Por: Iván Alonso
El Comercio, 21 de julio del 2023

“El indicador más importante quizás sea el empleo”.

El último reporte del INEI sobre la economía no fue bueno. La producción nacional (el PBI) se contrajo 1,4% en mayo con respecto a mayo del año pasado. Nos encaminamos a un segundo trimestre consecutivo de caída. Los economistas nos recuerdan que la definición técnica de recesión –oh, una definición técnica– es, precisamente, la de dos trimestres consecutivos de caída del PBI.

¿En qué diccionario está esa definición? No lo sabemos. El que tenemos a la mano, nuestro viejo MIT Dictionary of Economics, define la recesión solamente como una “fase contractiva”, sin especificar la duración. El National Bureau of Economic Research (NBER), la entidad privada que es, desde hace décadas, la voz oficial sobre crecimiento y recesión en los Estados Unidos, la define como “el período entre un pico de actividad económica y su subsecuente valle”. Tampoco especifica la duración, pero en su lista oficial de recesiones desde 1857 todas, menos una, duraron seis meses o más. La excepción es una cortísima recesión de dos meses, entre febrero y abril del 2020.

Pero eso no quiere decir que toda contracción que dure seis meses (o dos trimestres) sea automáticamente clasificada como una recesión. En una discusión más extensa, que se encuentra en su página web, dice el NBER: “la mayoría de recesiones identificadas con nuestros procedimientos consisten en dos o más trimestres de caída en el PBI real, pero no todas”. Cita como ejemplos la del 2001, que no tuvo dos trimestres consecutivos de caída del PBI, y la del 2007 al 2009, que comenzó antes de que el PBI cayera dos trimestres consecutivos. Explícitamente, el NBER no acepta esa definición porque, entre otras razones, el PBI no es el único indicador que toma en cuenta. Lo que busca es la evidencia de una contracción de la actividad económica que sea profunda, extendida y duradera.

Con esos criterios en mente, ¿estamos o no estamos en una recesión en el Perú? La respuesta parece ser que no.

Comencemos desmenuzando el PBI. La minería ha estado creciendo todo el año; los servicios de alojamiento y restaurantes, unos de los más golpeados por la pandemia, también. Y no son los únicos. Otros que crecen son el comercio, el transporte y demás servicios. Caída generalizada de la producción no hay.

Por el lado del gasto, el consumo privado siguió creciendo moderadamente en el primer trimestre, a pesar de la inflación. Las exportaciones se están recuperando. Lo que sí viene cayendo –y profundamente– es la inversión privada. Pero eso, por sí solo, no es una recesión. Tampoco demuestra necesariamente que nuestra capacidad de producción haya mermado.

Pero el indicador más importante quizás sea el empleo. En Lima Metropolitana, al menos, nunca ha habido tanta gente trabajando, ni antes ni después de la pandemia. En el segundo trimestre del año eran 5,2 millones de personas, de la cuales tres millones estaban “adecuadamente empleadas”, según el INEI, 5% más que hace un año y con un ingreso promedio que ha crecido más que la inflación. Ojalá cuando se publiquen cifras del empleo a nivel nacional podamos ver una tendencia similar.

Entretanto, no desesperemos. La economía sigue resistiendo.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional creció en diciembre apenas un 0.5%, tras haber registrado resultados negativos durante nueve meses consecutivos. Esto ocasionó que la economía peruana acumulara un retroceso del 11.1% el año pasado, una caída mayor a la esperada para la región, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería del 7.4%. De esta manera, nuestro país se posicionó como uno de los más afectados en América Latina tras contraerse más que México (-8.5%), Colombia (-6.8%), Chile (-6%) y Brasil (-4.4%).

En particular, el desempeño peruano se explicó por la severidad de las restricciones implementadas para la contención de la COVID-19, las cuales también sobresalieron en la región (ver Semanario 1052). Esto afectó a sectores importantes para el país, como el de minería e hidrocarburos, que al tercer trimestre del año pasado contribuyó con el 12.6% del PBI nacional, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero acumuló una contracción del 13.6% con respecto a 2019, explicada por la paralización de actividades, aunque también por la menor disponibilidad de fuerza laboral por contagios o restricciones de movilización, según el INEI. Por su parte, la manufactura y el comercio decrecieron un 13.4% y un 11.8%, con lo que acumulan una participación del 11.8% y el 10.1%, respectivamente, que se explica por la menor demanda interna debido a los perjuicios de la crisis económica.

AMENAZANDO LA RECUPERACIÓN

Desafortunadamente, si bien la influencia de la pandemia en los sectores económicos comenzará a disiparse conforme se restablezcan las actividades y progrese el proceso de vacunación, asegurar el crecimiento estimado en enero por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año del 10% dependerá de la calidad de las políticas por implementarse. Por ello, resultan preocupantes ciertas propuestas electorales que, contrariamente a sus promesas, únicamente perjudicarían el desarrollo. En particular, tanto el BCRP como el MEF enfatizan en el riesgo que supone una mayor inestabilidad política y la necesidad de mayor inversión privada, pues esta representó un 14.7% del PBI el año pasado, en contraste con la pública, que apenas ascendió al 4.2%, según estimaciones del BCRP.

No obstante, la propuesta de cambiar la Constitución ha sido planteada por varios candidatos a la presidencia, apelando a que ello permitirá incrementar el desarrollo, entre otros aspectos. Lamentablemente, varios de los cambios que se aspira a realizar omiten sus consecuencias, pues la carta magna determina las normas del país y la falta de consistencia de estas amenaza la confianza de los inversionistas privados. Peor aún, inclusive algunos planes de Gobierno recogen propuestas que con certeza atentarían contra ella, como la eliminación de contratos ley que en la práctica operan como garantías de que el Estado no modificará de manera arbitraria los acuerdos establecidos, lo cual también fue propuesto recientemente por el actual Congreso (ver Semanario 1058).

Otra de las propuestas que genera mucha preocupación es la de establecer restricciones al comercio internacional en busca de favorecer a determinados sectores. En particular, el proteccionismo en nuestro país ha demostrado ser inservible, como se aprecia en la industria de calzados que desde hace más de 25 años goza de impuestos a las importaciones provenientes de China, el principal país de origen de dichos productos, y, a pesar de ello, el valor de la producción nacional se mantuvo prácticamente constante entre 2007 y 2018 (ver Semanario 1045), con excepción de la contracción de los dos últimos años, según el INEI. Asimismo, también se considera extender las medidas de protección a sectores como el agrícola o el textil, cuando en realidad estas únicamente se encuentran permitidas por la Organización Mundial del Comercio en caso se determine al menos una amenaza de daño sustancial a las industrias, pero para el primero se registran intenciones de favorecerlo desde hace varios años (ver Semanario 1054) y el segundo no es ajeno a investigaciones para imponer medidas de protección comercial (ver Semanario 1059), ambas sin sustento técnico alguno. 

Inclusive, algunos partidos políticos proponen revisar y modificar todos los tratados de libre comercio de acuerdo con los intereses nacionales para el término de sus mandatos. Ello omitiría que estos se caracterizan por resultar de una negociación entre países o agrupaciones de estos, donde se busca favorecer el desarrollo del comercio de los bienes con mayor potencial de desarrollo en los nuevos socios comerciales y que, además, han permitido un desarrollo considerable de nuestras exportaciones durante la última década, las cuales pasaron de los US$ 35,849 millones a US$ 46,446 millones entre 2010 y 2019, un crecimiento del 29.6% durante dicho periodo. Además, estos beneficios contribuyeron también al progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que incrementaron sus exportaciones en un 14.8%, 14.1% y 42.5% durante el mismo periodo, un desempeño considerable que, si bien podría mejorarse mediante políticas que faciliten el acceso al comercio internacional y cuyo dinamismo resultó perjudicado el año pasado por la presente pandemia, facilitaron su crecimiento y una mayor generación de empleo.

Evidentemente, ningún plan de gobierno será perfecto, pero no por ello deben omitir un análisis técnico en las propuestas que incluyen, sobre todo en un contexto que requiere una gestión ejemplar para recuperarnos de una de las crisis más severas de los últimos años. Por ello, desde ComexPerú, reiteramos nuestra preocupación por la insistencia en políticas que ya han demostrado en el pasado perjudicar el desarrollo de la economía y, con ello, el progreso de la sociedad.

Alejandra Benavides
Para Lampadia

El lema del ex presidente Fernando Belaúnde, era “trabajar y dejar trabajar”, refiriéndose a las funciones del Estado y la empresa privada. Justamente fueron el intervencionismo estatal heredado de la dictadura comunista militar de Velasco y su falta de decisión para privatizar y adelgazar el Estado, lo que no lo dejó trabajar.

En 1980 habían alrededor de 200 empresas estatales, con pérdidas acumuladas desde 1968 por US$2,500 millones (US$18,780 millones en dólares actuales). Además, la planilla pública se incrementó en ese mismo período en 83% (en número de puestos de trabajo). Un gran error de Belaúnde fue tener a Alva Orlandini cerca y como 2do vicepresidente – alguien que siempre estuvo del lado del intervencionismo estatal, buscando colocar a sus allegados en las diversas empresas estatales y para mala suerte, éste es el referente del hoy candidato a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano.

Yonhy Lescano ha estado en el Congreso por casi 20 años, y ha logrado popularidad por su constante negativismo, su oposición a todo lo que no venga de su propia boca, y por haberse acomodado inteligentemente como Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Yonhy se autodenomina “el defensor de la economía de las familias”, cuando claramente es un obstructor del desarrollo y enemigo de la empresa privada.

Se dice democrático, pero desde el congreso, fue impulsor del cierre inconstitucional del mismo para la posterior convocatoria a elecciones generales para su propio beneficio. Pero claro, encontró una posición como asesor del congresista Fredy Llaulli, desde donde se dice hizo de lobbyista, y traficante de influencias aprovechando su posición.

A pesar de ser un vividor del Estado por largos años, Yonhy aparece como el abanderado de la lucha anticorrupción y busca vincularse con los más pobres y vulnerables, dibujándose como una víctima. A principios de 2020 dijo que sólo tenía en su cuenta de ahorros s/.415, pues asegura que sus litigios legales por la denuncia en su contra por acoso sexual a una periodista mermaron su economía familiar – aún cuando su defensa la asumieron él y su esposa chilena. Muy raro para alguien que ha recibido más de US$2 millones del Estado sólo en salarios, así como para alguien que se apropió de la herencia de sus hermanos, quienes lo denuncian de haberse hecho de la herencia de su madre, falsificando documentos – inclusive con un testimonio firmado en notaría por su hermana Vasty Lescano, quien en dicho momento cumplía condena de 20 años por terrorismo, como integrante de Sendero Luminoso.

Su plan de gobierno se basa en una Nueva Constitución y niega el éxito económico y social que trajo dicha constitución. Yonhy desconoce cifras oficiales de instituciones autónomas como el BCR y el INEI y dice no creer en los números y que “hay cifras y hay cifras” (ver entrevista en Panorama del 07/02/2020). Para sostener sus propuestas intervencionistas se escuda en la OCDE, práctica hoy muy común entre Congresistas y Políticos que ni siquiera saben lo que es la OCDE. Sin embargo, no puede controlar frases como “se debe obligar a los empresarios a invertir”, ¡habrá que entender su definición de empresarios!, y su ideal de tener un Banco de la Nación que funcione como banco comercial (ej. el costo aprox. de una transacción en ventanilla en un banco privado es de $1.3, mientras que en el Banco de la Nación es $4). ¡Se olvida de las enormes pérdidas por malos préstamos que tenía ese Banco y la Banca Asociada en el Gobierno de Belaunde! Dice que creará 5 millones de puestos de trabajo a través de la inversión pública, ¿quién lo pagará?

Yonhy Lescano no es Belaúnde. Yonhy Lescano es Verónika Mendoza en versión masculina. Lampadia

Referencias

http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/revolucion20velasco.pdf

https://gestion.pe/peru/politica/sueldo-de-congresistas-cuanto-ganan-los-parlamentarios-de-peru-y-en-america-latina-noticia/

https://diariocorreo.pe/miscelanea/ahorros-de-yonhy-lescano-congreso-415-soles-de-ahorros-yonhy-lescano-dice-que-solo-le-quedan-s-415-de-ahorros-tras-casi-20-anos-en-el-congreso-video-noticia/

https://gestion.pe/mundo/cuba-desata-de-manos-al-sector-privado-eliminando-lista-de-empleos-permitidos-noticia/

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

De cara a las elecciones del 2021, donde algunos pretenden dar un giro de 180 grados en la política y economía del país, es necesario revisar si realmente en el Perú hacemos lo que necesitan “las grandes mayorías” como muchos políticos predican o si estamos sujetos a lo que deciden algunas “minorías” de la política, en función de sus intereses.

En un país que cuenta con 32´625,948 habitantes estimados por el INEI a junio de 2020, cabe formularse algunas preguntas:

• ¿cuántos ciudadanos realmente deciden el destino del Perú?
• ¿Una decisión genuinamente mayoritaria no debiera involucrar a por lo menos 17 millones de peruanos, sino más?
• ¿No es esta la regla lógica de la mayoría y la democracia?

Aquí algunas cifras para que usted construya su respuesta.

CUANTOS VOTAN EN LAS ELECCIONES GENERALES

Desde 2006 a la fecha, la cantidad de ausentes en la votación y la cantidad de votos blancos, nulos o viciados se ha incrementado del 25% al 47% del padrón electoral (es decir del total de electores hábiles para votar). 

En:  La Irrepresentatividad política no es cosa de juego. (Lampadia 24.01.2020) mostré los primeros cuadros de este problema y estimé que en las elecciones parlamentarias de este año podía subir al 52% o más. El resultado no estuvo lejos. Subió del 35.76 de la elección 2016 al 47%. Dicho de otro modo, sólo 13.1 millones de peruanos votaron por una opción electoral.  Sólo 1 de cada 3 peruanos es responsable del Congreso que tenemos.

ELECCIONES 2021

Las condiciones en las cuales se darán las elecciones generales del 2021 para elegir presidente, vice presidentes y congresistas no son más alentadoras. Si bien estas elecciones generan más interés que las complementarias del 2020 y por lo tanto es de esperarse que más personas vayan a votar y decidan por una u otra opción, la tendencia del Índice de Irrepresentatividad es creciente y refleja algo más serio: el grado de insatisfacción ciudadana con la utilidad del sistema democrático para resolver sus problemas cotidianos. Por ello, creo que resultaría excesivamente optimista considerar que podemos retroceder a niveles de ausentismo, votos blancos y viciados inferior al 40%. Al contrario, la pandemia que probablemente desaliente el voto de muchos ciudadanos y la crisis económica que coloca a la votación en un lugar aún más remoto de las prioridades ciudadanas, podrían hacer que este Índice se mantenga o llegue al peligroso 50%, donde la legitimidad mayoritaria del nuevo gobernante y del nuevo Congreso serían aún más discutibles.

ESCENARIO HIPOTETICO DEL 2021

• Con el índice actual del 47%, de las elecciones parlamentarias
• Con un índice estimado por la pandemia y la crisis económica.

En este escenario, sólo 1 de cada 2 electores habría decidido el destino del país, entre un atomizado menú de más de 20 opciones electorales presidenciales. Si analizamos la cifra en función de la población total del país de más de 32.6 millones, mantendríamos la peligrosa cifra de que cerca de 1 de cada 3 peruanos deciden la política en el Perú.

¿GOBIERNAN Y LEGISLAN LAS GRANDES MAYORIAS?

Con estas cifras es obvio que lo que se hace desde el gobierno y desde el Congreso no refleja la decisión mayoritaria del país. Refleja una mayoría instrumental, legal, electoral, administrativa y funcional, pero no la regla prevista en el 43 de la Constitución (y en todas nuestras Constituciones), según la cual somos una “República democrática”.

Ni son las grandes mayorías las que eligen, ni son ellas las que gobiernan o legislan. Son las minorías que usan el sistema, lo cooptan y desde el, en nombre de las grandes mayorías hacen lo que les parece. Las “grandes mayorías” a las que se dice representar son solamente un “cuento” más de nuestra política.

En este escenario actual, cabe preguntarse:

• ¿Será democrático que este Congreso, elegido por 1 de cada 3 peruanos, designe a los magistrados del Tribunal Constitucional en los siguientes meses?
• ¿Será democrático que este Congreso, elegido por apenas 13.1 millones de los 32.6 millones de peruanos, deje a estos mismos ciudadanos sin pensión de jubilación al obligarlos a pasar estas a manos del Estado?
• ¿Será democrático que este Congreso, al cual no lo eligieron 17.8 millones de peruanos, (la mayoría del país), vaque al ciudadano que ejerce la presidencia de manera accesitaria por delitos por los cuales debe responder al final de su mandato?

En el escenario del 2021, una vez elegido el presidente, vicepresidente y congresistas en las condiciones que se avizoran, cabe preguntarse:

• ¿Sería democrático que 1 de cada 3 peruanos cambien el curso político y económico del país en función de sus intereses o prejuicios?
• ¿Sería democrático que un Congreso que sea elegido por apenas 12.65 millones de ciudadanos cambie la Constitución?
• ¿Sería democrático que políticos a los cuales no habrán elegido 19.95 millones de peruanos puedan cambiar el Régimen Económico que ha permitido reducir la pobreza en nuestro país como nunca en nuestra historia?

Obviamente nada de esto será o sería democrático. Podrá ser legal. Intentarán que sea constitucional, pero nada de esto es ni será democrático.

Si lo hacen que nos digan que lo han hecho porque pueden, pero no porque lo hacen en nombre de las grandes mayorías, ese cuento no. Si quieren destruir el país lo harán, pero no digan que lo hacen en nombre de “las grandes mayorías”.

Estamos a tiempo de pensar y evitarlo. Lampadia

Además de ser uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, el Perú se encuentra en las portadas del mundo como país líder de la crisis económica global; esta vez de la mano del portal financiero internacional Bloomberg (ver artículo compartido líneas abajo).

A partir del análisis de un reciente informe trimestral emitido por el INEI que da cuenta de las caídas consecutivas del PBI en los últimos dos trimestres (-3.5% en ene-marzo y -30.2% en abr-jun ) – con lo cual el país entra oficialmente en recesión – Bloomberg no solo releva a nuestro país como el peor del mundo sino que además llama la atención de cómo, a pesar de la recuperación de la demanda externa de commodities, impulsada principalmente por China, nuestro país no toca fondo.

¿Qué está alentando este comportamiento negativo en la actividad económica?

El diagnóstico es clarísimo pues, según las cifras del INEI, lo que estaría jalando la aguja casi al unísono sobre el PBI es el desplome de la demanda interna. Y si desagregamos sus componentes, aquellos que registran mayores caídas son la inversión pública y privada (-69.8% y -52.2%), medidas en conjunto a través de la formación bruta de capital (-57.7%) (ver gráficos líneas abajo).

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

Fuente: Informe Técnico de Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2020 – INEI

De ahí nuestro énfasis en seguir recomendando hasta el cansancio que nuestro principal foco de la reactivación debe ser el impulso de la inversión privada y pública, a través de los grandes megaproyectos de infraestructura y minería. Y ahí el sector minero se constituye como candidato primordial puesto que se trata de varios megaproyectos (Tía María y Conga principalmente) que se encuentran trabados, cuya luz verde puede darse en poco tiempo y cuyo efecto multiplicador del empleo es sumamente potente y que además se daría al interior del país.

La minería en circunstancias normales ocupa 200,000 empleos directos y 1.2 millones de indirectos, con lo cual su aporte es cerca de 1.4 millones de empleos a nivel nacional. Si se considera que en promedio una familia peruana tiene entre 3.5-4 miembros del hogar, estamos hablando de por lo menos una inyección de liquidez a 4.9 millones de peruanos a través del sustento de este sector. Un gran aporte para paliar esa caída de 6.7 millones de empleos perdidos a nivel nacional con la presente crisis (Fuente: ENAHO 2do Trim. – 2020 – INEI), más allá de los bonos y préstamos otorgados por el gobierno que como se ha visto muestran fuertes limitaciones en la implementación a corto plazo. Ello sin considerar la reciente alza de precios que estamos experimentando en el oro, cobre, zinc y plata que potenciaría al sector si se fomenta mayor inversión en este (ver Lampadia: Los poderes públicos abrazan la pobreza).

Dicho esto, es una irresponsabilidad que el presente gobierno no ponga al sector minero y a los megaproyectos de infraestructura como puntos principales en la reactivación, pues sin ellos, los esfuerzos serán limitados y no sería sorpresa que en los próximos meses, como advirtió Bloomberg recientemente, sigamos estando como el peor país en el mundo en desempeño económico en esta crisis. Lampadia

Perú lidera la crisis económica mundial con una caída trimestral del 30.2%

John Quigley
Bloomberg 
20 de agosto de 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El país también está sumido en los peores brotes del virus de un mundo

La economía de Perú colapsó a un ritmo récord en el segundo trimestre cuando la pandemia cerró empresas y dejó sin trabajo a casi la mitad de la población urbana del país.

El producto interno bruto se desplomó un 30.2% respecto al año anterior, la depresión más profunda de cualquier economía importante, dijo el jueves la agencia de estadísticas del país. Sigue a una caída del 3.5% en el primer trimestre, que puso oficialmente a la economía en recesión, y que el Banco Mundial espera que esté entre las más profundas de este año.

Uno de los bloqueos más estrictos de la región llevó a gran parte de la economía a un virtual estancamiento a mediados de marzo. Si bien industrias como la minería y la pesca se recuperaron rápidamente después de que el gobierno alivió las restricciones en mayo, los sectores de servicios y minoristas están rezagados y muchas de las pequeñas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía se han ido a la quiebra.

“No es tan fácil que la actividad económica regrese cuando ha tenido una caída tan brutal”, dijo Miguel Jaramillo, investigador de GRADE, un think tank con sede en Lima, antes de la publicación del informe. “Muchas empresas se han plegado y seguirán plegándose. Es ingenuo pensar que hemos tocado fondo “.

La industria hotelera de Perú, que ha sido la más afectada por la pandemia, se contrajo casi un 90% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, mientras que la construcción se desplomó un 67%. El comercio minorista cayó un 45% y la minería un 37%, según el informe.

La cantidad de personas en empleo activo se redujo en casi un 40% con respecto al año anterior y se redujo en casi un 50% en pueblos y ciudades, dijo la agencia la semana pasada.

“La actividad tocó fondo en abril y se recuperó lentamente en mayo y junio, pero se mantiene muy por debajo de su nivel anterior al brote y el año anterior. La recuperación de la demanda externa y los precios más altos del cobre y el oro deberían brindar cierto alivio, pero los responsables políticos deberán ser más efectivos en la implementación de medidas de estímulo “.

– Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics

El gobierno aprobó 128,000 millones de soles (US$ 35,800 millones) de medidas económicas, que incluyen desgravaciones fiscales y préstamos baratos, para mitigar el impacto del confinamiento. La ministra de Finanzas, María Antonieta Alva, dijo esta semana que las medidas evitarán que la economía se desplome más de un 20% este año. El Banco Mundial pronostica una caída del 12% en el PBI de Perú.

Perú tiene uno de los recuentos de casos y muertes por virus más altos después de que el mes pasado aliviar las restricciones para quedarse en casa en gran parte del país de casi 33 millones provocó un resurgimiento de las infecciones.

Perú tiene uno de los recuentos de casos y muertes por el virus más alto después de que el mes pasado aliviara las restricciones para quedarse en casa en gran parte del país de casi 33 millones provocó un resurgimiento de las infecciones. Lampadia

— Con asistencia de Rafael Gayol

Germán Lora
Abogado especialista en Derecho Laboral
Para Lampadia

Cuando a mediados del mes de abril, y luego de casi 30 días de una obligada e inmodificable licencia con goce de haber (compensables), el Gobierno creó un nuevo procedimiento de suspensión perfecta en la búsqueda de otorgar un respiro a las entidades empleadoras, todos pensamos que allí podría estar la posibilidad de mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se ha encargado de regresarnos a la realidad a través de sus resoluciones denegatorias. Entonces ¿ahora qué hacemos?

Las medidas adoptadas por el Gobierno, desde la declaración del Estado de Emergencia Nacional, se plantearon como excepcionales y temporales. Lamentablemente, con el pasar de los días y semanas, nos hemos dado cuenta de que esta coyuntura en la que nos encontramos no será temporal y se convertirá en una nueva normalidad que tomará varios meses más. Han pasado más de tres meses desde que el país se encuentra casi totalmente paralizado, por lo cual es necesario tomar medidas radicales que permitan reactivar la economía, con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo perdidos, flexibilizando la contratación de trabajadores en el sector privado. Aproximadamente 2.3 millones de personas se quedaron sin trabajo entre los meses de marzo y mayo, según el INEI.

Frente a situaciones complicadas, debemos tomar medidas extremas. No podemos seguir como estamos. Una de las medidas que planteamos está referida a la “contratación libre” sin la necesidad de justificar una contratación a plazo fijo – es decir por tiempo determinado – con una causa objetiva. En esa línea de ideas, el Ministerio de Trabajo podría elaborar un Decreto Supremo que le otorgue un contenido ad hoc al denominado contrato de emergencia regulado en el artículo 62 del TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el que simplemente lo define como “aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia”. Sería una gran oportunidad.

Es importante recordar que el reglamento del TUO del Decreto Legislativo 728 solo establece lo siguiente con relación al contrato de emergencia: “El caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de emergencia, se configura por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible”. Es decir, existe una gran posibilidad en que el Gobierno modifique el reglamento mencionado para poder “crear” un contrato de trabajo temporal necesario para esta emergencia, en la búsqueda de una simplificación – temporal – de la contratación, que converse con la reactivación económica planteada por el Gobierno.

Lo que planteamos es diferente, y necesario desde nuestra perspectiva. Un contrato a plazo determinado, que podría ser utilizado hasta que acabe el 2021, siempre evaluando como va evolucionando la pandemia, en donde el empleador pueda contratar a trabajadores “sin justificar” el contrato con una causa objetiva, como lo exige de forma muy estricta nuestra legislación y nuestros jueces laborales. Introducir este contrato temporal, permitirá no solo que se elimine la incertidumbre antes planteada, sino que, además, al flexibilizar la contratación, los empleadores se verán más dispuestos a contratar, reactivando la economía y beneficiando a miles – o millones – de desempleados, pues además se tratan de relaciones laborales formales.

De una vez por todas nos debemos dar cuenta que la formalización de las relaciones laborales y de los trabajadores, mas que pasar por mayores beneficios laborales, debe representar la protección de la seguridad social (pensiones, salud, desempleo) que hemos extrañado durante la pandemia.

Estos planteamientos, si bien alejan del proteccionismo del Gobierno que ha tenido durante toda la pandemia en favor de los trabajadores y la estabilidad laboral absoluta que venimos padeciendo desde hace más de 20 años, son necesarios para que el empleo se reactive. Si no se da un respiro a los empleadores, con normas que ayuden y no entorpezcan, es muy probable que la tasa de desempleo siga en aumento. Las medidas radicales necesitan llevarse a cabo en una situación tan radical como la es la pandemia del COVID-19. Flexibilizar las normas laborales creemos que es la solución, las cuales no deben entenderse como una desprotección del trabajador, sino como una nivelación de la balanza, permitiendo a los empleadores poder reactivar sus actividades y estabilizarse en una nueva normalidad. Lampadia

Moisés Rosas
Para Lampadia

Hace ya varias semanas, se ha conocido el porcentaje de niños entre 6 a 36 meses de edad que habrían sufrido anemia en Perú durante el primer semestre del 2019. Es un tema que nos afecta a todos, porque su evolución es un indicador importante de gestión sectorial e intersectorial, así como de efectividad de los programas gubernamentales, entre muchas otras cosas. Sin embargo, parece que la noticia ha sido poco comentada por los expertos y por los medios.

Según el INEI, la prevalencia de anemia infantil en Perú para el primer semestre de 2019 fue 42.2%. Según el propio INEI, en términos estadísticos, comparada con el 43.5% del 2018, se trata de una disminución sin valor estadístico, es decir, probablemente no es real. En términos prácticos, se puede afirmar que la diferencia lograda de ‑1.3% es muy pequeña en relación con el tremendo despliegue que se habría realizado para combatir este flagelo.

A ese ritmo, aun cuando esa pequeña diferencia a la baja fuera real, nos tomaría entre 15 a 25 años disminuir a 20%, cerca de la meta oficial planteada. Casi una generación.

Fuente. Encuesta ENDES 2019-1, INEI.

Es importante tener en cuenta que aún falta la mitad de la muestra de la ENDES correspondiente al segundo semestre del 2019. Pero ello no significa que debemos esperar que el descenso anual sea el doble de ‑1.3%, es decir ‑2.6%. Siempre es posible, aunque por el modesto resultado alcanzado a la fecha, es poco probable.

Sin embargo, algunos resultados son alentadores: la tendencia a la disminución es en el sentido correcto; la mayor diminución ha ocurrido en la selva urbana, en donde ha disminuido ‑6.3% desde 48.0% en el 2018. Asimismo, la disminución en el ámbito del programa Juntos (‑3.1%) y en los niños del programa Juntos (‑3.9%) ha sido más pronunciada que en el promedio nacional, lo que sugiere una administración adecuada a pesar de no haber alcanzado significación estadística, probablemente debido al pequeño tamaño de muestra. Por su lado, el porcentaje de niños entre 6 a 8 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los 7 días antes de la encuesta subió 9.1%: sí señor, casi 10%. Sin embargo, por tratarse de poblaciones pequeñas, estos avances no logran arrastrar el promedio nacional.

Los resultados parecen sugerir que es necesario revisar fundamental y conceptualmente la estrategia, porque pese a los recursos invertidos, no se está avanzando con la velocidad que se esperaría. Recordemos que ya el 2018 la prevalencia de anemia (43.5%) disminuyó solo 0.1% en relación al 2017, que fue 43.6%.

Finalmente, es necesario señalar que estas tendencias son nacionales y no dependen solo del MINSA, sino de todos los subsistemas, sean ESSALUD, las fuerzas armadas y policiales, privados, etc. Se requiere revisar la estrategia y coordinar los esfuerzos sectoriales e intersectoriales. Podríamos consolidar buenos resultados para este fin de año. Fuerza Perú. Lampadia

ComexPerú
Julio 19, 2019

En nuestro país, en el periodo 2004-2018, la pobreza se redujo sostenidamente (a excepción de 2017), al pasar del 58.7% al 20.5% en 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es decir, a 2018, solo un 20.5% de la población contaba con un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo (S/ 344), lo que comúnmente se conoce como pobreza monetaria. No obstante, existe un grupo de personas que pueden no ser consideradas como pobres, de acuerdo con la definición antes señalada, pero que no acceden a determinados servicios, como salud y educación, por ejemplo.

En su último informe Global Multidimensional Poverty Index 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) comparan la pobreza multidimensional en más de 100 países y 5,700 millones de personas, a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual calcula cómo las personas experimentan la pobreza en su salud, educación y nivel de vida. Este índice identifica como pobres multidimensionales a personas con carencias no monetarias que tengan por los menos un tercio de los 10 indicadores que evalúa el IPM: nutrición, mortalidad infantil, años de escolarización, asistencia escolar, agua potable, saneamiento, combustible de cocina, electricidad, vivienda y bienes.

De acuerdo con los resultados de dicho informe, el Perú pasó de tener un 20% de pobres en 2006 a un 12.7% en 2019, convirtiéndose en uno de los países que más ha reducido la pobreza multidimensional en la última década, junto con Etiopía, que en el mismo periodo pasó de un 88% a un 83.5%, e India, de un 55% a un 27.9%. A su vez, destaca que el Perú desarrolló avances significativos en los indicadores de bienes, vivienda, combustible de cocina y electricidad; mas no así en el resto, dado que se encuentran por debajo de los 7 puntos porcentuales (pp). Sin embargo, esto no significa que no estemos avanzando. Por ejemplo, en mortalidad infantil se registró una disminución a la mitad.

SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE

En cuanto al indicador de saneamiento, los peruanos que son multidimensionalmente pobres han pasado de un 17.2% en 2006 a un 11.2% en 2019; mientras que, en lo que respecta a agua potable, pasaron de un 11.9% a un 6%, lo que refleja en ambos una disminución de 6 pp. Por otro lado, de acuerdo con el INEI, durante el periodo febrero 2018-enero 2019, el 90.8% de la población nacional contó con acceso a agua por red pública y el 68.5% consume agua potable, lo que representa aproximadamente 21 millones de personas.

Ante las cifras mostradas, se esperaría que más de la mitad de los peruanos tenga acceso a este servicio y, con ello, una reducción del indicador de pobreza. Sin embargo, persiste la mala gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, principalmente por problemas de solvencia y de gestión administrativa. Ante ello, nuevamente los más castigados son aquellos en situación de vulnerabilidad, que no pueden acceder a la red pública y que tienen que comprar el agua a camiones cisterna por S/ 15 el m³.

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN Y ASISTENCIA ESCOLAR

Si bien en el indicador de años de escolarización se registró un avance de 2.5 pp, esto no habría sucedido en todos los departamentos del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, elaborada por el INEI, en dicho año, el promedio de años de educación de la población entre 20 y 65 años, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto y San Martín, fue 9.4 años, lo que significa que la mayoría de los habitantes de estos departamentos solo alcanzaron el nivel de secundaria incompleta.

Por otro lado, en el indicador de asistencia escolar, se tuvo un avance de 0.8 pp. A su vez, el Índice de Competitividad Regional 2019 señala que la asistencia escolar básica [1] se incrementó de un 82.6% en 2010 a un 90.9% en 2018, debido a que se mejoraron las condiciones de educación, pero, de nuevo, esto no sucede en todos los departamentos. Por ejemplo, en Lima, el 92.8% de los colegios públicos y privados cuenta con acceso a los tres servicios básicos[2], mientras que, en contraste, en Ucayali y Loreto tan solo un 9.9% y un 8.5%, respectivamente, los tienen.

NUTRICIÓN Y MORTALIDAD INFANTIL

En cuanto a los indicadores de nutrición y mortalidad infantil, se tuvo un avance de 3.3 pp y 0.5 pp, respectivamente. Al respecto, la mayoría de los Gobiernos en los últimos años han desarrollado programas para combatirlos; sin embargo, no se obtiene el efecto esperado por una mala focalización y un gasto público ineficiente. Un ejemplo de ello es el Programa Vaso de Leche (PVL), donde el 60.2% de los hogares beneficiados no califica dentro de la categoría de pobreza. Ahora bien, esto también sucede en otros programas sociales. Así, un 35% de los hogares infiltrados recibió ayuda de un programa adicional al PVL y un 19.5% se benefició de más de dos. ¡Incluso un 0,9% de los hogares infiltrados participó de 4 programas adicionales!

En conclusión, tal como señala el Banco Mundial, un elemento fundamental para la reducción de la pobreza multidimensional es el crecimiento económico, que impulsa la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de un país. El Gobierno actual se ha trazado la meta de reducir la pobreza monetaria a un 18% en 2021. Si se sigue teniendo como objetivo una reducción tomando en cuenta el nivel de gasto (pobreza monetaria) y no el nivel de vida (pobreza multidimensional), ¿mejorará nuestro bienestar? ¡Tracémonos metas más ambiciosas en beneficio de todos los peruanos!

[1] Porcentaje de la población entre 3 y 16 años que asiste a inicial, primaria y secundaria en la edad correspondiente.
[2] Electricidad, agua y desagüe.

Se advirtió, se reclamó, pero el gobierno miró a otro lado y dejó caer la economía peruana. Si no hubiera alternativa, santo y bueno, pero el país podría estar creciendo 6% si las cosas se manejaran con más responsabilidad y sindéresis.

Recientemente The Economist publicó su reporte “Economic and financial indicators” en el que ofrece sus estimados de crecimiento económico trimestral, así como sus proyecciones para el cierre del 2019 y 2020, para una gran diversidad de países alrededor del globo. Como se puede apreciar en la tabla líneas abajo, el Perú registró un crecimiento del trimestre enero-marzo negativo de -5.3%, la peor tasa de crecimiento comparada con sus pares regionales en América Latina, siendo solo superior a la de Venezuela. Ello – como el informe destaca – en un contexto de agravamiento de la guerra comercial EEUU-China, de la cual hemos escrito extensamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Consecuencias del conflicto EEUU-China, EEUU vs. China: ¿Una nueva Guerra Fría?, Se agrava la guerra comercial EEUU-China).

Tabla 1. Crecimiento del PBI en América Latina

Fuente: The Economist

Por otra parte – como han destacado diversos medios de la prensa local – este resultado difiere del publicado por el INEI, cuya cifra de crecimiento del primer trimestre se situó en +2.6%. Como informó recientemente Gestión, esta diferencia se debería básicamente a la forma en que se midió el cambio en la producción; mientras que The Economist comparo el primer trimestre del 2019 contra el cuarto trimestre del 2018, el INEI la comparo contra el primer trimestre del 2018.

Sin embargo, más allá de esta observación metodológica, queda por responder la siguiente pregunta: ¿Qué implica el resultado de The Economist para el bienestar de los peruanos, tan venido a menos en los últimos años por la desaceleración de nuestra economía (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad)?

La realidad es que esta cifra refleja una reducción importante del tamaño de nuestra economía; reducción que de hecho ya se ha venido reflejando en otros indicadores sociales como el desempleo y la informalidad. Como de hecho destacó también el informe de The Economist, el desempleo de abril aumentó en 5.5%. Y este resultado se agrava en Lima Metropolitana, la cual, según cifras del INEI, alcanzó un desempleo del 8.1% del total de la población, la cifra más alta en los últimos 6 años. Por otra parte, según el mismo ente estadístico, el empleo informal no solo se incrementó en 5.6% en el primer trimestre del año, sino que además se ha producido una eliminación de puestos de trabajo formales en -2.5%.

¿Cuál es la principal causa de este decrecimiento trimestral en la economía peruana?

Como escribimos en Lampadia: Inversión y economía a capazos, los dos principales motores de nuestro crecimiento e importantes generadores de empleo – la inversión privada y pública – se encuentran prácticamente paralizados a la fecha. Como se observa en la tabla adjunta, la desaceleración de ambos componentes del gasto agregado es un hecho; mientras que en el caso de la inversión privada, el crecimiento del primer trimestre ha pasado de 5.3% el 2018 a 2.9% este año; y en el caso de la inversión pública, este crecimiento ha pasado de 6.8% a -10.9%.

Fuente: BCRP

Ello – ahunado a una caída de las exportaciones en el primer trimestre del año (-7.4%) motivada en gran parte por el conflicto comercial EEUU-China (ver  Lampadia: Cuidado con el desplome de las exportaciones) – mostrarían una clara tendencia a la baja de la actividad económica que se vería reflejada en el resultado de -5.3%, provisto por The Economist. Y los prospectos a futuro tampoco serían esperanzadores. Según el INEI el crecimiento de abril ha sido de 0.02%. Si bien hay ciertos factores extraordinarios que ayudan a explicar este resultado, no deja de confirmar el deterioro de la economía. Veamos:

Fuente: INEI

¿Cómo salir de este entrampamiento?

El ex ministro de economía Ismael Benavides comentó recientemente, en Expreso, que el gobierno debe dejar de obsesionarse únicamente con la reforma política y atender con urgencia el ámbito económico tan dejado de lado en los últimos meses (ver Lampadia: Confrontación sin Gobernanza). Al respecto, sugiere viabilizar los proyectos mineros de envergadura como Tía María, y Majes-Siguas II, para demostrar que el país está dispuesto a retomar la senda del desarrollo. Por otra parte, Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, sugiere racionalizar y encauzar los recursos públicos hacia las verdaderas necesidades del país y no dirigirlos, por ejemplo, a campañas publicitarias que no tienen un impacto tangible en el bienestar del pueblo peruano.

A dichas propuestas queremos complementar en insistir con la implementación de la reforma laboral, cuyo principal eje debe ser la flexibilización de la contratación y el despido, y llevar a cabo la Modernización del Estado (ver Lampadia: La oportunidad para el gran punto de inflexión). Dichas propuestas harán que nuestro crecimiento potencial tome impulso. Y probablemente, hará que los medios internacionales, como The Economist, nos traigan mejores noticias respecto del desempeño de nuestra economía. Lampadia

La semana pasada, el INEI publicó las cifras de pobreza al cierre del año 2018 y destacó una reducción a nivel nacional de 1.2% en la pobreza y 1.0% en la pobreza extrema, con respecto al 2017. Esto quiere decir que de los 313,000 peruanos que dejaron la condición de pobreza el año pasado, 305,000 dejaron la pobreza extrema.

Este es sin duda un resultado positivo, máxime si en 2017 se obtuvo un incremento no menor de pobres (+1.0%); sin embargo, un análisis más profundo acerca de los causales de este fenómeno así como una descomposición de los resultados presentados por el ente estadístico nos debe llevar más a la reflexión, que a la celebración. Esto también aplica si se analizan los resultados más actualizados que se tienen sobre la desigualdad en el Perú.

Veamos.

Crecimiento económico y pobreza

En primer lugar, se debe señalar que – como han indicado diversos think tanks o centros de estudios económicos como Macroconsult y el IPE – esta caída de 1.2 % en la pobreza se encuentra en consonancia con una tasa de crecimiento del PBI del 4%, siendo este el principal determinante de tal reducción. Esto no es de sorprender. Como se evidencia en el siguiente gráfico, en los 13 de los últimos 15 años en los que la pobreza se redujo estrepitosamente (-38.2%), tres cuartas partes de dicha caída están explicadas en su totalidad por crecimiento económico, una contribución que largamente sobrepasa la de los programas de transferencias condicionadas.

Así, el principal driver del crecimiento que permitió esta mejora en las condiciones de vida de la población peruana lo configuran los mayores niveles de inversión privada, los cuales generan una mayor demanda de empleo con el consecuente aumento de los ingresos y por ende, aumento del gasto de los hogares, variable utilizada para medir los niveles de pobreza.

Ahora bien, el meollo del asunto es más bien otro: ¿Es suficiente crecer 4% de cara al futuro para seguir sosteniendo una caída pronunciada y acelerada de la pobreza? Como se puede constatar en el siguiente gráfico, la elasticidad crecimiento-pobreza, es decir, cuántos puntos porcentuales cae la pobreza ante el incremento de un punto porcentual de crecimiento ha pasado de 0.7 en la década pasada a 0.3 en los últimos años.

Ello quiere decir que si realmente queremos sostener caídas de la pobreza superiores necesitaremos crecer 6% o más, siendo el actual crecimiento de 4% insuficiente y mediocre a la luz de los resultados de bienestar que se pueden generar con tasas mayores (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad).

Pobreza urbana y por regiones (costa, sierra y selva)

Parte del débil impacto de este crecimiento alicaído de la economía peruana se puede constatar si uno analiza los resultados desagregados de la pobreza por área de residencia y región natural. Por área de residencia se observa que la reducción ha sido mayor en el ámbito rural (-2.3 %) que en el ámbito urbano (-0.7 %).

Sin embargo, como se desprende del presente gráfico, la pobreza urbana aún no se recupera del incremento de la pobreza experimentado en el 2017. Así se mantuvo en el 2018 con un 14.4% frente al 13.9% en el 2016. Esto en términos absolutos quiere decir que el número de pobres en la zona urbana en realidad aumentó en 225,000 personas.

Por otra parte, si se analizan los resultados de la pobreza por región natural se tuvo una reducción más pronunciada en la selva (-2.1 %) que en la sierra (-1.2 %) y la costa (-0.9 %). Ello también debe llamarnos la atención siendo la sierra la región que mayor pobreza concentra a nivel nacional.

Ambos indicadores reflejan una caída que no es uniforme de la pobreza, lo cual es un reflejo también de las bajas tasas de crecimiento de nuestra economía. Si queremos que las poblaciones más vulnerables, así como aquellas que han sido más golpeadas en los últimos años por la desaceleración de la actividad, puedan mejorar su calidad de vida es necesario retomar tasas de crecimiento más altas.

Desigualdad y crecimiento económico

Otro aspecto importante que está relacionado a la pobreza, pero que también está íntimamente ligado al crecimiento económico, es aquel que tiene que ver con la desigualdad de los ingresos. Las más recientes estimaciones hechas por el INEI y el Banco Mundial, sugieren que la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, se redujo marginalmente en los últimos 8 años, mientras que si se toman años anteriores, desde el 2007 por ejemplo, los resultados cambian notablemente a favor de una menor desigualdad. Veamos.

Como hemos escrito previamente en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, estos últimos 8 años – en los que la desigualdad prácticamente se estancó – reflejaron un cambio de fase de la economía peruana caracterizado por un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Es pues notable la relación que existe entre la reducción de la desigualdad y mayor crecimiento económico. Por ende, urge aumentar las tasas de crecimiento de nuestra economía de manera que se tienda a una mayor convergencia de los ingresos de los más pobres hacia los más ricos.

En un contexto en el que el presente año la economía peruana (ver Lampadia: Economía peruana se sigue desacelerando y apenas crece 1.58% en enero) se encuentra en un proceso de desaceleración con tasas muy bajas – 1.58% en enero y 2.09% en febrero – hoy nos encontramos aún lejos de conseguir los resultados anteriormente mencionados, en materia de reducción de pobreza y desigualdad. Por ende, resulta fundamental incrementar la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía. Ello implica hacer una serie de reformas estructurales que incluyen la reforma laboral, tributaria, educativa, entre otras, así como viabilizar y reactivar los proyectos de inversión mineros y de infraestructura, como Tía María, Las Bambas y Majes Siguas II. Nuestros pobres no pueden esperar más. Lampadia

La desaceleración que viene experimentando nuestra economía en los últimos meses ya es un hecho palpable y comprobable en los datos. Como informó el INEI en los últimos días, en enero pasado la producción nacional registró un magro crecimiento de 1.58% con respecto al mismo mes en el 2018. Como se observa en el siguiente gráfico, de repetirse estas desalentadoras caídas en las tasas de crecimiento, se terminaría de configurar una tendencia bajista en el comportamiento anual de la actividad económica.

¿Qué ha motivado este decaimiento del crecimiento de la producción nacional? ¿Obedece puramente a un factor estacional o se debe a una creciente debilidad por parte del gobierno para reactivar los diversos motores de nuestra economía, como hemos venido advirtiendo previamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, Perú crece por debajo de su potencial?

Desagreguemos el crecimiento del PBI de manera sectorial y analicemos.

Como se observa en la siguiente tabla, los sectores que estarían determinando el comportamiento desfavorable del PBI en enero son los sectores primario, compuestos por el sector pesca y minería e hidrocarburos, que cayeron en -31.33% y -1.26% respectivamente, y secundario, arraigados a la demanda interna y compuestos por la construcción y la manufactura, que crecieron 0.90% y -5.64% respectivamente.

Vayamos uno a uno:

• En cuanto a la caída del sector pesquero, esta fue explicada principalmente por una menor captura de anchoveta para consumo humano directo (-56.02%), la cual se deriva de una fuerte declinación de la captura de este recurso en la segunda temporada de pesca. Según la misma entidad estadística, es relevante señalar que las condiciones del mar a 30 millas de la costa afectaron gravemente la distribución de este abundante recurso.

• En cuanto a la caída del sector minería  e hidrocarburos esta se explica en mayor y menor medida por un desempeño desfavorable de algunos componentes de la minería metálica – como el hierro (-39.10%), la plata (-14.03%), el oro (-9.40%), entre otros- y  la menor extracción del petróleo crudo (-21.78%). Analicemos con mayor detalle las razones de la caída de estos subsectores:

• Por el lado de la minería metálica, si bien una parte de la menor producción de estos concentrados obedece a menores tonelajes tratados y a la paralización temporal de algunas minas, también existe un factor de agotamiento de reservas existentes como es el caso de las operaciones auríferas de la Minera Barrick Misquichilca. Este agotamiento sí es responsabilidad directa del gobierno puesto que de haberse dado luz verde a proyectos mineros de envergadura como Conga y particularmente, Tía María, del cual ya se tiene permiso de construcción, probablemente el sector no hubiera registrado cifras negativas.

• En el caso de la fuerte caída en la producción de petróleo crudo, también se trataría de responsabilidad directa del gobierno. Ella obedecería a la paralización de las operaciones de explotación en el Lote 192 por parte de Pacific Stratus desde diciembre pasado, afectadas por la inoperatividad del Oleoducto Norperuano, ante la ruptura del ramal norte efectuada por una comunidad nativa de Loreto con el consecuente derrame de miles de barriles de este recurso.  Como es de conocimiento, la reacción del gobierno ante estas manifestaciones violentas fue escandalosamente tardía, que posteriormente terminó cediendo ante muchos de los requerimientos de esta comunidad para darle “supuesto fin” al conflicto.

• En el caso de la manufactura, su caída está explicada por un desempeño desfavorable del subsector fabril primario (-27.51%), ante una contracción del sector de metales no ferrosos (-46.22%), elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-32.76%) y azúcar (-14.9%). Aquí la responsabilidad del gobierno es indirecta. Si bien no podría adjudicársele la responsabilidad por el lado de la caída del sector de conserva de pescado, ya que arrastra el mal resultado del sector pesca anteriormente mencionado; en el caso de la minería, el agotamiento de las reservas por el poco empuje hacia nuevos proyectos mineros desde el Ejecutivo, ha terminado por producir una menor producción a refinar, perjudicando así a la industria. Asimismo, es menester señalar que si bien el sector fabril no primario, otro importante componente de la manufactura, creció 3.49% en enero, uno de sus subsectores, la producción de bienes de capital, registró una fuerte caída de -19.01%. Esta fuerte caída se debió a la contracción en la producción de máquinas para la explotación minera y canteras así como para obras de construcción (-57.10%). Este constituye un caso adicional en donde el poco impulso hacia la minería por parte del Ejecutivo termina afectando otros sectores de alto valor agregado de la economía.

• Finalmente, en el caso de la construcción su magro crecimiento ubicado en 0.9%, se explica mayormente por la fuerte contracción en el avance físico de las obras, ubicado en -9.43%. Muchos podrían argumentar que este hecho se habría dado por la coyuntura política, caracterizada por la llegada de las nuevas autoridades a los Gobiernos Regionales y Locales. ¿Es este pues un factor estacional propio del cambio del ciclo político? La respuesta es parcial. Si uno desagrega el avance físico de las obras, no son los Gobiernos Regionales los que han restringido su gasto de inversión en construcción, ya que ellos han experimentado un crecimiento del 38.06% en este indicador. Por el contrario, han sido el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales los que han contraído su gasto en este concepto en el orden de -17.73% y -19.50%, respectivamente. En ambos conceptos se observan claras falencias y faltas de capacidades por parte de ambos niveles del Estado para lidiar con los atrasos de las  obras de infraestructura vial y de vivienda, así como de mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado, en la zona norte del país, aún afectada por el Niño Costero.

Es menester señalar que este débil crecimiento de la actividad económica no es reciente pues se da en un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión (ver gráficos a continuación), que, como advertimos en Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión, Aterrizaje en la mediocridad, viene desde los años 2011-2012, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Esta es pues la nefasta herencia que nos dejó el gobierno nacionalista de Ollanta Humala que no pudo ser reversada por el actual gobierno de PPK-Vizcarra.

De seguir promoviendo este enfoque anti-inversión y no darle solución a los cuellos de botella anteriormente mencionados, no podremos seguir con nuestra tarea de generación de empleo y reducción acelerada de la pobreza que nos caracterizó en la década pasada. Nuestros compatriotas exigen pues dicho cambio. Lampadia

Es lamentable que el 2018 sea conocido en el Perú como el año en que, por primera vez en este milenio, la pobreza monetaria en el Perú ha subido. El año pasado, la pobreza llegó a 21.7%, siendo Lima la región donde hubo mayor incremento. Según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI, en el año 2017, la pobreza se incrementó en 1% con respecto al año anterior.

Quizás es más lamentable aún que, según el INEI, el 40% de los pobres en el Perú se conforma de niños y adolescentes.

En el Informe Técnico del INEI titulado “Estado de la Niñez y Adolescencia”, se analizan sus indicadores de población, educación, salud, cobertura de programas sociales y actividad económica.

Salud en Hogares con niñas y/o adolescentes

Uno de los datos más impactantes del informe es que “en el 32.9% de los hogares integrados por niñas, niños y/o adolescentes, existe al menos un menor de 18 años de edad con déficit calórico; siendo mayor en el área rural (33.5%) que en el área urbana (33.2%) y Lima Metropolitana (32.0%)”, según afirma el informe.

Quizás aún más sorprendente es que los hogares que acusan cifras tan altas de déficit calórico sean las que se benefician de al menos de un programa alimentario (51.7% de hogares), como Vaso de Leche, Comedor Popular, Wawa Wasi, entre otros. Entonces, queda claro que estos programas sociales NO están funcionando.

Vale la pena recordar que fue en el 2011 que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dejó de distribuir sulfato ferroso y las chispitas de hierro y, además, cortó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el cual fue reemplazarlo por algunos nuevos programas que claramente no están mostrando resultados. Ver en Lampadia: No se puede jugar con las cifras de desnutrición infantil.

Este grave problema ya lo veníamos anunciando en Lampadia (ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo), donde afirmamos que en el Perú el 2011 marcó dos puntos de inflexión, uno social y otro económico, que fueron causados por el ‘gobierno de la inclusión’. En el aspecto social, se produjo un punto de quiebre en la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. Y en lo económico se paró la inversión minera y toda la cola de inversión en el resto de la economía.

En el Perú, la anemia ha sido mayor al 40% en los últimos diez años, lo cual constituye un problema de salud pública que afecta a niños y gestantes de bajos recursos. De acuerdo a un estudio del INEI, la anemia afecta a más cuatro de cada diez niños menores de tres años de edad a nivel nacional, es decir, este año se estaría retrocediendo a niveles de hace cuatro años:

• Entre el 2017 y el primer semestre de 2018, la anemia en el Perú pasó de 43.6% a 46.6%, habiendo subido desde 41.6% el 2011.
• A nivel urbano el deterioro de la salud infantil pasó de 37.5% el 2011, a 44.7% el 2018, pasando por 40.0% el año anterior.
• A nivel rural, el 2011 teníamos un 49.6% y 53.3% el 2017, mejorando ligeramente el 2018 a 51.9%.

Otro punto importante es la educación de los jóvenes. Lo positivo es que la tasa neta de asistencia escolar en menores de edad ha aumentado en todos los rangos, como se puede ver líneas abajo:

Pero lo preocupante son las razones por las que la población en edad escolar de 3 a 16 años, afirmaron no asistir a un centro de enseñanza: No existe un centro de educación básica en el centro poblado (33.5%); Falta de dinero/Actualmente trabaja (27.6%), Problemas familiares/No le interesa o no le gusta el estudio/Bajas notas/Quehaceres del hogar (11.4%), entre otros.

Se tiene que ver la realidad. El Estado no está tomando las medidas correctas. Hay que reaccionar de una vez y brindarles a nuestros niños todas las herramientas para que lideren el Perú del futuro. Lampadia