Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 17 de marzo Lava Jato cumplió cuatro años. En esos 1,460 días, Lava Jato ha puesto en marcha 49 operaciones de gran escala (una por mes), teniendo un impacto inmenso en la política y en la forma de hacer negocios en Brasil y varios otros países.

Investigando el uso de grifos para el movimiento ilegal de dinero (de ahí su nombre Lava Jato, lavado a chorros), la operación chocó con la participación de un ex-director de la Petrobras, Paulo Roberto Costa. Siguiendo ese hilo, la investigación descubrió el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, y unos de los más importantes a nivel global.

En sus investigaciones, Lava Jato ha involucrado al ex-presidente de Brasil, Lula da Silva (PT), a presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional (PMDB), a Gobernadores de Estado (PMDB), ex-ministros, y a empresarios de algunas de las principales empresas públicas y privadas de Brasil: Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, entre otros. Ni siquiera el famoso empresario Eike Batista se salvó de las investigaciones ni de la prisión.

Lava Jato se inicia el 2014 como una tercera fase de las operaciones de la Policía Federal contra la corrupción y lavado de activos, y se monta aprovechando de las lecciones de las operaciones anteriores. Todo comienza en el 2008 con una investigación sobre lavado de dinero en el escándalo de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) conocido como el Mensalão. Posteriormente, el 2013, con la Operación Miquéias, la Policía Federal descubre que el cambista Alberto Youssef, investigado en el Mensalão, estaba de nuevo en operaciones. Y para investigarlo, la Policía Federal creó la Operación Lava Jato. Es investigando el lavado de activos que los investigadores descubren una Land Rover “Evoque” regalada a Paulo Roberto Costa ex-director de Petrobras, y ese pequeño hallazgo abrió las puertas a un gigantesco esquema de corrupción montado por tres partidos aliados: PT, PMDB y PP.

Los números de la Operación Lava Jato son impresionantes para cualquier referencia, sea nacional, continental o global. Después de 49 operaciones consecutivas, Lava Jato ha demostrado un profesionalismo y una productividad extraordinarias:

Lava Jato cambió el Brasil
Lava Jato no acabó con la corrupción, pero visibilizó su existencia en forma clara y profesional y, por primera vez en la historia del país, una investigación criminal alcanzó a los “peces gordos” y no solo los cómplices menores. Finalmente, los comandantes de los esquemas de corrupción fueron alcanzados por las investigaciones y por la justicia.

Algunos de los empresarios y políticos más poderosos del país han sido investigados, condenados y puestos en prisión:

En esos 4 años se ha creado un “Modelo de Lava Jato” de investigación: (1) Los corruptos deben ser apresados, (2) el temor a la prisión estimula la colaboración eficaz, (3) los acuerdos de colaboración han permitido extender la red de investigaciones y recuperar parte de los recursos robados. Como lo explica Sergio Moro, la prisión preventiva ha sido fundamental para la expansión de la investigación.Los 1,753 años de prisión para los 183 condenados, representan casi 10 años de condena a cada uno, en promedio, y muestran que Lava Jato no ha temido develar la corrupción allí donde surge, y ha sabido aplicar la ley como debe ser. A pesar de las protestas del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Lava Jato no ha sido una herramienta de persecución política. Los investigados y acusados han sido de todos los partidos: PT, PMDB, PSDB, PP, DEM, PDT, etc. El problema es que el PT y sus aliados tenían el control de la corrupción en los últimos 13 años. Entonces, ellos aparecen más que los demás.

Lava Jato no ha acabado con la corrupción, ni siquiera ha logrado destapar la mayoría de los mecanismos de saqueo montado por los corruptos. El Estado Brasileño es inmenso y sus recursos son gigantescos (Los activos del BNDES en el 2017 eran de US$271 mil millones, más del doble de los activos del BID). Lava Jato tampoco ha logrado descubrir, ni condenar a la mayoría de los corruptos. La corrupción sigue en el congreso, en los bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES, Caixa Económica, etc.), en las empresas públicas (Petrobras, Electrobras, Correios, etc.), en los gobiernos de los 26 Estados, en las 5,570 municipalidades, en muchos de los 16,280 jueces, y naturalmente, en la Policía Militar. Todo lo que Lava Jato ha logrado destapar es solo la “punta del iceberg”. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Federal están investigando a los corruptos en todos los rincones en donde encuentran indicios de mal manejo.

A pesar de sus limitaciones, el cambio ha sido notable. Una nación que dedica horas por día para asistir telenovelas y futbol ha creado espacio mental para mirar otros temas, más políticos. Los noticieros han cambiado las noticias, los contenidos de las redes sociales han cambiado, y en pocos años la opinión pública se ha vuelto mejor informada sobre los niveles de corrupción de su país, sobre quienes son los corruptos, y sobre la cantidad de la riqueza pública que estaba siendo robada en forma sistemática.

La principal limitación para que el alcance de Lava Jato no sea más amplio ha sido el Foro Privilegiado que protege a más de 50 mil de los principales políticos (diputados, senadores, ministros, gobernadores), los jueces y las autoridades de Brasil. Aécio Neves, ex-candidato a presidente de Brasil y ex-presidente del PSDB ha sido investigado, pero tiene foro privilegiado. Todas las personas con Foro Privilegiado no pueden ser investigadas ni juzgadas en 1ª instancia, como Lava Jato y el juez Sergio Moro, y sus juicios tienen que ser procesados exclusivamente en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Sucede que los jueces del STF son nombrados por los presidentes, y muchas veces pone lo jurídico en segundo plano por razones políticas. Además, el STF actúa con una lentitud e ineficiencia chocante. De los 500 congresistas que fueron acusados ante el STF, desde 1988, solo 16 fueron condenados, solo el 3.2%. Los juicios son tan lentos, que lo típico del STF es prescripción de los delitos.

Aún cuando, el STF tenga voto mayoritario para condenar un acusado, cualquiera de sus miembros puede pedir que se suspenda el juicio para que él pueda revisar el caso (Pedido de Vista). El tiempo del Pedido de Vista es ilimitado, y puede durar varios años, a veces, hasta que el delito prescriba. Cuando esto sucede, el juicio se cierra y todos los documentos son devueltos a los procuradores para su archivo. Si un político corrupto logra comprar uno de los 11 jueces del STF, su juicio jamás concluye, y su delito prescribe.

La investigación y castigo de los corruptos no es suficiente para acabar con la corrupción en un país. Se requieren reformas. La dificultad para hacer las reformas necesarias es la actual composición del Congreso Federal: Diputados Federales y Senadores. Los grupos a favor de mantener la corrupción son mayoritarios en ambas cámaras y bloquean cualquier intento legislativo que amenace sus actividades de parasitismo y de saqueo de los recursos públicos.

Un caso representativo ha sido la propuesta de las “10 medidas contra la corrupción”. Ellas fueron presentadas a la Cámara de Diputados con más de dos millones de firmas de respaldo, pero los señores diputados las desfiguraron y modificaron todas las medidas que ponían en riesgo sus prácticas actuales. Finalmente, lo que aprobaron no tenía nada que ver con la propuesta presentada por los procuradores de Lava jato y por la población que firmó.

Ahora, que Lava Jato está llegando a su fin, todos se preguntan: ¿qué viene después?

Lo que viene después no depende de Sergio Moro, ni del equipo de procuradores federales que lideraron Lava Jato. Lo que sigue depende de la política. Depende de quienes serán electos en las elecciones de este año. Los corruptos ya aprobaron los fondos de publicidad que, en su opinión, va permitir su continuidad. Ahora vamos ver en funcionamiento la teoría de Daron Acemoglu de que los cambios institucionales dependen de los desenlaces políticos. La política va definir el futuro de la lucha contra la corrupción en Brasil.

Brasil vive un momento de efervescencia política. Los partidos tradicionales, con excepción del PT, imaginan que van poder seguir en sus puestos, y los nuevos partidos (liberales y conservadores) están optimistas sobre la posibilidad de dar un salto cualitativo en su peso político. Como en toda campaña electoral, los resultados son altamente inciertos, pero podemos decir que una parte importante del impulso renovador que hoy se vive se debe a la labor de Lava Jato. Lampadia

Desde hace un año, momento en el cual el gobierno de PPK comete uno de los peores errores de su gobierno, la dación del DU 003, nuestra sociedad se viene hundiendo en un remolino de confusiones, desde el que hemos perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo para el bienestar nacional.

El DU 003 se dio para manejar el escándalo de corrupción desatado en el Perú por las maniobras intervencionistas del presidente de Brasil, el líder de la izquierda de la región, y sus brazos empresariales, encabezados por Odebrecht.

Como hemos informado anteriormente, la muy incapaz ex ministra de justicia, Marisol Pérez, mal-aconsejó al gobierno de PPK, diseñando un instrumento que no solo ha ido paralizando la economía del país, también ha envenenado el alma de los peruanos, pues con el DU 003 en la mano, estamos culpando a todos, sin respetar la presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales.

Solo anoche, la ex procuradora y actual congresista, Yeni Vilcatoma, con Mávila Huertas en Canal N, nos alertaba en términos exaltados, diciendo que estábamos perdiendo la capacidad de cobrar resarcimientos de las empresas corruptas.

Nunca se entendió, que para poder cobrar lo que eventualmente se determine correcto, a las empresas que sean encontradas como culpables en los procesos judiciales, lo último que debemos hacer es destruir la capacidad de generar riqueza de esas empresas, y destruir sus activos. Además, por supuesto, que, para resarcir al Estado de los daños causados, no podíamos destruir la capacidad productiva de una buena parte de las empresas peruanas y dejar sin empleo a cientos de miles de peruanos.

Pero todos estamos dentro del remolino, ya no distinguimos lo correcto ni lo conveniente. Pero alguien que llegó del exterior, descontaminado nos ha hecho reflexionar con mucha sindéresis. Veamos:

El último domingo, el programa ‘Rey con Barba’ invitó al periodista y empresario español, Román Cendoya y a Francisco Tudela, a comentar sobre la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú.

Cendoya nos visita después de unos meses, no está dentro del remolino en que estamos todos en el país, libre de ese proceso en el que todos estamos inmersos, y que ya nubla nuestra visión de las cosas, y que nos lleva, poco a poco, a aceptar como normales, anomalías que en otras circunstancias serían rechazadas por todos.

Empezando el programa le preguntan a Cendoya: ¿Cómo has encontrado nuestro país? – “Mal, preocupante”.

Veamos algunos de los comentarios de Cendoya el domingo pasado:

• Se ha instalado de manera permanente la violación constante de los derechos constitucionales.
• El DU 003, después de su fecha de caducidad, se va a resolver con un ‘decreto de más urgencia’.
• El DU 003 ha llevado a la quiebra a 450 empresas que no tenían nada que ver. Se ha roto la cadena de pagos. Tiene unas deficiencias absolutas.
• ¿La ‘presunción de inocencia’?
• En el nuevo decreto se establece que [las empresas] tendrán que depositar un fideicomiso (voluntario), si quieren trabajar. Y ¿si son inocentes?
• La prensa está haciendo una función acrítica.
• La presunción de inocencia está siendo violentada, el falso ‘club de los constructores’ es peligrosísimo.
• Un funcionario de Odebrecht, colaborador eficaz, hace una declaración que exime a Odebrecht. Acá hay un club que no se sabe cuál es, ni cómo funciona, ni cuáles son los miembros.
• Da la lista de 30 socios de Capeco.
• La Fiscalía convierte a todas [las empresas] en culpables.
• Es punible que se junten.
• Y además dictan prisiones preventivas.

Aconsejamos ver el video de Willax:

Esperamos que todavía estemos a tiempo para detener este ‘todos contra todos’, que además de haber malogrado nuestra salud mental, está destruyendo nuestra economía. El remolino en el que todos hemos caído, no nos permite distinguir el camino de la sensatez. Hay tiempo para investigar, y para castigar a quién corresponda, pero no podemos seguir destruyendo todo, como si estuviéramos en una trampa demoníaca.

El Ejecutivo ha diseñado una nueva norma, que es muy superior al DU 003. Pero todavía está imbuida de un espíritu de resarcimiento ciego. Más adelante debiéramos mejorarla, pero hoy día no podemos evitar su implantación, a riesgo de profundizar la quiebra de una buena parte de nuestro sector productivo y condenar al Perú a una absurda recesión. Esperamos de Fuerza Popular un gesto de grandeza que muchas veces les ha sido esquivo.

Reflexionemos sobre las palabras de Román Cendoya. Lampadia

Ver en Lampadia:

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Y nosotros disparamos fuera del objetivo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El Partido de los Trabajadores (PT), fue fundado por diversos grupos de izquierda, líderes sindicales e intelectuales en 1980, en un momento muy favorable para su ideología populista. El gobierno militar estaba en su fase final y todos los opositores a los militares eran vistos como defensores de la democracia. 

Con el fin de la guerra fría, el gobierno americano dejó de apoyar a los gobiernos militares en América Latina, y pasó a apoyar el retorno a la democracia. La ventaja moral de los opositores a los gobiernos militares, mayoritariamente la izquierda, les permitió llegar al poder en muchos países, abriendo el período de los presidentes ex-revolucionarios y de los populismos del siglo 21.

​Desde sus orígenes, el PT ha tenido una estrategia nacional y otra latinoamericana. En 1990, en alianza con Fidel Castro, Lula fundó el Foro de Sao Paulo, con la tarea de expandir su influencia en la región y brindar a la izquierda latinoamericana nuevos referentes ideológicos tras la caída del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental. Desde entonces, el Foro se ha reunido 23 veces (Méjico, Habana, Managua, Caracas, etc.) donde fuera necesario para fortalecer algún gobernante o líder populista de izquierda.  En un próximo artículo explicaremos el rol del Foro de Sao Paulo en la estrategia del PT. Como explicamos anteriormente en Lampadia: El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú

Una historia abreviada de la Era PT

En el 2002, después de tres intentos fracasados, Lula fue, finalmente, electo presidente de Brasil, dando inicio a lo que serían cuatro gobiernos del PT. Fernando Henrique Cardoso, durante sus gobiernos había superado la inflación y flexibilizado la gestión monetaria, entregando a Lula un país con una economía desacelerada pero macroeconómicamente sana. Lula recibió una casa ordenada.

Gobernante por dos mandatos, simultáneos al auge de las exportaciones, el país creció, la pobreza cayó y Lula terminó sus dos gestiones con alta popularidad y una imagen de líder global. Su fuerza política era tal que pudo elegir a Dilma Rousseff como su sucesora en Brasilia.

Dilma, comienza su gobierno el 1º de enero de 2011, apoyada por la popularidad de Lula y la maquinaria del PT. Desgobierna el país por cinco años, las limitaciones del modelo económico implementado por el PT se manifiestan en la peor crisis económica de los últimos 100 años, incumple las normas presupuestales, altera las cuentas nacionales, y es destituida por un juicio político el 31 de agosto de 2016.

La destitución de Dilma Rousseff cerró la era del dominio político del PT. Quienes gobernaron el país por 13 años y se sentían destinados a gobernarlo por siempre, en nueve meses de conflicto político se vieron fuera del poder ejecutivo. Para el PT fue un golpe traumático del cual no se recuperan hasta ahora. Desde la fundación del partido, esa fue su primera derrota estratégica. No es solo por astucia política que el PT lo llama como “golpe”.

El soporte social al juicio de Dilma fue la realización de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Brasil, con cerca de 6 millones de personas en las calles expresando su rechazo al gobierno del PT y su apoyo al juicio político. La izquierda brasileña, para su sorpresa, se vio cuestionada por movilizaciones sociales mucho mayores que aquellas, protagonizadas por ella y que tumbaron al gobierno militar en los 80s. Por primera vez en su historia, el PT perdió las calles.

El 14 de marzo de 2014, se inicia la Operación Lava Jato, investigando el lavado de dinero y la corrupción en la Petrobras. La operación pone en evidencia los esquemas de corrupción montados durante el gobierno del PT para saquear a las empresas públicas, denuncia y encarcela a varios empresarios y políticos poderosos. El país se espanta con los niveles de la corrupción que el PT y sus aliados (PMDB y PP) había instalado durante su gobierno.

Pocos días después de la destitución de Dilma, el Ministerio Público Federal denuncia a Lula da Silva por corrupción y lavado de activos, en colusión con la constructora OAS. El 20 de septiembre del 2016, Juez Sergio Moro acepta la denuncia y abre el primer juicio a Lula. En los meses siguientes se iniciarían seis otros juicios a Lula por corrupción y lavado de activos. Esos juicios siguen en proceso, tres de ellos en Lava Jato, dirigidos por Sergio Moro.

El 12 de julio de 2017, diez meses después, el juez Sergio Moro encontró a Lula culpable y lo condenó a 9 años y seis meses de prisión. Como era de esperarse, el PT lanzó una campaña de desprestigio contra Sergio Moro, presentando el juicio como un acto de persecución política, y Lula apeló su sentencia en el cuarto Tribunal Regional Federal (TRF-4).

Este 24 de enero del 2018, seis meses después, el TRF-4 confirmó, por 3 a 0, la condena dictada por Sergio Moro y amplió la pena a 10 años y un mes de cárcel. Las inúmeras gestiones legales, las presiones políticas, las amenazas a los jueces y la movilización de sus “movimientos sociales” resultaron inefectivas.

Esa condena del TRF-4 fue por unanimidad, sin brechas jurídicas por donde romperla. La falta de manifestaciones sociales masivas en defensa de Lula, volvió a sorprender al PT. Las masas no salieron a defender a Lula, como esperaban los líderes más radicales del PT. Esta sentencia puede ser considerada la segunda derrota estratégica del PT, en menos de 18 meses. Para el PT los vientos ahora soplan de frente y el mar está agitado.

Las perspectivas del PT y de la izquierda

En el terreno jurídico las perspectivas de Lula son pobres. Él puede apelar algunos detalles de la sentencia en el mismo TRF-4 que lo condenó por unanimidad, pero ello se resuelve en pocas semanas, y nadie cree que la respuesta le pueda ser favorable. Posteriormente Lula apelará al Superior Tribunal de Justicia (STJ), una especie de Corte Suprema que revisa el sustento legal de la sentencia del TRF-4. Los expertos en temas jurídicos de Brasil opinan que el STJ difícilmente cuestionará una sentencia como la que fue emitida por el TRF-4.

Queda a Lula apelar al Supremo Tribunal Federal (STF) que opera como una especie de Corte Suprema de segundo nivel y de tribunal constitucional. El STF es un tribunal más politizado, y sus miembros fueron propuestos en su gran mayoría por Lula y por Dilma. Cuando Dilma fue destituida, el STF le permitió conservar sus derechos políticos, aún que la ley le negara ese derecho y que fuera muy clara en ese campo.

Los objetivos del PT en el terreno jurídico son tres:

(a)    que Lula no vaya preso,

(b)   que pueda candidatear y

(c)    que su condena sea anulada, en este orden.

El STF, muy probablemente, va poner a discusión el tema de la prisión en segunda instancia, justo ahora que Lula fue condenado por un juzgado de segunda instancia. De darse esa modificación de la ley, ello permitiría a Lula seguir libre, desafiando al sistema judicial del país y haciendo campaña política.

El argumento de algunos analistas, para oponerse a las condenas de Lula, es la reacción social que su prisión podría desencadenar, pero los antecedentes de los últimos meses no sustentan esa idea. Además, ese no sería el único problema que el STF necesitaría considerar. El Brasil tiene más de 726 mil presos en sus prisiones, el 40% de ellos (290 mil) en la condición de prisión preventiva, y los otros 60% (435 mil) con condenas en primera y segunda instancias. Si el STF toma esa decisión pensando en Lula, abre una caja de pandora para miles de otros condenados. En pocas semanas sabremos si se aplicará la sentencia del TRF-4 a Lula, o se el STF le brindará un trato especial. El derecho debe tratar a todos los ciudadanos por igual, pero como lo explicó George Orwell hacen muchos años, Lula podría ser visto como más igual que los demás ciudadanos.

Los otros dos objetivos de Lula, ser candidatos y ser exculpado son mucho más difíciles de lograrse. Y si algo así sucediera, un sector grande de la sociedad brasileña sentiría como una burla, y las reacciones podrían ser importantes.

En el campo político las cosas no están yendo bien al PT.

Al día siguiente de su condena Lula invitó a todos los partidos de izquierda a presentar una candidatura única a la presidencia. Él, naturalmente, encabezaría dicha candidatura y los puestos congresales se distribuirían entre los miembros de la alianza. Su argumento ha sido la necesidad de la unidad de las fuerzas de izquierda ante la arremetida de la ola conservadora.

Los líderes populistas (Ciro Gomes, Marina Silva, y otros menores), los partidos marxistas (Partido Comunista del Brasil (PC do B), Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y otros grupos aún más radicales rechazaron su invitación. En la opinión de ellos, el PT está fracasando y es hora de realizar una renovación en la izquierda brasileña. Como no podría dejar de ser, cada uno de ellos se considera él llamado a liderar esa renovación.

Más allá del discurso de justificación, lo que está en disputa es la herencia política de Lula, quien mantiene entre 30% y 35% de intención de voto, a pesar de todas las denuncias en su contra. Si Lula no puede ser candidato decenas de millones de votantes buscarán a quienes respaldar para gobernar el Brasil. En la disputa por el capital político de Lula, el PT es uno más en la arena. El PT, seguramente, es el más poderoso y lanzará su candidato, pero si ese candidato no es Lula, muchos votantes van a estar desconcertados. Para los otros partidos de izquierda ese desconcierto es una oportunidad política mayor.

El sueño de todos esos líderes y partidos de izquierda es volverse el heredero principal de Lula. Los populistas sueñan con la presidencia y los grupos ideológicos sueñan con volverse importantes. Para aprovechar esa oportunidad ellos tienen que diferenciarse del PT y afirmar una identidad alterna.

Con el sello de la corrupción, el nombre del PT genera anti-cuerpos políticos. Los petistas defenderán a Lula, pues es su única opción, pero los demás partidos de izquierda, para librarse del estigma de corruptos, se presentarán como opción de renovación moral, diciendo compartir las intenciones de justicia social de Lula pero no sus métodos. Es decir, para flotar en medio del naufragio del PT, los partidos de tendrán que atacar a Lula y dificultar la campaña electoral del PT.

Herencias nefastas

(a)    El PT está dejando herencias nefastas para el Brasil, y no es solo el desfalco económico que va requerir una década para cubrirse. Es en el campo de las creencias políticas y la mentalidad de la población que los problemas son mayores.

(b)   Durante sus gobiernos, el PT ha atribuido las causas del crecimiento económico del país y de la superación de la pobreza a sus políticas sociales, ocultando sistemáticamente los hechos detrás de ese proceso económico de dimensiones continentales e incluso global. Un porcentaje importante de la población brasileña hoy cree que, si con Lula vivieron mejor, entonces si él regresa, la prosperidad también regresaría. Ese es su electorado cautivo.

(c)    La influencia del marxismo en las escuelas, universidades, en los medios de comunicación y en el aparato estatal es, en muchos casos, predominante. El adoctrinamiento de los jóvenes es masivo, y las concepciones divergentes del marxismo son consideradas retrógradas y anti-sociales. Esa herencia cultural va tomar más de una década para ser superada. Mientras tanto, una parte importante de la población y de la intelectualidad brasileña va seguir viviendo en el pasado, antes aún de la caída del muro de Berlín.

(d)   La tercera herencia es un presupuesto nacional altamente distorsionado, en donde el 36% de los impuestos es utilizado para pagar la deuda pública y sus intereses, y el 16% es para cubrir un sistema de pensiones deficitario, quedando 48% del presupuesto para todos los demás gastos e inversiones públicas, incluido salud, educación, defensa, etc. Esta herencia se origina antes de la Era PT, pero ellos la han agravado a niveles difíciles de imaginar. 

(e)   La frustración de los militantes petistas y organizaciones, financiadas con el presupuesto de la República (Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST y Movimiento de los Trabajadores sin Techo, MTST) y la radicalización de algunos de sus aliados pueden transformarse en brotes de violencia en los próximos años.

Conclusiones

El Brasil se está liberando, gradualmente, del populismo. Han surgido movimientos liberales en todo el país, y están ganando un espacio mediático significativo. Pero, gran parte de la población aún arrastra la expectativa en un estado paternalista y cree en la manipulación populista. El PT ha sufrido dos derrotas estratégicas, pero no está muerto, Lula es muy hábil haciendo demagogia y mantiene una fuerza electoral grande. Además, el PT tiene un aparato partidario gigantesco. Ellos, difícilmente, ganarían las elecciones, pero en una segunda vuelta podrían definir quienes NO gobernarán el país los próximos cuatro años.

La lucha por la renovación política en Brasil tiene cuatro grandes desafíos:

1.      Elegir nuevos gobernantes y congresistas, que no estén ligados a los sistemas de corrupción y estén dispuestos a realizar reformas políticas y económicas complejas.

2.      Profundizar el combate a la corrupción, reforzando los órganos responsables de esa tarea (Ministerio Público, jueces federales de 1ª y 2ª instancias, Policía Federal, etc.), y acabando, o reduciendo dramáticamente, el foro privilegiado.

3.      Desmantelar los mecanismos de adoctrinamiento que el PT ha montado en las escuelas y universidades.

4.      Desarrollar una polémica pública que permita a la población brasileña asimilar nuevas formas de interpretación de la economía y la política, para transformar el Brasil en una sociedad menos cerrada y de cara al futuro.

Lampadia

Entre el rosario de errores del gobierno de PPK, destaca con luz propia, el manejo del escándalo de corrupción del Lava Jato, que ha terminado desprestigiando buena parte de nuestra clase política y, paralizando proyectos de inversión y operaciones empresariales, con gran impacto en la economía.

1. Normativa y su evolución

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. (Ver referencia del despacho del Departamento de Justicia de EEUU). 

https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve

Un mes después, hace dos años en estos días (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente):

“Los circuitos de corrupción empresarial y política organizados por el PT de Lula da Silva, Petrobras y Odebrecht más otras empresas constructoras brasileñas, han llegado a niveles insoportables para una sociedad que debe ir hacia la formación de instituciones sólidas y transparentes”. 

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación …”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron acciones diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, especialmente de Fuerza Popular y Acción Popular, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre pasado; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso el pasado 12 de enero, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, vencerá el 13 de febrero próximo. Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, declaró al respecto, “Ojalá que el ejecutivo saque otro decreto de urgencia y modifiq1ue la norma ante la proximidad de su vencimiento y ante su inoperancia”. Por su lado, Víctor Andrés García (AP) y Jorge Castro (FA), propusieron un pleno extraordinario para que sea el Congreso, el que defina el tema.

2. Análisis conceptual

• Normas Contra-Propósito

Como lamentablemente, se repite una y otra vez en el Perú, las disposiciones de muchas leyes y normas, son contrarias a sus enunciados. Veamos el caso del DS 003, del 11-2-2017:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, (…).

¿Increíble no? El DS 003 originó todo lo contrario de su ‘objeto’.

• Enfoque de las intervenciones del Estado

El Perú es un país pobre, que no ha podido acumular una masa suficiente de capital, para sustentar un mayor desarrollo.

Por ejemplo, en los procesos concursales ante Indecopi, toda la orientación normativa se dirige a cautelar a los acreedores (pasivos). Un país pobre debiera privilegiar la cautela de los activos, que son el medio para crear riqueza y prosperidad. 

En el caso del escándalo de Lava Jato, debieran, efectivamente, haberse asegurado, las acciones que permitieran la continuidad de operaciones de las empresas y el avance de los proyectos.

• Cautela efectiva de los intereses del Estado

Un manejo inteligente del caso del Lava Jato, debía identificar la cautela de los siguientes objetivos:

• Cuidar que los recursos vinculados a eventuales casos delictivos, no puedan ser retirados antes de la finalización de las investigaciones correspondientes y el establecimiento de responsabilidades y penas.
• Evitar la pérdida de valor económico y/o de la capacidad de crear riqueza de las operaciones vinculadas a las acusaciones.
• Evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores y proveedores peruanos, vinculados a las operaciones en cuestión.
• El caso del llamado ‘club de constructores’
  Cuidado con repetir los mismos errores. Seguir lineamientos anteriores.

Conclusión

Como recordó Julio Luque, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, en marzo 2017, en Alemania, el Reino Unido y EEUU, varias empresas icónicas, como: Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel; fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales.

Sin embargo, luego de investigaciones serias, sin escándalos, todas fueron condenadas a pagar lo que establecieron las cortes, sin destruir la operatividad de las empresas.

En el caso que nos ocupa, tal vez podamos aún recuperar el tiempo perdido y enmendar la acción del Estado en sus diferentes estamentos.

Nuestro planteamiento: Cuando las investigaciones judiciales ameriten medidas cautelares y den origen a la apertura de procesos acusatorios, el Estado debe designar interventores en las empresas y proyectos que corresponda.

Función del interventor

Cautelar que los recursos de la empresa y/o proyecto se mantengan en el ámbito de sus operaciones, evitando que se canalicen a los accionistas de la empresas.

Invocación

Invocamos pues, al Estado a abstenerse  de las presiones mediáticas y a repensar la mejor manera de enfrentar los procesos del Lava Jato, vinculados a empresas y proyectos de inversión. Lampadia

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva.

Lamentablemente, el país no ha aquilatado debidamente, la naturaleza política del escándalo del Lava Jato, porque el endiosado Lula, el ‘rey’ de la izquierda latinoamericana, no podía ser señalado como un traidor y un embustero por la prensa peruana, adicta a subsidiar a las izquierdas. Por lo tanto, el bendito escándalo ha terminado siendo reputado como corrupción empresarial, en la que se quiere ahora, meter a tirios y troyanos.

Paralelamente, como nuestra clase dirigente, no política, está ausente del debate nacional, hemos liberado a Lula y su PT, de la ominosa responsabilidad que les toca arrastrar por el resto de su existencia.

Pero, como diría el politiquero de la PUCP-Harvard, Steven Lewinsky, ‘ahora no quedan dudas de la traicionera maniobra de la izquierda brasileña’, organizada para favorecer a sus ‘súbditos’ peruanos; como, los Humala-Heredia, Villarán, et al, y sus agentes recaudadores; así como para comprometer a toda la clase política.

Veamos como la colaboración a Humala-Heredia, candidato en el que no creían, fue ORDENADA por Lula y el PT, según Marcelo Odebrecht:

La traducción oficial del testimonio de Odebrecht en Curitiba

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio al ex CEO de la constructora realizado en noviembre del 2017 (…)

—Ollanta Humala—

Sobre la entrega de US$3 millones para su campaña electoral.

Fiscal José Domingo Pérez: […] ¿Cuál era la finalidad o qué buscaba posteriormente con el aporte que daba a la campaña?

Marcelo Odebrecht: En el caso del aporte que yo manejé, que fue ese que se hizo a Ollanta Humala, yo, en realidad […] no fue iniciativa mía. Hice eso… a pedido del gobierno de Lula, por mi relación con el gobierno de Lula […], al dar un apoyo político de 3 millones de dólares, al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño, eso, de cierto modo, te abre las puertas y permite que uno tenga más acceso a él para influir. (Audio 2 – Páginas 86-87/ Versión web 12-13)

Marcelo Odebrecht: […] En el caso específico de Ollanta Humala, nosotros teníamos más acceso a Ollanta Humala que los empresarios peruanos que vivían en constante lucha con él. (Audio 2 – Página 98/ Versión web 24)

Marcelo Odebrecht: Del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores]; es decir, ellos me pidieron que lo destine a Ollanta Humala, yo, en esa época incluso comenté que no sabía, en realidad, si era por una cuestión geopolítica; es decir, de Brasil… eh… por similitud política entre el PT y Ollanta Humala, o si era por una cuestión de que existían dos ex integrantes del PT, Garreta y Favre, que apoyaban la campaña de Humala, pero de cualquier manera me pidieron dar esa donación. (Audio 2 – Página 104/ Versión web 30).

No quedan pues dudas sobre la naturaleza de la corrupción brasileña y su origen y destino político. El ‘rey’ de las izquierdas, el forjador del Foro de Sao Paulo, que albergó a todos nuestros proponentes del pos-extractivismo, es el peor corruptor de la izquierda latinoamericana.

Igualmente esclarecedora, es la entrevista de agosto del 2015 a Salomón Lerner, primer ministro de Humala, quien marcó diferencias con el chavismo, para recalar en la esfera de Lula y el PT.

Entrevista de El Comercio a Salomón Lerner Ghitis
El Comercio
Sebastián Ortiz Martínez
27.08.2015

“Al gobierno de Maduro le falta tolerancia frente a oposición”

Así lo afirmó el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis, quien dijo que no permitirá veto de Arana y Mendoza a Simon

Salomón Lerner Ghitis, ex primer ministro y ex financista del Partido Nacionalista, afirmó que si bien la primera dama, Nadine Heredia, cumplió un destacado rol en la promoción de la política social del Gobierno de Ollanta Humala, hizo mal “en entrometerse en otras tareas del Estado”. También analizó el futuro de una izquierda fragmentada de cara a las elecciones del 2016.

(…)

¿Quién trajo a Luis Favre al Perú? ¿Usted hizo las gestiones para que se concrete esa asesoría?

El señor Favre fue una propuesta hecha por el Partido de los Trabajadores [de Lula y Dilma Rousseff] dentro de una terna que vino a Perú. (…).

¿Exactamente quién del Partido de los Trabajadores les propuso a Favre? ¿Fue José Dirceu?

No, no hemos tenido relación con Dirceu. Nosotros teníamos relaciones con la oficina de Relaciones Exteriores del PT. Teníamos una relación con Walter Pomar y también con Marco Aurélio García, quien hasta ahora asesora a la Presidencia brasileña en política internacional. 

¿Por qué el PT estaría interesado en ayudar al Partido Nacionalistas con Favre?
Los partidos de América Latina de la izquierda progresista, que son entre 90 y 100, trabajan en forma conjunta en el Foro de Sao Paulo. El PT es parte de ese foro, donde también estuvo el Partido Nacionalista. Entonces, ahí se tiene la posibilidad de conseguir los perfiles de los asesores de los grupos de izquierda progresista de la región. [¿Y la plata?]

Ahora, el ‘rey’ Lula ha sido condenado por corrupción a 12 años de cárcel. Esperemos que nunca retome el poder en Brasil. Ya es hora que las izquierdas dejen “el fin justifica los medios” del estalinismo.

Aprendamos a señalar las cosas como son. No dejemos que los ‘relatos’ (especialidad del régimen cubano), difundan más pos-verdades, para corromper las mentes de nuestros ciudadanos. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lamentablemente la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski anoche dejó en claro que su empresa Westfield Capitals tuvo contratos con Odebrecht para levantar fondos para proyectos del Estado peruano mientras él era ministro, y que él percibió alguna utilidad de eso. El argumento del Presidente es que él no sabía de esos contratos porque todo lo dejó en manos del señor Sepúlveda, y que él no hizo gestión alguna para favorecerlos. Y que, por último, si había un grado de conflicto de interés, eso no califica para una vacancia presidencial porque él no es corrupto. 

Fuente:elperuano.pe

Jugó también la carta política al argumentar que no se está respetando el debido proceso en el pedido de vacancia y que éste forma parte de una estrategia de asalto a la institucionalidad democrática. Con esa tesis termina de enajenarse a la bancada fujimorista, aunque lo que busca sea probablemente conseguir la inhibición de las bancadas más sensibles a ese argumento, como las de Nuevo Perú, Acción Popular y quizá Alianza para el Progreso. 

No vamos a entrar a discutir la pertinencia de la tesis del asalto a la democracia, salvo decir que, así como la acusación al Fiscal de la Nación tiene un tufillo autoritario y vindicativo, la acusación constitucional a cuatro miembros del TC, en cambio, se justifica plenamente por razones que ya hemos explicado en varios artículos y, además, ni siquiera fue presentada por Fuerza Popular. Sí vale hacer notar la coincidencia entre ambas partes en el juicio por adelantado, en la condena sin pruebas: se acusa al otro de dar un golpe de la misma manera como se es condenado si haber sido escuchado. Pues también es cierto que en el debate del viernes pasado en el Pleno algunas bancadas usaron un lenguaje cercano al linchamiento y anunciaron su voto por la vacancia sin haber escuchado al Presidente.  Hay que decir, de otro lado, que si bien se está siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento, queda claro ahora que ese procedimiento es demasiado sumario para una decisión tan grave, y debería ser modificado para el futuro. 

Por lo demás, ni siquiera se está usando el tiempo máximo previsto, que hubiera permitido que asista primero a la Comisión Lava Jato a fin de que la decisión final, sea cual fuere, pudiera estar mejor fundamentada. Porque el argumento de que este es un juicio político y no penal es relativo: desde el momento en que ha una sanción (la destitución), debe existir un proceso debido. Pero en la medida en que el propio Presidente admite que los ingresos de su empresa y algunos de los dividendos que recibió proceden de asesorías a proyectos del Estado peruano ocurridas cuando él era ministro, aunque él no supiera, puede tener su suerte ya echada. Por eso, en el caso penoso en que proceda la vacancia presidencial, la obligación de la clase política es asegurarnos de que la nueva situación sea lo menos traumática para el país y para la economía de los peruanos. Sería lamentable, por ejemplo, que los buenos ministros de este gobierno –Bruno Giuffra y Carlos Basombrío entre otros, por ejemplo-, que están desarrollando una agenda promisoria, tuvieran que salir del gabinete. No podemos darnos el lujo de dejar abandonadas a la mitad reformas, políticas y proyectos importantes. Tampoco podemos permitir que el periodo de incertidumbre dure demasiado. De hecho, no cabe duda que desde ya casi toda decisión de inversión en el sector privado ha sido puesta en pausa a la espera de que se consolide una situación estable. Esto va desde Quellaveco hasta decisiones de compra de las personas, pasando por toda clase de decisiones de empresas grandes, medianas y pequeñas. Es una lástima que la recuperación de la economía que ya había empezado, se vea frenada de esta manera.

Por eso, el escenario que deberíamos buscar, en el caso proceda la vacancia, es el de un acuerdo político entre el vicepresidente que asuma la presidencia y el Congreso –principalmente Fuerza Popular- en torno a un plan de trabajo conjunto de aquí al 2021. Ese acuerdo debería ser negociado por el Presidente entrante antes de asumir o en los primeros días de su gestión, y debería incluir un gabinete conversado e incluso, de ser posible, integrado por representantes de la oposición. De lo contrario, mejor sería que presente su renuncia, porque no podría gobernar y el país viviría en zozobra permanente. Claro, en la medida en que se trata del mismo gobierno, siempre el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza amenazando con la disolución del Congreso si es que éste le niega la confianza a un segundo gabinete. Tendría esa arma.[1] Pero eso mismo sería fuente de inestabilidad y de todos modos siempre hay maneras de obstaculizar la labor del Ejecutivo sin llegar a la provocación total.

La rotura de la cadena de pagos es un fenómeno creciente de paralización de la economía de un país, normalmente producido por problemas de liquidez del sector financiero, que genera un corte drástico del crédito y que impacta de sector en sector productivo, hasta abarcar toda la economía.

También puede romperse por agudos problemas financieros de un sector importante de la economía, que tenga importantes encadenamientos con el resto de la economía, especialmente si el fenómeno coincide con un período de debilidad económica.

La rotura de la cadena de pagos puede graficarse como el despliegue de un ‘hongo atómico’ que crece hacia abajo y va paralizando, uno a uno, los distintos componentes de la economía. La dificultad de manejo de este fenómeno es que, una vez que se gatilla, es prácticamente imposible de parar, pues el Estado no tiene la capacidad de dar crédito a todos los afectados; solo queda esperar que el hongo se consuma y reconstruir lo que quede. Su impacto genera un choque recesivo que eventualmente puede afectar hasta la capacidad del Estado de sostener los programas sociales. Ver ilustración:

Esto ya sucedió en el Perú entre 1998 y 2002 y tuvo tremendos impactos en la economía.

Efectivamente, el 10 de octubre de 1998, 3pm, en las oficinas del BCR, el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca Campodónico, con Germán Suarez, el Presidente del BCR, a su costado, anunció que, desde ese día, el BCR decidiría cada día, si facilitaría crédito al sistema financiero.

Las inmediatas protestas fueron desoídas, y a los bancos no les quedó otra cosa que cortar drásticamente el crédito, pues ninguno podía correr el riesgo de liquidez. Como entonces, el 80% de los depósitos bancarios era a 90 días plazo, la cadena de pagos se empezó a cortar muy rápidamente, y una vez desatada, no fue posible evitar el daño en todos los sectores de la economía, hasta entrado el siglo XXI.

Por ejemplo, entonces:

• Una zapatería de la calle Shell, no pudo conseguir crédito para pagar al productor de zapatos de Trujillo
• Este a su vez, no pudo pagar al proveedor de cuero de Caquetá
• Y este no pudo pagar a sus trabajadores
• Que no pudieron pagar al bodeguero de la esquina por los tarros de leche fiados, unos, y otros por pasta y frejoles a granel

Ese corte de la cadena de pagos llegó hasta el último rincón de la economía, y malogró los resultados de la economía en los importantes años 90, pues la recesión con la que terminó la década figuró, punta a punta, una década de logros muy pobres, a pesar de los éxitos del 93 al 97, años en que crecimos 7.5% en promedio.

Hoy , después de muchos años, nuestra economía está muy débil. El crecimiento económico está muy por debajo de lo necesario para la buena salud de la sociedad; la inversión privada recién ha empezado a crecer después de haber caído por tres años seguidos; el crédito al sector privado lleva creciendo alrededor del 5% (cuando la economía demanda un crecimiento de dos dígitos) y la inversión pública recién vuelve a sacar la cabeza después de graves problemas de crecimiento.

Además, en estas circunstancias, como producto del escandaloso afán imperialista brasileño (ejecutado por sus brazos empresariales), tenemos que enfrentar la parálisis de una serie de proyectos vinculados a Lava Jato. Situación que ya ha puesto en situación muy difícil a muchas empresas y trabajadores peruanos.

Ahora, de manera inentendible y con especial saña, Fuerza Popular (FP) pretende extender la parálisis del escándalo de Lava Jato a las empresas peruanas que tuvieron asociaciones o consorcios con Odebrecht. Esto, sin tomar en cuenta si las empresas peruanas se desvincularon de Odebrecht o si las empresas cambiaron sus equipos directivos, como es precisamente el caso de Graña y Montero; que parece representar nominalmente la inquina de FP.

Como hemos dicho con anterioridad, los eventuales actos dolosos, serían responsabilidad de las personas que podrían haberlos cometido, no de las empresas que tenían bajo su control, y mucho menos de sus trabajadores, proveedores, contratistas, e incluso del país en su conjunto, dado el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos.

De promulgarse la ley que modifica el DU 003, que comprende a las empresas peruanas en las medidas intervencionistas, se haría un grave daño a muchos inocentes, y eventualmente, se podría generar un colapso de la economía, agravando el corte de la cadena de pagos. Un acto de irresponsabilidad extrema.

Es, pues, muy lamentable que por un mal diseño del gobierno (Marisol Pérez en el MINJUS) para enfrentar el escándalo de Lava Jato (ver en Lampadia: Y nosotros disparamos fuera del objetivo), por el que se dejó de poner interventores que cautelaran los intereses del Estado y se permitió un proceso desordenado de intervenciones descoordinadas y sin sentido práctico y equilibrado, por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, y la Sunat; que junto al afán sensacionalista de los medios, y de los políticos irresponsables, han creado un ambiente de linchamiento popular, que está haciendo daño a diestra y siniestra.

Ojalá podamos todavía recuperar la sensatez y lograr detener esta guerra mediática y política que puede hacer inmensos daños al país. Lampadia

Es curioso como el escándalo de Odebrecht y Lava Jato, va transitando, en la política y medios peruanos, a la expresión de maniobras empresariales en pro de lucro desmedido.

¿Dónde quedó la estrategia de penetración imperialista del Partido de los Trabajadores, de la izquierda brasileña, dirigida por Lula, con la complicidad del chavismo venezolano, el castrismo cubano, y la careta del Foro de Sao Paulo?

Fuente: clarin.com

Lo que, es más, los ‘pecados’ de las constructoras brasileñas, devienen en ‘escándalos’, precisamente por la mano negra de la peor política, la de la manipulación de la vida de países vecinos, mediante el instrumento de empresas brasileñas corruptas, y la alianza con las izquierdas locales, que siempre guardaron mayor fidelidad a sus modelos extranjeros, llámense Stalin, Mao, Fidel, Chávez o Lula; que, a sus compatriotas, o a los pobres que dicen defender, pero solo son sus caretas de carbón.

¿Cómo serían las cosas en el Perú, si se tratara de un imperialista yanqui y sus empresas constructoras? ¿Hacia donde apuntarían las baterías de los políticos y de los periodistas? Con toda seguridad, el tema sería combatido como una vulgar y prepotente maniobra del imperialismo. No olvidemos la falsa moral del doble estándar.

Volviendo a la diferencia entre ‘pecados’ y ‘escándalos’, no podemos obviar un comentario sobre la tolerancia de los países europeos a los ‘pecados’. Recordemos que hasta hace unos pocos lustros, en Europa, particularmente en Alemania, las coimas pagadas por empresas alemanas en países sub-desarrollados, como el Perú, eran reconocidas como gasto deducible de las declaraciones de impuestos. O sea, el gobierno alemán, absorbía parte de los costos de la corrupción de sus empresas, en actividades normalmente dirigidas a la venta de bienes y servicios, contratos de obras, etc.

Las mismas actividades que desarrollaban las empresas brasileñas en el Perú. Las que seguramente, cuando recién llegaron al país, como en el caso de Odebrecht, que empezó sus servicios en 1979 en el proyecto de Charcani V, en Arequipa, andaban ‘en pecado, pero no en escándalo’.

Por supuesto, que tolerar el pecado, es un escándalo en sí mismo; razón por la cual los países europeos desterraron semejante práctica. Además, si uno quiere evitar el escándalo debe rechazar el pecado, que por más pequeño que pueda ser, trae las mismas consecuencias que expresa la figura del ‘síndrome de la ventana rota’, que invita a romper otra y luego todas.

Sin embargo, cuando se trata de analizar un fenómeno como el de Odebrecht y Lava Jato, no se puede dejar de señalar el origen y motivaciones del mismo. En este caso, en nuestra opinión, los ‘pecados’ de las constructoras brasileñas evolucionan al nivel de ‘escándalo’ por la intervención política de las izquierdas latinoamericanas.

Por ejemplo, cuando Marcelo Odebrecht dice que la práctica era aportar a todos los candidatos de sus países vecinos, esta solo se puede entender desde la perspectiva del ‘escándalo’, pues según las (malas) prácticas, mediante ‘pecados’, se podía allanar el camino de los contratos de la constructora con los ganadores políticos. ¿Para que invertir recursos que en un gran porcentaje no tendrían injerencia en sus negocios, sino era por instrucciones del ‘gran padrino’ de las izquierdas latinoamericanas, como parte de su desquiciado plan de penetración imperialista?

Pongamos pues las cosas en su lugar. El Perú ha sido víctima de una maniobra política de penetración extranjera, mediante las acciones de brazos empresariales. Desde esta perspectiva, ¿cómo debemos reaccionar y actuar? Lampadia

Hace un año, una vez elegido como Presidente de la República, PPK recibió un amplio apoyo de los analistas económicos, de los representantes del mundo empresarial y de los medios de comunicación de Lima, configurándose la promesa de un gran gobierno.

Fuente: Peru21

Lamentablemente, la dura prueba de la realidad, nos trajo un año de muchos problemas y frustraciones. Ahora, después del discurso del Presidente en el Congreso, se ve otra vez, una tendencia a dar un cheque en blanco al gobierno, cuando lo que debiéramos hacer es comprometernos con una mayor acción cívica, planteando soluciones y criticando desaciertos, como lo ha pedido el propio Presidente: “Confiemos en nuestro futuro. No dejemos de criticar las limitaciones del presente, pero hagámoslo con espíritu constructivo y siempre con propuestas”.

Ese es y siempre ha sido el espíritu de Lampadia. Llámennos la atención, cuando no lo hagamos así.

Nuestra visión del 2016

Entre los temas de mayor impacto tenemos:

• La ‘mala lectura del gobierno de Humala’ o pésimo diagnóstico de la situación del Perú, después de cinco años del nacionalismo expresado en un proceso de transferencia irresponsable, conducido por Mercedes Araoz, segundo vicepresidente del país. Algo que solo  ahora, a un año de la toma de mando, se reconoce en boca del mismo PPK. La consecuencia más grave de ello, es el haber perdido la oportunidad de explicar a los ciudadanos los errores cometidos y sus consecuencias.
• El ‘niño costero’, un shock externo, que no fue resultado de una acción del gobierno, que nos trajo terribles desgracias personales e inmensos costos económicos.
• El escándalo del ‘Lava Jato´; qué si bien apareció como un huracán con las denuncias de corrupción económica y penetración política en la región, por parte de Lula da Silva y sus brazos empresariales (Odebrecht et al); el manejo del tema por parte del gobierno, sin saber cómo reaccionar, ni qué medidas tomar, determinó la parálisis de innumerables proyectos de inversión, empresas y el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos en la economía. (Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)).
• El ‘Friaje de Thorne’, de entera responsabilidad del gobierno, como acaba de reconocer Fernando Zavala, “El último trimestre del año pasado, el MEF hizo un ajuste que, viéndolo hacia atrás hoy, no se debió hacer”. Pero que, sin embargo, no reconoce el presidente PPK, como lo expresó con claridad, días antes del discurso del 28. Este recorte fiscal, al inicio de un gobierno, con una economía débil, fue  un error mayúsculo que hizo colapsar la demanda interna.
• El ‘enfrentamiento político’ entre el Ejecutivo y el Congreso propiciado por el presidente PPK desde el inicio de su gobierno: “Les pido que hagamos una alianza [con los gobiernos regionales y municipales]. Una alianza cuyo eco llegue hasta al Parlamento. Esto por supuesto, originó una reacción equivalente y muchas veces negativa desde el Congreso controlado por Fuerza Popular.

Además de estos sucesos, el primer año de gobierno de PPK estuvo signado por una falta de liderazgo y capacidad de propuestas para enmendar tantos desaciertos acumulados durante los últimos años.

Lo positivo del discurso de PPK

Aspectos que debemos destacar:

• El homenaje a los sacrificados y efectivos funcionarios del Estado que dieron todo de ellos para paliar la desgracia que nos trajo el ‘niño costero’, y el reconocimiento del apoyo del sector privado. Hace algunos días, describiendo el esfuerzo desplegado en la crisis, el Comandante General de Operaciones del Pacífico, Vice-Almirante de la Marina de Guerra, Fernando Cerdán, dijo: “Por algún tiempo fuimos una Gran Nación”.
• Las disculpas del presidente por haber subestimado los esfuerzos para superar los problemas que tuvimos que enfrentar.
• La oferta de promover los proyectos de inversión.
• Los proyectos de ley para la Autoridad de Transporte, el CNM, obtención de predios para los proyectos, tratamiento de aguas y desechos, etc.
• El planteamiento de una legislación laboral pro-empleo.
• El reconocimiento de que en los últimos años “perdimos el camino al progreso”.
• La explicación de lo que podemos aprender de Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, recientemente invitados como asociados de la Alianza del Pacífico.
• La contundente condena al régimen chavista de Venezuela y el compromiso del Perú con los venezolanos.
• La apertura de acciones hacia el Bicentenario.
• El compromiso con mantener abierto el diálogo político.

Es evidente que en los discursos de Fiestas Patrias no se pueden tocar todos los temas, pero en este caso llama poderosamente la atención, que no se hayan mencionado los conflictos socio-políticos vinculados a la minería y el turismo, ni los desmanes de los huelguistas, hechos en nombre de los maestros y los médicos. Reiteramos nuestra crítica al Ministro del Interior, que ha dejado avanzar la violencia sindical más allá de los límites aceptables.

A pesar del mal primer año de gobierno y de algunas observaciones sobre su enfoque, persistimos en nuestra visión positiva del Perú, que en esencia es prácticamente infinito en posibilidades de desarrollo para todos los peruanos. Lampadia

“Los datos muestran que el componente cíclico del crédito real desde el 2013 a la fecha ha entrado en una senda decreciente. Es preocupante notar que, de continuar esta trayectoria, Perú podría entrar en un período de bust crediticio”.
Liliana Rojas-Suárez

Con su habitual rigor analítico, Liliana Rojas-Suárez, PhD, brillante economista peruana, Investigadora principal y Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development (Washington), afirma en su reciente artículo (que compartimos líneas abajo), que dada la actual desaceleración del crédito en el Perú (la tasa de crecimiento del crédito real ha disminuido de 16.43% en mayo del 2011 a 3.17% en marzo del 2017), podría estar enfrentando los límites de la efectividad de sus políticas macro-prudenciales y eventualmente, la posibilidad de generar un ‘bust-crediticio’.

El análisis de Rojas-Suárez se da en un contexto particularmente difícil de la economía peruana. Como sabemos, estamos sufriendo un conjunto de shocks desestabilizadores:

• La inversión privada sigue parada
• La inversión pública está colapsada
• Varios proyectos de inversión vinculados al escándalo del Lava Jato están completa o parcialmente detenidos
• Se han detenido los flujos de pago en proyectos relacionados al Lava Jato
• El sistema financiero ha endurecido, en algunos casos drásticamente, el crédito al sector construcción
• Varios gobiernos regionales han suspendido los pagos por obras públicas a empresas que tienen alguna vinculación, aunque sea indirecta,  con Lava Jato
• Pérdida de capacidad productiva como consecuencia de los recientes desastres naturales que han mermado y anulado la oferta de muchos negocios en el norte del país

Todo esto configura el riesgo del corte de la ‘cadena de pagos’. Éste fenómeno se produce cuando los agentes económicos se quedan sin flujos de caja, ya sea por pérdida de ingresos, dificultades en el cobro de sus cuentas comerciales o por falta de acceso al crédito. Dicho ‘corte’ se manifiesta como una cadena de demoras, suspensiones o cortes de pagos que se va extendiendo paulatina e imparablemente por toda la economía. Se puede ver como una suerte de hongo atómico volteado, que una vez gatillado, se extiende sin control.

Los peruanos hemos sufrido un evento de esta naturaleza en 1998. Entonces, coincidieron los shocks de la caída del precio de los commodities, el fenómeno del Niño y las crisis Asiática y Rusa. Pero se efectivizó el 10 de octubre de 1998, a las 3pm en la reunión convocada por el ministro de economía, Jorge Baca Campodónico en el BCR, donde anunció y mantuvo tercamente, la decisión de dejar en suspenso el apoyo de liquidez del Banco Central al sistema financiero, a decisiones que se tomarían día a día. Obviamente, a los bancos, para evitar el riesgo de liquidez, no les quedó otra cosa que suspender el otorgamiento y renovación de créditos. Dado que los depósitos bancarios (en promedio) era a 90 días, el corte de la cadena de pagos se hizo evidente a los 45 días.

Este fue un error mayúsculo de política monetaria. El Perú no tenía obligaciones muy grandes con el exterior, teníamos reservas de divisas, y la crisis asiática se superó muy rápidamente, pero lamentablemente el Perú ya había perdido el control de los acontecimientos y la consiguiente recesión nos acompañó hasta entrado el nuevo siglo, por más de cuatro años.

Pues algo como ello no puede volver a ocurrir nunca. Ahora el MEF y el BCR deben dedicarse ha mantener un sistema financiero muy líquido, a propiciar el crecimiento del crédito, a evitar cortes sistémicos, como el caso del sector construcción y los proyectos vinculados al Lava Jato, y como todos reclaman estos días, el BCR debe bajar la tasa de interés de referencia. No es suficiente bajar los encajes.    

[Nota: El BCR bajó la tasa de interés de referencia en 0.25% (a 4%) el día de ayer, 11 de mayo.]

Liliana Rojas-Suárez, comenta además, que como producto del análisis de datos, las políticas  macro-prudenciales serían más efectivas para evitar riesgos de ‘booms crediticios’ que ‘busts crediticios’. Veamos:

Los Límites de las Políticas Macro-prudenciales
¿Está Enfrentándolos Perú?

De este gráfico se desprenden dos conclusiones. La primera es que el momento de activación de la regla de provisiones contracíclicas (octubre del 2010) es cercano al momento en el que el BCRP aumenta los encajes (febrero del 2010 para moneda local y julio del 2010 para moneda extranjera). Sin embargo, la desactivación de la regla contracíclica ocurre bastante después (noviembre del 2014) que la disminución del encaje en soles por parte del BCRP (agosto del 2013). Entre esas fechas no hay complementariedad entre ambos instrumentos macro-prudenciales; siendo la principal razón, en mi opinión, el diseño de la regla de provisiones contracíclicas (pero eso es tema de discusión para otro blog). La segunda conclusión es que, en los últimos dos años, cuando ambas herramientas macro-prudenciales se han movido en la misma dirección, éstas no han logrado el efecto deseado de disminuir la fuerte desaceleración del crédito que está enfrentando Perú.[7]

¿Qué rol ha jugado la política monetaria convencional?

Como se observa en el gráfico 4, la política monetaria convencional (cambios en la tasa de interés de referencia) se ha utilizado para anclar las expectativas de inflación y procurar que la inflación se encuentre dentro de su rango meta. Durante el período caracterizado por condiciones externas favorables, el BCRP subió la tasa de interés y la mantuvo alta durante todo el período. De esta forma, la política monetaria complementó el rol de las políticas macro-prudenciales: estas se movieron en la misma dirección. Sin embargo, durante el período más reciente, la subida de la tasa de interés (para anclar expectativas de inflación transitoria producto de los desastres ocurridos por el Fenómeno del Niño) no ha apoyado a las políticas macro-prudenciales en su rol contracíclico, pues se ha movido en dirección contraria a estas.

Gráfico 4: Inflación, rango meta y tasa de interés

¿Qué podemos concluir de estas reflexiones? Primero, que la experiencia de Perú corrobora los dos resultados más importantes de la literatura empírica: (a) las políticas macro-prudenciales tienden a ser más efectivas cuando estas y la política monetaria se mueven en la misma dirección y (b) la eficacia de las políticas macro-prudenciales tiende a ser mayor para controlar la emergencia de booms crediticios que para evitar busts. En el período 2010-comienzos del 2013, los encajes, las provisiones contracíclicas y la tasa de interés de referencia aumentaron. Como resultado, no se observó un boom de crédito a pesar del ambiente internacional tan favorable en el que se desempeñó la economía peruana. Del 2014 a la fecha, ha habido ciertas fallas de coordinación entre las políticas macro-prudenciales y la política monetaria.

Segundo, y muy importante para Perú, concluimos que, aunque no se puede predecir, tampoco se puede descartar que se produzca un bust de crédito en un futuro no muy lejano. Está en manos de las autoridades del BCRP y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del país el alinear la implementación de las políticas contracíclicas a su cargo y del BCRP el asegurarse que la política monetaria las complemente. Dada la transitoriedad del shock producido por el Fenómeno del Niño, esto último implica que es recomendable la disminución de la tasa de interés de referencia. Lampadia

Referencias

Bruno, Valentina; Shim, Ilhyock y Song Shin, Hyun (2015). “Comparative assessment of macroprudential policies,” BIS Working Papers, No 502, junio 2015.

Cerutti, Eugenio; Claessens, Stijn y Laeven, Luc (2015). “The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence,” IMF Working Papers, WP/15/61, marzo 2015.

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010). “Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer,” Bank for International Settlements, diciembre 2010.

Mendoza, Enrique y Terrones, Marco (2012). “An Anatomy of Credit Booms and their Demise,” NBER Working Papers, No 18379, setiembre 2012.

[1] La variable de interés corresponde al código PN00508MM del BCRP. Sin embargo, dado que los datos para esta variable comienzan en el 2001, se reconstruyó la serie a partir de 1992 usando datos publicados en BCRPData.

[2] Alternativamente, se puede utilizar el ratio de crédito sobre PBI como variable de estudio. Los resultados presentados a continuación no cambian significativamente con esta variable alternativa.

[3] La utilización del filtro HP tiene la ventaja de dar mayor ponderación a las observaciones más recientes, lo cual permite una mejor interpretación de los datos en casos de que la serie presente quiebres estructurales. La versión one-sided de este filtro tiene la ventaja que, en el cálculo del valor de la tendencia en cada punto del tiempo, el filtro solo utiliza información disponible hasta dicho punto del tiempo. El parámetro lambda del filtro HP que se encarga del smoothing de la tendencia se fija en 1600, valor convencional para series de frecuencia trimestral.

[4] En cada período de tiempo ‘t’, el umbral superior se calcula como la multiplicación de la desviación estándar del componente cíclico calculado hasta el tiempo ‘t’ (es decir, aplicando el principio del filtro HP one-sided al cálculo de los umbrales) por un parámetro . El umbral inferior es el negativo del umbral superior. En ambos casos, se parametriza

[5] Aunque es necesario un ejercicio estadístico más estricto para llegar a conclusiones definitivas.

[6] Los resultados no cambian si se utiliza el ciclo crediticio en vez de la tasa de crecimiento del crédito real. La selección de esta última variable se debe a que permite una mayor claridad en la presentación gráfica.

[7] Esta última conclusión requiere de un mayor análisis estadístico para corroborarse.