Pobre país. Tenemos todo para que nos vaya bien, pero nos empeñamos en ponernos cabe. Cuando mejor nos iba, elegimos un gobierno que desconoció todos nuestros avances, cortó el proceso de crecimiento, incrementó la anemia; y luego elegimos a otro gobierno que aumentó la pobreza y siguió agravando los niveles de anemia infantil.

Un escándalo inaceptable. Pero los temas sociales se siguen manejando con criterio político y no técnico. Esperamos que el presidente viajero se siente un día para firmar la destitución de los responsables de esta situación y que convoque especialistas técnicos para enfrentar esta crisis.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el problema de salud pública más importante del mundo es la anemia infantil. En el Perú, la anemia ha sido mayor al 40% en los últimos diez años, lo cual constituye un problema de salud pública que afecta a niños y gestantes de bajos recursos.

De acuerdo a un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

• Entre el 2017 y el primer semestre de 2018, la anemia en el Perú pasó de 43.6% a 46.6%, habiendo subido desde 41.6% el 2011.
• A nivel urbano el deterioro de la salud infantil pasó de 37.5% el 2011, a 44.7% el 2018, pasando por 40.0% el año anterior.
• A nivel rural, el 2011 teníamos  un 49.6% y 53.3% el 2017, mejorando ligeramente el 2018 a 51.9%.

• En Lima Metropolitana la anemia en niños menores de tres años pasó de 33.2% en el 2017 a 41% en el primer semestre del 2018, registrándose un aumento de casi 8%.
• El promedio de prevalencia de la anemia en la sierra es de 54.2%.
• En la selva la anemia marca 48.8%.

Según el INEI, la anemia afecta a más cuatro de cada diez niños y niñas menores de tres años de edad a nivel nacional, es decir, al 46.6% de los peruanos. Esta cifra es casi igual a la del 2014 (46.8%), pero cabe recordar que luego se redujo a 43.6% entre el 2015 y 2017. Es decir, este año se estaría retrocediendo a niveles de hace cuatro años.

Y si vamos aún más atrás en el tiempo, la situación es aún más grave. Como afirmamos en Lampadia, en el Perú el 2011 marcó dos puntos de inflexión, uno social y otro económico, que fueron causados por el ‘gobierno de la inclusión’. En el aspecto social, se produjo un punto de quiebre en la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. Y en lo económico se paró la inversión minera y toda la cola de inversión en el resto de la economía. (Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

Como se puede observar en el gráfico superior, la verdad es que la anemia infantil tuvo una apreciable caída entre el 2007 y el 2011, pasando de 56.8% a 41.6%. Lo que muchos dejan de mencionar es que a partir del 2011 las cifras se elevan de manera alarmante, llegando a 46.8% en el 2014. Entonces, podríamos decir que hemos retrocedido a cifras peores que en el 2010.

También vale la pena recordar que fue en el 2011 que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dejó de distribuir sulfato ferroso (en gotas) y las chispitas de hierro; y además, cortó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el cual tenía como objetivo combatir el hambre en las zonas más pobres del país, garantizando la seguridad alimentaria de la población peruana, contribuyendo a prevenir la malnutrición en niños menores de 12 años de edad y priorizando la acción hacia niños menores de 3 años de edad en situación de vulnerabilidad nutricional y mejorando su calidad de vida.

Este programa fue reemplazarlo por el Qali Warma, un nuevo esquema que demoró dos años en implantarse. Ahora se pueden ver los resultados. En Lambayeque, varios niños se intoxicaron tras consumir pan con atún del programa de alimentación escolar Qali Warma. Lo mismo sucedió en Ucayali. En total se habrían intoxicado más de 900 niños por alimentos en mal estado, llevando a la población a cambiarle el nombre de Qali Warma a ‘Qali Mata’. Ver en Lampadia: No se puede jugar con las cifras de desnutrición infantil.

Increíblemente, la actual ministra de Inclusión Social, Liliana del Carmen La Rosa Huertas, ante las denuncias, previas a conocerse los últimos datos del INEI, se dió el lujo de declarar que los niños [pobres extremos] estaban en libertad de no consumir los alimentos de Quali Warma. No se entiende que no renuncie y vaya a una escuela de reentrenamiento en acción social.

Impacto humano de la anemia

Según la OMS, la prevalencia de la anemia en el Perú es la tercera más alta en América Latina, solo después de Venezuela (62%) y Bolivia (47%). Además, el Perú tiene la mayor prevalencia entre los países de la Alianza del Pacífico: Chile (20%), Colombia (27%) y México (28%).

La anemia está asociada a la falta de hierro en la alimentación. Médicamente, la anemia se define por “los niveles reducidos de hemoglobina, comparados con los valores normales en individuos del mismo género y misma edad”, según la OMC. La causa principal de la anemia es la deficiencia de hierro y es dañina porque expone a quienes la padecen a secuelas que durarán el resto de sus vidas.

Debido a que la anemia genera una carga importante para el desarrollo de las personas desde una edad temprana, se puede decir que tiene un efecto no solo en la vida de cada persona que la padece, sino también sobre la sociedad en su conjunto en términos sociales y económicos.

El estudio “Impacto económico de la anemia en el Perú”, de Lorena Alcázar, investigadora de Grade, revela que los costos se explican por tres principales causas: la pérdida de productividad futura de los niños que sufren anemia, la pérdida de productividad de los adultos que actualmente sufren de anemia, y el costo al Estado por el aumento de la repitencia y la atención de partos prematuros.

Estos tres efectos le cuestan al Perú entre 0.5% y 0.6% del PBI. Alcázar estima que un programa de prevención de la anemia que cubra a todos los niños menores de tres años y madres gestantes, por medio de la administración de suplementos de hierro, necesitaría un presupuesto menor a 0.01% del PBI.

En el Perú, este problema está exacerbado por el hecho de que parte de la población habita a gran altura sobre el nivel del mar y requiere, por ello, mayor cantidad de hierro. En nuestro país, el consumo de hierro es de solo 3 miligramos al día cuando lo correcto es de 10 miligramos al día para una mejor alimentación.

Pareciera que el Estado no ha tomado conciencia de la magnitud del problema o no es consciente de la importancia de la anemia dentro de la sociedad peruana y de sus consecuencias y costos para el país. Y en lugar de manejar este tema con criterio técnico, se sigue dando espacio a la ideología. En teoría, en abril del 2017, el del Ministerio de Salud (Minsa) publicó el “Plan nacional para la reducción de la anemia (PNRA) al 2021”, que proponía como objetivo principal que hacia el año del bicentenario la anemia infantil se debía reducir a un 19%. No obstante, la reciente publicación del INEI demuestra que esto no se ha cumplido y que, en realidad, nos estamos alejando del cumplimiento de estos objetivos.

Esto no dá más.

• La lucha contra la anemia debe ser declarada prioridad nacional.
• Su conducció debe darse a personal absolutamente técnico.
• Debe invocarse la ayuda internacional para montar un programa acelerado de recuperación.
• Debe convocarse al sector privado para desarrollar fórmulas de complementos nutritivos y dejar de tratar a las empresas privadas, como si fueran una fuerza de ocupación extranjera.

Se tiene que ver la realidad. El Estado no está tomando las medidas correctas. Hay que reaccionar de una vez. Lampadia

Alonso Rey B.
Para Lampadia

Cuantas veces hemos escuchado hablar a los políticos y al Ministerio de Economía (MEF) que es necesario hacer una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos donde los contribuyentes se evaden o eluden para no pagar impuestos; o por que las normas vigentes no son las adecuadas; y no se previó cuando se realizó la última reforma.  Cuando se apruebe la famosa reforma va a resultar inadecuada, por cuanto el informal es más rápido que cualquier burócrata.

Lo que nunca dicen es que los informales no pagan impuestos y los formales cada vez tiene que pagar mas impuestos para poder cubrir los gastos del Estado. Sin embargo, no resulta razonable pensar que más del 73% de la economía es informal y no paga impuestos y que el resto menos del 27% carga con la presión tributaria.

Si el objetivo de la reforma es cambiar todo el sistema tributario, ampliar la base tributaria, facilitar las normas para que sean fáciles de entender, aplicar y pagar impuestos, bienvenida la reforma. Sin embargo, que sea esa la estrella que sigan y para ello deben tener presente lo que dice una frase del autor del Principito (Antoine de Saint Exupery) “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. Nuestros reformistas si pierden la estrella que los debe guiar que es ampliar la base y hacer un sistema fácil de aplicar y entender, volverá hacer una reforma inútil.

Varios temas que se deben evaluar antes de realizar una reforma tributaria:

1.- Debemos empezar a pensar, sino lo han hecho antes, que el sistema tributario peruano es obsoleto y viene desde el año 1968 con cambios cosméticos. Lo que necesitamos es modificar todo el sistema y hacer uno nuevo según nuestra realidad.

2.- De acuerdo con cifras de la Sunat, en los últimos 17 años, la recaudación por tributos internos (es el 74% del total de la recaudación) ha representado entre 10% y 14% del PBI. Sin embargo, por más que la economía peruana sigue creciendo, la recaudación por tributos internos como porcentaje del PBI, pasó de 14.1% en 2014, a 12.6% en 2015; y, posteriormente, pasó a 12.2% y 11.6% en 2016 y 2017, respectivamente. Nuestro sistema tributario ha colapsado y no es posible seguir parchándolo para ver si resulta mejorar la recaudación.

En efecto, en el año 2014, con un PBI de S/ 576,475 millones, se recaudó por tributos internos S/ 81,104 millones, en 2015, con un PBI de S/ 612,668 millones, se recaudó S/ 77,271 millones, es decir, como el cangrejo. A ello tenemos que sumarle la incapacidad del gobierno de turno, en esos años, que también es un factor que tenemos que restar.

Si revisamos las cifras sobre las mayores tasas de crecimiento de la recaudación tenemos que éstas se dieron en los años en que el crecimiento del PBI estuvo por encima del 6%. Por lo que, o sólo crecemos más del 6% o no hagamos ninguna reforma tributaria por que otra vez será inútil y obsoleta en un corto plazo.

3.- Un dato importante para realizar una reforma tributaria es determinar a quien va dirigida, es decir a que tipo de contribuyentes se les va aplicar y sobre todos que empresarios tienen capacidad para entender las normas tributarias, correctamente. Veamos la composición de la PEA en el nivel educativo de nuestro país, y eso que aquí contamos todo nivel educativo, inclusive a aquellas universidades sin clasificación por parte de la SUNEDU, es decir hasta la educación informal.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, tenemos que el nivel de la PEA con educación superior universitaria es de sólo 2,764,000 de personas. Es decir, sólo el 16.7% de la PEA podría leer y entender correctamente las normas tributarias aplicables en Perú, es decir sólo legislamos para una minoría y si le restamos a la PEA las personas que viven y trabajan en Lima, Arequipa, Trujillo, tendremos que menos del 10% de la PEA se encuentra fuera de las ciudades mencionadas.

Conclusión, no podemos seguir pensando en hacer una reforma tributaria, lo que tenemos que crear es un nuevo sistema tributario aplicable sino será otra vez Andrés con la misma cojudez.

4.- De acuerdo con el INEI, hacia 2017, la informalidad en nuestro país supera el 73% de la economía, por lo que, cualquier política tributaria adoptada por el gobierno impacta sobre una pequeña porción de la economía. Es decir, casi a la misma proporción de la PEA con educación superior, por que si seguimos en el mismo camino vamos a llegar al mismo final, pocos pagan mucho para sostener a todos. El Estado no se reforma ni actualiza por lo que requiere más recursos.

5.- Tenemos que empezar de cero, con un sistema tributario donde sea sencillo de aplicar, todos paguemos, sea fácil de recaudar, sea más fácil entenderlo y pagar, no existan trámites engorrosos y el contribuyente no sea visto como un delincuente, sino como un socio. Deben tener presente que el Estado participa, actualmente en un 30% de los ingresos del contribuyente, es decir, es mi socio en 30% de la empresa, por que si mi socio gana más dinero el Estado va a recibir mayor participación por los ingresos de sus socios.

Si tu eres mi socio, como puede existir una medida sancionadora del Estado de cierre de establecimiento, es decir mi socio no vende no tiene ingresos y yo no cobro impuestos por esas ventas no realizadas. Tenemos que ser estúpidos para dispararnos no solo en el pie sino en la sien.

6.- La reforma tributaria no puede ser realizada por los mismos funcionarios que administran los impuestos, bien dice Einstein que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, claro por eso la reforma no puede ser realizada por los mismos funcionarios y haciendo lo mismo, que es parchando las normas actuales sin ser creativos de como podemos mejorar la recaudación y paguen todos impuestos. No hay peor pregunta cuando vas a adquirir cualquier producto o pagar un servicio que te digan “boleta o factura”. Los contribuyentes deberían convertirse en fiscalizadores, pedir facturas y poder deducir todo el IGV que hayan adquirido del Impuesto a la Renta, cuantos fiscalizadores tendremos al día siguiente, 5 o 6 millones, mas que la PEA con educación primaria completa. En los últimos cambios del Impuesto a la Renta fueron muy tibios, luego entro la Sunat y ya no se puede deducir nada de los gastos, por que los trámites son tantos que es mejor no deducir. Es decir, objetivo logrado.

Si hacemos lo mismo, vamos a continuar en el mismo camino. Hoy 280 contribuyentes aportan el 42% de lo recaudado por todo concepto del Impuesto a la Renta. Asimismo, el 1% de los contribuyentes, que resultan ser los mas fiscalizados y son los principales, contribuyen con el 78% de lo recaudado por el Impuesto a la Renta. Ahora cuéntenme de que reforma tributaria hablamos y si el 99% del resto de contribuyentes solo contribuye con el 22%.

Si nosotros como contribuyentes no tenemos ningún incentivo para pedir boleta o factura. ¿Por que tengo que trabajar para el Estado como fiscalizador? que además me cobra impuestos. Cualquier cambio que no sea radical no va a generar ningún incremento en la recaudación, eso ya lo vivimos varias veces y siempre con el mismo resultado, un fracasó mas. La mejor reforma es todos los impuestos a la gasolina (como lo hizo el MEF hace poco), todas las empresas que paguen un 5% sobre los ingresos brutos sin deducciones, todos paguemos IGV a una menor tasa. El otro día leía en una revista (Harvard Business Review) que cuando no encuentras una solución a un problema y sigues buscando haciendo lo mismo, lo mejor es llamar a un músico para que te ayude, por cuanto no esta contaminado con el problema y las diferentes soluciones que pretendes encontrar; él te podrá ayudar a encontrar la solución. En el caso de la reforma tributaria, le diría al MEF que llame a la Sinfónica Nacional y a todos los cantantes folclóricos del país, para que los ayuden a encontrar la solución.

7.- La reforma tributaria tiene que incluir una mejor forma de solucionar los reclamos cuando se originen, no por que un auditor de Sunat realice una acotación implica que la acotación es irrefutable y a pesar que pueda ser una barbaridad ni el superior jerárquico la puede detener y quien paga la cuenta, como siempre es el contribuyente. Al contribuyente le tienen que reembolsar sus costas y costos en el proceso administrativo, en caso gane el proceso; y dichos montos deben salir de las remuneraciones de los fiscalizadores a efectos que tengan un incentivo en no realizar acotaciones absurdas e ilegales. La Sunat jamás debería tener la facultad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso por principio, es como el Gerente de Operaciones impugne las decisiones del Directorio por que no esta de acuerdo con la decisión tomada, es impresionante que esto suceda en el Perú.

8.- Toda reforma debe modificar la elección de los miembros del Tribunal Fiscal, la forma de operación y funcionamiento del referido Tribunal y el plazo máximo que tiene el mismo para poder resolver. Conocemos un caso de Aduanas que subió 3 veces al Tribunal Fiscal y en vez de resolver en una sola oportunidad el fondo del asunto, solo declaraba nula la resolución y obligaba al funcionario de Aduanas a volver a pronunciarse. El funcionario no podía entrar en contradicción y volvía a resolver lo mismo con una demora de 2 y 3 años. El proceso se demoró 8 años y el contribuyente, que además era extranjero, no podía entender el problema del Tribunal y mucho menos el de Aduanas.

La elección de los miembros del Tribunal Fiscal debe tener por los menos 3 requisitos (i) que haya pagado impuestos tanto como persona natural o haber sido directivo en una empresa que haya pagado impuestos; (ii) que haya pagado planillas o haya tendido un cargo directivo en una empresa que haya pagado planillas; y, (iii) que sepa leer. Si desean y son muchos requisitos, podemos obviar el último. Los miembros del Tribunal Fiscal no pueden tener alguna relación con la Sunat y si la hubiesen tenido, debería existir un periodo no menor de 5 años en los que no deberían ejercer ningún cargo ante el Tribunal Fiscal. En ese tiempo pueden pagar impuestos y planillas para tener los requisitos esenciales.

Lamentablemente toda esta reforma tributaria sino viene acompañada de una reforma del Estado será inútil, porque el monstruo del Estado seguirá requiriendo más recursos para pagar las ineficiencias que ellos mismos crean para poder mantenerse en el cargo.

Como siempre, se hará la reforma y no se obtendrán los resultados buscados y una vez más se aplicará la frase “Donde termina la Razón, empieza el Perú.” Lampadia

El Perú: Una población trabajadora y aspirante, con un país pletórico de recursos, y una política vergonzosa. No sabe sintonizar la Naturaleza de su Población y la Riqueza de su País, con una Política que ha devenido en lastrante. Algunas ideas para motivarnos a la acción:

La economía

Desde abril pasado hemos visto un mejor ritmo de crecimiento de la economía que, además, llama la atención por manifestarse en muchas áreas, llevándonos a un crecimiento del orden de 4% del PBI. Mejor que en los últimos tiempos, pero largamente insuficiente en términos de nuestras necesidades y capacidades.

Algunas cifras: entre enero y mayo de este año, el país creció 4.8%. En abril, el crecimiento tuvo un fuerte repunte con una tasa de 7.8%, en mayo crecimos un 6.4% y, según el INEI, en junio apunta a 3.64%.

Ver en Lampadia: Un pulso de crecimiento de nuestra briosa economía 

Selección de indicadores positivos publicados por el BCRP en su Resumen Informativo Semanal Nº 27, del 19 de julio pasado:

Otro resultado muy importante es el de la reducción del déficit fiscal, que ha sorprendido a tirios y troyanos:

Por su lado, según la Sunat, a junio 2018:

• Los ‘Ingresos Tributarios Netos del Gobierno Central’ (descontando devoluciones), tuvieron un crecimiento real de 26.4%
• La recaudación de ‘Tributos Internos’ creció en 17.2%
• Los ‘Tributos Aduaneros’ crecieron en 22.8%
• La recaudación del ‘Impuesto a la Renta’ aumentó en 18.5%

Según el MEF:

• La ‘Inversión Pública’ creció en 21.7% en junio
• La ‘Inversión Privada’, entre abril y junio, habría crecido más de 6%.

Es muy claro pues, que la economía está burbujeante, impulsada por nuestro potencial de crecimiento, que solo espera recuperar lo que podríamos llamar ‘el ritmo de confort de crecimiento’, aquel que nos permite reducir la pobreza en por lo menos dos puntos porcentuales por año y tener recursos para mejorar la educación, la salud y las infraestructuras.

¿Qué impide que recuperemos un ritmo de crecimiento de 6 o 7%?

Pues la enfermedad de nuestra política, la corrupción y la forma en que reaccionamos a ambas plagas.

La Política

Lamentablemente, la política, que no es una mala palabra, y que por lo tanto deberíamos referirnos a ella como la ‘politiquería’, no da pie con bola. Este es el espacio de nuestra clase dirigente, donde deben expresarse, los líderes políticos, académicos, empresariales, gremiales y mediáticos; pero que adolece de los dos posibles males de liderazgo, el de acción y el de omisión.

Como habrán comprendido, en el lado de la acción, muchas veces equivocada, están principalmente la mayoría de los líderes políticos y mediáticos, y por el lado de la omisión, buena parte de los dirigentes del resto de la sociedad civil.

Pareciera que, en el Perú, la política no es para administrar el bien común, sino para participar en una suerte de torneos medievales, de justas por el goce de la mismas, sin importar las consecuencias de las mismas. Como hemos explicado en Lampadia hace pocos días, en un año llamado de reconciliación, con una inauguración del mandato presidencial de Martín Vizcarra que comandó poner fin a la confrontación política, y con una población que durante el campeonato de fútbol, dio ejemplo de unión y armonía, en Rusia y en el Perú, las suicidas luchas políticas se agravan. Ver: Enderecemos el 2018.

La Corrupción

Cuando se hizo visible la corrupción del llamado Lava Jato, no supimos enfrentarla, y entre otras cosas fuimos el único país que paralizó su sector de construcción.

Ahora, al hacerse evidente la crónica corrupción del Sistema Judicial, no podemos desperdiciar la oportunidad de hacer una reforma integral que mejore cualitativamente la calidad de la justicia en el Perú.

En Lampadia propiciaremos, en los próximos dos meses un proceso de análisis y reflexión sobre los lineamientos de dicha reforma, e invitamos a que se compartan con nuestros seguidores, más de 600,000, las propuestas que las mejores mentes del país pongan al frente para ir a una reforma a fondo. 

Prioridades

Mientras arreglamos el tema institucional, no perdamos de vista, como pretenden algunos despistados, dizque, politólogos, que no podemos descuidar ni un solo día el tema económico. Ver en Lampadia: No apuntemos a un crecimiento mediocre, donde invocábamos a desarrollar:

• Un plan de acción concertado entre el Ejecutivo y el Congreso
• Un programa de comunicación gobierno-ciudadanía sobre la situación, posibilidades de mejora y la necesidad de mantener la paz social y apoyo a los proyectos de inversión
• Un pacto tripartito: Ejecutivo-Congreso-Sistema Judicial (Fiscalía y Poder Judicial) para enfrentar con firmeza los conflictos político-sociales, que permita, por ejemplo, desarraigar de sus localidades a los violentistas que capture la policía y poder procesarlos en Lima.

Ahora, en el tema judicial, hay que enfrentarlo, igualmente, en armonía, pensando en el largo plazo, haciendo un propósito de responsabilidad funcional, y guardando, por algunos meses, los apetitos por las justas de poder juveniles. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
El Comercio
19 de junio, 2018

Según el INEI, el crecimiento del Perú real se ha expresado en abril con un pulso de 7,81%, lo que nos reclama la oportunidad y la necesidad de crecer más.

Ya hace unos días, el sondeo de Reuters había recogido una mejora del promedio de las estimaciones de crecimiento de abril, marcando un impresionante 6,8%.

Y más allá de los análisis financieros, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, había afirmado la semana pasada que esperaba un crecimiento de 7%. Se trata de una excelente tasa que no se veía desde hace casi dos años.

Esta tasa extraordinaria está explicada en parte por el contraste con abril del año pasado, cuando sufrimos los embates de El Niño costero, y por dos días laborales adicionales. Por lo tanto, no podemos esperar que se repita en los próximos meses. No marca pues el regreso al ritmo de crecimiento que ostentábamos hace pocos años.

Sin embargo, sí empieza a recoger las burbujeantes reacciones de una economía que fue parada a la mala y que mantiene un potencial de crecimiento alto y sostenido.

No nos olvidemos de que nuestro crecimiento se paró por la caída de la inversión privada, luego de haberse detenido los proyectos mineros desde el 2011. A lo que se sumó una creciente y asfixiante regulación, que no deja de multiplicarse desde inicios de siglo.

Otro factor que complotó contra el crecimiento ha sido la paulatina instalación, en el sector público peruano, de una absurda aversión a lo privado, a las inversiones directas y a las APP, llegando a inhibir desarrollos donde el Estado detenta clamorosos déficits de servicio, como en saneamiento, salud y educación.

Por el lado de nuestro potencial de crecimiento, muchos de nuestros recursos están sub-explotados, como es en el caso de la minería, energía, madera y pesca. Y, además, estamos lejos de aprovechar lo que aún podemos hacer en agro-exportaciones (una de las industrias más sofisticadas del mundo), el turismo (con menos de 2% del total global) y tantas otras oportunidades que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro maravilloso país.

Como comentó Andrés Oppenheimer la semana pasada, hasta las exportaciones de manufacturas en el mundo del conocimiento dejan márgenes bajos al productor local. Por ejemplo, según indicó, dejan de 8% a 10% del valor de venta para un polo peruano en Miami. Sin embargo, la exportación de concentrados de cobre, que deja un margen local del orden del 86%, ha sido dibujada como algo hasta indeseable.

Este pulso de crecimiento del brioso país que hemos amarrado, evitando su desarrollo, debe servirnos como un llamado de atención a que reflexionemos sobre lo que podemos hacer, a que reflexionemos sobre lo que significa estar por debajo de nuestro potencial, teniendo tantas necesidades por satisfacer, empezando por superar la pobreza.

Lamentablemente, seguimos esperando que nuestros políticos y nuestros gobernantes iluminen los caminos y marquen el ritmo de nuestro desarrollo. Es hora de que los ciudadanos comprometidos con el futuro de nuestra patria tomemos el liderazgo en fijar la visión de nuestro desarrollo y las estrategias que lo hagan posible.

El pulso del crecimiento de abril es un pulso que está en el corazón de todos los peruanos. Lampadia

Debería llamarnos a escándalo que la pobreza empiece a crecer después de haber puesto al Perú en marcha desde los años 90. Pasamos de ser un ‘Estado Fallido’, a una ‘Estrella Internacional’. Fuimos campeones en crecimiento, reducción de la pobreza y la desigualdad. Llegamos a invertir sostenidamente un 25% del PBI, unos US$ 55,000 millones anuales.

Todo hasta que, desde el 2011, se empezó a desinflar la inversión y destruir el bienestar de miles de peruanos. Responsabilidad absoluta y directa del gobierno de Humala-Heredia, de los campeones del empobrecimiento de los peruanos, Arana, Santos, et al. Y por supuesto, del gobierno de PPK, que estuvo llamado a corregir todas las barbaridades, y sol se dedicó a un estúpido juego de suma cero con el Congreso y a gozar de la frivolidad del poder.

No le falta una gran dosis de culpa a los medios, especialmente a los que eran supuestamente serios, pero entregaron sus ondas a periodistas de la ‘sociedad del escándalo’.

Finalmente, pero no por último, esta tragedia es también de nuestra indolente clase dirigente.

Culpa de muchos, acción de todos. ¡A recuperar el tiempo perdido!

Veamos las cifras del entuerto:

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó sus cifras sobre la reducción de la pobreza en el Perú durante los años 2007 y 2017 en un informe titulado, “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017”. En esta publicación se informa que, por primera vez en este milenio, la pobreza monetaria en el Perú ha subido. El año pasado, la pobreza llegó a 21.7%, siendo Lima la región donde hubo mayor incremento.

Según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI, en el año 2017 la pobreza se incrementó en 375 mil personas, es decir, 1.0 punto porcentual más que el año 2016 y afectó a 6 millones 906 mil peruanas y peruanos.

Este aumento de la pobreza se ve ligado a un menor crecimiento económico, el cual ha venido siendo muy pobre en los últimos años, como se observa en el cuadro inferior. El alto crecimiento ayudaría a que la sensibilidad de la reducción de la pobreza al crecimiento económico se vea repotenciada con un mejor funcionamiento de los mercados laborales, una reforma educativa seria, y mayor infraestructura, que permita conectar a los pobres con el mercado.

Es importante remarcar la definición del INEI para la pobreza y pobreza extrema. Según el INEI, “la medición monetaria usa al gasto como indicador de bienestar”. Define a los pobres monetarios como “las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente  para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, salud, educación, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de una canasta básica de alimentos”.

Por lo tanto,  para una persona no sea considerada pobre, debe tener la capacidad de consumir más de S/. 338 al mes (ver cuadro superior), que es el monto fijado como el promedio mensual por persona de la canasta familiar. Por otro lado, para salir de la pobreza extrema, los peruanos deben tener un consumo mínimo de S/. 183 al mes, que es el costo de la canasta alimentaria mínima del Perú.

Pobreza en las regiones

El departamento con mayor incidencia de pobreza más alta que fluctúa entre 43.1% y 52.0% es Cajamarca. En el segundo grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 33.3% y 36.8% están ocho departamentos: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. El tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza entre 23.0% y 26.2% se encuentran seis departamentos: Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Piura y San Martín. En el cuarto grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 12.1% y 14.6% se encuentran los departamentos de: Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. En el último grupo con las tasas de pobreza más baja de 2.1% y 4.8%, se encuentran Ica y Madre de Dios.

Como hemos dicho anteriormente en Lampadia la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social. Lo contrario ha sucedido, por ejemplo, en Cajamarca, donde más del 50% de la población son pobres. El Jefe del INEI informó que “en el año 2010, cinco departamentos tenían a más del 50% de su población en situación de pobreza y, en el año 2015, solo el departamento de Cajamarca tenía al 50.8% de su población en condición de pobreza”.

En Cajamarca la inversión pública está estancada por mala gestión pública y porque el sector privado ya no genera riqueza, la productividad del agro es de las más bajas del país, seis veces menor que en Arequipa, y grupos anti mineros han impulsado una agenda política anti-inversión que paralizó un proyecto de US$ 4,800 millones en Conga y los demás proyectos de la región, que hubieran generado miles de empleos y encadenamientos productivos. Una región ‘mágica’, que podría ser la más rica del Perú, se encamina sin pausa a la miseria.

Por lo tanto, la verdadera medida contra la pobreza es el crecimiento. Sin él, jamás se podrá luchar ni reducir la pobreza del país. Por ejemplo, llama la atención cómo es que tres regiones (Ica, Ayacucho y Cusco) que crecieron a niveles internacionales como India y China durante casi una década, ahora estén aumentando su nivel de pobreza y desigualdad. Esto se puede observar en el gráfico inferior:

Evolución del gasto real

Según el INEI, en el año 2017, el gasto real promedio per cápita mensual fue de S/. 732 y en comparación con el nivel de gasto del año 2016, disminuyó en 0.2%. En tanto, en los últimos cinco años aumentó en 4.9%, al pasar de S/. 698 a S/. 732 en el año 2017.

 Evolución del ingreso real

En el año 2017, el ingreso real promedio mensual por persona se situó en S/. 962 y respecto al año 2016 disminuyó en 1.5%. En los últimos cinco años, el ingreso real promedio per cápita aumentó en 3.8%.

Todas estas cifras muestran que, lamentablemente, la situación en el Perú viene desmejorando en los últimos años. Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, en 2011 se produjo un punto de inflexión, tanto en aspectos sociales como económicos. (Ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo). Es justamente esta falta de crecimiento económico y de inversión lo que ha vuelto más lenta la reducción de la pobreza.

Desigualdad

Por otro lado, el indicador de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos) muestra la misma tendencia que la línea de la pobreza. Al comparar el coeficiente de Gini se observó que en los últimos cinco años disminuyó en 0.01 punto porcentual y en los últimos diez años disminuyó en 0.07 al pasar de 0.50 a 0.43.

Para que el Perú mejore reduzca la pobreza, es necesario que el sector privado alcance una mayor eficiencia e invierta en innovación y tecnología. Para impulsar la producción potencial se requerirán importantes reformas estructurales y así mejorar la productividad, la inversión, el capital humano y el empleo formal. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro. Para enfrentar este tremendo reto se tienen que generar recursos financieros suficientes para una mayor inversión y así evitar trabas paralizantes. Esto es clave, ya que no hay desarrollo sin crecimiento económico.

Este objetivo se logra manteniendo un crecimiento alto y sostenido, para lo que hay que retomar la inversión privada en general y, en particular, la de minería. Tenemos que recuperar nuestro crecimiento económico, que es el principal camino para la reducción de la pobreza y la desigualdad, la generación de empleo y la recaudación fiscal. Lampadia

El cambio de posta de PPK a Vizcarra es una nueva oportunidad para que hagamos las cosas bien y retomemos la senda de crecimiento que abandonamos el 2011. Es el momento de recuperar el espíritu de la primera vuelta de las elecciones del 2016, en las que un 80% de los ciudadanos votamos por retomar la economía de mercado y rechazamos el estatismo.

Esta oportunidad le plantea a Martín Vizcarra que convoque a su gobierno, a quienes lo ayuden a recuperar dos años perdidos en adición a los cinco años de regresión que nos dejó el ‘nacionalismo filo chavista y lulista’ de Ollanta Humala. Como hemos dicho la semana pasada, una de las tareas fundamentales del gobierno, debe ser comunicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que pueden hacernos ricos o regresarnos definitivamente a la pobreza. Ver en Lampadia: Le toca a Martín Vizcarra traer la fuerza provinciana.

Lamentablemente el Perú tuvo un punto de inflexión el 2011, con el llamado “gobierno de la inclusión”, que ofreció ‘crecimiento con inclusión’, pero no nos dio ‘ni crecimiento ni inclusión’. Así se estancó nuestro crecimiento virtuoso que fue claramente pro-pobre y pro-clase media, redujo la desigualdad y generó inversión y empleo en las regiones, dinamizando, incluso, el sector rural.

Peor aún, ya con PPK en el gobierno, nuestro “gobierno de lujo” no solo no corrigió los errores de Humala, sino que nos hundió en una crisis generalizada, en la que se rompió hasta la esperanza de mejores tiempos.

Como hemos dicho ayer, ‘el Perú es un país fértil. Con solo hacer las cosas en la dirección correcta, las calidades de nuestra gente y nuestros inmensos y variados recursos, nos permitirán retomar el camino de la prosperidad’.

Después de siete años de torpeza, corremos el riesgo de olvidar lo que hicimos hace pocos años sacando al Perú de una situación que parecía irremediable, en 1990; y que supimos llevar a una cadena de realizaciones que sorprendió a tirios y troyanos. Ver nuestro análisis: Las cifras de la prosperidad, que PRUEBA que, con inversión privada, redujimos la pobreza y la desigualdad, la mortalidad infantil, aumentó el empleo y los ingresos en las regiones, incluyendo al sector rural, aumentamos la productividad, creamos una clase media emergente que superó el 50% de la población, bajaron las tasas de interés y logramos el grado de inversión.

Para que veamos como salir de este ciclo vicioso y retomar los caminos de la prosperidad, presentamos líneas abajo, una revisión de la evolución de los indicadores más importantes, que determinan la salud de nuestro país. Esperamos así, que podamos ayudar al equipo del presidente Vizcarra a tener una base objetiva para marcar el camino y medir nuestro desarrollo.

Crecimiento de la Economía

Luego de crecer un débil 4.0 % en 2016, nos desaceleramos aún más el 2017, llegado a tan solo 2.5 %, principalmente como resultado de un menor impulso del consumo privado y la inversión, tanto pública como privada. El consumo privado se vio afectado principalmente por el impacto del Niño Costero y la incapacidad del gobierno para dinamizar la inversión públicay privada.

No nos olvidemos que la caída del crecimiento se dio el 2011 con la parálisis de la inversión minera, que empieza con el papelón del gobierno de Humala con el proyecto de Conga. 

Esto se reflejó muy pronto en un menor crecimiento, pero como mostró el IPE, de haber mantenido la inversión minera el crecimiento se hubiera dado como se muestra abajo:

Es pues muy claro que, al son de las notas discordantes de los anti-mineros, comandados por el ex cura Arana, Gregorio Santos, con el soporte seudo técnico de Cooperacción, de José de Echave, más los vergonzosos ecos de buena parte de los medios de comunicación, los peruanos apagamos el principal motor del crecimiento de la economía.

El Perú puede mantener un ritmo de crecimiento alto y sostenido. Para ello tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en operaciones modernas, compatibles con el cuidado del medio ambiente, y positivas para su entorno social. Y no olvidemos lo que dijo el HSBC, hace algunos años, si manteníamos un crecimiento mínimo de 5.5% anual, el Perú podía ser, hacia el 2050, la economía número 26 en el mundo, con los siguientes resultados en los ingresos de la población:

Haber parado la inversión minera y colapsado nuestro crecimiento, enfrentando a peruanos humildes en las regiones más pobres del Perú, ha sido una traición a los pobres del país. Tener los recursos y la posibilidad de crecer y de reducir la pobreza; y no hacerlo por mandato ideológico, o por estrategias de búsqueda de poder, o incluso, como medio de vida individual, es uno de los peores crímenes que se pueden cometer en un país pobre.

Pero el reto de crecer no es sencillo. Requiere de un esfuerzo sostenido. Pero lo importante es que tenemos cómo hacerlo, ciudadanos trabajadores y todos los recursos habidos y por haber. Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Reducción de la Pobreza y Desigualdad

Tras una década de crecimiento récord, hasta el 2013, además de la reducción de la pobreza y la desigualdad, se consolidó una nueva clase media emergente. Según una declaración de Fidel Jaramillo, anterior representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente).

Para derrotar la pobreza es indispensable crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social y este depende del nivel de inversión, especialmente de la inversión privada que explica más del 80%. Y es que la relación positiva entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentada en la literatura económica. En el caso peruano, durante la última década, el crecimiento sostenido impulsado por la inversión privada, la apertura de los mercados y la disciplina macroeconómica logró reducir la pobreza en 43% y la pobreza extrema en 60%.

Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo en primera instancia la inversión minera y en segunda, las infraestructuras. (Ver en Lampadia: Volvamos a prender el motor de la economía).

Desnutrición

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6%. Pero el 2011, se invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable.

Dinamización de la economía en la regiones:

Nuestra geografía económica y social cambió radicalmente. La inversión, la economía, el empleo y los ingresos hicieron que las regiones crezcan más que en Lima. Por ejemplo, durante la última década, el empleo y los ingresos han crecido el doble en provincias, más en las zonas rurales que en las urbanas y más en la sierra y la selva que en la costa.

Regulaciones que matan el crecimiento

Existe una notoria limitación al potencial del comercio debido a las restricciones domésticas generadas por las barreras burocráticas. Estas son las mismas barreras que Lampadia viene criticando arduamente, argumentando que se ha formado un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales. 

Un claro ejemplo es el caso de la minería, donde hemos pasado de dos normas en los 90’s a 201 en la actualidad. (Ver en Lampadia: Hacia una minería más (in)sostenible económicamente) Es justamente esta parálisis en la inversión minera lo que ha terminado desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo.

Déficit fiscal

En el Perú, hace unos años vivíamos en una economia superavitaria, pero debido a los malos gobiernos recientes, hemos regresado a viivir con déficit fiscal después de muchos años. Llegando a una situación que inclusive preocupa en términos de largo plazo, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Inversión Privada y Pública

Martín Vizcarra parece que ha empezado con el pie derecho. En su discurso, afirmó que se fomentará la inversión privada en el país: “Fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas”, anticipó.

El presidente del BCR, Julio Velarde, señaló que el 2018 podría representar el inicio una fase de crecimiento alto, pero ello dependerá de la recuperación de la confianza empresarial y la prolongación del buen momento de los precios externos de los minerales, lo cual impactará en la inversión privada.

“La inversión privada puede ser más alta en el 2019 y el 2020, esperaría que vaya mejorando en el tiempo. Mucho tiene que ver con recuperación de la confianza y el crecimiento mismo de este año”, aseveró. “Si las empresas ven que la demanda está creciendo van a tener que invertir para satisfacer esa demanda entonces entramos a un ciclo positivo que podría mantenerse por mucho tiempo”, subrayó.

Por su lado, la calificadora financiera Fitch Rating indicó que la experiencia del actual presidente Martin Vizcarra promoverá nuevos proyectos mineros. El actual mandatario fue anteriormente gobernador regional de Moquegua y tuvo buenos resultados en negociaciones con comunidades cercanas a las zonas mineras.

A los jóvenes del Perú

Quizás lo más importante es aumentar la confianza en el gobierno. Vizcarra tiene la enorme tarea de unir al país. Tuvo un buen comienzo: En su discurso de inauguración anunció que “lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”. Pero empecemos por ver qué le decimos a los jóvenes.

En la política y medios peruanos se asume que la naturaleza de nuestros jóvenes es la que de tiempo en tiempo observamos en las ruidosas marchas, que normalmente se desarrollan contra alguna norma o contra algún personaje. Nada más falso de la realidad.

Nuestros jóvenes saben muy bien cómo y dónde deben proyectar sus vidas, y hoy, lamentablemente, con los impactos acumulados del gobierno de Humala con su espíritu anti inversión privada, y la pésima gestión de PPK, hemos vuelto a generar en los jóvenes el deseo de emigrar. Ver en Lampadia: Recrudece el deseo de emigrar.

Lo más dramático es el caso de nuestros jóvenes:

• El deseo de emigrar de los jóvenes es de 76% a nivel nacional (primera vez que se mide fuera de Lima).
• El deseo de emigrar de los jóvenes en Lima es de 83%. En 2014 era 61%.
• El deseo de emigrar en Lima se ha vuelto a disparar a los niveles del 2008.

No hay peor indicador que el de tus jóvenes pensando en emigrar. Tenemos que interpretarlo como un país donde su población, y mayormente sus jóvenes, están dispuestos a apagar las luces e irse a algún otro lugar del mundo.

Pero, ¿qué está en el pensamiento de los peruanos cuando expresan su deseo de emigrar?

Cuando nuestros ciudadanos piensan en emigrar, proyectan sus vidas fundamentalmente a economías de mercado, donde están dispuestos, tal como los tres millones que ya están en el exterior (el 10% de nuestra población), a trabajar largas horas, a cumplir las leyes, a educar a sus hijos, a ahorrar,  a participar en la vida cívica de los países que los reciben, y a enviar dinero a sus familiares en el Perú.

¿Cómo debemos interpretar toda esta información?

1. Los peruanos, especialmente los jóvenes, saben medir con precisión la salud del país.
2. Cuando el Perú deja de ofrecerles el espacio adecuado para su desarrollo personal, se proyectan a economías de mercado en el exterior.
3. Esto implica que su pensamiento individual está muy alejado de las ideas del populismo, el socialismo y el estatismo.
4. Mientras siguen en el Perú, se siguen expresando políticamente en concordancia con una suerte de pensamiento social, más proclive al populismo, el socialismo y el estatismo.

Evidentemente, la trampa de la política peruana es seguir interpretando el pensamiento de los peruanos en función del oportunista ‘pensamiento social’, y no en función del realista ‘pensamiento individual’, que determina la búsqueda de mejores espacios de desarrollo personal en el exterior.

Tenemos que ofrecerles a nuestros jóvenes, espacios de vida en su patria, donde puedan apostar que su esfuerzo personal les dé las mismas oportunidades de bienestar, por las cuales están dispuestos a luchar fuera del Perú, lejos de sus familiares y amigos, sin sus comidas y sus fiestas.

Esperamos que esta nueva oportunidad que tenemos los peruanos, con la conducción del gobierno por Martín Vizcarra, nos permita analizar nuestras mejores opciones de manejo de gobierno, leyendo la realidad y alejados de los juegos de poder. Lampadia

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco transitamos al estancamiento. Luego de cinco años de una creciente caída de la inversión privada y pública, en vez de corregir el clima de inversión y apostar a ganador activando los proyectos paralizados, tanto en minería como en infraestructuras, el nuevo gobierno se contentó con plantear un crecimiento de 5% hacia al 2021.

El 2016 cerró mal, con un tercer año de caída de la inversión privada (-5.5%) y de la pública de 0.1% (la inversión privada tuvo una caída acumulada de 11.8% en tres años y la pública de 9.3%), el crecimiento no llegó al 4% y la demanda interna se desbarrancó a menos de 1%.

Según el Reporte de Inflación de Junio del BCRP, la inversión del sector privado se ha revisado a la baja para este 2017, pasando de 2.5 % a -1.8 %, principalmente por la paralización de obras de infraestructuras y por una caída de la inversión minera, luego de la culminación de los proyectos de inversión de cobre.

Para el 2017, se proyectó un crecimiento de 4%, que luego fue reduciéndose hasta 2.8% según el BCR y menos de 2% conforme a previsiones independientes. El INEI anunció la semana pasada que el crecimiento de abril fue prácticamente cero (0.17%), la cifra más baja desde el accidente fiscal de setiembre del 2009.

Con el resultado de abril, la economía peruana acumula un pobrísimo crecimiento de 1.58% entre enero y abril del presente año. Lamentablemente, con los impactos del escándalo de corrupción de las empresas constructoras de Lula, el padrino de las izquierdas latinoamericanas, y del ‘niño costero´, es difícil determinar el impacto en la inversión y el crecimiento de estos shocks externos y separarlos de la debilidad del gobierno en su importantísimo rol de reactivar la economía. Por supuesto, las autoridades y sus adláteres, le echan toda la culpa al niño y la corrupción. En nuestra opinión, la debilidad de la economía se debe a importantes fallas del gobierno.

Errores del gobierno que han debilitado la economía

• El mantener el coqueteo político con el humalismo y con las izquierdas evitó una gestión mas asertiva
• No haber mostrado capacidad para enfrentar los llamados conflictos sociales permitió que se multiplicaran en la minería y turismo
• No haber logrado destrabar las inversiones en infraestructuras
• Haber cortado el gasto público a finales del 2016, con lo que colapsó la demanda interna
• No  haber tomado recaudo para evitar la parálisis de los proyectos de infraestructuras, la caída del sector construcción y llevarnos enfrentar el riesgo del corte de la cadena de pagos al estallar el escándalo de corrupción indicado. Sobre esto, en Lampadia propusimos oportunamente:

Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía. Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.

Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales.

De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad. (Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

• Permitir que dentro del propio gobierno, primero con Martín Vizcarra, luego uno de los procuradores y finalmente Pablo de la Flor, contravengan los planteamientos del Presidente de la República y del Primer Ministro, sobre la participación de las empresas constructoras peruanas en los proyectos de la ‘reconstrucción con cambios’. Con lo cual se puede estar destruyendo el sector construcción, dejando sin trabajo hasta un millón de peruanos y arriesgando el corte de la cadena de pagos. Todo por confundir las eventuales responsabilidades penales de algunos directivos empresariales con la de las empresas en su conjunto y los miles de trabajadores del sector, evidentemente inocentes de los supuestos actos de corrupción. (Ver en Lampadia: Cortemos la parálisis del Perú)

Según el INEI, en abril disminuyeron su producción siete sectores: Construcción, Manufactura Agropecuario, Electricidad, Gas y Agua, Financiero, Servicios Prestados a Empresas y Comercio.

Como se vino anticipando, el sector Minería e Hidrocarburos dejó de llevarse la economía al hombro y en abril su crecimiento fue ‘cero’. Entre el 2015 al 2016, entran en operación los últimos grandes proyectos de inversión minera, apagándose el principal motor económico del nuestra economía, responsable, incluso de la positiva transformación del sector industrial.

Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo la inversión minera y el desarrollo de los proyectos de infraestructuras.

Lamentablemente, en la actualidad, la mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’. Ver en Lampadia: El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

Además, Lampadia publicó recientemente su primer libro junto al Centro Wiñay, en el cual se recoge un largo esfuerzo de sistematización del análisis de la naturaleza de la conflictividad minera. El material de base del libro forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo, en la que hemos dado una importancia especial a los aspectos de conflictividad. También hemos resaltado la importancia

El sector Construcción se contrajo 8%, su octava caída consecutiva desde setiembre del 2016. Según el INEI, la caída se debe a un menor consumo interno de cemento (-8.84%) y menor inversión en obras públicas (-6.12%%) y del gobierno regional (-21.9%).

Esta situación empieza a hacerse notar en la debilidad en el empleo. Según el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral de Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del INEI, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó marginalmente en 1.0% al crearse 48,100 nuevos empleos. Sin embargo, la población con empleo adecuado disminuyó en 55,400 empleos respecto a igual periodo del año anterior. Por otro lado, la población subempleada aumentó en 6.2%, explicado principalmente por el incremento del subempleo por horas (17.8%). Esto da indicios que, en realidad, el tamaño del mercado se sigue contrayendo en la capital.

El ingreso real de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada disminuyó 0.6 % en enero de 2017, después de registrar tasas positivas durante siete meses consecutivos.

¿Qué podemos esperar?

La inversión pública, lejos de dinamizar la economía del país, acumula una caída de 15.2% entre enero y mayo de este año, principalmente porque solo se ha ejecutado el 19.6% del presupuesto de inversión pública de este año. Según su último reporte, la inversión pública debería crecer aproximadamente 19.3% en el segundo semestre del año para cumplir con el estimado de crecimiento de 7% al cierre del 2017, cifra que es considerablemente más baja que la proyección oficial del gobierno sobre la inversión pública este año (que era de 15%).

El Perú puede y debe mantener un ritmo alto de crecimiento. Como mínimo de 5.5% anual. No promover esa meta es renunciar a nuestra obligación más elemental: buscar el bien común a la mayor velocidad posible. Ver en Lampadia: En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

El Perú necesita un mayor crecimiento para cerrar nuestras brechas. Liliana Rojas-Suárez, publicó un análisis sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos un mínimo de 13 años para nivelarnos a los avanzados más recientes.  Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Los peruanos necesitamos emprender urgentemente, un gobierno extraordinariamente bueno. Nuestras agendas pendientes son inmensas y difíciles de lograr. Para acercarnos al éxito se requiere un liderazgo muy claro y definido y equipos de gobierno completamente unidos.

Tres requisitos para volver a crecer y disminuir la pobreza:

• Destrabar los proyectos de infraestructuras
• Permitir el desarrollo de los proyectos mineros que están paralizados por interferencias políticas
• Parar la guerra de guerrillas entre el Ejecutivo y el Congreso y avenirse a desarrollar un ‘pacto de punto fijo’ sobre tres a cinco temas cruciales. Los llamados a meter un manazo en la mesa, después del necesario ´mea culpa´, son PPK y KF

Todavía podemos retomar el camino de la sensatez. Todavía podemos evitar una regresión de diez años, que nos transportaría hacia nuestras peores experiencias de desgobierno y empobrecimiento. Tenemos todo para avanzar hacia el bienestar común de todos los peruanos, los recursos, la posición macroeconómica y gente trabajadora. Solo falta un ‘buen sopapo’ que haga reaccionar a nuestra clase dirigente, para que se faje por el futuro de sus hijos y nietos. Lampadia

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco transitamos al estancamiento. Luego de cinco años de una creciente caída de la inversión privada y pública, en vez de corregir el clima de inversión y apostar a ganador activando los proyectos paralizados, tanto en minería como en infraestructuras, el nuevo gobierno se contentó con plantear un crecimiento de 5% hacia al 2021.

El 2016 cerró mal, con un tercer año de caída de la inversión privada (-5.5%) y de la pública de 0.1% (la inversión privada tuvo una caída acumulada de 11.8% en tres años y la pública de 9.3%), el crecimiento no llegó al 4% y la demanda interna se desbarrancó a menos de 1%.

Según el Reporte de Inflación de Junio del BCRP, la inversión del sector privado se ha revisado a la baja para este 2017, pasando de 2.5 % a -1.8 %, principalmente por la paralización de obras de infraestructuras y por una caída de la inversión minera, luego de la culminación de los proyectos de inversión de cobre.

Para el 2017, se proyectó un crecimiento de 4%, que luego fue reduciéndose hasta 2.8% según el BCR y menos de 2% conforme a previsiones independientes. El INEI anunció la semana pasada que el crecimiento de abril fue prácticamente cero (0.17%), la cifra más baja desde el accidente fiscal de setiembre del 2009.

Con el resultado de abril, la economía peruana acumula un pobrísimo crecimiento de 1.58% entre enero y abril del presente año. Lamentablemente, con los impactos del escándalo de corrupción de las empresas constructoras de Lula, el padrino de las izquierdas latinoamericanas, y del ‘niño costero´, es difícil determinar el impacto en la inversión y el crecimiento de estos shocks externos y separarlos de la debilidad del gobierno en su importantísimo rol de reactivar la economía. Por supuesto, las autoridades y sus adláteres, le echan toda la culpa al niño y la corrupción. En nuestra opinión, la debilidad de la economía se debe a importantes fallas del gobierno.

Errores del gobierno que han debilitado la economía

• El mantener el coqueteo político con el humalismo y con las izquierdas evitó una gestión mas asertiva
• No haber mostrado capacidad para enfrentar los llamados conflictos sociales permitió que se multiplicaran en la minería y turismo
• No haber logrado destrabar las inversiones en infraestructuras
• Haber cortado el gasto público a finales del 2016, con lo que colapsó la demanda interna
• No  haber tomado recaudo para evitar la parálisis de los proyectos de infraestructuras, la caída del sector construcción y llevarnos enfrentar el riesgo del corte de la cadena de pagos al estallar el escándalo de corrupción indicado. Sobre esto, en Lampadia propusimos oportunamente:

Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía. Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.

Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales.

De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad. (Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

• Permitir que dentro del propio gobierno, primero con Martín Vizcarra, luego uno de los procuradores y finalmente Pablo de la Flor, contravengan los planteamientos del Presidente de la República y del Primer Ministro, sobre la participación de las empresas constructoras peruanas en los proyectos de la ‘reconstrucción con cambios’. Con lo cual se puede estar destruyendo el sector construcción, dejando sin trabajo hasta un millón de peruanos y arriesgando el corte de la cadena de pagos. Todo por confundir las eventuales responsabilidades penales de algunos directivos empresariales con la de las empresas en su conjunto y los miles de trabajadores del sector, evidentemente inocentes de los supuestos actos de corrupción. (Ver en Lampadia: Cortemos la parálisis del Perú)

Según el INEI, en abril disminuyeron su producción siete sectores: Construcción, Manufactura Agropecuario, Electricidad, Gas y Agua, Financiero, Servicios Prestados a Empresas y Comercio.

Como se vino anticipando, el sector Minería e Hidrocarburos dejó de llevarse la economía al hombro y en abril su crecimiento fue ‘cero’. Entre el 2015 al 2016, entran en operación los últimos grandes proyectos de inversión minera, apagándose el principal motor económico del nuestra economía, responsable, incluso de la positiva transformación del sector industrial.

Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo la inversión minera y el desarrollo de los proyectos de infraestructuras.

Lamentablemente, en la actualidad, la mejor idea del gobierno para facilitar las inversiones en minería está siendo malograda por el propio gobierno. El Ministerio de Energía y Minas está apurando desembolsos y ofrecimientos de apoyo económico bajo el paraguas del ‘adelanto social’, sin vinculación alguna con el desarrollo de  proyectos mineros específicos. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido la naturaleza y la potencia del ‘adelanto social’. Ver en Lampadia: El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’

Además, Lampadia publicó recientemente su primer libro junto al Centro Wiñay, en el cual se recoge un largo esfuerzo de sistematización del análisis de la naturaleza de la conflictividad minera. El material de base del libro forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo, en la que hemos dado una importancia especial a los aspectos de conflictividad. También hemos resaltado la importancia

El sector Construcción se contrajo 8%, su octava caída consecutiva desde setiembre del 2016. Según el INEI, la caída se debe a un menor consumo interno de cemento (-8.84%) y menor inversión en obras públicas (-6.12%%) y del gobierno regional (-21.9%).

Esta situación empieza a hacerse notar en la debilidad en el empleo. Según el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral de Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del INEI, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó marginalmente en 1.0% al crearse 48,100 nuevos empleos. Sin embargo, la población con empleo adecuado disminuyó en 55,400 empleos respecto a igual periodo del año anterior. Por otro lado, la población subempleada aumentó en 6.2%, explicado principalmente por el incremento del subempleo por horas (17.8%). Esto da indicios que, en realidad, el tamaño del mercado se sigue contrayendo en la capital.

El ingreso real de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada disminuyó 0.6 % en enero de 2017, después de registrar tasas positivas durante siete meses consecutivos.

¿Qué podemos esperar?

La inversión pública, lejos de dinamizar la economía del país, acumula una caída de 15.2% entre enero y mayo de este año, principalmente porque solo se ha ejecutado el 19.6% del presupuesto de inversión pública de este año. Según su último reporte, la inversión pública debería crecer aproximadamente 19.3% en el segundo semestre del año para cumplir con el estimado de crecimiento de 7% al cierre del 2017, cifra que es considerablemente más baja que la proyección oficial del gobierno sobre la inversión pública este año (que era de 15%).

El Perú puede y debe mantener un ritmo alto de crecimiento. Como mínimo de 5.5% anual. No promover esa meta es renunciar a nuestra obligación más elemental: buscar el bien común a la mayor velocidad posible. Ver en Lampadia: En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

El Perú necesita un mayor crecimiento para cerrar nuestras brechas. Liliana Rojas-Suárez, publicó un análisis sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos un mínimo de 13 años para nivelarnos a los avanzados más recientes.  Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Los peruanos necesitamos emprender urgentemente, un gobierno extraordinariamente bueno. Nuestras agendas pendientes son inmensas y difíciles de lograr. Para acercarnos al éxito se requiere un liderazgo muy claro y definido y equipos de gobierno completamente unidos.

Tres requisitos para volver a crecer y disminuir la pobreza:

• Destrabar los proyectos de infraestructuras
• Permitir el desarrollo de los proyectos mineros que están paralizados por interferencias políticas
• Parar la guerra de guerrillas entre el Ejecutivo y el Congreso y avenirse a desarrollar un ‘pacto de punto fijo’ sobre tres a cinco temas cruciales. Los llamados a meter un manazo en la mesa, después del necesario ´mea culpa´, son PPK y KF

Todavía podemos retomar el camino de la sensatez. Todavía podemos evitar una regresión de diez años, que nos transportaría hacia nuestras peores experiencias de desgobierno y empobrecimiento. Tenemos todo para avanzar hacia el bienestar común de todos los peruanos, los recursos, la posición macroeconómica y gente trabajadora. Solo falta un ‘buen sopapo’ que haga reaccionar a nuestra clase dirigente, para que se faje por el futuro de sus hijos y nietos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos días hemos visto arreciar una campaña contra el Seguro Integral de Salud (SIS) acusándolo de desfinanciar a los hospitales y centros de salud al no transferirles lo que se les adeuda y reducir las tarifas que paga por diversas prestaciones. La Federación Médica y voceros de diversos hospitales han señalado que el SIS adeuda 700 millones de soles (o incluso mucho más) a los hospitales y que por eso la calidad de la atención es cada vez más pobre.

Lo que está ocurriendo, en realidad, es un movimiento de resistencia a los cambios que buscan erradicar prácticas corruptas y gastos indebidos. 

Es cierto que la población asegurada en el SIS ha crecido a una velocidad mayor que los recursos financieros. Ha pasado de 5.8 millones de asegurados el 2002 a 18 millones en la actualidad. De estos, alrededor de 5 millones no serían pobres según el “Informe de la Comisión Interventora del SIS” (Enero 2017),[1] siendo condición para la  afiliación ser pobre o pobre extremo. Hay allí, para comenzar, un problema de mala gestión que ha generado una masiva] filtración. El presupuesto del SIS también ha sufrido una cierta reducción a partir del año 2015: bajó de 1,756`278,819 soles ese año a 1,558`689,609 el 2016 y a 1,400’996,418 este año.

No obstante, también es cierto que el gasto ha sido ineficiente, desviado a otros destinos y eventualmente presa de corruptelas prácticamente institucionalizadas. Es decir, podría ser más bajo  y más eficiente. Si el gasto se hubiese hecho bien, quizá la deuda no sería de 700 millones, sino mucho menor. Debe precisarse que los 700 millones se refieren a la deuda acumulada  de años anteriores. No es deuda de este año o de la gestión presente. Edmundo Beteta, jefe del SIS, informa que en los últimos 7 meses ha transferido 1,000 millones de soles a las entidades prestadoras. 

Los directores de los hospitales y la Federación Médica han reclamado el pago de esos 700 millones. Ante ello, el SIS decidió iniciar un trabajo de revisión y validación de esa deuda. Aplicó un software sencillo y descubrió un conjunto muy amplio de prácticas corruptas a las que denomina con el eufemismo de “Inconsistencias”.

En el siguiente cuadro, referido solo a partos y cesáreas, podemos ver la manera desvergonzada como se inventaban intervenciones quirúrgicas o atenciones imposibles. 194 hombres dieron a luz, 143 ancianas también pudieron alumbrar, y nada menos que 34,812 mujeres pudieron dar a luz dos veces en menos de dos o tres meses, entre otros maravillosos milagros.

La resurrección es también un milagro frecuente entre los asegurados del SIS, pues varias personas han cobrado por sepelio más de una vez, en conexión con funerarias. Allí no queda la cosa: una persona se operó 200 veces de cataratas.  En un colegio que recibía Kali Warma, el 80% de los niños respecto de los cuales se reportó que se les había hecho curaciones dentales, no se les había efectuado tales curaciones. Y así sucesivamente.

Podemos inferir, entonces, que cuando menos parte de las protestas actuales contra el SIS por supuesta falta de transferencia de fondos, obedecen al hecho de que se está empezando a descubrir prácticas corruptas y, naturalmente, se está empezando a introducir ajustes y controles. Pues, fuera de las prácticas fraudulentas reseñadas, también se desperdicia dinero en gastos que el SIS no debe pagar. Es decir, se destinan a fines que no corresponden. Los hospitales usan parte –se calcula que alrededor de la mitad- del dinero del SIS como “caja chica”, para otros fines (remuneraciones, equipos, refacciones), a costa del gasto en medicinas.

Tarifa solo costos variables 

Parte de ese fenómeno tenía que ver con un tarifario mal hecho, que reconocía indebidamente costos fijos, que no corresponden al SIS sino al Ministerio de Salud o a los gobiernos regionales. El tarifario, entonces, ha empezado a sincerarse. Como consecuencia, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Cesar Vásquez, ha “denunciado” que el SIS ha reducido tarifas “brutalmente”. Por ejemplo –dijo- “una tomografía ha bajado de 145 a 32 soles”. Pero  Edmundo Beteta lo explica: “Por una tomografía se pagaba 145 soles, de los cuales 116 soles correspondían al  conjunto de disparos de un tubo. Pero el  disparo del tubo es el uso del tubo, y el tubo es un equipo,  un costo fijo, y los equipos se pagan con recursos ordinarios, no con el SIS. Lo que el SIS sí paga en las tomografías es el material de aseo, las placas para impresión de imágenes, la sábana de camilla, es decir, los costos variables”. 

En efecto, según la norma, el SIS debe pagar solo por los medicamentos y análisis recetados por el médico y por los insumos usados en las intervenciones. No paga ni sueldos ni equipamiento ni infraestructura. Sólo paga los gastos variables. El presupuesto del SIS es solo el 9% del presupuesto total del Sector. En realidad, esta reforma del SIS debería venir acompañada de una reforma del presupuesto ordinario (el que viene del MINSA o los gobiernos regionales) de los establecimientos de salud, que introduzca también racionalidad por resultados y mejore la asignación donde realmente sea necesario. Para ello, la gerencia de los hospitales debería ser tercerizada.

Mientras tanto, la racionalización del SIS ha puesto a los hospitales en pié de guerra y están reclamando los 700 millones de deuda. El SIS está en proceso de negociar convenios nuevos con los hospitales que no solo suponen un tarifario más ajustado sino más controles y penalidades si se revela información falsa.  E indicadores de calidad en la atención y el servicio, pues la atención al asegurado es muy mala. Pero también incentivos. Algunos hospitales se resisten.   

El informe de la Comisión Interventora del SIS reveló que prácticamente no hubo control en el pasado porque “solo se auditó menos del 1% de las prestaciones de manera presencial”. Eso se va a incrementar con un número mayor de auditores, de manera muestral. También se pondrá énfasis en los análisis de consistencia de la información. 

Pese a todo, el INEN, que había hecho un plantón, ya firmó el nuevo convenio. Lo mismo el Hospital Loayza, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Casimiro Ulloa, el Hospital de Emergencias Pediátricas, el Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé, el Instituto Nacional del Niño San Borja y el Hospital de Emergencias Villa el Salvador. El Hospital María Auxiliadora y el Sergio Bernales. Y algunos Gobiernos Regionales.

Estos últimos manejan sus propios hospitales y también el primer nivel de atención, los centros de salud y las postas. Para este último efecto se eligieron indicadores de calidad en salud preventiva. Cada región se puso metas en reducción de desnutrición, anemia y embarazo adolescente, y se les da un bono de hasta 35% por el cumplimiento de esas metas. Dicho cumplimiento es verificado por el INEI, que mide el peso y la talla de los niños.

Desvíos a clínicas propias o de amigos

La resistencia de algunos hospitales obedece también a otras corruptelas que se han detectado y están siendo erradicadas. Una de ellas ha sido el incremento explosivo de las atenciones en emergencias de clínicas privadas. Un asegurado del SIS puede ir a la clínica privada más cercana si sufre una emergencia con riesgo vital, y el SIS paga la cuenta. Según el Informe de la Comisión Interventora del SIS, el 2014 se pagó por esa modalidad 1.7 millones de soles. El 2016, ¡114 millones! Había muchos casos que no eran de emergencia, y otros que comenzaron en emergencia, fueron estabilizados, y después en lugar de salir permanecieron en la clínica muchos días (28 casos de pacientes con estancias que se encuentran entre los ¡100 y 381 días!). 

Pero el factor principal de ese incremento fue que médicos de los propios hospitales aprovecharon para derivar pacientes a sus clínicas privadas o a las de médicos amigos. En efecto, el Informe revela muchos casos de emergencia que fueron atendidos por la oferta pública y posteriormente trasvasados hacia la oferta privada por el mismo responsable de la atención (ver cuadro). 

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

INEI estaría a punto de consagrar herramienta política en manos de indigenistas radicales, al incluir en el próximo censo las preguntas de auto identificación étnica, lo que sería la punta del iceberg de un sofisticado contrabando ideológico. 

El Censo –a realizarse en septiembre de año- tiene una característica especial respecto a los anteriores.  Será el primero que incluirá preguntas de auto-identificación étnica. Los Censos son una herramienta que brinda información para las políticas públicas y la investigación académica; pero también pueden ser herramientas para ejercer una poderosa influencia sobre la agenda política.

La inclusión de estas preguntas ha sido celebrada por varias organizaciones que estuvieron realizando una fuerte presión para lograrlo.  Sin embargo –tal como está planteada la pregunta- el sector minero y de hidrocarburos debería sentir preocupación por las potenciales implicancias que tiene la introducción de estas preguntas –repetimos, tal como han sido formuladas- para la conflictividad social.

¿Quiénes están interesados en incluir esta pregunta?
Instituciones públicas como el INEI y el Ministerio de Cultura fundamentan el incluir estas preguntas en la necesidad de poder visibilizar estadísticamente a los diversos grupos étnicos con el fin de poder entender su problemática particular y de esta manera diseñar políticas públicas específicas a los mismos. Sin embargo, este Censo ha sido identificado por múltiples organizaciones como el componente de una estrategia ideológica antiminera.

Para las organizaciones radicales el censo es una inmensa oportunidad y ha sido una de sus principales líneas de incidencia. La Confederación Nacional Agraria, La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, entre otras han manifestado claramente que consideran este Censo como una importantísima herramienta para el avance de sus agendas políticas e ideológicas. Este avance, proclaman, estará en función a que el mayor número de personas posible se identifique como indígenas en el Censo.

Para ello han realizado eventos de incidencia con académicos, líderes de opinión y autoridades  en las principales ciudades del país, propagado en radios de provincias spots en español quechua y aymara promoviendo la auto-identificación indígena y las “ventajas” de responder positivamente, actividades culturales itinerantes, entrevistas en medios, contenidos para redes sociales, y trabajo de base con diversas comunidades, entre otras actividades. Varias de estas actividades han sido realizadas usando recursos provistos por el Ministerio de Cultura y el INEI.

El concepto de “Territorio” para esta causa política

Es importante entender cuál es la agenda común de estas organizaciones y como la misma se vería fortalecida por el Censo.

Las organizaciones mencionadas tienen en común una defensa del indigenismo radical y el pos-extractivismo. Dentro de esta visión, contraria al desarrollo, es crucial el concepto de “Territorialidad”, el mismo que engloba un grupo humano diferenciado de la población general del país al interior de un espacio geográfico determinado (El Territorio). Esta población diferenciada conforma un “sujeto colectivo de derechos” entre los cuales el más importante es el de la auto-determinación. 

Este entendimiento de la autodeterminación implica la creación de un sistema jurídico propio e independiente del sistema peruano, el poder de veto sobre cualquier política pública nacional que les pueda afectar y el poder desplegar un modelo de desarrollo diferenciado del resto del país, al estilo de Chiapas en México.

La Territorialidad es entendida como el ejercicio autónomo de estos derechos por parte de los sujetos colectivos en estas áreas geográficas. Para estas organizaciones son los pueblos indígenas el “sujeto histórico” de su ideología pos-extractivista. Gracias a su cosmovisión y valores diferenciados del occidente materialista, podrá servir de laboratorio para el ejercicio del Buen Vivir. Para estas organizaciones este derecho al Territorio se da para cualquier conjunto humano que sea descendiente total o parcial de poblaciones prehispánicas, que conserve en parte costumbres pre-coloniales y que se auto identifique como indígena. En un país como el Perú estos criterios de descendencia y culturales podrían aplicarse a la casi totalidad de la población.

Posibles implicancias políticas de la pregunta de auto-identificación étnica

El Censo del 2017 y la Territorialidad se encuentran relacionados.  El resultado que buscan en la pregunta de auto-identificación étnica del  Censo se encuentra en las líneas de incidencia en  las que estas organizaciones se hallan involucradas. En la encuesta nacional de hogares realizada el 2014 un 15.47% de la muestra respondió de manera afirmativa la pregunta: Usted pertenece o se considera parte de un pueblo indígena? Por otro lado al darse la siguiente pregunta: Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. ¿Ud se considera: Quechua, aimara, blanco, nativo, afro-descendiente, etc.? Un 24% se consideraba quechua, aimara o nativo. Como se puede observar al hacer referencia a los antepasados y prescindir del término indígena el grado identificación originaria es más alta. Casi todos los peruanos tienen algún antecedente andino o africano.

La pregunta induce una fragmentación étnica de la población. Es esperable entonces que el diseño de la pregunta vaya dirigida a maximizar el porcentaje de la población a la que se le pueda calificar como “indígena”. De salir un porcentaje elevado de la población nacional como indígena estas organizaciones radicales podrán reclamar para sí la representatividad sobre todo este segmento poblacional, montar una agenda política en base a esa fragmentación étnica y simultáneamente incrementar su acceso a recursos por parte de los donantes internacionales al ser mayor la población que arguye defender.

Confederación Nacional Agraria CNA  – “Llamado a reconocernos como Indígenas u Originarios en Censo 2017”

Por ejemplo, organizaciones hostiles a la minería (no todas las que están interesadas en incluir esta pregunta) podrán desplegar las siguientes dinámicas socio-políticas:​

a- Uso de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú por razones utilitarias​

Si la auto-identificación por ciertas etnias es mayoritaria en zonas de influencia de proyectos mineros,  ciertos grupos de interés intentarán declarar esas zonas como pueblos indígenas, sobreponiéndose sobre la declarada por el Estado en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú[1] en el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura.  Si este reconocimiento oficial se da, permitiría el reclamar un conjunto de herramientas anti-mineras como la consulta previa, justicia intercultural, la aplicación del convenio 169 de la OIT, etc. Estas herramientas facilitan la conflictividad y la extracción de rentas a las empresas mineras y legitiman socialmente el ejercicio de acciones directas y violentas al margen de la legalidad.

Hay una campaña en las zonas de influencia minera en la que se propaga que la identificación de una población como indígena implica que se puede aplicar un conjunto de herramientas que debilitan la posición de las empresas y facilitan la extracción de rentas de las mismas. Por ello es posible que en las zonas cercanas a las operaciones mineras ocurra, durante el censo, una alta auto-identificación indígena por causas utilitarias, encubiertas como una cuestión de identidad étnica.  Esto incita a estas comunidades a obtener resultados que encuentren convenientes desde el punto de vista de obtención de rentas, y una distorsión de la información que se obtendría en el Censo. 

b- Consulta Previa a proyectos ya establecidos

Los proyectos extractivos en zonas habitadas por pueblos indígenas, requieren por ley,  realizar procesos de Consulta Previa. Los indigenistas radicales plantean que esta Consulta Previa incluye el derecho al consentimiento previo, lo que implica darle a determinadas comunidades poder de veto respecto a la realización de proyectos extractivos. En aquellas zonas en las cuales haya mayorías autoproclamadas como indígenas habrá activistas proclamando que los acuerdos entre la minera y los actores locales son nulos puesto que no se han realizado dentro del marco de la consulta previa. Se puede movilizar a la población creando un grado de conflictividad social con el argumento de que en un proceso de renegociación será posible extraer mayores recursos a la minera. En muchas ocasiones al estar ya establecido el proyecto minero el costo económico de las acciones directas serán mayor y con propensión de las Empresas y el gobierno a ceder a la presión.

c- Pluralismo étnico y fragmentación Jurídica

En las zonas autoproclamadas como indígenas se propiciará la aplicación del derecho consuetudinario. Es decir que instituciones comunales tales como la rondas o las asambleas comunales sean las instancias legitimas de aplicación de justicia en su ámbito. Este derecho está pensado para zonas de comunidades no contactadas, en las cuales la presencia del Estado a través de comisarías, jueces, y demás es limitada.  Pero esto abre la puerta a la aplicación de justicia a cualquier organización que se desarrolle en estas comunidades, sin importar si están son tradicionales o no.  Por ejemplo en Cajamarca, las rondas campesinas han aparecido en la década de los 70 y las rondas urbanas en años todavía más recientes.

Hay toda una corriente impulsora del “pluralismo jurídico igualitario” que tiene entre sus promotores  al actual Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a múltiples jueces, ONGs radicales y académicos. El brindarle a las rondas y comunidades las funciones del poder judicial implicaría para las empresas en general un nivel de incertidumbre bajo el cual sería muy difícil operar, en especial para las empresas mineras y de hidrocarburos. Basta imaginar cómo se resolverían cualquier potencial diferencia por tierras entre las empresas mineras y la población local.

d- Litigio Estratégico Emblemático

Existe un campo de activismo anti minero denominado “Litigio Estratégico” que consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos abusos de empresas extractivas contra población indígena. Los resultados del Censo facilitarán la intervención de la CIDH en los conflictos mineros y viabilizaran el determinar que un proyecto se hizo sin tomar en consideración los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto ya se dio en el caso de la Saramaka en la que  la CIDH dictaminó la no realización de un proyecto minero. Los resultados del Censo incrementarán la vulnerabilidad de los proyectos mineros al uso de Litigio Estratégico.

Conclusión

La información que se busca con esta pregunta, podría conseguirse por mecanismos que no impliquen una amenaza a las empresas mineras y de hidrocarburos, y que no propicien una segmentación de la sociedad en etnias. Preguntas que ayuden a brindar políticas públicas a comunidades con necesidades diferentes, como es el caso del idioma, son necesarias.  Es importante para el Estado identificar las zonas donde la presencia de un idioma es suficiente para brindar atención, materiales, documentos en dichos idiomas. Sin embargo, las preguntas no deben contribuir a la fragmentación social y jurídica de una sociedad que ya es muy fragmentada y que el Estado no logra aplicar la ley en todo su territorio.

Los grupos hostiles a la minería tienen suficiente presencia en las redes sociales de las comunidades para persuadirlos de obtener el resultado que están buscando.  En aquellas áreas en las que se han dado grandes conflictos sociales ligados a la minería las fuerzas políticas hostiles a la inversión minera han conseguido una hegemonía política. En las áreas como Conga, Tía Maria o las Bambas el agregado del voto de Verónica Mendoza y Gregorio Santos fluctúa entre un 60 y 80 por ciento. El conflicto social ha sido efectivo para deslegitimar, desmovilizar, amedrentar acallar a  los oponentes. Los radicales controlan las principales radios, organizaciones de la sociedad, civil e institucionalidad rural. Por ello se puede esperar que la campaña por la auto-identificación disponga de un apoyo mediático y político local bastante significativo en estas zonas.

Un porcentaje elevado, que se identifique como indígena generará condiciones favorables para la incidencia de los indigenistas radicales y hará que un sector importante de los líderes de opinión peruana estén dispuestos a impulsar la agenda de los radicales puestos que puede presentarse como el avance de los intereses de un sector amplio y marginado de la población. 

Los resultados del Censo servirán de insumo para múltiples estudios, análisis y artículos sobre la problemáticas “indígenas” que servirán como herramienta de incidencia ante la opinión pública y las políticas del Estado. Dada la naturaleza radical anti capitalista de gran parte de las organizaciones indigenistas estas verán fortalecida su capacidad para impulsar su agenda de “Territorialidad” y fragmentación jurídica.

Las preguntas de auto-identificación étnica en el Censo 2017 pueden desencadenar un dinámica política y social que incremente aún más la conflictividad social. Lamentablemente el Estado peruano está siendo instrumentalizado para brindar a organizaciones radicales un poderoso recurso para el avance de una agenda hostil al desarrollo y al mismo Estado. Alternativamente, los objetivos de mayor precisión y efectividad de políticas públicas para sectores sociales desfavorecidos puede conseguirse con preguntas respecto a lengua, costumbres y condiciones de vida, que permitan analizar problemáticas particulares sin que se brinde un activo estratégico para el  manejo político del indigenismo radical. Lampadia

[1] La siguiente lista presenta los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad. http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas