Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es una costumbre popular decir, que las gallinas cacarean para que todos sepan que han puesto huevos. Este hábito de las aves de corral se sugiere a los humanos, para que todos sepan de las cosas que han hecho y se las reconozcan.  Sin embargo, son los políticos quienes más usan de esta norma de conducta.

En estos últimos días, tanto el ministro de economía y finanzas, su viceministro de economía y hasta el jefe del gabinete de asesores del MEF, han publicado sendos artículos dando a conocer la magnífica gestión de la cartera ministerial, para alcanzar el crecimiento de 13% del PBI, superior al inicialmente esperado para el año 2021. Ciertamente, le sacan lustre al récord histórico en el crecimiento de la inversión pública (38%), inversión que reportó un monto de S/. 39.1 mil millones, sin mencionar una palabra de los S/. 16.4 mil millones “no ejecutados”.

Obviamente, no han tenido el mínimo decoro de reconocer, en principio, que, si algún mérito hubo, éste correspondía al ministro Waldo Mendoza y su equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo por identificar proyectos donde hacer crecer la inversión pública, durante el gobierno anterior. No sólo eso, sino que, durante el último trimestre del año 2021, la inversión pública cayó -8.7%, como resultado acumulado de -7.9% en octubre, -17.2% en noviembre y – 4.8% en diciembre. En resumen, ningún logro, puesto que los crecimientos atribuibles a agosto y setiembre, ya estaban trabajados por el gobierno que salió el 28 de julio.

Respecto al crecimiento de 13% del PBI, sería importante recordar, que este es producto del rebote estadístico tantas veces explicado, luego de la caída de 11.1% en el 2020, por el pésimo manejo del gobierno de Vizcarra. Pero responsabilidades al margen, éste rebote significa un crecimiento de 0.46% respecto al año 2019. Debemos resaltar que el precio del cobre en el 2021, fue 65% superior al del 2019, mientras que el del oro fue 40% superior, consecuentemente, sólo por efecto precio, hay un crecimiento de nuestro PBI de al menos 5% (2021 vs 2019).

Igualmente, decir que “este gobierno ha tenido el mérito de reducir el déficit fiscal” de 8.9% a 2.8%, sin decir que esa reducción se debe únicamente a que, durante el 2021, el sector minero ha pagado el triple de impuestos que en el 2020 y no a que el gobierno haya hecho algún ajuste significativo en el gasto público, habla mucho de los criterios, principios y valores del ministro de economía.

Dicho lo anterior, es importante mencionar que cuando se reporta las cifras de inversión pública, lo que el MEF reporta, son las transferencias de fondos que desde el gobierno central se hace a los gobiernos regionales y municipales. Esto significa, transferencias de dinero y no obra ejecutada, ni brechas sociales cerradas. 

Sería pues muy importante que, los mencionados funcionarios nos informen, no cuales son los importes transferidos (inversión según ellos), sino cual es el avance de las obras ejecutadas, qué problemas reales se han resuelto o, al menos, qué tan cerca tenemos la solución y de qué carencias específicas: escolares, de salud, de agua y desagüe o electricidad. No es posible que tengamos paralizada y por años, la construcción de hospitales, algunos construidos en medio de una ruta de huaico u otros construidos y sin equipar, mientras otros están concluidos, pero sin personal médico asignado. No es posible que, por falta de acción del Estado, sea la empresa privada la que deba construir las facilidades sanitarias que éste no ejecuta y peor aún, que se permita “inversión” en cualquier cosa, aunque no sea necesaria.

En los recientes conflictos sociales en el corredor minero y ante la pregunta periodística respecto a las exigencias a la empresa minera y no al Estado, se escucha a algunos pobladores contestar que, “el Estado no está presente ni hace nada, por eso tienen que reclamárselo a la empresa minera”. Ciertamente esa afirmación, que es una vergüenza, gráfica a las claras la real situación.

En conclusión:

• Es muy feo tratar de ganarse indulgencias con avemarías ajenas. La honestidad es un valor.

• Simplificar la estructura del Estado para generar ahorro, eliminando el gasto inútil, que se tenga claramente identificadas las carencias de infraestructura a resolver, los proyectos a ejecutar, tiempos y costos de ejecución, así como sus responsables.

• Identificar claramente las causas de la inacción del Estado, antes de culpar a los demás.

• Informar periódicamente el avance físico del proyecto y desviaciones de plazos y montos, debidamente justificadas. 

• Finalmente, determinar la eficacia de la inversión pública realizada reportada.

Ciertamente, no podemos dejar de mencionar la convocatoria de este gobierno a la gran inversión privada, motor del crecimiento de nuestra economía. En esa línea, sería conveniente que nos compartan: qué acciones de convocatoria se han ejecutado, qué proyectos de inversión privada estamos promoviendo, de forma que nuestras estimaciones de crecimiento económico y avance en términos de paz social, sean previsibles con algún grado de certeza.

No me molesta que cacareen las gallinas, pero que lo hagan cuando ponen huevos, no por gusto.

*Que me perdone Ernest Hemingway

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En artículo publicado en El Comercio, el ministro de Economía, Pedro Francke, se muestra entusiasmado por el crecimiento de 13% del año pasado, superior a lo previsto, y lo atribuye no solo al “rebote esperado tras un año de pandemia”, sino a “las medidas tomadas para reactivar la economía” por el gobierno de Pedro Castillo.

Sin duda debemos alegrarnos de haber recuperado y superado los niveles de producción prepandemia. El problema es que ese dinamismo es producto de factores extraños a la política del gobierno, que más bien está haciendo todos los esfuerzos por apagar esa recuperación, lo que ya se manifiesta en la declinación de los últimos meses, como vamos a ver. 

Hemos crecido más de lo esperado debido a los programas Reactiva del 2020 y parte del 2021, y a los precios de los minerales, un formidable viento de cola que ha ayudado a generar ingresos fiscales y ha irrigado diversas actividades en el país. Pero, pese a ello, las expectativas se han vuelto negativas debido al desastre gubernamental y a la incertidumbre respecto del futuro del país. 

Apunta Francke, como prueba dura de su tesis, que la inversión privada creció 13% por encima del 2019. Es verdad, pero, como decimos, las expectativas empresariales eran positivas hasta abril o mayo del año pasado, y expectativas positivas se reflejan en inversión seis meses después. Por eso es que ya en octubre la inversión privada empieza a encogerse (ver cuadro) y el IPE proyecta que el 2022 será negativa en -9%. 

Elaboración: IPE

Este repliegue de la inversión privada se expresa en una caída del ingreso promedio de la población de Lima Metropolitana respecto del 2019, luego de que se venía recuperando. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: INEI. Elaboración propia

Estas cifras incluyen el sector informal, donde la caída es aun mayor y la distancia respecto del 2019 muy grande. Los ingresos de los informales están muy lejos de recuperarse. Son los más golpeados:

Fuente: IPE

Pero aun en el sector formal se observa ingresos decrecientes en los últimos meses: 

Fuente: BCRP, / Planilla Electrónica

Al mismo tiempo que, para desaliento y desesperanza del pueblo, los ingresos vuelven a caer, la inflación bate récords. Con 6.4% el 2021, es la más alta de los últimos 13 años, y más alta aun para los estratos de menores ingresos y para varias ciudades del interior. 

• Parte importante de la inflación ha sido generada por la incertidumbre política, que disparó el dólar. 

• En lugar de eliminar esa incertidumbre para aplacar la subida de precios y reactivar la inversión, sin costo alguno para el Estado, el ministro Francke ofreció el bono Yanapay para atenuar sus efectos, 

• Para lo que tuvo ampliar el presupuesto mediante decretos de urgencia, atentando contra la institucionalidad fiscal, tal como ha sancionado el Consejo Fiscal. 

• Y ha convalidado en la ley de Presupuesto incrementos salariales de los estatales mediante negociación colectiva, sin control del MEF. Una bomba de tiempo fiscal.  

Francke ofrece una prueba más de la causa eficiente de sus políticas: “…el alto nivel de inversión pública, que superó los 39 mil millones de soles, creciendo 38% y superando en más de 6 mil millones de soles al anterior récord del 2018”. Si, pero lo que no dice es que ese resultado se gestó en los meses anteriores al gobierno de Castillo. Como podemos ver en el siguiente cuadro publicado por Gestión, en los tres últimos meses del año el crecimiento de la inversión pública ha sido negativo. 

Preocupa, entonces, la capacidad de auto engaño del ministro Francke. Aunque es difícil pensar que no conozca estas cifras. No sería auto engaño, sino engaño a secas. Quiere persuadirnos de que estamos avanzando a toda vela y asegura que vamos a crecer este año aceleradamente gracias a que van a “insistir en promover la inversión privada”, lo que estaría muy bien. Pero, ¿cómo? Con “soluciones dialogadas” en Las Bambas -luego de haber permitido un bloqueo extorsivo que durara 36 días y que podría reanudarse a partir del 18 de este mes-, y con “mesas ejecutivas”, para activar nuevos motores en la economía y destrabar sectores clave.

Lo de las mesas ejecutivas es muy positivo,  y ojalá funcione eficientemente. Pero la mejor política económica para reactivar la inversión y volver a crecer a tasas altas, amainar los precios, generar empleo y subir ingresos, es sencillamente eliminar, repetimos, la incertidumbre política. Para ello bastaría con que el presidente Castillo promulgue la ley que reafirma el artículo 206 de la Constitución, que indicaría que abandona la idea de la asamblea constituyente, y nombre ministros capaces en las carteras clave. Comenzando por Energía y Minas. 

Pero, me temo, ese sería otro gobierno. Lampadia

La inversión pública se ha tornado un componente importante en los planes de reactivación de los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia.  Sin embargo, a diferencia de otros componentes del gasto como el consumo o la inversión privada, la inversión pública cuenta con varias particularidades que hacen que su impulso a veces no logre los cometidos deseados, redundando por ejemplo en infraestructuras de uso público no necesaria dadas las brechas y potencialidades del país, ineficiencia reflejada en excesivos sobrecostos o corrupción. Todo ello, sin considerar la lenta ejecución en todos los niveles de gobierno que en nuestro país supone un problema histórico y estructural que atrasa su cierre de brechas sociales y de infraestructura.

En un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo, el popular medio británico recomienda, a la luz de las buenas prácticas internacionales, un par de políticas que permitirían reducir estos errores en la implementación de la inversión pública.

SI bien recientemente, el Perú ha cumplido nominalmente con una de ellas, que es la selección de una cartera de inversiones de alto impacto en la productividad y competitividad en el corto plazo, que además toma en cuenta las externalidades positivas y potencialidades en las regiones que interviene – el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – la ejecución de esta cartera ha sido mínima – sería del 3.3%, desde que se estipuló en el 2019, según el Consejo Privado de Competitividad. Si bien la pandemia ralentizó sobremanera los procesos de adjudicación de por lo menos 21 obras (de un total de 52), sí hay razones para pensar que el gobierno no está poniendo el suficiente impulso al respecto pues varios megaproyectos en ejecución de esta cartera se encuentran paralizados.  Tal es el caso de Chavimochic III y Majes Siguas II, por ejemplo, ambas APP que se encuentran trabadas desde hace más de 4 años y cuya contribución sobrepasa los S/. 3,000 millones, para no mencionar los múltiples casos de retrasos mayúsculos y sobrecostos de la mayoría de obras previas al anuncio del último plan.

Y ello está atado a la segunda recomendación de The Economist, que creemos que el Estado peruano no logra entender todavía, que es la de aprovechar la participación del sector empresarial e impulsar las APP y otro modelos de cofinanciamiento privado, que al ser mejor administrados y de mayor envergadura, tienen mejores prospectos en el logro de los objetivos de cierre de brechas y generación de empleo.

Saludamos que en esta coyuntura económica tan difícil en nuestro país la inversión pública pareciera que por fin ha cambiado su tendencia y ha empezado a reportar tasas de crecimiento positivas interanuales en los meses de octubre (6.6%), noviembre (28.4%) y diciembre (36.8%), después de estar en rojo casi todo el año. Sin embargo, si el gobierno de transición quiere realmente generar el mayor crecimiento en el menor tiempo posible, debe concentrar sus esfuerzos en destrabar los grandes megaproyectos de infraestructuras como los anteriormente mencionados y también los mineros como Tía María y Conga, pues su mismo alcance y articulación con otros sectores productivos podrían generar un quiebre positivo en la economía peruana que es lo que necesitamos a gritos este año, tras todo lo perdido en el 2020. Lampadia

Todos los países quieren construir más puentes, carreteras y redes de energía renovable. No será fácil

The Economist
2 de enero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

En 1916, Cincinnati decidió construir un nuevo y magnífico sistema de metro. Después de décadas de errores, fue abandonado en 1948, y hoy hay dos millas de túneles debajo de la ciudad que nunca se han utilizado. Ese cuento con moraleja sigue siendo relevante. Los políticos de todo el mundo están pidiendo más gasto en infraestructura. Sin embargo, pocas industrias tienen un historial peor de llegar a tiempo y dentro del presupuesto. Para que el auge incipiente produzca mejores resultados, los gobiernos y las empresas deben aprender a adoptar las mejores prácticas de todo el mundo.

La mayoría de los países han promulgado planes de estímulo a corto plazo para hacer frente a la pandemia. El 27 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de gastos de 900,000 millones de dólares. Pero también hay ganas de darse un atracón de infraestructura. Joe Biden quiere gastar US$ 2 trillones en carreteras, redes eléctricas y ferrocarriles, y espera obtener el apoyo de ambos partidos para sus planes. La Unión Europea acaba de aprobar un presupuesto de 1.8 trillones de euros (2.2 trillones de dólares), una parte del cual es para inversiones digitales y energéticas.

El enamoramiento de la nueva infraestructura es comprensible. La inversión pública y privada se han estancado en un 3-4% del PBI en todo el mundo. Eso es muy poco para mantener activos viejos en los países desarrollados (un tercio de los puentes estadounidenses están chirriantes) o para proporcionar suficiente agua limpia y electricidad en el mundo emergente. Las bajas tasas de interés significan que el financiamiento es barato y muchos economistas piensan que la recuperación de la inversión en infraestructura es atractiva. Mientras tanto, el cambio climático y la digitalización de la economía están creando una gran demanda de conectividad y sistemas de energía renovable, incluidas las redes 5G.

En la práctica, sin embargo, el historial de la infraestructura está tan lleno de baches como una autopista de Mumbai. Los sobrecostos a menudo superan el 25%. Dos tercios de los casos de soborno extranjero involucran acuerdos de infraestructura. China gasta más que nadie, pero quizás la mitad de sus inversiones han destruido el valor económico. India tuvo un auge en la década de 2000 que terminó en un fango de deudas. Incluso Alemania lucha por hacerlo bien. Todo esto refleja algunos problemas subyacentes profundos. La mayoría de los proyectos tienen un horizonte temporal más allá del de los políticos y los votantes. A menudo son únicos en su clase: China solo tiene Tres Gargantas para represar, no seis. Y los beneficios económicos completos creados por una carretera, por ejemplo, no son capturados por la organización que la paga.

Sin embargo, la amarga experiencia sugiere al menos dos lecciones universales. En primer lugar, los gobiernos deben seleccionar proyectos de manera sistemática creando una lista única y eligiendo aquellos con mayor rentabilidad. Esta evaluación debe tener en cuenta las externalidades, incluido el impacto en las emisiones de carbono, y los retrasos, que son una gran fuente de sobrecostos. Y debe ser realizado por organismos que sean independientes de aquellos que construyen y administran activos. A menudo, los proyectos seleccionados no serán los nuevos y relucientes templos en los que a los políticos les gustan sus nombres, sino humildes reparaciones y mantenimiento.

La segunda lección es aprovechar el sector privado. No solo es una fuente de capital —los fondos de infraestructura global tienen más de US$ 200,000 millones esperando ser desplegados— sino que los proyectos con inversionistas privados también tienden a administrarse mejor. Eso significa desarrollar contratos estandarizados y reguladores independientes que protejan a los contribuyentes, pero también brinden a los inversionistas una certeza razonable de un rendimiento adecuado.

Ambas lecciones pueden parecer obvias. Algunos lugares, como Chile y Noruega, tienen la infraestructura adecuada. Pero más de la mitad de los países encuestados por el FMI no mantienen una cartera nacional de proyectos. Y en la mayoría de los casos, el registro es asombrosamente errático. EEUU está derrochando 5G pero tiene aeropuertos miserables y muy poca energía renovable. Europa tiene aeropuertos y parques eólicos brillantes, pero está en la edad de piedra con el 5G. La infraestructura es una de las últimas industrias locales que quedan donde todavía se pueden obtener ganancias fáciles copiando a otras en todo el mundo. Si compara la inversión pública en más de 100 países, la adopción de las mejores prácticas podría hacer que el gasto sea un 33% más eficiente. El premio es enorme. No espere un metro en Cincinnati. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video sobre la reactivación económica ¿para cuándo?

Participa como invitado Waldo Mendoza, doctor en economía, junto a Gonzalo Prialé, Jaime de Althaus y Fernando Cillóniz, asociados de IIG.

Waldo Mendoza: Hay un problema para la reactivación, las familias y las empresas van a estar sobre endeudadas y van a tener que reconstruir sus patrimonios.

Víctor Gobitz
Presidente del IIMP
Para Lampadia

Distintas entidades con solvencia en tópicos económicos, como el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo Fiscal y el Banco Central de Reserva coinciden en que en este año 2020, experimentaremos la mayor caída del PBI de nuestros últimos 100 años; y recuperar el nivel de producción de bienes y servicios, en términos previos a la pandemia nos tomará, no menos de 3 años. Esta información en términos sencillos significa una crisis de desempleo sin precedentes.

Ante ello, deberíamos cuestionarnos acerca del curso de acción que podríamos adoptar para promover y agilizar las inversiones públicas y privadas; pero, sin variar, es decir, manteniendo las mismas regulaciones y estándares laborales, ambientales y tributarias.

La respuesta está en la agilidad administrativa, entendida por la adopción de una absoluta predictibilidad en los plazos de pronunciamiento u observación.

Esta predictibilidad administrativa férrea se conseguiría con la aplicación de la norma del silencio administrativo positivo; que a la fecha solo se aplica por excepción. La Autoridad tendría un plazo perentorio para pronunciarse y la entidad que promueve la inversión podría cautelar al Estado a través de una caución, lo cual le permitiría a la Autoridad, de manera ex-post; revisar y perfeccionar, pero no detener una inversión.

Este concepto que podría parecer innovador, no es tal; a la fecha la emplean las personas naturales y las empresas privadas para el pago anual del Impuesto a la Renta; pues mediante una Declaración Jurada proceden al pago respectivo y luego la Autoridad, en este caso particular la SUNAT, tiene hasta 4 años para fiscalizar, observar y eventualmente sancionar al contribuyente; si a su criterio, el cálculo del impuesto erró por defecto.

Lo cierto es que ante esta crisis sanitaria, social y económica excepcional y sin precedentes; tenemos que plantear soluciones audaces para atender de manera sostenible (léase sin subsidios), a nuestra población más vulnerable, lo cual supone generar empleo a través de inversiones públicas y privadas. Aún estamos a tiempo. Lampadia

Además de ser uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, el Perú se encuentra en las portadas del mundo como país líder de la crisis económica global; esta vez de la mano del portal financiero internacional Bloomberg (ver artículo compartido líneas abajo).

A partir del análisis de un reciente informe trimestral emitido por el INEI que da cuenta de las caídas consecutivas del PBI en los últimos dos trimestres (-3.5% en ene-marzo y -30.2% en abr-jun ) – con lo cual el país entra oficialmente en recesión – Bloomberg no solo releva a nuestro país como el peor del mundo sino que además llama la atención de cómo, a pesar de la recuperación de la demanda externa de commodities, impulsada principalmente por China, nuestro país no toca fondo.

¿Qué está alentando este comportamiento negativo en la actividad económica?

El diagnóstico es clarísimo pues, según las cifras del INEI, lo que estaría jalando la aguja casi al unísono sobre el PBI es el desplome de la demanda interna. Y si desagregamos sus componentes, aquellos que registran mayores caídas son la inversión pública y privada (-69.8% y -52.2%), medidas en conjunto a través de la formación bruta de capital (-57.7%) (ver gráficos líneas abajo).

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

De ahí nuestro énfasis en seguir recomendando hasta el cansancio que nuestro principal foco de la reactivación debe ser el impulso de la inversión privada y pública, a través de los grandes megaproyectos de infraestructura y minería. Y ahí el sector minero se constituye como candidato primordial puesto que se trata de varios megaproyectos (Tía María y Conga principalmente) que se encuentran trabados, cuya luz verde puede darse en poco tiempo y cuyo efecto multiplicador del empleo es sumamente potente y que además se daría al interior del país.

La minería en circunstancias normales ocupa 200,000 empleos directos y 1.2 millones de indirectos, con lo cual su aporte es cerca de 1.4 millones de empleos a nivel nacional. Si se considera que en promedio una familia peruana tiene entre 3.5-4 miembros del hogar, estamos hablando de por lo menos una inyección de liquidez a 4.9 millones de peruanos a través del sustento de este sector. Un gran aporte para paliar esa caída de 6.7 millones de empleos perdidos a nivel nacional con la presente crisis (Fuente: ENAHO 2do Trim. – 2020 – INEI), más allá de los bonos y préstamos otorgados por el gobierno que como se ha visto muestran fuertes limitaciones en la implementación a corto plazo. Ello sin considerar la reciente alza de precios que estamos experimentando en el oro, cobre, zinc y plata que potenciaría al sector si se fomenta mayor inversión en este (ver Lampadia: Los poderes públicos abrazan la pobreza).

Dicho esto, es una irresponsabilidad que el presente gobierno no ponga al sector minero y a los megaproyectos de infraestructura como puntos principales en la reactivación, pues sin ellos, los esfuerzos serán limitados y no sería sorpresa que en los próximos meses, como advirtió Bloomberg recientemente, sigamos estando como el peor país en el mundo en desempeño económico en esta crisis. Lampadia

Perú lidera la crisis económica mundial con una caída trimestral del 30.2%

John Quigley
Bloomberg 
20 de agosto de 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El país también está sumido en los peores brotes del virus de un mundo

La economía de Perú colapsó a un ritmo récord en el segundo trimestre cuando la pandemia cerró empresas y dejó sin trabajo a casi la mitad de la población urbana del país.

El producto interno bruto se desplomó un 30.2% respecto al año anterior, la depresión más profunda de cualquier economía importante, dijo el jueves la agencia de estadísticas del país. Sigue a una caída del 3.5% en el primer trimestre, que puso oficialmente a la economía en recesión, y que el Banco Mundial espera que esté entre las más profundas de este año.

Uno de los bloqueos más estrictos de la región llevó a gran parte de la economía a un virtual estancamiento a mediados de marzo. Si bien industrias como la minería y la pesca se recuperaron rápidamente después de que el gobierno alivió las restricciones en mayo, los sectores de servicios y minoristas están rezagados y muchas de las pequeñas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía se han ido a la quiebra.

“No es tan fácil que la actividad económica regrese cuando ha tenido una caída tan brutal”, dijo Miguel Jaramillo, investigador de GRADE, un think tank con sede en Lima, antes de la publicación del informe. “Muchas empresas se han plegado y seguirán plegándose. Es ingenuo pensar que hemos tocado fondo “.

La industria hotelera de Perú, que ha sido la más afectada por la pandemia, se contrajo casi un 90% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, mientras que la construcción se desplomó un 67%. El comercio minorista cayó un 45% y la minería un 37%, según el informe.

La cantidad de personas en empleo activo se redujo en casi un 40% con respecto al año anterior y se redujo en casi un 50% en pueblos y ciudades, dijo la agencia la semana pasada.

“La actividad tocó fondo en abril y se recuperó lentamente en mayo y junio, pero se mantiene muy por debajo de su nivel anterior al brote y el año anterior. La recuperación de la demanda externa y los precios más altos del cobre y el oro deberían brindar cierto alivio, pero los responsables políticos deberán ser más efectivos en la implementación de medidas de estímulo “.

– Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics

El gobierno aprobó 128,000 millones de soles (US$ 35,800 millones) de medidas económicas, que incluyen desgravaciones fiscales y préstamos baratos, para mitigar el impacto del confinamiento. La ministra de Finanzas, María Antonieta Alva, dijo esta semana que las medidas evitarán que la economía se desplome más de un 20% este año. El Banco Mundial pronostica una caída del 12% en el PBI de Perú.

Perú tiene uno de los recuentos de casos y muertes por virus más altos después de que el mes pasado aliviar las restricciones para quedarse en casa en gran parte del país de casi 33 millones provocó un resurgimiento de las infecciones.

Perú tiene uno de los recuentos de casos y muertes por el virus más alto después de que el mes pasado aliviara las restricciones para quedarse en casa en gran parte del país de casi 33 millones provocó un resurgimiento de las infecciones. Lampadia

— Con asistencia de Rafael Gayol

Eco. Enver Figueroa Bazán
Vie 31 de Julio de 2020
Para Lampadia

Cada vez que la economía peruana sufre un shock adverso, se apela a la inversión pública para su recuperación. Para la recuperación de la economía tras la pandemia, nuevamente se está apostando por ella. Sin embargo, la apuesta puede ir con las probabilidades en contra si, como las veces anteriores, no se corrigen los factores sistemáticos que la hacen lenta e ineficiente, y uno de ellos es precisamente su marco normativo: el invierte.pe.

Se sabe que una limitante estructural en la ejecución de las inversiones públicas son las pocas capacidades de gestión instaladas en las entidades públicas, desde los ministerios hasta las municipalidades. Pues bien, el Invierte.pe ha hecho innecesariamente complejo proceso de formulación de proyectos de inversión, con lo cual ha hecho que las pocas capacidades instaladas sean aún más insuficientes.

El Invierte.pe es un ejercicio teórico que se ve bien desde una perspectiva académica, pero asume muchos elementos que en la práctica no se dan. Por ejemplo, la formulación de un proyecto parte de un diagnóstico de brechas que debe ser elaborado por el Sector y el GR o GL correspondientes. Sin embargo, en la práctica no existen los sistemas de gestión de información que permitan tener actualizados los datos necesarios para dicho diagnóstico. Aún menos existen las capacidades para hacer análisis de datos en las entidades públicas. Pero también el Invierte.pe exige un grado de coordinación entre sectores y gobiernos subnacionales que es muy difícil de lograr por múltiples restricciones que van desde la dificultad de las comunicaciones hasta la sobrecarga de trabajo y la alta rotación en los puestos.

Para agilar la formulación y ejecución de inversiones públicas entonces, se debe mejorar las capacidades de gestión sí, pero antes debe simplificarse el sistema de modo que sea más fácil alcanzar el nivel de capacidades de gestión necesario.

Como una vía de escape a su propia complejidad, los hacedores del Invierte.pe plantearon la figura de las IOARR (inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición). Pero cabe recordar que uno de los mayores problemas que generó la complejidad del SNIP, era que incentivaba la atomización de las inversiones. Bueno, las IOARR tienen el mismo efecto, con lo cual la inversión pública termina diluyéndose en gasto intrascendente que no mejora la calidad de vida de las personas.

Frente a ello, se ha propuesto que la formulación y ejecución de inversiones siga procesos que están bien definidos en estándares internacionales como el PMBOK (Project Management Base of Knowledge) así como los principios AGILE. De hecho, el propio MEF empezó a hablar de cambios en ese sentido tras los Panamericanos, pero sólo dio para emitir el DU 021-2020, que introduce los métodos BIM y de gestión de contratos para construcción de infraestructura, pero sólo para proyectos “especiales” que sean declarados así por las respectivas entidades.

Otra limitante en el ciclo de gestión de inversiones es que está estructuralmente atado al ciclo del presupuesto. El planeamiento de las inversiones no debiera responder a la recaudación tributaria corriente, sino más bien a los flujos de caja esperados de las actividades que generan canon, por ejemplo. La programación multianual de las inversiones para tres años es un periodo demasiado corto si se quiere estimular inversiones de mayor impacto, que necesitan horizontes temporales de 20 o más años.

La necesidad de impulsar la economía por la pandemia debería llevar a realizar las reformas siempre postergadas en el sistema de inversión pública. El primer paso tiene que ser romper la dependencia financiera de las inversiones del ciclo presupuestario.

Luego, la necesidad de simplificar el sistema, eliminando cosas que estarían bien para un curso de Finanzas públicas de la Kennedy School pero que no son factibles en la realidad peruana, junto con la existencia de modelos de gestión de inversiones probados, debiera llevar a adaptar dichos modelos con los cuáles se ganaría eficiencia. En particular, con la implantación de PMOs (Project Management Offices) con capacidades para integrar la preinversión y la inversión, se ganaría la consistencia que ahora no se tiene entre ambas fases, además de ahorrar mucho tiempo y recursos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Finalmente se anunció la cifra oficial de variación del PBI para abril 2020 y, como no podía ser de otra forma, el resultado fue una caída de 40.49%, lo que nos ha llevado en los primeros cuatro meses del año a caer 13.1%. Lo más lamentable, es que estos números han venido acompañados de una pérdida de 2.3 millones de puestos de trabajo, sólo para Lima metropolitana en el mes de mayo.

Lo más triste es que todo este sacrificio, hecho en nombre del control de la pandemia, no ha servido de nada, pues estamos “rankeados” entre los países del mundo con mayor número de infectados y número de fallecidos, entre otros indicadores. Más impactante aún, cuando lo medimos en índice por cada 100,000 habitantes. Es decepcionante este resultado, después de haber aplicado una de las cuarentenas más extensas y rígidas del planeta.

Entonces es legítimo preguntarse, ¿qué pasó? ¿Hemos sometido a la población a un encierro de más de 90 días, orden de inamovilidad y toque de queda, con apoyo de las Fuerzas Armadas, uso de toda la Policía Nacional con suspensión de garantías constitucionales y declaratoria de emergencia, para no tener ningún obstáculo en esta “Operación COVID-19” desde el 16 de marzo 2020, para nada?

Creo que la respuesta es sencilla, hemos querido manejar este problema con un equipo de “Aprendices de brujo”, con no poco aire de corrupción. A la cabeza de la operación, un presidente y un primer ministro que seguro pensaron estaban atendiendo un problema del tamaño de la municipalidad de Moquegua, que no convocaron a un equipo de expertos en todos los campos y experiencia suficiente para hacer un planeamiento adecuado (¿o no deseaban observadores extraños?). Aún sin un planeamiento integral, desecharon el esfuerzo hecho por la exministra Hinostroza, quien mal que bien, aprobó con Resolución Ministerial N. 039-2020/MINSA del 31 de enero de este año, el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, con apego a las recomendaciones de la OMS y considerando el uso de pruebas moleculares.

No pretendo que este haya sido “el plan a ejecutar”, lo que podemos notar es que, si para enero ya se tenia una Resolución Ministerial al respecto, al menos dos semanas antes ya era un tema de discutido en el sector salud y compartido a nivel del gabinete, pero nadie (presidente, ni PCM) lo acogió debidamente, hasta que el 15 de marzo optaron por lo más efectista y sin mayor análisis; la cuarentena total por quince días. ¿Quién en su sano juicio, después de observar lo que venía ocurriendo en los países afectados más tempranamente, incluyendo a China, hubieran pensado en ese plazo?

Por otro lado, la cuarentena, en la historia, se concibe como el confinamiento de un enfermo para evitar que este transmita sin control la enfermedad contagiosa. Eso obligaba a ser muy estricto en la identificación de los portadores del virus, desde el momento más temprano posible e identificar a sus contactos, hacerles pruebas moleculares y si estaban contaminados, ponerlos también en cuarentena. Cerrar fronteras desde el primer día y hacer pruebas moleculares a quienes retornaron al país, en lugar de pagarles dos semanas en un hotel a ver cómo evolucionaban (más efectivo y económico).

Como hemos dicho, no se convocó a un equipo para el planeamiento integral y se cambió de ministro en el sector salud. Supongo habrán tenido muy buenas razones para el cambio (la ministra Hinostroza no aceptó cambiar las pruebas moleculares a rápidas, como en efecto se hizo), pero ¿nombrar a un médico que nunca ejerció como tal, sin experiencia en gestión y gerencia de ninguna institución, sino que se ha pasado la vida de asesor de organismos regionales, MIDIS u otros, que no tiene que ver con el sector?

La primera disposición de este ministro fue no comprar pruebas moleculares (mintió desde el primer día diciendo que Trump las había acaparado todas, mientras la representación diplomática de Corea del Sur ofrecía, sin limitación y con disponibilidad inmediata, las de empresas de su país) y dispuso “usar pruebas rápidas aplicadas sólo a quienes tengan síntomas”. Como sabe cualquier ciudadano, alguien puede estar infectado, no tener síntomas y estar contagiando a todos los que interactúan con él, aunque la prueba serológica reportará negativo durante los primeros 6 a 7 días de infectado.

Sobre ese “error” se optó por la cuarentena masiva. Un grave error, porque no se contempló las condiciones de vida de la población, de las casas habitación, ni las condiciones sanitarias de las mismas. Y como respuesta al encierro sumamente restrictivo (semana Santa y “pico y placa” por sexo incluidos), se desbordó la población, en particular los de menores recursos.

Para darles dinero crearon el bono, del cual hasta hoy, hay cerca de un millón de ciudadanos que no lo reciben, pero con eso destruyeron el principio básico de “la distancia social”. El MIDIS a cargo de una persona sin ninguna capacidad, el ministerio de la mujer igual. Ciertamente con gente incapaz de concebir y menos de manejar un proyecto logístico de entrega de alimentos o de alimentación con cocinas populares o distribución de dinero, como soluciones alternativas a ser aplicadas según el caso. Búsqueda de soluciones de agua potable que les permita lavado de manos frecuente, tampoco se plantearon y hasta hoy no se dan.

Mención especial merece el MEF, pues, por su gran inexperiencia, no sólo no fue capaz de darle velocidad al plan de rescate financiero concebido por el BCRP, sino que lo burocratizó demorando su aplicación. Tampoco fue capaz de analizar qué sectores de la actividad económica debían seguir operando. Verificar con países de estructura productiva similar a la nuestra qué harían. Tomar el liderazgo del aparato productivo para convocar a los gremios y ministerios sectoriales a un trabajo de equipo. Pedir a los gremios que establezcan protocolos de operación en lo inmediato para ponerlos a trabajar y que no se nos caiga la economía del país. El MEF no sólo tiene que manejar la caja y los presupuestos, es responsable fundamental de la marcha de la economía del país, por lo que, ante lo evidente, ha debido tomar medidas correctivas. Pero les faltó entender su rol…

Cuando designaron a la ministra, algún periodista me preguntó qué pensaba de su designación y comenté: “Entiendo que es una profesional con muy buena formación, grandes valores, pero su falta de experiencia podría ser una debilidad”. No me equivoqué, pues esto no hubiera ocurrido con alguien de más experiencia y peso personal.

Lo preocupante es que, hasta el día de hoy, insisten en tratar de solventar la salida de esta catástrofe económica amparados en la inversión pública. No dudo que es una oportunidad que trabajen por fin la reconstrucción con cambios que, el señor Vizcarra no trabajó como es debido durante su tiempo de ministro y menos como presidente, pero deben tener en cuenta que la inversión pública es sólo la quinta parte de la inversión total.

Otra preocupación es la reiteración de este gobierno en  pretender hacer inversión pública entregando dinero a los gobiernos locales y regionales, quienes no tienen capacidades técnicas,  les falta control y claro reporte de cumplimiento de metas, además de su altísimo nivel de corrupción.

Hasta aquí ya tenemos mucho material de trabajo para la Contraloría General de la República y para la Fiscalía de la Nación. Sería importante que lo vean ahora que el tema está fresco.

Finalmente, el Perú cuenta con un enorme portafolio de proyectos en el sector privado (varias veces mayor al de “Arranca Perú”), es tiempo de convocar y promover esa inversión privada y diseñar un plan de recuperación muy potente para salir de este caos. ¡El Perú lo necesita! Lampadia

Enrique Felices
Ingeniero
Para Lampadia

El Estado ha ensayado durante décadas diferentes leyes y reglamentos para contrataciones, así como sistemas para eludir su cumplimiento. El DU-021-2020, por ejemplo, insiste en crear un nuevo sistema especial de contratación de servicios y obras, eximido del cumplimiento de la ley de contrataciones.

Pero ese régimen especial no sería necesario si se cumplieran tres requisitos:

• elevar las calificaciones de los profesionales estatales y privados en las inversiones públicas;
• crear condiciones adecuadas para su desempeño profesional y el reconocimiento de su trabajo; y
• reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos (de factibilidad a ingeniería de detalle) que hasta hoy son artificialmente bajos.

En cuanto a lo primero, vemos que en los países desarrollados la ingeniería para las inversiones públicas es una actividad regulada, con rigurosos estándares técnicos y éticos, y reservada a los que poseen la acreditación de ingeniero profesional. Para ser ingeniero profesional es necesario aprobar exámenes sobre los conocimientos que se debieron adquirir en la universidad, y evaluaciones periódicas sobre las calificaciones obtenidas en la experiencia laboral y el desempeño registrado en la misma. Esta selectividad promueve las buenas prácticas y dificulta la impropiedad. No existe en nuestro país, pero es necesario que el Estado aplique filtros.  

La selectividad existe hace más de dos siglos. En Francia se formó en 1794 la Escuela Central de Obras Públicas, que hoy es la muy exigente Ecole Polytechnique de París.  En el Reino Unido, la Institution of Civil Engineers (ICE) impulsó la ingeniería profesional para asegurar una práctica de altos estándares que protegiera a la sociedad. En el Perú se formó en 1862 el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado, con exigencias de ingreso proporcionalmente mayores a las de hoy.

En resumen, se necesita mejores ingenieros y remuneraciones competitivas, pero eso no basta. Se requieren, en segundo lugar, condiciones adecuadas para el desempeño profesional.  En el servicio público, tan importante como la remuneración es el reconocimiento del trabajo, el cual solo será posible si el Estado adquiere compromisos básicos. A saber: i) Sustraer a los profesionales de las arbitrariedades del control y sus secuelas judiciales, ii) Suprimir la noción de que incurre en falta quien al aplicar su criterio profesional o juicio técnico en asuntos que combinan calidad, plazos y costos, obtiene conclusiones distintas a las del auditor, iii) Considerar buena práctica que las conclusiones contengan análisis y sustentos registrados en borradores y hojas de cálculo apta para revisión; iv) Asegurar, ante indicios de impropiedad, que los revisores sean ingenieros de calificaciones similares, v) Suprimir la pretensión de una CGR con capacidad sancionadora, y vi) Velar que los ingenieros que incumplen la ley reciban la máxima sanción.

Y se necesita, en tercer lugar, reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos que hasta hoy son artificialmente bajos, en perjuicio del propio Estado y de sus obras. Las características físicas y sociales el país señalan que las investigaciones básicas deben ser más profundas y detalladas; que los estudios de factibilidad deben tener un grado de elaboración que permita determinar si el proyecto es ejecutable, y estimar cabalmente el costo y plazo que demanda realizar expropiaciones, eliminar interferencias, disponer de terrenos y canteras, y obtener servidumbres; también, debe ponderar si el trabajo de replanteo previo a las obras viales debe realizarlo el consultor y no el constructor.

El DU-021-2020 no asegura ninguna de estas tres condiciones.

La ingeniería de los proyectos de inversión comienza por la definición de los alcances de los trabajos por realizar y continúa con la administración de los mismos mediante contratos de servicios y obras. Tener capacidad para definir dichos alcances es una obligación básica del Estado. Dado que el gasto público es del 20 al 25% del PIB, es indispensable que sepa como contratar y comprar. De hecho, organismos internacionales como el PNUD-Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (1965) se crearon para asistir a las nacientes repúblicas de Asia y África en la formación de dicha capacidad.

El DU 021/2020, en cambio, da por sentado que el Estado no sabe definir alcances ni administrar contratos, y necesita para sus Proyectos Especiales de Inversión (PEIP) la asesoría técnica de una empresa extranjera y los servicios de administración de organismos internacionales. Esto implica, por un lado, que al cabo de treinta años de intervenciones del PNUD y otros el Estado no ha podido aprender tareas elementales de gobierno y, por otro, que se desconoce la realidad del país y de su ingeniería.

Basta un ejemplo para mostrar que la realidad es distinta. El Perú acabó mal los años 80, la llamada “década perdida” de América Latina. El Estado no invirtió en infraestructuras de transportes y a principios de los 90 había que rehabilitar toda la red vial nacional, comenzando casi de cero. Era una tarea enorme, pero se hizo. Con apoyo financiero del BID y del Banco Mundial se formularon programas, se priorizaron proyectos, se definieron sus alcances y se contrató mediante concursos y licitaciones la ingeniería y construcción de las obras. Durante ese proceso el Asesor Técnico del Estado peruano fue una empresa peruana de ingenieros consultores.

Los conocimientos de la ingeniería nacional no se han esfumado. Si, como era lógico, se hubiese convocado a los peruanos que saben, la norma resultante habría incorporado los tres requisitos antes mencionados. En cambio, el texto del DU-021-2020 trasluce que el papel principal en su preparación lo tuvieron profesiones distintas a la ingeniería. Sólo así se explican los errores de concepto que contiene, por ejemplo, en la gestión de calidad; y el desacierto de aplicar contratos estandarizados que prevén la ejecución de obras sin supervisión, sin cuaderno de obra y sin control de los avances del trabajo para autorizar los pagos al constructor.

Aparte de lo anterior, el esquema del DU-021-2020 para los PEIP (inversiones de US$ 420 millones o más) es costoso y opaco. Los organismos internacionales cobran por administración entre 3.0 y 4.0% del costo total del proyecto y el Asesor Técnico probablemente el doble; el Estado reserva habitualmente 3% para su gestión y la CGR pretende el 2%. A la suma de todo hay que añadirle el costo de la ingeniería y supervisión del proyecto, porque aún no está incluida.

La alternativa de convocar a nacionales es más económica y técnicamente mejor para el Estado, si se cumplen las condiciones que hemos mencionado. El Estado debe convocar a los privados para trabajar conjuntamente y lograr que las inversiones públicas tengan mejores procesos de selección con una ley de contrataciones que acabe con la cultura del temor, la sospecha y la denuncia insensata. Mientras ésta perdure continuarán los sistemas especiales, opacos de por sí, que reducen las oportunidades de trabajo para los profesionales peruanos competentes. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video sobre la reactivación de la inversión en infraestructura.

Participan José Escaffi, experto en gestión pública, como invitado, y Fernando Cilloniz y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre el eterno problema del gasto en proyectos de inversión. Participan Fernando Cillóniz, Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 28 de enero el “Presidente Ingeniero” viajó a Tumbes, dentro de sus acostumbrados e inconducentes viajes al interior del país. Uno de sus propósitos en esta oportunidad era inaugurar las obras de rehabilitación de la Avenida Mariscal Castilla. Cuál no sería su sorpresa cuando al llegar al lugar encontró a una población indignada por la inundación sufrida en la zona “rehabilitada” ante el colapso de las instalaciones de desagüe recientemente construidas.

Lo más gracioso fue que, el “Presidente Ingeniero” no tuvo mejor ocurrencia que recomendar al Gobernador Regional que tenga mucho cuidado en la recepción de obras de la reconstrucción con cambios, haciendo hincapié que el Gobierno Central transfiere los recursos financieros y es la autoridad regional la responsable de que “cumpla con la correcta calidad y honesta ejecución de las obras, pues eso es fundamental” … ¡Plop!!!   ¡Ampay me salvo!!

Es claro y reconocido que los Gobiernos Regionales y Municipales, NO SÓLO no tienen capacidad técnica para diseñar, revisar, ejecutar y supervisar obras, sino que además son la fuente máxima de corrupción del poder ejecutivo. Por esto hemos insistido tanto en el debido uso de SERVIR para la gerencia descentralizada.

¿No sabe el “Presidente Ingeniero” que lo esencial de una obra o proyecto, público o privado, ¿es la Ingeniería de ese proyecto? ¿Que sin una buena ingeniería no hay forma de tener un buen resultado? ¿Que, en particular, el buen funcionamiento de las obras hidráulicas es altamente sensibles al diseño e ingeniería de estas? La mirada técnica de esos proyectos es esencial, no solo para que funcionen bien, sino para que perduren en el tiempo, pues no es cosa de habilidades artesanales y soluciones a la criolla, solo para la foto inaugural.

Aunque sé que estoy “lloviendo sobre mojado”, repito lo dicho en una serie de artículos previos, donde hemos mencionado que, para la obra pública, no se trata de “transferir más dinero”, “más rápido” y hacer seguimiento de “cronogramas de ejecución” desde el MEF para reportar más avances de la Inversión Pública, sino un buen diseño de obra, una adecuada selección de materiales, adecuada selección del contratista, adecuada calidad de concreto, y muchos otros etcéteras técnicos.

Señor “Presidente Ingeniero”, lo insto a dar prioridad a la aplicación de la mentalidad y capacidades que le inculcaron en la universidad durante su proceso de formación profesional, pues la obra pública necesita más técnica y menos discurso. Lampadia