Jaime de Althaus
Para Lampadia

La lucha contra lo corrupción es, por supuesto, positiva si es algo más que justicia plebiscitaria e instrumento político, y está en duda si lo es. Por lo pronto, fue usada por el presidente Vizcarra en el CADE para centrar su discurso en torno a ella y evadir los temas que requieren acción del gobierno si queremos recuperar crecimiento para reducir la pobreza y la desigualdad. Temas que eran ineludibles en una cita de empresarios que hubieran podido ser persuadidos de que algo consistente se está haciendo para animarlos a volver a invertir. 

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, lo intentó en alguna medida, dejando ver que sin duda le dará un carácter propio y diferente a su gestión. Desde el título de su presentación en CADE: “Más competitividad para el cierre de brechas sociales”, expresó un nivel de compromiso con los problemas sociales e institucionales del país que no es común en los jefes de esa cartera. El programa económico debería tener, efectivamente, como fin último, eliminar la pobreza y reducir las brechas sociales, y está muy bien que la ministra lo tenga como objetivo final porque eso debería llevarla a realizar las reformas que se requieren para ese fin y a buscar la reactivación de la inversión privada, porque al final el crecimiento económico acelerado es el gran reductor de la pobreza y de las brechas sociales.

Institucionalidad

La ministra comienza su presentación, en ese sentido, con el apoyo a las reformas institucionales, que sin duda son indispensables para mejorar la competitividad y productividad del país. Anunció la prioridad dada a la “función justicia” en el presupuesto del próximo año, tal como podemos ver en el siguiente gráfico.

Son casi 1,000 millones de soles más para la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Contraloría. No conocemos el detalle que, sin embargo, es muy importante. Casi la mitad de esos recursos van, por ejemplo, a la Fiscalía: ¿para incrementar el equipo que promueve prisiones preventivas abusivas que luego deben ser revocadas por el Tribunal Constitucional? ¿Para continuar con la justicia plebiscitaria?

La corrupción, como sabemos, está íntimamente imbricada en el sistema judicial mismo. Para limpiar y transformar ese sistema tenemos que ir a la implantación de los expedientes digitales a todo nivel, a la oralización de los procesos civiles, a la creación de una carrera judicial meritocrática basada en evaluaciones. ¿Se está poniendo recursos para eso?

Pobreza y brechas sociales

En cuanto a la reducción de las brechas sociales, la ministra menciona la pobreza, la anemia y el acceso a agua potable, y anuncia la incorporación de 4 millones de peruanos al SIS. Pero solo menciona incrementos presupuestales para combatir el friaje y la violencia contra la mujer. ¿Cómo vamos a hacer para que un SIS desbordado, desfinanciado e ineficiente incorpore a 4 millones de personas más? La ministra mencionó el Decreto de Urgencia respectivo, que contiene, efectivamente, algunos lineamientos para mejorar la gestión, pero entre esos lineamientos no aparece lo fundamental: pagar por resultados (que se haya resuelto el problema de salud del paciente y que este se lleve todos sus medicamentos gratis), y no por número de atenciones como es ahora, que fomenta el sobregasto y la corrupción. 

Tampoco anunció nada respecto a reconvertir Juntos en Juntos Productivo o expandir programas como Sierra Productiva, única manera de reducir radicalmente la pobreza rural de manera sostenible y no asistencialista.

Reformas de la inversión pública

¿Anunció la ministra reformas propiamente económicas? Sí, pero solo algunas vinculadas a la inversión pública que, dicho sea de paso, ¡cayó 15% en noviembre! Explicó el DU publicado el mismo viernes 29 que establece medidas para asegurar la ejecución de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Dichas medidas son, entre otras, su priorización, la exoneración de habilitación urbana y licencia de construcción para dichos proyectos, prioridad en atender trámites, permisos y licencias de obras, y la simplificación de liberación de interferencias.

Sin duda es bueno que se haya dado ese DU para que el Plan Nacional de Infraestructura, un avance importante, se ejecute y no se quede en el papel, aunque algunas de las soluciones propuestas ya existen desde años y no han dado mayor resultado según Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN. Veremos.

La ministra también hizo mención al DU orientado a la reactivación de 867 obras paralizadas en el Gobierno Nacional y Regional por más de S/ 16 mil millones (2,2% del PBI), y anunció el relanzamiento del bono por cumplimiento de metas para gobiernos sub-nacionales. Lo más interesante fue el anuncio de la reforma del marco legal de la contratación pública, incorporando el know how de los juegos Panamericanos. No entró en detalles, pero es claro que eso debería llevar a modificar completamente la ley de contrataciones, pasando a un modelo de confianza y comunicación que destierre la cultura de la sospecha y la presunción de corrupción. Habría que adaptar la ley de contrataciones del Reino Unido.

También anunció la conversión de Proinversión en una agencia especializada para la estructuración y adjudicación de proyectos, sin entrar en pormenores.

Simplificación regulatoria  

En cuanto a “mejorar el ambiente de negocios para impulsar la inversión privada”, mencionó un “proceso permanente de mejora de la calidad regulatoria” y anunció la simplificación de 30 procedimientos. Debe haber habido un error. Quizá se refería al 30% de los procedimientos, porque 30 son nada. Según Zarella Sierra de la Secretaría de Gestión Pública, el proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) ha llevado a eliminar más de 700 procedimientos administrativos o trámites y a ratificar o validar algo más de 1,400, de los cuales los 100 más complejos volverán a pasar un ACR. Sin embargo, en la DIGEMID, por ejemplo, no se ha logrado hasta la fecha reducir procedimientos o trámites importantes -algo vital para que la población acceda a medicamentos de calidad y baratos-, debido a la resistencia burocrática.

El gobierno como tal no parece muy consciente de estos avances, ni los publicita. La ministra tampoco anunció nada respecto de la aplicación al conjunto de normas del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), un instrumento más poderoso aun que los ACR para facilitar la inversión y reducir la corrupción, porque elimina no trámites sino las normas mismas que regulan la actividad económica.  

Sí se refirió a incluir los TUPA estandarizados en el Plan de Incentivos Municipales. Eso está bien, pero a la fecha sólo se ha estandarizado el TUPA para la licencia de funcionamiento. Aún falta el relativo a la licencia de Construcción. Ya lleva casi un año de retraso, pero se dice que saldría el primer trimestre del 2020.

Nada sobre reformas económicas y laborales

En cuanto a la producción misma, reiteró que se impulsará el proceso de diversificación productiva a través de las mesas ejecutivas en los sectores priorizados que son el forestal, el acuícola y el turismo. Estas mesas ya vienen funcionando, y sin duda son una buena idea.

Pero no hubo anuncio alguno para sacar por DU diversas reformas que propone el propio Plan Nacional de Competitividad aprobado por el gobierno el 28 de julio. Por ejemplo, la ley para crear régimen único tributario, eliminando el RUS, el RER y el Mype Tributario para crear una sola escala gradual y progresiva que elimine el incentivo al enanismo y a la evasión y permita, junto con la masificación de comprobantes electrónicos, incorporar a la base informal a la formalidad.

Menos aún las reformas laborales, ni siquiera las inocuas que fueron incorporadas en dicho plan como la ley del teletrabajo y la de modalidades formativas.

El presidente, una vez más, desperdicia su capital político a costa del país. Lampadia

Los últimos días y meses han mostrado un gobierno peruano ensimismado en la puesta en marcha de su reforma política, presionando y confrontando constantemente al Congreso y solicitándole cuestión de confianza para llevar a buen término los 6 proyectos de ley planteados que involucran un cambio a la Constitución vigente.

Sin embargo, su misma obsesión por el tema institucional no solo ha generado ruido político – ante la posibilidad latente de un eventual cierre del Congreso – sino que además lo ha desenfocado por completo de los ejes económico y social, fundamentales para una buena gobernanza y para seguir propiciando desarrollo a nuestros pobres (ver en Lampadia: Confrontación sin Gobernanza).

Centrándonos en el eje económico, hay una total incertidumbre respecto a los lineamientos de política a emprender por el gobierno de Vizcarra para lidiar con una desaceleración económica que ya data del 2014 (ver en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, El 2014 terminó nuestro círculo virtuoso – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva) y que se ha agravado en los últimos meses con el conflicto comercial EEUU-China (ver en Lampadia: Cuidado con el desplome de las exportaciones).

Peor aún, recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, han dejado entrever la intención del gobierno de retornar al Estado empresario en industrias estratégicas como la minería y la de aerolíneas, lo cual resulta sumamente peligroso para nuestra economía, a la luz de la experiencia histórica del gobierno velasquista en los años 70, que, planteando políticas similares hasta finales de los años 80, nos llevó al colapso de las cuentas fiscales.

Por otra parte, si nos enfocamos en la coyuntura, las recientes cifras de crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, publicadas por el BCRP, no muestran signos de reactivación; por el contrario, el crecimiento se torna cada vez más endeble e incluso negativo. Veamos.

Fuente: BCRP

Como se muestra en la siguiente tabla, en el caso de la inversión privada, el crecimiento del primer trimestre ha pasado de 5.3% el 2018 a 2.9% este año; y en el caso de la inversión pública, este crecimiento ha pasado de 6.8% a -10.9%.

Fuente: BCRP

Este alicaído comportamiento de la inversión ha provocado una caída en la tasa de crecimiento del primer trimestre del PBI de 3.2% el 2018 a 2.3% el 2019, que, de mantenerse por el resto del año, estaría muy lejos del potencial requerido para absorber la mano de obra entrante y para reducir sostenidamente la pobreza (ver Lampadia: Crecimiento, pobreza y desigualdad). De hecho, como informó recientemente El Comercio, el crecimiento de abril (ver el siguiente gráfico), situado en 1.7%, reconfirmaría este hecho al generar un crecimiento anualizado del 3.3%, muy por debajo del potencial de la economía peruana (3.7%) así como del proyectado por el MEF (4.2%).

Fuente: INEI

Por otra parte, la inversión directa extranjera, importante generadora de empleo y principal fuente de acumulación de reservas internacionales (ver Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión), tampoco presenta signos de reactivación al 2018 en gran parte por el poco empuje y animadversión que sigue habiendo hacia el sector minero. Y pese a que aún no se cuentan con datos al cierre del 2019, los últimos meses, caracterizados por el conflicto social del proyecto cuprífero Las Bambas, augurarían una notable reducción de la inversión minera extranjera también para este año.

Fuente: BCRP

Dado los niveles actuales en los que se encuentra el conflicto Ejecutivo-Congreso, es difícil proyectar cual sería el comportamiento futuro de la inversión privada en el corto plazo. El presidente del BCRP, Julio Velarde, hizo las siguientes declaraciones en un reciente evento regional de Cajamarca ante la posibilidad de una disolución del Congreso: “Durante cuatro meses se gobernaría por decreto. La incertidumbre se disiparía cuando se hayan elegido a los congresistas y ver quiénes serían. Habrá cuatro meses de incertidumbre que puede afectar a la inversión privada”

En ese sentido, consideramos que tal incertidumbre podría ser superada si el gobierno se propusiera poner en marcha los proyectos mineros de envergadura como Tía María, Las Bambas, Galeno, por destacar los más importantes, cuyo enorme potencial podrían reactivar la inversión privada. La puesta en marcha de dichos megaproyectos le daría señales claras al sector privado tanto nacional como internacional de que en nuestro país sí se respetan los contratos, lo cual eventualmente aumentaría la confianza empresarial, tan venida a menos en los últimos años. Además, el impulso de la minería, la cual esta encadenada a por lo menos 6 sectores indirectos (ver Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería), apuntalaría el crecimiento del empleo desde las regiones, que es donde más desarrollo requieren nuestros pobres.

Es hora que el Ejecutivo deje de confrontar y se ponga a gobernar por el bien del país. Los peruanos se lo exigimos. Lampadia

Los Juegos Panamericanos serán, seguramente, los momentos más alegres de este próximo año. En ellos se olvidan las diferencias, los problemas y las preocupaciones. Es el paréntesis de vida más exultante en el que solo se lucen las mejores virtudes, representadas en el espíritu olímpico. Donde ganadores y perdedores festejan por igual. Éstos serán días de entusiasmo, alegría y de la superación de todos nosotros. Y los peruanos debemos seguir dando buenos ejemplos de deportivismo.

Por eso, el buen manejo del proyecto de los Juegos Panamericanos es tan relevante e importante. Quizás en uno de los pocos ejemplos de proyectos públicos bien gestionados en el Perú, la ejecución de las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 están cumpliendo todas las metas y objetivos trazados. Según Carlos Neuhaus, director ejecutivo de la Organización de los XVIII Juegos Panamericanos, la clave es la gestión mediante el Project Management Operation (PMO) de la mano del NEC (Entrega de Proyectos Integrados o New Enginnering Contract), ambos asesorados por el Reino Unido.

El presidente de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana) Neven Ilic, calificó las obras realizadas para los Juegos Panamericanos Lima 2019 como “impresionantes”. “Luego de la realización de los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Lima 2019, la capital peruana se transformará en el centro de entrenamiento para los atletas de toda América. En muy pocos países de Latinoamérica he visto esta calidad de construcción”, afirmó Ilic.

El cumplimiento de los objetivos en el tiempo acordado de todo el proyecto es producto de una planificación extraordinaria, del cumplimiento que ha tenido cada una de las empresas y de todo el equipo técnico. Para lograrlo, el Reino Unido firmó un acuerdo de gobierno a gobierno con el Perú el año pasado a fin de brindar asesoría técnica al Proyecto Especial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para la organización exitosa de este evento de gran magnitud que dejará un legado para la ciudad y el país. Hasta el momento, mediante este mecanismo, se han podido desarrollar cinco sedes deportivas.

La verdad es que los requisitos de las instituciones de administración pública están aumentando y los proyectos se están volviendo cada vez más desafiantes. La gestión de un proyecto es una actividad compleja, en particular cuando involucra a muchas personas que trabajan durante largos períodos de tiempo y muchas partes con intereses diferentes.

Esta complejidad creciente requiere prácticas de gestión y herramientas que aseguren un uso eficiente de los recursos. Es en este contexto que se decide utilizar el sistema de Gestión de Proyectos (PMO) y los contratos Entrega de Proyectos Integrados (NEC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo funcionan?

Lo que plantea el Project Management Institute es gestionar los proyectos públicos en un marco especial que asegure el cumplimiento de los lineamientos de gastos, además de la sujeción a los principios de legalidad y transparencia en la gestión pública. Estas “reglas de juego” insta a que la gestión del proyecto debe “rendir cuentas” mediante los sistemas de monitoreo y seguimiento, dando transparencia a la gestión. Otro de los beneficios es que evita que ocurran actos de corrupción.

Por otro lado, el NEC es un nuevo modelo de contrato de ingeniería y construcción que simplifica el uso del lenguaje jurídico y el manejo de controversias con el objetivo de evitar modificaciones contractuales (‘adendas’). Permite que las obras sean adjudicadas sin pasar por la Ley de Contrataciones del Estado, y las demoras que esta pueda generar, por reclamos de postores ante discrepancias en el contrato.

Los NEC fueron diseñados por el Institution of Civil Engineers (ICE) del Reino Unido y fue el modelo usado para construir las obras de las Olimpiadas de Londres 2012. Están pensados para gestionar proyectos de gran envergadura, desde la ingeniería hasta los servicios y las compras menores de bienes.

“El NEC es un sistema de construcción hecho por ingenieros para ser manejados por ingenieros”, explicó Neuhaus. Es una modalidad ‘fast track’ de construcción en el que el diseño y la ejecución avanzan paralelamente. Por su lado, Amalia Moreno, jefa del área legal del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, explicó que no es difícil adecuar los NEC a la legislación peruana. “El contrato NEC es modificable. Incorporamos aspectos del Código Civil peruano, condiciones de penalidad de la Ley de Contrataciones del Estado, y así vamos adecuándolo. Pero la esencia es simplificar las contingencias constructivas”.

¿Quieres formar parte?

De hecho, la cultura que han creado en el proyecto es tan interesante que están teniendo mucha acogida con el programa de voluntariado. ¿Por qué ser un voluntario? Principalmente, brinda la oportunidad de ser reconocido por tu trato amable a invitados nacionales y extranjeros, de promover nuestra cultura peruana, tradición y gastronomía, ser parte de los Juegos creando el sentido de pertenencia a este evento y trabajar en equipo con jóvenes que buscan un cambio positivo en nuestro país.

Carlos Neuhaus, destacó la importancia de los voluntarios en la mayor fiesta multideportiva del continente. “Tenemos un gran espíritu deportivo y por ello vamos a lograr unos Juegos por encima de las expectativas. Acá jugamos todos y tenemos el respaldo al ser un compromiso de estado. La imagen del Perú está de por medio. Los peruanos unidos lo podemos todo. El voluntariado es una parte importante porque nos ayudarán en la tarea titánica. La mitad de la importancia de los Juegos son los voluntarios”, afirmó Neuhaus.

Conclusiones

Con el fin de contribuir con el legado de los juegos, en mayo de este año se anunció la conformación de una Mesa de Trabajo en Infraestructuras entre el Perú y el Reino Unido para ayudar al Perú a abordar la brecha de infraestructuras rescatando las mejores experiencias de gestión y contratación de los Juegos Panamericanos 2019.

Tenemos grandes retos en el Perú de obras por realizar y una gran cantidad de ejemplos de proyectos de infraestructuras con problemas de cumplimiento de objetivos. Para poder reactivar los proyectos, debemos compartir estos nuevos y mejores modelos para la gestión de proyectos que puedan ser utilizados para lograr reducir la gran brecha de infraestructura que tenemos. Lampadia

Otras imágenes:

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 5 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

A poco de finalizar nuestro mandato, vale la pena dar cuenta de las obras que estamos dejando para ser continuadas por el Gobierno Regional entrante.

La Doble Vía entre Ica y Guadalupe es – quizás – la obra más esperada. Los iqueños – hartos de la congestión vehicular – estamos ansiosos por ella. Pero también medio país que tiene que pasar por dicho tramo de la Carretera Panamericana… para llegar a su destino.

El hecho es que – después de mucho batallar – el concurso público para la ejecución de la obra fue convocado el 19 de setiembre pasado. El 25 de octubre se otorgará la buena pro… y – a partir de noviembre – ¡manos a la obra!

La restauración de la Catedral de Ica – también – está en marcha. Gracias a la Fundación Getty – y al Ministerio de Cultura – tenemos el Expediente Técnico del proyecto. Y en los próximos días se convocará el concurso público correspondiente. ¡Ica tendrá su catedral y el templo del Señor de Luren… reconstruidos!

El Estadio Municipal de Pisco está – también – en construcción. Cancha de fútbol de pasto natural, pistas sintéticas para atletismo, 6 mil butacas para espectadores, iluminación para competiciones nocturnas, canchas auxiliares de pasto sintético, camerinos para árbitros y para atletas… ¡los pisqueños están de buenas!

Palpa se lleva la porción más grande de la torta regional. Carretera Viscas – Saramarca. Canal Chantay – Santa Cruz. Canal Gramadal – Palpa – Viscas. Puente Macarencca. ¡Quién dijo que Palpa era la última rueda del coche!

Lamentablemente… los chinchanos se quedaron sin su estadio. Al menos, por ahora. En vez de proponer un recinto de S/. 15 millones – como el de Pisco – diseñaron un estadio de S/. 80 millones… ¡inviable! Felizmente, el tiempo permitió reasignar el presupuesto comprometido para el estadio, a la construcción de reservorios y bosques en la cabecera del río San Juan. Efectivamente… allá arriba están los reservorios y bosques que le están dando a Chincha cada vez más agua en los estiajes.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – a través de PROVÍAS – reconstruirá el puente Chamorro. Y – ¡sabe Dios cuándo! – ejecutará el Proyecto de Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica. ¡Paciencia!

Y cierro con Nasca… la misteriosa Nasca. Aparte del puente Aja que montará PROVÍAS en breve, el Instituto Luis Felipe de las Casas Grieve – de Marcona – pasará a mejor vida. Gracias al Grupo Breca, estamos invirtiendo cerca de S/. 30 millones – a través del mecanismo de Obras por Impuestos – para poner al instituto a la vanguardia – a nivel nacional – en materia de educación técnica superior.

Súmese a todo lo anterior, los 4 proyectos de Siembra y Cosecha de Agua – uno por cada cuenca – que estamos ejecutando dentro del marco de la Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica, e Ica y Ayacucho.

Eso… en cuanto a proyectos de inversión pública. Pero la fuerza de Ica está más por el lado privado.

• Autopista Pisco – Ica.
• Puerto General San Martín en Pisco.
• Mina Justa en Nasca.
• Parque eólico de Marcona.
• Agua Grande para Ica y Huancavelica.
• Nuevos proyectos frutícolas.
• Nuevos hoteles y restaurantes.
• Nuevos vuelos comerciales a Pisco.
• Nuevas urbanizaciones y centros comerciales.

¡Ica está embalada! Y que unos cuantos amargados no lo quieran reconocer… ¡ese no es nuestro problema! Lampadia

Goberna-Perú acaba de organizar un importante foro sobre: Como sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción. Dado que en el Perú los casos de corrupción paralizaron la economía, es muy importante revisar el desarrollo de dicho foro.

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco transitamos al estancamiento. Luego de cinco años de una creciente caída de la inversión privada y pública, en vez de corregir el clima de inversión y apostar a ganador activando los proyectos paralizados, tanto en minería como en infraestructuras, el nuevo gobierno se contentó con plantear un crecimiento de 5% hacia al 2021.

Uno de los motivos de la falta de crecimiento es la parálisis del sector construcción y de las obras de infraestructuras. La construcción es uno de los sectores que más aporta a la economía, sin embargo, el sector atraviesa su peor crisis reputacional y de crecimiento.

Como afirmó Diego Macera, Gerente general del IPE, es su presentación sobre Infraestructura de uso público y participación privada: situación actual, “La provisión de infraestructura es una herramienta efectiva para incrementar productividad y competitividad, que reducen la pobreza de manera sostenible”. Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, el Pilar Infraestructura del Perú se encuentra en el puesto 86 de 140 países. ¿Cuáles son los problemas para el cierre de la brecha? Según Macera, son 3:

1. Inexistencia de un plan nacional de infraestructura
2. Recursos Insuficientes
3. Prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública

En la Alianza del Pacífico, somos el único país que carece de un plan nacional de infraestructura de mediano-largo plazo, así como una entidad especializada. El incremento de la responsabilidad de la inversión pública en infraestructura entre los gobiernos subnacionales no ha sido acompañada de mayores capacidades de gestión. Más de 1,600 obras públicas se encuentra paralizadas y se concentran en gobierno locales. Según la Contraloria, la inadecuada formulación de proyectos es el principal motivo.

Lamentablemente, el escándalo de corrupción de Lava Jato y la investigación del ‘club de las constructoras’ permitió que al no hacer caso a Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas que crearon un verdadero caos, que propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales corruptos de Lula (Odebrecht), pero también arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. (Ver en Lampadia: Cortemos la parálisis del Perú).

Un crecimiento cero en construcción, según un informe de BBVA Research, puede significar una pérdida de 70,000 empleos indirectos. Más de US$ 10,000 millones en inversión están paralizados, y la ralentización del crecimiento tiene mucho que ver con esta situación. Más de 1,600 obras públicas se encuentran paralizadas y se concentran en gobiernos locales, según Diego Macera del IPE. De acuerdo con la Contraloría, la inadecuada formulación de proyectos es el principal motivo. Salvar el sector construcción, pues, es necesario para evitar un escenario solo favorable para las fuerzas antisistema en el 2021, que intentan lentificar el crecimiento y que retorne el círculo autodestructivo de la pobreza, con objeto de hacer pasar las recetas populistas y estatistas.

¿Cómo sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción?

Es incuestionable que la lucha contra la corrupción tiene que seguir profundizándose caiga quien caiga. Pero el combate a la corrupción de ninguna manera puede significar parar la economía, sobre todo porque en ningún país afectado por el caso Lava Jato ha sucedido lo que acontece en el Perú.

Para esto, el ‘Foro de Modernización e Infraestructura: Experiencia Internacional y Agenda Pendiente’, organizado por Goberna Perú (Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón) en alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analizó un método de cómo sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción.

La construcción es el sector en el mundo con mayor posibilidad de generar actos de corrupción. A nivel global está valorado en 11.4 trillones de dólares. Para evitarla, Pablo Gil de Montes, Director de ‘Compliance, Forensics and Intelligence, Control Risk’ afirmó en Lima el pasado 10 de setiembre, que se debe fomentar una cultura de transparencia mediante el monitoreo, auditoría y mejorar continua.

Para lograrlo, propone que todas las empresas y agentes que participen en los proyectos de infraestructuras firmen un “Pacto de Integridad” (PI), una serie de acuerdos suscritos por gobiernos u agencias gubernamentales con empresas o grupos de empresas que participen en procedimientos de contratación pública. Para lograrlo, es indispensable que todas las partes involucradas se comprometan a no pagar, ofrecer, promover u aceptar sobornos. Como consecuencia de ello, las partes implicadas también aceptan someterse a un sistema de supervisión.

En esencia, los PI tienen la finalidad de incrementar los niveles de transparencia, nivelar las condiciones existentes entre los distintos actores, así como mejorar la eficacia de los procedimientos de contratación pública. Según Gil de Montes, estos pactos incluyen los siguientes puntos:

• Promesa de las partes de no buscar beneficios ilegales
• Promesa entre todos los postores de no haber entendimiento entre ellos 
• Promesa de los postores de no compartir información
• Postores extranjeros tienen que dar detalles de sus agentes locales y viceversa
• Postores tienen que revelar pagos a cualquier agente o intermediario
• Acuerdo vigente desde la etapa de contratación hasta la entrega
• Violación del pacto significa descalificación para cualquier tipo de contratación futura

• Investigación: cumplimiento de las leyes anticorrupción
• Prevención: minimizar oportunidades de corrupción
• Educación: Educar a y desarrollar apoyo de la población en la lucha contra la corrupción

Quizás lo más importante es la participación de la ciudadanía y esta se logra investigando todas las denuncias de corrupción. Este es un método probado en la lucha contra la corrupción que busca establecer una receta para luchar contra la misma. Entre sus mayores beneficios tenemos:

• Mayor recaudación fiscal
• Mayor inversión extranjera
• Orden jurídico
• Estabilidad política

Un punto importante es el valor formativo y educativo. En el marco de la prevención de la corrupción, un Pacto de Integridad ayuda a promover e identificar las mejores prácticas en contratación pública y de seguimiento para evitar casos de corrupción.

Entre sus principales recomendaciones para el Perú, Gil de Montes (ver su presentación), nos deja con siete puntos clave:

1. Contextualizar, planificar y evaluar el riesgo: No usar una receta, sino analizar e identificar las áreas de riesgo, como el entorno donde se opera, los terceros y los gastos. Se debe considerar la corrupción como una parte integral de la gestión integral de riesgos empresariales
2. Apropiarse de la importancia del cumplimiento y asegurar los recursos para implementarlo
3. Establecer políticas, procedimientos y controles internos: Tener políticas y procedimientos claros acerca de los puntos débiles de los protocolos anticorrupción, incluyendo:
4. Capacitar, entrenar, comunicar y asesorar continuamente
5. Fomentar una cultura de transparencia: Implementar un protocolo claro para el reporte de cuestiones relacionadas con actos de corrupción
6. Investigar y remediar: Se deben establecer lineamientos y protocolos de investigación formales para asegurar que los asuntos se revisen y aprueben, rastreen y remedien de modo adecuado y oportuno.
7. Monitorear, auditar y mejorar continuamente: tienen que someterse a evaluaciones de riesgos periódicas y evaluaciones en tiempo real para garantizar el progreso y la mejora

Los Pactos de Integridad se enmarcan en una sociedad cada vez más hastiada de la corrupción, y a la vez, deseosa de que se establezcan mejores remedios, legales o políticos, para luchar contra la misma. El utilizarlas es una manera de demostrarle al público la voluntad del gobierno de compromiso con un sistema justo.  Lampadia

Benjamín Cillóniz
Especialista en producción y comercialización agrícola
Para Lampadia

Más de uno debe haber escuchado que el agua será el causante de las guerras del futuro. Lamentablemente, eso ya se está dando en el Perú y debemos evitarlo. Cada vez, vemos y oímos más acusaciones en contra de empresas privadas, por – supuestamente – estar dejando sin agua a la población. Prácticamente todas las acusaciones vienen de organismos o personas que tienen algún tipo de objetivo en contra de las empresas privadas y omiten – o quizás desconozcan – datos claves en sus investigaciones.

Voy a referirme puntualmente a la acusación de una ONG que asegura que los cultivos de espárragos en la región de Ica, vienen dejando sin agua a su población, con el claro objetivo de afectar la demanda de espárragos peruanos en los mercados de destino.

Es sabido que la agricultura es la actividad económica que mayor cantidad agua consume. Comparativamente hablando, los seres humanos consumimos muy poca agua en nuestro día a día. No por eso debemos dejar de ser eficientes y responsables en su uso, pero es importante entender que el agua que se requiere para regar una hectárea de cualquier cultivo, alcanza para dotar de agua a muchísimas personas. No se olviden que Lima es la segunda ciudad más poblada del mundo, instalada en un desierto, después de El Cairo y no creo que podamos decir que somos eficientes en el uso de agua en esta ciudad. La cantidad de hectáreas que habría que sacrificar para dotar de agua a la población de Ica es muy baja y les aseguro que nadie sería tan ingenuo de no aprovechar la posibilidad de mantener contenta a la población, en un negocio donde el principal componente es la mano de obra. Sin embargo, el problema no es de cantidad sino de distribución y para solucionar esto, dependemos de los alcaldes. Duele decirlo, pero no puedo ser optimista en que vayamos a tener alcaldes que contribuyan de manera eficiente, sincera y desinteresada en la solución del problema. Ojalá, todas estas ONG se preocuparan tanto, o más, de la corrupción, antes de atacar a una industria que es un ejemplo de éxito.

La población de Ica ha aumentado de manera importante gracias al pleno empleo que se consiguió como consecuencia del auge agroexportador en la región. Auge en el cual el espárrago fue la punta de lanza. Lamentablemente el ordenamiento urbano es un desastre y las invasiones son un gran problema hoy en día. Por el lado de los cultivos, las inversiones se han dado principalmente en zonas que antes eran un desierto. Una inversión agraria es ineficiente con menos de 100 hectáreas y es casi imposible encontrar unidades de esta extensión en el valle viejo debido a la atomización que dejó la reforma agraria. El crecimiento de la población y la generación de puestos de trabajo fuera de los centros urbanos tradicionales está haciendo que tierras agrícolas se conviertan en zonas urbanas, y cada vez que una parcela es vendida para un proyecto urbano, quedan disponibles muchos metros cúbicos de agua que ya no serán usados en producción agrícola. Hay suficiente agua para la población actual y futura de Ica, pero hay que llevarla a los hogares y eso tiene que realizarse mediante obras municipales que sin duda alguna contarían con el apoyo de los agroexportadores.

Es absolutamente cierto que la situación hídrica en Ica y Villacurí no es buena. ¿Que esperaban? ¡Si a pesar de ser una de las zonas climáticas más favorables en el mundo para hacer agricultura, Ica no ha recibido ni un dólar de inversión pública para su afianzamiento hídrico! El sector privado viene generando un crecimiento destacable, con altísimas inversiones y haciendo uso de los recursos de suelo y agua que tiene la región. Dejar estos recursos durmiendo, solo generaría menos puestos de trabajo, lo cual llevaría a tener una menor población en Ica y les aseguro que seguiríamos con los mismos problemas de agua para la población. La dotación de agua para desarrollar agricultura – y por ende para la población – en las pampas y valles comprendidos entre Villacurí y Nazca debería ser algo prioritario para el estado. En pocos lugares del mundo se logran los rendimientos que se ven en estas zonas y ciertamente el Perú necesita a gritos, que este foco de generación de empleo y descentralización siga creciendo.

Como medida de emergencia para no poner en riesgo las inversiones ya existentes, se prohibió la perforación de nuevos pozos, pero poco se ha hecho para traerle más agua a Ica y aprovechar como país, esa bendición que recibimos con una región tan propicia para producir, espárragos, uvas, paltos, cítricos, arándanos etc.  

Hoy en día existe una iniciativa público – privada para dotar de agua a Ica y Huancavelica, con obras mucho más eficientes que Poechos y San Lorenzo en Piura, Olmos y Tinajones en Lambayeque, Chavimochic en La Libertad, Majes en Arequipa etc., pero la burocracia del estado sigue dilatando la decisión. Parecería que Ica y Huancavelica no les significan suficientes votos electorales ya que no tiene sentido que el referente peruano en cuanto agro-exportación, no reciba mayor atención para solucionar este problema.

Ya que mencioné a los principales cultivos de agro-exportación de la región, es importante mencionar que, contrariamente a lo que se escucha en estas mismas acusaciones, son cultivos de alta eficiencia hídrica. La eficiencia hídrica no se mide en metros cúbicos por hectárea. Ese es el gasto y no toma en cuenta la productividad. La eficiencia se mide en dólares de facturación por metro cúbico y también en puestos de trabajo por metro cúbico. Hagan los números y compárenlos con los de un algodón o un pallar. Por algo es que la producción de cultivos de poco valor nos lleva a las típicas huelgas de agricultores pidiendo subsidios de parte del estado (o mejor dicho, de los que pagamos impuestos).

Y ya que estamos en comparando eficiencia hídrica y eficiencia en el uso de suelo, hagan la comparación entre un cultivo tradicional, uno orgánico (que produce menos volumen por unidad de área, con la misma cantidad de agua) y un transgénico resistente a la sequía. Se darán cuenta que, lo que se supone es lo más amigable con el medio ambiente, termina siendo un gran problema.

Antes de oponernos a uno u otro cultivo, busquemos soluciones y explotemos el mercado que hay para cada uno, de manera sostenible y priorizando correctamente. Al mismo tiempo, exijamos a las autoridades que den solución a los problemas de la población y pongamos a disposición la capacidad ejecutora del sector privado. Aplaudo el interés de la prensa por identificar posibles casos de corrupción o abuso de autoridad, pero esto se debe hacer sin sesgo, y vale decir que el sesgo anti-empresarial, es muy fácil de identificar. Lampadia

El cambio de posta de PPK a Vizcarra es una nueva oportunidad para que hagamos las cosas bien y retomemos la senda de crecimiento que abandonamos el 2011. Es el momento de recuperar el espíritu de la primera vuelta de las elecciones del 2016, en las que un 80% de los ciudadanos votamos por retomar la economía de mercado y rechazamos el estatismo.

Esta oportunidad le plantea a Martín Vizcarra que convoque a su gobierno, a quienes lo ayuden a recuperar dos años perdidos en adición a los cinco años de regresión que nos dejó el ‘nacionalismo filo chavista y lulista’ de Ollanta Humala. Como hemos dicho la semana pasada, una de las tareas fundamentales del gobierno, debe ser comunicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que pueden hacernos ricos o regresarnos definitivamente a la pobreza. Ver en Lampadia: Le toca a Martín Vizcarra traer la fuerza provinciana.

Lamentablemente el Perú tuvo un punto de inflexión el 2011, con el llamado “gobierno de la inclusión”, que ofreció ‘crecimiento con inclusión’, pero no nos dio ‘ni crecimiento ni inclusión’. Así se estancó nuestro crecimiento virtuoso que fue claramente pro-pobre y pro-clase media, redujo la desigualdad y generó inversión y empleo en las regiones, dinamizando, incluso, el sector rural.

Peor aún, ya con PPK en el gobierno, nuestro “gobierno de lujo” no solo no corrigió los errores de Humala, sino que nos hundió en una crisis generalizada, en la que se rompió hasta la esperanza de mejores tiempos.

Como hemos dicho ayer, ‘el Perú es un país fértil. Con solo hacer las cosas en la dirección correcta, las calidades de nuestra gente y nuestros inmensos y variados recursos, nos permitirán retomar el camino de la prosperidad’.

Después de siete años de torpeza, corremos el riesgo de olvidar lo que hicimos hace pocos años sacando al Perú de una situación que parecía irremediable, en 1990; y que supimos llevar a una cadena de realizaciones que sorprendió a tirios y troyanos. Ver nuestro análisis: Las cifras de la prosperidad, que PRUEBA que, con inversión privada, redujimos la pobreza y la desigualdad, la mortalidad infantil, aumentó el empleo y los ingresos en las regiones, incluyendo al sector rural, aumentamos la productividad, creamos una clase media emergente que superó el 50% de la población, bajaron las tasas de interés y logramos el grado de inversión.

Para que veamos como salir de este ciclo vicioso y retomar los caminos de la prosperidad, presentamos líneas abajo, una revisión de la evolución de los indicadores más importantes, que determinan la salud de nuestro país. Esperamos así, que podamos ayudar al equipo del presidente Vizcarra a tener una base objetiva para marcar el camino y medir nuestro desarrollo.

Crecimiento de la Economía

Luego de crecer un débil 4.0 % en 2016, nos desaceleramos aún más el 2017, llegado a tan solo 2.5 %, principalmente como resultado de un menor impulso del consumo privado y la inversión, tanto pública como privada. El consumo privado se vio afectado principalmente por el impacto del Niño Costero y la incapacidad del gobierno para dinamizar la inversión públicay privada.

No nos olvidemos que la caída del crecimiento se dio el 2011 con la parálisis de la inversión minera, que empieza con el papelón del gobierno de Humala con el proyecto de Conga. 

Esto se reflejó muy pronto en un menor crecimiento, pero como mostró el IPE, de haber mantenido la inversión minera el crecimiento se hubiera dado como se muestra abajo:

Es pues muy claro que, al son de las notas discordantes de los anti-mineros, comandados por el ex cura Arana, Gregorio Santos, con el soporte seudo técnico de Cooperacción, de José de Echave, más los vergonzosos ecos de buena parte de los medios de comunicación, los peruanos apagamos el principal motor del crecimiento de la economía.

El Perú puede mantener un ritmo de crecimiento alto y sostenido. Para ello tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en operaciones modernas, compatibles con el cuidado del medio ambiente, y positivas para su entorno social. Y no olvidemos lo que dijo el HSBC, hace algunos años, si manteníamos un crecimiento mínimo de 5.5% anual, el Perú podía ser, hacia el 2050, la economía número 26 en el mundo, con los siguientes resultados en los ingresos de la población:

Haber parado la inversión minera y colapsado nuestro crecimiento, enfrentando a peruanos humildes en las regiones más pobres del Perú, ha sido una traición a los pobres del país. Tener los recursos y la posibilidad de crecer y de reducir la pobreza; y no hacerlo por mandato ideológico, o por estrategias de búsqueda de poder, o incluso, como medio de vida individual, es uno de los peores crímenes que se pueden cometer en un país pobre.

Pero el reto de crecer no es sencillo. Requiere de un esfuerzo sostenido. Pero lo importante es que tenemos cómo hacerlo, ciudadanos trabajadores y todos los recursos habidos y por haber. Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Reducción de la Pobreza y Desigualdad

Tras una década de crecimiento récord, hasta el 2013, además de la reducción de la pobreza y la desigualdad, se consolidó una nueva clase media emergente. Según una declaración de Fidel Jaramillo, anterior representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente).

Para derrotar la pobreza es indispensable crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social y este depende del nivel de inversión, especialmente de la inversión privada que explica más del 80%. Y es que la relación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentada en la literatura económica. En el caso peruano, durante la última década, el crecimiento sostenido impulsado por la inversión privada, la apertura de los mercados y la disciplina macroeconómica logró reducir la pobreza en 43% y la pobreza extrema en 60%.

Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo en primera instancia la inversión minera y en segunda, las infraestructuras. (Ver en Lampadia: Volvamos a prender el motor de la economía).

Desnutrición

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6%. Pero el 2011, se invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable.

Dinamización de la economía en la regiones:

Nuestra geografía económica y social cambió radicalmente. La inversión, la economía, el empleo y los ingresos hicieron que las regiones crezcan más que en Lima. Por ejemplo, durante la última década, el empleo y los ingresos han crecido el doble en provincias, más en las zonas rurales que en las urbanas y más en la sierra y la selva que en la costa.

Regulaciones que matan el crecimiento

Existe una notoria limitación al potencial del comercio debido a las restricciones domésticas generadas por las barreras burocráticas. Estas son las mismas barreras que Lampadia viene criticando arduamente, argumentando que se ha formado un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales. 

Un claro ejemplo es el caso de la minería, donde hemos pasado de dos normas en los 90’s a 201 en la actualidad. (Ver en Lampadia: Hacia una minería más (in)sostenible económicamente) Es justamente esta parálisis en la inversión minera lo que ha terminado desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo.

Déficit fiscal

En el Perú, hace unos años vivíamos en una economia superavitaria, pero debido a los malos gobiernos recientes, hemos regresado a viivir con déficit fiscal después de muchos años. Llegando a una situación que inclusive preocupa en términos de largo plazo, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Inversión Privada y Pública

Martín Vizcarra parece que ha empezado con el pie derecho. En su discurso, afirmó que se fomentará la inversión privada en el país: “Fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas”, anticipó.

El presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que el 2018 podría representar el inicio una fase de crecimiento alto, pero ello dependerá de la recuperación de la confianza empresarial y la prolongación del buen momento de los precios externos de los minerales, lo cual impactará en la inversión privada.

“La inversión privada puede ser más alta en el 2019 y el 2020, esperaría que vaya mejorando en el tiempo. Mucho tiene que ver con recuperación de la confianza y el crecimiento mismo de este año”, aseveró. “Si las empresas ven que la demanda está creciendo van a tener que invertir para satisfacer esa demanda entonces entramos a un ciclo positivo que podría mantenerse por mucho tiempo”, subrayó.

Por su lado, la calificadora financiera Fitch Rating indicó que la experiencia del actual presidente Martin Vizcarra promoverá nuevos proyectos mineros. El actual mandatario fue anteriormente gobernador regional de Moquegua y tuvo buenos resultados en negociaciones con comunidades cercanas a las zonas mineras.

A los jóvenes del Perú

Quizás lo más importante es aumentar la confianza en el gobierno. Vizcarra tiene la enorme tarea de unir al país. Tuvo un buen comienzo: En su discurso de inauguración anunció que “lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”. Pero empecemos por ver qué le decimos a los jóvenes.

En la política y medios peruanos se asume que la naturaleza de nuestros jóvenes es la que de tiempo en tiempo observamos en las ruidosas marchas, que normalmente se desarrollan contra alguna norma o contra algún personaje. Nada más falso de la realidad.

Nuestros jóvenes saben muy bien cómo y dónde deben proyectar sus vidas, y hoy, lamentablemente, con los impactos acumulados del gobierno de Humala con su espíritu anti inversión privada, y la pésima gestión de PPK, hemos vuelto a generar en los jóvenes el deseo de emigrar. Ver en Lampadia: Recrudece el deseo de emigrar.

Lo más dramático es el caso de nuestros jóvenes:

• El deseo de emigrar de los jóvenes es de 76% a nivel nacional (primera vez que se mide fuera de Lima).
• El deseo de emigrar de los jóvenes en Lima es de 83%. En 2014 era 61%.
• El deseo de emigrar en Lima se ha vuelto a disparar a los niveles del 2008.

No hay peor indicador que el de tus jóvenes pensando en emigrar. Tenemos que interpretarlo como un país donde su población, y mayormente sus jóvenes, están dispuestos a apagar las luces e irse a algún otro lugar del mundo.

Pero, ¿qué está en el pensamiento de los peruanos cuando expresan su deseo de emigrar?

Cuando nuestros ciudadanos piensan en emigrar, proyectan sus vidas fundamentalmente a economías de mercado, donde están dispuestos, tal como los tres millones que ya están en el exterior (el 10% de nuestra población), a trabajar largas horas, a cumplir las leyes, a educar a sus hijos, a ahorrar,  a participar en la vida cívica de los países que los reciben, y a enviar dinero a sus familiares en el Perú.

¿Cómo debemos interpretar toda esta información?

1. Los peruanos, especialmente los jóvenes, saben medir con precisión la salud del país.
2. Cuando el Perú deja de ofrecerles el espacio adecuado para su desarrollo personal, se proyectan a economías de mercado en el exterior.
3. Esto implica que su pensamiento individual está muy alejado de las ideas del populismo, el socialismo y el estatismo.
4. Mientras siguen en el Perú, se siguen expresando políticamente en concordancia con una suerte de pensamiento social, más proclive al populismo, el socialismo y el estatismo.

Evidentemente, la trampa de la política peruana es seguir interpretando el pensamiento de los peruanos en función del oportunista ‘pensamiento social’, y no en función del realista ‘pensamiento individual’, que determina la búsqueda de mejores espacios de desarrollo personal en el exterior.

Tenemos que ofrecerles a nuestros jóvenes, espacios de vida en su patria, donde puedan apostar que su esfuerzo personal les dé las mismas oportunidades de bienestar, por las cuales están dispuestos a luchar fuera del Perú, lejos de sus familiares y amigos, sin sus comidas y sus fiestas.

Esperamos que esta nueva oportunidad que tenemos los peruanos, con la conducción del gobierno por Martín Vizcarra, nos permita analizar nuestras mejores opciones de manejo de gobierno, leyendo la realidad y alejados de los juegos de poder. Lampadia

En un contexto de incertidumbre tanto política como económica, sumado a las bajas expectativas de crecimiento, se ha creado una gran ‘nube negra’ sobre el futuro de la economía peruana. Luego de un periodo de ligera recuperación en el último semestre del 2017, la baja expansión que registró el PBI en noviembre (tan solo 1.78%, inferior a lo esperado) ha generado que la proyección de crecimiento que el MEF tiene para la economía peruana al cierre del año anterior, situada en 2.7%, se haga cada vez más difícil de alcanzar.

No queda claro si esta ralentización ya termino o si aún podemos marcar un cambio en la tendencia. Ante esta incertidumbre, Elmer Cuba describe un 2018 que vendrá impulsado por un fuerte choque externo positivo. La economía se verá impulsada por el crecimiento de las agroexportaciones, la mejora en los precios de los minerales y por un alto crecimiento en el sector construcción. Se prevé una mejora sustancial en la inversión pública y privada, un robusto crecimiento de la demanda interna y el aprovechamiento de los altos ingresos de capital recibidos en el 2017. Ello, junto con la mejora de competitividad de todo el sector exportador, ayudará a que el 2018 sea mayor que el del 2017.

Sin embargo, Cuba aclara que “Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada.”

Desde el punto de vista político, ya hemos comentado que el nuevo gabinete no parece tener la capacidad para contribuir de manera significativa a reducir la tensión política, y claramente no es el “Gabinete de la reconciliación”. Además, la debilidad de PPK continúa aumentando, lo cual eleva la posibilidad de llegar en cualquier momento a una vacancia.

En Lampadia ya hemos planteado (A mayor crisis mayor tranquilidad, y Salvemos el ‘Proceso’) que, de darse el alejamiento del presidente, debemos apoyar a Martín Vizcarra para que asuma la conducción del Estado hasta el 2021 y terminar así el gobierno elegido el 2016. Además, para evitar prolongar la debilidad e inconsecuencia del gobierno de PPK, Martín Vizcarra tendría que convocar a un Primer Ministro independiente, no partidista, que convoque un gabinete compuesto por independientes y por representantes del Partido de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular; que asuma el compromiso de un ‘Gobierno Programático’ dirigido a recuperar el crecimiento económico y la salud institucional. Lampadia

“Este año el PBI crecerá más que el 2017, pero no se va a sentir en los bolsillos de la gente”

ENTREVISTA Elmer Cuba, economista principal de Macroconsult
Por Luis Hidalgo Suárez
Gestión, 22 de enero de 2018

El peor escenario para la economía peruana sería que el presidente Kuczynski sea vacado o renuncie, asumiendo el cargo el presidente del Congreso, advierte el economista.

Tras los últimos acontecimientos políticos y el escenario incierto que persiste, ¿qué perspectivas hay para la economía?

En el tema político es como que terminó una temporada y empieza otra. Hay un presidente con muy poca credibilidad, no solo ante la opinión pública, sino entre los principales agentes económicos.

Hay Estado, pero también una vacancia implícita, con un Congreso con poca intención de apoyar. Es un Gobierno muy precario.

Entonces la pregunta es: ¿este es el mejor escenario hacia adelante o mejor sería un vicepresidente (que asuma) fortalecido políticamente, con respaldo congresal, que haga reformas y políticas económicas que este Gobierno ya no las va a hacer?

Si asumiera el vicepresidente, ¿contaría con mayoría congresal para llevar adelante las reformas que se requieren?

Lo que veo es que el presidente Kuczynski está muy debilitado y con una agenda de política económica que no existe. La famosa revolución social se ha evaporado.

¿Cuáles serían las ventajas para la economía de un escenario con Vizcarra como presidente?

Primero, que Vizcarra no tiene partido político, es un hombre práctico, y si al presidente Kuczynski lo vacan o renuncia, el Congreso tiene la obligación moral y política de respaldar al vicepresidente. Vizcarra puede hacer lo que hizo Temer en Brasil, es decir, sostener un Gobierno que hace reformas porque no tiene costo político. Lamento decir esto, en enero, pero es ese el escenario que tenemos.

Pero aún el escenario actual es con PPK en funciones y todo el ruido político en su alrededor.

Así es, pero el escenario con Vizcarra se puede gatillar este año en cualquier momento. La probabilidad de que ocurra no es menor.

En el escenario actual, ¿cambian las proyecciones económicas que teníamos?

Es paradójico, porque en el corto plazo estamos a punto de observar una disociación entre la situación presidencial, la situación política y las perspectivas económicas. Algo parecido a lo que se vivió en el 2004 en el gobierno de Toledo: un presidente con baja popularidad en las encuestas, sin credibilidad y, sin embargo, la economía crecía a tasas altas (4.8% en el 2004) por un choque externo (de precios) favorable.

¿Ahora es similar la situación?

Con las distancias del caso, sí. Los términos de intercambio crecieron 20% de enero del 2016 a la fecha. Eso, para que se tenga una idea, es como si las utilidades de una empresa crecieran entre 50% y 100%, ya que un cambio de esa magnitud en los términos de intercambio significa hasta duplicar las utilidades de todas las empresas exportadoras, no solo de las mineras.

Es decir, ¿no solo el precio de exportación de los metales está empujando el crecimiento?

Ese es un factor, otro es la entrada de capitales (más de US$ 5,000 millones en el 2017). Tercero es la posibilidad de que la inversión pública crezca más. Es lamentable que, en el 2017, cuando había en qué invertir, la inversión pública creció casi cero, igual que en el 2016. Y, un cuarto factor son las expectativas económicas que, han caído, pero aún están altas y en tramo positivo. Este último factor no es menor y por ello, espero que la inversión privada crezca este año, al margen de PPK.

Entonces, ¿al margen de lo que ocurra con PPK, crecerá el PBI?

Sí, este año va a crecer más que el año pasado (2.5% según Macroconsult), de todas maneras, a pesar del escenario político.

Y en el verano ¿cuánto crecerá el PBI? LatinFocus estima 3.9%.

Sí, puede ser 3.9% en el primer trimestre, pero será el más alto (de los trimestres) del año porque debe recordarse que en el 2017 hubo los efectos de El Niño y el PBI creció poco. Ahí ya hay un efecto estadístico.

Y este año, ¿cuánto se proyecta?

En Macroconsult esperamos un crecimiento de 3.8% y creemos que es una buena tasa. Además, porque la demanda interna crecerá arriba de 4%, liderada por la inversión privada. Pero también por la inversión pública por las obras de los Panamericanos y otros proyectos puntuales, aparte de un repunte de la inversión de los gobiernos regionales y locales al ser su último año.

Este mayor crecimiento esperado para el año, ¿se va a sentir en los bolsillos? El empleo y los ingresos están estancados.

Es cierto con lo del empleo e ingresos. Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada. Las constructoras principales, que están presuntamente implicadas en el Club de la Construcción, podrían generar fricciones y atrasos en las obras públicas.

Si eso ocurriera, ¿cuánto sería el crecimiento?

Si eso ocurriera habría que bajar la proyección, ya que la construcción es la estrella del crecimiento este año.

Pero la fuerza del choque externo positivo es muy fuerte y aunque el choque político interno tiene signo contrario, no es suficiente para contrarrestar el crecimiento que ocasionará el primer factor.

Además, porque en la economía hay subinversión en todos los sectores que los inversionistas lo identifican muy bien. Hay nichos de inversión que esta crisis política no anula, esa es la maravilla del Perú: falta mucha inversión y, si no fuera por el problema político, la inversión privada estaría boyante.

¿Qué pasaría con la economía bajo un escenario en el que sale PPK y asume el presidente del Congreso, porque los vicepresidentes desisten?

Sería el peor escenario porque se abre una caja de Pandora con la incertidumbre de una nueva elección general y nadie invierte porque espera a ver quién ganará. Es paradójico, pero un escenario con Vizcarra al mando es mejor en términos económicos que con el presidente del Congreso.

¿Cuánto crecería la economía con Vizcarra?

Va a depender. Pero si es con respaldo político no va a ser peor de lo que ya es, sería mejor, no se pararían las inversiones ya programadas. En cambio, con Galarreta se paran las inversiones, entramos a un periodo de suspenso hasta las nuevas elecciones.

Hasta que se sepa quién es el nuevo presidente…

Claro, porque el nuevo presidente asumiría recién en julio del 2019, tendríamos dos años muertos para el repunte del crecimiento.

Inversión

¿Qué tanto afecta la situación política a la reconstrucción?

La reconstrucción está fracasando por una sencilla razón: es un nudo gordiano en las compras estatales.

Un nudo gordiano, ¿por qué?

Hay que reformar todo lo que es la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), son regímenes muy complejos, no son funcionales al éxito. La mitad del fracaso de la reconstrucción son las compras estatales. La otra mitad es el tema político.

¿Es optimista la proyección oficial de la inversión pública?

Han sido un fiasco. Va a ser lo que más va a jalar el PBI este año, es cierto, pero el 2017 primero dijeron que crecería 15%, sin embargo, entró la ministra Cooper y dijo entre 7% y 7.5%. Pero ha sido cero. Este año no creo que lleguemos a 15%. Con que lleguemos a 7%, ya eso jalaría la economía.

En cuanto a la inversión privada, el BCR proyecta 6.5% de crecimiento para el año. ¿Hay que ajustar con el nuevo escenario político?

Va a depender de cómo influyan los escenarios políticos. Las expectativas (económicas) que cayeron en diciembre deberían subir paulatinamente cada mes. Eso con el escenario de un entorno. Esto tiene un costo en el corto plazo, de algunos puntos del PBI. Pero a la larga es lo mejor, los culpables tendrán que pagar, y los ejecutivos privados y directores en el Estado, que vienen detrás, van a tener cuidado de hacer esas prácticas, eso será tanto en el lado público como en el privado.

El consumo

¿Con la situación política cambian, cuáles son las perspectivas de crecimiento de consumo?

En la época dorada el consumo crecía 6% al año, ahora crece 3%. Y para este año se espera 2.5%. Si alcanza un crecimiento estable de 3%, en buena hora. Está debajo del producto potencial, pero, por ejemplo, 3% más de pollos a la brasa ahora es lo mismo que 6% más de hace 10 años.

¿Qué le diría a la gente que tiene desánimo?

Espero que sea pasajero. Ha sido una gran decepción todo lo que pasa a nivel político. Menos mal que tenemos un choque externo positivo fuerte y va a durar por lo menos un par de años con un precio de cobre alto; además con un boom agroindustrial peruano y un crecimiento importante en telecomunicaciones.

¿Qué tan optimista es?

Tengo optimismo moderado. El 2017 fue malo, pésimo para la demanda interna, que creció 1%. El sentimiento de los negocios es como que el PBI hubiera crecido 1%. En esa medida, el 2018 será moderadamente mejor, pero no en la carrera que teníamos antes, estamos reptando.

¿El actual gobierno es peor que el de Humala?

Es peor. Lo cual es paradójico. El mejor hombre de la derecha es peor que el ‘cuco’ de Humala chavista.

Lampadia

¿Quién no apunta hoy al rebote del crecimiento de la economía? Los despachos noticiosos y los analistas económicos lo repiten todos los días: la economía está entrando en un circuito virtuoso, impulsada por la inversión pública y las mejores cotizaciones de los minerales.

Algunas precisiones que nos permiten ver cuán consistente es este ‘sentimiento’ de optimismo y que nos ayuden a evitar que todo quede en buenas intenciones:

Complacencia con la mediocridad

Para empezar, estamos hablando de una ‘recuperación’ del crecimiento del orden de 3 a 4% por año. Un nivel de crecimiento largamente insuficiente, desde la perspectiva del crecimiento global (que apunta a 3.5%), desde la contabilidad de nuestras necesidades, y desde la apreciación de nuestras verdaderas capacidades de crecimiento, dado el inmenso potencial productivo del país. Algo que sin ser peyorativos podemos calificar como un crecimiento mediocre y/o sub-estándar. Un nivel de crecimiento con el que no debemos conformarnos. Ver en Lampadia: No apuntemos a un crecimiento mediocre.

El impacto de la inversión pública

Es cierto que la inversión pública está creciendo, pero ello no es suficiente para que el Perú recupere niveles de crecimiento de 6 a 7%, como veníamos haciendo con facilidad. Todos están entusiasmados con la inversión pública, pero solo la inversión privada, que aún no crece, puede producir mejores resultados.

No nos olvidemos que en el Perú pos Constitución de 1993, nuestras medidas son: 90-90-90. Con redondeos y aproximaciones, el 90% de la inversión, del empleo, y de los recursos fiscales, lo aporta el sector privado; y mientras la inversión privada no crezca, tendremos un crecimiento sub-estándar. Este año se perfila como el cuarto consecutivo sin crecimiento de la inversión privada.

Fuente: El Comercio

Sobre la inversión pública misma, debemos agregar que está fundamentalmente concentrada en la ‘Reconstrucción con Cambios’, en los Panamericanos, y en un par de proyectos de infraestructuras en Lima. La reconstrucción está orientada al norte (ya acusa varias dificultades), en Lima no se está haciendo prácticamente nada. Ni siquiera se ha descolmatado el Rímac en la zona de Chosica. Ver en Lampadia: Reconstrucción a medias y sin cambios.

Además, el impacto de estas inversiones se circunscribe al norte y a Lima, dejando al sur sin obras públicas mayores y sin inversión privada. Lo que determina un crecimiento menor al promedio nacional, con un crecimiento estimado de la demanda interna de solo 1%, en la zona de mayor efervescencia política, y de mayor presencia de los operadores anti mineros.

El impacto de las cotizaciones de los minerales

Es muy cierto que los precios de los minerales se han recuperado de manera importante, entre ellos, principalmente el cobre y el zinc, ambos muy importantes para nuestra canasta productiva.

Fuente: Financial Times, 16-10-2017 (Gráfico cubre 3 años)

Lo que es más, como hemos afirmado muchas veces en Lampadia, los menores precios de los años anteriores, no debieron explicar la parálisis de la inversión minera, ni la caída del crecimiento de la economía; esta se dio por la conflictividad de los anti mineros y la debilidad (y hasta complicidad) del gobierno de Humala, que, de la mano de su primer ministro, Salomón Lerner, perdió la inversión de Conga y luego la de Tía María. Además, se malogró el llamado ‘aporte minero’, que permitía inversiones coordinadas entre las comunidades, empresas y gobierno.

Por su geología y costos de producción, el Perú es uno de los países más competitivos en minería, y considerando, además, la diversidad de nuestra canasta de productos, somos, en buena medida, resilientes a las fluctuaciones de precios.

El aumento de los precios tiene un impacto muy significativo en la economía del país. Hace pocas semanas tuvimos que criticar al presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, por desconocer este impacto. Solo el aumento del precio del cobre, puede darnos unos US$ 6,000 millones adicionales por mayores exportaciones y un incremento de recursos fiscales, del orden de 1.2% del PBI. Ver en Lampadia: El “motorcito pequeño” de Waldo Mendoza.

El impacto de las nuevas inversiones

Pero ahí no está el problema. Es claro que una mejora de los precios nos genera una serie de impactos positivos. Pero, si no corregimos las condiciones para que se efectivicen las nuevas inversiones mineras, podríamos estar perdiendo, quién sabe si para siempre, la generación de los recursos económicos necesarios para recuperar el nivel de crecimiento al que debemos apuntar, de 6 a 7% por año, con la consiguiente pérdida de capacidad para superar la pobreza y nivelar al Perú con el resto del mundo, de cara a la ‘cuarta revolución industrial’.

En consecuencia, ahora debemos revalorizar el aporte de la minería a la economía del país. Se debe, urgentemente, desarrollar una campaña de comunicación (no de publicidad), con el liderazgo del Presidente de la República, el Presidente del Congreso y de los más representativos líderes gremiales, que explique a los peruanos los aportes de los proyectos que hoy siguen conflictuados. Por ejemplo, el de Tía María. Hay que llamar al orden a la gobernadora de Arequipa y traerla a un seminario en Lima para que entienda la aritmética de la minería y sus conexiones sistémicas con el resto de la economía.

Además, se debe, por supuesto, aliviar los procesos burocráticos que alargan innecesariamente la ejecución de los proyectos de inversión.

Pero nada sirve, si el gobierno no asume su rol de custodio de la legalidad y del ejercicio de la ley, para impedir las campañas mentirosas de los anti mineros, desvistiendo sus mitos y manipulaciones, explicitando análisis costo-beneficio de cada proyecto, potenciando el desarrollo integral de las zonas mineras con un adecuado aprovechamiento del ‘adelanto social’, y por supuesto, combatiendo la violencia con la ley y la cárcel.

Sobre el ‘adelanto social’, ya hemos denunciado en Lampadia su mala aplicación por parte del gobierno, que parece no haber entendido que éste debe darse en paralelo a la inversión minera. Ver: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Además, de lo indicado líneas arriba, se debe derogar la Ley 30640 sobre las cabeceras de cuenca, un proyecto del notable líder anti minero, hoy congresista, Marco Arana, que fue promulgado con la participación de Luz Salgado y Rosa Bartra en el Congreso, y Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala en el ejecutivo. Ver en Lampadia: Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca, y Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’.

Suponemos que no será difícil derogar dicha ley, ya que el Presidente de la República declaró al respecto en RPP: “Pero ese proyecto no lo vamos a aprobar nunca. ¿No?”, siendo que ya estaba aprobado.

El impacto del MEF de la escasez

Un último elemento a tener en cuenta y estar alertas es el del cambio de naturaleza de MEF. Estamos en pleno tránsito del ‘MEF de la abundancia de recursos’ al ‘MEF de la escasez’. Algo que no tenemos hace muchos años.

Lamentablemente, nuestros ministros de economía no llegan a entender la naturaleza de las correas de transmisión entre decisiones de ajuste fiscal (por más pequeñas que puedan ser), y la performance del sector privado. Cuando el MEF da una señal de ajuste fiscal, sin vestirla adecuadamente en su profundidad y prevalencia, el sector privado reacciona multiplicando el impacto del ajuste en la economía, a través de la suspensión de inversiones, de contrataciones, de reposición de stocks, y del alargamiento de los plazos de cancelación de cuentas por pagar; además, de la restricción crediticia que desarrollan los bancos.

Esto sucedió con mucha severidad con Jorge Baca Campodónico en 1998, con rapidez con Luis Valdivieso en 2008, y con el ‘Friaje de Thorne’ el año pasado.

Ahora parece estarse avecinando un nuevo evento de la misma naturaleza, ya que Claudia Cooper, como viceministra, primero, y ahora como Ministra de Economía, además de la Primer Ministro, Mercedes Araoz, han anunciado, sin detalles, la eliminación de exoneraciones tributarias, así como una reforma tributaria en el contexto de la disminución de recursos fiscales.

Este no es el momento para aumentar impuestos, ni para alterar el peso fiscal en el sector formal. En términos fiscales, debería más bien ampliarse la base de recaudación, por ejemplo, ampliando el impacto del IGV, mediante el canje parcial de pagos de IGV por aportes a cuentas individuales al Sistema Privado de Pensiones. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Pero la mayor fuente de recursos fiscales, nos está esperando en el mayor crecimiento de la economía, en ese 6 o 7% de crecimiento que no llegamos a recuperar por las distintas razones expuestas a lo largo de este análisis.

Vayamos pues, más allá de un rebote de la economía, no nos podemos contentar con un crecimiento mediocre o sub-estándar, apuntemos a crecer 6 o 7% anual. El país puede sustentarlo, solo falta un mejor liderazgo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia