Según declaración de Marcelo Odebrecht, su empresa montó un sistema para generar fondos negros en su proyecto del extranjero, para pagar las coimas en Brasil. (Ver líneas abajo, artículo de Fohla, traducido y glosado por Lampadia).

Generaron varios instrumentos para generar dinero que no se contabilizaba en Brasil y que luego se aplicaba a sus tropelías en o desde el mismo Brasil.

El 7 de febrero pasado publicamos en Lampadia, ‘El negociazo del Gasoducto del Sur’, artículo en el que explicamos cómo se había planeado generar un importante beneficio extraordinario para Odebrecht, escondido en el uso de una tasa de interés que era mucho mayor al costo de oportunidad del concesionario. En otras palabras, al usar la tasa de 12% anual para el cálculo de la remuneración al contratista, en vez de un 7.5%, se generaba, sin que se haga explícito, a favor de Odebrecht, un sobre-pago de US$ 298 millones por año, durante los 34 años de la concesión. Un escándalo increíble. Ver el siguiente cuadro:​

El artículo de Fohla habla de que los esquemas de generación de fondos negros, estaban compartamentalizados, de modo que una unidad de Odebrecht no supiera lo que hacían las otras. Muy lógico, pues el sistema celular, usado por los grupos terroristas, permitía una operación más difícil de delatar e investigar. De esto también se podría colegir que difícilmente Odebrecht podría haber compartido sus malabares y fechorías con sus socios locales en los distintos países donde montaron su red criminal.

En Brasil es cada día más claro que el andamiaje organizado por Lula y sus brazos seudo-empresariales era para crear un ‘imperio del mal’, que sería gobernado por el PT de Brasil y las izquierdas locales de los distintos países, a quienes se les ayudaba a tomar y/o conservar el poder mediante el uso de dinero mal habido. Lampadia

Odebrecht cometía fraude en el extranjero para pagar sobornos

Letícia Casado
Bela Megale
Camila Mattoso
Fohla de Sao Paulo
3 de marzo, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht revelan que la empresa constructora   estableció un esquema de fraudes en los contratos del extranjero, llamado sector de “generación”, para abastecer un área de pagos ilícitos de las “operaciones  estructuradas” dentro y fuera de Brasil.

Según Folha, por personas cercanas a la investigación, más del 90% de los recursos asignados al departamento de sobornos, que movió US $ 3,390 millones entre 2006 y 2014, se generaron por medio de un modelo financiero vinculado a las obras ejecutadas en países extranjeros.

La estrategia se creó para evitar la operación y el seguimiento de los recursos desviados de los contratos firmados con los organismos gubernamentales en Brasil.

Tres ejecutivos de la compañía, entre ellos el heredero y ex presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, dieron detalles de este esquema en un testimonio ante el ministro del Tribunal Superior de Justicia, Herman Benjamin, ponente del proceso de impugnación de Dilma-Temer en el TSE (Tribunal Supremo Electoral).

“Hemos creado un proceso en el cual la planificación fiscal -la mayor parte hecha fuera de Brasil, en países en los que se podía hacer este tipo de planificación, ya que no era un delito- era una fuente de generación de recursos”, dijo Marcelo Odebrecht.

“A continuación, estos fondos se colocaron en empresas de terceros. Y algunos ejecutivos de la organización podían utilizarlos para hacer pagos no contabilizados, incluyendo la caja 2, y todo. Y algunos de ellos lo usaron para hacer sobornos”, dijo.

Otro informante, Fernando Migliaccio, un ex funcionario del llamado Sector de Operaciones Estructuradas, dio detalles de la operación: “Esta área aprovechaba obras verdaderas de Odebrecht en todo el mundo, donde se generaban excedentes de operaciones oficiales”, dijo. “Estos excedentes se utilizaban para suministrar a nuestra área [de pago de sobornos]”.

Hilberto Mascarenhas, otro delator de Odebrecht, dio un ejemplo de cómo funcionaba este esquema con las obras del extranjero: “Cada vez que la empresa crecía, obtenía una obra;  en Angola, una hidroeléctrica allá tenía un bono.”

¿Qué era un bono? Mascarenhas explica: “Bono, no, tenía dos cajas allá.” Él dirigió el “Departamento de Sobornos” entre 2006 y 2015.

El responsable de este sector de “generación” era Marcos Grillo, uno de los 78 informantes del grupo de Bahía.

Según el esquema detallado por los fiscales, Odebrecht informó que este departamento llevaba a cabo la generación de contratos ficticios con proveedores de servicios externos que reducen el margen de beneficios y los impuestos a pagar. Por lo tanto, se creaban fondos excedentes que se suministraban al área de la corrupción en Brasil.

Mascarenhas, dijo que si bien este esquema era el principal, no era el único modus operandi.

“Yo sé que él [Marcos Grillo] tenía varias operaciones. Por ejemplo, las transacciones financieras para comprar un determinado papel, que se vendía a pérdida, no era real, dejaba algo de dinero fuera de la caja. Era otro flujo de la caja 2”, explicó.

El ex ejecutivo se refería a una transacción con derivados (instrumentos financieros derivados de otros valores).

En este caso, Odebrecht y otra empresa, en complicidad, simulaban una operación en la que el contratista perdía y el otro se beneficiaba.

El resultado se combinaba y parte de la ganancia suministraba al sector de generación.

Los expertos consultados por Folha dijeron que en algunos países las operaciones de control de los sistemas financieros son menos rígidas que en Brasil, lo que facilitaba este mecanismo.

De acuerdo con las pruebas presentadas, aparte de la caja 2, también se utilizaba  dinero para pagar servicios no declarados al fisco y reembolsos de empleados en el extranjero o bonificaciones de salarios altos.

A pesar de la conexión entre las dos áreas, estos sectores no trabajaban juntos.

“Todo esto fue construido de una manera en que había una ‘Muralla China’ enorme entre el área de generación y la nuestra”, dijo Migliaccio. Lampadia

Según disposición del Procurador General de la República de Brasil, la información de las confesiones de los 78 ejecutivos de Odebrecht sobre los delitos cometidos en el exterior,  quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Esto dificultará las investigaciones en el Perú generará riesgos de pérdida de pruebas, elaboración de coartadas y ocultamiento de activos.

Esta decisión es muy inadecuada, sobre todo después de que los gobiernos del Partido de los Trabajadores hayan montado un esquema de penetración política y económica en los países de la región, favoreciendo a sus socios de las izquierdas locales en procesos electorales, y encargando al BNDES (banco brasileño de desarrollo) que apoyara a las corruptas constructoras brasileñas, para que lograran negocios destruyendo la institucionalidad de los países que los albergaban.

Típica actitud de los gobiernos del Brasil, todo para ellos, nada para los demás. Por ejemplo, cuando se construyó la IRSA Sur, una carretera supuestamente de integración binacional, Brasil mantuvo su economía cerrada a los productos agrícolas peruanos, como la papa. Increíblemente, los gobiernos peruanos aceptaron el despropósito sin chistar.

Pues esta vez no podemos hacer lo mismo. El gobierno peruano debe exigir al Brasil, la entrega inmediata de la información dada por los corruptores de Odebrecht. No tenemos porqué esperar hasta junio o quién sabe cuando. 

Revelaciones y Secretos de Lava Jato

Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El próximo lunes, el relator de Lava Jato, Edson Fachin, va recibir del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, las confesiones de 78 ejecutivos de Odebrecht y 320 pedidos de medidas a tomar. Son documentos extensos que ocupan diez cajas de cartón y 500 gigas de memoria.

Los 320 pedidos son diversos: 83 son inicios de investigaciones desde el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil), 211 son transferencias a instancias inferiores para iniciar investigaciones a personas sin fuero privilegiado, 7 son propuestas de archivado, y 19 son medidas: bloqueos de bienes, anulación de secreto bancario, búsquedas y aprehensiones, medidas cautelares, etc.

Aunque las confesiones y denuncias no han sido aún publicadas, ya se sabe que involucran a 13 gobernadores (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Acre, etc.) y ex gobernadores, 6 ministros del gobierno actual y más de 20 ex-ministros de Dilma y Lula, a los actuales presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y a un número aún desconocido de senadores y diputados. Aécio Neves, ex-candidato del PSDB a la presidencia, ha sido citado en las confesiones, pero el procurador Rodrigo Janot no ha encontrado motivos para incluirlo en las investigaciones.

Algunas de las investigaciones ordenadas por Rodrigo Janot son reservadas, para que los investigados no puedan destruir pruebas, pero la gran mayoría de la información se hará pública la próxima semana.

Sin embargo, los delitos cometidos en el exterior quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Estos delitos se refieren a sobornos a autoridades extranjeras, financiamiento de campañas electorales, financiamientos del BNDES (el banco brasileño de desarrollo) a dictaduras como Cuba, Venezuela, Angola, etc. Esto es lamentable pues resulta siendo una continuidad de la política del PT de ocultar las operaciones del BNDES en el exterior como si fueran secretos de estado. Las operaciones del BNDES en el exterior han sido del orden de US $14 mil millones y Odebrecht ha sido beneficiada con el 70% de los financiamientos entregados a los gobiernos amigos del PT.

Si esa información no es compartida en forma oportuna, los países afectados por los actos de corrupción de Odebrecht y del PT no contarán con la información necesaria para tomar las medidas de investigación de los casos ocurridos, y cautelar los bienes robados a sus estados. Si fuera así, los corruptos tendrían varios meses adicionales para borrar los rastros de sus acciones y ocultar los bienes obtenidos por medio de la corrupción. Lo más conveniente es que las autoridades de esos países tengan acceso inmediato a esa información, para tomar así las medidas que consideren necesarias para punir a los criminales locales y extranjeros y para proteger sus recursos. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los izquierdistas latinoamericanos no saben crear riqueza. Por esta incapacidad, ellos siempre buscan piscinas de riqueza que disputar, y las grandes piscinas de riqueza en América Latina son: los presupuestos nacionales, los recursos naturales y las grandes empresas. Es la disputa de esas riquezas lo que explica la lógica detrás del accionar y de los discursos de la izquierda.

La corrupción, la promoción de conflictos sociales y las estatizaciones de las empresas están entre los principales mecanismos de apropiación de esas riquezas, usadas por la izquierda. Si observamos la operatividad de las organizaciones de izquierda, más allá de sus discursos políticos, vemos que ellos siempre están relacionados a algunos de esos tres mecanismos. 

Los empresarios mercantilistas también buscan apropiarse de los recursos ajenos. Para ellos, la corrupción es la modalidad preferida. Más allá de sus diferencias ideológicas, la asociación entre socialistas y mercantilistas es mutuamente conveniente.

La izquierda descubre la estabilidad

En las últimas décadas del siglo pasado, los gobiernos de la izquierda fueron sinónimos de inestabilidad. Joao Goulart, en Brasil, Salvador Allende, en Chile y Hernán Siles Zuazo, en Bolivia, en menos de tres años, generaron profundas crisis sociales y políticas en sus países y no lograron siquiera terminar sus períodos. Todos ellos fueron destituidos y dieron origen a gobiernos autoritarios y violentos que se legitimaron, por un tiempo, ordenando el desastre dejado por la izquierda.

Es con una nueva generación de la izquierda en el poder, tanto de social-demócratas como de populistas, Fernando Henrique Cardoso (1995), Hugo Chávez (1999), Ricardo Lagos (2000), Luis Ignacio Lula da Silva (2003), Tabaré Vázquez (2005), Rafael Correa (2007), que la izquierda latinoamericana logra estabilizarse en una función de gobierno, generando así una nueva ola de los gobiernos de ideología socialista.

El auge de la economía mundial y de los precios de las commodities crearon condiciones favorables a las políticas populistas y, por ende, para los gobiernos de izquierda. Por algunos años, muchos pensaron que el “socialismo del siglo XXI” era una nueva tendencia social, un renacimiento del marxismo después del fracaso de la Unión Soviética y de Mao Zedong. Pero con la crisis del 2008 y la caída del precio del petróleo, el sueño acabó. El nuevo contexto económico internacional obligó a los países latinoamericanos a volver al realismo. [1]

La corrupción tradicional o como funciona el mercantilismo

La corrupción ha sido, en mayor o menor grado, una vieja tradición en América Latina. Con las excepciones de Uruguay y Chile que se mantienen respectivamente en los puestos 21 y 24 de Transparencia Internacional, los países Sudamericanos se ubican en los niveles medios y altos de corrupción, entre los 176 países evaluados: Brasil (79º), Argentina (95º), Perú (101º), Ecuador (120º), etc.

El mecanismo tradicional más común de la corrupción en los países democráticos es la negociación de contratos de obras públicas entre autoridades públicas y empresas privadas locales y/o extranjeras.

Las autoridades públicas alteran las reglas de las licitaciones para beneficiar a empresas específicas, como parte de un acuerdo previo entre autoridades y empresas.

Hablamos mucho de Lava Jato, pero ha llegado el momento de hablar sobre el ‘Pos-Lava Jato’. Así como en el Perú hemos caído en la terrible corrupción venida desde el Brasil, ahora debemos seguir de cerca, no solo el proceso de persecución de los delincuentes, también debemos aquilatar y copiar las estrategias de los jueces y fiscales brasileños para implantar una profunda reforma judicial que vaya a las profundidades del eco-sistema pro corrupción que está instalado en las entrañas del sistema judicial.

Es digno de destacarse la estrategia de validar el proceso de reforma mediante un mandato claro de la opinión pública. Los promotores de ‘Las 10 Medidas’, previamente a llevar su propuesta de reforma, han recabado 2’000,000 de firmas de ciudadanos y han validado así un proceso que no debiera poder ser saboteado por los defensores del statu-quo.

Veamos con mucho cuidado el informe de Sebastiao Mendonca sobre ‘Las 10 Medidas’ contra la corrupción. 

Reforma Anti-Corrupción

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La corrupción se desarrolla y se institucionaliza en los países en que la legislación lo permite. Es decir, si hay altos niveles de corrupción en las élites políticas es porque la legislación del país, de alguna manera, brinda estabilidad a la corrupción e impunidad a los corruptos. En el caso de Brasil, la operación Lava Jato ha puesto en evidencia los niveles de corrupción existentes y las deficiencias de la actual legislación, y ha puesto a la orden del día la necesidad de una reforma anti-corrupción.

La necesidad de la Reforma Anti-Corrupción

Hace muchos años que la legislación brasileña es tolerante a la corrupción, generando un sofisticado laberinto de leyes que hace casi imposible condenar y castigar a los crímenes de cuello blanco. Ello es verdad para los corruptos en general, y es aún más verdad para aquellos políticos corruptos que cuentan con foro privilegiado: ministros, diputados, senadores, presidentes, altos funcionarios, etc. Las investigaciones de Lava Jato han puesto en evidencia para la opinión pública que la actual legislación brasileña ofrece a los corrutos una serie de mecanismos para lograr la impunidad y para ocultar los resultados del robo.

A pesar de ese marco legal, la Operación Lava Jato ha logrado avanzar. Sin embargo, de no corregirse ese marco legal, puede suceder que Lava Jato resulte siendo un evento efímero en la historia de la sociedad brasileña. Por ello, la asociación de fiscales federales, los líderes de Lava Jato y algunos movimientos sociales liberales están promoviendo una Reforma Anti-Corrupción conocida en Brasil como las 10 Medidas Contra la Corrupción.[i]

Para ayudar a grabar en la opinión pública, los promotores de la reforma anti-corrupción han agrupado los cambios legales alrededor de grupos de medidas, como una analogía a los 10 mandamientos.

La premisa de los promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción es que la corrupción es resultado, en primer lugar, del marco legal e institucional, y no es parte de un destino inevitable de los países.

Antes de presentarlas al Congreso de la República, los promotores de las “10 Medidas” realizaron una campaña nacional, estado por estado, explicando su necesidad y recogiendo firmas, recibiendo el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. Actualmente, ese paquete de normas está en la Cámara de Diputados, siendo objeto de una dura lucha entre los promotores de las medidas, los críticos a algunos de sus elementos y los defensores del actual statu quo legal.

Según Sergio Moro, el juez brasileño responsable, en gran medida, del exitoso proceso judicial del Lava Jato, para enfrentarlo, hubo que priorizar las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Ver mayores detalles en Lampadia: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

Pues, así como Moro se nutrió de la experiencia italiana para organizar su proceso, la fiscalía peruana, en buena hora, se estaría empoderando con la experiencia brasileña.

Así lo explica Jaime de Althaus en su revelador artículo, que presentamos líneas abajo. Althaus también pondera la necesidad de que el proceso se maneje cautelando una estrategia que evite se desbaraten las pruebas y los activos, como también la necesaria autonomía judicial, sin interferencias políticas o mediáticas, ni de los otros poderes del Estado, a los que les toca respaldar sin ambages, el proceso incoado por la justicia.

En cuanto al cuidado de los activos y las fuentes de reparación económica, así como lo concerniente al cuidado de los inocentes, en Lampadia hemos propuesto la figura de los interventores, ver: Despacio que estamos apurados – La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad. 

¡Tenemos Fiscalía!

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inminente orden de captura internacional y pedido de prisión preventiva de 18 meses para Alejandro Toledo es, duele decirlo pese a todo, una gran noticia, porque significa que los peruanos empezamos a sentir que hay justicia en nuestro país y que esta alcanza también a los peces gordos. Empezamos a tener una sensación que es una mezcla de indignación y asombro creciente frente a las revelaciones escandalosas de corrupción por todas partes, y de reparación a la sociedad por los delitos cometidos contra ella por lo menos en este caso.

Fuente:  peru21.pe

Y, tan interesante como lo anterior, empezamos a constatar que tenemos institucionalidad en el Ministerio Público. Tenemos un equipo liderado por el fiscal Hamilton Castro que funciona y produce resultados, desvirtuando con ello las críticas ligeras que se le ha estado haciendo tales como debilidad, lentitud, parsimonia e incompetencia. Pues para solicitar una orden de captura internacional y pedir prisión preventiva de 18 meses, la fiscalía está obligada a tener elementos graves y fundados de convicción, más aun tratándose de un ex Presidente. Los fiscales, pues, han hecho su trabajo y lo han hecho bien. Y esto es solo el comienzo.

Según los trabajos de la fiscalía, Toledo habría recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht por la carretera Interoceánica en las cuentas de su amigo íntimo Joseph Maiman. De esos 20 millones, ya se ha identificado claramente 11 millones. Es una vergüenza.

Suiza

¿Cómo hizo el fiscal Hamilton Castro para reunir esos elementos? Parte de esta información la obtuvo en Suiza, donde viajó junto con parte de su equipo luego de enterarse de que allí se había descubierto nada menos que el registro de coimas de Odebrecht. En efecto, como parte de la investigación a Petrobras abierta por la fiscalía Suiza el año pasado, se encontró en documentos de Odebrecht un pago por el servicio de mantenimiento a servidores de esa empresa en Suiza. El fiscal Stephan Lenz acudió entonces a la empresa de mantenimiento y esta le entregó el servidor que contenía toda la información de la perversa ‘división de operaciones estructuradas’.

Antes de su viaje, el fiscal Castro remitió una carta rogatoria con preguntas. Una vez allá, el equipo peruano se sentó en una mesa de trabajo junto con fiscales suizos para recibir y analizar las respuestas y de esa mesa de trabajo surgieron más preguntas y pistas cuyas respuestas llegarán en marzo o abril. Es posible que aparezcan evidencias relativas a otros peces gordos, aunque la información resulta muy difícil de desentrañar porque existen hasta cuatro capas de ocultamiento de off shores receptoras de pagos.

El acuerdo de colaboración

El otro vehículo, muy efectivo, ha sido el acuerdo de colaboración de la fiscalía con Odebrecht. Este acuerdo ha sido criticado porque solo ha recabado 30 millones de soles y porque, en virtud de él, se le habría negado a la UIF y a la Procuraduría Anticorrupción pedidos de allanamiento y congelamiento de cuentas, pero lo concreto es que gracias a dicho acuerdo se pudo obtener la declaración de Jorge Barata que revela el espectro completo de los pagos a Toledo, así como las informaciones que permitieron  detener a varios de los que fueron sobornados por Odebrecht para ganar la licitación de la Línea 1 del Metro, entre ellos al ex vice ministro de Transportes Jorge Cuba, cuyo ministro era Enrique Cornejo.

La estrategia del equipo de Hamilton Castro con Jorge Cuba es clara: se le aceptará su pedido de colaboración eficaz siempre y cuando delate, con pruebas, a personas de una jerarquía superior a la suya. Concretamente, al ministro de entonces, Enrique Cornejo, o al ex presidente Alan García. De no acogerse a ese procedimiento, podría recibir una pena de hasta 28 años de cárcel. Si realmente tiene información valiosa en esos términos, lo más probable es que se acoja a la colaboración eficaz porque, según fuentes de la Fiscalía, Cuba se encuentra espiritualmente “quebrado” por la situación en la que colocado a su pareja Jessica Tejada, y por las sospechas de que compras hechas por su hijo, el futbolista Rodrigo Cuba, pudieran haber sido hechas con dinero de los sobornos. Sin duda la detención preventiva de Jessica Tapia por 18 meses, podría influir en el ánimo de Cuba para negociar una colaboración eficaz a cambio, entre otras cosas, de un trato benevolente para ella también.

Respecto de la imputación de que la Fiscalía solo ha logrado un pago de 30 millones de soles, la respuesta de los fiscales es que este es un pago a cuenta del que tengan que hacer por devolución de ganancias ilícitas, cuyo monto no se ha definido aún, y que no es cierto que en Panamá, por ejemplo, Odebrecht haya pagado 59 millones de dólares: recién están negociando y no ha habido pago alguno ni en ese país ni en ningún otro, tampoco en Estados Unidos, donde el abono se hará en junio. La Fiscalía peruana es la única que ha recibido ya un pago.

El acuerdo de colaboración y la Procuraduría

El acuerdo con Odebrecht ha sido criticado, ya vemos que sin  fundamento, por el propio procurador anti corrupción Amado Enco y por congresistas, sin conocer en realidad sus términos, que no han sido revelados. Pero, según explicaciones dadas a esta columna por el fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez, y el propio Hamilton Castro, estamos ante una suerte de acuerdo de colaboración eficaz. Su argumento es que una persona jurídica puede acogerse a la colaboración eficaz o a la terminación anticipada, en la misma medida en que puede ser sometida a un proceso penal en el que las sanciones no son la pena privativa de la libertad obviamente, sino multas, clausura, suspensiones, etc.   

Los fiscales explican que se enfrentaron a un dilema: o allanaban la empresa y los proyectos, congelaban sus cuentas y otras medidas similares solicitadas por la Procuraduría, con lo que se hubiese impedido el pago de los 30 millones y la colaboración eficaz que están dando y ha sido realmente efectiva, o se abstenían de adoptar esas medidas y se garantizaba que den la información. Obviamente la Fiscalía se decidió por lo segundo. Fue una decisión correcta.

Lo que no obsta para que la Procuraduría, por su parte, pueda solicitar las medidas necesarias para asegurar la reparación civil, la indemnización, que es lo que le corresponde. Para ello podría solicitar embargos, cartas de garantía o la designación de interventores, u otras medidas, pero en lugar de optar por alguna de estas líneas, dudando de la efectividad del acuerdo de colaboración, le demanda a la fiscalía acciones tales como allanamientos o congelación de cuentas o incautaciones con fines de decomiso o el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Odebrecht en todo el mundo, que son medidas –algunas inejecutables- que tienen que ver con el aspecto penal, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.

Es más, según los fiscales, en el acuerdo con Odebrecht se estableció una cláusula obligatoria para que la Procuraduría se siente a negociar con la empresa el monto de la reparación civil. Pero eso no ha ocurrido. La Procuraduría, al parecer, optó por una actitud reivindicativa y tutorial con la Fiscalía en lugar de coordinar visiones y acciones y asumir su propia responsabilidad.

El Procurador Enco le pidió a la Fiscalía, por ejemplo, que incluya a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, cuando eso es algo que depende de la evolución y la estrategia de las investigaciones, que la Procuraduría desconoce, y cuando de hecho la investigación está abierta contra los que resulten responsables. Tal como va, la Procuraduría anti corrupción es un obstáculo más que una ayuda en la investigación.

El problema aquí es que el gobierno no ha encontrado [nota al pie] hasta ahora la persona que acepte hacerse cargo de la Procuraduría ad hoc para este caso, que requiere de un abogado de peso que conozca de derecho empresarial o comercial y pueda aportar a una estrategia inteligente conversada con el Ejecutivo y con la Fiscalía para tomar todos los recaudos necesarios pero intentando afectar lo menos posible la continuidad de los proyectos y las operaciones. Al parecer, la Procuradora Julia Príncipe no vería con buenos ojos una coordinación con el Ejecutivo para buscar a la persona idónea, porque se sentiría afectada en su autonomía. Pero este un asunto de tal importancia que no deberían caber remilgos de esa naturaleza.

Conflicto con el Congreso

El otro tema es la relación conflictiva que se ha establecido entre la Fiscalía y el Congreso. Todo comenzó con la invitación de la Comisión Lava Jato al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Obviamente el Dr. Sánchez no podía responder a la mayor parte de las preguntas que le formulaban, porque no podía revelar nombres ni estrategias ni tampoco el contenido del acuerdo con Odebrecht. Entonces comenzó a recibir ataques. Se le dijo que la Fiscalía era muy lenta, débil y no estaba haciendo lo que debía. Hubo expresiones despectivas y ridiculizantes que el Fiscal resintió. Se sintió maltratado. La consecuencia fue que cuando la Comisión solicitó la presencia del Fiscal Hamilton Castro, el Fiscal de la Nación respondió con un oficio explicando que los procesos son reservados y que por lo tanto no correspondía que el Fiscal Hamilton Castro acudiese a la Comisión. Por supuesto, la reacción fue virulenta y se llegó a amenazar al Fiscal de la Nación con acusarlo constitucionalmente y con traer al fiscal Castro “de grado o fuerza”.

La pregunta de fondo aquí es si tiene sentido que cuando una investigación está ya judicializada, y más aún si lo está de una manera tan seria y concentrada y en conexión con investigaciones similares en otros países, como en este caso, que el Congreso se aboque a la misma causa.  Es claro que ante una investigación tan profunda y bien estructurada como la que lleva a cabo la Fiscalía, es muy difícil, si no imposible, que la comisión del Congreso obtenga información relevante por sus propios medios. La tendría que obtener de la propia Fiscalía, que no la puede dar. La salida, por lo tanto, estaría en delimitar bien el objeto de la comisión investigadora del Congreso: quizá abocarse a una reflexión mayor acerca de las condiciones estructurales e institucionales que facilitaron esos niveles de corrupción a fin de proponer las reformas necesarias para prevenir actos como esos en el futuro.  Pero, claro, una labor como esa es menos atractiva mediáticamente y más exigente intelectualmente. Casi imposible. Lampadia

NOTA: Al cierre de edición, el gobierno ha nombrado a la doctora Katherine Milagros Ampuero Meza, como Procuradora Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, y a la doctora Liliana Elizabeth Meza Quito como Adjunta 

Como explica nuestro colaborador, Sebastiao Mendonca, líneas abajo, la gesta contra la corrupción en Brasil, liderada por el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

Fuente:  The Economist

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de suhistoria. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter.

Las 48 leyes del poder. Ley 26: MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS. 
Fuente: elartedelaestrategia.blogspot.com

Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de  confesiones y delaciones

Muy lamentable la muerte ayer, de Teori Zavascki, un juez muy importante en el proceso que estaba a cargo de la relatoría de Lava Jato, y según Moro, ha sido un factor decisivo de los éxitos logrados hasta hoy. Esperamos que este sea solo un accidente y que no tengamos que lamentar, en Brasil, situaciones parecidas a las del juez Nisman en Argentina.

Lava Jato: ¿Por qué está funcionando?

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Como ya expliqué en un artículo anterior sobre el Petrolão, el Brasil es un país de nivel medio de desarrollo con un nivel alto de corrupción. Es un país en que las técnicas y los hilos de la corrupción se heredaban, y todavía se heredan, en familia, empresas y grupos políticos. La tranquilidad con que los corruptos actuaban en Brasil, hasta pocos meses atrás, era total. Antes de Lava Jato, la impunidad de los criminales de cuello blanco, especialmente los políticos, era un dogma indiscutible. Pareciera que nunca les pasaría nada. Fue así, hasta que un rayo cayó en medio de cielo azul.

En solo 33 meses, Lava Jato generó un terremoto en los palacios de la corrupción. Se ha instaurado 1,434 procesos, se ha condenado a 120 criminales a 1,257 años de cárcel, se está demandando pagos por US $12 mil millones y se ha repatriado cientos de millones de dólares de bancos extranjeros, especialmente suizos.

¿Porqué? ¿Qué hizo posible un sueño imposible? Para entender Lava Jato, veamos como Sergio Moro organizó el proceso.

Moro se inspiró en la experiencia italiana Manos Limpias (Mani Pulite). Moro, además, estudió dicha experiencia en detalle y publicó luego (2004) un artículo que hoy es la referencia en Brasil para entender las estrategias de Moro en Lava Jato. Considerações sobre a Operação Mani Pulite.

Manos Limpias, se inició en febrero 1992 y mostró números muy parecidos a los de Lava Jato: En dos años hizo casi 3 mil mandatos de prisión, investigó a 6 mil personas, incluidos 872 empresarios y 438 congresistas, y desbarató gran parte del sistema de corrupción imperante en Italia. La operación afectó seriamente las imágenes éticas de los Partidos de izquierda,

especialmente el Socialista y Demócrata Cristiano; modificando el mapa político italiano establecido en el post-guerra.

La dinámica política de Manos Limpias también tuvo que enfrentar resistencias como Lava Jato lo está haciendo en Brasil. El primer ministro y el Congreso de Italia intentaron bloquear el proceso sistemáticamente, pero la reacción de la opinión pública desbarató sus intentos.

Sobre el tema, Sergio Moro decía el 2004:

Es ingenuidad pensar que procesos criminales contra personas poderosas, como autoridades gubernamentales o empresarios, puedan ser conducidos normalmente, sin reacciones. Un judiciario independiente, tanto de las presiones externas e internas, es condición necesaria para soportar acciones judiciales de esa especie. Entretanto, la opinión pública, como ilustra el ejemplo italiano, es esencial para el éxito de la acción judicial.

Para Moro, la independencia del judiciario y la mayor legitimidad de los jueces respecto a los políticos, fueron factores importantes en el caso italiano. Sin embargo, en el caso de Brasil esos dos factores no fueron suficientes. El respaldo de la opinión pública, incluidas las marchas multitudinarias lideradas por los jóvenes liberales (6 millones de manifestantes), fueron fundamentales para evitar la paralización de los procesos.

La colaboración eficaz fue otro factor identificado por Moro en la experiencia italiana y también aplicado extensivamente en Brasil. Él explicaba que la colaboración eficaz no ocurre espontáneamente. Tiene que ser lograda por medio de una acción decidida de los investigadores y fiscales. Moro decía:

La prisión [preventiva] previa al juicio es una forma de destacar la seriedad del crimen y evidenciar la eficacia de la acción judicial, especialmente en sistemas judiciales morosos…

Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, consistiendo en la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos por la operación Mani Pulite.

En su análisis, Moro concluyó que los corruptos no tienen incentivos para confesar ni para incriminar a sus colegas de delito. Es solamente cuando ellos se ven frente al Dilema del Prisionero que ellos comienzan a confesar. Por ello, Lava Jato hizo uso extensivo de detenciones preventivas e interrogatorio de los corruptos, cuidando de que ellos no pudieran comunicarse entre si, pero autorizando la difusión en los medios de comunicaciones de noticias que estimularan a que los demás quisieran colaborar.

En el caso del asesor de marketing electoral de Lula y Dilma, Joao Santana, y pieza clave en los planes de expansión de la influencia política del PT, fue su esposa, responsable del manejo financiero de la pareja, quien decidió colaborar con la justicia, llevando a Santana a colaborar, pues con la confesión de su esposa su propio silencio se hizo inútil.

En el caso de Marcelo Odebrecht, Sergio Moro solo aceptó tratar la colaboración eficaz después de haberlo condenado a 19 años y 4 meses de prisión. Fue en esa situación que el gerente general de Odebrecht aceptó las duras condiciones de la fiscalía que exigía que 78 ejecutivos de su empresa ingresaran a una propuesta de colaboración eficaz. Situaciones similares de condenas previas a los acuerdos de colaboración eficaz están funcionando ahora con Camargo Correo, Andrade Gutierres, OAS y varias otras compañías.

En su investigación, Moro encontró que la corrupción había costado a Italia, entre 1980 y 1990,  un billón (millón de millones) de dólares en sobre-costos de las obras públicas, en los contratos con las empresas constructoras: líneas de metros, estadios, etc. En el caso de Lava Jato, los daños al patrimonio público hasta ahora son del orden de miles de millones de dólares, pero la suma sigue creciendo en la medida en que la investigación sigue avanzando.

Extrayendo lecciones de la experiencia, Moro señala:

Tal vez, la lección más importante de toda esa experiencia [Manos Limpias] es que la acción judicial contra la corrupción solo resulta eficaz con el apoyo de la democracia. Es ésta que define los límites y posibilidades de la acción judicial. Mientras la acción judicial cuente con el apoyo de la opinión pública, ella tiene condiciones de avanzar y de presentar buenos resultados. Si esto no ocurrir, difícilmente tendrá éxito.

Para Moro, las principales barreras para el éxito de una investigación de la corrupción son:

1. la falta de independencia de los jueces y fiscales a cargo de la investigación,
2. la existencia del foro privilegiado que protege a los políticos en el poder,
3. el predominio de una práctica judicial poco rigurosa contra la corrupción, especialmente respecto a los crímenes de cuello blanco,
4. el laberinto de las normas burocráticas y judiciales,
5. la dificultad para construir una carga probatoria necesaria para sustentar una sentencia de condena a los corruptos,
6. la existencia de una diversidad de mecanismos jurídicos que facilitan la prescripción de los juicios por corrupción, y
7. los incentivos del sistema político que favorecen al corrupto en la lucha por el poder, generando un proceso evolutivo nefasto.

La reflexión final de Moro sobre la experiencia italiana es que la corrupción de los políticos y las empresas contamina la democracia y termina haciendo a los jueces del país corresponsables de ese mal. Es decir, afecta moralmente a toda la sociedad.

Fue con esas ideas en la cabeza que Sergio Moro aceptó el desafío de liderar la Operación Lava Jato, ingresando a una batalla diaria contra los corruptos, todos sus juegos de astutas maniobras por bloquear el avance moralizador. La manera como Moro está conduciendo la Operación Lava Jato recoge mucho de lo que él ha aprendido de la experiencia italiana.

Sin dudas, uno de los factores del éxito de lava Jato fue que Mora ha estudiado cuidadosamente la experiencia de Manos Limpias para rescatar las lecciones aprendidas y evitar la repetición de los errores.

Ahora que el escándalo de Odebrecht se está propagando por América Latina, muchos se preguntan si sus efectos en esos países vecinos van ser pasajeros, o si la opinión pública y las instituciones de esos países van reaccionar lo suficiente para generar réplicas locales de ese proceso moralizador. Lampadia

Brasil está viviendo un proceso de limpieza de la exacerbada corrupción instalada por Lula da Silva del PT en los más altos círculos políticos y empresariales, desde instancias judiciales de menor rango, pues Lula copó las cortes mayores sin contar con la autonomía de los jueces regionales.

La suerte de los procesos y enjuiciamientos liderada por el juez Moro y otros, es clave para el futuro de Brasil y de toda la región. Donde el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, supuestos defensores de los pobres y la justicia, terminaron beneficiándose de dineros mal habidos para el financiamiento del Foro de Sao Paulo y las campañas políticas de los partidos de las izquierdas en toda la región.

Marxismo dixit: El fin justifica los medios. Sus buenos alumnos de las izquierdas, marxistas y no marxistas, consideran que sus ‘nobles’ fines les permiten llegar al poder de cualquier manera. Esperemos que con el Lava Jato del Petrolão lleguen a su fin la corrupción y los atajos para alcanzar el poder. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La corrupción ha existido a lo largo de toda la historia republicana de Brasil, y el retorno a la democracia en 1985 no sirvió para reducirla, sino que democratizó su práctica en el seno de la aristocracia política brasileña. La impunidad de los políticos y grandes empresarios ha sido una de las características de la democracia brasileña. Como los congresistas y ministros tienen fuero privilegiado, sus juicios tienen que darse directamente en la corte suprema (Supremo Tribunal Federal, STF) generándose así muchos mecanismos para lograr la impunidad.

El STF se ha caracterizado por la lentitud y poco empreño para juzgar a los políticos. Desde 1988 más de 500 políticos fueron investigados por el STF. La primera condena ocurrió en 2010. Una condena en 22 años, no muestra gran productividad ni interés por la justicia. Aún después el desempeño del STF ha sido pobre. Del 2010 hasta hoy, 16 políticos fueron condenados. Pero, solo 8 han sido efectivamente castigados, y solo uno está en prisión, 4 están en prisión domiciliaria, uno ya cumplió su pena, y uno ha sido amnistiado por Dilma, y otro logró anular su sentencia. La impunidad de los políticos es una tragedia para el país.

Los Índices de Transparencia Internacional, aún siendo sobre percepciones y no sobre hechos, pueden ser una referencia aproximada de los niveles de corrupción típicos de Brasil. Brasil era un país de desarrollo intermedio con niveles altos de corrupción antes que el Partido de los Trabajadores (PT) llegara al poder. Esta plataforma de la corrupción preexistente facilitó al PT montar su propio esquema.

Con el PT la corrupción adquiere nuevas dimensiones pasando de una práctica informal entre algunos políticos y algunas empresas, a un sistema institucionalizado y normado de relación entre tres partidos políticos (PT – Partido de los Trabajadores, PP – Partido Progresista y PMDB – Partido del Movimiento Democrático Brasileño), y las grandes empresas contratistas que realizaban obras públicas. Con el PT, la corrupción se tornó política de Estado.

El PT y la Corrupción

A diferencia de los demás partidos, para el PT el montaje de los sistemas de corrupción entre las empresas y los partidos ha sido parte de su misma concepción política y parte fundamental de su proyecto político. El historiador Marco Antonio Villa ha llegado a afirmar públicamente que el PT tenía y tiene un “Proyecto Criminoso de Poder”, y que, más que un partido político, el PT pareciera ser una organización criminal con objetivos políticos. Veamos algunos ejemplos de cómo el PT transformó la corrupción en política de Estado.

Para el PT la corrupción incluía, pero no se reducía al enriquecimiento ilícito de sus militantes, sino que integraba a los más altos niveles jerárquicos del partido y del Estado brasileño. En el partido la corrupción era una de las responsabilidades del tesorero nacional del partido. A nivel del Estado, la corrupción era una de las funciones de los Ministros de Finanzas y del Ministro de la Casa Civil, equivalente al primer ministro en el Perú. No es gratuito que estén en la cárcel los tres últimos tesoreros del PT, uno de los Ministros de Finanzas de Lula y ex-Primer Ministro de Lula y de Dilma, Antonio Palocci, el ex-Primer Ministro de Lula, José Dirceu, y el ex-Ministro de Finanzas de Dilma, Guido Mántega. Las personas encargadas de manejar las finanzas públicas (Ministerio de Finanzas y Primer Ministros) eran también personas con responsabilidad central en los esquemas de corrupción del partido. Dilma, antes de ser Presidente, fue Primer Ministro de Lula y Presidente del Directorio de la Petrobras. Esta fusión de altas funciones de Estado dentro de los mecanismos de corrupción del partido ha sido una “innovación” en la política brasileña. Algo así no había existido antes del PT.

El Mensalão

El primer gran escándalo de corrupción del PT fue el Mensalão, un sistema de corrupción política dedicada a comprar votos de congresistas para ampliar su base política aliada. Los pagos a los congresistas eran del orden de US $50 mil mensuales, y beneficiaban a congresistas de cuatro partidos: Partido Progresista (PP), al Partido Liberal (PL), al Partido Laboral Brasileño (PTB), y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Gracias a un video de la revista Veja, el escándalo se destapó en 2005. Al investigar el Mensalão se descubrieron otros esquemas de corrupción en los cuales participaba el PT: el escándalo de los Correos, el chantaje y asesinato del alcalde de Santo André (Sao Paulo), Celso Daniel, el escándalo de los Fondos de pensión del Banco de Brasil, el esquema del Plan Safra Legal (otro Banco), donaciones millonarias de dólares a Cuba, y el escándalo de los Bingos. Todos esos escándalos estaban relacionados entre si, e involucraban altos mandos del PT. Cuando esos casos vinieron a la opinión pública nacional se sintió confundida, pero las habilidades populistas del PT permitieron capear la crisis y estabilizar el gobierno de Lula.[i]

El escándalo del Mensalão mostró al Primer Ministro de Lula (Ministro de la Casa Civil), José Dirceu, como el cerebro del esquema de corrupción, y obligó su renuncia, y luego después, trajo su prisión. El núcleo del PT responsable del esquema de corrupción era José Dirceu, José Genuino (Presidente del PT) y Delúdio Soares (Tesorero del PT). El ex-jefe del marketing político de Lula, Duda Mendonça, se vio involucrado y tuvo que distanciarse de Lula, para no afectarlo. Fue una gran pérdida para el PT, pues Mendonça era extraordinariamente astuto.

Uno de los efectos más importantes del Mensalão fue que destruyó la imagen de José Dirceu, quien parecía ser el más indicado para la sucesión de Lula, su potencial alfil. La caída de Dirceu dejó al PT sin candidato a la presidencia, y abrió espacio para que Dilma Rousseff, una persona muy limitada, resultase siendo la candidata presidencial del PT en el 2011.

Mientras el escándalo del Mensalão se propagaba, e importantes líderes del PT eran enjuiciados o iban a prisión, el partido, bajo el comando de Lula, trabajaba arduamente organizando un nuevo esquema de corrupción mucho más grande y complejo, un esquema que posteriormente sería conocido como Petrolão. Esta respuesta del PT al escándalo del Mensalão dejó claro la importancia que el partido atribuía a los mecanismos de corrupción.

Petrolão

El Petrolão, montado en torno a la Petrobras, operó entre 2004 y 2014, y resultó siendo el mayor esquema de corrupción de la historia de Brasil, y uno de los mayores del mundo. Para tener una idea de la destrucción de valor ocasionado por la corrupción en la Petrobras, podemos comparar el valor comercial de Petrobras en el 2008 (»US $250 mil millones) con su valor actual (»US $37 mil millones).[ii] La desvalorización del Real, de un 60%, explica parte de esta caída, y la baja del precio del petróleo explica otra parte, pero otra gran parte de esa pérdida es el costo de la corrupción.[iii]

¿Cómo se descubrieron los crímenes? Desde el 2008 en que la Policía Federal venía investigando a un grupo de cambistas que hacían lavado de dinero para políticos de alto rango en Brasilia y trabajaban ligados a una red de grifos de esa ciudad. Esos grifos tenían máquinas de lavar carros conocidas como “Lava Jato” en Brasil y como “car-wash” en los Estados Unidos.

En esas investigaciones sobre lavado de dinero descubrieron que un cambista bien conocido por la PF, Alberto Youssef, había dado una camioneta Range Rover Evoque como regalo a un ex-director de la Petrobras (Paulo Roberto Costa). Un regalo tan caro despertó sospechas de que era parte de un esquema mayor. Fue entonces (17 de marzo de 2014) que el Procurador General de la República (Fiscal de la Nación), Rodrigo Janot decidió crear la Fuerza Tarea “Lava Jato” conducida por la Policía Federal de Curitiba, Estado de Paraná, especializada en delitos financieros, y que estaba investigando un ex-diputado federal involucrado en lavado de dinero. Lava Jato cambió el Brasil.

A través de Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, Lava Jato, descubrió el esquema de corrupción montado en la Petrobras. En ese esquema, todos los contratos obras, compras de maquinaria y operaciones internacionales de Petrobras implicaban un pago de soborno a tres directores: Paulo Roberto Costa, por el Partido Progresista (PP), Renato Duque, por el Partido de los Trabajadores (PT), y Nestor Cerveró por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Los sobornos se estandarizaron en 3%, donde 2% era para el PT y 1% se dividían entre PP y PMDB. Los sobre-precios de los contratos eran decenas de veces más grandes que los sobornos, y las pérdidas de la Petrobras eran aún mayores.

En realidad, los directores de Petrobras y líderes de los partidos políticos, especialmente del PT, organizaron un verdadero festín con los contratos de Petrobras y con las empresas contratistas que hacían obras y prestaban servicios a la Petrobras. En ese festín, los tesoreros del PT se hicieron famosos por andar con mochilas y maletas para recoger el dinero de la corrupción en las oficinas de las empresas, en el más puro estilo de los narcos y mafiosos. Para su mala suerte, las oficinas de las empresas tenían video cámaras que documentaron sus idas y venidas, y sus técnicas para ocultar sus actividades

El caso de la Refinería de Pasadena es ilustrativo de los daños a Petrobras. El 2005 la empresa belga Astra Oil compró una refinería en muy mal estado por US $42 millones. El 2006, la Petrobras compró el 50% de las acciones de dicha refinería por US $360 millones (17 veces el precio original), firmando un contrato leonino. Después Petrobras quiso romper el contrato y fue judicialmente obligada a pagar US $820 millones por los otros 50%. Astra Oil recibió un total de US $1,180 millones por una refinería que le costó US $42 millones. Esta operación estuvo a cargo de Nestor Cerveró, Director por el PMDB. Según su confesión, Dilma, como presidente del Directorio de Petrobras, “tenía todas las informaciones sobre la refinería.” Él afirmó, además, que “Dilma conocía en detalle los negocios de Petrobras.” Sin embargo, hasta hoy Dilma no ha sido formalmente acusada en la Operación Lava Jato.[iv]

La investigación sobre la corrupción en la Petrobras puso de manifiesto cómo el PT había decidido financiar su proyecto político, y la absoluta falta de escrúpulo de sus dirigentes y líderes. Esto chocó a mucha gente que creía que el PT era un partido con líderes honestos.

Si bien Dilma no ha sido acusada hasta hoy, Lula ya colecciona cinco acusaciones penales: (1) por intentar obstruir la Operación Lava Jato, (2) por favores recibidos por US $ 1.15 millones de la empresa OAS, en la compra y arreglo de su departamento y otros gastos, (3) por la liberación de préstamos del BNDES en Angola a favor de Odebrecht, (4) por su rol como el cerebro del esquema de corrupción del PT, y (5) Lula, su hijo y su esposa por tráfico de influencias en varias operaciones millonarias.[v] Algunos de esos juicios ya están en proceso y es altamente probable que las sentencias comiencen a ser emitidas aún este año.

El Petrolão ha tenido un impacto demoledor en la percepción de la opinión pública brasileña sobre la calidad ética del PT, de sus socios, y de toda la aristocracia política brasileña. Ha despertado de la población brasileña el interés, antes inexistente, de la población brasileña por conocer y entender como los políticos manejan los recursos públicos, sus impuestos. Con el conocimiento de los escándalos del Petrolão, el interés público por la cosa pública se ha multiplicado en Brasil.

La pérdida de la ventaja ética ha significado un desastre político para el PT, habiendo perdido 60% de los municipios que controlaba, y el 84% de su respaldo electoral (número de votos) en las últimas elecciones municipales, del 2016. Hoy, entre 20% y 25% de la población todavía cree que Lula es honesto y estaría dispuesta a votar por él en el 2018. Sin embargo, los procesos en Lava Jato demoran en promedio menos de un año, y con la carga probatoria existente, es poco probable que Lula logre salir libre de todos esos cincos juicios. Además, sus anti-cuerpos de Lula superan hoy el 50% y se activarían si él llegara a disputar las elecciones el 2018.

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia

El antes alabado modelo brasileño del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva parece haber llegado a su fin con la histórica votación para procesar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Esto significaría el fin de 13 años de gobierno de su partido que ha llevado al Brasil a una crisis económica, política y moral sin precedentes. 

Formalmente, la acusación contra Rousseff es por su manipulación del déficit fiscal que trató de cubrir recurriendo a los fondos de agencias y bancos del Estado que no forman parte del presupuesto nacional. Muchos pretenden decir que esta es una cosa menor, además, Dilma Rousseff está también vinculada a la ominosa corrupción del ‘lava jato’, ella fue presidente de Petrobras cuando se desarrollaron los esquemas fraudulentos y se estima que su campaña política fue financiada por fondos de la corrupción. En todo caso, esto puede parecerse a la condena del famoso Al Capone, que recibió su castigo por evasión fiscal y no por los múltiples crímenes que llevaba a cuestas.

Rousseff y sus partidarios, afirman que van a luchar hasta el final contra lo que ven como ‘una conspiración’ y ‘un intento de golpe’. Pero el proceso de limpieza de la política brasileña sigue adelante. Acaba de ser condenado a 23 años de cárcel, José Dirceu, el brazo derecho de Lula. El PT ha dilapidado su ascendencia en Brasil, según la encuestadora Datafolha, la popularidad de la presidenta está en 8% y el abrumador voto en su contra en el Senado indica que hay pocas posibilidades de que sea absuelta.

El impeachment de Rousseff tendrá consecuencias en toda América Latina. Brasil llegó a considerarse una potencia económica emergente con numerosos programas sociales que aceleraron la reducción de la pobreza y fomentaron una nueva clase media, algo que esperamos pueda preservarse.

En Lampadia no nos dejamos engañar por los cuentos de grandeza del PT y sus políticas aislacionistas y proteccionistas que fomentaron el mercantilismo empresarial, ni por sus políticas asistencialistas que duraron lo que duró el ciclo de ingresos extraordinarios por el precio de la soya y otros. En una visita de Lula al Perú (segundo gobierno de García), declaró  que era mejor distribuir para crecer (equívoca política adoptada luego por Humala). Lula alardeó con sus cifras, pero en Lampadia las comparamos con las peruanas (Luces y sombras de la visita de Lula al Perú) y mostramos que nuestras políticas y performance eran muy superiores.

La oportunidad que ha perdido Brasil ha sido probablemente la mejor de su historia (ver en Lampadia: El ‘país del futuro’ tendrá que diseñar otro futuro). Pero Brasil no ha sido el único que malogró sus oportunidades en la región. Casos muy parecidos, con distintos énfasis y ritmos de reversión, los tenemos en Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. Los países que mejor aprovecharon las grandes oportunidades del nuevo siglo, son los de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y el Perú. Nosotros, después de las reformas pro mercado de los años 90, estuvimos listos para transformar ‘oportunidades en realizaciones’. Así lo dijeron en el Perú hace un par de años Paul Krugman y Nouriel Roubini. (Ver en Lampadia: Paul Krugman rompe mitos).

Es por eso que reportajes como el publicado por Cuarto Poder (Poder de Cuarta), la semana pasada sobre el caso brasileño, en el especial conducido por el colaborador de La República, René Gastelumendi, es sorprendente y alarmante. Parecía un programa de la televisión chavista de Venezuela en el que se hizo una defensa cerrada del gobierno del PT (el conductor llegó a discutir con los furibundos brasileños), apoyando los reclamos de Dilma. No importó, ni se mencionó que días antes hubo una manifestación de seis millones de brasileños exigiendo la destitución de la presidente.

En verdad, las traumáticas experiencias de Venezuela, Argentina y Brasil, con el decimonónico ‘socialismo del siglo XXI’, un aislacionismo anti globalización y una dantesca corrupción, son una de las mejores lecciones de economía y política para nuestros ciudadanos y debemos mostrarlas y compartirlas sin manipulaciones políticas. 

Estos son tiempos importantes para América Latina, de hecho, parece que estamos entrando en un nuevo ciclo político relativamente pragmático y centrista, como afirma el artículo del Financial Times que glosamos líneas abajo:

Desaparición del izquierdismo brasileño resonará en las Américas

Los latinoamericanos ya no tolerarán la corrupción como antes

Por John Paul Rathbone

Publicado por el Financial Times

12 de Mayo de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Dilma Rousseff se mostró desafiante. “Me voy a resistir por todos los medios legales”, dijo después de que el Senado de Brasil votara a favor de iniciar el proceso de destitución.

A pesar de su actitud desafiante, la decisión del Senado probablemente marca un punto de inflexión para la séptima mayor economía del mundo. Michel Temer, el vicepresidente, ha juramentado como presidente interino.

La partida de Rousseff marca el final del PT después de 13 años. Desde su fundación en 1980, el PT se convirtió en el mayor partido socialdemócrata en la región, el “principal movimiento de izquierda en el mundo democrático”, señala Matias Spektor, profesor asociado de relaciones internacionales de una institución académica de Sao Paulo.

Durante la última década, muchos gobiernos de izquierda en la región han sido auxiliados por el PT. Brasil mostró una extraordinaria “paciencia estratégica” con sus vecinos socialistas como Bolivia y Venezuela, haciendo la vista gorda a sus deficiencias, como también lo hizo con la Habana. Pero ahora la mayor parte de América del Sur se está moviendo hacia el centro político.

El impeachment de Rousseff se debe en realidad al disgusto popular por la mala gestión económica y el escándalo de corrupción en Petrobras y también marca otra tendencia regional: los latinoamericanos ya no tolerarán la corrupción como lo hacían antes.

De acuerdo con Kevin Casas-Zamora, del diálogo Inter-Americano con sede en Washington, este alboroto popular no se debe a que la región es más corrupta. Las encuestas realizadas por grupos como Transparencia Internacional sugieren que hay menos corrupción, no más.

Más bien, el crecimiento de las redes sociales, combinado con una clase media cada vez más activa y mejores garantías institucionales en contra de abusos, han llevado a una fuerte reacción negativa.

Lampadia

El día de ayer, la Cámara de Diputados de Brasil votó para iniciar el proceso de destitución de la actual presidenta, Dilma Rousseff, por acusaciones de manipulación de las cuentas del gobierno, en un clima de rechazo popular masivo contra el gobierno, cuyos máximos líderes están implicados en niveles de corrupción de escándalo.

El proceso ahora pasará al Senado, que deberá primero aceptarlo por mayoría simple para dar paso al eventual juicio de destitución bajo la conducción del Presidente del Tribunal Supremo Federal. El voto final tendrá que contar con dos tercios de los senadores.

Este proceso tiene el respaldo del pedido de justicia de los millones de brasileños por las acusaciones de corrupción y sobre todo por el gran descontento y decepción con la peor crisis económicas desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo.

Decenas de miles de manifestantes a favor y en contra de la acusación se reunieron en la capital Brasilia y otras ciudades importantes para ver la transmisión en vivo por la televisión nacional de la dramática votación que hicieron, a viva voz, los más de 500 diputados de la cámara baja.

Los 513 legisladores votaron uno por uno, todos ellos tuvieron 30 segundos para hablar antes de emitir su voto. Al final, 367 diputados votaron a favor del impeachment, superando el mínimo legal de 342.

Líneas abajo mostramos un gráfico que explica el largo y tedioso proceso de juicio político:

El caso del juicio político contra la presidenta Dilma se centra alrededor de la contabilidad creativa, en la que el gobierno federal ha retrasado los pagos a los bancos estatales con el fin de hacer que el déficit presupuestario se viera más pequeño de lo que realmente era. Las  revelaciones de corrupción generalizada bajo el gobierno del PT, como las acusaciones de haber usado dineros negros para su campaña de reelección, debilitan su posición en los procesos políticos.

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión. (Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff).

Estos escándalos implican a políticos, empresarios, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno.

Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  

La reelegida presidenta de Brasil (por un pequeñísimo margen), ha negado constantemente haber tenido conocimiento del esquema de corrupción, pero su imagen ya ha sido fuertemente deteriorada. De acuerdo con un sondeo de Datafolha (en portugués), publicado el 11 de abril, el 63% de los encuestados en todo el país afirman que su gobierno era “malo o terrible”, con sólo el 13% diciendo que era “bueno o excelente”. Los expertos dicen que esto refleja la profunda recesión y la de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, la breve detención por la policía de su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su nombramiento como ministro para brindarle cierta protección legal (bajo la ley brasileña, los miembros del gabinete sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, no por un juez federal), habría herido aún más la imagen de la presidenta.

El ex presidente Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Con estos escándalos políticos, no es sorprendente que la economía de Brasil esté pasando por su peor recesión en décadas después de una caída de los precios de las materias primas, como el petróleo, hierro y la soja. En 2015, la economía se contrajo un 3.8%, la inflación alcanzó el 10.7% a finales del año pasado y el desempleo aumentó a 9% , que podría aumentar a dos dígitos en los próximos meses.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es en el precio del dólar. La moneda de Brasil, que perdió un tercio de su valor frente al dólar en 2015 ha recuperado algo de terreno por la inminente retirada de Rousseff.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas en Luces y sombras de la visita de Lula al Perú y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialista y el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

¿Cómo queda Brasil en todo esto? El juicio político en el Senado probablemente cause un gran caos institucional. Para la presidenta Dilma, la destitución sería el final de su carrera política. Para el vicepresidente Michel Temer, y la economía del país, podría dar lugar a un gobierno con un alto grado de incertidumbre y dificultad.

Por desgracia, esta incertidumbre política está dividiendo a Brasil. Parte del país (probablemente una minoría) continúa apoyando Rousseff (y a su predecesor, el ex presidente Lula) y gritan que el juicio político es un golpe de Estado. La mayoría de la población, sin embargo, está absolutamente cansada de vivir durante casi 15 años bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores y están desesperados por un cambio.

Se viene una gran lucha contra la corrupción, la cual no se acabará con la destitución de Rousseff, y la movilización popular será fundamental para que no pierda impulso. Ver en Lampadia: ¡Fora Dilma!

Esperamos que Brasil pueda acortar el tiempo de la eventual transición a un nuevo gobierno elegido por el pueblo que pueda recuperar la confianza de los brasileños en el futuro. Lampadia

Las malas noticias no le dan tregua a Dilma Rousseff. Las revelaciones del llamado escándalo Lavo Jato (lava auto) o Petrolao, cada día desacreditan más su figura y la imagen del Partido de los Trabajadores. La economía marcha de mal en peor y las medidas que ha tomado no parecen enmendar el rumbo. Finalmente, Brasil está pagando la factura de haber implementado un modelo económico proteccionista, estatista y dilapidador (en ingentes programas sociales clientelistas), que le ha restado competitividad, recursos y ha incubado una corrupción generalizada. 

Como acaba de hacer notar la revista brasileña Veja, desde que asumió Rousseff la presidencia de su país en el 2011, sucediendo a su mentor político Lula da Silva, prácticamente todos los indicadores económicos importantes están mucho peor que antes. Veamos, la deuda federal (interna y externa) aumentó de 1.7 trillones de reales en diciembre de 2010 a 2.3 trillones de reales en enero de 2015. Un incremento del 35%, llegando a 63 % del PBI. Las que descendieron estrepitosamente fueron las acciones de Petrobras. Descubierto el escándalo del Petrolao, los papeles de esta compañía que el 31 de diciembre de 2010 se cotizaban a 27.29 reales cayeron a 8.94 reales el 11 de febrero último (en diciembre del 2014 se hallaba en 16.50 reales). Una caída del 67%. La devaluación de los papeles de Petrobras contribuyó a la caída del índice Bovespa (Bolsa de Valores de Sao Paulo), que el 3 de enero 2011 fue de 69,962 puntos y ahora apenas llega a los 50,000.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es el precio del dólar. El 30 de diciembre de 2010, un dólar equivalía a 1.66 reales. El 10 de febrero, por primera vez en una década, la moneda norteamericana pasó la barrera de los 3 Reales y hoy se cotizaba a 3.22, una devaluación de 93%. No sólo eso, mientras que la inflación del 2010 fue 5.91%, entre febrero de 2014 y enero 2015 llegó a 7.14%. Todo mal.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialistay el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

A pesar de estos esfuerzos y de sus masivos y millonarios programas asistenciales, su tasa de crecimiento y sus índices sociales no resisten comparación con los peruanos. Esto se puede observar en la tabla siguiente, una versión actualizada de la publicada por Lampadia anteriormente. Para ello, al incluir los datos del 2013, hemos tenido que homogenizar las fuentes.

Los cierto es que Rousseff no solo enfrenta los problemas derivados del agotamiento de un modelo equivocado al que ha defendido y debe su elección, sino a la ingente corrupción que esa forma de gobernar ha generado. Las acusaciones de corrupción, como advertía hace unos días el New York Times amenazan a las más importantes empresas brasileñas y amenazan al país con una seria recesión.

Petrobras no es cualquier empresa estatal. La compañía produce más del 90% del petróleo de Brasil, posee todas las refinerías, opera más de 34,000 kilómetros de oleoductos, domina la distribución al por mayor de la gasolina y el diesel y es hasta el dueño de la mayor red de estaciones de servicio.

A raíz del escándalo, Petrobras ha suspendido muchos de sus proyectos de inversión y prohibió el establecimiento de nuevos contratos con algunas de las mayores empresas de ingeniería y productos petroquímicos del país. La disminución de los gastos de la empresa han afectado los flujos de caja de empresas grandes y medianas. Se cree que estos recortes afectarán el crecimiento esperado dela economía brasileña calculado optimistamente para este año en  0,75, lo que podría empujaral aletargado Brasil a una leve recesión.

Para colmo de males, las acusaciones de corrupción podrían por comprometer a la propia Rousseff, la cual se desempeñó como su presidenta. Un mal que parece haberse contagiado en la región entre, curiosamente, políticas mujeres. En Argentina, Cristina Fernández Kirchner es acusada de corrupción y de estar detrás del asesinato del fiscal Nisman; en Chile, Bachelet ha visto caer su imagen por el sospechoso y millonario préstamo recibido por su hijo de una de las entidades financieras más poderosas del país y, en Perú, Nadine Heredia está cuestionada por sus poco transparentes ingresos que le habrían permitido a familiares suyos adquirir varias propiedades.

Esto último, las nubes que se ciernen sobre varias políticas mujeres de la región, no es por su condición de mujeres, sino por ser políticos. El gran atraso de la región es la política que hasta ahora no se desembaraza del populismo y siempre termina rodeada de corrupción. Lampadia

Recién reelecta, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Las malas noticias la cercan. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión técnica de algunos meses), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión.

Según las investigaciones preliminares, entre el 2006 y el 2014, se habrían desviado unos 10,000 millones de reales (US$ 3,850 millones) en sobrefacturación de obras y contratos. Los testimonios del ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa y las de Alberto Youssef (un empresario y mediador de la red), las empresas constructoras brasileñas habrían formado un cartel para rotarse contratos con la petrolera estatal, que pagaban un sobreprecio a cambio de la adjudicación de las obras para destinarlo a políticos e intermediarios.

En una declaración colgada en YouTube, se puede escuchar a Costa contar suelto de huesos como las compañías constructoras añadían un 3% al precio de las obras adjudicadas por Petrobras, que terminaba en manos de los a “agentes políticos”, miembros del Partido de Trabajadores (PT), del Partido del Movimiento Democrático y del Partido Progresista (aliados del PT).

Al parecer serían 70 políticos, entre estos, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios los que estarían implicados. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), Youssef señaló a las autoridades que tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno. La recién reelegida presidenta de Brasil por un pequeñísimo margen, niega haber tenido conocimiento del esquema de corrupción y pide que se investigue a fondo, pero su imagen se halla fuertemente deteriorada. En cambio Lula aún no dice esta boca es mía. Es sensato suponer, que si este escándalo hubiera aparecido en toda su magnitud antes de las elecciones, el presidente sería, hoy día, Aécio Neves.

Lo cierto es que este caso estalló, como recuerda América Economía “cuando el diario O Estado de Sao Paulo indicó que, cuando Dilma Rousseff era integrante del directorio de la estatal, avaló la desastrosa adquisición de la refinería Pasadena, ubicada en Estados Unidos, autorizando a la empresa a cancelar US$360 millones por el 50% de la refinería, siendo que un año antes la compañía belga Astra Oil canceló US$42.5 millones por el mismo activo”.

Las investigaciones están aún en su etapa preliminar y prometen más sorpresas y remezones políticos y empresariales. Sí, este escándalo no solo afecta al Estado, también está golpeando a las más importantes empresas constructoras brasileñas. Ejecutivos, directores y las propias empresas están siendo incluidas en el proceso. Se han ordenado allanamientos, detenciones y se han embargado cuentas de  Odebrecht, Queiroz Galvao, Camargo Correa, Mendes Júnior, OAS, Iesa, UTC Participacoes y Engevix.

Hace unos días El Banco Central brasileño informó que ha embargado unos 47.8 millones de reales (US$19 millones) depositados en las cuentas bancarias personales de 16 ejecutivos detenidos la semana pasada. Mientras que distintos diarios informaban que las oficinas centrales de Odebrecht, Camargo Correa y OAS eran allanadas para decomisar documentación que sería valiosa para el caso.

Entre los afectados destacan Joao Ricardo Auler, presidente do Consejo de Administración de  Camargo Correa; Ildefonso Colares Filho, director de Queiroz Galvão; Sérgio Cunha Mendes, director de Mendes Júnior; y Agenor Franklin Magalhães, director de OAS.

Según la prensa brasileña “algunos de los ejecutivos presos ya admitieron en interrogatorios ante la Policía Federal que pagaron sobornos a funcionarios que formaban parte de la red de corrupción enquistada en Petrobras”.

Sin duda, esta es una pésima noticia para la alicaída economía brasileña, como sostiene América Economía, Odebrecht, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, OAS y Queiroz Galvão, todas citadas en las investigaciones de la Policía Federal brasileña, son nombres frecuentes en las licitaciones de infraestructura y concesiones que el gobierno esperaba lanzar para reactivar la economía. Con esta situación, es más que probable que las obras se retrasen y lo que es peor que muchas de ellas, como ordena la Ley, queden inhabilitadas para participar en nuevos procesos públicos por haber incurrido en actos de corrupción.

Quizá por ello Rousseff,  “se adelantó a los hechos este domingo, afirmando que no irá a “demonizar a las constructoras” ni tampoco les pondrá un “timbre”.

Como ha señalado la columnista de Veja, Joice Hasselman. El Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia brasileña está a prueba. La sociedad está indignada, así que muchas cosas tendrán que cambiar en la forma de hacer política y de hacer negocios en Brasil en los próximos meses.

El PT, Lula y Dilma Rousseff, han perdido legitimidad. Ya antes de las elecciones, Sebastião Ferreira (ver en Lampadia (L): Encrucijada brasileña) nos explicó las argucias del partido de gobierno, maniobras que sin duda torcían la voluntad popular. Ya es hora de que Latinoamérica recupere una mejor calidad para sus democracias y nos dejemos de  proteger a los santones de la izquierda, por el solo hecho de presumir orientaciones pro-pobre, que disfrazan detrás de su ideología plagada de “ideas muertas”, como dice Moisés Naím. Lampadia