Por: Raúl Enrique Alfaro
Gestión, 10 de Diciembre del 2022

El general PNP Raúl Enrique Alfaro también detalló que Castillo Terrones le pidió cerrar el Congreso, no permitir el ingreso de nadie y desalojar a quienes estuvieran allí.

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Raúl Enrique Alfaro, reveló que el expresidente Pedro Castillo le ordenó detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de su mensaje a la Nación donde anunció la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia por 100 días.

En su declaración ante el Ministerio Público, el alto oficial de la PNP indicó que se encontraba aislado por el COVID-19 en su despacho cuando recibió una llamada vía WhatsApp del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, quien le pasó con Castillo Terrones.

Según detalló ‘Panorama’ en Twitter, el entonces mandatario le dijo: “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación”.

Al preguntar por el motivo del pedido, según el relato de Alfaro, Castillo le pidió dar seguridad a la casa de sus padres, a la vivienda de la primera ministra, Betssy Chávez, y a su antecesor en el cargo, Aníbal Torres. Tras ello, se cortó la llamada.

“Puse en conocimiento al jefe de Estado Mayor teniente general Vicente Álvarez y al Comando de Asesoramiento General el general Jorge Angulo, de lo que me dijo el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones en el sentido a que se saque a las personas de las instalaciones del Congreso de la República incluyendo congresistas, asimismo que intervenga a la Fiscal de la Nación”, detalló.

“Y seguidamente le di la orden de que la Policía Nacional del Perú tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la Fiscal de la Nación era totalmente ilógico, se tenía que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de los mismos”, agregó.

Pedro Castillo fue destituido el pasado 7 de diciembre por el Congreso por permanente incapacidad moral y detenido poco después por la policía, luego del autogolpe que dio en la mañana de ese mismo día cuando anunció la disolución del Legislativo.

El ahora expresidente fue trasladado al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel.

La que era vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.

Uri Landman
Para Lampadia

El miércoles siete de diciembre, quedará grabado en nuestra memoria, como el día en que el corrupto Pedro Castillo, dio un golpe de estado en el cual quiso cerrar el congreso e instaurar un gobierno comunista. Además, pretendió convocar elecciones para nombrar un nuevo congreso con facultades constituyentes y así elaborar una nueva constitución. Por último, anunció la reestructuración del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Este anuncio, se dio horas antes que en el congreso se debata la tercera moción de vacancia que se había presentado contra Castillo por incapacidad moral permanente.

Cabe preguntar ¿Cuál era la diferencia entre esta moción de vacancia y las anteriores?

Como todos sabemos, en los últimos días habían salido en los medios una serie de declaraciones de personas involucradas directamente en la trama de corrupción del gobierno, como el ex director de la DINI, el ex jefe de asesores del ministro de vivienda, la empresaria Sada Goray entre otros; quienes además de su testimonio, aportaron pruebas que involucraban de manera directa a Castillo en la red de corrupción del gobierno.

Ante la gran avalancha de pruebas que lo arrastraba a la cárcel, Castillo no tuvo mejor idea que pretender cerrar el congreso para evitar su vacancia.

A mi entender, esta medida fue precipitada, ya que no creo que la oposición hubiera logrado obtener los 87 votos necesarios para vacar a un presidente. ¿Por qué lo afirmo?

Hemos sido testigos de las múltiples declaraciones en la cuales se aseguraba de la compra del voto de congresistas de diversas bancadas, para evitar las dos primeras vacancias. ¿Quién nos asegura que para esta tercera moción no compraron los votos requeridos para salvar a Castillo?

Por otro lado, el voto de las bancadas de izquierda del congreso, nos ha demostrado en más de una ocasión que poco o nada les importan los hechos al momento de votar. Para ellos el componente ideológico y sus intereses personales son más importantes que el bien del país, para ejemplos tenemos muchos.

A pesar de las declaraciones del ex jefe de la DINI y del ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, la bancada de Perú Libre ya había adelantado que votaría en contra de la moción de vacancia. ¿Cuántos más congresistas hubieran votado en contra o se hubieran abstenido de votar salvando a Castillo?  A estas alturas, son puras especulaciones, pero si consideramos que Castillo fue vacado con 101 votos después de dar un golpe de estado, no es difícil imaginar que la oposición no llegaba a los 87 votos requeridos.

Será muy difícil saber qué fue lo que motivó a Castillo a dar un golpe de estado y cometer suicidio político. Algunas fuentes mencionan a Betsy Chávez (no habida) y a Aníbal Torres (en la clandestinidad) como dos de las personas que supuestamente fueron parte del grupo de personas que organizó dicho golpe. Nadie puede pensar que Castillo pretendió convertirse en dictador sin la ayuda de su grupo de colaboradores más cercano.

En las horas que siguieron la disolución del congreso por parte de Castillo y el adelanto de la votación de la moción de vacancia en el congreso, se dieron una serie de hechos que son importantes analizar.

Nos enteramos de la renuncia de algunos de los ministros de Castillo luego del golpe de estado. Más que una muestra de rechazo ante los hechos, parecía una lavada de manos de estos ministros, quienes habían defendido lo indefendible días antes. Por supuesto, todos ellos ahora niegan que tuvieran conocimiento previo de las intenciones de Castillo de dar el golpe. Nadie sabía nada.

Ya durante la votación de la moción de vacancia, la cual fue adelantada por el presidente del Congreso, el país pudo respirar cuando las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional, emitieron un comunicado en el cual ratificaban su respeto al orden constitucional y señalaban que cualquier acto contrario a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, constituye una infracción a la misma y genera no acatamiento por parte de las FFAA y la PNP.

El golpe de estado había terminado. El congreso vacó a Castillo con 101 votos y tomó juramento a la vicepresidente Dina Boluarte como la nueva presidenta del Perú.

Los hechos de la semana pasada nos dejan varias lecciones. La primera de ellas, es que nuestra Constitución está preparada para superar intentonas golpistas como la de Castillo. Tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos y no vamos a dejar que los comunistas con su pretensión de “nueva constitución” destruyan nuestro sistema democrático. Otra lección, es confiar en el profesionalismo y compromiso con el país de nuestras FFAA y PNP, ambas instituciones tantas veces maltratadas por los comunistas.

Una tercera lección que debemos resaltar, es que nosotros, el pueblo, tenemos el derecho de exigir a las autoridades que cumplan la ley y estén a la altura de las circunstancias. Si no fuera por los cientos de peruanos que rodearon la embajada de México, tal vez Castillo hubiera podido llegar y pedir asilo ante la complacencia del izquierdista presidente de México, López Obrador, quien había dado la orden que se abran las puertas de la embajada.

El día de hoy, que los defensores de Castillo intentan las más descabelladas estrategias de defensa como afirmar que Castillo estaba drogado, que solo fue un decir o que fue sin querer queriendo; no debemos bajar la guardia ya que podremos haber ganado la batalla, pero todavía falta ganar la guerra. Lampadia

Los despachos de la prensa internacional sobre el golpe de Estado de Vizcarra, no entran, en general, en el análisis de la constitucionalidad de la medida, y se dejan llevan más por otros símbolos, como la reacción de las Fuerzas Armadas y el control del aparato del Estado.

Así, por ejemplo, The Economist, habla de una disolución dudosa y enfatiza, más bien, la incapacidad de Vizcarra para un mejor manejo de la situación. A la que califica de grave y delicada.

Evidentemente, los despachos internacionales están marcados por el tono y sesgo político de sus corresponsales en el Perú, siendo que en buena medida se inclinan a un pensamiento de izquierda que contradice la línea principal de los medios que representan. Veamos el comentario de The Economist.

Disolución dudosa
La crisis política del Perú ha dado un giro absurdo

Martín Vizcarra tiene la ventaja en su duelo con el congreso

The Economist
2 de octubre de 2019
Traducido y glosado por Lampadia

MARTÍN VIZCARRA ha estado en guerra con el Congreso peruano desde que asumió la presidencia en marzo del año pasado. Esta semana, el 30 de septiembre, su relación difícil llegó a un punto de inflexión. Vizcarra disolvió el Congreso. La legislatura devolvió el golpe suspendiéndolo de su cargo y eligiendo a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, para reemplazarlo. Pronto renunció para evitar asumir la presidencia, tal vez dándose cuenta de que su nombramiento era más un gesto de desafío que una propuesta seria. Pero el choque constitucional ha causado graves daños a la democracia relativamente joven del país.

Los peruanos no pueden evitar recordar la última vez que se cerró el Congreso, en 1992. El presidente entonces era Alberto Fujimori, y su “auto golpe de estado” llevó a más de ocho años de gobierno autoritario y a menudo brutal. Ahora cumple una condena de 25 años en una cárcel peruana por abusos contra los derechos humanos, incluido el secuestro de un periodista en 1992. [Fujimori no fue procesado por derechos humanos].

Vizcarra no ha dado un golpe de estado. A diferencia de Fujimori, no ha enviado tanques a las calles ni destituido a la corte suprema ni al fiscal general. Tampoco ha arrestado a periodistas. Incluso si el congreso se va a casa como lo ha pedido Vizcarra, un “comité permanente” del congreso de 27 miembros permanecerá para controlarlo. Pero sus motivos para disolver el congreso son cuestionados por muchos abogados constitucionales. Así son las acciones del congreso.

El Congreso trató de apresurarse a través de nombramientos partidistas para el tribunal constitucional. Vizcarra tomó eso como una negación de confianza en el gobierno (el segundo durante este parlamento), lo que en teoría permite la disolución del congreso. Su interpretación es discutible.

La confrontación es el último signo de disfunción en una clase gobernante comprometida por la corrupción y dividida por facciones. Su origen se encuentra en las elecciones generales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski, un ex banquero de inversiones, se convirtió en presidente. Él derrotó por poco a Keiko Fujimori, la hija de Alberto, pero su partido Popular Force (FP) ganó la mayoría en el Congreso. Fujimori prometió que su partido usaría su posición en la legislatura para promulgar su propio programa de gobierno. FP y sus aliados buscaron paralizar al gobierno de Kuczynski. Una segunda amenaza de juicio político llevó a su renuncia en marzo de 2018 y a la promoción de Vizcarra a la presidencia.

Las acusaciones de corrupción han dejado de lado tanto a Kuczynski como a Fujimori. Está bajo arresto domiciliario mientras la policía investiga las afirmaciones de que utilizó su posición anterior como ministro de finanzas para participar en negocios corruptos con Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que sobornó a políticos en toda América Latina. (Otros dos ex presidentes enfrentan juicios por acusaciones vinculadas a Odebrecht y un tercero se suicidó en abril antes de que pudiera ser arrestado por cargos relacionados con Odebrecht). La Sra. Fujimori está detenida en prisión antes de su juicio por cargos de recibir contribuciones de campaña no declaradas de Odebrecht.

Pero la batalla entre el congreso y la presidencia no ha cesado. Vizcarra recurrió a medidas drásticas para impulsar sus prioridades legislativas. Estos incluyeron celebrar un referéndum el año pasado sobre un paquete de medidas anticorrupción, que el Congreso promulgó a regañadientes. Desde entonces, el presidente y el congreso han combatido otras medidas, como una propuesta para regular el financiamiento de campañas. La comisión de ética del Congreso ha protegido a los legisladores acusados de corrupción. Algunos fujimoristas vinculados a universidades privadas poco fiables, que se cree que blanquean dinero, intentan cerrar la agencia que los supervisa.

En mayo, el Congreso se negó a aprobar algunas reformas políticas respaldadas por Vizcarra, incluida la creación de un organismo independiente para revisar la inmunidad del enjuiciador de los congresistas. El 26 de septiembre, el comité constitucional del congreso rechazó la propuesta de Vizcarra de poner fin al estancamiento celebrando elecciones legislativas y presidenciales un año a principios de abril próximo (en el que ni él ni los miembros del congreso actual podrían participar).

Un político más hábil que Vizcarra podría haber evitado tal ruptura con el Congreso. Pero está claro que tiene la mayoría de las ventajas. Los jefes de las fuerzas armadas y la policía lo respaldaron públicamente, al igual que las asociaciones que representan a gobernadores y alcaldes. Tiene un índice de aprobación de poco menos del 50%. El Congreso es ampliamente aborrecido. Según una encuesta publicada el 29 de septiembre por La República, un periódico, el 87% de los peruanos lo desaprueba.

Algunos congresistas de la oposición han dicho que se encerrarán en el Palacio Legislativo, donde se encuentra el Congreso. Pero con la policía y el ejército detrás de Vizcarra, quien también controla la caja, está en condiciones de esperar hasta que se vayan.

Nadie sabe cómo terminará el enfrentamiento. La Organización de los Estados Americanos ha dicho que el tribunal constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de la disolución del congreso de Vizcarra. Aráoz, que no pertenece a ningún partido, ha convocado elecciones generales, que permitirían a los votantes elegir un nuevo presidente y un congreso.

Pero no han surgido nuevos líderes para tomar el lugar de los políticos desacreditados de hoy. La crisis de larga duración está afectando la confianza de los inversores y, por lo tanto, la economía. Los días oscuros de 1992 no han regresado, pero el futuro parece nublado. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de mucho cavilar, conversar y analizar, he llegado a la conclusión que la profunda crisis política que nos conmueve a todos los peruanos, requiere que produzcamos una solución, que salve, de la mejor manera posible, nuestra precaria institucionalidad democrática y la gobernanza.

Para ello, debemos evitar caer en cuestionamientos de legitimidad que debiliten nuestros arreglos institucionales, así como al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, y la imagen del Perú como un país serio.

Evitemos una vacancia cuestionable. Pidamos la renuncia de PPK y apoyemos al Vicepresidente para que concrete el mandato popular.

El proceso de vacancia presidencial

Lamentablemente, a estas alturas del proceso de vacancia fijado para el jueves próximo, con la feroz campaña desatada por la defensa del Presidente PPK, tanto en el plano jurídico como político; el país sufrirá agrias acusaciones sobre la violación del debido proceso. Sin dudas, el caso se llevará a los medios extranjeros y a las cortes internacionales. Y PPK y sus seguidores, se presentarán como víctimas del autoritarismo fujimorista.

Veamos:

• La Segunda Vicepresidenta, Mercedes Araoz, ha acusado por la crisis a Fuerza Popular (FP), y ha cortado prácticamente todos los canales de comunicación con el partido mayoritario en el Congreso, enervando la necesaria relación política futura.
• El Partido de Peruanos por el Kambio, ha enfilado todos sus ataques a FP. En su local partidario anuncia un “golpe de Estado fujimorista”

• Varios representantes del PPK, como, por ejemplo, Gino Costa, hablan sin rubor de “un golpe parlamentario en marcha contra el Tribunal Constitucional (una falsedad), el Fiscal de la Nación, y el Presidente de la República”.
• El Presidente PPK ha contratado, como su abogado, a Alberto Borea, uno de los más activos propulsores del regreso a la empobrecedora Constitución de 1973.
• Coincidentemente, han aparecido distintos abogados que han presentado autos de amparo contra el proceso de vacancia.
• En la misma línea de denuncia de golpe, PPK ha recibido el apoyo del ex Primer Ministro del gobierno de Humala-Heredia, el gobierno que desarticuló el proceso de desarrollo del Perú.
• Además, se habría orquestado una campaña mediática para sembrar dudas sobre el proceso de vacancia, destacando en el propósito, RM Palacios y Cecilia Valenzuela.
• Así mismo, llama la atención que el representante de PPK, Juan Sheput, plantee que, de irse adelante con la vacancia, habría que conseguir las renuncias de los vicepresidentes, para precipitar elecciones generales. Un escenario desestabilizador de la vida económica y política.

En consecuencia, la vacancia presidencial puede generar una serie de escenarios negativos para la salud del país. Máxime, si como amenaza el partido de gobierno, se pretendería desestabilizar a los vicepresidentes del propio PPK.

¿Cómo salimos de este trance?

Si queremos asegurar el cuidado institucional y que después de la crisis tengamos un gobierno con legitimidad y capacidad de conducir los destinos del país, deeberían tomarse las siguientes acciones:

1. Fuerza Popular debe votar en contra de la vacancia, y evitar así el carga-montón que lo estigmatice.
2. Así se caería todo el andamiaje anti-fujimorista, que pretende tapar la clamorosa situación del Presidente de la República.
3. Acto seguido, FP debe pedir la renuncia del Presidente.

Con estas acciones evitaríamos que se destruya la imagen del gobierno y que se entronice una suerte de ‘guerra agravada’ entre los miembros del PPK y FP.

La renuncia del Presidente

Sigamos analizando la situación. Después de superada la vacancia, el gobierno de PPK quedaría absolutamente debilitado:

1. Su prestigio y popularidad como gobernante serían gravemente afectados.
2. Renunciarían algunos de sus ministros.
3. Tendría grandes dificultades para reemplazarlos y llenar otras posiciones de gobierno.
4. Estaría incapacitado para llevar adelante las indispensables reformas que se requieren para la recuperación económica y política.
5. La debilidad del gobierno, incidiría en una nueva caída de la inversión privada.
6. El gobierno, no tendría la capacidad de enfrentar los movimientos anti-mineros y anti-sistema que se multiplicarán en el 2018, alrededor de las elecciones regionales y locales.

La renuncia de PPK, se cae por su propio peso, la continuación de su gobierno, es absolutamente inviable y muy inconveniente para el país.

Un gobierno programático que preserve la institucionalidad y gobernanza

En consecuencia del análisis anterior, concluyo que lo mejor para el Perú es que, una vez renunciado PPK, hay que concluir con el período de gobierno 2016-2021.

Esto requiere que el Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, forme un ‘gobierno programático‘:

• Que convoque a un Primer Ministro no partidista que facilite la convergencia hacia un gobierno que sume las fuerzas más representativas del país, y supere el absurdo enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo.
• Que preserve las instituciones democráticas y permita la gobernanza.
• Que plantee un rol de reformas institucionales mínimo.

¡Cuidado con caer en juegos antipatriotas! El ‘gobierno-pre-bicentenario’ debe concluir su mandato en julio 2021 y recuperar la recuperación de la salud de la nación. Lampadia

En los últimos 10 días, los partidarios de la oposición venezolana han llevado acabo cuatro  manifestaciones, protestando contra la crisis humanitaria, el colapso económico y la destrucción de la democracia bajo el dictador del chavismo-cubano Nicolás Maduro.

La decisión de la Corte Suprema a fines de marzo de asumir las funciones del congreso (dirigido por la oposición) provocó protestas por parte de una población que ya sufría una inflación de tres dígitos y una escasez generalizada de bienes básicos, como medicinas y alimentos.

Ante las reacciones, el tribunal rectificó la parte más controvertida de su decisión, pero la medida provocó una indignación generalizada en el país y en el extranjero (el gobierno del Perú retiró definitivamente a su Embajador en Caracas, por ejemplo), así como las noticias del viernes de la semana pasada de que la Contraloría Nacional había prohibido al político de oposición, Henrique Capriles, participar en elecciones durante 15 años.

Los manifestantes se reunieron en varias ciudades por la mañana del lunes pasado (10 de abril) para una cuarta ronda de protestas en 10 días, bloqueando la carretera principal de Caracas, hasta que fueron dispersados por la Guardia Nacional.

Los líderes de la oposición criticaron al gobierno por el uso arbitrario de la fuerza para romper las manifestaciones. Señalaron que el gas lacrimógeno fue disparado a una clínica de Caracas. “Ni siquiera en la guerra hay ataques contra hospitales y centros de salud”, dijo el legislador de oposición José Manuel Olivares en una conferencia de prensa.

Las manifestaciones de los ciudadanos que exigen libertad son pacíficas y multitudinarias. Ver testimonio:

Sin embargo, los funcionarios del gobierno acusaron a los manifestantes de actos de violencia y enviaron imágenes y videos a través de Twitter de manifestantes encapuchados y enmascarados que destruían propiedades públicas, como una parada de autobús. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que 18 personas habían sido detenidas durante las protestas.

La oposición exige elecciones

En varias partes de Caracas, pequeños grupos mantuvieron enfrentamientos esporádicos con las tropas, estableciendo barricadas  de neumáticos y basura quemada a lo largo de las calles.

El canciller brasileño Aloysio Nunes y el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidieron a Venezuela que restablezca la democracia plena y establezca un calendario para las elecciones, aumentando la presión diplomática sobre Maduro. El Departamento de Estado emitió una declaración expresando la “grave preocupación” por la decisión del viernes de descalificar a Capriles del cargo.

La oposición está exigiendo una fecha para las elecciones, que se suponía se llevarían a cabo el año pasado, así como un cronograma para futuras elecciones incluyendo la votación presidencial, que es constitucionalmente obligatoria a más tardar el 2018. A pesar del aumento de las protestas, muchos venezolanos ven con pesimismo que las marchas logren cambios reales.

El rechazado e impopular gobierno de Maduro acusa a la oposición de fomentar la violencia para sentar las bases de una invasión extranjera. Unos 188 manifestantes, la mayoría estudiantes, fueron arrestados en el período del 4 al 8 de abril y 57 siguen tras las rejas, dijo el lunes el grupo de derechos humanos Foro Penal Venezolano. Nueve personas, entre ellas dos adolescentes, fueron arrestadas por irrumpir en una oficina de la Corte Suprema, y un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la violencia desatada en contra de las protestas.

El gobierno ha sufrido una creciente presión de los países americanos y europeos que han condenado la violencia en Venezuela y el veto a Capriles. Ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros vecinos.

En Lampadia hemos seguido la situación venezolana de cerca, tratando de ilustrar los grandes errores de las “ideas muertas” con que justificaron su toma y las abusivas manipulaciones usadas para mantenerse en el poder. Lo peor es que los problemas venezolanos no solo se han hecho aparentes en lo económico y social. También han llegado a extremos en lo político, pues fueron el ejemplo de la anti-democracia. Ver en Lampadia: ¡Fin a la dictadura en Venezuela!, La intolerable agonía de Venezuela y La dictadura de Maduro lleva a Venezuela al borde del abismo.

Sin embargo, Chávez y Maduro han contado con el padrinazgo brasileño bajo los corruptos Lula y Dilma,  la complicidad de los países del Alba y el vergonzante silencio de la mayoría de países de la región. La dictadura y la pobreza de los venezolanos son una mancha profunda en la historia de Latinoamérica, una gran vergüenza para todos.

Como dijo la señora Lilian Tintori, esposa del injustamente encarcelado Leopoldo López, “ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado”. 

Millones de sufridos venezolanos todavía esperan el apoyo de sus hermanos latinoamericanos y de los gobiernos de la región. ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia

Antecedentes
Durante los últimos días, en Lampadia hemos mostrado nuestra solidaridad con el sufrido pueblo venezolano, que además de la crisis humanitaria a la que ha sido condenado por el chavismo, ahora sufre nuevos embates políticos, perdiendo, quién sabe, la esperanza de unas elecciones libres y prontas.

Como es sabido, el jueves pasado, el régimen chavista-cubano que oprime a los venezolanos desde hace 18 años, ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que asumiera las funciones de la Asamblea Nacional (el Congreso venezolano), dando un golpe de Estado. Dos días después, el tirano Maduro dispuso al TSJ que anule su disposición.

Este golpe es en verdad el último paso en la destrucción de la democracia venezolana, pues antes del mismo, el TSJ venía anulando la validez de todas las disposiciones de la Asamblea, como reportó Jaime de Althaus ayer en Lampadia.

Reacciones Locales
Las reacciones a este acto dictatorial no se hicieron esperar. El gobierno del Perú retiró definitivamente a su Embajador en Caracas y muchas fuerzas políticas expresaron sus severas condenas a semejante acto.

El pasado lunes, el Congreso condenó la falta de democracia en Venezuela, “vinculados a la ruptura del orden constitucional y democrático, violación de derechos humanos y grave crisis humanitaria”. La moción de la comisión de Relaciones Exteriores fue aprobada por mayoría.

La falsa moral de las izquierdas

Tal como en anteriores ocasiones, los miembros del Frente Amplio, (que no es ni frente, ni amplio) no fueron capaces de condenar el golpe del chavismo, al que parece le deben muchos favores. El FA fue la única bancada que se abstuvo de firmar la moción condenatoria.

Verónika Mendoza, quien fue candidata a la presidencia por el Frente Amplio, tuvo una posición poco firme sobre la situación que vive Venezuela, señalando que se “rompió el equilibrio democrático” e instando a las autoridades a que escuchen al pueblo venezolano “para recuperar la democracia”.

Ante la injustificable represión desatada contra las masivas marchas de los venezolanos desarmados que reclaman democracia y mejor calidad de vida, es increíble que algunos representantes de la izquierda peruana continúen defendiendo al régimen chavista con declaraciones que lindan con el oprobio, como la reciente publicación de la actual congresista Marisa Glave, del mismo Frente Amplio (y ex miembro del movimiento Tierra y Libertad):

Igualmente criticables han sido las declaraciones del ex Presidente Ollanta Humala afirmando que “Me enfrente al fujimorismo que quebranto el orden constitucional y la democracia. La situación de Venezuela es preocupante para todos. Invoco hoy al diálogo, respeto al orden constitucional, los principios democráticos y la separación de poderes”.

Venezolana llama la atención a Marisa Glave

En una entrevista con Canal N, la activista venezolana, Paulina Facchin, sostuvo que con esta decisión Maduro ha violentado la democracia. Además, en una entrevista con el portal Lucidez.pe (artículo original compartido líneas abajo), condenó a la congresista de Frente Amplio diciendo que “En relación a las palabras de Marisa Glave, las democracias no son de derechas ni de izquierdas, simplemente son democracias. La libertad no es de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son de izquierda ni derecha. (…) Lástima que ella no entienda esto. Es bastante complicado decir que la oposición ha sido golpista cuando los golpistas en Venezuela han sido Hugo Chávez, quien tuvo una sentencia por el golpe de estado que le dio al presidente Carlos Andres Perez. Hoy en día el nuevo dictador se llama Nicolás Maduro quien ha dado un golpe de estado que no es militar sino a través del tribunal supremo”. (Ver despacho de Lucidez, del 31 marzo, 2017, líneas abajo).

A estas alturas, ha quedado demostrado que los gobiernos del chavismo se han apropiado de empresas públicas y privadas, han destrozado la economía y han roto todas las formas democráticas y de convivencia en la región. Han interferido en asuntos internos de los países vecinos cooptando a varios de sus gobiernos y han financiado a los partidos afines al albismo, a cuyos representantes parecen tener amenazados. Además, ejercen un poder absoluto en todas las instancias de gobierno y persiguen con el mayor descaro a todos sus opositores democráticos.

Lo sorprendente es que en el Perú, ni siquiera las revelaciones más escandalosas de corrupción, ni los actos abusivos y antidemocráticos de los gobernantes de Venezuela y Brasil, merecen que nuestra izquierda tradicional critique y se aparte de estos regímenes.

Estos políticos inconsecuentes pretenden envolverse en la bandera de la anti-corrupción, pero están comprometidos hasta el cuello con la peor corrupción de la historia de la región. Siguen defendiendo las políticas de gobierno que han destrozado la vida de millones de latinoamericanos y  son cómplices de las directivas de la nueva estructura institucional de la región, creada a pulso  por el albismo venezolano (y el madrinazgo brasileño). Ver en Lampadia: Izquierda peruana pierde autoridad moral

El Perú se merece otra izquierda. No solo por las ‘ideas muertas’ que aún profesan, también por la falsa moral y el doble estándar que practican en sus relaciones continentales. Lampadia

Activista venezolana cuadra a Glave: “La libertad no es de izquierda ni de derecha”

Lucidez
31 marzo, 2017

La activista venezolana Paulina Facchín respondió enérgicamente a la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, quien en una reciente publicación en las redes sociales dijo que los grupos de oposición en Venezuela son “polarizantes” y “golpistas”.

La legisladora de izquierda escribió que “no me dejo engañar por la derecha Venezolana, lo he dicho antes y lo repito ahora: No es santa de mi devoción, han tenido y tiene prácticas polarizantes, incluso golpistas y no tienen como centro de su preocupación la democracia…”

En este contexto, la activista Paulina Facchin, quien radica en el Perú debido a la persecución chavista en su contra, declaró a este diario que la parlamentaria del Frente Amplio comete un error al insinuar que la derecha venezolana no es demócrata.

“En relación a las palabras de Marisa Glave, las democracias no son de derechas ni de izquierdas, simplemente son democracias. La libertad no es de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son de izquierda ni derecha”, dijo a Lucidez.pe.

“Lástima que ella no entienda esto. Es bastante complicado decir que la oposición ha sido golpista cuando los golpistas en Venezuela han sido Hugo Chávez, quien tuvo una sentencia por el golpe de estado que le dio al presidente Carlos Andres Perez. Hoy en día el nuevo dictador se llama Nicolás Maduro quien ha dado un golpe de estado que no es militar sino a través del tribunal supremo”, expresó Facchin.

“Adicionalmente vivíamos antes de esa sentencia en una dictadura porque en un país donde no se respeta la libertad de pensamiento, la disidencia, se persigue la disidencia, se meten presos políticos, se somete al pueblo al hambre, a la falta de medicinas, donde la gente muere, donde caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, donde nuestros ingresos son mínimos, donde hay una crisis económica, no se le puede decir democracia”.

Finalmente, Paulina Facchin condenó que “en Venezuela hay una dictadura y ha habido un gobierno desde hace 18 años totalmente autoritarista que persigue constantemente a medios de comunicación”. Lampadia 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Puestos contra la pared de tener que condenar la clausura del congreso en Venezuela, varios políticos de izquierda en el Perú encontraron la coartada prefecta: si estuve contra el autogolpe de Fujimori, no me queda más remedio que rechazar el golpe de Maduro. En realidad, aprovecharon el golpe venezolano no para condenarlo, sino para condenar el golpe fujimorista. “Si condenamos el 5 de abril de Fujimori, no podemos cerrar los ojos ante lo que acaba de ocurrir en Venezuela”, tuiteó Marisa Glave, del Frente Amplio. Ollanta Humala ni siquiera menciona a Venezuela, pero si recuerda a Fujimori: “En el Perú hubo una ruptura del orden constitucional a cargo del gobierno de Fujimori, y yo me enfrenté a esa dictadura”, escribió, tratando de mostrar una prueba de sus convicciones democráticas. Y Nadine Heredia mata dos pájaros de un tiro, solo que ninguno de ellos es Maduro: “Viendo este video (2011) me pregunto si PPK, quien apoyó a Fujimori, es coherente con posición sobre Venezuela”. ¿Condena  a Venezuela? Ninguna. Verónica Mendoza no se refiere a Fujimori, pero recién se percata de que el equilibrio democrático –no la democracia como tal- se ha roto en Venezuela. Escribió: “La resolución del Tribunal Supremo de Justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela”, como si no hubiese estado roto hace tiempo y como si lo que terminó de romperse no fue la democracia como tal. 

Al final, presionado interna y externamente, Muduro ha tenido que dar marcha atrás y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la resolución por medio de la cual reemplazaba en sus funciones al Congreso. Pero, en realidad, todo podría haber sido parte de un libreto bien montado, porque basta una revisión de la relación entre la Asamblea Nacional de Venezuela y los demás Poderes para percatarse de que la Asamblea ya estaba completamente anulada en los hechos y siempre lo estuvo. Había perdido todos sus poderes y las leyes que aprobaba eran automáticamente declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de TSJ. En ese sentido, la fallida resolución del TSJ anulando la Asamblea Nacional no venía sino a formalizar lo que siempre fue un hecho lamentable, y por lo tanto Maduro pudo darse el lujo de aparecer como el restaurador de la Asamblea porque ella era ya y es un poder inexistente en Venezuela.

La Asamblea Nacional nunca tuvo poder

Revisemos los hechos. En las elecciones de diciembre del 2015, la opositora MUD obtuvo 112 diputados, las dos terceras partes de la Asamblea. Con esa mayoría absoluta, la MUD tenía poderes muy amplios. Por esa razón, ya el 30 de diciembre del 2015, la Sala Electoral del TSJ  suspendió arbitrariamente  las proclamaciones de 3 diputados de la MUD, con lo cual perdía los dos tercios. El 5 de enero, no obstante, los tres diputados separados juramentaron como parte de la Asamblea. Esto llevó a la Sala Electoral del TSJ a denunciar por desacato a la Junta Directiva del Parlamento y ordenar la desincorporación inmediata de los tres diputados del estado Amazonas. Estos solicitaron entonces su desincorporación para “defenderse por vías externas legales y evitar involucrar al Parlamento”.

Luego, el 15 de enero, Maduro dicta el Decreto N° 2,184, por el cual declara el estado de excepción para enfrentar la emergencia económica, lo que le permite dictar leyes sin pasar por la Asamblea. Esta invita al equipo económico del Ejecutivo para que sustente la medida, pero el mencionado equipo decidió no acudir a la Comisión respectiva. Entonces la mayoría de la Asamblea Nacional decide desaprobar el Decreto de estado de excepción en virtud de las razones expuestas en el informe final de la Comisión correspondiente. Ante ello, la Sala Constitucional del TSJ interpretó que el control político de la Asamblea Nacional sobre el Decreto de estado de excepción no tiene efectos jurídicos.

Este sainete en torno al decreto de estado de excepción, el rechazo del Congreso, y la anulación de la decisión de la Asamblea por parte del TSJ, se repitió dos veces más a lo largo del 2016.

En realidad, todos los actos de la Asamblea fueron sistemáticamente anulados, desde el comienzo. El 17 de febrero, por ejemplo, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional decide investigar supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La respuesta no se hizo esperar: el 1° de marzo La Sala Constitucional del TSJ interpretó las facultades de control político de la Asamblea Nacional en el sentido de que no se aplican a funcionarios de las empresas públicas.

El 23 de marzo la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela, que sencillamente dejaba sin efecto las reformas introducidas el 2015 que limitaban la autonomía del Banco Central. Pocos días después, el 31 de marzo, el TSJ  declara la nulidad de la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela. Lo mismo pasó con la importante Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que fue declarada inconstitucional estableciendo, además, que la Asamblea Nacional no puede revocar designaciones de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El 7 de abril se aprobó  la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otros aspectos, aumentó el número de magistrados de la Sala Constitucional. Esta, por supuesto, también fue declarada inconstitucional.

Lo mismo ocurrió con cerca de 15 leyes más que se sancionaron el 2016. Hecha la ley, hecha su anulación. La impotencia y la sensación de irrelevancia  en la Asamblea eran absolutas.

El 20 de abril fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Enmienda N° 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de reducir el período presidencial a cuatro años, regulando la convocatoria de elecciones durante el 2016. EL TSJ interpretó que dicha reducción no se aplicaba al período 2014-2019. No solo eso, el TSJ contraatacó suspendiendo los efectos de varios artículos de Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional.

El 11 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ concluye que el Presidente de la República no queda sujeto a los controles de la Asamblea para dictar el presupuesto 2017.

El 25 de octubre fue aprobado el inicio del procedimiento para la declaratoria de la responsabilidad política del Presidente de la República. Ese procedimiento fue anulado también por el TSJ. Y así sucesivamente. Lo que hemos mostrado no es ni el 30% de lo ocurrido.

El Congreso peruano dio facultades pero las recortó también

Ahora bien, ¿son comparables estas relaciones entre poderes en Venezuela que acabamos de reseñar, con las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en el Perú entre agosto de 1990 y el 5 de abril de 1992? Hay algunas semejanzas, por supuesto, pero también diferencias. Una de estas es lo que acabamos de ver: en Venezuela no necesitan un 5 de abril porque para todo efecto práctico la Asamblea está cerrada.

La semejanza principal es que ambos casos el gobierno carecía de mayoría parlamentaria. Fujimori había ganado en segunda vuelta con el 63 por ciento de los votos,  pero sólo contaba con el 18 por ciento de los diputados y el 23 por ciento de los senadores, pues en la primera vuelta solo había obtenido el 29% de los votos. En Venezuela, la opositora MUD tenía el 67% de los escaños y el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar el 33%.

Y, por supuesto, en el Perú también hubo conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. El mejor relato y análisis de esos conflictos es el del politólogo norteamericano Charles D. Kenney, publicado en el libro de Fernando Tuesta (editor) Los Enigmas del Poder.  En síntesis, luego de un serio enfrentamiento en torno a la ley de presupuesto para 1991, el Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para llevar a cabo reformas económicas y para enfrentar al terrorismo. Sin embargo, de 117 decretos legislativos, el Congreso derogó 27, la mayor parte en los temas de seguridad, cuestionando la estrategia que el gobierno planteaba, aunque en algunos casos con razón porque se otorgaba facultades excesivas al SIN, por ejemplo.[1] Este fue el pretexto que probablemente usó Montesinos para convencer a Fujimori de dar el golpe, pues Sendero Luminoso ya atacaba Lima y proclamaba que había alcanzado el equilibrio estratégico.

El Congreso también negó facultades legislativas en materia tributaria. Entonces vinieron las escaramuzas. Fujimori atacó al Parlamento y propuso un plebiscito para renovarlo por tercios. Javier Alva Orlandini respondió proponiendo incluir una pregunta sobre vacancia del Presidente. El Ministro de Agricultura fue censurado y  Fujimori demoró dos semanas en aceptar renuncia. Entonces el senador Rafael Belaunde advirtió que el Presidente puede ser destituido por incapacidad moral. Fujimori, por su parte, sugirió que había un lobby de narcodólares en el Congreso pues se había derogado un decreto contra el narcotráfico. El Senado aprobó una moción que “descalifica moralmente al Presidente”, y en Diputados casi se discute la vacancia presidencial pero se desistió por temor a un golpe militar.

Luego el Congreso aprobó la llamada “ley de control de actos del Presidente” que incluso permitía dejar sin efecto estados de emergencia, lo que sin duda era excesivo. Entonces, cuando Fujimori observa 41 artículos de ley de presupuesto de 1992 y el Congreso insistió, Fujimori replicó suspendiendo tres de los artículos invocando el artículo 211, inciso 20 de la Constitución (del 79) que le permitía dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiriese el interés nacional. Pero ese recurso ya no tenía efecto porque la ley de control de los actos del presidente lo anuló. 

En resumen, el Legislativo, aunque dio facultades, también impuso recortes, tanto a las políticas necesarias para enfrentar la grave emergencia nacional (algunas cuestionables, sin embargo) como a los poderes presidenciales (en temas críticos como el orden interno). A ello se sumó un Tribunal de Garantías Constitucionales controlado por el APRA que había comenzado a derogar reformas que ni siquiera eran inconstitucionales. Pero también es probable que Fujimori y particularmente Montesinos hubiesen estado anidando desde meses atrás una voluntad golpista que tomó estos hechos como pretexto. Recordemos que desde los últimos años de García los militares habían concebido un proyecto nacional de largo plazo, el “plan verde”, que pasaba, en realidad, por el control autoritario del poder.

Similitudes aparentes

Es interesante constatar que las similitudes con Venezuela son más aparentes que reales. Para comenzar, la Asamblea Nacional venezolana es un adorno. El Congreso peruano 90-92 sí ejercía poder. La Asamblea Nacional intenta poner límites a un presidente autoritario que necesita controles, pero esos límites son  anulados por el TSJ. En el caso peruano era al revés: el congreso recortaba facultades y poderes a un Presidente que los necesitaba para enfrentar la grave emergencia nacional (aunque algunos de los poderes pedidos fueran excesivos y si  recibiera facultades legislativas una de las dos veces que las pidió)

Fujimori buscaba poderes legislativos para reformar y liberalizar la economía –en esto contó con la ayuda del Congreso- y para enfrentar al terrorismo senderista que era una amenaza a la supervivencia del Perú como nación.  Maduro, en cambio, acumula poderes y anula la Asamblea no para liberalizar la economía sino para controlarla cada vez más, y en la medida en que eso no hace sino agravar la situación económica, no lo queda más remedio que radicalizar su autoritarismo concentrando más poder.

Fujimori da el golpe para enfrentar una grave amenaza nacional (por lo menos ese fue el pretexto). Maduro anula la Asamblea y controla todos los poderes sencillamente para sobrevivir en el poder. En la medida en que la situación se agrava, no le queda más remedio que suprimir libertades, en un círculo vicioso. No es la sobrevivencia del país, sino la suya propia.

Ahora bien, en parte forzado por la presión internacional, Fujimori a los pocos meses de 5 de abril convocó a un congreso constituyente que elaboró la Constitución de 1993, que instauró una economía de mercado libre y abierta que le permitió al país crecer de manera sostenida luego de 30 años de estancamiento y retroceso.[2]

En su segundo mandato, sin embargo, entre 1995 y el 2000, Fujimori, lejos de hacer el tránsito hacia una democracia liberal propiamente dicha, institucionalizando la propia Constitución de 1993, desarrolló una estrategia para controlar los Poderes constitucionales y la prensa, sobre todo televisiva, con el fin de conseguir su segunda reelección. Es quizá esa etapa, de un control político creciente para perpetuarse en el poder, la que más se parezca a la actuación de Maduro de hoy. Con la diferencia enorme de que Fujimori no necesitaba controlarlo todo para mantenerse en el gobierno. Podía sencillamente terminar su mandato el 2000 y tentar una nueva elección el 2005. Era Montesinos quien no podía dejar el poder. Lampadia

[1] El 733, ley de movilización nacional, establecía que los bienes de todas las personas naturales o jurídicas podían ser requisados y las personas movilizadas, que todos estaban obligados a otorgar la información que se les solicite y aquellos que se negaran serían considerados traidores a la patria. También el 746, ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que otorgaba al SIN poderes amplísimos, incluyendo el recabar la información que deseara de los organismos públicos y privados, bajo responsabilidad penal, y creaba órganos de inteligencia en los ministerios y organismos públicos, que respondían al SIN. El 762 establecía  penas de cárcel para las personas que revelasen, reprodujeran, exhibieran, difundieran o hicieran accesible a través de cualquier medio, información referida a las actividades del Servicio de Inteligencia Nacional.

Sin embargo, el Congreso también modificó el 743, ley del sistema de defensa nacional, que creaba el Comando Unificado de Pacificación y el Comando Operativo del Frente Interno (COFI), que era necesario (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).

[2] El Congreso disuelto hubiese podido modificar el Título III de la Constitución de 1979, que consagraba el modelo económico estatista e intervencionista, pero la verdad es que ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores se formaron comisiones ni hubo propuestas de modificación de dicho Título, ni como un todo ni por artículos específicos. Según Luis Bustamante Belaunde, no las hubo porque se trataba de “un Congreso fraccionado, en el cual coexistían rezagos importantes de la izquierda, la representación aprista ufanada en no ‘retroceder’ de las ‘conquistas’ de la Constitución del 79, los mismos socios del Fredemo que compartían similar posición quietista, y donde la propia representación oficialista no estaba tan convencida al principio como al final de la conveniencia de estas iniciativas y medidas”. Se desprende, entonces, que el Congreso electo en 1990 no hubiese podido modificar el capítulo económico de la Constitución de 1979 (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).

EXIGIMOS ELECCIONES LIBRES EN 2017

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) avanzó un paso más en dirección de la dictadura al asumir las competencias del Parlamento, la única institución dirigida por la oposición, afirmando que “las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente” por su Sala Constitucional o por “el órgano que ella disponga”. Por lo tanto, se apoderó de sus poderes y declaró inválido el organismo elegido por votación popular. El fallo de la corte del miércoles pasado fue, en palabras de los legisladores, nada menos que un golpe de Estado. Varios líderes de la oposición pidieron manifestaciones callejeras y otras formas de “resistencia democrática”.

Como informamos el viernes pasado, el gobierno del Perú se enalteció, al retirar definitivamente a su Embajador en Caracas. Acto no imitado, lamentablemente,  por los demás países de la región.

Ante la reacción a tan estúpida medida, el dictador Maduro citó de emergencia al consejo de Estado el viernes en la noche. Después de largas horas de sesión, el TSJ decidió dar marcha atrás. Sin embargo, ya se había roto el último eslabón democrático de Venezuela, su Asamblea Nacional, que ahora recibe la ‘gracia’ para seguir operando en condiciones sumamente precarias.

Ya no se puede parar en la resistencia contra la tiranía del chavismo, soportada por la fuerzas armadas venezolanas y la desproporcionada presencia de Cuba en los asuntos llaneros.

Veamos como vienen las cosas: Las facciones políticas de Venezuela han estado en desacuerdo desde que los opositores al presidente Nicolás Maduro tomaron el control de la legislatura el año pasado. Desde entonces, la Corte Suprema, en gran parte leal al gobierno de Maduro, ha frenado los poderes del congreso y anulado casi todas las leyes aprobadas. Sin embargo, hasta el miércoles no había ido tan lejos como asumir directamente las funciones del Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, afirmo que “Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ”. En la rueda de prensa en el palacio legislativo Borges mostró una copia de la sentencia y la rompió en pedazos. “No la acatamos”, resaltó.

Por su parte, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dio una conferencia de prensa en Bogotá y pidió que la OEA convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde afirmó que el Tribunal Supremo dio un “golpe de Estado”. Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un “auto golpe de Estado” lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento, sumada a la adoptada ayer que retira inmunidad a los legisladores, son “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.

La situación económica, social y política de Venezuela es verdaderamente catastrófica. El autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.

Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.

Lo que fue una vez una de las potencias económicas latinoamericanas y un peso pesado diplomático regional, ahora ha caído en una de las situaciones más trágicas del mundo. Desde hace mucho tiempo el gobierno ha detenido la publicación periódica de las cifras del PBI, pobreza, inflación y cualquier indicador económico o social que pueda mostrar el verdadero desastre de su manejo político.

El Fondo Monetario Internacional estima una contracción de 10 %, lo que haría de Venezuela la peor economía del mundo el año pasado. Algunos economistas privados son menos conservadores y estiman una caída de hasta 15 %. Los ingresos del petróleo representan el 95% de los ingresos de divisas, y su precio cayó más de tres cuartas partes desde 2014 antes de comenzar a recuperarse moderadamente el año pasado.

La hiperinflación va tomando cuerpo; el Fondo Monetario Internacional estimó que los precios subieron casi un 500% en 2016 de 122% el año pasado. Con la moneda del país cada vez más devaluada, algunas tiendas han empezado a usar la balanza para pesar los billetes en lugar de contarlos.

Los ciudadanos se han visto forzados a esperar en largas colas para encontrar bienes de uso común, alimentos y medicinas esenciales. Los saqueos por alimentos se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos. Actualmente hay más de 10 saqueos diarios en el país, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y más de una cuarta parte de las protestas en 2016 fueron por comida.

Esta terrible situación económica ha traído un aumento en la criminalidad, llegando a un nivel que se lo podría considerar una crisis humanitaria. Las dimensiones exactas son difíciles de conocer, porque hace más de una década que el gobierno venezolano no publica información sobre la delincuencia.

El Observatorio Venezolano de la Violencia, un grupo no gubernamental, estimó que hubo 27,875 asesinatos en 2015, lo que haría que la tasa de homicidios de Venezuela sea una de las más altas del mundo: 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. El grupo encontró que la tasa subió más en 2016, a 92 por 100,000. Uno de los motivos por el aumento en criminalidad es la falta de impunidad: un 92% estimado de homicidios no resultan en una condena.

Y la situación está aumentando la presión sobre el presidente Maduro, con un creciente sentimiento anti-gobierno impulsando los esfuerzos de la oposición para llevar a cabo un referéndum revocatorio. Y ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos.

Como reclaman los líderes de los movimientos civiles, dentro y fuera de Venezuela: ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia