Jaime de Althaus
Para Lampadia

Quizá el problema estructural más serio del Perú es su altísima informalidad. Esta se expresa, entre otras cosas, en la baja tasa de inclusión financiera. Contrario sensu, si fuera posible acelerar la inclusión financiera o la profundización bancaria en el país, los sectores populares e informales crecerían más rápidamente y podrían aspirar a formalizarse. Eso beneficiaría al país de distintas maneras. En ese sentido, la billetera electrónica (BIM) puede convertirse en un instrumento eficaz de inclusión financiera y formalización. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Funciona?

Impacto y necesidad

Comencemos reconociendo la realidad que mencionábamos: solo el 42% de los peruanos tiene cuenta bancaria, y solo el 30% usa tarjetas de crédito. La bancarización ha venido subiendo, como podemos ver en el siguiente gráfico, pero es todavía reducida.

Pero esta penetración es engañosa porque una parte apreciable de quienes tienen cuenta, no la usan, con el agravante de que esa parte ha aumentado, como podemos ver en el siguiente gráfico: aquellos que hicieron cuando menos un depósito en su cuenta, por ejemplo, en los últimos 12 meses, bajaron del 83% al 70%, entre el 2014 y el 2017. 

¿Qué es la billetera electrónica?

La billetera electrónica (BIM) fue parte de un compromiso adoptado por el sector privado financiero en el CADE 2014, presidido por Ricardo Briceño. Prácticamente todas las instituciones financieras peruanas (bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, Edpymes y empresas emisoras de dinero electrónico) conformaron una empresa, Pagos Digitales Peruanos, para sacar adelante esta iniciativa. Es un caso único en el mundo.

La BIM se abre en el celular, en cualquier celular. No necesita ser un Smart Phone ni tener internet. Se puede cargar dinero en la BIM en cualquier agente bancario, en una bodega que sea agente bancario, por ejemplo. Y se puede retirar dinero también allí. Con la BIM se puede pagar o transferir dinero de celular a celular. La puedo usar para transferirle dinero a un familiar o a cualquier persona o para pagar algún servicio o una compra. Por ejemplo, para comprar minutos de teléfono prepago para mi celular. También hay una aplicación, llamada BIM, que se puede usar.

Crecimiento

Carolina Trivelli nos explica que la billetera electrónica se lanzó el 2016 pero se demoró en adquirir velocidad. Esto porque requiere de una red de agentes bancarios lo suficientemente tupida donde se pueda cargar la billetera y retirar dinero (cash in y cash out). La idea original era que el bodeguero prestara su teléfono para la operación, pero los bodegueros se resistían. La solución fue introducir la función BIM en el POS del bodeguero. Hoy existen 14 mil puntos de “cash in” y “cash Out”.

El hecho es que en los últimos meses el monto total de transacciones con la BIM, sin representar aún una porción importante del mercado, ha crecido aceleradamente. Lo podemos ver en el siguiente gráfico:

No obstante, el número de personas con BIM está alrededor de las 500,000. Trivelli calcula que en dos años debería haber 2 millones de personas cuando menos. Pero 2 millones sigue siendo muy poco. El número de personas mayores de 15 años suma casi 24 millones de personas, de los cuales 16 millones carecen de ningún medio de pago digital, y 14 millones no tiene ninguna relación con el sistema financiero: ni cuenta, ni tarjeta ni dinero electrónico. Cuando se lanzó el BIM, Trivelli estimó 5 millones de usuarios, una muestra de la debilidad del producto.  

Es obvio, entonces, que el esfuerzo de Pagos Digitales Peruanos es claramente insuficiente. En la actualidad realiza pilotos en San Juan de Lurigancho para estudiar las maneras de escalar el número de usuarios y de encontrar nuevos usos. Fuera de las transferencias de persona a persona, un pago frecuente es la recarga del celular. También se puede pagar el RUS a la Sunat. Las caseras podrían pagar con la BIM sus compras en el mercado. Se ha tratado de que los bodegueros paguen con la BIM a las empresas proveedoras, pero aún no se ha logrado debido a usos y costumbres y a procedimientos internos de las propias empresas de distribución. Pero se está haciendo nuevos pilotos para ver cómo viabilizar esta alternativa. Si se unificara el sistema de recaudación del transporte público en Lima, se podría pagar los pasajes con BIM, por ejemplo.

Pero una de las limitaciones del sistema es que el costo de menor transacción era de 0.50 soles (equivalente al precio de dos panes), en vez de como en el África, tener costo cero para promover la inclusión de los más pobres. Ver en Lampadia: La billetera digital llega al Perú – buena iniciativa.

Otra importante observación a la BIM es que al ser un producto del conjunto del sistema financiero, dificultó que los agentes no bancarios, como en otros mercados, tuvieran iniciativas más audaces.

Como fuere. El ritmo es muy lento. Quizá Pagos Digitales Peruanos deba revisar su estrategia, redoblar su inversión, incorporar otra clase de actores y empresas al esfuerzo, y posiblemente se necesite que el Estado se interese y se convierta esto en un gran proyecto público privado. Porque tener a más de la mitad de la población fuera de la formalidad más elemental –como es alguna conexión con el sistema financiero- es un lastre muy pesado para la competitividad del país y una manera de condenar a las mayorías a no salir de niveles de subsistencia. 

El dilema de los bancos: entre la ganancia inmediata y el largo plazo

En este tema las entidades del sistema financiero se enfrentan, en alguna medida, a un dilema: privilegiar las ganancias de corto plazo o destinar recursos a una ampliación del mercado en el largo plazo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son una fuente de ingreso importante para los bancos, pero no son aceptadas por las bodegas y otros pequeños negocios –que son la gran mayoría en el Perú- debido no solo a la mayor complicación en el pago sino sobre todo a las elevadas comisiones que tienen que pagar, que pueden llegar al 4 o 5%. Por eso, y por la publicidad negativa de los medios, la penetración de las tarjetas de crédito es muy baja.

De otro lado, en general las entidades y financieras tienden a priorizar los ingresos de corto plazo. Por eso, comprometerse a redoblar una inversión de este tipo exige una política de los directorios de postergar en alguna medida ganancias inmediatas en provecho de una decisión estratégica de largo plazo que apunte a profundizar el sistema financiero y que a la larga deberá beneficiar no solo a las empresas financieras sino al país entero.

Porque, por ejemplo, si bien inicialmente los negocios que reciben pagos con la BIM no pagan comisiones a Pagos Digitales Peruanos, aunque los usuarios si sufren algunos pequeños cargos la billetera electrónica le permite a las entidades financieras tener acceso a los teléfonos de los bodegueros o a los periodiqueros o los puestos de mercado o de los usuarios en general de las BIM, de modo que, vía inteligencia artificial, les será posible a las entidades financieras ir diseñando productos interesantes para convertir a esos usuarios en sujetos de crédito.   

Ahora, algunos bancos empiezan a diseñar aplicaciones nuevas como Tunki (Interbank) y Yape (BCP), que permiten pagar a los comercios sin que éstos tengan que pagar comisiones. Son formas de ampliar el mercado a la larga, aunque en el corto plazo quizá algunos ejecutivos perciban que esos productos compiten contra fuentes de ingreso tan rentables como las tarjetas de crédito. El problema es que las comisiones que cobran esas tarjetas son una barrera de entrada muy alta.

También es cierto que las regulaciones financieras son múltiples y muy pesadas, lo que de alguna manera actúa como un inhibidor de un sistema financiero más dinámico, especialmente para la oferta de productos en los sectores emergentes.

Según Trivelli, Pagos Digitales Peruanos ha invertido hasta la fecha alrededor de 40 millones de soles en el diseño y masificación de la BIM, y calcula que su punto de equilibrio lo alcanzaría el 2021, cuando se alcance unos 3 millones de transacciones al mes. A setiembre del 2018 estaban en 500,000. Pero, como hemos visto, el esfuerzo aun no da la talla.

Conclusión

Más allá del tema regulatorio, es muy importante entonces que las entidades financieras revisen su estrategia de inclusión financiera para darle un impulso mucho más fuerte y avancen en sus propios medios de pago electrónicos o telefónicos que impliquen un costo nulo o mínimo para los comercios pequeños en el país. Deberíamos pasar a una estrategia público-privada que abra el juego a todos los actores posibles y dé las facilidades para avanzar rápidamente en este tema. Pues la inclusión financiera será, a la larga, una de las vías a la formalización de la economía peruana y permitirá potenciar la capacidad de crecimiento de la gran base de micro y pequeñas empresas que tenemos en el Perú. No podemos seguir teniendo a más de la mitad de la población completamente fuera del sistema financiero porque eso la condena a no salir de niveles de subsistencia o a prosperar en la ilegalidad y anula la competitividad del país. Lampadia

Nuestra afamada economista, Liliana Rojas-Suárez, del Center for Global Development, en Washington, estuvo en Lima hace un par de semanas para exponer sobre los avances de la inclusión financiera en el Perú, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico. Como sabemos, el crédito es una palanca esencial para el desarrollo de los ciudadanos y las empresas, especialmente las más pequeñas.

El Perú ha sido víctima de una de las mayores y más largas hiperinflaciones de la historia mundial y, además, hemos tenido 30 años (60 – 90) en que se apagaron las luces de la economía. Ambos procesos nos hicieron un daño estructural del que aún no nos recuperamos del todo, nos llevaron a niveles de pobreza largamente por debajo de nuestro potencial de ingresos y propiciaron la emergencia de una informalidad difícil de contrarrestar, entre muchos otros efectos. Pero estos dos aspectos, más las regulaciones no incluyentes, determinaron que solo una pequeña fracción de nuestros ciudadanos tenga acceso al crédito formal.

El siguiente artículo de Rojas-Suárez, nos explica la situación de la inclusión financiera en el Perú:

Liliana Rojas-Suárez 

FORO ECONÓMICO – UN BLOG LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA POLÍTICA

8 de julio, 2016

Desde el 2010, el Grupo de los 20 (G-20) ha reconocido a la inclusión financiera como uno de los pilares centrales para el desarrollo económico. A su vez, los esfuerzos e iniciativas para promover la inclusión financiera vienen aumentando significativamente en los últimos años a nivel global, incluyendo América Latina y Perú.

En líneas generales, los esfuerzos de las autoridades y el sector privado parecen estar brindando varios resultados positivos. Por ejemplo, el Banco Mundial, a través de su base de datos Global Findex, muestra un incremento a nivel global entre el 2011 y el 2014 de 10.1% en el porcentaje de adultos que tienen cuentas en alguna institución financiera formal[1]. América Latina, en general; y Perú en particular, no son excepciones. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el rezago de la región con respecto a otros países con grado similar de desarrollo (medido por el ingreso real per cápita) es bastante amplio y no ha mostrado cambios significativos en años recientes. De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, en tanto que la mediana del indicador de inclusión financiera muestra un incremento importante tanto para la región como para otros países con similar grado de desarrollo (sus pares), la brecha en la tenencia de cuentas bancarias de países latinoamericanos con respecto a sus pares no ha cambiado de manera significativa (pasó de 20.2 a 19.5 puntos porcentuales).[2]

Cuadro 1. Brecha de Inclusión Financiera en América Latina

A nivel de país, Perú muestra una de las mayores brechas de inclusión financiera en la región (29.9 puntos porcentuales). [3] En el Gráfico 1, sólo México y Uruguay presentan brechas de inclusión financiera mayores a las de Perú (en el caso de Uruguay, la amplitud de la brecha se explica en gran parte porque sus pares son economías con un grado relativamente alto de desarrollo económico e inclusión financiera[4]).

Gráfico 1. Brechas de Inclusión Financiera entre países latinoamericanos y sus pares respectivos (puntos porcentuales)

¿Qué explica la amplitud y persistencia de la brecha de inclusión financiera en América Latina, particularmente en Perú? Para contestar esta pregunta, me baso en el marco analítico y metodológico desarrollado en Rojas-Suarez y Amado (2014) y su respectiva revisión y actualización en Rojas-Suarez (2016). En dicho análisis, se enfatiza el rol de las características sociales y económicas en las que operan los mercados de servicios financieros. En particular, se destacan cuatro categorías de obstáculos que frenan la inclusión financiera: inestabilidad macroeconómica, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales e ineficiencias del sector financiero.[5]

Como resultado de la investigación empírica en estos trabajos, se identificaron las variables (a nivel de país) que afectan significativamente a la inclusión financiera en América Latina en forma adversa:

(a) La volatilidad de la tasa de interés real (variable macroeconómica), a través de su efecto sobre la demanda por servicios financieros en el sector formal: altos niveles de volatilidad han estado asociados históricamente con crisis financieras y grandes pérdidas de los depositantes en los sistemas bancarios.

(b) Desigualdad del ingreso (variable de desigualdad socioeconómica), que resulta en fuertes resistencia de grupos de poder establecidos para implementar reformas que promuevan la inclusión financiera (Claessens y Perotti, 2005).[6]

(c) Debilidad del Estado de Derecho (variable institucional)[7], debido a que en sociedades con calidad institucional baja, los contratos entre acreedores y deudores tienden a no cumplirse; lo que a su vez genera desincentivos para que los depositantes confíen sus ahorros a los bancos y otras instituciones financieras y para que las entidades financieras otorguen créditos a deudores pequeños y relativamente más riesgosos.

(d) Ratio de costos administrativos a activos totales del sector bancario (variable de ineficiencia del sector financiero), en la medida en que ratios altos se asocien con costos elevados para la provisión de servicios financieros.

(e) Concentración bancaria, que puede resultar en un comportamiento oligopólico en detrimento de la inclusión financiera, pues genera incentivos a los proveedores a enfocarse en los clientes menos riesgosos que pueden pagar altos costos de servicios financieros. Sin embargo, la evidencia muestra que los efectos de la concentración bancaria sobre la inclusión dependen de la calidad de las instituciones.

(f) Interacción entre la concentración bancaria y la calidad institucional: la combinación de una concentración bancaria elevada en un contexto de calidad institucional débil tiende a ser adversa para la inclusión financiera, pues genera discriminación en contra de clientes de ingresos bajos y a bloquear políticas que permitan la incorporación de nuevos proveedores de servicios financieros.

Los resultados de la investigación econométrica presentada en Rojas-Suarez (2016) permiten analizar la importancia relativa de los obstáculos que acabamos de discutir en la explicación de la brecha de inclusión financiera entre América Latina y sus pares. Utilizando los coeficientes estimados y los valores promedios de las variables consideradas para América Latina y sus pares, el valor estimado para de la brecha de inclusión financiera de América Latina es de 16.8 puntos porcentuales en términos absolutos (incluyendo determinantes idiosincráticos y no idiosincráticos[8]); en tanto que el valor observado de dicha brecha es de 13.7 puntos porcentuales.[9]  El Gráfico 2 presenta la contribución implícita de los determinantes (no idiosincráticos) de la inclusión financiera para explicar la brecha.

Gráfico 2. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera entre América Latna y sus pares (puntos porcentuales)

El resultado central es que las debilidades institucionales y la desigualdad del ingreso son los factores más importantes para explicar la brecha de inclusión financiera de la región en relación a sus pares. La contribución de la inestabilidad macroeconómica (medida por la volatilidad de la tasa de interés real), aunque relevante, es relativamente menos importante y la contribución del ratio de costos administrativos bancarios es mínima. (Nótese una vez más que, aunque las variables consideradas son importantes para explicar la inclusión financiera, solo algunas cobran relevancia para explicar la brecha).

Como se mencionó anteriormente, la calidad institucional cumple un rol dual. Las debilidades institucionales tienen un efecto adverso directo sobre la brecha de inclusión financiera, pero también tienen un efecto indirecto mediante su interacción con la concentración bancaria. En primer lugar, de acuerdo a nuestros cálculos, los efectos directos de los problemas institucionales contribuyen a explicar más de 7 puntos porcentuales de la brecha. En segundo lugar, a pesar de que la concentración bancaria contribuyó a reducir la brecha en 2.48 puntos porcentuales (indicando que los sistemas bancarios son más concentrados en los países pares que en América Latina), sus efectos indirectos a través de la interacción con la variable de debilidad institucional explican 5.8 puntos porcentuales de la brecha. O sea, por sí mismas, la diferencia de concentración bancaria entre la región y sus pares no ha afectado positivamente la brecha de inclusión, pero sí cuando esta diferencia se ajusta por el impacto de la calidad institucional.

¿Qué factores explican la brecha de inclusión financiera en el Perú?

Los resultados econométricos presentados en Rojas-Suarez (2016) pueden también utilizarse para analizar los factores que explican la brecha de inclusión financiera en el Perú con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo económico (sus pares). La misma metodología utilizada en el Gráfico 2 para la región en su conjunto se emplea para construir el Gráfico 3, a nivel de país. En el gráfico se presenta a Perú y, como puntos de comparación, a México y Chile. Incluimos a México por tener una brecha de inclusión financiera mayor que la de Perú y a Chile porque su brecha es solo un tercio que la de Perú (Gráfico 1).

Gráfico 3. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera en México, Perú y Chile (puntos porcentuales)

El gráfico muestra similitudes y diferencias muy importantes entre los tres países. Las similitudes son que ni la volatilidad de la tasa de interés real ni el ratio de costos administrativos bancarios juegan un papel relevante en explicar las brechas de inclusión financiera.[10] Este es también el caso cuando se considera la región en su conjunto (gráfico 2).

Las diferencias son más notables que las similitudes. En los países de baja calidad institucional (Perú y México)[11], los efectos directos e indirectos de la debilidad institucional son los factores dominantes para explicar la brecha de inclusión financiera. En contraste, en Chile, su alta calidad institucional contribuye a reducir la brecha de inclusión financiera.

La alta concentración bancaria en Perú es también un factor importante en la explicación de la brecha. Esta alta concentración en un entorno débil institucionalmente desalienta la inclusión financiera y por tanto incrementa la brecha con respecto a sus pares.

Aunque la desigualdad del ingreso contribuye a explicar las brechas de inclusión financiera en los tres países, este factor destaca significativamente en Chile como el componente más importante.

La lección que se deriva para Perú es clara y simple: los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera se verán seriamente limitados en ausencia de reformas significativas para mejorar la calidad de las instituciones (el respeto al Estado de Derecho, la independencia y eficacia del sector judicial y la efectividad del gobierno en la implementación de sus políticas). En ausencia de estas reformas, es difícil esperar que el Perú pueda acortar la brecha que lo separa de sus pares, los cuales han logrado incorporar porcentajes mucho más altos de la población al sistema financiero formal.

Referencias

Claessens, Stijn and Enrico Perotti, 2005, “The Links between Finance and Inequality: Channels and Evidence”, University of Amsterdam, March

Rojas-Suarez, Liliana (2016), “Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks Policy Issues”, Inter-American Development Bank, Department of Research and Chief Economist, Discussion Paper No. IDB-DP-464

Rojas-Suarez, Liliana and María Alejandra Amado (2014), “Understanding Latin America’s Financial Inclusion Gap”, Center for Global Development, Working Paper 367, May

 

[1] Indicador de inclusión financiera considerado en este texto.

[2] Una brecha positiva indica que la inclusión financiera es mayor en los pares de América Latina que en (la mediana de) los países latinoamericanos.

[3] Los resultados son similares si se utilizan indicadores alternativos de inclusión financiera, tales como acceso al crédito o utilización del sistema financiero formal para realizar transacciones o ahorrar.

[4] Lo opuesto ocurre en los casos de Bolivia y Ecuador, dos países de bajo nivel de desarrollo a nivel mundial.

[5] En Rojas-Suarez y Amado (2014) también se investiga el rol de características individuales. Un resultado importante es que el efecto de tener educación secundaria sobre la probabilidad de estar incluido financieramente es mayor en América Latina respecto a sus pares.

[6] Sin embargo, otros autores argumentan que las mejoras en la inclusión financiera pueden contribuir a reducir la desigualdad. Aunque esto sugiere la posibilidad de doble causalidad entre la desigualdad del ingreso y la inclusión financiera, los estudios empíricos considerados en este texto indican que la primera causa a la segunda.

[7] Otras variables de calidad institucional tienen un efecto similar sobre la inclusión financiera.

[8] El componente idiosincrático de la brecha corresponde al valor del coeficiente de una variable dummy para países latinoamericanos incluida en la regresión.

[9] Nótese que para este ejercicio, nos estamos refiriendo a la brecha promedio de América Latina con respecto a sus pares (13.7 puntos porcentuales). Como se mencionó anteriormente, la mediana de la brecha es 19.5 (Cuadro 1).

[10] La contribución del ratio de costos administrativos es tan pequeña que no se visualiza en el gráfico.

[11] En el indicador de “Estado de derecho”, un indicador de calidad institucional del Banco Mundial, Perú y México ocupan los lugares 140 y 130 respectivamente en una muestra de 204 países, en tanto que Chile ocupa el puesto 26.

Lampadia

Compartimos con nuestros lectores el magnífico ensayo que David Tuesta, experto internacional en inclusión financiera y conocedor de los sistemas de pensiones de todo el mundo, ha preparado para Lampadia sobre los incentivos de ahorro para la vejez.

Como hemos indicado anteriormente, lo natural del ser humano es preferir el goce actual versus el futuro. Tuesta nos explica esto y otros factores que los Estados deben considerar para velar por la mejor condición de sus poblaciones mayores.

La política menuda nos puede estar empujando a cometer un gran error en el tema previsional. Aún estamos a tiempo de evitarlo.

Esta publicación se inscribe en nuestro esfuerzo por promover un debate serio sobre el tema pensionario, antes de que el Congreso apure una norma votada sin ningún sustento técnico. Esperamos que el Presidente del Congreso, Luis Iberico, pueda manejar adecuadamente esta imperiosa necesidad. Veamos qué nos dice Tuesta:

El poder de los incentivos para incrementar el ahorro para la vejez en el Perú

Por David Tuesta, Jefe de la Unidad de Inclusión Financiera del BBVA Research, Madrid

En un país donde cerca del 70% de los trabajadores están en la informalidad, traduciéndose en un ridículo ratio de cobertura pensionaria, preocupa enormemente la viabilidad futura del Perú desde una perspectiva económica y social. Algunos dirán que esto es exagerado y que hasta hoy no ha pasado ninguna catástrofe, pues las redes familiares se encargan del que no tiene pensión y así seguirá. Yo diría que esa afirmación es muy cándida e imprudente, si se tiene en cuenta que la población en vejez es hoy sólo el 3% de la población y que en 35 años cuando empiecen a jubilarse los que hoy ingresan a trabajar, este porcentaje se aproximará al 10% del total de la población. ¿Seguiremos pensando que en un país donde más que se triplicará el porcentaje de ancianos, las cosas seguirán igual? ¿Queremos cargarles un mayor problema a nuestros hijos y nietos? Hay que actuar pronto en promover en las personas un mayor ahorro para la jubilación. Solucionar el problema de la informalidad será clave, pero no podemos esperar a que ese día llegue. Se debe y se puede actuar desde ya.

¿Qué puede hacer el Estado para que la gente ahorre más para la vejez? El Estado tiene responsabilidad para solucionar una falla de mercado existente. Los agentes económicos no están suficientemente informados ni capacitados para tomar las decisiones más eficientes en este ámbito. Malas decisiones significarán luego mayores costes para otros colectivos como los datos demográficos anteriores nos lo indicaban, y que eventualmente puede terminar costándole más al contribuyente y por ende al Estado.

Adicionalmente, la teoría del comportamiento económico confirma que el comportamiento de los seres humanos al tomar decisiones no es el más afortunado, por decir lo menos. Como hallarían reputados economistas (Kanheman, Tversky, Thaler, Shiller, entre otros), los agentes económicos racionales que aparecen en los libros de economía, son cualquier otra cosa menos seres humanos (Thaler hablaba de los Econs versus los Humans). Los seres humanos suelen tomar decisiones de manera impulsiva y dejando para después algunas que son importantes (sorprendentemente, de manera consciente). Solemos priorizar el consumo presente antes que el futuro. Este ser humano está muy alejado de aquel individuo que tomaría decisiones al estilo del “ciclo vital” o basados en la “teoría del ingreso permanente”. En el caso de pensiones, nuestro ser humano tiene problemas de inconsistencia temporal (prefiere más el presente que el futuro) y va a preferir consumir más que ahorrar. Varios estudios de experimento de campo demuestra esto recurrentemente. Por tanto, pregonar el argumento de la “libertad de elegir” no es lo más recomendable para la sociedad en el caso de pensiones.

Lo anterior no significa que el Estado deba adoptar un rol intervencionista. El espacio para la obligatoriedad podría existir para que los individuos ahorren en sus pensiones bajo una tasa de aporte razonable. Pero también debemos entender que el pragmatismo sugiere que el cumplimiento de “deberes” requiere un marco económico-institucional que lo haga factible. La informalidad se constituye en un obstáculo para que esta intervención directa bajo criterios de obligatoriedad funcione en este amplio colectivo de la sociedad peruana.

Adicionalmente los desincentivos para ahorrar para la vejez de forma regular y constante para un trabajador informal que recibe su paga de manera irregular, no guardan consistencia. Así mismo, si este tuviera posibilidades de destinar 10% a algún tipo de ahorro/inversión tendría una lista larga de preferencias muy importantes para la familia antes que ahorrar en pensiones: comprarse una casa, educación para sus hijos, salud, entre otros. La primera conclusión al respecto es que “el mismo traje o vestido no le acomoda a todo el mundo”.

Por tanto, deberemos entender que al sector informal no podremos emplearle el mismo “traje” que le aplicamos al sector formal. El sector formal, en su mayoría trabaja para una empresa bajo una ley laboral que le permite percibir determinados beneficios sociales contemplados en la ley, y donde la firma se encarga del trámite de retenerle su porcentaje de ahorro para la jubilación obligatoria y trasladársela a su fondo de pensiones. En el sector informal, nada de lo anterior sucede, y el Estado no tiene capacidad de control.

Dicho lo anterior, hay que pensar en un sistema de pensiones a la medida del colectivo informal. Se necesita empezar a construir un sistema de pensiones donde la clave sea una participación voluntaria muy bien incentivada, tomando ventaja de todo lo que nos vienen enseñando la teoría del comportamiento.

Lo primero que habría que pensar, es en la búsqueda de un circuito masivo donde los trabajadores informales interactúen con la formalidad. Hay algunas pistas respecto a actividades por donde este colectivo transita: el pago por el consumo de minutos para comunicación celular, consumo de telefonía fija, consumo de luz, entre otros. Otros circuitos pueden ser el uso de servicios financieros. Finalmente, otra vía de transito es el que tiene el Estado, a través del pago de tasas municipales, tasas por circulación vehicular y licencias de conducir. El pago del IGV (IVA en otros países) puede ser otra vía a considerar para este esquema de ahorro voluntario.

Por tanto, habría que pensar cómo hacer operativa estas vías para incorporar en su circuito de valor un “porcentaje de ahorro para las pensiones”. El uso de estas vías masivas ya viene siendo testeado en forma de programas pilotos de ahorro en algunos países, tales como recordatorios de ahorro a través de mensajes de mensajes SMS  que ayuda a la gente a planificarse y automatizar el ahorro (http://juntosglobal.com/blog/), o mecanismos de descuento el recibo de telefonía para el ahorro para el retiro (http://www.ideas42.org/wp-content/uploads/2015/11/I42_571_MexicoPensionsReport_ENG_final_digital.pdf).

Los ejemplos anteriores tienen el objetivo de movilizar, darle un “empujón” (nudge), al comportamiento de los individuos, tomando ventaja de la “inercia” que manifiestan sus acciones. Por ejemplo, imaginemos que se pueda incorporar “por descarte” un incremento para todos de un 3% en el recibo del celular, o en el recibo de la tarjeta, el mismo que se transfiera directamente a su cuenta de ahorro para pensiones en la institución financiera de su preferencia, dándole al mismo tiempo, la opción de poder renunciar expresamente a dicha retención. Esta “afiliación automática a pensiones”, ha demostrado en varios países que funciona para diferentes fines que las personas consideran útiles e importantes, y que las tasas de renuncia al descuento suelen ser bajas. El caso de enrolamiento automático a pensiones en Inglaterra bajo el sistema NEST, viene mostrando tasas de renuncia a la contribución bajísimas. Se puede también aplicar esquemas del tipo “Save More Later”, en el que automáticamente le programen una mayor tasa de contribución a su fondo de pensiones, digamos por ejemplo, de 2 puntos porcentuales más cuando usted cumpla los 40 años, siempre con la opción de decir que no en cualquier momento. La clave de hacer automático este ahorro y dejar que la intervención de la medida sobre la inercia en las acciones del individuo haga el resto.

Otros incentivos que pueden ayudar a complementar esto es el de los esquemas de transferencias de recursos o apoyo, sujeto a un compromiso de ahorro de las personas. Los esquemas de matching contributions para pensiones, han venido incorporándose paulatinamente en varios países del mundo tal como se observa en un libro que edité con colegas del Banco Mundial (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11968). Buscar un esquema en el cual las personas contribuyan un determinado aporte y el Estado se comprometa a realizar otro similar que lo acompañe (que haga el matching), ha sido la base de esquemas como el 401K en los Estados Unidos, el Reister en Alemania, y en otros esquemas de pensiones como en Nueva Zelandia, Japón, Corea y China. En Colombia, recientemente han incorporado el esquema de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), con un esquema de matching para incentivar a los trabajadores informales (http://www.beps.gov.co/inicio/index.php) y cuenta ya con casi 200 mil personas del mundo informal activamente vinculadas a este programa. Chile desde hace algunos años ha incorporado también un esquema de matching para incentivar el ahorro a pensiones de los trabajadores jóvenes que se ha implementado gradualmente (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11968).

Otra medida para fortalecer el poder de los incentivos, es el de hacer más tangible para las personas el ahorro en pensiones. El ahorro para la vejez suele verse como un tema muy lejano y que compite directamente con otras necesidades de gasto-inversión más urgentes como el ahorro para la compra de una vivienda, la inversión en educación para los hijos (que a la postre puede ser el “plan de pensiones” de muchos padres) o el capital de trabajo para el pequeño negocio familiar. En ese sentido, es necesario que los fondos de pensiones logren alinear los objetivos de corto y largo plazo. Por ejemplo, se podría pensar en que si las personas ahorran durante 10 años continuos, se pueda permitir que un porcentaje de su cuenta se use para la cuota inicial de una vivienda; incluso el Estado podría pensar en que el crédito tenga algún tipo de subsidio por parte del gobierno como lo fueron los programas Mivivienda. También se podría pensar que el matching a pensiones otorgado por el Estado a la fecha pueda ser usado en su totalidad para la compra de vivienda. Similar esquema podría pensarse con salud, educación o el pequeño negocio. Esta “apertura mental” de los hacedores de política para permitir que una parte de los fondos de pensiones se utilicen para otros fines, existen en los modelos del Kiwi Saver en Nueva Zelanda (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11968) así como los BEPs en Colombia mencionado arriba.

El poder que tienen los incentivos para intervenir positivamente sobre las decisiones económicas de los agentes es sorprendentemente muy efectivo. Hay muchas ideas y medidas ya aplicándose en el mundo que pueden valorarse para ayudar a incrementar la participación para el ahorro en la vejez en el Perú, en particular en el amplio colectivo informal que no contribuye. La experiencia internacional es una excelente vitrina para brindar inspiración a los hacedores de política económica en el Perú. Si hay ganas de mejorar la cobertura en el Perú esta es una vía que nuestros políticos y técnicos deberían revisar pronto. Lampadia

El mito de Correa y su prolija macroeonomía está a punto de terminar