Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos días hemos visto arreciar una campaña contra el Seguro Integral de Salud (SIS) acusándolo de desfinanciar a los hospitales y centros de salud al no transferirles lo que se les adeuda y reducir las tarifas que paga por diversas prestaciones. La Federación Médica y voceros de diversos hospitales han señalado que el SIS adeuda 700 millones de soles (o incluso mucho más) a los hospitales y que por eso la calidad de la atención es cada vez más pobre.

Lo que está ocurriendo, en realidad, es un movimiento de resistencia a los cambios que buscan erradicar prácticas corruptas y gastos indebidos. 

Es cierto que la población asegurada en el SIS ha crecido a una velocidad mayor que los recursos financieros. Ha pasado de 5.8 millones de asegurados el 2002 a 18 millones en la actualidad. De estos, alrededor de 5 millones no serían pobres según el “Informe de la Comisión Interventora del SIS” (Enero 2017),[1] siendo condición para la  afiliación ser pobre o pobre extremo. Hay allí, para comenzar, un problema de mala gestión que ha generado una masiva] filtración. El presupuesto del SIS también ha sufrido una cierta reducción a partir del año 2015: bajó de 1,756`278,819 soles ese año a 1,558`689,609 el 2016 y a 1,400’996,418 este año.

No obstante, también es cierto que el gasto ha sido ineficiente, desviado a otros destinos y eventualmente presa de corruptelas prácticamente institucionalizadas. Es decir, podría ser más bajo  y más eficiente. Si el gasto se hubiese hecho bien, quizá la deuda no sería de 700 millones, sino mucho menor. Debe precisarse que los 700 millones se refieren a la deuda acumulada  de años anteriores. No es deuda de este año o de la gestión presente. Edmundo Beteta, jefe del SIS, informa que en los últimos 7 meses ha transferido 1,000 millones de soles a las entidades prestadoras. 

Los directores de los hospitales y la Federación Médica han reclamado el pago de esos 700 millones. Ante ello, el SIS decidió iniciar un trabajo de revisión y validación de esa deuda. Aplicó un software sencillo y descubrió un conjunto muy amplio de prácticas corruptas a las que denomina con el eufemismo de “Inconsistencias”.

En el siguiente cuadro, referido solo a partos y cesáreas, podemos ver la manera desvergonzada como se inventaban intervenciones quirúrgicas o atenciones imposibles. 194 hombres dieron a luz, 143 ancianas también pudieron alumbrar, y nada menos que 34,812 mujeres pudieron dar a luz dos veces en menos de dos o tres meses, entre otros maravillosos milagros.

La resurrección es también un milagro frecuente entre los asegurados del SIS, pues varias personas han cobrado por sepelio más de una vez, en conexión con funerarias. Allí no queda la cosa: una persona se operó 200 veces de cataratas.  En un colegio que recibía Kali Warma, el 80% de los niños respecto de los cuales se reportó que se les había hecho curaciones dentales, no se les había efectuado tales curaciones. Y así sucesivamente.

Podemos inferir, entonces, que cuando menos parte de las protestas actuales contra el SIS por supuesta falta de transferencia de fondos, obedecen al hecho de que se está empezando a descubrir prácticas corruptas y, naturalmente, se está empezando a introducir ajustes y controles. Pues, fuera de las prácticas fraudulentas reseñadas, también se desperdicia dinero en gastos que el SIS no debe pagar. Es decir, se destinan a fines que no corresponden. Los hospitales usan parte –se calcula que alrededor de la mitad- del dinero del SIS como “caja chica”, para otros fines (remuneraciones, equipos, refacciones), a costa del gasto en medicinas.

Tarifa solo costos variables 

Parte de ese fenómeno tenía que ver con un tarifario mal hecho, que reconocía indebidamente costos fijos, que no corresponden al SIS sino al Ministerio de Salud o a los gobiernos regionales. El tarifario, entonces, ha empezado a sincerarse. Como consecuencia, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Cesar Vásquez, ha “denunciado” que el SIS ha reducido tarifas “brutalmente”. Por ejemplo –dijo- “una tomografía ha bajado de 145 a 32 soles”. Pero  Edmundo Beteta lo explica: “Por una tomografía se pagaba 145 soles, de los cuales 116 soles correspondían al  conjunto de disparos de un tubo. Pero el  disparo del tubo es el uso del tubo, y el tubo es un equipo,  un costo fijo, y los equipos se pagan con recursos ordinarios, no con el SIS. Lo que el SIS sí paga en las tomografías es el material de aseo, las placas para impresión de imágenes, la sábana de camilla, es decir, los costos variables”. 

En efecto, según la norma, el SIS debe pagar solo por los medicamentos y análisis recetados por el médico y por los insumos usados en las intervenciones. No paga ni sueldos ni equipamiento ni infraestructura. Sólo paga los gastos variables. El presupuesto del SIS es solo el 9% del presupuesto total del Sector. En realidad, esta reforma del SIS debería venir acompañada de una reforma del presupuesto ordinario (el que viene del MINSA o los gobiernos regionales) de los establecimientos de salud, que introduzca también racionalidad por resultados y mejore la asignación donde realmente sea necesario. Para ello, la gerencia de los hospitales debería ser tercerizada.

Mientras tanto, la racionalización del SIS ha puesto a los hospitales en pié de guerra y están reclamando los 700 millones de deuda. El SIS está en proceso de negociar convenios nuevos con los hospitales que no solo suponen un tarifario más ajustado sino más controles y penalidades si se revela información falsa.  E indicadores de calidad en la atención y el servicio, pues la atención al asegurado es muy mala. Pero también incentivos. Algunos hospitales se resisten.   

El informe de la Comisión Interventora del SIS reveló que prácticamente no hubo control en el pasado porque “solo se auditó menos del 1% de las prestaciones de manera presencial”. Eso se va a incrementar con un número mayor de auditores, de manera muestral. También se pondrá énfasis en los análisis de consistencia de la información. 

Pese a todo, el INEN, que había hecho un plantón, ya firmó el nuevo convenio. Lo mismo el Hospital Loayza, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Casimiro Ulloa, el Hospital de Emergencias Pediátricas, el Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé, el Instituto Nacional del Niño San Borja y el Hospital de Emergencias Villa el Salvador. El Hospital María Auxiliadora y el Sergio Bernales. Y algunos Gobiernos Regionales.

Estos últimos manejan sus propios hospitales y también el primer nivel de atención, los centros de salud y las postas. Para este último efecto se eligieron indicadores de calidad en salud preventiva. Cada región se puso metas en reducción de desnutrición, anemia y embarazo adolescente, y se les da un bono de hasta 35% por el cumplimiento de esas metas. Dicho cumplimiento es verificado por el INEI, que mide el peso y la talla de los niños.

Desvíos a clínicas propias o de amigos

La resistencia de algunos hospitales obedece también a otras corruptelas que se han detectado y están siendo erradicadas. Una de ellas ha sido el incremento explosivo de las atenciones en emergencias de clínicas privadas. Un asegurado del SIS puede ir a la clínica privada más cercana si sufre una emergencia con riesgo vital, y el SIS paga la cuenta. Según el Informe de la Comisión Interventora del SIS, el 2014 se pagó por esa modalidad 1.7 millones de soles. El 2016, ¡114 millones! Había muchos casos que no eran de emergencia, y otros que comenzaron en emergencia, fueron estabilizados, y después en lugar de salir permanecieron en la clínica muchos días (28 casos de pacientes con estancias que se encuentran entre los ¡100 y 381 días!). 

Pero el factor principal de ese incremento fue que médicos de los propios hospitales aprovecharon para derivar pacientes a sus clínicas privadas o a las de médicos amigos. En efecto, el Informe revela muchos casos de emergencia que fueron atendidos por la oferta pública y posteriormente trasvasados hacia la oferta privada por el mismo responsable de la atención (ver cuadro). 

Hace un mes tratamos de sustentar que la estructura jurídica que regula las acciones de los gobernadores de las regiones y alcaldes, en sus distintos niveles, son una puerta abierta a la corrupción.

A dichas autoridades se les ha otorgado poderes absolutos, sin ‘checks and balances’, y muchos de ellos pueden ‘cosechar’ grandes beneficios indebidos, protegidos por niveles de impunidad que hacen que los costos de la corrupción sean muy bajos.

Increíblemente, nadie parece reaccionar a esta situación y plantear una urgente reforma de las normas de la regionalización que originaron este descontrol y un ambiente que invita a los peores elementos de la sociedad, a tomar los cargos públicos en la regiones. Esto, en un país de grandes debilidades institucionales y partidos políticos sin presencia nacional.  

Esperamos que la siguiente imagen de Perú21, ayude a generar reacciones adecuadas: “Hay 13 gobernadores implicados en corrupción, nueve ya han sido sentenciados, mientras que los cuatro restantes afrontan investigaciones”. (Nota de Álvaro Reyes, 10 de abril, 2017).

Prácticamente la mitad de gobernadores regionales están involucrados en actos de corrupción. Creemos que hay que decir basta. Reforma, ¡Ahora!

Hay sin embargo dos ejemplos de muy buenas gestiones, las de los Gobernadores de Piura e Ica, Reynaldo Hilbck y Fernando Cillóniz respectivamente. Ver por ejemplo, artículos de Cillóniz: Mi confesión sincera y PBI y Corrupción.

A continuación republicamos nuestro análisis sobre las fallas estructurales de nuestras normas:

Patente de corso para la corrupción (Editado)

Hoy día todos sabemos que la economía del Perú ha recuperado un mayor ritmo de crecimiento gracias a la contribución de la minería, que explica algo más de la mitad. Las Bambas es parte importante de ese positivo impacto.

Durante el desarrollo del proyecto generó un impacto muy positivo en la región en términos de reducción de la pobreza, creación de empleo e inversión pública. Entre el 2011 y 2015 la pobreza en Apurímac  bajó de 57% a 39%. Entre el 2005 y 2015 se invirtieron en proyectos y programas sociales más de US$ 300 millones, habiendo sido un proyecto icónico que pudo llevar en paralelo el desarrollo de la operación minera y el mejoramiento de la región del mismo. Mientras Cajamarca, acosado por los empobrecedores anti-mineros, colapsaba sus indicadores sociales y económicos, Apurímac los mejoró sustancialmente, por primera vez en su vida. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

Fuente: Rumbominero

Ahora, en su fase operativa, Las Bambas inicia la expresión de su aporte a la región y al país. El MEF acaba de girar al Gobierno Regional de Apurímac y a las universidades nacionales de la región, la suma de 52 millones de soles (52’358,569) por concepto de regalías por sus ventas a la fecha. Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, en adición al 32% de impuesto a la renta.

Sin embargo, los insensibles (ante la pobreza) anti-mineros siguen complotando para afectar este proyecto determinante de la futura calidad de vida de los apurimeños y del conjunto de la economía peruana. Ver: “Quieren cercar a Las Bambas”

Los peruanos y el nuevo gobierno, tenemos por delante retos de desarrollo y reformas muy importantes, para los cuales necesitamos recursos fiscales en proporciones difíciles de disponer sin el aporte de la minería. Esperamos que a diferencia del gobierno de Ollanta Humala, que estaba impregnado de un sentimiento anti inversión privada y que propició absurdas dicotomías contra la minería (agua sí, oro no),  que el gobierno de PPK pueda ayudar a crear un ambiente de inversión más sano, donde, sin extremismos ideológicos y/o pantallas sociales y ambientales, podamos hacer los balances que nos permitan recibir el aporte de la inversión minera moderna, empática con el medio ambiente y las comunidades, como es el caso de Las Bambas.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores la nota de Las Bambas, que resume las características del proyecto, describe su desarrollo, sus aportes pre y pos operativos, y los procesos de diálogo que se llevan adelante con la población.   

Las Bambas

Setiembre 2016

1. SOBRE LAS BAMBAS:

• Es una mina de cobre de gran envergadura. Se ubica a más de 4.000 m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac. Será una de las minas de cobre más grandes del mundo, una vez que alcance su nivel de producción plena.
• Posee reservas minerales[1] de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales[2] de 12,6 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años.
• Se estima que su operación dure más de 20 años, su potencial de exploración es considerable.
• El cuarto trimestre de 2015 se inició la producción de cobre. El primer concentrado se obtuvo el 26 de noviembre de 2015.
• El primer envío despachado desde el Puerto de Matarani, se realizó el 15 de enero de 2016.
• La producción alcanzó las 118,612 toneladas de cobre en concentrado en el primer semestre de 2016.
• El inicio de la etapa de operación comercial se dio el 1 de julio de 2016, cuando Las Bambas alcanzó su capacidad plena al procesar 140,000 toneladas por día.

2. DESARROLLO SOSTENIBLE:

• Entre los años 2005 y 2015, Las Bambas desarrolló una intensa campaña de trabajo social -aún antes de iniciar la producción- que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el desarrollo social del área de influencia. En este periodo, la inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible superó los UD 250 MM.

• Adicionalmente, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), contó con un total de USD 64,5 MM asignados a por el Estado luego de otorgada la concesión. Se han implementado diferentes proyectos de desarrollo en beneficio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. Este fondo ha sido dirigido principalmente a los rubros de saneamiento básico, educación, salud y desarrollo agropecuario. Para más información, visitar: http://www.fosbam.com
• Durante la etapa de construcción, se empleó a más de 18,000 trabajadores y se priorizó el empleo local. En la etapa de operación, se cuenta con aproximadamente 3,500 colaboradores.
• El impacto de Las Bambas ha contribuido a que la pobreza en Apurímac, se reduzca de 57% a 39% entre el 2011 y 2015. Entre el 2012 y 2015, la inversión pública y privada en la Región creció 20% en promedio cada año y en 50% aumentó el empleo dependiente. (Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – INEI 2015. SIAF -MEF).
• Este mes de setiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al Gobierno Regional de Apurímac y universidades nacionales de Apurímac la suma de 52 millones 358 mil 569 soles por concepto de regalías por ventas de Las Bambas, en lo que va del año. Como se sabe Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, adicionalmente  al 32% de impuesto a la renta.

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus modificaciones:  

• El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011. Consideró tres áreas:

1. Área Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares.
2. Área Mineroducto.
3. Área Tintaya: planta menor de Molibdeno, planta de filtrado final y almacén de concentrados.

• El EIA fue aprobado luego de un riguroso Proceso de Participación Ciudadana (PPC) que incluyó, entre otros, monitoreos participativos, 18 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5000 personas.
• Cuando el proyecto Las Bambas se independiza de la mina Antapaccay (Tintaya), surge la oportunidad de reducir la huella del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollan las operaciones del proyecto) y optimizar el proceso, lo que dio origen a la reubicación de los siguientes dos componentes:

1. La planta de molibdeno y filtros, que inicialmente se ubicarían en el área de la antigua mina Tintaya (Cusco), y ahora se ubican dentro del área de Las Bambas, ganando con esto eficiencia en el manejo del recurso agua.
2. El mineroducto fue reemplazado por el transporte de minerales a través de sistema bimodal, transporte por carretera desde Las Bambas a la estación de Pillones y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani (Arequipa), con el consiguiente beneficio del mejoramiento y mantenimiento de la carretera. La vía utilizada es de acceso público.

• Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo con estricto respeto a los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades y otras entidades respetando los requerimientos legales aplicables.

4. ACONTECIMIENTOS SOCIALES:

• El 25 de setiembre de 2015, se inició una protesta liderada por Frentes de Defensa y grupos de personas que no pertenecían necesariamente a las comunidades del área de influencia directa.
• Los manifestantes pedían la cancelación de la aprobación de las modificaciones del EIA, expansión del área de influencia (entendiendo erróneamente que así más comunidades accederían a más recursos económicos), participación de los beneficios de Las Bambas, temas de empleo y proveeduría de servicios, tales como transporte, hospedaje, etc.
• El lunes 28 de setiembre de 2015, los actos de violencia ocasionaron tres muertes, heridos y daños materiales. Las Bambas se pronunció, inmediatamente, lamentando públicamente estas pérdidas e invocó al cese de la violencia y a encontrar en un clima de paz, el mejor camino hacia el desarrollo y el progreso.
• El 29 de setiembre de 2015, el Gobierno declaró Estado de Emergencia por 30 días calendarios, en las provincias de Cotabambas y Grau, de la Región de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, de la Región Cusco.
• El miércoles 28 de octubre se reunieron los dirigentes de las provincias de Grau y Cotabambas y acordaron levantar el paro indefinido y el 29 de octubre, cuatro Ministros de Estado viajaron a Cotabambas, desde donde anunciaron el levantamiento del Estado de Emergencia. Asimismo, acordaron con la población la instalación de una Mesa de Trabajo para el Desarrollo.

5. PROCESOS DE DIÁLOGO EN CURSO

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Challhuahuacho:

• Se inició el 28 de febrero de 2015, convocada por la Municipalidad de dicho distrito y el Ministerio de Agricultura. Cuenta con la participación de, altas autoridades del Poder Ejecutivo, 33 representantes de las comunidades campesinas y 7 asociaciones locales. Este espacio busca establecer los temas prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico del distrito, con el propósito de canalizar la inversión en obras de infraestructura y proyectos sociales.
• Sub mesas de Trabajo: 1. Infraestructura Social y Productiva, 2. Minería y Ambiente, 3. Desarrollo Agropecuario, 4. Trabajo – Responsabilidad Social.
• En agosto del mismo año, se instaló el Comité de Seguimiento y Desarrollo Integral de Challhuahuacho. La tarea principal de este comité es monitorear los compromisos establecidos en las cuatro mesas, en las que se priorizó un paquete de proyectos de inversión de más de USD 200 MM.
• Actualmente, existen 29 acuerdos entre temas de gestión y obras de infraestructura, como el mejoramiento de carreteras a nivel de pavimento, la construcción de un hospital y la inversión en estudios de riego para la agricultura.
• El 1° de abril de 2016 se realizó una reunión del Comité de Seguimiento de Compromisos de la empresa, en donde se presentaron los avances. Esta mesa se viene desarrollando plenamente con la permanente presencia de los actores involucrados.
• El 6 de setiembre se llevó a cabo una reunión del Comité de Seguimiento en Challhuahuacho.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia Cotabambas:

• En octubre 2015, se realizaron las primeras reuniones para la implementación de la Mesa de Trabajo con la participación de representantes de los ministerios de Ambiente; de Agricultura y Riego; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Transportes y Comunicaciones; de Salud; de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; y de Trabajo y Promoción del Empleo. También participaron representantes de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el Gobierno Regional de Apurímac, las municipalidades de Cotabambas, representantes de la sociedad civil a nivel provincial y cinco distritales, y Las Bambas.

• El 14 de noviembre 2015, la PCM crea formalmente la Mesa mediante Resolución Ministerial Nº 263-2015-PCM, la cual incluye cuatro sub mesas de trabajo: 1. Medio Ambiente y Modificaciones del EIA de Las Bambas; 2. Derechos Humanos (DDHH); 3. Desarrollo Sostenible; 4. Responsabilidad Social y Empresarial.
• En lo que va del año, se han realizado múltiples reuniones de trabajo en las que se han mostrado avances en los compromisos asumidos por el Estado y la empresa, y se han llegado a acuerdos para el desarrollo de la provincia.
• El 22 de agosto de 2016 se llevó a cabo una reunión plenaria en Tambobamba.

Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau:

• El 01 de diciembre de 2015, se instaló y aprobó el reglamento de funcionamiento de la Mesa de Diálogo, mediante RM N° 281-2015PCM.
• El 17 de diciembre de 2015, se llevó a cabo, en el distrito de Progreso, la segunda reunión, entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional. En esta reunión se  conformaron tres grupos de trabajo: 1. Servicios Básicos, Infraestructura y Construcción; 2. Desarrollo Productivo; y 3. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
• En el mes de marzo de 2016, se realizaron cuatro talleres informativos sobre las modificaciones del EIA.

• El 05 de mayo de 2016, en el distrito de Turpay, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau.

Lampadia

Según el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), la estimación de crecimiento económico para este año se mantiene en 4%. Este pronóstico está siendo impulsado principalmente por la entrada en operación de los últimos proyectos mineros que evitaron su paralización por los conflictos creados por los anti mineros. Según el informe, el crecimiento del PBI “se debe principalmente por los sectores primarios, los cuales se expandirán en 7 por ciento”. Además, para los años 2017 y 2018, se proyecta un crecimiento del PBI de 4.6% y 4.2%, respectivamente.

Evidentemente, estamos mucho mejor que los demás países de la región (mal de muchos consuelo de tontos), seguidos por Bolivia con 3.6% y Paraguay con 3.3%. Por su lado, Chile (inmerso en su regresión socialista bacheletiana) tendría un crecimiento de tan solo 1.8%. La misma tendencia se vería en la proyección de crecimiento en 2017, con el Perú liderando en la región con 4.6%.

Es fundamental resaltar que la aceleración del crecimiento del PBI en el primer trimestre 2016 de 4.4%, respondió principalmente al desempeño de los sectores primarios, los cuales se expandieron en 10% y en donde destaca la minería metálica con un 25% de crecimiento, la cual contribuyó con 2 puntos porcentuales al crecimiento del PBI global. Esto demuestra lo que hemos venido repitiendo sin cansancio en Lampadia: el principal motor del crecimiento de la economía peruana es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7%  del PBI, tiene un alto valor agregado y genera encadenamientos productivos muy importantes con otros sectores de la economía.  

Según un reciente informe del INEI, “el comportamiento ascendente de la minería metálica está asociado a la entrada en producción del íntegro de la capacidad operativa de la planta concentradora de Cerro Verde, la consolidación de las operaciones de Hudbay Perú (Constancia), el megaproyecto cuprífero Las Bambas de Minera Las Bambas, el proyecto Inmaculada de oro y plata de la Compañía Minera Ares y el proyecto aurífero Shahuindo; a los que se suman los mayores volúmenes reportados por Antamina, Antapaccay, Buenaventura, Casapalca y Volcan, entre las de mayor influencia, además de la producción estimada de los productores artesanales informales de oro en las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura.”

Sin embargo, durante el último trimestre, este dinamismo fue atenuado por la caída de hidrocarburos (-18.5 %) y de la manufactura no primaria (-4.0 %). Esta baja en hidrocarburos se debe principalmente a la menor producción de petróleo por la ruptura del Oleoducto Norperuano. Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre ecológico de febrero pasado, cuando múltiples rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua. Ver en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú y La ‘Tina’ de Petroperú sigue rota, donde denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya ha cumplido con creces su ciclo de vida.

Pero, a pesar de la importancia de la inversión privada (mayormente ligada a la minería) para nuestro crecimiento, ésta recién podría empezar a crecer a partir del próximo año. El informe estima que en el 2016 caerá 1%, una disminución con respecto a las proyecciones de marzo cuando el propio Banco Central consideraba un crecimiento de cero. 

Esta caída se debe a que en los últimos años se han fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales y culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Así fue como se paralizó la inversión minera y sus efectos multiplicadores, lo que a su vez terminó desacelerando la economía en su conjunto. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Según el  BCR, “la inversión privada disminuiría moderadamente en 2016 en un contexto de un ciclo contractivo mundial de inversión minera por menores precios de las materias primas, atenuado por mayores inversiones en proyectos de infraestructura”. Para el periodo 2017-2018 se espera que la inversión se recupere con tasas de crecimiento de 4.0% y 4.2%, respectivamente (con el impulso de proyectos de infraestructura).

Por otro lado, el BCR elevó su proyección de crecimiento de la inversión pública para este 2016 de 7.4% a 10.3%. Durante los primeros cinco meses del año la inversión pública ha tenido un mayor dinamismo por una recuperación de los gobiernos regionales. La inversión pública es otro factor que fomenta un mayor dinamismo de la demanda interna, debido a la ejecución de proyectos de infraestructura.

Según el BCR, las exportaciones crecieron 7.8 % en el primer trimestre y estima que tendrían un crecimiento de 6.4% para el 2016, mientras que las importaciones se incrementarían en 0.3%.  Las mayores exportaciones serían tradicionales, principalmente mineras, las cuales compensarían unas menores exportaciones no tradicionales, principalmente por menores ventas al exterior de productos pesqueros por problemas de oferta.

En el caso de la agroexportaciones, según el BCR, se han diseñado grandes proyectos de irrigación que fomentarán un mayor crecimiento de la industria. Según cálculos de ProInversión, gracias a estos grandes proyectos se duplicarán las hectáreas dedicadas a la agroexportación, lo que generaría un aumento de exportaciones de US$ 3,190 millones al año,  orientadas principalmente al mercado externo.

El Perú cuenta con un gran potencial de crecimiento en distintos sectores productivos. En el minero tenemos el potencial de multiplicarnos por 5; igual o más en energía; en forestería, podemos multiplicarnos por 30; podemos desarrollar acuicultura en nuestros ríos, cochas y mares; etc. El Perú es infinito en comparación al tamaño de nuestra población. Solo necesitamos un gobierno que entienda esa realidad, nos libere de las abusivas manos de la burocracia y permita que nuestra capacidad creativa se encargue del resto. Ya es hora de poner en valor nuestros recursos y actuar en pro de un desarrollo integral, duradero y sostenible. ¡No hay disculpas que valgan! Lampadia

Después de haberse reestructurado el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones, mediante las privatizaciones de los años 90, que permitieron una mejora sustancial de los servicios y el empoderamiento del Estado como el regulador de la actividad privada, hace prácticamente 20 años el país optó por mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado.

A mediados de 1997, en la Embajada del Perú en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido del Presidente Alberto Fujimori, en una cena brindada por el Embajador Eduardo Ponce, con la presencia de inversionistas británicos, se produjo un incidente que tuvo consecuencias de largo plazo sobre el manejo del agua en el Perú.

Los representantes del Water and Sewage Authority, se pusieron malcriados con el Presidente del Perú, por los constantes cambios de planes, por los que no se concluían los términos de la reforma del servicio de agua con el ingreso de los capitales privados. Al final de la cena, el Ministro de Economía y Finanzas, don Jorge Camet Dickmann comentó, sotto voce: “se acabó la privatización de Sedapal, después de esto, el Presidente no irá adelante”.

Desde entonces, la politiquería ha ido solidificando un statu quo, a todas luces negativo: que impide a los ciudadanos el acceso a un servicio de calidad  y castiga a los más pobres a pagar por el agua hasta 15 veces más que las clases más acomodadas, que genera inmensas pérdidas de recursos públicos por inversiones inefectivas y; que permite la presencia de mafias corruptas que medran alrededor de las limitaciones de los pobres.

En el siguiente ensayo, Jaime de Althaus presenta un análisis de la situación del sector y la imperiosa necesidad de adoptar decisiones audaces e ingeniosas para salir de una trampa que no tiene cuando acabar. (Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI).  

La reforma del agua potable

Cuando el 8 de julio del 2011 el Presidente Alan García inauguró la  planta de tratamiento de agua de Huachipa, proclamó que se trataba de la planta de Tratamiento de Agua más moderna y grande de Sudamérica, que, junto con la construcción del Ramal Norte de 27 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de túneles, garantizaría que 2 millones 400 mil limeños y chalacos de los distritos de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, tengan asegurado el abastecimiento de agua potable de manera permanente.

Han pasado 5 años desde esa inauguración, y esos objetivos no se han  cumplido. La infraestructura funciona a un quinto de su capacidad. Según Fernando Momiy, Presidente de la Sunass, la Planta debería proporcionar 5 m3 por segundo pero sólo da 1 m3. Para comenzar, el llamado Ramal Norte que va desde Huachipa hasta Comas pasando por San Juan de Lurigancho, tuvo problemas desde el día mismo de la inauguración, cuando se rompió el tubo por la presión del agua, inundando 5 manzanas de San Juan de Lurigancho. A partir de allí, la cantidad de agua que lleva es mínima. Y como si ello fuera poco, resulta que en noviembre de 2015, cuando los constructores Camargo Correa y Veolia iban a entregar la planta a Sedapal luego de 4 años de operación, justo antes de la venida del Niño, se descubrió que la bocatoma se estaba desmoronando, cayendo a pedazos. Camargo Correa realizó una reparación provisional, a cuenta de una reparación mayor que tendría que hacer si así lo determina un peritaje que Sedapal ha convocado pero que se declaró desierto en abril del 2016, programándose la segunda convocatoria para agosto del 2016. “Que se sepa, ni la Contraloría ni la fiscalía han determinado responsables”, señaló Momiy. “Lamentablemente es una obra pública y no una concesión”, agregó.

Daños en la Bocatoma de la planta de agua potable de Huachipa

No obstante, Ramón Huapaya, Gerente General de Sedapal, asegura que la razón por la que el Ramal Norte sólo transporta 1 m3 y 5, no son las fallas en la construcción, que en el caso del Ramal ya fueron reparadas, sino el retraso en el tendido de redes en Pachacútec y San Martín de Porres, que debió estar listo con simultaneidad a las obras mayores. Recién en diciembre de este año estaría operativo de modo que en ese momento el Ramal Norte conducirá 4 m3 de agua por segundo. Veremos.

Como fuere, si esos problemas ocurren en Lima, con Sedapal, que se supone es la empresa de agua potable más organizada del país, y en una obra ejecutada por empresas internacionales en un proyecto que costó más de 800 millones de soles, ¿qué no pasará en el interior del país con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) municipales cuya gestión, en su gran mayoría, es sumamente deficiente?

Graves problemas de gestión, corrupción y despilfarro presupuestal

El problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aun de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país.

Como resultado muchas EPS tiene más personal del que necesitan y sin las calificaciones adecuadas. Y la corrupción cunde. El propio ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, denunció que en Sedalib trabajadores venden por su cuenta el agua en algunos sectores periféricos de la ciudad. Es decir, la privatización de facto, a favor de trabajadores corruptos. Y el Premier Cateriano reveló hace unos meses que los puestos en Sedapal son hereditarios en virtud de convenios colectivos firmados con el sindicato. Inaudito.

Este es, pues, un sector que, con excepciones, ha sido abandonado al descontrol más absoluto y que ha terminado en manos de grupos que se benefician para su propio interés de un estado de cosas ruinoso e ineficiente.  

Por eso, por ejemplo, la instalación de micromedidores, que por ley es obligatoria, se cumple muy parcialmente. En el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que 10 EPS tienen un nivel de micromedición menor al 20%.

Número de EPS según % de micro medición

 Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Como consecuencia, las EPS tienen que estar recibiendo frecuentemente transfusiones de sangre del presupuesto nacional incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Son huecos negros. De hecho, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. Parte de eso es para reparar o rehabilitar redes deterioradas. Y, según Fernando Momiy, cuando, con ese dinero, el gobierno regional o la municipalidad llevan a cabo proyectos de agua potable que encargan o transfieren luego a las EPS, esos proyectos suelen tener problemas de diseño, formulación, ejecución, supervisión y financiamiento. El resultado  es una gran cantidad de obras inservibles, paralizadas, inconclusas o en arbitraje. Y si la obra se termina y entrega pero está mal hecha, lo que se tiene son elevados costos de operación y mantenimiento. En los últimos 10 años el Estado ha invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y Momiy se pregunta en qué se ha ido ese enorme monto.

Por eso, la cifra de incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado puede resultar engañosa. En efecto, según el documento “Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014” de la Sunass, la cobertura promedio del servicio del agua potable a nivel nacional en las poblaciones que están dentro de área de influencia de las 50 EPS se incrementó desde 82.4% en el año 2009 hasta 90.5% en el año 2014, y en el caso del servicio de alcantarillado, pasó  de 75.4% a 83.6% en el mismo periodo. Es notorio el caso de las EPS Pequeñas cuya cobertura pasó de 68.02% a 86.40% en esos mismos cinco años, un incremento de 18%. Pero precisamente lo que ocurre es que muchas de esas obras tienen problemas de diseño, operación y mantenimiento y a la larga no podrán mantener el servicio salvo que reciban una inyección del gobierno regional o nacional, como de hecho ocurre. 

Lo anterior se advierte, por ejemplo, en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día era 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS el promedio de horas de agua estaba alrededor de 16. Y, como podemos ver en el siguiente tráfico, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

Número de EPS según cantidad de horas de agua/día

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Con mucha frecuencia, como decíamos, los proyectos están mal hechos y no funcionan. El caso más conocido es el de la planta de tratamiento de aguas residuales  y el sistema de alcantarillado de Iquitos, una obra de alrededor de 800 millones de soles también que fue, sencillamente, una estafa, porque las aguas servidas se salen en medio de la ciudad, inundan las calles y no llegan nunca a la planta de tratamiento. Esta, a su vez, fue construida en una zona inundable, de modo que a la primera lluvia importante se colmó de agua y los equipos eléctricos se malograron. Y el ex gobernador regional está libre y campante.

Un estudio reciente de la Sunass revela que de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, ninguna funciona adecuadamente. Más de 90% carece de autorización de de la Autoridad Nacional del Agua para vertimiento y reúso, y no puede cumplir la normativa de Límites Máximos Permisibles ni de los Estándares de Calidad Ambiental, debido a las tecnologías que usan y a las características del cuerpo receptor. También incumplen la ley de Residuos Sólidos por falta de lugares adecuados para la disposición final de los lodos y residuos sólidos y/o por falta de aplicación de estrategias de reúso de los lodos. (Ver: http://www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar2.pdf)

La cuantiosa deuda al Fonavi

A los graves problemas de gestión, personal y corrupción de las EPS, se suman serios problemas financieros. En efecto, las EPS sufren unas cargas financieras muy gravosas que no pueden atender: se trata de la deuda que tienen con el FONAVI. Resulta que en los años 90 las EPS recibieron fondos del FONAVI para hacer obras de agua potable y alcantarillado, o asumieron la deuda contraída por pobladores para ese fin. El resultado es una deuda de 4,200 millones de soles entre casi todas las EPS, que, por supuesto, no han incorporado en la tarifa que pagan los usuarios, salvo en tres casos. No pueden pagar esa deuda y cuando lo hacen, no pueden hacer obra. Y el problema es que los fonavistas se cobran precisamente del pago de esa deuda, y como quienes los representan son funcionarios del MEF, éstos accionan y eventualmente embargan a las EPS.

Soluciones

Esta situación solo se resolvería aumentando las tarifas de una manera apreciable, lo que resultaría casi imposible considerando que eso requiere de una audiencia pública y que más bien el problema suele ser de retraso tarifario. Por lo demás, de nada serviría aumentar las tarifas si la gestión de las EPS sigue siendo una coladera.

Capitalización de la deuda y APPs

La Sunass, entonces, propone una salida, a todas luces inteligente: que el Estado capitalice esas deudas, tome el control de las empresas y les consiga operadores solventes por medio de asociaciones público privadas. Es decir, aprovechar la deuda impagable de las EPS para resolver de una vez por todas el problema de gestión, de modo que los cuantiosos montos que invierte el Estado anualmente en saneamiento, en lugar de dilapidarse, se traduzcan en aumento real de la cobertura y de la calidad del servicio y se cierren las brechas existentes.

Activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN)

Y para que los 3 mil millones vayan a proyectos realmente prioritarios y bien estudiados, la Sunass propone una segunda medida: activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN), creado por la ley 29061 al final del gobierno de Alejandro Toledo pero que la administración siguiente, la de García, dejó de lado. La idea es transferir a ese fondo todos los años los 3 mil millones de soles que se gastan hoy de manera clientelista y sin planificación ni control alguno. Se trata de un fondo concursable, de modo que los recursos se asignarían a buenos proyectos de acuerdo a prioridades establecidas claramente, asegurando operación y mantenimiento, y no a los alcaldes o gobernadores regionales amigos del ministro.

Luego, a fin de que las EPS se avengan a tener tarifas reales, debería darse una ley por la que si la empresa no quiere aumentar la tarifa cuando es necesario, la diferencia la tenga que poner la Municipalidad de su presupuesto.

Catastros

Otra medida, sugerida por la Sunass, es algo que debería hacerse desde o por encargo del Ministerio de Vivienda: un catastro técnico que identifique donde están las redes en cada ciudad y qué antigüedad tienen, por un lado, y un catastro comercial, para saber con precisión quiénes son los usuarios pues, por ejemplo, hay muchas industrias que se camuflan como usuarios domésticos.

Resulta absurdo, por ejemplo, que muchas carreteras se ejecuten y mantengan por medio de asociaciones público privadas y esto no se pueda aplicar en el sector saneamiento, tan necesitado justamente de una gestión moderna y eficiente que garantice la ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Compromisos políticos que deben superarse

Lamentablemente el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio no contempla claramente la posibilidad de concesionar la administración de las EPS a asociaciones público privadas. Es más, en el acuerdo firmado con el sindicato de Sedapal, PPK se compromete a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”. Sorprende que el Presidente electo no se haya percatado de que lo que buscaban los sindicatos con este acuerdo era mantener el statu quo para conservar los privilegios y las prácticas corruptas antes mencionadas. Ver acta del compromiso:

Lo que ese plan plantea es que los usuarios estén representados en sus directorios de modo que tengan un incentivo para reducir las inmensas pérdidas de agua, y que las EPS con déficit en su gestión sean reincorporadas a la administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para su “reflotamiento” administrativo y financiero. 

La ley de la OTASS le permite aplicar un “Régimen de Apoyo Transitorio” a las EPS con problemas. Este régimen transitorio dura un máximo de 15 años. Durante ese plazo, la OTASS puede promover la participación del sector privado en la administración de la EPS intervenida. La pregunta es si una APP se interesará por un plazo que es relativamente corto. En todo caso, la solución que plantea la Sunass es más práctica y directa y debería ser considerada si queremos tener éxito.

Lo cierto es que el gobierno entrante tendrá que tener las ideas claras respecto de lo que debe hacerse en este sector vital si es que realmente quiere cerrar la brecha de agua potable. Si no resuelve el problema de gestión de las EPS, se seguirá derrochando inútilmente el dinero de todos los peruanos. 

Resolver esto es algo que requerirá un manejo valiente, pues las necesidades de saneamiento no pueden seguir postergándose por más tiempo. Tal como el propio PPK ha preconizado a lo largo de los últimos años desde la conducción de su ONG ‘Agua para todos’. Lampadia

Los halcones del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK), después de haber desplegado sus alas bajo las nubes negras de la anti política, en que, inclusive, llevaron al propio Pedro Pablo Kuczynski a proferir insultos que no parecían salir de su alma, se aprestarían ahora para emprender una nueva fase de anti política, la de una confrontación abierta entre el ejecutivo y el legislativo.

Veamos como se llega a esta lamentable situación:

• El 10 de abril la población electoral optó por que en el Perú siguiéramos construyendo sobre lo avanzado. Entre los votos de FP, PPK y algunos otros, registramos que aproximadamente un 80% de los ciudadanos rechazaron el cambio de modelo económico, una nueva Constitución y a los políticos anti sistema.
• El 11 de abril, PPK, desconociendo el mandato popular, opta por acercarse a la izquierda tradicional en vez de buscar la convergencia de las posiciones políticas afines, como pidió el electorado y, anuncia que buscaría a Gregorio Santos en la cárcel.
• Durante la segunda vuelta se va pronunciando paulatinamente, sin pausa y con un agravamiento continuo, una confrontación que llegó a insultos y acusaciones mutuas del más grueso calibre.
• Todo esto fue aderezado por un carga montón mediático en contra de Fuerza Popular que tuvo su epítome en la falsa imputación sobre una investigación de la DEA a Keiko Fujimori por lavado de activos que propaló Canal 4 en su programa ‘Poder de Cuarta’.
• Finalmente, alguien muy poderoso manipuló un audio enviado por José Chlimper al Canal 5 y pone la ‘banderilla de fuego’ a una campaña política vergonzosa.

Después de la victoria de PPK en la segunda vuelta, siguen y se profundizan los aprontes de los voceros de PPK tendiendo puentes de plata a la izquierda radical. Sheput declara “dialogante” al ex cura Arana y Bruce afirma que el plan de gobierno del Frente Amplio es mejor que el de PPK en temas de corrupción y medio ambiente. (Sic). Ver en Lampadia: ¿Qué le pasa a la gente de PPK?.

Luego vino el jueguito de si pido o no pido disculpas, o si las pido y las relativizo y finalmente las exigencias para que KF felicite a PPK y le ofrezca apoyo pleno en el Congreso, sin más ni más, ‘había que voltear la página y punto’.

Ahora se empieza a configurar otro escenario, el de una estrategia de gobierno que optaría por buscar la confrontación abierta del ejecutivo con el Congreso.

Esto lo anunció hace unos días Martín Vizcarra en una entrevista con Jaime de Althaus, pero nadie lo tomó en serio. Lamentablemente, parece que si era así.

La estrategia que se estaría armando consiste en acercarse a los gobiernos regionales y locales para hacer una alianza de gobierno que permita acorralar a la mayoría parlamentaria de FP, como si esta fuera contraria a las necesidades del pueblo. Ver el siguiente esquema gráfico que muestra cómo hemos ido alejándonos de los escenarios de convergencia y se estaría yendo directamente a los de confrontación.

No hace falta ser mago para prever que esto podría devenir en un gran fracaso político que solo jugaría a favor de los perdedores del mandato popular, las izquierdas radicales anti sistema, anti modernidad y anti globalización.

Lo curioso de esta estrategia tan infantil, es que los agentes de PPK siguen pensando, que así como en la segunda vuelta, lograron movilizar al establishment del país en contra de FP, acercándose a las cúpulas partidarias de la izquierda y a los dirigentes regionales, podrán ahora pasar por encima de las clases populares que le dieron a FP mayoría parlamentaria y que, ha pesar de la contra campaña, votaron en un 50% por ellos.

Por otro lado, buena parte de los medios nacionales vienen presentando a Verónika Mendoza en un rol que no le corresponde, para que ella se de el lujo de cuadrarlos como le da la gana. Ver titular del diario Exitosa:

Lastimosa situación para un país que tuvo la opción de desarrollar escenarios mucho más positivos. 

Lampadia 

La semana pasada el CIES organizó un evento con la Universidad del Pacífico (UP), CIUP y la Escuela de Gobierno de la PUCP que pretendía aportas análisis académicos al debate electoral (mediante propuestas de políticas públicas). El documento que presentamos a continuación (primero de una serie), se refiere al manejo de la política fiscal, del profesor e investigador Carlos Casas (UP). Ver la presentación en: Documento de Política Fiscal (2016 – 2021).

El objetivo de este documento es ubicar la política fiscal en el contexto actual. Esto se refiere principalmente a la desaceleración de la economía peruana y a los espacios de política fiscal podrían que podrían ayudar a reactivarla y recuperar una mayor tasa de crecimiento, tanto con medidas de corto como de largo plazo, sin afectar la salud fiscal. 

En cuanto al mediano plazo, se analiza es gasto público de los últimos años y se indica, que si bien ha habido recursos en los gobiernos regionales y se han hecho obras públicas, deberían hacerse más, y para esto es necesario una evaluación de impacto, para analizar qué tan beneficiosa han sido estas inversiones para la población.

Planteando una hoja de ruta en tres tiempos: 100 primeros días, primer año y cinco años, en la que se enumeran las principales acciones de política fiscal que podría tomar el próximo gobierno.

Uno de los temas debatidos en la campaña es el referido a la utilización de las reservas fiscales para el impulso de la economía. El Perú tiene colchones fiscales muy importantes que llegan a unos 15 puntos porcentuales sobre el PBI. Además, nuestro nivel de deuda pública es de solo un 20% del PBI (10% de deuda externa, de la cual una parte se denomina en soles), un nivel sustancialmente bajo en términos históricos y en relación a los indicadores internacionales. De estos dos indicadores se puede establecer que tenemos dos espacios de acción fiscal que podrían dinamizarse, especialmente, para promover las inversiones en infraestructuras. No podemos dejar de tener presente la imperiosa necesidad de invertir en infraestructuras económicas y sociales, las que, por supuesto, debieran complementarse con un mejor manejo de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Aplaudimos esta iniciativa que permite forzar a los candidatos a definiciones más precisas sobre sus posiciones en los temas más relevantes para el país. Lampadia

Entrevista a Juan Incháustegui Vargas. Director del Grupo Hochschild

Glosado

Por Julio Lira y Vanessa Ochoa Fattorini

(Gestión, 08 de Enero de 2015)

(…)

De la mano de Hochschild

Su ingreso al grupo lo metió de lleno en la educación, desarrollando tres institutos y creando luego la UTEC, hasta llegar a ser presidente de la institución educativa.

Pero su relación no quedó ahí, en los años 90 ingresa como director en Cementos Pacasmayo, y hoy es el más antiguo en toda la compañía. Pero su labor se ha desarrollado además del área minera en la energética de la compañía, y la satisfacción que se lleva es haber acompañado a Luis Hoschschild en las decisiones importantes de la empresa (como la compra de cementera La Rioja) y en el caso de Tecsup él mismo tocó las puertas de muchos empresarios amigos para poder colocar a sus flamantes técnicos.

De cinco camiones viejos a millones de dólares

¿En ese paso por la actividad empresarial puede recordar a más de uno que dejó huella?

Hubieron relaciones crecientes y fructíferas, y tal vez olvide algunos, pero tengo presente un anécdota. Cuando comenzamos Southern no sabía lo que era Tecsup, pero a través del MEM hice amistad con Charles Preble, en ese entonces su CEO, y nos donó 5 camiones viejos; lo llamé y le dije que no se pasara, cómo nos iba a dar eso (teníamos amistad), le dije que los venda y nos done la plata…

Lo convenció…

Bueno, ese inicio dio lugar años más tarde a una donación de medio millón de dólares para el terreno de Tecsup Arequipa, y están también en UTEC con contribuciones de más de un millón. Es una demostración de que la educación hay que demostrarla y se recibirán técnicos de primera calidad.

Bajo su conocimiento del empresariado, ¿puede decirnos cómo ve que se ha transformado su mentalidad?

Especialmente en minería se ha desarrollado la responsabilidad social, todas las empresas están en programas de educación, obras por impuestos, etc. Son grandes hitos y algunos mineros hablan de valor compartido, que es valor para las comunidades, el empresariado y el país y es lo que hacen varias empresas.

¿Y cómo ve los siguientes años para la minería?

Sin duda complicado porque hay gobiernos regionales sin vocación prominera, pero soy optimista y creo que se van a realizar avances con un beneficio de valor compartido; y lo otro es que la educación se ha convertido en el leitmotiv del trabajo de las empresas, con capacitaciones a los maestros, creación de escuelas a lo largo y ancho del país.

Hay un vivo interés de hacer que la generación de valor vaya en buena parte con la educación y es un componente que falta en la política.

Pasó por la empresa pública y la privada. Con esa trayectoria ¿qué conclusiones puede sacar?

Que la empresa pública es sumamente difícil de manejar, no tiene uno la capacidad de aplicar las decisiones de manera concentrada porque hay resistencia, cuando no, la intromisión política. Por eso yo sostengo el principio de subsidiariedad famoso, debe haber lo menos posible de empresas estatales, tanto Estado como sea necesario pero tan poco como sea posible.

¿El concepto de empresa estratégica en el sector energía es válido aún?

Creo que ya no, me parece que eso tuvo validez en el tiempo que hubo bloques pero hoy el mercado está globalización; sin embargo, hay intereses que pueden generar dominio de mercado y puede ser válido bajo ese esquema lo mínimo posible alguna empresa como factor de regulación. Pero empresa estratégica en el concepto antiguo ya está pasado de moda.

Entrevista a Liliana Rojas-Suárez. Economista principal del Center for Global Development.

Por Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 15 de Diciembre del 2014)

Liliana Rojas-Suárez, economista principal del Center for Global Development estima que el Perú debería tener un plan de inversiones y ejecución del gasto público que quede listo y aprobado para que el próximo gobierno lo pueda usar y hacer más efectivo el gasto. También advierte sobre el déficit en la cuenta corriente externa.

¿Qué riesgos ve para la economía peruana para el 2015?

Hay dos riesgos importantes. Uno tiene que ver con el contagio de lo que ocurra en países emergentes (Brics) cuyas economías se han deteriorado, especialmente China. El principal riesgo es una retracción del mercado hacia activos (bonos) emitidos por estos países, entre ellos Perú.

El otro riesgo que veo es interno, relacionado a que el 2015 ya es un año preelectoral en el Perú, en el cual puede haber presiones por el lado de las promesas electorales, que pueden empezar a tener un carácter populista en un contexto en el que se está enfrentando problemas y se busca reactivar la economía.

Entonces, usted prevé que el factor político va a estar influyendo más de lo normal en las decisiones económicas de Perú el próximo año…

Sí, el tema político va a estar muy presente en un ambiente internacional no favorable.

¿Qué hacer, qué haría si fuera ministra de Economía para enfrentar esa situación?

El tema es que sólo le queda año y medio (a este gobierno). Pero lo primero sería tomar algunas políticas que no se han hecho y que son efectivas en el corto plazo.

Por ejemplo, el precio de la gasolina debería bajar de acuerdo a la disminución del precio internacional del petróleo; acá ha bajado muy poco, eso se debe corregir porque es una medida pro crecimiento de efecto rápido tanto por el lado de la demanda (precios) como de la oferta (costos).

¿Qué otra medida adoptaría?

Si realmente interesa que el país siga para adelante, se tendría que ver la implementación del gasto (público) a nivel regional.

Ningún gobierno que herede al actual puede darse el lujo de comenzar a ver qué hacer. El gobierno actual tiene casi la obligación de sentar las bases para que, si se necesitan mayores cambios en la política fiscal, estos sean efectivos y puedan implementarse. El problema es que los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de gerencia, de gestión.

¿Y qué debería hacer el gobierno central concretamente en este tema?

Pongamos (como ejemplo) al sector privado: cuando éste va a hacer una inversión nueva, tiene su plan de inversión ya aprobado.

Entonces, ese plan de inversión y ejecución (en el caso del sector público) ya debería contar con la ley aprobada por el Congreso, y además debería ser un plan comprehensivo e integral, que tenga en cuenta los problemas de cada región.

Esta especie de manual se necesita tener ahora.

Con los problemas políticos que enfrenta el gobierno actualmente y cuando la campaña electoral ya está a la puerta. ¿Cree que quiera y pueda llevar adelante ese plan?

Tiempo para hacerlo y recursos, tiene; en cuando la decisión política, para ello mi respuesta es menos clara.

Pero el tema es que los incentivos están un poco alineados para que sí lo haga.

¿Cuáles son esos incentivos?

Uno es que, cualquiera que herede el gobierno tendría una mejor forma de asignación de recursos públicos, entonces la elaboración de ese plan no va a ser atacado por otros partidos.

Dos, que (el Gobierno actual) podría dejar una mejor imagen y volver con posibilidades para las elecciones generales del 2021 y, tres que al resto de partidos también le conviene que se ejecute ese plan.

“Problema del déficit en cuenta corriente no es temporal”

Para Liliana Rojas-Suárez, será difícil cerrar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que llegó a 6% del PBI en el segundo trimestre y terminará el año alrededor de 5%) porque no se trata de un problema temporal atribuido solo a la caída de los precios de los minerales (commodities en general).

Se trata de que también han caído los volúmenes exportados (o no se han exportado en la magnitud esperada, como en el caso del cobre) debido a problemas internos del país (conflictos sociales, regulación ambiental, huelgas, e incluso inseguridad).

Además, remarca la economista, dada la tendencia al incremento del valor del dólar en todo el mundo, en un contexto de caída del precio del petróleo, ello afectará los precios de los minerales (y demás commodities), haciendo incluso que ya no sean rentables, por lo que los inversionistas podrían decidir aplazarlos.

“Entonces, yo no veo tan de corto plazo este problema de la cuenta corriente, porque además de estos problemas internos que demoran los proyectos de minería, al bajar el precio del petróleo posiblemente algunos proyectos ya no sean tan rentables como antes, por lo que la demora (atraso) puede volverse voluntaria”, precisó.

La ciudadanía quedó en shock mientras veían como los integrantes del Movadef dejaban las cárceles en las que se hallaban recluidos por sus evidentes vínculos con las acciones  criminales de Sendero Luminoso. Era insoportable entender que los Jueces de la Sala Nacional Penal F liberaran a los miembros de esta organización. Inentendible. Lo mismo ha sucedido días antes, con la liberación de Benedicto Jiménez y otros acusados de corrupción en los gobiernos regionales. 

Tan solo hace unas semanas atrás, en Lampadia felicitábamos los esfuerzos que realizaba nuestro Sistema Judicial para condenar las corruptelas de varios presidentes regionales y encausar a la extendida mafia que lideraría el abogado Rodolfo Orellana (ver: Gran oportunidad para lograr una justicia que respetemos). La decepción llegó más temprano de lo esperado. Los miembros de nuestro Sistema Judicial, vuelven a desperdiciar una brillante oportunidad para concedernos la justicia que merecemos los ciudadanos de este país que se esfuerzan día a día por hacerlo mejor y  cumplen con las leyes.

Como señalábamos en el mencionado artículo “Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso [el juzgamiento de los presidentes regionales]. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial”.

La liberación de los miembros del Movadef, de Benedicto Jiménez (parte de la organización Orellana) y la de Iván Vásquez, presidente regional de Loreto, nos hacen pensar que el Sistema Judicial peruano ha perdido la brillante oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía. Es vergonzoso que no utilice pruebas de dominio público, como lo mencionado por Cecilia Valenzuela (ver en Lampadia: Sendero vivito y avanzando), o que la coordinación entre las partes del sistema dificulte e impida la efectividad de la justicia, o que se amparen en las debilidades de otros. ¿No se juntan a coordinar? ¿A desarrollar estrategias comunes? ¿A compartir la información?

Ahora solo queda pensar en una reforma integral como la que hizo Hong Kong para resolver la corrupción policial (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte). Que se las ingenie para nacer adentro, pero que sea llevada a cabo, desde el exterior. El Sistema Judicial incluye a la Policía, el Ministerio Público, y el propio Poder Judicial, más su interrelación con el gremio de abogados.

Sin duda lo más grave es que se haya dejado en libertad a los líderes del Movadef. Este no es un caso cualquiera. Estas personas forman parte de una organización genocida que no cree en el Estado de derecho, ni en la democracia y que ha demostrado largamente que tampoco cree en los principios elementales de la convivencia, como el respeto a la propia vida. No olvidemos que el “pensamiento Gonzalo”, con el que siguen comprometidos públicamente, amenaza a toda la sociedad con ríos de sangre.

Por eso la reacción del Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza solicitando que se investigue a los magistrados que dieron libertad al Movadef, es insuficiente. Una gota de agua para aclarar un lodazal. Un leve reflejo para enfrentar a la indignación ciudadana que encabezó el propio Presidente Ollanta Humala al señalar: “Sabemos todos las vinculaciones que tiene el Movadef con Sendero Luminoso. (…) Respetamos los fallos del Poder Judicial nos guste o no nos guste, pero eso no me impide expresar mi preocupación profunda. (…) Yo espero que se reflexione sobre este fallo”.

Humala también explicó: “hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en (…) saco roto”.

Los jueces de la cuestionada Sala se han defendido arguyendo que su fallo se produjo por que la fiscalía no presentó suficientes elementos para encontrar las relaciones con Sendero Luminoso.

¿Es posible eso? ¿Que en un caso tan sensible para la nación, la Fiscalía no haya hecho bien su labor? En la prensa se ha demostrado suficientemente las vinculaciones de Sendero con el Movadef. ¿La Fiscalía no recogió esos argumentos o no son suficientes para los jueces?

Lo cierto es que es inaceptable que cualquiera de esas posibilidades haya permitido abrirles las puertas de la libertad a los integrantes de esta sanguinaria organización. Por lo menos en un caso como este las autoridades debieron actuar con la mayor diligencia posible. ¿Cómo es posible que la prensa obtenga mejor información que la Fiscalía?

Ha llegado la hora de realizar una gran reforma del Sistema Judicial. Queda claro, eso sí, que no podrá hacerse desde adentro. Seremos los ciudadanos los que tengamos que exigir y plantear una solución que cambie de raíz esta situación, ojalá con la colaboración e ingenio de nuestros mejores juristas, para encontrar el camino de esta reforma, sin avasallar la Constitución. Lampadia