MIENTRAS SUCEDE
Milagros Leiva
Para Lampadia

Ha contado el almirante Jorge Moscoso que fue en el Consejo de Ministros de aquel funesto 30 de setiembre del 2019 que el ex presidente Martin Vizcarra comentaba preocupado la crisis política y comentaba que el Congreso quería vacarlo. Moscoso levantó cinco veces la mano para opinar que se debía encontrar una salida a la crisis, que el choque de trenes era lo último que debía buscarse. El gobernante nunca le dio la palabra.

Ni bien vio salir a Vizcarra con cara de pocos amigos a dar el mensaje a la Nación el almirante comenzó a escribir su carta de renuncia. No lo dudó. Moscoso solo tenía tres meses como Ministro de Defensa, pero antes ya había logrado ser el Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y no podía traicionar su juramento. Lo que Vizcarra hizo al disolver un parlamento con la excusa de la “denegación fáctica” no era propio de un demócrata y no pensaba avalarlo. Por supuesto jamás se tomó una foto con el mandatario en ese día de espanto para la democracia, ni siquiera de “despedida”. Antes de marcharse a casa miró a los ojos de los Comandantes Generales de todas las armadas en el piso 12 del ministerio de Defensa, les dijo que había renunciado y que el presidente los convocaba a Palacio. Les aconsejó que preguntaran bien a sus conciencias si avalaban esa disolución, que meditaran su decisión y se retiró.

El desconcierto en el Perú era total. Moscoso y todos los peruanos verían después la foto de Martin Vizcarra junto a la cúpula del comando conjunto de las fuerzas Armadas. Allí estaba sentado muy tranquilo después de disolver el parlamento, protegido por los generales César Astudillo, Jorge Celis, José Luis Lavalle, Rodolfo García Esquerre, José Luis Lavalle y el almirante Fernando Cerdán. Cuenta la historia que esa foto fue tomada casi por inercia por un felpudo funcionario de Palacio y que los generales jamás imaginaron que segundos después la estarían viendo en televisión. La historia también cuenta que cuando la vicepresidenta Mercedes Araoz atrincherada en el Congreso vio la foto publicada en el twitter de la Presidencia entendió que todo estaba perdido para quienes interpretaban que lo hecho por Vizcarra era inconstitucional. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas es imposible gobernar.

Hace unos días el general en retiro Rodolfo García Esquerre protagonista de esta fotografía y quien entonces era el número uno de la FAP me contó que en esos minutos de crisis todos los generales y almirantes conversaron y decidieron dar el respaldo. Que todo sucedió muy rápido y que en efecto fueron fotografiados al vuelo. ¿Fueron usados para el golpe final? La respuesta se escribe sola. ¿Qué habría pasado si ellos al igual que el almirante Moscoso le hubieran dicho NO a Vizcarra? Esta respuesta es materia de otro análisis.

Ahora regresemos al presente. ¿Han visto en estos días la foto del ministro de Defensa Walter Ayala junto a los comandantes generales? De manera insólita el hombre que jamás debió llegar a ese ministerio y que ha tratado de influir en los ascensos junto al impresentable Bruno Pacheco secretario general de la Presidencia (según narran los generales José Vizcarra y Jorge Chaparro sus pases al retiro de manera injustificada no es otra cosa que una venganza política por haberse negado a ascender a los conocidos del presidente) se tomó una foto con la cúpula militar y la tuiteó al mejor estilo de Martin Vizcarra. Estuve investigando cómo así los generales aceptaron esta fotografía después de tanto escándalo y la verdad es incómoda y pinta de cuerpo entero al ministro lechuga.

La verdad es una sola: Walter Ayala citó a los generales al piso 12 y les contó que había renunciado, se despidió, les deseó lo mejor y les pidió una última foto del recuerdo para su archivo personal. Los comandantes generales le estrecharon la mano, le desearon también lo mejor y accedieron a la foto del adiós. Jamás imaginaron que segundos después esa foto aparecería en el tuit personal de Walter Ayala. En la imagen el único que sonríe es él. Por supuesto el ministro nunca se fue y hasta hoy ninguno de los generales ha vuelto a mirarle la cara. Ayala no se atreve a convocarlos al piso 12.

Horas después a los comandantes generales les volvieron tomar una foto pero esta vez el personaje protagonista era el presidente. Convocados a Palacio fueron imaginando que el gobernante les hablaría de la salida del ministro Ayala, del alejamiento del secretario Pacheco, del escándalo que nunca debió suceder; imaginaron que el presidente les diría que de ninguna manera quiso influir en los ascensos y que todo fue un mal entendido. Nada de eso pasó. El hombre del sombrero habló de todo menos de sus camaradas venidos a menos Ayala y Pacheco. Nada de la crisis, nada de las invitaciones al retiro. Habló de Dios, de la Patria, de la familia, del Perú y por supuesto llegó el momento de la foto que minutos después obviamente estaría en un tuit de la cuenta personal del presidente. En la imagen el rostro adusto de los militares vale más que mil palabras. Pedro Castillo Terrones levanta la mano y ensaya una mueca feliz que se estrella con la realidad.

¿Hasta cuándo los militares serán usados con fotografías políticas que sirven para mantenerse “bien” en el poder? No lo sabemos, lo que sí es real es que en Ayacucho, en la presentación populista de los primeros cien días de gobierno, no solo llamó la atención la ausencia de la primera ministra Mirtha Vásquez. Los altos mandos tampoco lo acompañaron. ¿Imaginan ustedes la cara de los generales mientras Castillo anunciaba la venta del avión presidencial? ¿Imaginan ustedes que ellos asistan “felices” a tomarse fotos en Ayacucho después del tremendo golpe a la institucionalidad castrense que acaba de cometer Castillo? Imposible. Por eso no hay foto que le sirva al gobernante para bajar la temperatura. Los jefes militares son obedientes al jefe supremo que es el presidente, pero tampoco son bobos. Lo están demostrando. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de agosto de 2021
Para Lampadia

Hace poco – en Piura – con ocasión del sismo que dañó varias viviendas en Sullana, el Presidente Castillo pisó el palito de la demagogia y dijo: no le daremos ni un milímetro a la corrupción. Lo dijo en plural. A su lado estaban ministros, viceministros, directores, asesores y otros personajes recontra cuestionados – precisamente – por corruptos. Todos abanderando la lucha contra la corrupción. Todos fungiendo de santurrones como si se trataran de personas intachables.

La pregunta es: ¿alguien le cree al Presidente? ¿Acaso no es corrupción – y de la brava – todo el accionar de Perú Libre… su partido? ¿Acaso Perú Libre – repito, su partido – no es el hijo putativo de la Organización Criminal Los Dinámicos del Centro, la mafia liderada por Vladimir Cerrón, amo y señor del partido en cuestión?

Recordemos. Cuando Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República en marzo del 2018, más o menos dijo lo mismo: que la prioridad de su Gobierno sería la lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, al poco tiempo salió a la luz el perfil del Lagarto, y todo lo que vino a continuación es historia conocida.

Su oscura relación con el grotesco Richard Swing, acabó en el develamiento de una maraña delincuencial en la que estaban involucrados ministros amigos, asesores de confianza, secretarias personales, amantes saca vuelteras, tenistas aficionados, y otros personajes por el estilo. Luego aparecieron las coimas escandalosas que Vizcarra – el Lagarto – solía cobrar por lo bajo durante su gestión como Gobernador Regional de Moquegua. Y en el colmo de la desfachatez, mintió cínicamente al decir se había ofrecido como voluntario para el ensayo de la vacuna china contra la COVID 19. En síntesis… ¡un corrupto de aquellos!

Pues bien, el Presidente Castillo está repitiendo – mejor dicho, calcando – el patrón de conducta del ex Presidente Vizcarra. Por eso, Castillo no debería mencionar la palabra “corrupción”. Y menos, anunciar su compromiso de erradicarla del Estado. Es que tantas veces – tantos políticos – han ofrecido luchar contra la corrupción… y nada, que ya nadie les cree. Han perdido toda credibilidad.

Además, Castillo lleva a cuestas la pesada carga de la huelga magisterial del 2017, donde millones de niños y jóvenes escolares perdieron el año… por las puras. Y – peor aún – jamás podrá borrar de nuestra memoria la cobarde finta de tirarse al suelo para simular una agresión policial inexistente. Como se ve, estamos ante un doble filo convicto y confeso.

Por todo ello ¡que no nos vengan con cuentos! El Presidente Castillo no tiene autoridad moral para liderar la lucha contra la corrupción en nuestro país. Perú Libre es una organización criminal, plagada de coimeros y chantajistas. Vladimir Cerrón – el coimero No. 1 – es su mentor; Dina Boluarte – su Vice Presidenta – es el testaferro de la mafia; y sus congresistas y militantes… cada cual es más corrupto que el otro.

Además – por limitaciones de espacio – no podría detallar la baja catadura moral de la gran mayoría de funcionarios de alto rango designados por Castillo y su Primer Ministro, donde figuran terroristas, traficantes de brevetes, clientelistas políticos, chantajistas, coimeros, feminicidas, narcotraficantes, y todo lo demás.

COMENTARIO FINAL: El magisterio es una noble profesión. Quizás la más noble de todas las profesiones. Sin embrago, así como hay maestros honestos – lamentablemente – hay también maestros corruptos. Maestros extraordinarios y maestros miserables. Entonces el slogan “palabra de maestro” del Presidente Castillo merece una precisión: ¿a cuál de las dos categorías personifica? ¿Al maestro honesto o al maestro corrupto?

A ver… ¿qué dice el viejo refranero al respecto?: Dime con quién andas y te diré quién eres. Visto así, estaríamos ante el típico político moralista, demagogo y cínico que – rodeado de corruptos – es capaz de decir en alta voz: “no le daremos ni un milímetro a la corrupción”.

¡Oh diosa corrupción… cuánto cinismo puede brotar de tu boca! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quedará claro en la historia del Perú, que justo camino al bicentenario de nuestro país, hubo un tal Vizcarra que generó las condiciones para acelerar un Estado decadente.

No perderemos el tiempo en repasar su prontuario como “lagarto”, bien descrito por el periodista Carlos Paredes, ni la forma ladina como este conspiró contra su jefe y benefactor PPK, quien lo llevó a la vicepresidencia, ministerio de transportes y, finalmente, lo salvó enviándolo a Canadá como embajador. Pero bien vale la pena repasar la manera como, de manera anti-patriótica, manipuló los hilos del poder, abusando de su condición de presidente de la república.

• En primera instancia, “levantó las banderas anti-corrupción” de la boca para fuera, considerando que lo que más se puede observar son las acciones dolosas, de las que tendrá que dar cuenta tarde o temprano.
• Colocó como ministros y viceministros a un grupo de gente de bajo nivel intelectual, académico y moral, sólo por el hecho de ser moqueguanos, pero sin visión de país, ni proyección global.
• De la mano del mensaje anti-corrupción, estimuló los apetitos y aprovechó las debilidades de los jueces y fiscales, para aplastar a unos y encumbrar a otros a los más altos cargos de la fiscalía y poder judicial, con apoyo de gente de izquierda que ha copado la burocracia nacional y sub-nacional durante estos últimos 20 años, pero sin méritos suficientes (recordemos su retorno imprevisto de Brasil, cuando participó en la ceremonia de asunción de mandato de Bolsonaro, para involucrarse en una decisión del Fiscal de la Nación, respecto de la designación de fiscales).
• Creó la Junta Nacional de Justicia (cambio de nombre al “Consejo Nacional de la Magistratura”), en base a más gente de izquierda proveniente de, o sometida a ONGs, cuyos miembros ni siquiera cumplen con las normas para su permanencia (límite de edad, por ejemplo).

Todas estas condiciones irregulares han convertido al sistema judicial y electoral, en una organización capaz de pasar por encima de todas las normas, pero que, para ellos, son de “aplicación selectiva”. Baste ver el trato dado por estos días al Dr. Luis Arce, quien, mientras les resultaba funcional en el JNE para consolidar un manejo fraudulento de las actas electorales, estaba muy bien y actuando como representante de la Fiscalía ante el JNE, pero tan pronto se resistió a ser parte de un proceso, que denunció abiertamente como a todas luces impropio, se convirtió de inmediato en un ser no ético, indigno de la fiscalía, razón por la que lo destituyeron en pocos días como Fiscal Supremo y en menos de una semana le impusieron una orden de restricción de salida del país, todo contraviniendo la legislación vigente.

Por su lado la población, que siente que le están robando el país, protesta en las calles e internacionalmente solicita una auditoría independiente, dada la actitud de indiferencia de las autoridades electorales ante la denuncia de tantas irregularidades que se pueden verificar, pues hay más de 45 denunciadas, empezando por tener un JNE compuesto sólo por cuatro miembros, cuando tienen que ser 5, o la aceptación de la candidatura de una “plancha presidencial” incompleta, incluyendo como vicepresidente a un miembro de RENIEC, cuando está explícitamente prohibido en la ley electoral.

Paralelamente, seis miembros del TC (Tribunal Constitucional) continúan aún con sus mandatos vencidos por cerca de dos años. Quién diría que el proceso de elección, que generó la pataleta de Vizcarra del 30 de setiembre de 2019, fecha en la que mandó a su primer ministro para detener el proceso de elección de los miembros del TC (función exclusiva y excluyente del Congreso) y que terminó con un golpe de Estado y disolución del Congreso, encubierto con “la denegación fáctica de confianza” sobre un tema que no incumbe al ejecutivo; fue finalmente cohonestado por la mayoría de los miembros del TC, específicamente aquellos que se beneficiaban con esta medida que prorrogaba su propio mandato.

Como consecuencia, se eligió un nuevo Congreso, probablemente el peor de los doscientos años de historia republicana, cuya principal misión era completar el proceso de elección de los miembros del TC. Es tragicómico ver la crítica de la prensa, al decir que no se cumple a cabalidad el reglamento de evaluación de este proceso, porque “la sustentación de las calificaciones dada a los candidatos al TC es de muy baja calidad”. ¿Qué esperan de 130 individuos elegidos sin exigencia académica alguna, ni experiencia? En algo más de un año, lejos de acometer la tarea pendiente, este Congreso, que ha destruido el sistema previsional y aprobado por insistencia, pero sin mayor análisis, muchas leyes inconstitucionales, afectó la marcha del sistema económico y las finanzas públicas del Perú, al extremo que el TC ha tenido que declarar inconstitucionales, al menos tres de esas leyes.

Dicho esto, y a menos de tres semanas del término de su mandato, este Congreso tampoco ha elegido el reemplazo de ninguno de los seis miembros del TC con mandato vencido. No sólo eso, sino que para reafirmar que no hay institucionalidad en nuestro país, una jueza supernumeraria ha acogido un recurso de amparo y ha ordenado al Congreso de la República, que suspenda nuevamente el proceso y se abstenga de elegir a los miembros faltantes del TC. Paralelamente, el vocero de uno de los partidos de izquierda del Congreso, ha enviado cartas a los candidatos al TC, intimidándolos e invocándolos bajo amenaza, a que renuncien a continuar en el proceso reiniciado hace nueve meses.

Hoy el Perú se debate al borde de caer en manos de la izquierda radical, la misma que ya ha amenazado con plantear el 28 julio, durante el mensaje de toma de mando, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con “color, olor y sabor a pueblo”, destruyendo así todo lo avanzado. El sistema judicial y electoral se han convertido en una organización criminal, gracias a los manejos orquestados desde marzo de 2018. Y el Congreso no ha cumplido la única tarea que debía cumplir, por lo que no tenemos un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, así que debemos observar con pena, que nuestro país está indefenso y sólo nos queda su defensa en la calle, degradando el concepto de Nación, a su más trágico y bajo nivel.

¿Llegamos así a este bicentenario por incapacidad o mala fe? Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El absurdo argumento del presidente Francisco Sagasti vertido en una entrevista el domingo pasado, entrará a la antología de las canalladas dichas y hechas durante la pandemia, junto con la vacunación clandestina de Martín Vizcarra, y la de ministras y otros funcionarios del Gobierno de Sagasti.

Para negar la posibilidad de la importación de vacunas por empresas privadas sostuvo que por “equidad” no quería que el que tiene plata se vacune y que el que no tiene no lo haga. Un argumento usual de las izquierdas contra los privilegios de los ricos. En este caso, entran en la categoría de privilegiados, ricos, acaudalados, opulentos, millonarios, aquellos peruanos que pueden disponer de 35 soles para eventualmente administrarse una vacuna rusa Sputnik V que cuesta eso. O de 70 soles, para las dos dosis y quedar a salvo del virus.

Sin duda el académico Sagasti, un connotado intelectual de izquierda, acaba de establecer una nueva línea divisoria entre ricos y pobres, donde entran en la primera categoría todos aquellos que para salvar su vida están en condiciones de invertir 70 soles en una vacuna.

Naturalmente, todo esto es una quimera, pues el Gobierno se niega a autorizar el uso de la vacuna rusa en el Perú, vacuna que ya está acreditada en decenas de países y tiene una eficacia superior a la china que ha adquirido Sagasti en condiciones oscuras y cuestionables.

Es decir, los peruanos ricos, los que tienen más de 70 soles, no tienen la opción de vacunarse con la importación de vacunas por empresas privadas y tendrán que esperar -y seguir muriendo- mientras que la ineficiente gestión de Sagasti pueda traer más vacunas chinas y administrarlas con una lentitud e indolencia digna de un Gobierno de intelectuales de izquierda.

En realidad, la obstinada negativa de Sagasti a permitir que otros importen vacunas parece explicarse no solo por su ceguera ideológica sino también, como ha señalado Ernesto Bustamante, por corrupción.

Si empresas privadas -o gobierno regionales o municipales- pudieran traer vacunas a un precio menor que las que ha comprado el Gobierno, sería una evidencia que se ha estado pagando un sobreprecio que solo se explicaría por lo que muchos están sospechando ya.

Además, si las empresas privadas pudieran vacunar a sus trabajadores más rápido que la lentísima maquinaria estatal, también quedaría al descubierto su deficiente gestión.

Por lo demás, probablemente muchas empresas privadas estarían dispuestas a vacunar gratuitamente a sus trabajadores, lo que sería un golpe demoledor a las ideas populistas e izquierdistas de los actuales gobernantes y varios candidatos, que sostienen la teoría de la maldad intrínseca del capitalismo.

Así, mientras siguen muriendo peruanos que podrían vivir si Vizcarra y Sagasti hubieran comprado vacunas de calidad a tiempo -como hizo Chile-, estamos entrampados en discusiones absurdas sobre como no favorecer a aquellos ricos que pueden disponer de 70 soles. Lampadia 

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

La justicia electoral no debe ser la que protagonice las elecciones. Su rol debe ser discreto, casi invisible, reservado a verificar que se cumplan las reglas del fair play electoral.  Y si actúa, no puede ser rígida para unos y elástica para otros. No puede tener color político. Tiene que ser una sola. De lo contrario, los jueces electorales dejan de ser eso y se convierten en actores políticos. No pueden ser vanguardia para los amigos y quedarse en el pie de la letra para los contrarios. Veamos en perspectiva qué está sucediendo.

• En el 2016, excluyeron de la presidencia a Julio Guzmán por “infracciones a las normas de elecciones internas”, a César Acuña por “regalar dinero a comerciantes de Chosica” y a Vladimiro Huaroc, candidato a vicepresidente de Fuerza Popular por “entregar bienes con fines proselitistas”.  En el 2020 excluyeron de la carrera parlamentaria a Fernando Cillóniz, porque “dos vehículos figuraban en la SUNARP a nombre distinto de los que el declaró.”
• En estas elecciones 2021, Fernando Olivera no puede competir porque el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho que “el trámite de inscripción de su partido no concluyó” y no ha hecho caso al argumento del candidato de dar preferencia a su “derecho de participación política”. Con la misma lupa, las listas parlamentarias del APRA han sido excluidas por el máximo órgano electoral, quien ha señalado que “el derecho a la participación política no es absoluto”, hecho que trajo consigo el retiro de la candidatura presidencial de Nidia Vílchez.

No hace falta gran análisis para advertir que en esos 5 años de justicia electoral las formalidades contaban en materia electoral. Para el Jurado Nacional de Elecciones la forma importaba tanto como el fondo. Esa corriente varió cuando se ha visto el caso de la exclusión de Martin Vizcarra. Allí, la rigidez de la justicia electoral ha cedido. Se ha elastizado y un vacado por infracción constitucional, la mayor infracción posible a la forma que pueda advertirse en el sistema constitucional, puede ser candidato al Congreso. Más aún, el Jurado Nacional de Elecciones ha ingresado a calificar el alcance material de lo declarado (no su inexactitud), de manera que se evalúo si la empresa omitida por Vizcarra en su declaración le generaba ingresos o no.

Bajo este nuevo panorama de la justicia electoral nacional, en estos días, se han conocido dos decisiones de primera instancia del Jurado Especial Electoral de Lima Centro 1:

• La exclusión de la carrera electoral a Rafael López Aliaga por ofrecer como slogan de campaña “donar el íntegro de su sueldo como presidente a organizaciones de caridad” y por declarar que la mitad de lo que gana lo “dona para realizar ayuda social”. (Resolución 681-2021 del 25.02.21).
• La bendición a la candidatura presidencial de Verónica Mendoza, permitiéndole que siga en campaña pese a que “la información consignada en su Declaración Jurada no corresponde con la que figura en los registros públicos de SUNARP” y pese a que ella ha ofreciendo a sus votantes regalarles “15,000 millones de soles en bonos”.

Dos colores distintos de la misma justicia electoral que tendrán que ser revisador por el Jurado Nacional de Elecciones. Rígida con López Aliaga a quien sancionan por declarar ser filántropo y solidario. Elástica con Mendoza a quien dan el tiempo para que sus hermanas corroboren algo que en SUNARP figura de otra manera y que debiera ser lo que cuente, como se lo exigieron a Fernando Cillóniz para sacarlo de la carrera electoral.

Habrá que ver cómo actúa el Jurado Nacional de Elecciones en ambos casos:  Si confirma la escopeta de dos cañones de la justicia electoral de Lima que bendice a la izquierda y dispara contra la derecha, dejarán de haber dudas sobre la idoneidad e imparcialidad de esta justicia y habrá certezas de que no es idónea, ni imparcial. Si enmienda, corrige y revoca, que lo haga con la misma vara.

Lo que sí parece imposible de que este Jurado, más allá de sus rigideces o elasticidades circunstanciales, deje de ver que hay una candidata que pretende comprar el voto del peruano empobrecido por las mismas ideas de quien hoy se los pretende comprar con bonos por 15,000 millones de soles, que por supuesto no saldrán de su bolsillo.  Eso señor Jorge Luis Salas Arenas, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones es, además de una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, la expresión más abyecta, achorada y soez del clientelismo político latinoamericano, ese que de la mano de Perón convirtió a una economía del primer mundo en un país tan inviable del tercer mundo como Argentina o que ha destruido, en nuestra cara y cada día, la patria de Bolívar.  Esa, señor Salas Arenas, no es una expresión legítima del derecho a la participación política. Sólo la ceguera ideológica cómplice dejaría de advertir una falta tan grave al fair play electoral.

Parafraseando a Allan Brewer Carias, jurista venezolano exiliado por la dictadura Castro Chavista, podríamos decir que “la perversión del Estado de derecho en Venezuela fue obra del Juez Constitucional”. Ojalá que en nuestro país no sea obra del Juez Electoral. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Un estudio efectuado en 12 ciudades del mundo con altos niveles de informalidad, ha demostrado que los más golpeados en el planeta por la brutal e ineficaz cuarentena que impuso el Gobierno de Martín Vizcarra, han sido los informales limeños. (Fernando Vivas, “Lima, la peor de todas”, “El Comercio 24/2/21).

La cuarentena feroz y larguísima que decretó Vizcarra, con el aplauso incondicional de la coalición que lo respaldaba, fue un fracaso total, porque no evitó la expansión del virus –el Perú tuvo el más alto índice de mortalidad del mundo- y arrojó al hambre y la miseria a millones de personas.

Peor aún, el Gobierno de Francisco Sagasti insiste con las recetas que han demostrado manifiestamente su fracaso.

El estudio que cita Vivas se realizó entre informales en ciudades como Accra, Bangkok, Dakar, Dar Es Salaam, Delhi y México, entre otras.

En Lima “el 63% dice haber experimentado hambre en su hogar. Esa cifra es la mayor de las 12 poblaciones (le siguen, bastante lejos, Delhi y Dakar, con 35%). Antes, hablábamos de anemia y desnutrición, ahora hablamos de hambre.”

Las cifras específicas lo explican: “Los ambulantes ganaban en promedio S/46, y luego de la pandemia, S/7. Las trabajadoras del hogar cayeron de S/52 a S/12; los canillitas de S/36 a S/16 y los recicladores de S/42 a S/4. Esa pérdida, para remate, le quita al informal el mínimo capital que necesita para comprar su mercadería.”

Y Vivas concluye “Qué poco humanos fuimos condenándolos al hambre cuando su actividad ni siquiera está entre las más contagiosas. Y seguimos relegándolos.”

En realidad, que poco humanos fueron Vizcarra y sus cómplices para aplicar una política que se sabía estaba destinada al fracaso.

No soy epidemiólogo ni experto, pero era obvio que eso iba a suceder si seguía con un confinamiento estricto. A dos semanas de iniciado, cuando el Gobierno anunció su continuación, escribí: “La pregunta es si se podrá detener su propagación con la prórroga de la cuarentena. Lamentablemente todo indica que no. (…) El coronavirus ya se ha diseminado en muchos lugares del país y con los precarios recursos del sistema de salud peruano no es posible detenerlo.”

“Por eso quizá lo más adecuado sea una solución intermedia, manteniendo todas las medidas de aislamiento social posibles que ya se están aplicando sin paralizar la economía. Por ejemplo, prohibir las aglomeraciones, partidos de fútbol, conciertos, etc. En suma, en las condiciones concretas del Perú, prolongar la cuarentena no detendrá al virus porque faltan las otras armas para frenarlo (rastreo de contactos, pruebas masivas, etc.).”

“Y no se trata, como erróneamente dicen algunos, de privilegiar la economía y las empresas sobre la salud. En el Perú, con dos tercios de población informal, no hay manera de que millones de personas, precisamente las de menores recursos, sobrevivan con el país paralizado.” (“Una estrategia intermedia”, “El Comercio”, 28 de marzo 2020).

Parafraseando a Vivas, que poco humanos son Sagasti y sus cómplices condenando al hambre a millones de peruanos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de asistir a uno de los episodios más vergonzosos de la historia del Perú.  Diría que será recordado como “la vergüenza del bicentenario” y que se veía venir, de la mano de uno de los personajes más mentirosos, inútiles y corruptos del país. Vizcarra, quien se llenó la boca hablando de la lucha contra la corrupción, no fue la excepción del antiguo dicho; “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”.

Nos hemos pasado ya, casi un año de encierros y restricciones, de incapacidad para bloquear el ingreso de la pandemia al Perú, menos para hacer las únicas pruebas de descarte que permiten identificar en tiempo oportuno el contagio del COVID (pruebas moleculares), para hacer un cerco epidemiológico y atacar la enfermedad de manera focalizada. Tampoco se trabajó diligentemente en la selección, contratación y compra suficiente de vacunas y desde luego, en organizar un buen manejo logístico, con participación activa del sector privado, para ejecutar un buen programa de vacunación, de modo que podamos aplicar cuando menos 200,000 vacunas diarias (nuestro máximo viene siendo 12,000 al día, mientras Chile está aplicando 220,000 al día).

Pero qué podemos pedir, si encontramos que el material que envió Sinopharm, junto con el material remitido para una evaluación científica, en Fase 3, como proyecto de vacuna, fue inmediatamente utilizado por Vizcarra y familia como material comercial (“muestra médica”), aprovechando su situación de presidente en ese entonces. Así es pues, “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”.  Claro, si el presidente podía sacarles la vuelta a las leyes y principios éticos y morales, múltiples funcionarios, ministras y viceministros, junto a sus familiares, se consideraron con el mismo derecho, quebrando toda legalidad, principio moral y ético. Ahora se entiende claramente, por qué ponían tantas dificultades a otros laboratorios que ofrecían vacunas debidamente autorizadas y de menores precios que las de Sinopharm.

Me preocupa que hasta el Nuncio Apostólico haya caído en “la tentación de la carne”, permitiéndose romper las reglas y dejando un funesto precedente. ¿Qué guía es para un católico la opinión y ejemplo de un obispo?  Una vez más, han quedado desacreditados para pontificar sobre temas éticos y morales… El sólo “entristecerse” por esa acción desde el lado de la iglesia, no es suficiente.

Me impresiona que la burocracia, tan diligente para mojar papel con tinta escribiendo normas y reglamentos, no haya establecido a priori y claramente, el uso del material complementario y protocolo de selección de usuarios, en base a: 1. Cercanía a las actividades de campo para la prueba. 2. Tipo de participación del personal en la prueba a ser desarrollada. Ciertamente, una debida justificación para inocular un material de prueba y una definición del qué hacer con el material sobrante, teniendo en consideración que no cuenta con autorización sanitaria y que es sólo para fines de investigación.

Ojalá que el gobierno, ante la fuerza de la evidencia, demostrada negligencia y alta propensión a la corrupción del sector público, disponga rápidamente y brinde las facilidades, para que la empresa privada participe activamente en la distribución y aplicación de las vacunas. No es secreto que las compañías de seguros están enfrentando una siniestralidad muy fuerte en sus pólizas de seguro médico y obviamente, más económico es asumir el costo de la vacunación de sus asegurados, que enfrentar esa siniestralidad. De otro lado, las empresas privadas formales, están más que dispuestas a vacunar a su personal y familiares, y en el caso de operaciones remotas, a las comunidades o poblaciones que las rodean. Ciertamente el beneficio es múltiple, pues se minimiza la ausencia laboral, se da bienestar y tranquilidad familiar y en el caso de las comunidades cercanas, se acelera un proceso de vacunación, que en manos del Estado tardaría demasiado, independiente del reforzamiento de los vínculos positivos entre comunidad y empresa.

De otra parte, muchos particulares estarán dispuestos a pagar más de una vacuna, por cada vacuna que se les aplique a ellos, como una contribución. Esto permitiría al Estado reducir el costo para la vacunación universal, así como acelerar el proceso. Cadenas de farmacias, médicos y clínicas particulares podrían usar su contingente sanitario y su capacidad logística, para acelerar y abaratar esta campaña. Por supuesto que, como en cualquier parte del mundo civilizado, hay una prioridad establecida por condiciones de riesgo, a la que tanto el sector público como el privado se sujetarían.

Seamos conscientes que cuanto más pronto vacunemos a nuestra población, más rápido se alcanzará la “inmunidad de rebaño”, nuestra reactivación económica y nuestra vuelta a la normalidad. El Perú tiene una de las economías que más se ha desacelerado en el mundo, que, ante la incertidumbre de las elecciones, la inversión privada no está fluyendo como debiera y que la inversión pública tampoco está ejecutándose como se anunció. En consecuencia, lo mejor que nos puede pasar, es que retomemos los mejores niveles de aprovechamiento de nuestro stock de capital y de nuestra fuerza laboral.

¡Es el momento de trabajar juntos, es ahora o nunca! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de febrero de 2021
Para Lampadia

Sinceramente, no entiendo por qué tanto asombro por el caso de la vacunación subrepticia del expresidente Vizcarra y sus amigos. ¿Acaso el tipo – aparte de corrupto y coimero – no era un mentiroso patológico… un mitómano? ¿Tan rápido se olvidaron de los contratos moqueguanos y de los favores pandilleros… con el inefable Richard Swing a la cabeza?

Por otro lado, yendo al grano de la salud pública en nuestro país ¿acaso en los hospitales del Estado no se esconden camas hospitalarias para luego venderlas – por lo bajo – al mejor postor? ¿Acaso no se compran – por millones – medicamentos vencidos, previas coimas millonarias de por medio?

Y ¿qué decir del robo sistemático de medicamentos de las farmacias de los hospitales públicos?

• ¿De dónde – si no – se abastecen los miles de farmacias y boticas que se ubican frente a los hospitales del Estado?
• ¿Acaso no hay médicos corruptos que abandonan los hospitales en horarios de trabajo, y cobran como si hubieran trabajado normalmente?
• ¿Acaso no es así la situación en la Salud Pública de nuestro país?

Ojo. Por enésima vez debo aclarar que tenemos muy buenos médicos, enfermeras y servidores en la salud pública. Ciertamente no me estoy refiriendo a ellos cuando doy cuenta de la corrupción, indolencia y crueldad en el sector. Pero no seamos ingenuos. El sector de la Salud Pública está dominado por la corrupción. A esa corrupción me estoy refiriendo en el presente artículo. A la corrupción de las vacunas… por ejemplo.

En ese sentido se nota que no todos los peruanos conocen al monstruo por dentro. Bueno pues… yo sí lo conozco. Lo conocí cuando fui Gobernador Regional de Ica, allá por los años 2015 al 2018. Efectivamente, yo vi con mis propios ojos la corrupción, la crueldad y la indolencia del sistema que – dicho sea de paso – es igual en Lima, en Chiclayo, en Cusco, en Iquitos… en todo el país. Colas interminables – de amanecida – simplemente porque médicos indolentes abandonan los hospitales… ¡en horario de trabajo! Falta de medicamentos, falta de oxígeno, falta de instrumentos hospitalarios, equipos malogrados, pésima atención… muerte y desolación por todos lados.

Así las cosas ¿alguien – en su sano juicio – esperaba que el Estado iba a gestionar bien la lucha contra la pandemia… sobre todo la cuestión de las vacunas? ¡No pidamos peras al olmo! Aunque – valgan verdades – no solo autoridades políticas insisten en el monopolio estatal para el manejo de la pandemia. En fin… a los políticos y médicos corruptos – por obvias razones – les conviene el estatismo. Pero ¿por qué tantos periodistas, académicos, personas en general – y ciertamente, candidatos presidenciales y congresales – insisten en el tema?

He ahí la responsabilidad ciudadana a la cual me he referido en varios artículos anteriores, en Lampadia. Los ciudadanos debemos alzar la voz, y exigir nuestra participación – y la de muchas empresas e instituciones no gubernamentales – en la lucha contra la pandemia. Tal como lo están haciendo casi todos los países del mundo.

Debemos exigir la despolitización de la gestión de la salud pública… tal como hicimos en Ica durante el Gobierno Regional 2015 – 2018, con excelentes resultados. Es decir, encargar la gestión de los hospitales y centros de salud a gerentes públicos idóneos; muchos de los cuales provinieron de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Lamentablemente, el actual Gobernador Regional ha deshecho todo lo avanzado y cambió a todo el equipo directivo de los hospitales de Ica. Efectivamente, por la política – mejor dicho, por el clientelismo político – volvieron las colas, los maltratos, la corrupción… y hasta el Dengue que estaba totalmente bajo control. Aparte – por supuesto – de la pandemia, que en Ica viene siendo de extrema gravedad.

CONCLUSIÓN: Despolitizar la salud pública en el país. La Salud Pública no debe estar en manos de los Gobiernos Regionales, ni del Ministerio de Salud. Una institución autónoma y apolítica – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – altamente profesionalizada, meritocrática y respetuosa de la carrera pública… eso es lo que se necesita para el sector salud.

El Estado peruano es un pésimo proveedor de servicios especializados… salud, educación, agua y desagüe, limpieza pública, etc. Participación ciudadana activa y especializada – sobre todo empresarial e institucional – eso es lo que se necesita para acabar con este desmadre de las vacunas… y – en general – para acabar con la pésima gestión de la salud pública en nuestro país. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Actuar como el perro del hortelano con las vacunas, en medio de la segunda ola de la pandemia y del Vacunagate, a pesar de la incapacidad estatal de proveer oxígeno y atención médica a los peruanos, no es una comedia de Lope de Vega. Es más que una tragedia. Podría ser un crimen.

En la comedia de Lope de Vega (1618), el argumento central es que Diana, la dama que no puede amar a Teodoro, impide que este ame y sea amado. Ella actúa como el perro del hortelano: “ni come, ni deja comer”.

En la tragedia peruana que nos toca vivir en estos días, los perros del hortelano no nos vacunan, ni dejan que nos vacunemos. No firmaron contratos con laboratorios internacionales para proveernos de vacunas como lo han hecho todos los países vecinos, y lo que es peor, no dejan que otros puedan traer vacunas para que nuestra población se inmunice.

• ¿Quiénes son esos perros del hortelano?
• ¿Quién es la Diana de la comedia de Lope de Vega en esta tragedia nacional?
• ¿Qué buscan? ¿Sólo imponer la hegemonía sanitaria? ¿No hay tal vez un afán deliberado de desaparecer a un sector de la población que no le es afín?

Perros del hortelano hay varios.

– El primero es Vizcarra. No sólo traicionó a quienes lo sacaron de Moquegua, a los que votaron por él y a los que confabularon para ponerlo de presidente, sino también a los cándidos e ignotos peruanos y peruanas (sic) que creyeron en su cacareo anti corrupción y lo aplaudían con tweets, posts y marchas. Apenas 10 días después de haber dicho en la ONU el 21.09.20 que la vacuna debe ser un “bien público global” hizo todo lo contrario: pidió que lo vacunen a él y su esposa, en privado, sin público, sin que nadie sepa. Luego, hizo poco o nada para conseguirla para los peruanos, habiendo indicios de que busco dificultar la llegada de otras vacunas.

– La corte de ministros, funcionarios, asesores, diplomáticos y medios que han avalado al MINSA y a la CANCILLERIA en la idea de “la vacuna como bien público global”. De nada importa que el bien sea público, universal, global o privado, gratuito o pagante si no existe. Lo que importa es que exista.

– El gobierno de Sagasti, que es el segundo acto de la misma tragedia. Ha concretado la compra de la vacuna que inocularon a su antecesor. Pagó el favorcito. Sin embargo, no consigue que lleguen otras vacunas e impide que se abran canales para que entidades privadas, gobiernos sub nacionales, ONGs u organismos de servicio que tienen experiencia en vacunación, puedan acceder al mercado secundario de vacunas y traerlas para los peruanos. Aprobó un reglamento a inicios de enero, pero reculó cuando Verónica Mendoza, le recordó los mandamientos de la hegemonía sanitaria: el Estado es el único que vacuna.

– El nuevo ministro de salud Ugarte, que no le hace caso al sentido común de sus primeras declaraciones sino al designio de sus mandantes ideológicos y ha retrocedido, cerrando la posibilidad de la participación privada en la provisión de vacunas. Ugarte es miembro del Partido Humanista, agrupación que lidera el camarada Yehude Simon al cual ya acompaño como Ministro de Salud y es el partido que ha fundado Juntos por el Perú, la agrupación que postula a la presidencia a la candidata de Maduro, Verónika Mendoza. Ella fue la primera en cuestionar la participación privada para la provisión de vacunas en una declaración que el portal cubano PL amplificó el 11 de enero: “Hace un mes el presidente Francisco Sagasti defendía en la ONU que la vacuna fuera un bien público y ahora su gobierno emite un decreto autorizando su comercialización”

¿La Diana de la tragedia peruana?

Impedir que el sector privado participe en la provisión de bienes y servicios es ignorar como funciona la economía del mundo, es no haber leído ni un manual de economía elemental. Impedir que participen cuando el Estado ha demostrado que es incapaz de hacerlo deja de ser un prejuicio ideológico, es una maldad.  Una maldad como la de Diana en la comedia de Lope de Vega, quien al no poder amar, impide que otros amen.

Si tuviéramos que identificar a una Diana en esta tragedia nacional podría ser Verónica Mendoza. Una Diana a la que podríamos responsabilizar en el futuro de todos aquellos que caigan o vayamos a caer por no haberse podido vacunar a causa de sus ideas. Esta a tiempo de dejar de actuar como el perro del hortelano y dejar que nos vacunemos.

¿Que buscan?

Detrás de estas medidas está solamente el afán de imponer la hegemonía sanitaria de la cual hablamos en ¿VACUNAS A CAMBIO DE VOTOS? (Lampadia 15.01.2021) y que ya puso en práctica Nicolas Maduro en Venezuela según lo denuncia el Diario Clarín de Buenos Aires este 11 de febrero, donde los militantes chavistas serán los primeros en recibir la vacuna Sputnik.  Podría haber más. Preguntémonos:

• ¿No habrá el interés de desaparecer emprendedores, comerciantes, profesionales, empresarios, trabajadores, agricultores, emergentes y todos aquellos que pueden pagarse una vacuna, que no van a esperar que el Estado se las provea y que, obviamente, no van a votar por la izquierda?
• ¿No existirá el interés de que los mayores de 60, que han visto la caída del muro del Berlín, las atrocidades de Sendero Luminoso, la dictadura de Velasco y el fin del comunismo histórico desaparezcan para dejar el terreno con mayoritaria presencia de pulpines a quienes el embauque socialista puede convencer?
• ¿No habrá, además de la hegemonía sanitaria un interés deliberado de afectar la composición etárea y social de la masa electoral para hacerla más afín al voto populista?

Si así fuera no solo sería un drama que hay que advertir, sino un crimen que hay que denunciar. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El escándalo del soborno al ex presidente Martín Vizcarra, las ministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y otros muchos funcionarios públicos y personajes encumbrados, es un golpe demoledor al sistema político peruano, que ya estaba en estado ruinoso después los aquelarres de Lava Jato y de los jueces corruptos.

Lo de las vacunas chinas es claramente un soborno: le entregaron un bien muy preciado, más valioso que el dinero porque podía salvarle la vida, a funcionarios públicos que eran los que decidían cual y cuantas vacunas se compraban. Y precisamente, esos funcionarios decidieron, con pretextos fútiles, desechar la posibilidad de adquirir otras vacunas que tienen una mayor eficacia y quizá también un menor precio, para adquirir la de Sinopharm, precisamente la de la empresa corruptora.

No son pocos los que sospechan que Vizcarra, con los antecedentes que se le conocen, habría negociado –o tratado de negociar- algo más que las dosis de vacunas que recibieron él y sus familiares cercanos. Eso también será materia de investigación probablemente.

El asunto es que Vizcarra y sus secuaces han sido desenmascarados como lo que son, corruptos que se aprovecharon de los cargos de poder que detentaban para su beneficio personal.

Y Vizcarra había sido convertido por la coalición que interesadamente lo respaldó, en el héroe máximo de la lucha anticorrupción en el Perú. Por supuesto, todo era una farsa, un invento interesado de esa coalición para destruir a sus enemigos políticos aprovechando los casos Lava Jato y de jueces deshonestos, y para controlar y manipular el sistema de justicia.

Hay que reconocer que tuvieron un éxito espectacular mintiendo y engañando, y lograron muchos de sus objetivos perversos. En este contexto, Vizcarra construyó una aprobación altísima y duradera, que incluso le permitió remontar su pésima gestión de la pandemia, una de las peores del mundo, y los escándalos de corrupción de Richard Swing, del gobierno regional de Moquegua, y otros con una alta popularidad.

Ahora el héroe de pies de barro, edificado por interesados prebendarios, se ha derrumbado. Eso es, por supuesto, positivo, pero contribuye a liquidar lo poco de confianza que había en el sistema político.

Esta situación de desconfianza generalizada se expresa de muchas maneras, entre otras, en el altísimo nivel de rechazo de los candidatos presidenciales, no solo de los que fueron víctimas de las campañas de demolición de Vizcarra y sus socios, sino incluso de los nuevos, que no tienen casi trayectoria y no son tan conocidos.

Una situación así es, obviamente, peligrosísima para la democracia y el libre mercado. Cualquier caudillo populista puede aprovecharla y presentarse como el mesías salvador, hacerse del poder y llevar al Perú por un camino similar del de Venezuela.

Ese es el peligro que tenemos que evitar ahora. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Muy positiva la campaña que ha empezado Lampadia para demostrar con cifras y datos irrefutables los beneficios de la inversión privada y del libre mercado, que han impulsado como nunca antes el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza.

Ojalá que esta cruzada tenga continuidad en el tiempo.

Pero es necesario que sea complementada con un discurso político, que muchas veces los empresarios, por diversas razones, no pueden o no quieren enunciar.

Por ejemplo, para poner un caso paradigmático, el gas de Camisea, que hoy día todos aprovechamos y que nos parece lo más natural del mundo. Pero casi nadie recuerda ni conoce lo difícil que fue sacar adelante ese proyecto.

La empresa Shell, una de las más grandes e importantes del mundo, exploró en la selva y descubrió ese enorme yacimiento en la década de 1980, invirtiendo muchos millones de dólares con tal propósito. Y cuando estaba lista para explotarlo a fines de la década las izquierdas, que en aquel entonces tenían una muy importante representación parlamentaria –llegaron en segundo lugar en las elecciones de 1985- y fuerza política, desataron una feroz campaña contra la “explotación imperialista” del gas. El gobierno de Alan García, ya debilitado, cedió. Todo se paralizó y la Shell simplemente abandonó el proyecto y se fue del país.

Tuvieron que pasar 13 años para que, en el Gobierno de Alejandro Toledo, el 2001, gracias al empuje de los ministros Jaime Quijandría y Pedro Pablo Kuczynski, se retomara el proyecto. Se licitó y rápidamente se construyó la planta y el gasoducto para transportar el gas. Tres años después ya estaba funcionando. Gracias al gas de Camisea hubo energía abundante y barata para poder desarrollar el otro pilar del espectacular crecimiento de esos años, la minería.

Hoy día los peruanos disfrutamos del gas barato en nuestros hogares y vehículos, pero sobre todo tenemos electricidad a precios razonables, para la industria y para las familias. Todo eso a pesar de las izquierdas, que impidieron su desarrollo en 1988 y por fortuna no pudieron evitarlo el 2001.

Hoy día con el avance del populismo y las izquierdas ¿acaso el gobierno de Martín Vizcarra lo hubiera realizado? ¿Y Francisco Sagasti? Por supuesto que no.

Hay muchos otros ejemplos. ¿La población los conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se encarga de explicarlo?

No obstante, ellos difunden su propaganda engañosa y falsa persistentemente. Si no se les refuta todos los días, si no se explica paciente e incesantemente la verdad de los hechos, ellos avanzan, frenan el desarrollo del país y pueden llevarnos a una catástrofe de consecuencias aterradoras. De hecho, ya han causado un daño colosal bloqueando proyectos mineros como Conga y Tía María o atacando a las exitosas empresas agroindustriales.

Hay que detenerlos ahora. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Era difícil imaginar que pudiéramos caer más después del desastroso gobierno de Martín Vizcarra, pero Francisco Sagasti nos ha demostrado que sí nos podemos seguir despeñando por el abismo. La absurda cuarentena total que ha impuesto en Lima y varias regiones, y semi inmovilización en el resto del país tendrá efectos devastadores.

El punto es que esa medida no evitará la propagación del virus, como ocurrió el año pasado. Desde mediados de marzo, cuando la pandemia recién se iniciaba, se impuso la durísima cuarentena, aplaudida frenéticamente por la coalición vizcarrista, que arruinó la economía y arrojó al desempleo a millones de personas. El resultado fue que el Perú tuvo la mayor proporción de muertos por habitante en el mundo. Es decir, el peor de los escenarios.

Lo razonable era antes y es ahora, tomar medidas intermedias, impidiendo las aglomeraciones –y no propiciándolas como hizo Vizcarra y hace ahora Sagasti-, difundiendo medidas preventivas y mejorando la precaria situación de los establecimientos de salud del Estado.

Porque en un país con 70% de informalidad (que ahora debe ser más) es imposible establecer una cuarentena rígida que funcione adecuadamente.

La nueva cuarentena será un golpe demoledor para la maltrecha economía, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para los millones de peruanos que viven al día. Muchos de los pequeños negocios que habían sobrevivido a duras penas y otros que se crearon en los últimos meses sufrirán un garrotazo mortal.

Mientras tanto, los ineptos que gobiernan son incapaces de traer las vacunas de China. Se han visto obligados a aceptar esta vez la ayuda de la empresa privada para traerlas, pero siguen resistiendo en otros ámbitos la participación privada.

La ideología izquierdista y estatista es aún más fuerte que sus propias necesidades políticas, porque es obvio que su desempeño mejoraría si accedieran a recibir la colaboración que se les ofrece.

Y, por supuesto, no es casualidad que todos los políticos izquierdistas clamen por una cuarentena total e indefinida.

Finalmente, si con Sagasti seguimos cayendo al abismo, es claro que si cualquiera de los varios candidatos izquierdistas triunfa en las elecciones, sumirá al Perú en una catástrofe de proporciones inimaginables. Ollanta Humala y Martín Vizcarra gobernaron un país todavía boyante, con una economía en crecimiento y lo dejaron peor de lo que lo encontraron. Esta vez, con una situación precaria, una economía en crisis, millones de desempleados y millones en pobreza extrema, déficit fiscal y deuda creciendo, no cabe duda que aplicarían las políticas populistas que ya están anunciando y nos hundirían en un hueco negro.

Hay que impedirlo. Lampadia