Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 14 de mayo de 2021
Para Lampadia

Mucha gente cuestiona al Poder Judicial. Lo cuestiona por aquellos casos de corrupción que son de dominio público. Y bueno… es verdad. Lamentablemente, hay jueces corruptos… recontra corruptos. Para muestra un botón. Mejor dicho, un botonazo: los jueces y fiscales embarrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¡Un asco!

Sin embargo – así como hay corrupción – hay también probidad en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Incluso, en la sociedad civil. Puede parecer extraño, pero así es la nuez… la corrupción convive con la probidad. Yo puedo dar fe de ello. Lo comprobé durante mi experiencia en el Gobierno Regional de Ica, durante los años 2015 al 2018.

El problema es que muy poco se habla de probidad en el Estado. Todo el mundo – sobre todo la prensa – se refiere casi únicamente a casos de corrupción. Para el común de la prensa – salvo escasas excepciones – todo es corrupción en el Estado. Y si hay audios y videos… mejor. Para ese periodismo escandaloso, farandulero y maledicente, nada hay bueno en el país. Al dios rating le encantan los escándalos. Poco le interesan las noticias positivas.

No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos – tremendos corruptos y sinvergüenzas – que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable, impiden a los corruptos realizar sus fechorías.

En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado. Ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos. Delitos que son propios de bandidos de las más bajas estofas: abuso de autoridad, malversación de fondos, colusión, negociación incompatible, omisión de funciones, calumnia, difamación, falsedad genérica, o lo que sea. El objetivo es – claramente – alejar a los buenos funcionarios del Estado, para que ellos – los corruptos – sigan haciendo de las suyas.

A ese respecto va una crítica mía al Poder Judicial. ¿Por qué son tan permisivo con aquellos personajes – especialistas en leguleyadas y vericuetos judiciales – que se pasan la vida merodeando por los pasillos de los tribunales de justicia, donde presentan todo tipo de denuncias o querellas maliciosas contra funcionarios probos, las cuales – a la larga – terminan archivándose?

Resulta que para archivar dichas denuncias – por más que no tengan sustento alguno – los jueces y fiscales tienen que esclarecerlas previamente… como si les sobrara el tiempo. Además ¿cuánto cuestan las toneladas de papel y tinta que se consumen en dichos procesos, cuánto cuestan las horas de horas de interrogatorios que pierden los jueces y funcionarios denunciados, cuánto cuestan los atestados que van y vienen por todos lados?, ¿cuánto cuestan las audiencias, citaciones, objeciones, quejas y demás? Y todo por las puras.

Y lo que es peor. ¡Cuántos casos y procesos delictivos reales – crímenes, robos, estafas, vandalismos, corrupción, etc. – quedan desatendidos porque los jueces y fiscales están ocupados en esclarecer denuncias maliciosas! Conversando al respecto con una fiscal que archivó una de las numerosas denuncias maliciosas que tengo en mi contra, me dijo que cerca del 70% de la carga procesal del Ministerio Público se debe a este tipo de denuncias. ¡No hay derecho!

Distraer – y pretender confundir – a jueces y fiscales con denuncias maliciosas debería constituir un delito de suma gravedad. Ante ello, propongo penalizar pecuniariamente – y penalmente – a todos aquellos denunciantes que presenten denuncias que terminen archivándose.

Y en el caso de los caseritos – es decir, de aquellos denunciantes que sólo se dedican a ello, y que tienen varias denuncias archivadas en su haber – aumentar exponencialmente las penas por cada nueva denuncia archivada. La idea es limitar las denuncias maliciosas en todo el país, proteger a los buenos funcionarios públicos, y liberar al sistema de justicia nacional – Ministerio Público y Poder Judicial – de tanta carga procesal injusta e innecesaria.

Estas son ideas – sólo ideas – para cortarle las alas a la corrupción, y para que ésta no se aproveche abusivamente del Poder Judicial. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

En la dictadura de Velasco, luego de que el Poder Judicial fuera intervenido y desarmado con el apoyo de connotados juristas con Héctor Cornejo Chávez, los jueces no contuvieron las deportaciones, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones, ni la apropiación de los medios de comunicación. El temor a las botas fue evidente.

En los años 80 y principios de los 90, muchos terroristas subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA fueron liberados por ”falta de pruebas”,  eufemismo con el cual se justificaba el temor de muchos jueces frente a las amenazas de muerte de los subversivos, sus sicarios y sus grupos de apoyo. Varios jueces y fiscales cuentan entre las víctimas de la insania criminal de los subversivos.

Ese mismo temor obligó al Estado a instalar jueces sin rostro y tribunales especiales para superar el temor y juzgar a terroristas.

Años después, cuando concluyó la emergencia política aquella justicia especial ad hoc, fue puesta en tela de juicio en foros internacionales y surgió ya también el temor a las sentencias condenatorias frente al Estado Peruano por infracciones a los derechos humanos, lo cual llevó a desmantelar el sistema sumario y retomar el juzgamiento de este tipo de delitos a los jueces comunes.

En los 90s también, los jueces no admitieron amparos contra destituciones arbitrarias o interferencias de poderes por temor al régimen de turno, siendo los casos de activismo judicial la excepción y no la regla.

Sicarios, narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes pasaron entonces a ser las nuevas amenazas de los jueces. El temor a sus represalias y los no pocos casos de jueces asesinados, le ha costado al Perú muchas liberaciones, seguramente también por “falta de pruebas” de estos delincuentes que han vuelto a las calles a delinquir. 

El temor aparece entonces como una constante en la labor judicial. Como una suerte de telón de fondo que explica, por lo menos en parte, la debilidad de un poder del Estado cuyo rol debiera estar por encima y a pesar del temor a cualquier poder institucional o fáctico. Decimos “en parte” porque esta reflexión no puede caer en el simplismo de reducir el problema judicial a esta variable. La corrupción, la incompetencia, la falta de recursos, la interferencia política, son entre otros, factores que definen el perfil de nuestra justicia, pero no es de ellos que nos ocupamos hoy.

Hoy, lamentablemente, el temor sigue siendo una variable presente en la administración de justicia. El temor frente a la incorrección política de las decisiones judiciales. El temor frente al sentido y la dirección de la opinión pública. El temor a contradecir los lugares comunes de la política y desentonar con los propósitos políticos de turno, está llevando a qué ya no sea la “falta de pruebas” el eufemismo justificatorio de las decisiones judiciales, sino a algo peor como las condenas por indicios y las encarcelaciones por supuestos, deducciones e interpretaciones, que dejan presos a quienes no deben y no sentencian a quienes deben.

La justicia no puede temer. Solo debiera temer a no cumplir con la Constitución y las leyes. Lampadia

Horst Schoenbohm
Ex juez en Alemania
Para Lampadia

Desde los años setenta se vienen aplicando reformas en el sistema de justicia, pero hasta hoy los resultados son limitados. Desde los años noventa hasta hoy, los intentos de reformar la justicia han pretendido perseguir entre otros los siguientes fines:

• Una justicia más rápida y oportuna,
• Con menos corrupción en el sistema,
• Jueces probos y capaces de fundamentar sus resoluciones y sentencias comprensibles para los que no son abogados y que estén en condiciones manejar los procesos con imparcialidad, independencia y en forma funcional
• Modernizar la infraestructura y el funcionamiento al interior de las cortes y tribunales,
• Evitar decisiones controvertidas y
• Modernizar los códigos procesales introduciendo la oralidad en los procesos.

La calidad de los jueces y fiscales es fundamental

Algunos progresos se han podido realizar especialmente con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y el Nuevo Código Procesal Laboral. Pero subsiste la pregunta si se ha mejorado la calidad de la justicia sustancialmente. Esto no depende solamente de las reformas procesales, del aumento de la cantidad de jueces y fiscales y mejoras en la infraestructura de los últimos años; depende sobre todo de la calidad de los jueces y fiscales, su capacidad de tratar los casos por solucionar, llevarlos a una solución dentro de la ley en un tiempo oportuno y fundamentar las decisiones en forma transparente y convincente. La mejor infraestructura y modernos códigos procesales no aportan mucho sin jueces y fiscales probos dotados de capacidad jurídica y de gestionar los procesos eficazmente.

En la práctica demoran los procesos y sufren de mucha inseguridad respecto de cómo aclarar los hechos, cómo interpretar y aplicar la ley y el derecho. Además, se mantiene la sospecha de que en el sistema de justicia subsiste todavía mucha corrupción.

Hasta 2019 seleccionó y ratificó a los jueces y fiscales el Consejo Nacional de Magistratura (CNM). Cuando se descubrió una red de jueces de la Corte Suprema y cortes superiores, y de fiscales y miembros del CNM, en la que se acordaba el nombramiento, ascenso y la contratación de personal para las cortes y tribunales, se disolvió el CNM y se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ha asumido la funciones del CNM. Se espera que la JNJ seleccione jueces y fiscales probos, eficaces y con los conocimientos para hacerse cargo de sus responsabilidades.

Saber qué tipo de juez y fiscal se necesita, qué perfil debe tener

Para lograrlo se necesita claridad sobre qué tipo de juez o fiscal se necesita, qué conocimientos y destrezas debe tener un abogado para que pueda ejercer como juez o fiscal. Definir, por ejemplo, si lo que se requiere es un juez proactivo que tome la iniciativa para llevar el caso a su fin, o uno que se mantenga pasivo y delegue funciones propias del juez a sus secretarios. En la práctica actual es común que no sean los jueces sino los secretarios del despacho quienes reciben los escritos.

Según muchos abogados litigantes, ellos se ven obligados visitar al juez para explicarle el caso porque si no lo hacen el juez no conoce su argumentación porque no lee lo que escriben las partes. Esta práctica viola un principio del debido proceso: el derecho a ser oído. Además, no se puede obligar a la parte a visitar al juez para informarle sobre sus argumentos. Si escucha al abogado para conocer su opinión, viola el principio de derecho de la otra parte a saber cuáles son los argumentos y la fundamentación. Todo esto solamente se puede cambiar con un nuevo tipo de juez o fiscal, capacitado para asumir la responsabilidad del manejo responsable de los procesos.

La JNJ debe desarrollar perfiles de jueces y fiscales

¿Pero cuáles son los criterios para seleccionar a las personas indicadas para hacerse cargo de estos retos? La responsabilidad de la nueva JNJ es grande porque se espera que en el futuro los nuevos jueces y fiscales cumplan sus funciones en este sentido. Hasta hoy la justicia no ha desarrollado los perfiles para los jueces y fiscales en los diferentes niveles y materias. Pero sin los perfiles definidos:

• ¿Con qué criterios se selecciona, ratifica y asciende a los jueces y fiscales?
• ¿Cómo se concretan los objetivos y contenidos de los programas de capacitación sin saber con exactitud qué conocimientos y destrezas necesitan los jueces y fiscales para cumplir sus funciones y cuáles son sus déficits?

Criterios para seleccionar jueces y fiscales

Por el espacio limitado solamente desarrollo algunas ideas respecto de los perfiles para jueces de primera instancia, sin entrar a los detalles de los perfiles para los jueces que trabajan en las diferentes materias.

La complejidad del trabajo de los jueces en situaciones que frecuentemente cambian requiere de jueces altamente motivados y calificados.

Cinco criterios para los perfiles me parecen de especial importancia:

• La competencia funcional
• Las calificaciones especiales
• La competencia personal
• Competencia social
• La aptitud física

1. La competencia funcional

Este requiere un conocimiento amplio y presente, la capacidad analizar los hechos y antecedentes no estructurados respecto de su relevancia legal, priorizar los hechos y resumir y concentrarse en los argumentos más relevantes.

Además, un juez debería tener la capacidad presentar hechos y argumentos jurídicos complejos en forma comprensible para las partes del proceso y la ciudadanía en general, que es legal en abogacía. ¿Para qué sirve publicar las sentencias y cómo se puede esperar credibilidad, si no se puede entender los argumentos que justificaron la decisión tomada y no se explica por qué no se ha tomado en cuenta otras opciones?

También es importante la capacidad del juez de manejar eficientemente su tiempo sin delegar las funciones que le son propias al personal auxiliar. Para que un juez trabaje eficientemente debe poder trabajar con independencia persiguiendo sus objetivos y para lograrlo organizar adecuadamente su trabajo.

2. Las Calificaciones especiales

Una calificación central de un juez es que sea capaz de tomar decisiones sin dilatarlas. Tratar de llevar el proceso tan pronto como sea posible a una decisión final y no temer las consecuencias, es decir, el conflicto que pueda causar. Además, debe tener una gran capacidad de convicción y tener la aptitud de llevar a cabo lo que se propuso, capacidad de planificar su trabajo y mantener la objetividad. Un juez con frecuencia se ve obligado tomar decisiones que incluyen ponderar valores de las personas o presentes en la sociedad y que requieren una capacidad de autorreflexión. Especialmente los jueces de familia y laborales necesitan saber crear compromisos entre las partes, algo que también es relevante para los jueces penales en la relación del acusado y la víctima. Si los jueces quieren convencer durante el proceso y con su decisión tomada, deben tener alta facultad de expresión y argumentación, tener autoridad sin ser autoritario. Con los procesos en curso y la introducción del expediente electrónico los jueces deben estar abiertos a las técnicas informáticas.

Las calificaciones como segundas carreras, doctorados o maestrías no deberían tener mayor peso en relación a las capacidades, virtudes y destrezas acá mencionadas, porque en la mayor parte de los casos no tienen relación directa con las funciones que deban cumplir los jueces.

3. Los dotes personales

En un estado de derecho constitucional cualquier juez debe tener una comprensión básica de las reglas de la democracia y respaldarlas. Debe ser ponderado en sus expresiones políticas y estar dispuesto respaldar y tomar en cuenta las líneas centrales de la jurisprudencia ordinaria como constitucional dependiendo de si es vinculante o no. El juez debe ser consciente de su responsabilidad social en su trabajo y capaz de valorar las consecuencias de sus decisiones.

4. La competencia social

Los jueces no actúan solos sino en un entorno complejo y conflictivo que requiere una serie de aptitudes como: un adecuado trato a las personas, comprensión y compromiso social, la disposición de prestar sus servicios y flexibilidad en el trabajo.

5. La aptitud física y psicológica

Los jueces con frecuencia están presionados por la carga y conflictos. Esto no solamente requiere una salud robusta sino estar física y psicológicamente preparado para aguantar las presiones y la carga del trabajo.

Sin definir los perfiles, publicarlos y aplicarlos será muy difícil seleccionar y ratificar a los jueces idóneos para su trabajo. Tampoco la capacitación tendrá los objetivos, contenidos y métodos con cuales subsanar las deficiencias en el trabajo de los jueces que diariamente salen a la luz.

Al inicio de su trabajo la JNJ por lo menos debería determinar los perfiles para la selección y ratificación y cómo aplicarlos. Al inicio posiblemente la mayoría de los postulantes y de los que están por ser ratificados todavía no estarán preparados para cumplir con los requisitos de los perfiles más exigentes. Se debe dar tiempo y la posibilidad de adaptarse. Para eso es importante acondicionar la capacitación de los jueces.

No será posible realizar los cambios y obtener resultados rápidamente. Pero sin iniciar este proceso, difícil será esperar mejoras sustanciales en el trabajo de los jueces. Lampadia

Ernesto Álvarez
Ex magistrado del Tribunal Constitucional
Para Lampadia

Mientras los textos constitucionales son redactados por representantes del electorado, políticos profesionales en el mejor de los casos, la jurisprudencia constitucional que desarrolla los distintos aspectos de la Constitución es producida por jueces que actúan en nombre de la sociedad y son elegidos, en Europa y Estados Unidos, por el poder político; son estos magistrados los que actualizan el texto constitucional encontrando respuestas ante los nuevos retos que presentan los cambios  sociales, económicos y políticos. Lo deseable es que cultiven el Derecho Constitucional porque así comprenden la necesidad de preservar el equilibrio de poderes, de forma que ninguno predomine sobre los otros. Lamentablemente, la sentencia recaída en el expediente 006-2019-CC/TC responde a la necesidad política de proteger la disolución del Congreso decretada, por el presidente, por sí y ante sí, ignorando deliberadamente el daño que provocará a la vigencia del principio de separación de poderes y, en consecuencia, a la República Democrática peruana.

El abuso del Congreso, expresado en la continua censura a ministros y al no otorgamiento del Voto de Confianza al nuevo Consejo de Ministros, puede ser respondido por la disolución parlamentaria. Pero la Cuestión de Confianza es un instrumento adicional que podría ser usado arbitrariamente por el Presidente con cada proyecto de ley, incluso con aquellos que interfieren con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo como la reforma constitucional, la elección de directores del BCR o magistrados del TC; el Ejecutivo puede objetar la oportunidad, el procedimiento o la velocidad en la que trabaja el Congreso, siempre y cuando el presidente invoque alguna política de Estado o el interés público como la transparencia; lo curioso es que tal razonamiento no es de aplicación para la designación de ministros, ni para las decisiones del Consejo de Ministros, que son también, atribuciones exclusivas que nadie discute, por ahora.

Las limitaciones establecidas en la sentencia son genéricas y obvias, aunque al mencionarlas abre la posibilidad del control constitucional vía demanda de amparo, a fin de garantizar la vigencia efectiva de la Constitución mucho antes que el TC pueda pronunciarse dentro de un proceso competencial. Cierto es que de la lectura de los fundamentos se desprende una notoria y académica ingenuidad de los autores, especialmente cuando usa ejemplos para graficar, como en un salón de clase, cuándo estaría prohibida y cuándo permitida la Cuestión de Confianza. Ojalá en los próximos años, cuando los actuales apellidos no actúen en política sino otros peores, no tengamos que lamentarnos de esta sentencia que eleva al Ejecutivo a la condición de primer poder del Estado. Lampadia

¿Cuál es el estatus actual del gasto burocrático en nuestro país? ¿Su crecimiento ha ido de la mano de la recaudación tributaria y del crecimiento de las remuneraciones de nuestros maestros, policías, FFAA médicos, enfermeras y jueces?

Veamos. Como se observa en los dos siguientes gráficos, si bien la recaudación tributaria creció notablemente en las últimas dos décadas – producto del crecimiento económico – este incremento en términos reales se dio a razón de 5 mientras que el gasto burocrático – excluyendo educación, salud, justicia y seguridad – creció en mayor proporción, casi 8 veces.

Asimismo, el acrecentamiento de esta brecha tiene su origen en el 2013, último año en el que la economía peruana exhibe tasas de crecimiento cercanas al 6% anual para entrar en una fase de desaceleración pronunciada y caracterizada por una notable animadversión hacia la inversión, particularmente, privada, tanto nacional como extranjera (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión).

No es de sorprender pues que la recaudación tributaria, que está determinada entre otras cosas por la producción nacional, haya crecido en menor cuantía en el período 2013-2018.

Dicho esto, ¿Cómo se explica que el gasto burocrático, sin considerar los rubros anteriormente indicados, haya seguido creciendo en tal período en mayor proporción que la recaudación?

Lo que nos estaría dejando entrever este hecho es que, más allá del endeudamiento público en el que se pudo haber incurrido para financiar dicha brecha, se ha aumentado el peso de las remuneraciones del Estado en personal administrativo – ya sea en términos de número de autoridades o de mayores salarios al personal existente – a expensas de las necesidades del personal de sectores que son fundamentales para las reformas que necesita el país como son la seguridad, la justicia, la salud y la educación. ¿Cómo podemos si quiera idealizar reformas en estos campos si no somos capaces de ser condescendientes con el capital humano que trabaja en las instituciones responsables en cada uno de ellos?

Resulta elemental por ende ajustar las remuneraciones en dichos sectores que son tan necesarios para nuestro desarrollo a la vez que se reduce el gasto de personal administrativo, de manera que se fomente la meritocracia y se atraiga capital humano de calidad a estos sectores, los cuales deben ser la prioridad. En palabras simples, reordenar nuestro gasto burocrático y redirigirlo hacia las verdaderas necesidades de nuestro país. Nuestros compatriotas lo agradecerán. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de febrero de 2019
Para Lampadia

Podría parecer exagerado… pero no. Según la Real Academia Española (RAE) “Despotismo” significa “abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas”. Y “déspota” significa “persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad”.

De la misma manera “tirano” significa “persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza”. O sea, déspota o tirano… son la misma cosa.

Con esas definiciones en mente, vayamos a nuestra realidad… y preguntémonos. ¿Cómo se les debería llamar a aquellos funcionarios públicos que – abusando de su poder – maltratan a los ciudadanos? ¿Acaso – de acuerdo con la RAE – no son unos déspotas o tiranos? ¡Claro que sí!

En realidad… déspotas y tiranos existieron toda la vida. Recordemos la tiranía que vivió Jesús de Nazaret en los tiempos del Rey Herodes y Poncio Pilato.

Jesús estuvo en contra de la tiranía de los romanos. Sin embargo, también estuvo en contra de los abusos y maltratos de las autoridades políticas del mismo pueblo de Israel.

Efectivamente, muchas autoridades judías imponían cargas pesadas a sus propios conciudadanos… “desasistiéndolos y arrojándolos a la pobreza, impotencia y desesperanza”. A esos funcionarios abusivos – Jesús – los llamó “ladrones y bandidos asalariados”.

Entonces, volvamos a preguntarnos.

• ¿Acaso el Estado peruano – el de nuestro tiempo – no está lleno de “ladrones y bandidos asalariados”?
• ¿Acaso no hay médicos que abandonan los hospitales y “desasisten” a sus pacientes?
• ¿Cuántos funcionarios maltratan a los ciudadanos “arrojándolos a la pobreza, impotencia y desesperanza”?
• ¿Cómo llamar a los coimeros que trafican con los brevetes?
• ¿Y los que venden cargos públicos como si fueran de su propiedad?
• ¿Cómo calificar a los que ingresan a trabajar en el Estado con certificados de estudios falsos?
• ¿Cómo llamar a los “diezmeros” que negocian con las obras públicas?
• ¿Y los que rinden cuentas de viáticos con facturas falsas?

¿Acaso no son – todos – unos reverendos “ladrones y bandidos asalariados”?

Sí pues… estamos llenos de déspotas y tiranos. ¿Qué preconizaba Jesús a ese respecto? “Ningún funcionario público está para ser servido, sino para servir”. Eso decía Jesús. En ese sentido – valgan verdades – hay autoridades honestas y serviciales que merecen nuestro reconocimiento y gratitud. Pero no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a los “ladrones y bandidos asalariados”. Aquellos – como los de Ica –que vociferan ser “purito corazón” pero que – en realidad – son “purita corrupción”. Esos que dicen “estamos para servir, y no para ser servidos” pero coimean a diestra y siniestra para recuperar sus gastos de campaña… y – ¿cuándo no? – para embolsicarse unos cuantos milloncitos más. Aquellos que dicen ser “un gobierno con rostro humano”, pero que – en la práctica – son “un gobierno con rostro de los aportantes del partido”.

¡Cuidado con esos lobos disfrazados de cucufatos! Felizmente – en ese sentido – las cosas están cambiando. La ciudadanía empoderada – con la destacada participación de cierta prensa valiente y responsable – está poniendo en su sitio a los peces gordos de la corrupción en nuestro país… presidentes, ministros, jueces, fiscales, congresistas, empresarios, y otros más.

Ahora falta que funcionarios corruptos – de menor jerarquía – reciban también su merecido. No serán los peces gordos que salen en primeras planas… pero – igual – son unas lacras.

¡No a la tiranía – o despotismo – de Estado! ¡No a la corrupción! ¡Fuera los “ladrones y bandidos asalariados”! Lampadia

La reforma integral del sistema de justicia del país es una tarea histórica pendiente.

Publicado por Gestión
17 de julio de 2018
Adrián Simons Pino
Abogado procesalista y profesor universitario
Glosado por Lampadia

Cada vez que ocurre un escándalo como el que ahora ocupa la atención de todos los medios, nos acordamos de una tarea histórica pendiente: la reforma integral del sistema de justicia. ¿Será más de lo mismo? ¿Seguiremos siendo víctimas de los mismos discursos prometiendo reformas? ¿Veremos las mismas fintas disfrazadas de reformas parciales mediocres? ¿Para que todo siga igual, hasta que surja un nuevo escándalo? Como todavía hay quienes no perdemos la esperanza de que nuestros gobernantes asuman por primera vez, con valentía y responsabilidad, la difícil tarea de hacer una reforma en serio, haré un breve diagnóstico de la situación y algunas propuestas radicales para intentar cambiar las cosas.

1. Nombramiento de jueces y fiscales. De acuerdo con nuestra Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene esa función. Ese sistema ha fracasado. También como sociedad hemos fracasado. Lo más grave es que los miembros del CNM que han sido cuestionados, su designación fue responsabilidad del sector privado: colegios profesionales, universidades privadas y Colegio de Abogados de Lima. Hemos sido incapaces de nombrar personas con trayectoria académica e intachable hoja de vida. Ha llegado la hora de hacer algo diferente: reformemos urgentemente la Constitución para fundar un nuevo sistema de elección de jueces y fiscales y de control de los mismos. ¿Qué propongo? Crear una Escuela Judicial encargada de seleccionar a los futuros magistrados. Pero para evitar que la ignorancia organizada se infiltre nuevamente, es preciso crear un blindaje académico. Para que eso funcione lo ideal es recurrir a la cooperación internacional, de modo tal que el nombramiento sea fruto de los méritos académicos y no de favores gestionados bajo la mesa. Ser juez debe ser un honor y no la última alternativa. Los jueces deciden si una norma es constitucional, deciden sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad. No puede estar esa función en manos de cualquier persona. Un juez debe ser alguien especial. La carrera judicial no debe ser vista como la última opción a falta de trabajo.

2. Nuevo sistema de control. Es una realidad histórica que los órganos de control, sean del Poder Judicial o de la Fiscalía, no hayan funcionado. Se requiere crear un órgano constitucional autónomo ajeno a los jueces y fiscales, que tenga a su cargo la fiscalización, investigación y sanción. Tal órgano podría denominarse Contraloría de la Magistratura, el cual estaría a cargo de personas de diversas especialidades y ajenas por completo a la labor de juzgar.

3. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tenemos una LOPJ que va a cumplir 30 años y, como veremos, está absolutamente desfasada con nuestra realidad. Necesitamos urgente una nueva LOPJ que contenga una estructura funcional del sistema judicial. Por ejemplo, que la gerencia del mismo esté a cargo de una organización altamente especializada. Los jueces no deben perder su tiempo en administrar el funcionamiento del sistema. Los jueces deben dedicarse por entero a la labor que les hemos encomendado: resolver los casos de manera eficiente y rápida.

4. Nueva Corte Suprema. La vieja y vetusta LOPJ determina la cantidad de jueces supremos en un número de 20, de los cuales solo 15 tienen la labor de juzgar a través de tres salas supremas (civil, penal y constitucional). Sin embargo, la realidad ha sobrepasado cualquier límite. ¡Nuestra Corte Suprema ha colapsado!

A diciembre del 2017 nuestra actual Corte Suprema tiene más de 60,000 casos. Quien lea esto diría: ¡esto es humanamente imposible! Que 15 hombres soporten tamaña cantidad de procesos para resolver. Bueno, como en el Perú lo provisorio se convierte en eterno, se decidió hacer clones de las salas supremas y crear salas transitorias. Hoy tenemos nueve salas supremas que hacen un total de 45 jueces supremos. Y, ¿quiénes integran las salas clones?, ¿si solo tenemos 15 jueces titulares? Pues, se convoca a jueces superiores o de segundo grado, para que durante un tiempo indeterminado ejerzan el cargo de jueces supremos provisionales. Esta es una situación inédita en la región. Ningún país con una justicia medianamente decente tiene una Corte Suprema que funcione de esta manera.

Bajo esta triste realidad, es imposible tener una Corte Suprema que cumpla con su rol esencial: crear derecho, generar confianza y predictibilidad en sus decisiones. Debemos afrontar el problema no solo con reformas constitucionales y legislativas; también debemos diseñar un nuevo perfil de juez para nuestro país.

Si no reaccionamos ahora, lo que he descrito será peor, y nuestros jueces supremos seguirán haciendo lo que hacen hasta hoy: luchar contra el reloj de la historia y perder en el intento. Lampadia

Oscar Schiappa-Pietra (*)
Para Lampadia

La inescrupulosa actuación de los magistrados que en 2017 integraban la Quinta Sala Superior Civil de Lima, sumada a un vacío legal, nos cuesta a los contribuyentes tres mil millones de Soles. El caso meramente ratifica cómo la podredumbre ha carcomido los cimientos de legitimidad del Poder Judicial, y subraya la urgencia de su radical reforma.

La cuestión se origina al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en junio de 1993, que fijó una escala salarial para jueces alineada con la remuneración de los vocales supremos. El 03 de febrero de 2009, la Asociación Nacional de Magistrados (ANMP) presentó una demanda de cumplimiento para que el propio Poder Judicial procediese a hacer efectiva la correspondiente homologación remunerativa; y el 27 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional falló ordenando el pago de dicha homologación. Ya el Poder Judicial había pagado en 2011 los 87 millones de soles resultantes de tal obligación. Sin embargo, en este mismo año, cuando ya se había cumplido la sentencia y era cosa juzgada, la ANMP reclamó el pago de devengados, una pretensión que no había sido considerada en su demanda de 2009.

El 30 de marzo de 2015, el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta resolvió favorablemente el pedido de la ANMP ordenando en consecuencia el pago de tales improcedentes devengados. El 13 de julio de 2017, la Quinta Sala Superior Civil de Lima confirmó el fallo de primera instancia.

Hasta aquí los hechos superficiales, en lo que parecería ser una mera controversia laboral de magistrados. Pero ahondemos. El juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta tiene una cuestionadísima trayectoria: fue el magistrado que falló declarando la nulidad de los ocho informes producidos en el marco de la investigación parlamentaria sobre actos de corrupción perpetrados durante el segundo gobierno de Alan García; y recientemente se publicó un audio en el que él coordina con el hoy encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, para lograr el abono irregular a éste de 76 mil Soles, como parte precisamente de los improcedentes devengados.

Y, en el extremo de la irregularidad y de la falta de escrúpulos, el propio Secretario de la ANMP -parte demandante en este caso- Rómulo Torres Ventocilla, a la sazón también integrante de la Quinta Sala Superior de Lima (instancia que conoció en apelación esa misma demanda), no se inhibió de participar como juez en el caso -¡y actuó como magistrado ponente de la sentencia!- pese al clarísimo conflicto de intereses.

El juez Rómulo Torres Ventocilla pretendió guardar las apariencias solicitando a la Sala su inhibición, pero su pedido “fue rechazado” por sus otros dos colegas integrantes del colegiado. Refiriéndose a este pedido de inhibición, la presidenta de la Quinta Sala Superior de Lima, Emilia Bustamante, sostuvo: “Sí, lo planteó y lo desestimamos. La Asociación Nacional de Magistrados del Perú es un ente gremial que agrupa a la mayoría de jueces de esta Corte Superior de Lima. Discutimos el tema y caímos en la cuenta que la doctora Vidal, integrante de la Sala, también era miembro de la asociación, aunque no de la directiva, por lo que también debía inhibirse. Pero, con ese criterio, ¿quién resolvería el caso? No podíamos dejar de resolver, así que proseguimos. Eso no es ilegal”.

El caso en cuestión expone la revulsiva falta de escrúpulos de los magistrados implicados, con el cómplice beneplácito del gremio representativo de todos los jueces del Perú. La administración de justicia basa su legitimidad en la aplicación cotidiana de los principios de independencia e imparcialidad de los jueces, según está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en el sentido común de la abogacía. Pero esas son sofisticaciones para quienes están dispuestos a lucrar por cualquier medio, y particularmente cuando ello ocurre bajo las sombras de la ilegalidad o de la interpretación caprichosa de las normas.

Es hora ya de poner fin a tanto estropicio, y de forjar un sistema de administración de justicia probo y eficiente. Como parte de ese proceso, se requiere salvar el vacío legal existente, que posibilita la patraña de jueces dictando sentencias que los favorecen a ellos mismos. El Ejecutivo debiera presentar al Congreso un proyecto de ley que encomiende a un tribunal arbitral independiente y permanente, plenamente ajeno al Poder Judicial, las responsabilidades de conocimiento y resolución de todo litigio en el cual los jueces pudieran ser parte interesada, individual o colectivamente. Lampadia

(*) Abogado. Magister en Derecho Internacional Económico, y en Derecho Internacional y Comparado.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El Estado Peruano está infiltrado por gente corrupta. Los Colegios Profesionales también. Sobre todo, los Colegios de Abogados. Los tres poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Poder Judicial – están infiltrados por esos tipos sin moral y lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas y Policiales. La corrupción está infiltrada en TODAS las instituciones del Estado.

Sin embargo, no todos los servidores públicos son corruptos. Al contrario… hay muchos servidores públicos honestos, serviciales y eficientes, que merecen nuestro máximo reconocimiento y gratitud.

El tema es que ellos no son el problema. El problema son los corruptos. Principalmente, los coimeros. Aunque la corrupción tiene también otras manifestaciones. El tráfico de influencias. Las extorsiones, fraudes, y malversaciones. Y ¿qué decir del compadrazgo, nepotismo, e impunidad? Todo eso es corrupción.

Pero lo peor es lo que la corrupción trae consigo. Me refiero al narcotráfico, lavado de activos, prostitución ilegal, trata de personas, crimen organizado… y todo lo demás. ¡Y que terrible que jueces, congresistas, y autoridades gubernamentales estén metidas en la telaraña!

Hasta aquí… un diagnóstico del problema. Y un atisbo de sus nefastas consecuencias. Pero las causas… ¿de dónde salieron esos personajes sin escrúpulos? ¿En qué momento se troncharon? ¿Son peruanos? ¿De dónde les viene tanto cinismo y desparpajo?

Las cosas claras y el chocolate espeso. Los audios – ¡que vivan los audios! – están deshilvanando la madeja. Y el hilo nos está llevando a las “universidades” – entre comillas – que han aparecido por aquí y por allá, en los últimos años. Aquellas que no tienen nada de universidades y – sí – mucho de máquinas tragamonedas. “Universidades” cuyos mentores se graduaron gracias al dominio del COPY – PASTE. “Universidades” que – en el fondo – son tesorerías soterradas de políticos recontra cuestionados.

Veamos el siguiente puñado de “universidades” – siempre entre comillas – y sus respectivos mentores: La Vallejo – César Acuña. La Alas – Joaquín Ramírez. La San Juan Bautista – José Luis Elías. La Garcilaso – Luis Cervantes Liñán. La Telesup – Pepe Luna Gálvez. He ahí el origen de la telaraña de la corrupción política en nuestro país. He ahí la trilogía del mal: “universidad” – plata como cancha – política corrupta.

De allí – de esas “universidades” y de sus mentores – han salido los 4 congresistas de Ica… y muchos más. Las revelaciones acerca de las injerencias de Cervantes Liñán en el Poder Judicial y el Congreso de la República son groseras. Y qué decir de la relación entre Luna Gálvez y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¡Por favor!

La del estribo. Guido Águila – ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura – era nada menos que el fundador de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (EGACAL), donde se impartían “tips” para los exámenes de jueces y fiscales.

Un consejo a los jóvenes del Perú. Y en especial a los alumnos de las “universidades” antes aludidas. No sigan el mal ejemplo de los corruptos. Sigan el ejemplo del gran Vallejo… no el de Acuña. Lean a Garcilaso de la Vega… pero aléjense de Cervantes Liñán. Y – por favor – no confundan a San Juan Bautista… con José Luis Elías. Manco Cápac, Pachacútec, Túpac Amaru, Grau, Bolognesi, Quiñones, Basadre, Belaúnde, Haya de la Torre… a ellos hay que emular. Lampadia

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia

El clima de la política peruana sigue enturbiándose. Esto, se suma a un rebote de la economía que está lejos de llegar a los niveles de crecimiento necesarios, y que puede volver a desestabilizarse, por los problemas de la reconstrucción pos niño costero. Además, durante las últimas semanas, se han agudizado los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas, así comoentre las instituciones del Estado.

• Se ha vuelto a abrir la brecha entre el partido PPK y Fuerza Popular (FP).
• El Ministerio Público ha recurrido a la fórmula, desproporcionada y abusiva, del ‘crimen organizado’, para investigar a Keiko Fujimori y Alan García.
• La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas omisiones de función.
• El Congreso de la República abre proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por la manipulación del voto de otro tribuno, lo que les permitió reabrir, irregularmente el caso de El Frontón.

El caso del Frontón

La denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC intenta aclarar un acto completamente antiético e inmoral (y eventualmente punible según el Código Penal), ya que no se puede defender que se le cambia el sentido al voto del ex magistrado Vergara Gotelli con el solo objetivo de restar su voto y así anular un hábeas corpus para poder reabrir el proceso por lesa humanidad en el Caso El Frontón.

Esto interpreta erróneamente (y adrede) el voto del magistrado Vergara Gotelli, despojándolo de su voto. En realidad, como ha explicado el ex magistrado Ernesto Alvarez, uno de los coautores de la sentencia, Vergara Gotelli había sido incluso más radical que los otros tres magistrados en el asunto de la lesa humanidad: para él ni siquiera tenía sentido discutirlo porque no se podía aplicar para eventos ocurridos antes del 2003. Ver en Lampadia: La increíble anulación del habeas corpus que negaba lesa humanidad en los hechos de El Frontón.

En este sentido, es importante tomar nota de la publicación al respecto, del magistrado José Luis Sardón de Taboada:

Sobre el Caso El Frontón, José Luis Sardón de Taboada, El Comercio, 12 de noviembre de 2017 (glosado)

A mi modo de ver, no cabía ni cabe, de ninguna manera, “subsanar” el voto de Vergara Gotelli en este caso, puesto que él firmó las 24 páginas que contiene dicha sentencia. Así, resulta indudable que estaba de acuerdo con el fallo o conclusión de la misma.

Los magistrados firmamos una sentencia cuando estamos de acuerdo con su fallo.

El fallo de esta sentencia establece que los hechos ocurridos el 18 y 19 de junio de 1986 en El Frontón no son delito de lesa humanidad.

Según Vergara Gotelli, solo hechos ocurridos desde el 2002 o 2003 –cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y se suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad– pueden ser calificados de esa manera.

La sentencia resolvió el caso por razones de fondo; en cambio, Vergara Gotelli presentó un argumento alternativo: calificar los hechos de El Frontón como delito de lesa humanidad implica admitir la retroactividad de la ley penal.

La Constitución Política del Perú solo admite la retroactividad de la ley penal benigna.

La “subsanación” del voto de Vergara Gotelli ha significado que se reabra el proceso penal en su contra [los marinos que participaron en los hechos de El Frontón hace ya más de 31 años], y se los siente nuevamente en el banquillo de los acusados, bajo amenaza de terminar sus días en la cárcel.

La verdad es que estos actos dejan clara la corrupción y manipulación dentro de las instituciones jurídicas, ya que los magistrados la institución encargada de velar por la constitucionalidad en el Perú, terminan manipulando una sentencia.

Como afirmó Jaime de Althaus en su columna El caso de los cuatro magistrados del TC es muy grave: “Si magistrados constitucionales son capaces de despojar del sentido del voto a un magistrado anterior para anular un hábeas corpus violentando incluso la cosa juzgada, es que la descomposición institucional ha llegado al más alto nivel poniendo en peligro al sistema mismo.”

Por eso, en Lampadia estamos convencidos que hay que proceder con la acusación constitucional que se ha presentado contra los cuatro magistrados responsables y así lograr eliminar estos actos en el órgano del Estado que debe mantener más imparcialidad y justicia y que, en vez, se corrompe usando el poder estatal para satisfacer intereses políticos.

El tipo penal de crimen organizado

Si no ha sido utilizada con intenciones políticas, solo cabría la explicación de que ésta permite mayores tiempos y facilidades para la investigación. Sin embargo, eso puede llevar a que los acusados estén impedidos eventualmente de postular a cargos públicos con lo cual se configura un hecho político.

En nuestra opinión, este es un hecho absurdo, abusivo e innecesario. Por ejemplo, el acusar a Fuerza Popular de organizar cocteles para levantar fondos deja claramente establecido lo inapropiado del proceso.

El error jurídico y político de la acusación al Fiscal de la Nación

Lamentablemente, Fuerza Popular ha actuado torpemente al denunciar constitucionalmente al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La acusación presentada por vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry es apresurada y viene en un mal momento que solo distrae del verdadero problema. Además, su acusación no está bien sustentada y carece de sustento jurídico, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.

Según Sánchez: “Hay una falsedad además del uso de adjetivos inapropiados tratándose de una autoridad como la que represento. No solo me atacan a mí, sino a toda la institución que presido y eso afecta el Estado democrático de derecho. Espero que la Comisión Permanente del Congreso entre en razón y archive este caso por falta de pruebas”. 

Salaverry habría indicado en su denuncia que el Ministerio Público no estaba investigando a las constructoras peruanas consorciadas con la brasileña Odebrecht, pero hace ya dos meses que se está investigando a las constructoras que están implicadas en el caso Lava Jato.

Esto no quiere decir que la Fiscalía no pueda ser denunciada por el Congreso, eventualmente, cuando los hechos lo ameriten. por mala conducta.

¿Qué debemos hacer ahora?

La acusación contra los cuatro funcionarios del TC es evidentemente correcta y ésta no debe confundirse ni con situaciones parecidas de los años 90 ni acusar de pérdida de legitimidad al sumarse la acusación contra el fiscal de la nación.

Todavía estamos  a tiempo de frenar un enfrentamiento que lleve a la destrucción mutua de las fuerzas políticas y las instituciones del Estado. Esperamos una inmediata corrección por parte de los actores reseñados y esperamos, además, una reacción nítida del Presidente de la República, que por su trayectoria personal y por el cargo que ostenta, está llamado a romper esta destructiva inercia. Lampadia