado sus acciones al punto de ponerse en la eventual encrucijada de un impeachment. Veamos sus nuevos escándalos: 

• Despidió a Michael Flynn, general retirado y primer asesor de seguridad nacional de Trump
• Despidió abruptamente al director del FBI, James Comey, quien estaba supervisando una de las investigaciones sobre las vinculaciones de Rusia en la política de EEUU
• Habría pedido al director del FBI, James Comey, que parara una investigación sobre vinculaciones entre Michael Flynn y Rusia.
• Amenazó a Comey con publicar cintas comprometedoras si continuaba filtrando información a la prensa.
• El 4 de marzo, Trump twitteó que Obama “había sido “wire tapped” en la Trump Tower justo antes de la victoria”.
• Reveló información clasificada de alta sensibilidad al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y al embajador de Moscú en Washington,  durante una reunión que mantuvieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca

Como se explica en el artículo del Foreign Policy, que reproducimos líneas abajo, más allá del comportamiento de Trump, algo que llama la atención de manera sorprendente, es que los republicanos no parecen inmutarse con la cadena de errores del presidente. No solo eso, hasta lo defienden y relativizan todas sus barbaridades. De alguna manera, como hemos leído en varios análisis, Trump y los republicanos están socavando la otrora sólida institucionalidad de EEUU, tradicional ejemplo de democracia, división de poderes y ‘checks and balances’ (contrapesos).

Como conclusión de esta experiencia, podemos decir que no se deben subsidiar los errores de un gobernante. No se mejora con esos malos favores, solo se empeora. El poder es ya una suficiente alteración de la capacidad de los gobernantes para mantener los pies sobre la tierra, como para que los supuestos amigos y partidarios del poderoso le hagan el favor de ignorar sus errores. Lampadia

Los republicanos necesitan abandonar su apoyo a Trump lo antes posible 

El problema de escribir sobre Donald Trump es que las críticas a su administración vienen tan rápido y son tantas que es difícil mantenerse al día. El mundo político ahora está zumbando por el informe que publicó el Washington Post este lunes por la noche, en el que se indica que Trump divulgó códigos secretos – en otras palabras, algo de la información altamente clasificada que el gobierno de los EEUU – al embajador y  ministro ruso de relaciones exteriores, durante una reunión en la Oficina Oval. Sí, eso es importante. Pero no se puede olvidar el despido de James Comey, que es, en definitiva, un escándalo aún mayor.

Dos días después de despedir a Comey, Trump fue a NBC y destruyó la historia que su propia administración había declarado sobre el despido, que se basaba en las declaraciones públicas del director del FBI sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. “De hecho, cuando decidí hacerlo”, dijo el presidente a Lester Holt, “me dije a mí mismo: ‘Sabes, esta cosa de Rusia con Trump y Rusia es una historia inventada. Es una excusa de los demócratas por haber perdido una elección que deberían haber ganado”.

En esa misma entrevista, Trump confirmó que le había preguntado a Comey en al menos tres ocasiones distintas, si era un blanco de la investigación sobre la manipulación de las elecciones estadounidenses por parte de los rusos. Posteriormente, surgió que en enero, Trump cenó con Comey y exigió su lealtad, sosteniendo la amenaza implícita de que si no le era leal, no podría permanecer en el puesto. Trump le negó a Fox News que pidiera lealtad personal al jefe de la investigación de Rusia, pero luego rebajó sus protestas diciendo que no sería “inapropiado” hacerlo.

Como si eso no fuera suficiente, Trump amenazó al ex director del FBI de la misma manera que lo haría un jefe de la mafia a un subalterno que está pensando en entrar en el programa de protección de testigos. “¡James Comey debe estar rogando que no hayan ‘cintas’ de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrar información a la prensa!”, twitteó Trump el 12 de mayo.

Donald Trump no es el primer presidente de Estados Unidos en obstruir la justicia. Pero es el primero en presumir de ello en público.

Ya no importa si se puede demostrar que Trump ha colaborado ilícitamente con el Kremlin para influir en el curso de las elecciones, algo que sería difícil de probar y aún más difícil de procesar, como señala David Frum en The Atlantic. Trump ha cometido obstrucción de la justicia e intimidación de testigos a simple vista – y como argumenta Laurence Tribe, uno de los principales estudiosos de la ley constitucional de la nación, esto debiera ahora conducir al proceso de impeachment (destitución). “Decir que esto no sube por sí mismo al nivel de” obstrucción de la justicia “, escribe,” es vaciar ese concepto de todo significado”.

Uno podría agregar otro cargo a la documentación del impeachment, si es que Trump efectivamente reveló códigos secretos a los representantes de Rusia. Tal acción es criminal si cualquiera que no sea el presidente lo hace; en el caso del presidente, es potencialmente otra base del impeachment.

Sin embargo, no es probable que se inicie una investigación de destitución por la sencilla razón de que pocos o ninguno de los miembros del partido gobernante en Washington están de acuerdo con el análisis de Tribe. En la semana que ha transcurrido después del abuso de autoridad presidencial más grave desde Watergate, ningún miembro del gobierno de Trump ha renunciado en protesta. Lejos de eso: la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, afirmó  falsamente en ABC News que: “El presidente es el CEO del país. Puede contratar y despedir a quien quiera”. Haley tal vez quiera releer la Constitución, que no menciona nada sobre un CEO, pero afirma que el presidente debe “asegurarse de que las leyes sean ejecutadas fielmente”.

Incluso el Subprocurador General Rod Rosenstein, quien fue engañado para servir como una tapadera del despido de Comey, ni renunció ni nombró un abogado especial. Al parecer, no le importa mucho que su reputación profesional haya sido destruida por el comandante en jefe.

En Capitol Hill, alrededor de 40 republicanos de un total de 290 han planteado preguntas sobre el despido de Comey, pero sólo seis han pedido una investigación independiente y sólo uno a pedido un abogado especial.

Lejos de criticar a Trump, muchos republicanos lo están alentando.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Grupo de Estudio de la Reforma Electoral presidido por la congresista Patricia Donayre culminó finalmente la elaboración del proyecto de Ley Electoral que será sometido a discusión en la Comisión de Constitución. Son nada menos que 423 artículos que regulan no solo todos los aspectos de todos procesos electorales incluyendo los de jueces de paz y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino asuntos tales como la configuración de los distritos electorales del país para la elección de congresistas.

El proyecto ha incorporado algunos de los aportes del Ejecutivo y de Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo en lo relativo a las sanciones por incumplimiento de las normas de financiamiento privado, que ahora incluyen hasta la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas si estas cometen conductas muy graves o acumulan más de seis meses de suspensión por conductas leves o graves. De modo que puede afirmarse que, de aprobarse estas normas, las obligaciones acerca de las modalidades, montos e informes de financiamiento partidario ya no serán letra muerta.

Esto es un avance en lo relativo a prevenir el ingreso de fondos ilegales o delictivos a la política. También se sube el tope de lo que puede donar un particular a 200 UIT  (810,000 soles). Eso está bien, para procurar que el financiamiento provenga de fuentes lícitas. En esa misma línea, no se entiende por qué el Proyecto prohíbe las donaciones de empresas privadas. Es mejor que sean ellas y no organizaciones delictivas las que aporten. Por último, si lo que se quiere es evitar la devolución del favores por parte del Partido ya en el gobierno, dichas donaciones podrían hacerse a un fideicomiso indicando el tipo de ideología o  programa que la empresa donante quisiera apoyar, sin identificar partido político alguno. Y recoger la sugerente propuesta de “partidos por impuestos” formulada por Carlos Meléndez, sobre todo para financiar Think Tanks y capacitación. A las empresas también les interesa el crecimiento del país, porque así crecen ellas también.

Pero otras propuestas del proyecto del Ejecutivo no han sido tomadas en cuenta. En particular la reducción  a 1% del número de electores para obtener la inscripción de un partido, la obligatoriedad de la participación de los organismos electorales en la organización de las elecciones internas y que estas sean primarias y universales. El Proyecto decide, además, mantener el voto preferencial y los mismos distritos electorales de la actualidad, añadiendo un escaño para los que viven el exterior. Se argumenta que, en realidad, esa discusión así como la de si restablece el Senado o no, se daría en una segunda etapa, cuando se considere las modificaciones constitucionales, y que esta primera etapa tiene por finalidad ordenar la normatividad para las elecciones regionales y municipales del 2018.

Pero aquí el hecho de tener que normar antes para las elecciones del 2018 ha puesto un pie forzado que es una trampa, porque el orden lógico del proceso legislativo es introducir primero las modificaciones constitucionales y luego la normatividad legal derivada de dichas modificaciones. Pero hemos puesto la carreta delante de los caballos.

Los objetivos

Y el resultado de esta lógica invertida es que se pierde integralidad, coherencia. En realidad el proceso debió comenzar por una discusión acerca de los objetivos que perseguimos con esta reforma, que no se ha hecho. No sabemos para qué queremos reformar. A nuestro juicio, los objetivos son tres:

1. Construir un sistema de pocos partidos institucionalizados. Contener la fragmentación y feudalización políticas.
2. Construir canales de representación efectivos que permitan que los ciudadanos puedan hacer llegar sus demandas. Acercar la población al Estado.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y legislativo para afianzar la gobernabilidad.

Menos partidos más institucionalizados

Para lograr el objetivo 1 hay varios instrumentos. El primero es una barrera alta para la inscripción de nuevos partidos. El Proyecto mantiene, como decíamos, el 4% del número de electores, una barrera muy alta en términos comparativos y reales. Pero aquí lo que tenemos es un problema de inconsistencia con otras disposiciones del Proyecto. En efecto, si se va a mantener una barrera muy alta para tal efecto, aquel ciudadano que quiera ingresar a la política tendría que inscribirse en un partido ya existente y lo hará si es que los partidos son estructuras abiertas y convocantes y ofrecen garantías de una verdadera democracia interna. En ese sentido, lo lógico sería que las elecciones internas sean en lo posible primarias y abiertas y en todo caso organizadas por los organismos electorales a fin de que haya seguridad de que los resultados sean justos.

Pero no es esto lo que establece el Proyecto. Lo que dispone es que las elecciones internas pueden ser primarias abiertas, cerradas o por delegados. Y en cuanto a la participación de los organismos electorales establece que éstos “tienen el deber de brindar soporte técnico a las organizaciones políticas en todos sus procesos de elección internos”. Es decir, no se les encarga la organización de los comicios internos.

Con esa normativa no hay muchos incentivos para que los partidos tiendan a  convertirse en lo que en parte ya son: pequeñas camarillas impenetrables en las que nadie que desee participar en política querrá o podrá ingresar. Si tal va ser el destino, mejor sería efectivamente poner una barrera de entrada baja (1 o 2% de los electores por ejemplo) junto con barreras altas para la permanencia, para asegurar renovación y competencia en el sistema y obligar a las organizaciones a abrirse si quieren renovarse y crecer.

Para reducir el número de partidos el instrumento más importante es la llamada valla electoral: obtener el 5% de los votos válidos o un mínimo de 6 congresistas electos para ingresar al Congreso. Esa valla se mantiene. Y en el caso de las alianzas se agrega 1% adicional por cada miembro adicional de la alianza. Ese 1% es muy bajo si se quiere que no se usen las alianzas para burlar la valla del 5%. Debería ser cuando menos 2% o 2.5% como proponía algún proyecto de años anteriores.

Lo que sí es un avance es que el Proyecto establece efectivamente condiciones más exigentes para la permanencia de los partidos: obligatoriedad de participar en todas las elecciones presentando listas de candidatos por lo menos en el 60% del total de circunscripciones regionales, provinciales y distritales, y mayor formalidad en el manejo de las finanzas partidarias y las aportaciones privadas, cuyo incumplimiento puede acarrear la cancelación de la inscripción. 

Un avance también ha sido la eliminación de los movimientos locales y provinciales. Quedan los regionales, pero a estos debería exigírseles que participen en más de una región o que lo hagan en alianza con un partido nacional, para contener mejor la tendencia a la feudalización política del país que hace que en cada elección haya menos alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales.

El Proyecto mantiene la obligación de tener comités políticos con un mínimo de 50 afiliados en por lo menos el tercio de las provincias del país, algo que quizá no tenga mayor sentido en la era de los grupos de chat. Lo nuevo es que “necesariamente un comité partidario deberá estar ubicado en cada uno de los veinticuatro departamentos del país, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los cuales deben mantenerse en permanente funcionamiento, bajo sanción de suspensión”.

Pero lo que se busca en institucionalización, formalización y actividad partidaria se pierde con el voto preferencial, que fomenta el enfrentamiento entre candidatos del mismo partido y la diferenciación incoherente de propuestas al interior del mismo grupo.

En suma, hay avances pero al mismo tiempo no hay consistencia entre algunas de las medidas relacionadas al objetivo 1.

Mejor representación

Ahora bien, la consistencia debe darse no solo entre las disposiciones orientadas a cumplir un objetivo, sino entre las diseñadas para cumplir los tres objetivos. Es decir, si estamos de acuerdo en los tres objetivos arriba mencionados, las disposiciones que se establezcan para alcanzarlos deben reforzarse mutuamente, sistémicamente. Es decir, las que se señalen para cumplir el objetivo 2, deben ayudar a cumplir el objetivo 1 y el 3, y viceversa.

En esa línea, si lo que queremos es reducir el número de partidos (Objetivo 1) y mejorar los canales de representación (objetivo 2) no podemos proponer mantener el mismo número y tamaño de los distritos electorales actuales, que no ayudan ni a uno ni al otro objetivo. El único sistema que integra ambos objetivos a la vez, es el de la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. En efecto, en dicho sistema, las personas eligen no entre muchos candidatos de un mismo partido sino entre pocos candidatos de distintos partidos (de modo que se puede conocer mejor a cada candidato, y se elige mejor), y el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él para expresarle sus demandas. La democracia se vuelve de carne y hueso. Se enraíza.

Al mismo tiempo, dicho sistema lleva a la reducción del número de partidos porque las organizaciones pequeñas se ven obligadas a juntarse con otras más grandes si quieren que alguno de sus candidatos sea elegido en una circunscripción. 

Contrario sensu, distritos electorales grandes en los que se elije a varios representantes de manera proporcional, fomentan el multipartidismo y no construyen canales biunívocos de comunicación entre representados y representantes.

Por supuesto, distritos electorales pequeños sustituyen el voto preferencial. El realidad, son el voto preferencial perfecto, porque yo elijo directamente a una o a dos personas. Sería lamentable que haya consenso entre los congresistas para eliminar el voto preferencial. Si no lo eliminamos, tenemos que mantener distritos electorales grandes que no ayudan a reducir el número de partidos ni mejoran la representación. Tendría menos sentido, también, restablecer la bicameralidad.

Relación Ejecutivo – Legislativo

En efecto, un sistema electoral de distritos pequeños ayuda a resolver mejor el objetivo 3, donde la propuesta sería la de restablecer la bicameralidad a fin de que leyes impulsivas y extremadamente populistas puedan ser revisadas y morigeradas en la cámara de senadores. En ese marco, la cámara de diputados puede ser elegida en distritos pequeños, uni o bi nominales, pero la de Senadores en un distrito nacional, para compensar la perspectiva localista de Diputados con una visión unitaria y con una perspectiva más nacional de los senadores. Si se mantuviera una sola cámara -subiendo eso sí la cantidad de votos necesarios para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso (el Ejecutivo cumpliría la función moderadora)-, una parte mayoritaria del Congreso unicameral puede ser elegida en distritos pequeños y otra minoritaria en distritos macroregionales o distrito nacional.  

Lo que no podríamos hacer es restablecer la bicameralidad y mantener distritos electorales grandes en la cámara de diputados. Pero, entonces, si no eliminamos el voto preferencial y no establecemos distritos electorales pequeños y tampoco restablecemos la bicameralidad o lo hacemos sin cambiar el sistema electoral, no habremos hecho reforma política alguna. Lampadia

Por fin está en agenda la reforma electoral. El trabajo del Congreso tiene muy buenos aportes y, de igual manera, el del Ejecutivo. Pero cuidado en caer en una absurda competencia y descalificaciones mutuas. De lo que se trata es de ‘sumar y sumar’ para lograr un proyecto de reforma integral que conlleve un importante nivel de representación. (Igualmente, esperamos que los medios dejen de poner más carbón en la hoguera).

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La coordinadora del grupo de reforma electoral de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Donayre, se ha quejado de que a último momento el Poder Ejecutivo saque de la manga un proyecto de ley de reforma electoral y política cuando ya su comisión está muy avanzada y a punto de terminar por lo menos la primera parte, la que tiene que estar lista para las elecciones regionales y municipales del 2018. No le falta cierta razón pero también es verdad que en democracia todos tienen derecho a proponer ideas y bienvenido sea que el Ejecutivo también se interese en el tema. Claro que lo lógico hubiese sido que ese esfuerzo se hubiese hecho en coordinación con la bancada de PPK para que tuviera un carácter más organizado y su representante en el grupo de reforma política no quedara en babia y más bien hubiese podido llevar esas ideas al grupo de elaboración.

Lo positivo de todo esto, sin embargo, es que muestra que el tema de la reforma política se ha vuelto prioritario y se ha instalado en el debate público de manera clara, de modo que no podrá ser escamoteado esta vez. El problema ahora es dar con las propuestas correctas, si existen tales.

Plata sucia

El aporte principal de la iniciativa del Ejecutivo está en la preocupación por evitar la infiltración de corruptos y delincuentes en las campañas y los partidos. A diferencia del proyecto del Congreso, para el que el incumplimiento de las normas relativas al financiamiento se castiga solo con multas que, la verdad sea dicha, rara vez se pagan, el proyecto del Ejecutivo establece la pérdida de la inscripción partidaria como sanción  por dichos incumplimientos. Esto para que las normas no sean letra muerta.

Otra propuesta propia del proyecto del Ejecutivo es la de que la sola inscripción de cualquier ciudadano como candidato habilita el levantamiento de su secreto bancario y su reserva tributaria y bursátil. Habría que evaluar si esa norma pudiera tener un efecto disuasorio en personas que quisieran ingresar a la política y, ante una norma como esa, decidan no hacerlo, no porque tengan actividades ilícitas que ocultar sino, sencillamente, porque no querrán ventilar sus cuentas.

El proyecto del Congreso, por su parte, prohíbe que las empresas puedan financiar a los partidos. Esto carece de sentido. De lo que se trata es de prevenir el financiamiento de fuentes ilegales –narcotráfico, minería ilegal, organizaciones criminales, etc.-, para lo cual más bien habría que fomentar el financiamiento de fuentes o empresas formales. Con toda transparencia, eso sí. Carlos Meléndez ha propuesto la figura sugerente de “partidos por impuestos”, de modo que empresas puedan financiar, con sus impuestos,  think tanks, por ejemplo, vinculados a los partidos, o actividades de difusión ideológica, reduciendo en la misma proporción el financiamiento público que recibe el partido político.

Eliminar movimientos locales y provinciales

El proyecto del Ejecutivo es radical en normas para prevenir o castigar la corrupción y el crimen organizado en la política, pero mantiene sin embargo la existencia de movimientos locales y provinciales que, como sabemos, en muchos casos son la máscara de proa de aventureros vinculados a redes ilícitas y mafiosas para las que la municipalidad o el gobierno regional no son otra cosa que un botín presupuestal. El proyecto del Congreso, en cambio, con acertada visión, los elimina, y mantiene solo a los movimientos regionales.

La situación ideal sería que todos los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan a partidos políticos, porque de esa manera rinden cuenta a un sistema de obligaciones nacional y tienen comunicación con los representantes de su partido en el Congreso o en el Ejecutivo, según sea el caso. Lo que tenemos en la actualidad, con una gran mayoría de gobernadores regionales y alcaldes no pertenecientes a partidos sino a movimientos locales, es un país políticamente feudalizado en el que las autoridades locales no responden ante nadie por encima de ellas y tampoco tienen relaciones de comunicación fluidas con el nivel nacional. El Estado, así, termina desarticulado, y tiende a perder su carácter unitario.

Por eso, eliminar los movimientos locales y provinciales es un avance. Y si se mantiene la existencia de movimientos regionales, debería exigirse cuando menos que  tengan presencia y presenten candidatos en un mínimo de tres departamentos (regiones). Ninguno de los dos proyectos de atreve a tanto.

Definir objetivos

Pero la necesidad de prevenir la corrupción y la captura del Estado por grupos mafiosos no es el único objetivo que debe guiar el modelo político que queremos construir. Y es en el terreno de los objetivos donde las cosas no están claras, y tienen que estarlas si queremos construir un sistema coherente.

Distritos uni o bi nominales y no plurinominales en lista cerrada

Si lo que necesitamos es reducir el número y la volatilidad de los partidos y darles un poco mas de consistencia –aunque no podamos aspirar a reconstruir partidos clásicos basados en fuertes adhesiones ideológicas sino estructuras más ligeras y horizontales basadas en orientaciones generales- y, sobre todo, si lo que queremos es lograr que la democracia tenga un sentido para los ciudadanos, que se sientan partícipes de ella, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema electoral basado en distritos electorales pequeños, uni o binominales, que no solo ayudan a reducir el número de partidos sino que permiten la relación directa entre el elector y su representante, es decir, acercan el elector al Estado, al Congreso. En distritos como esos solo se elige a uno o dos congresistas de modo que el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él.

Pues bien, ninguno de los dos proyectos propone esto. El del Congreso, porque todavía no ha definido el tema, pues lo ha dejado para la segunda etapa, cuando revisen los puntos que requieren modificación constitucional.  Pero el del Ejecutivo no solo no propone aquello, sino que retrocede en ese tema. Plantea, con razón, la eliminación del voto preferencial, que tiende a destruir la cohesión partidaria, pero en lugar de canjear el voto preferencial por el distrito uni o binominal, establece distritos plurinominales en lista cerrada y bloqueada. Es decir, el partido pone los candidatos y punto. Si el elector ya había conquistado el derecho, con el voto preferencial, de alterar el orden de la lista que le propone el partido, no se le puede retirar ese derecho sin devolverle a cambio la posibilidad de elegir a su representante entre los que propongan distintos partidos en un distrito uni o binominal. Esto es fundamental para que los ciudadanos se sientan realmente representados en el sistema.

¿Bajar la barrera de entrada?

Por lo demás, repetimos, distritos uni o bi nominales tienen la ventaja adicional de ayudar a reducir el número de partidos, pues los partidos pequeños tendrían que aliarse o fusionarse con organizaciones políticas  mayores si quieren que algún político suyo sea elegido en un distrito electoral.

Es importante esto último porque uno de los objetivos de la reforma debe ser consolidar un número relativamente pequeño de partidos políticos. Distritos plurinominales no ayudan en ese sentido. El proyecto del Ejecutivo tiene, además, otra propuesta que iría aun más en la dirección de aumentar el número de partidos en lugar de reducirlo: bajar el requisito para la inscripción de un partido a solo 1% de los que votaron en la elección anterior. El proyecto del Congreso, en cambio, mantiene el 4% actual. La propuesta del Ejecutivo responde a la idea de que hay que facilitar la renovación y la competencia dentro del sistema facilitando la entrada, pero haciendo más difícil la permanencia, obligando a participar en todas las elecciones en todos los niveles y a realizar elecciones internas primarias y universales organizadas por los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) en las cuales participen el 50% de los afiliados como mínimo. Y estableciendo una valla más alta para las alianzas (2% para cada aliado en lugar del 1% del proyecto del Congreso). De esta manera se controlaría, en teoría, el número de partidos, pues muchos no sobrevivirían.

Es cierto que mantener una valla alta para la inscripción se convierte en una protección oligopólica para los partidos inscritos si es que estos funcionan como argollas cerradas y carecen de canales de participación y movilidad interna. En ese sentido, habría razón en bajar la barrera de entrada al 1% de los electores. Pero si hay mecanismos que ayudan a que los partidos sean estructuras abiertas y convocantes, una barrera de entrada tan baja no se justifica (un líder político con ambiciones debería poder entrar fácilmente a un partido y disputar las posiciones que desee, sin necesidad de fundar su propia organización). ¿Existen esos mecanismos? Transparencia propone elecciones primarias abiertas (en las que pueda participar cualquier ciudadano) organizadas por los organismos electorales, para escoger a los candidatos a lo que fuera. El proyecto del Ejecutivo considera elecciones primarias abiertas o cerradas también organizadas por los organismos electorales. Que sean los organismos electorales los que organizan, da garantías a quien quiera ingresar a un partido. El proyecto del Congreso, en cambio, no da estas garantías porque mantiene como opción la elección por delegados y como voluntaria la organización de las elecciones internas por los organismos electorales. Allí sí se justificaría una barrera de ingreso más baja. De otro lado, una barrera de ingreso baja puede estimular a un líder ambicioso a formar su propio partido aun si las organizaciones políticas fuesen abiertas y convocantes, con lo que no hacemos sino socavar la consolidación de los partidos vigentes y perpetuar la fragmentación partidaria.

Lo que parecen tener en común ambos proyectos es un exceso de reglamentarismo. ¿Tiene sentido exigir un número dado de comités físicos en la era de los grupos de chat, por ejemplo?

¿Bicameralidad o dos tipos de distritos electorales?

Resta el asunto de la bicameralidad. El Ejecutivo la propone y en el Congreso parece estar gestándose la idea, pues ya ha sido lanzada por varios integrantes de Fuerza Popular, comenzando por Kenji Fujimori. La existencia de dos cámaras es sin duda importante para poder revisar decisiones eventualmente impulsivas o populistas de la cámara baja, entendiendo que un Congreso unicameral se comporta como una cámara de diputados sin posibilidad de revisión de sus resoluciones. Además de enriquecer las perspectivas al combinar los puntos de vista locales o regionales con el nacional del Senado si es que este es elegido en distrito único

En realidad, la necesidad de dos cámaras en el Perú disminuiría si es que se elevara el número de votos que se requiere para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en la actualidad es de solo la mitad del número legal de miembros más uno, cuando en la mayor parte de países se requiere los tres cuartos o los dos tercios del número legal de votos. Lo que sí es cierto es que, sea en un sistema bicameral o unicameral, sería bueno tener congresistas elegidos en distritos pequeños y un número menor –los senadores o una parte del Congreso unicameral- elegidos en macro regiones o en distrito nacional, para balancear los intereses y las perspectivas.

En resumen, en cuanto a prevenir financiamientos delictuosos, aunque deba pulir excesos draconianos, el proyecto del Ejecutivo es más eficiente que el del Congreso, pero, a diferencia de este, mantiene los movimientos locales y provinciales, fuente de corrupción y de fragmentación política. En cuanto a procurar un sistema de menos partidos más estables, no es claro que una barrera baja de entrada, que alienta la renovación pero también la multiplicación de los partidos, se compense plenamente con los mayores requisitos para la permanencia y con los mecanismos de apertura y participación propuestos. Y si lo que queremos es menos partidos y efectivos canales de representación y participación, los distritos electorales plurinominales en lugar de uni o binominales no son el camino adecuado.

Hace falta todavía mucho debate honesto para lograr un diseño del sistema electoral y político que ayude a mejorar la calidad de nuestra democracia. Lampadia 

Francia acaba de dar una gran lección de compromiso cívico y responsabilidad política, con la exitosa creación de Macron, como un candidato fresco, para evitar que Francia caiga en manos del radicalismo anti europeísta, anti globalización y anti migración de Le Pen, que hubiera desquiciado la vida de los franceses y la política global.

Como puede apreciarse del artículo del Foreign Policy, que presentamos líneas abajo, Macron es un producto hecho a la medida para representar un cierto mensaje de renovación, un cambio de las caras tradicionales de la política francesa y una alternativa menos dramática que la presentada por el Frente Nacional de Le Pen.

Para ello, la clase política francesa sacrificó a líderes importantes y hasta partidos tradicionales, y están probablemente, prontos a colocar como presidente a un globalista gradualista con ropaje revolucionario, que despierta un buen nivel de entusiasmo.

“Sin importar lo que uno piense del establishment centrista de Francia, hay que reconocer que tomaron en serio la amenaza del populismo. Tan en serio, de hecho, que echaron a un presidente, crearon un partido totalmente ficticio y pusieron como líder a un telegénico desconocido de 39 años, cuya característica biográfica es que se casó con su profesora de francés de escuela secundaria. La idea era dar un brillo revolucionario a una plataforma centrista, y, salvo una catástrofe imprevista en la segunda vuelta, parece haber funcionado”. Christopher Glazek, Foreign Policy

También hay que destacar el enfoque de Macron para combatir al nacionalismo: Al ‘nacionalismo’ hay que contraponer el ‘patriotismo’.

“Desechemos las etiquetas que conocemos. Emmanuel Macron ha roto el molde de la política francesa. El líder de En Marche! dice que su segunda ronda de contienda presidencial con Marine Le Pen del Frente Nacional presenta una elección entre el patriotismo y el nacionalismo. Está en lo correcto. Esta visión debería resonar mucho más allá de Francia. Ahora, la línea divisoria en las democracias ricas se encuentra entre patriotas y nacionalistas”. Philip Stephens, Financial Times

Qué diferencia con el Perú, que en las elecciones del 2011, después de haber tenido una década de realizaciones extraordinarias, no fue capaz de cohesionar a las fuerzas políticas contrarias al radicalismo nacionalista y negacionista de Ollanta Humala, que junto con las izquierdas tradicionales, convocadas por Siomi Lerner, vio facilitada su victoria.

En el Perú de entonces, primó la división de fuerzas, especialmente entre el fujimorismo y el pepekaísmo primitivo, que en la segunda vuelta ocuparon inútilmente la misma tarima. Además, por supuesto, prevalecieron los prejuicios, las segundas derivadas políticas y el odio irresponsable, atizado por Mario Vargas Llosa y buena parte del establishment peruano.

Así le entregamos el país a un grupo de improvisados, con una ideología filo-velasquista anti economía de mercado, que cortó en seco el proceso de crecimiento virtuoso que en pocos años nos había llevado de ser un ‘Estado Fallido’ a la encarnación de una estrella internacional.

La posterior morigeración de las políticas del nacionalismo, no pudieron ya superar los puntos de inflexión en crecimiento, reducción de la pobreza y desigualdad, y la caída de la inversión privada, el gran motor que cambió el país.

Lamentablemente, en la siguiente elección del 2016, seguimos dividiendo fuerzas y perdiendo la oportunidad de establecer un liderazgo iluminado que nos permitiera reevaluar, popularmente, la dirección de las políticas públicas equívocas del falso nacionalismo anti inversión privada, incluyendo, especialmente, la inversión minera, que tiene esa tremenda capacidad de multiplicar sus impactos en el resto de la economía.

¡Gran lección de los franceses que ojalá sepamos aquilatar! Lampadia

Emmanuel Macron es todo lo que no son los demócratas de EEUU

El improbable ganador de la primera vuelta y ahora posible presidente de Francia, demuestra que el problema con el liberalismo no el mensaje, es el mensajero

Christopher Glazek
Foreign Policy
25 de abril, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Sin importar lo que uno piense del establishment centrista de Francia, hay que reconocer que tomaron en serio la amenaza del populismo. Tan en serio, de hecho, que echaron a un presidente, crearon un partido totalmente ficticio y pusieron como líder a un telegénico desconocido de 39 años, cuya característica biográfica es que se casó con su profesora de francés de escuela secundaria. La idea era dar un brillo revolucionario a una plataforma centrista, y, salvo una catástrofe imprevista en la segunda vuelta, parece haber funcionado.

Emmanuel Macron, un don nadie globalista, está posicionado para convertirse en el próximo presidente de Francia y, tal vez, incluso el próximo líder interino del mundo libre, por lo menos hasta que juramente un nuevo presidente estadounidense.

El éxito de Macron plantea la cuestión de si los regímenes de centro-izquierda se están hundiendo bajo el peso de una plataforma impopular o si simplemente es culpa de líderes impopulares. Si bien muchos votantes en varios países favorecen indudablemente el retirarse de instituciones globales como la OTAN y la Unión Europea, no está claro si estas opiniones realmente tienen una mayoría en algún país, quizás ni siquiera en el Reino Unido, donde múltiples encuestas indican que la mayoría de los votantes, frente al debilitamiento de la libra, desearía que el Brexit hubiera fallado.

En Francia, el condenado Partido Socialista del presidente François Hollande y su ex primer ministro Manuel Valls, en vez de aferrarse a la vanidad y sufrir una derrota en  manos de Marine Le Pen, concluyeron que el fascismo podría detenerse pero sólo a través de acciones drásticas: desmantelar el sistema de partidos, suicidarse como clase dominante y apoyar efectivamente a un portavoz más joven con una gran cabellera.

Recientemente, el New York Times calificó a Macron como alguien con el “perfil” de un “insider”, pero las “políticas” de un “outsider”. La verdad está más cerca a lo opuesto. Macron se posicionó con éxito como un outsider, y a la vez impulsó una agenda que difiere poco de su predecesor. Lo más impresionante es que Macron logró co-optar la retórica milenarista y apocalíptica de sus oponentes en la extrema derecha y la extrema izquierda. En su discurso de victoria después de la primera ronda, Macron habló de “cambiar el rostro” de Francia y aplastar “el sistema que fue incapaz de lidiar con los problemas de nuestro país por más de 30 años”. Le dijo a sus partidarios que eran “una imagen renovada”, e identificó el principal “desafío” para Francia como “dar vuelta a la página de nuestra vida política”. Macron adoptó una plataforma gradualista  (aflojando las restricciones del mercado de trabajo, aumentando el gasto público y reforzando la UE), pero adoptó un espíritu revolucionario.

¡Las publicaciones de habla inglesa suelen traducir En Marche! (el nombre de la coalición centrista de Macron), como “Adelante”, pero “adelante” no logra transmitir el escatológico y explosivo sonido del nombre. “En Marche” no significa simplemente “adelante” – un eslogan que podría sugerir la continuidad con el régimen anterior – es  algo más cercano a “encendido” o “en marcha”. No es que Macron haya engañado a los votantes para que piensen que es un lanzador de bombas – saben perfectamente que está impulsando una agenda neoliberal. Macron podría no sonar totalmente creíble cuando llama a romper el sistema, pero los votantes con hambre de cambio todavía aprecian la sensación de ser el público objetivo. La autenticidad no es lo único recompensado en la política; también lo es el esfuerzo.

Cuán exitoso pueda ser el gambito de Macron no estará claro hasta después de las elecciones parlamentarias de junio, cuando En Marche! esté ocupado tratando de llenar un partido imaginario de candidatos elegibles. El objetivo más importante de Macron, sin embargo, ya se ha logrado. Si creemos lo que dicen las encuestas (y deberíamos) es probable que ni el fascismo, ni el thatcherismo, ni el hologramaismo comunero lleguen al Palacio del Elíseo.

Es difícil no hacer una comparación desfavorable entre la estrategia de centroizquierda en Francia y la estrategia de centroizquierda en Estados Unidos, donde los líderes del Partido Demócrata están cayendo, aparentemente sin estar dispuestos a contemplar un duro cambio de líderes. Los partidarios del Partido Demócrata (EEUU) están llenos de energía, pero los líderes del partido, que siguen siendo impopulares y parecen estar teniendo dificultades para capitalizar ese entusiasmo.

Trump ha tenido unos miserables primeros 100 días en el cargo, con innumerables controversias y sin logros importantes. Sin embargo, algunos analistas dicen que sus calificaciones de aprobación (alrededor de 40%), son consistentes con la estrecha reelección. El Partido Republicano, que controla todo el gobierno federal y la mayoría de las palancas de poder en los estados, es profundamente impopular, pero el Partido Demócrata, que no controla nada, es aún menos popular, según algunas encuestas. La ironía es que la plataforma del Partido Demócrata en cuestiones como la atención de la salud, la educación y la inmigración es tan popular -y tan progresiva- como siempre lo ha sido.

Hay muchas razones por las que los demócratas tuvieron una mala presentación en 2016, pero una razón importante es que estaban representados por líderes septuagenarios que habían sido heridos, durante un período de décadas, por miles de millones de dólares de publicidad negativa. Justo o injusto, esos anuncios los golpearon. Hillary Clinton, Harry Reid y Nancy Pelosi siguen siendo figuras históricamente impopulares.

El éxito de Macron sugiere una movida obvia. Cuando los líderes son impopulares, consigue otros.

Macron, a quien Le Pen llama el “bebé” de Hollande, y que sirvió como su ministro de Economía, está en camino de reemplazar a su antiguo jefe.

El globalismo de centro-izquierda, sin embargo, es una ideología coherente con un mensaje razonablemente popular. Ha tenido algunas superestrellas políticas (como Barack Obama y Tony Blair) y algunos políticos impopulares (como Hollande, Al Gore y Gordon Brown). Irónicamente, dada la reputación de los globalistas por el pragmatismo, la mayoría de los líderes globalistas que se vuelven impopulares están reacios a tomar el paso pragmático de abandonar el cargo al servicio de su ideología.

Esto es un error, particularmente cuando se enfrentan adversarios como el Kremlin o el Partido Republicano, que ha centrado sus estrategias electorales en la política de destrucción personal. Aunque los republicanos de Estados Unidos han ganado el voto popular sólo una vez en los últimos 25 años en una contienda presidencial, su desempeño ha sido extraordinario cuando se considera que nunca han perseguido una agenda que recibiera el apoyo de la mayoría de los votantes. Los demócratas se quejan de los trucos sucios y los ataques injustos, pero en lugar de litigar la verdad ante la corte de la opinión popular, que resulta no ser un tribunal en absoluto, harían mejor para entregar las cabezas de los líderes republicanos y traer nuevos líderes con un mejor historial. Lampadia

Las izquierdas defienden con las uñas el regalo que PPK les dio el 11 de abril pasado, un día después de las elecciones, en que decidió (equivocadamente) gobernar cerca de ellos y lejos del fujimorismo.

Fuente:  El Molino Rojo – Piet Mondrian

Es evidente que esta alianza implícita es inconducente a un gobierno exitoso. Más allá de las ‘ideas muertas’ que profesan, que no aportan nada positivo, la respuesta de las izquierdas ha sido exacerbar las contradicciones (técnica marxista),  agudizando los conflictos sociales que han, prácticamente, parado las grandes inversiones privadas ante la lenidad del gobierno. Tanto en las inversiones vinculadas a los recursos naturales, como en el ‘pet project’ de PPK de los ‘7 millones de turistas’ y la paz social en Lima con Santos (libre) conduciendo la asonada de Puente Piedra. 

Hace pocos días, Carlos Contreras, historiador y profesor de la PUCP, escribió en El Comercio, “Los ‘antis’ en nuestra historia política”. Contreras nos dijo:

Los ‘antis’ en nuestra historia política (glosado)

Después de las elecciones del 2011, Keiko Fujimori trabajó por disminuir el rechazo que el fujimorismo despertaba en amplios sectores de la población electoral, sobre todo la juvenil, que no había vivido la experiencia de los años noventa.

Por un momento pareció una estrategia adecuada para sus intereses, pero pronto descubrió que a medida que acrecían sus posibilidades de triunfo en las elecciones del año pasado, despertaba simultáneamente el fantasma que había querido evitar y que ya le había arrebatado una posible victoria en el pasado: el antifujimorismo.

Quizás el primer movimiento ‘anti’ nacional sea el que despertó Simón Bolívar en su relativamente breve paso por el Perú. [Luego Contreras describe los antis que se dieron con el Partido Civil de Manuel Prado, con el pierolismo, aprismo, comunismo, velasquismo, fujimorismo, humalismo y nuevamente el antifujimorismo]. 

En cierta forma, el fujimorismo es una identidad robusta y extendida en el país por la misma tenacidad con que es combatido. La fuerza de esta oposición es la que lo nutre y sostiene. Titulares cotidianos contrarios en la prensa, caricaturistas y columnistas atacando a sus dirigentes y ridiculizando sus afirmaciones, o discursos y gestos de desafecto en las pantallas, tanto lo dañan cuanto lo vigorizan; a la vez que una mayor intención de voto por el fujimorismo traerá más antifujimorismo, dentro y fuera del Perú.

El Perú es un país de grandes fracturas, pero dada la fuerte carga de violencia que conllevan, cabría preguntarse si los movimientos ‘antis’ son la mejor dinámica política para una comunidad nacional.

Efectivamente, en las últimas elecciones hubo un ensañamiento del establisment contra Keiko Fujimori. Se produjo una clara ruptura social y política en la que las clases populares favorecían a Fuerza Popular y el establishment lo denostaba. Esto continua hasta estos días, lo que podemos constatar en la última encuesta de Ipsos, en la que los niveles socio económicos A y B muestran una aprobación de PPK del orden de 60%, y los de C, D y E, del orden de 40%.

Fuente: IPSOS

Pero el Perú no es su establishment. Este no puede refugiarse en Versallles y desconocer la revolución francesa, pues tarde o temprano, perderá todo atractivo e influencia en las clases populares.

Veamos algunos comentarios de personajes de la izquierda, que llegan a extremos de querer desconocer la presencia política de Fuerza Popular en el país:

Luis Pásara, en entrevista [glosada] de Maritza Espinoza, en La República (1 de enero de 2017), que le abre las puertas a los ex senderistas, pero se las cierra al fujimorismo. Veamos:

¿Cicatrizará la herida dejada por Sendero y la guerra interna?

Esta es una herida muy fresca y que está lejos de la cicatrización. Dos de los conversadores del libro han afrontado el tema con claridad: mantener como apestados a quienes estuvieron en Sendero y el MRTA –y tuvieron o no condena por eso–, es insostenible en una democracia. Que no se les dé trabajo, que no se les admita en política, que se les arrincone hasta que mueran… ¿Se les preferiría de regreso en la lucha armada? No solo es un asunto de humanidad, sino de cálculo político.

Entonces, ¿qué debe pasar para que esa herida cicatrice?

Tenemos que aceptar que son peruanos, como los demás, y que, cancelada la lucha armada que tanto daño hizo, tenemos que convivir con ellos. Pero de eso estamos lejos, en parte porque los políticos y medios de comunicación creen sacar provecho, una vez más, de la tarea de enfrentar a los peruanos, unos contra otros.

¿Cómo ve el presente político del Perú, con un Presidente debilitado frente al poder parlamentario del fujimorismo?

La condición “debilitada” del Presidente no viene del resultado electoral, que le fue favorable, sino que la está construyendo el propio PPK. Su decisión de no hacer cuestión de confianza de la censura al ministro con mayor reconocimiento por su tarea en la reforma educativa es un error político de larga duración. “Diálogo y no confrontación” con quienes solo buscan debilitarlo para declarar su vacancia o verlo llegar con las justas a las elecciones de 2021 y hacerse del poder, es una apuesta equivocada. Veremos cuánto tarda en llegar la siguiente censura a un ministro. Con el recurso constitucional que tiene PPK en su manos –y no tuvo Fernando Belaunde en su primer gobierno frente a una oposición semejante–, no se entiende por qué ha optado por el camino del debilitamiento que terminará en la esterilidad de su gobierno.

Alberto Adrianzén en entrevista [glosada] de Paco Moreno del Diario UNO (16 de diciembre, 2016).

—Usted que conoce los peligros del fujimorismo, ¿cómo cree que el gobierno debe actuar ante el fujimorismo?

—Yo creo que el gobierno debe congregar a todos los sectores no fujimoristas y hacer un acuerdo entre ellos para defender la democracia y la estabilidad del país. Una cosa es que el gobierno se defienda solo, además en un gobierno débil con una bancada semidividida, y otra que haya una alianza, una coalición de fuerzas que de alguna manera se expresó en el Congreso y así se puede enfrentar al fujimorismo.

MUCHO CUIDADO

—¿Y es muy peligroso el avance del fujimorismo?

—Claro que sí, por todo lo que significa. Yo creo que Keiko cree que la única forma de ganar en el 2021 es asegurándose el control de las instituciones, por ejemplo, para que no la sigan investigando. Quiere copar todas las instituciones que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Además, creo que ella quiere marginalizar al sector antifujimorista que está en el gobierno y también que está fuera del gobierno. Bueno, el antifujimorismo es más fuerte en la sociedad. Se ha demostrado ya, en las elecciones pasadas, que las corrientes antifujimoristas decidieron la suerte de Keiko Fujimori. Lo que se viene es que el fujimorismo tratará de separar del gobierno al sector antifujimorista y golpear a los sectores sociales y políticos que nada quieren con Keiko.

—¿Cuál cree que es la lógica de Keiko?

—Ella sabe pierde el 2016 por su antivoto. Ella tiene que bajar ese antivoto, porque no puede llegar al 2021 con el mismo escenario porque pierde otra vez, entonces ella está haciendo todo lo posible para los que están contra ella no tengan poder.

—¿Cuál es su opinión acerca de la protesta ciudadana contra el copamiento fujimorista, integrada principalmente por los jóvenes?

—Me parece fundamental. Me parece que es acaso lo más avanzado que hay en este país. Lo que pasa es que es un segmento que no tiene representación política. Si uno mira el panorama regional han sido los jóvenes los motores del cambio. Hasta en China. En Brasil, en Argentina, el movimiento de los jóvenes ha sido muy importante. Los jóvenes se han convertido en un motor de cambio y está muy bien su reacción ante la arremetida de los fujimoristas.

(…) Sería bueno que ellos tengan una representación política porque pueden significar el cambio de la política.

Esta situación de ensañamiento es mala a todas luces. Ojalá que PPK y su partido sepan aquilatar las contradicciones entre un país necesitado de convergencia constructiva y las malas artes de sus halcones y de los ubicuos operadores políticos de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Lampadia  

EDITORIAL DE LAMPADIA

Es lamentable que el gobierno de PPK tenga que enfrentar, tan temprano en su administración, una serie de procesos críticos que le están haciendo perder iniciativa en los más importantes cometidos del gobierno, como son las reformas del aparato estatal y el impulso al crecimiento de la economía.

El affaire de los asesores Moreno, Villacorta y Labán ha generado muchas especulaciones y desasosiego. A esto se suman los acontecimientos en Las Bambas, la pésima actuación del Ministro del Interior, las pujas y zancadillas que están desintegrando la bancada del gobierno y las tardías reacciones del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. De alguna manera, se ha producido una suerte de intempestiva ‘gloria interruptio’.

Fuente: crimina.es

El ambiente generado alrededor de estos acontecimientos no permite que se perciba a un gobierno que avanza con tesón en pos de sus metas. Ya se empiezan a sentir muchas dudas sobre si se podrá generar un nuevo impulso que convoque el entusiasmo del conjunto del país.

A estas alturas nos parece que sin un cambio de ritmo y de instrumentos, será difícil tocar las notas del entusiasmo y esfuerzo convergente. El gobierno ya agotó su período de gracia y es muy difícil que su bancada congresal se recomponga.

Necesitamos urgentemente un escenario ganador.
¿Cómo podemos construirlo?

Fuente: 4.bp.blogspot.com

Después de cavilar y conversar con amigos de la casa hemos llegado a las siguientes conclusiones, que queremos compartir con nuestros lectores y rogar a los Dioses que iluminen a los actores de la política peruana, en cuyas manos estaría la posibilidad de plasmarlas en acciones de gobierno:

• Solo seis meses atrás (10 de abril), los electores optaron por respaldar con su voto las opciones electorales pro-mercado, representadas por los partidos de Fuerza Popular, PPK y otros menores (hasta en un 80%).
• Por diversas circunstancias que no es menester analizar ahora, estas fuerzas, en vez de converger, divergieron y compitieron entre sí ferozmente.
• Finalmente se instaló el gobierno de PPK en el Ejecutivo y Fuerza Popular tomó el control del Legislativo.
• Había mucho temor sobre la relación de ambos poderes, sin embargo, tanto en el place al nuevo gabinete presidido por Fernando Zavala, como en la aprobación de facultades legislativas para el ejecutivo, Fuerza Popular ha demostrado una clara capacidad de sobreponerse a los imperios de la política partidaria y optar por privilegiar la política de gobierno.
• Como hemos explicado, la coyuntura política siembra muchas dudas sobre si la estructura actual de gobierno podrá estar a la altura de las imperiosas necesidades de conducir las reformas reclamadas por la sociedad y el indispensable reinicio de un alto crecimiento de la economía.
• Todo esto lleva a plantear un nuevo escenario político que haga viable el logro de las metas de gobierno: ‘Una Alianza por el Bicentenario para la Gobernanza y la Prosperidad’ entre el partido de PPK y Fuerza Popular.
• Esta alianza representaría a la gran mayoría de la población, crearía un ambiente de armonía y permitiría que el gobierno y la sociedad nos enfoquemos en la construcción del Perú con el que queremos llegar al Bicentenario Patrio.

Desde acá convocamos la ‘Alianza por el Bicentenario para la Gobernanza y la Prosperidad’ inspirados en las palabras de don Nicolás de Piérola antes del primer centenario de la República: “Nuestros padres nos hicieron libres, nos toca a nosotros hacernos grandes”. Pues sí: ¡Este es un momento de grandeza, no podemos volver a fallar!

Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

Algunos  estudiosos de los temas del Estado llegan a afirmar que la descentralización ha sido un fracaso. Evidentemente, este importante proceso adolece de muchas deficiencias, pero debemos entenderlo como irreversible y, por lo tanto, apuntar a su perfeccionamiento.

Si vemos  la descentralización desde una perspectiva económica es muy claro que hemos sido exitosos, pues nuestra economía se ha descentralizado de manera muy importante. Esto se aprecia en la evolución de las inversiones, la generación de empleo y el aumento de los ingresos. En los tres aspectos, los mayores avances se dieron en las regiones, dado el regreso de la inversión privada al campo, la minería, energía, pesca y turismo, entre otros, un proceso de carácter estructural.

Desde una perspectiva política, la descentralización del Estado, se han trasladado a las regiones la mayoría de las funciones estatales así como gran parte de sus presupuestos de operación e inversión. Sin embargo, tenemos dos grandes debilidades: la falta de una estructura nacional y la debilidad de los procesos de gestión de los gobiernos sub nacionales, donde lamentablemente se han generado niveles muy altos de corrupción.

Otro problema, muy importante, es que no hemos logrado que las autoridades sub nacionales asuman la representación explícita del Estado en las funciones que les corresponden, ni que la población las vea como el Estado, ya que aún, ante cualquier crisis reclama la presencia del Estado (Central), ignorando a los gobiernos sub nacionales.

Líneas abajo, presentamos el análisis y propuestas de reformas desarrollado por Jaime de Althaus. Ver otras propuestas de reformas institucionales en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.   

Fuente: revistaideele

Las reformas de la descentralización

En la campaña electoral casi no se tocó el tema de la necesaria reforma de la descentralización, ni tampoco aparece como tal en los planes de gobierno propuestos, acaso por temor a que fuera políticamente contraproducente o, lo que sería aun más preocupante, por falta de conocimiento o conciencia del problema.

El hecho es que la descentralización en el Perú fue muy mal diseñada y ejecutada. Nació sin planificación, como un impulso político. Los primeros presidentes regionales fueron elegidos y estuvieron cinco meses en funciones antes de que se supiera qué funciones tenían porque no se había aprobado la Ley Orgánica de Regiones. En la mencionada ley Orgánica y en la Ley de Bases de la Descentralización se les transfirió a los gobiernos regionales prácticamente todas las funciones del Estado salvo las intransferibles como Economía, Defensa y Seguridad, pero al mismo tiempo se constituyeron sobre departamentos y no sobre regiones propiamente dichas, de modo que la mayor parte de ellos carecían y siguen careciendo de una masa crítica profesional suficiente para hacerse cargo de todas las funciones transferidas.

Para remate, el proceso de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones fue prácticamente suprimido a partir del 2006 cuando Alan García decidió transferir todas las funciones de golpe y porrazo, acaso para desentenderse de las responsabilidades respectivas. Eso significa que las regiones y gobiernos locales se hicieron de muchas funciones sin tener ni las capacidades ni los recursos. Por lo tanto, la calidad de los servicios públicos decayó sensiblemente.

No solo eso. En muchos casos no quedó claro qué competencias correspondían a qué nivel de gobierno. Al gobierno central se le acordó la función rectora, normativa y supervisora, sin mayores precisiones, pero fuera de eso las competencias al interior de una función no quedaron claramente delimitadas a lo largo del proceso de producción de un bien o servicio, y entonces se superponen y no se sabe bien qué nivel de gobierno es responsable de qué.

Pero el aspecto más preocupante es que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales. El país se feudalizó. El gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera  asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno sub nacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República, Estudio Rol rector y sancionador Poder Ejecutivo.

Por último, se les transfirió a los gobiernos regionales y locales la mayor parte de la inversión pública. De esa manera los gobiernos sub nacionales pasaron de ejecutar menos del 5%  de la inversión pública en 1990, cuando solo existían gobiernos locales,  a ejecutar entre el 60 y 70% en la última década. Dentro de eso, los gobiernos locales desarrollan alrededor del 40% de la obra pública y los regionales entre el 20 y el 30%. Una verdadera descentralización del Estado, con el problema de que dichos gobiernos carecían de una administración moderna y profesional y más bien se organizaban en función de relaciones  patrimonialistas. El resultado fue bajos niveles de ejecución, atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. En el siguiente cuadro podemos ver como el 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales (MD) se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

Según el informe de la Contraloría arriba citado, entre los años 2009 y 2014, el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros sectores no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución  de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes,  resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.

Uno se pregunta en qué se va el dinero. Según el informe, la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de Viabilidad por parte del SNIP,  no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

Pero la respuesta principal es la corrupción. Sobre todo a raíz de canon minero, una parte significativa de gobiernos regionales y locales tuvieron muchos recursos durante los años del boom minero. Eso, sumado a la cantidad de funciones transferidas que otorgaban capacidades discrecionales a los funcionarios, muchas veces sin la institución de la segunda instancia, convirtió a muchos gobiernos sub nacionales en botines presupuestales presa de aventureros políticos que no pertenecían a partido político alguno. Es decir, este proceso de desmembración administrativa se dio en el marco de un proceso de fragmentación política extrema en el que el sistema de partidos había estallado en mil pedazos. 

Dichas autoridades no solo carecían del control de un partido político nacional, sino que tampoco tenían el control fiscalizador de ciudadanos contribuyentes, pues, de un lado, los gobiernos regionales se financian exclusivamente de transferencias del gobierno central y no de recaudación propia, y, de otro, los gobiernos locales, si bien cobran impuesto predial y arbitrios, son relativamente pocos los vecinos que pagan. Sólo el 30% de los ingresos de las municipalidades en el Perú proceden de ingresos propios. Lo que esto significa es que no hay una masa crítica de ciudadanos contribuyentes que exija resultados.

Lo que tenemos, en suma, son gobiernos sub nacionales patrimonialistas con autonomía política pero sin responsabilidad económica y sin obligaciones de desempeño demandadas ni por el gobierno central ni por partidos políticos inexistentes ni por una muy pequeña base de ciudadanos contribuyentes. Gestiones patrimonialistas con diversos grados de corrupción que tienden a desarrollar relaciones clientelistas con la población.

Por lo tanto, la forma de resolver estos problemas es con un conjunto de reformas:

1. Reforma política orientada a reconstruir el sistema de partidos (ver Lampadia Empecemos a debatir la Reforma Política)
2. Análisis técnico de la mejor distribución y delimitación de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno según la parte del proceso que mejor puede hacer cada nivel (matrices).
3. Crear para todos los casos el recurso de una segunda instancia con desincentivos monetarios que eviten su abuso, estableciendo que cuando se ratifiquen las decisiones de la primera instancia, el reclamante deba asumir un costo adecuado.
4. Nuevo proceso de acreditación de las capacidades de las regiones y municipalidades para hacerse cargo de las funciones y competencias redelimitadas. Identificar los déficit de capacitación y capacidades profesionales para desarrollar planes de capacitación y contratación o traslado de funcionarios desde el nivel central.
5. Introducir la reforma del servicio civil en todos los gobiernos regionales y en las principales municipalidades. Es decir, profesionalizar las administraciones. Esta medida sí es mencionada en el plan de Fuerza Popular.
6. Profundizar el programa de incentivos del Ministerio de Economía para que los gobiernos locales incrementen su recaudación.
7. En el futuro, cuando las medidas planteadas hayan tenido efecto generando una gestión de calidad y los controles y reportes necesarios para evitar los niveles actuales de corrupción, deberá contemplarse el descentralizar el impuesto a la renta a los gobiernos regionales, que logren su acreditación para tal efecto.
8. Establecer mecanismos para fortalecer la capacidad rectora de los ministerios:
   1. Comisiones sectoriales intergubernamentales. PPK propone crear un Consejo de Coordinación Intergubernamental, adscrito al Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) encargado de fijar una agenda de reforma del Estado a escala regional y local
   2. Convenios de gestión
   3. Presupuestos por resultados
   4. Construir sistemas de información para medir brechas y resultados. Base de datos única y compartida.
   5. Fuerza Popular plantea condicionar las transferencias a los gobiernos sub nacionales a la reducción de brechas.
   6. Reformar el SNIP y la inversión pública. PPK propone  la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión tendrá un banco de pre-proyectos, realizará los estudios, priorizará los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal y los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales.  Fuerza Popular propone un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes. Prestarán asistencia técnica a las entidades del Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos.
9. Fortalecer la capacidad sancionadora del gobierno central en el caso de incumplimiento de políticas y normas sectoriales, incluyendo la pérdida de ciertas capacidades, como el eventual control sobre la recaudación del impuesto a la renta.   
10. Establecer formas de intervención temporal en el caso de que un gobierno sub nacional desatienda un servicio básico o incumpla una política.
11. Trasladar las Oficinas de Control Interno de los gobiernos sub nacionales a la Contraloría, en lo que se refiere a su dependencia administrativa. Esto lo propone Fuerza Popular.
12. Establecer mecanismos e incentivos para avanzar hacia la integración de regiones en regiones propiamente dichas. Al respecto, PPK propone incentivar la conformación de “mancomunidades” y Fuerza Popular la firma de “contratos plan” pluriregionales.
13. Reforma del canon. PPK propone beneficiar a las comunidades aledañas a los proyectos sin afectar la distribución del canon a las regiones.

Como vemos, los planes de gobierno de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular recogen algunos pocos de estos puntos y ponen énfasis sobre todo en nuevas estructuras de apoyo y mejora de la gestión de los servicios y la inversión regional y local. Pero eso, con ser interesante, es insuficiente. Aquí se necesita un conjunto coherente de reformas, una estructura que permita el balance entre un gobierno unitario, descentralizado, y una oficina central capaz de monitorearlas.

Una falla que afecta la calidad de la gobernanza del país es la fragmentación que muchas veces se produce entre el gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, los vínculos entre el Estado y los empresarios en el sentido amplio, son más o menos cercanos en función de la visión ideológica del gobernante, o lo que es peor, en función de relaciones personales. Estas relaciones podrían institucionalizarse a nivel regional, mediante el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional, que debe ponerse en práctica obligatoriamente y debe incrementar la participación de los representantes de los gremios empresariales, universidades y otras instituciones representativas de la sociedad civil de cada región. Lampadia

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

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