Líneas abajo compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se describe brevemente sobre uno de los instrumentos de registro y de lenguaje más impresionantes, hasta ahora conocidos, de nuestros antepasados: los quipus.

Como enfatiza el presente artículo, lo impresionante de la naturaleza de los quipus era su capacidad para ser usado en múltiples tareas durante el incanato abarcando inclusive funciones gubernamentales como eran la gestión de los recursos fiscales y la defensa militar.

A la fecha las últimas investigaciones han sugerido también que constituirían la prueba final de que los incas conocían y utilizaban el sistema de coordinadas cartesiano, algo que diferenciaría sobremanera dicha cultura de otras del mundo pre-colonial.

Sin duda, vestigios culturales que habría que difundir con mayor impulso por sus características no solo intrínsecas de su uso sino también asociadas a su estética. Lampadia

Cuento nudoso
El misterio de los quipus: registros de nudos incas

En una pequeña ciudad peruana, el método de mantenimiento de registros de los Incas sobrevive

The Economist
1 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Lima. San Andrés de Tupicocha comienza todos los años jurando nuevos líderes, como muchos pueblos pequeños en Perú. En lugar de dar a los titulares de un cargo una faja o medalla, les dan un quipu, una madeja coloreada de cuerdas anudadas.

Quipus, o khipu, que significa nudos o nudos parlantes en quechua, se usaron para administrar el vasto imperio de los incas, que duró aproximadamente un siglo hasta 1533. Nadie vivo sabe exactamente cómo. San Andrés, en las tierras altas cerca de Lima, es el último lugar en Perú donde los quipus tienen un papel oficial, y eso es ceremonial. “Representan quiénes somos”, dice Tito Rojas, presidente de una de las diez comunidades de la ciudad. En diciembre, el gobierno de Perú declaró que su ritual de conferirlos a líderes comunitarios como Rojas es parte del patrimonio cultural del país.

Se cree que los quipus de la ciudad datan de la independencia de Perú de España en 1821. Se usaron hasta mediados del siglo XX para registrar la asistencia a las reuniones, dice Roy Vilcayauri, ex alcalde. Pero la última persona que pudo leer ese set murió en 1990.

Los académicos han estado tratando de descifrar qué mensajes están codificados en los cordones anudados, que generalmente están hechos de lana de alpaca teñida (también pueden contener fibras de llamas, vicuñas y algodón). El tipo de nudo, su número y su espacio transmiten información numérica. La colocación de cables principales y subsidiarios podría mostrar relaciones familiares o tribales.

El uso principal de Quipus fue como herramienta de gestión, dice Gary Urton, quien creó el Proyecto de base de datos Khipu en la Universidad de Harvard. Desde la capital inca en Cusco hasta los confines del imperio en la actual Argentina, Ecuador y Colombia, los quipus ayudaron a los funcionarios a realizar un seguimiento de la recaudación de impuestos, comandar ejércitos y mantener registros censales. Los incas no tenían lenguaje escrito. Los quipus son el único registro documental de su vida que no proviene de cronistas españoles. Urton ha registrado las características de más de 1,000 quipus en forma digital y pasó 30 años tratando de entenderlas.

Hoy en día, la mayor colección de quipus, alrededor de 350, se encuentra en el Museo Etnológico de Berlín. Unos 500 más están en Perú y Chile. Para ver a los quipus realizar cualquier función más allá de servir como objetos de estudio o curiosidad, tendrá que pasar un nuevo año en San Andrés de Tupicocha. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Parece un chiste, pero es realmente trágico. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales, alrededor de 190 provinciales y cerca de 1890 distritales, todos con autoridades elegidas, autonomía de gestión y ausencia de capacidades técnicas en la mayoría de estas más de 2100 administraciones.

Por otro lado, vemos con ‘ternura’ el afán del Presidente de la República y su gabinete de empoderar a estos gobiernos descentralizados para la ejecución de sus mandatos y seguir transfiriendo más y más dinero cada vez que necesita aumentar su popularidad…

Lo anterior sería plausible si contáramos con un plan y mandatos claros de gobierno, debidamente alineados, técnicamente planteados y orgánicamente ejecutados por agentes debidamente capacitados.  Pero no, el Perú que, según el diario Gestión, ha hecho un esfuerzo inicial de formar a unos 400 profesionales para ponerlos a disposición de estas dependencias, ha logrado colocar en solo 77 de estas más de 2100 entidades, a 100 con cargos gerenciales y otros 100 con rangos menores.

Acorde con su “origen descentralizado”, tanto el Presidente como muchos de sus ministros y grupo cercano, privilegian la descentralización, que de por sí no tendría nada de malo, salvo que se ha puesto la carreta delante de los caballos.

Cuando hablamos de corrupción, tema especialmente cercano al pensamiento guía de este gobierno, nadie piensa en la fuente de esta (mayoritariamente municipalidades lejanas), ni el hecho que estos alcaldes no quieren tener gerentes profesionales que los controlen y les limiten la posibilidad de hacer sus cuchipandas y consecuentemente, si se los imponen, los hostigan hasta que renuncian al cargo.

En nuestro país, los alcaldes distritales debieran ser gerentes profesionales, proporcionados por Servir y que estén alineados a los planes y programas de los alcaldes provinciales. Caso contrario, jamás lograremos algún progreso en la administración pública descentralizada. El Presidente del Consejo de Ministros insiste en que “van a fortalecer la descentralización y empoderar a los gobiernos locales y regionales”.

Nadie se opone al concepto de descentralización y regionalización, pero;  ¿por qué desde los gobiernos locales y regionales se oponen tanto a la profesionalización de las gerencias desde el programa Servir?  ¿Por qué se hostiliza hasta el hartazgo a los gerentes que Servir destaca para esos roles?

Lo natural sería asegurar un proceso de profesionalización de la administración pública descentralizada con participación activa de Servir, para gradualmente ir “entregando la posta” de la gestión y gerencia a las autoridades locales, luego de haber establecido estándares de gestión. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El asunto de Tía María es penoso. Es una inversión muy importante para el país y para la región, incluso para el valle del Tambo, pero el Estado parece impotente para crear las condiciones que la hagan posible. El gobierno incluso tiene miedo de decir lo anterior: que es una inversión muy importante para el país. No solo eso: advierte, en tono tajante, que el proyecto no se llevará a cabo mientras no haya consenso en la población. Que es una manera de decir que nunca se ejecutará, porque consenso absoluto jamás va a haber. Siempre quedará un pequeño grupo opositor animado por razones políticas o económicas. Oponerse también es rentable.

Pero el gobierno tiene que representar el interés del país y de la propia población mayoritaria, no el de pequeños grupos radicales o económicos. Tiene que representar su propio interés en obtener más ingresos fiscales para hacer redistribución social. Entonces tendría que mostrar más convicción. Tiene que explicar que el proyecto es vital para el crecimiento nacional y que entiende la desconfianza y los temores de la población, pero que el Estado garantiza que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estuvo bien hecho y que no habrá impactos negativos. Y debería presentar a la población de Islay un plan de desarrollo integral del cual forme parte la inversión minera.

La ministra del Ambiente Fabiola Muñoz ha señalado que la población no entiende los beneficios del proyecto ni sabe qué se va a hacer para no perjudicar la agricultura o el agua. La empresa ya lo ha explicado, pero si la empresa no tiene credibilidad, es el Estado quien tiene que explicarlo. El proyecto es de interés del Estado, no solo de la empresa.

La ministra señala que la empresa tiene que decir: “estos son los impactos y esto es lo que vamos a hacer para mitigarlos”. Pero si un sector de la población no le cree a la empresa, es el Estado quien tiene que decirlo.

La ministra refiere, por ejemplo, que la gente en el valle del Tambo expresa: “estamos muy cerca de la operación: el viento puede traer el polvo”. Entonces –agrega la ministra- la empresa tiene que explicar: “hemos calculado el viento y estamos tomado estas medidas…”. Un alto funcionario de la Southern nos dice: “En cada actividad con la población, inclusive en los colegios, reiteramos el tema hasta la saciedad. Hemos explicado lo del viento y control de polvo en folletería, charlas videos, radio y redes. Tenemos casi 10 años informando sobre cada aspecto del proyecto. Tanto así que en una de las últimas mediciones de IPSOS encontraron que al menos el 70% de la población señaló haber recibido información del proyecto”.

Pero, si a pesar de esa política, hay desconfianza en las informaciones que da la empresa, alimentada por quienes desinforman, es el Estado quien tiene que explicarlo. Porque el proyecto le interesa al Estado, no solo por los ingresos tributarios que generará, sino porque disparará otros proyectos que producirán más ingresos fiscales aun, y favorecerá el desarrollo de un clúster minero que traerá desarrollo y diversificación productiva en todo el sur.

De lo contrario, se desprendería que el gobierno no cree en el EIA aprobado por el propio gobierno. Eso sería inaudito. La ministra ha recogido la versión de que en el EIA aprobado faltaba completar el estudio hídrico. Pero esto no es cierto según el vocero de la empresa.  Se trató de una observación hecha por personal nuevo de Ministerio, que desconocía que esa información ya se había presentado tanto al EIA como en la documentación de ingeniería. Ante dicha observación, el 6 de noviembre del 2018 la empresa volvió a enviar el Estudio Hidrológico. Pero este ya estaba contenido en la sección 4.3.9 del EIA, bajo el título “Hidrología”. Pero, al parecer, la ministra no lo sabe.

La ministra ha anunciado que busca un diálogo, pero no encuentra con quién. Esto es una muestra clamorosa de la debilidad del Estado central en un país feudalizado por una descentralización mal hecha y por la descomposición del sistema de partidos.

Si los seis alcaldes de la provincia de Islay pertenecieran a partidos nacionales serios con presencia en el Congreso, entonces sería posible que los representantes en el Congreso de esos partidos y sus dirigencias nacionales ayuden a concretar un diálogo constructivo entre el gobierno y los mencionados alcaldes. Pero ni hay partidos, ni los alcaldes –salvo uno- pertenecen a ellos ni menos hay Congreso. El corolario de esto es la necesidad impostergable de avanzar en la reforma política –a fin de reconstruir un sistema de partidos- y en la reforma de la descentralización.

La ministra, sin embargo, podría quizá solicitar a dirigentes de partidos de izquierda que estuvieron en el Congreso y que tuvieron presencia en el valle del Tambo, que intermedien de buena fe para establecer una mesa de diálogo y desarrollo en la zona. A esa mesa el gobierno tiene que llevar un plan de desarrollo integral de la provincia coordinado y con la empresa que podría financiar algunos de sus componentes. Es decir, la inversión minera como parte de una gran inversión de desarrollo.

No hay peor gestión que la que no se hace. Alguna capacidad de articulación política tiene que haber en nuestro país. Lampadia

La gestión del alcalde Luis Castañeda en la municipalidad de Lima le está dejando varias bombas de tiempo no solo al alcalde entrante, Jorge Muñoz, sino, más grave aún, al país en su conjunto al poner en peligro el esquema de concesiones para obras de infraestructura. Es el caso, del que no se ha hablado, de los problemas que deja en la concesión Rutas de Lima (RDL), que incluye la Panamericana Norte entre el Ovalo de Habich y Ancón, la Panamericana Sur entre en trébol de Javier Parado y Pucusana, y la carretera central desde el inicio de la Ramiro Prialé hasta el puente Los Ángeles, en Chosica. Esta última parte sencillamente no se ha podido ejecutar hasta ahora.

El problema más inmediato es el relativo al reciente aumento del peaje de 5 soles a 5.50 para los vehículos ligeros y de 4.50 a 5.50 soles por eje en los de transporte pesado.

Contra esos aumentos, la municipalidad ha planteado indebidamente una cautelar ante un juzgado, lo cual sentaría un precedente muy grave si tal cautelar se otorga, porque la seguridad de las inversiones en las Concesiones o APPs quedaría seriamente en cuestión.

El asunto es así: este aumento del peaje es el tercero de tres, convenidos para pagar obras que el propio Castañeda había solicitado. El incremento total sería de algo menos de dos soles. Los dos primeros se dieron en las fechas establecidas. El tercero debió aplicarse el 20 diciembre 2017, pero la municipalidad le pidió a la Concesión que no lo hiciera en ese momento. Se haría entonces en marzo del 2018, pero en febrero la municipalidad envía carta argumentando que Rutas de Lima no puede aumentar el peaje porque no ha culminado de obras a las que estaba comprometida.

Pero, según nuestras fuentes, en el contrato no se establece que los aumentos en el peaje de aplican contra culminación de obras.

Pese a que la municipalidad, según esto, carecía de razón, la concesionaria posterga hasta noviembre el alza del peaje. Antes de producirse, la municipalidad remite una tercera carta reclamando que no se efectúe el aumento. Pero de todos modos Rutas de Lima subió el peaje, amparada en el contrato.

Ante ello, la municipalidad, interpuso una medida cautelar en un juzgado, lo que sin duda es muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad jurídica en las inversiones. No solo eso: anunció ante qué juez lo había hecho, como medio para presionarlo y mover a la gente. Inaudito en una autoridad responsable.

Lampadia consultó a Jaime Villafuerte, Gerente general de Protransporte, acerca de las razones por las que no se aceptó el tercer aumento y su respuesta fue: “No se ha aceptado el último incremento del peaje porque está vinculado a la culminación de las obras obligatorias de la concesión y como es de conocimiento público, la concesionaria no ha terminado de ejecutar obras como la Ramiro Prialé, el Derby, bypass de Olguín, puentes peatonales, paraderos, entre otros. Por estas razones la MML no autorizó este último incremento unilateral y arbitrario”.

Según nuestras fuentes, “los incrementos, en actas firmadas los meses de diciembre 2015 y julio 2016, se pactaron para hacerse efectivos en fechas fijas. Dichos incrementos no estaban sujetos a la terminación de las obras del proyecto. De hecho, los incrementos pactados en las actas señaladas son como consecuencia de ajustes a las obras originales que pidió la actual gestión. Incluso, el acta de 2016 -que venía ejecutándose regularmente según sus propios términos- fue firmada por el propio Jaime Villafuerte”.

En efecto, estos tres aumentos del peaje son la compensación económica por obras anteriores y sobre todo por nuevas obras que el propio alcalde Castañeda solicitó al comienzo de su gestión. Entre ellas, efectivamente, el intercambio de El Derby, el bypass de Holguín y el viaducto de la Av. Benavides.  

Lampadia también le preguntó a Villafuerte por qué se ha planteado una cautelar contra el aumento en lugar de ir a arbitraje cómo está establecido cuando hay diferencias, y su respuesta fue: “no solo se ha planteado una cautelar, sino también un arbitraje para defender los intereses de los usuarios de la vía concesionada”.

Sobre esto, nos comentan que “esta estrategia revela una clara inconsistencia y la mala fe con la que viene actuando la MML. Si un tema está en controversia, mediante arbitraje, no corresponde plantear una cautelar al Poder Judicial fuera de proceso,  a menos que la única intención sea presionar judicialmente para que se otorgue una cautelar durante lo que queda de la gestión actual, cautelar que, en instancia superior, sería revocada, considerando el arbitraje existente. Es decir, si el juez otorga la cautelar ilegalmente, el incremento se revertirá. Para cuando se corrija esta ilegalidad y se suba nuevamente el peaje (con las repercusiones sociales que ello trae), ya estaría en ejercicio la gestión entrante. Es decir, otro problema heredado”.

Demoras

Por lo demás, las demoras no son atribuibles a la concesionaria, sino a la municipalidad que no culmina con las expropiaciones y retiro de interferencias. Es el caso del intercambio del Derby, por ejemplo, donde recién se expropió en setiembre del año pasado, todavía no se ha removido un poste y un canal de regadío. Esta obra fue reiniciada en enero y culminaría en marzo del 2019. Pero el bypass de Holguín no se ha iniciado por interferencias existentes y el viaducto Benavides tampoco por la misma razón: hay una tubería que no ha sido retirada.

El forado del peaje de Chillón

Pero más graves aún son otros dos problemas que deja Castañeda en esta concesión. El segundo es la secuela del incendio del peaje de Chillón, que le dejó a la Concesión un forado del 25% de sus ingresos. Ya han pasado casi dos años desde que se produjera tal evento, y la municipalidad no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para ver la manera de reponer esos ingresos, sea construyendo un nuevo peaje, o sea mediante una combinación de medidas tales como subir en alguna medida los demás peajes de la concesión, alargar el plazo de la concesión y disminuir el número de obras a ejecutarse, por ejemplo. Se han producido 19 reuniones entre los representantes de la Municipalidad y de la concesionaria, y no se llegó a nada. Rutas de Lima envió entonces una carta ejecutando la garantía contenida en la cláusula 10.4 del contrato según la cual si un peaje es anulado la municipalidad debe compensar el dinero que el peaje hubiera recaudado, pero la municipalidad se negó a pagar y entonces el Concesionario llevó el tema a arbitraje en Uncitral, organismo de las NNUU. Esto tiene para un año y medio más.

Preguntamos a Jaime Villafuerte por qué no se llegó a un acuerdo para reponer los ingresos del peaje de Chillón, y su respuesta fue: “Respecto al tema de chillón, nos encontramos en un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la MML tiene elementos necesarios para defender su posición y hoy se sabe que odebretch aportó US$3 millones a la revocatoria del NO”.

En realidad el arbitraje no es ante el CIADI sino ante Uncitral, de las Naciones Unidas. Nos dicen que “no se entiende la relación del aporte de campaña con este tema. Es muy importante destacar que la iniciativa privada fue adjudicada con fecha anterior al proceso de revocatoría. El proyecto ya estaba adjudicado y se habían aprobado las condiciones esenciales del contrato para cuando se inició la revocatoria. Este es un tema que recurrentemente se usa para desacreditar al proyecto”.

Por supuesto, el  menor ingreso derivado de la anulación del peaje de Chillón va en detrimento del mantenimiento de los tramos de la Panamericana Norte y Sur que corresponden a la Concesión.  Lo paradójico acá es que el peaje fue quemado pese a que las obras en la parte de la Panamericana Norte ya estaban culminadas, y sí existía un desvío interior si es que no se quería pagar el peaje (el recorrido pasaría de 31.7 km a 38km y el tiempo se alargaría de 56 min a 1h 17m). Faltó sin duda explicación y control policial de los núcleos del Movadef que lideraron el ataque. En cualquier caso, tampoco es necesario que la obra esté terminada para empezar a cobrar peaje, porque este sirve para no solo para recuperar inversión sino para el mantenimiento. 

La Ramiro Prialé hasta Los Ángeles, abandonada

El tercer problema es el de la construcción de la doble pista desde la Ramiro Prialé hasta el puente Los Ángeles, una obra absolutamente prioritaria considerando la saturación asfixiante de la Carretera Central. Rutas de Lima logró avanzar 7 km de afirmado desde Huachipa hasta Ñaña, invirtiendo 140 millones de soles. Pero faltan 13 kilómetros hasta Los Ángeles que están abandonados por la sencilla razón de que la municipalidad no ha efectuado las expropiaciones correspondientes.

Lampadia preguntó a Jaime Villafuerte por qué no se ha expropiado los terrenos, y su respuesta fue: “Se ha expropiado más del 90% de los predios del tramo entre la Av. Las Torres y el Puente Los Ángeles. Sin embargo, los recursos que la concesionaria aportó como obligación contractual, se agotaron en el 2016 y ahí teníamos 2 opciones: i) aporta la MML o ii) aporta la concesionaria con cargo a mecanismos de compensación. Al ser una Iniciativa Autofinanciada, en 2016, se tomó la segunda opción; sin embargo, estalló el tema de lava jato en Brasil y la empresa no pudo levantar los fondos, mientras tanto todo el 2017 intentamos arreglar dos temas: Chillon y expropiaciones y al ver que no habían acuerdos, la MML decidió constituir un fideicomiso para aportar los recursos faltantes para el pago de las interferencias y expropiaciones de este proyecto y la concesionaria nos emplazó con un arbitraje”.

Sin embargo, nuestras fuentes nos dicen que esto es “Falso: la naturaleza de autosostenible de la concesión no significa que la MMLl se libere de sus obligaciones, en su calidad de entidad concedente, de cumplir con la liberación de los terrenos para las obras y el aporte de los recursos que sean necesarios para tal fin, tal como ocurre en todas las concesiones y contratos APP. El acuerdo para que rutas de lima consiga los recursos faltantes, con cargo a mecanismos de compensación, que la MML propuso inicialmente, fue dejado sin efecto por la MML misma, mediante oficio. Es importante destacar que, pese a que el contrato de concesión establece que las obras de Prialé sólo debían iniciarse luego de liberado el 100% de los terrenos, RDL, a pedido expreso de la MML y en el marco de la buena fe, decidió avanzar con algunas actividades, invirtiendo 140 millones de soles en dicho tramo, confiando en que la MML liberaría las áreas para la continuación de las obras, hecho que a la fecha no ocurre”.  

Pero, ¿la municipalidad dejó sin efecto esa opción debido a que RDL no pudo levantar los fondos?, le repreguntamos. Su respuesta fue:

“No. En noviembre de 2016 se firma un acta para que RDL salga al mercado a levantar los recursos faltantes para las expropiaciones a cargo de la MML. Como compensación por ello, la MML otorga, entre otros, la eliminación de la regalía (4% de ingresos) que iba a recibir una vez culminadas las obras. Cuando esta acta se cuestiona en el concejo metropolitano de Lima (básicamente por la eliminación de la regalía) y sale a medios, la MML cambia de opinión y en febrero de 2017 nos manda un oficio, dejando sin efecto el acta de acuerdos, arguyendo como causal que no estaríamos en capacidad de levantar los fondos. Lo cierto es que, para cuando recibimos el oficio, nosotros seguíamos realizando las gestiones para el crédito sindicado, a pesar de que en enero (un mes antes), el alcalde unilateralmente y de manera ilegal eliminó el peaje espejo de chillón, afectando los flujos del proyecto. En síntesis, ellos firman el acta (noviembre) para que levantemos los fondos, en enero eliminan un peaje del sistema, y en febrero nos dicen que el acta queda sin efecto porque no pudimos acreditar la obtención del financiamiento”.

“Sobre el fideicomiso, sé que hicieron gestiones por su lado para conseguir los fondos y creo que tienen un fideicomiso con algunos recursos. El tema era crítico porque, en Prialé, liberaron áreas con promesas futuras de pago sabiendo de la insuficiencia de los recursos, y la gente afectada empezó a tocarles la puerta para que cumplan con pagarles. Y lo del arbitraje no lo entiendo. El único que hay actualmente es el de Chillón por la eliminación del peaje, que iniciamos nosotros”.

¿A cuánto ascienden los fondos necesarios para expropiaciones e interferencias? Se trataría de 193 y 40 millones de soles respectivamente, considerando todos los proyectos, no solo el de Prialé. ¿Cuál es la solución para conseguirlos? Según nuestras fuentes, “Hoy la MML está obligada a buscar los recursos para cumplir con su obligación. No obstante, el contrato establece que, previo acuerdo de partes y establecimiento de las compensaciones respectivas, el concesionario puede coadyuvar a levantar los fondos. Esta posibilidad, en el contexto actual de no reconocimiento de ajustes de tarifa y eliminación de una unidad de peajes, la veo poco viable. Es una opinión personal”.

En cuanto a la inversión misma, la concesionaria se encarga de financiarla, y luego recupera la inversión en el tiempo por medio de un peaje. Pero cabe preguntarse si los bancos aceptarán otorgar un préstamo para ese fin si el peaje puede ser siniestrado o impedido de instalarse, sin que ello sea compensado de otra manera, como viene ocurriendo con el peaje de Chillón.

Inversión total

Rutas de Lima ha invertido ya 2,000 millones de soles en obras, y ha recaudado 917 millones de soles en 5 años. De esos, 500 millones se destinaron a tareas de mantenimiento y algo menos de 400 millones al pago de intereses de los bonos. Todavía no se paga el principal. 
Aun falta invertir 500 millones en la Prialé hasta Los Ángeles y otros 500 en otros proyectos, y el gasto total en mantenimiento en 30 años se estima en 5 mil millones de soles. O sea, la recaudación anual es del orden de 180 millones de soles, 100 millones corresponden al mantenimiento, y, aproximadamente 80 millones anuales deben servir para recuperar la inversión de 3,000 millones.   

En otras palabras, aquí hay inversión importante y mantenimiento garantizado. Todo eso debe ser recuperado mediante los peajes. Si se pone en cuestión la operación de los peajes sea por su destrucción sin compensación, sea por medio de acciones cautelares dictadas por el Poder Judicial, el Perú se condena a no poder desarrollar su infraestructura de comunicaciones y menos aún a poder mantenerla. Podríamos regresar a la Edad Media. Lampadia

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, en el Perú se sigue desnaturalizando la relación de algunas grandes empresas con el Estado.

• “Las grandes empresas no pagan impuestos”: Se ha creado el ‘San Benito’ de que las grandes empresas no pagan impuestos. Pero la verdad es todo lo contrario, los ingresos fiscales están concentrados en muy pocas empresas, las más grandes y formales.

• Intervencionismo Siglo XXI: Desde los albores del siglo, el voluntarismo político ha ido generando un nuevo intervencionismo del Estado en todos nuestros mercados. La actividad privada de estos días, está tremendamente limitada y desalentada.
   
• Ninguneo del sector privado: Nuestros políticos y funcionarios públicos no entienden las medidas de nuestra economía. Hoy, gracias a las reformas económicas de los años 90, tenemos una economía conectada al mundo, en la cual la inversión privada da cuenta del 80-90% de la inversión, 80% del empleo, y 90% de los ingresos fiscales. Sin embargo, se sigue pensando que el futuro de la economía depende de lo que se haga en el ámbito del Estado.
   
• La invasión de asesores estatistas: Desde el año 2000, el Estado ha sido ocupado por muchos funcionarios y asesores de orientación estatista. Esta tendencia se exacerbó notoriamente en el gobierno de Humala-Heredia, algo que no corrigió el gobierno de PPK. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del estatista Jaime Saavedra, batió el record de consultorías, dedicando buena parte del presupuesto a contratar asesores de la PUCP, de orientación anti-inversión-privada en educación.

  Por ejemplo, hace un año, el entonces primer ministro Fernando Zavala, reportó que:

  “Durante el 2016, el Ejecutivo contrató servicios de consultorías, asesorías y similares con personas jurídicas por S/ 500 millones. En tanto, contrató estos servicios con personas naturales por S/ 622 millones, por lo que ambos conceptos suman S/ 1,122 millones.

  En el devengado por personas jurídicas, quienes más contrataron fueron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por S/ 138 millones. Esto provino principalmente de las consultorías contratadas por Osinergmin, Ositran y Devida, informó hoy martes el primer ministro Fernando Zavala ante la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso.

  En segundo lugar, el ministerio de Educación contrató S/ 90 millones, el MEF S/ 88 millones, el MTC S/ 78 millones y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 17 millones”.
  Gestión: 16 de mayo, 2017

El recorte de gastos anunciado por el gobierno de Vizcarra, se concentra en gran medida en el sector educación. Suponemos y esperamos que se esté corrigiendo esta infiltración desde la PUCP.

• Acoso a la inversión privada: En los últimos años, no solo se ha estado haciendo la vida imposible a la inversión privada, también se ha estado haciendo una suerte de acoso a las grandes empresas, desde la Sunat.

Por ejemplo: luego de las tardías verificaciones tributarias que conduce la Sunat, sus funcionarios han desarrollado interpretaciones fiscalistas, abusivas en muchos casos, como desconocer los gastos de cobranza de bancos y telecoms, por supuestas fallas documentarias absurdas. Este tipo de observaciones dio lugar a acotaciones de impuestos, más multas e intereses, que generaron enfrentamientos que han servido para acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos.
Lo mismo pasó con el sector minero, con antojadizas interpretaciones de los contratos de estabilidad tributaria.
Ver en Lampadia: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar y Sobre deudas, acotaciones y litigios.

• De satélites y procuradores: Recientemente, se ha producido un nuevo caso de acoso a las operaciones del sector privado. En esta ocasión, en relación a los servicios satelitales usados por las empresas de telecomunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia, contrariando los criterios técnicos de la Intendencia Jurídica de la Sunat, del Tribunal Fiscal, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido que los operadores satelitales no domiciliados en el Perú, están sujetos al Impuesto a la Renta.

Este fallo ha sido posible por la insistencia procesal del Procurador de la Sunat, que ha llevado el caso hasta la Corte Suprema. O sea, el abogado del Estado, en contra de las decisiones del Estado.

Esta decisión afecta la predictibilidad del espacio tributario, la viabilidad de los servicios de comunicaciones en las localidades más remotas del país, y sigue alimentando criterios equivocados sobre las condiciones para hacer negocios en el Perú.

• No hay primera sin segunda, ni tercera: Este caso está manejado por el mismo procurador que, en los casos contenciosos mencionados líneas arriba, salía en los medios de comunicación a acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos. Alimentando así, de argumentos perversos, a los enemigos de la economía de mercado y de su principal motor, la inversión privada.

Ahora que estamos en una crisis de ‘vacas flacas’ en el Estado, es hora de que en el gobierno se prendan algunas luces que iluminen a la población y marquen el camino de los funcionarios públicos, para que podamos recuperar la senda del bienestar.

Basta de acosar a la inversión privada. Los empresarios no son una fuerza de ocupación extranjera, sino, nuestros mejores socios para promover la inversión, el empleo y el crecimiento de los recursos fiscales. Lampadia

Ayer se instaló el gabinete del gobierno de Vizcarra que deberá enfrentar la difícil tarea de recuperar la inversión y el crecimiento de la economía, el entendimiento entre los Poderes del Estado, la confianza de los peruanos y la probidad en el manejo de la cosa pública.

Esperamos que el formato de la juramentación, abierto a la mirada de todos los ciudadanos, sea el signo de un gobierno transparente, que gobierne de cara a la población, y que haga de su gestión un ejercicio de comunicación sobre donde estamos y a donde podemos llegar.

De igual manera, esperamos también que el carácter provinciano de varios de los miembros del gobierno, empezando por el Presidente Vizcarra y el Premier Villanueva, marque también un estilo más sencillo y franco, que el usual en la política limeña. De hecho, este debe ser el gabinete con mayor proporción de provincianos en muchas décadas.

En su discurso de investidura, el presidente Vizcarra no habló solo de parar el odio y la confrontación, sino de “marcar el punto final de una política de odio y confrontación”. Una política torpe desarrollada por el gobierno de PPK para compensar su debilidad política y crear un enemigo interno que distraiga a los ciudadanos.

Curiosamente, el diario La República recoge el llamado contra los odios, pero no así todos los medios nacionales. Por ejemplo, Canal N, del grupo El Comercio, continúa con una sibilina campaña de debilitamiento del gobierno de Vizcarra-Villanueva. ¿Hay algo que debemos leer de este cambio osmótico de roles?

Pero más allá de las reacciones mediáticas, creemos que es muy importante recoger la esencia del principal mensaje del gobierno, pasar ‘De una estrategia de confrontación, a una estrategia de bienestar’. De la noche, al día.

Como hemos explicado muchas veces, el gobierno de PPK traicionó el sentido del voto popular al aliarse con el equipo de Ollanta Humala y jugar con las izquierdas anti sistema; con el propósito de confrontar con Fuerza Popular (FP), a quienes, con las comparsas mediáticas, convirtieron en un monstruo que había que combatir.

Ahora debemos mirar adelante, no hay tiempo que perder y debemos entender que, si hay buena voluntad, se podrá corregir lo que se haga necesario. Sobre un gabinete siempre hay la posibilidad de hacer críticas y cuestionamientos. En este caso, desde nuestro punto de vista, Vizcarra ha incorporado al gabinete unas figuras muy interesantes para transmitir frescura y confianza, y para impulsar los esfuerzos productivos, como también otras que pueden ser tapones de reformas esenciales, como la laboral.

Además, de las recientes presentaciones en los medios del primer ministro Villanueva, también podemos apreciar algunas faltas de entendimiento de las ecuaciones matrices del libre comercio y de políticas industriales; pero, a diferencia de un gobierno (PPK), que al final filtraba sus acciones en función de una estrategia de confrontación política, con el nuevo gobierno se tiene la sensación de que sí sabrán escuchar y leer. Algo muy importante, cuando se trata de buscar el bien común sin segundas intenciones.

Por eso, queremos terminar esta nota recogiendo la invitación del presidente a un Pacto Social: “Propongo ante ustedes, señores Congresistas y ante todos los peruanos de cualquier ideología política y credo, un PACTO SOCIAL que nos comprometa, a fin de luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador”.

Un Pacto Social permite el entendimiento entre gobierno y población para la identificación, priorización y ejecución de acciones de gobierno con un fin claro, por el que la mayoría de los peruanos podamos apostar. Lampadia

Las empresas mineras tienen por delante importantes retos para superar los riesgos que se avecinan en su sector. En un reciente informe de EY Perú (Ernst & Young), se analizan cuáles son los 10 riesgos globales que la industria debe tomar en cuenta, basándose en una encuesta realizada por EY Global a ejecutivos de las más importantes empresas de la industria a nivel global.

El análisis reseñado, no incluye el riesgo político, que en el caso del Perú se ha venido agravando por:

• Las acciones (no contrastadas de los grupos anti-mineros)
• La impunidad ante los delitos cometidos en las protestas político sociales contra los grandes proyectos de inversión
• La debilidad expositiva y de liderazgo del gobierno

Según Víctor Burga, Socio Líder de Auditoría en Minería y Metales de EY Perú, “El informe de riesgos mineros de este año muestra cambios importantes con respecto al año anterior: los precios vienen repuntando y los estados financieros de las empresas se ven más sólidos. Son tiempos de seguir con la gestión óptima de los costos, de buscar la innovación en los procesos de negocios y de mantener buenas relaciones con las comunidades. La gestión de estos aspectos resultará clave para el logro de los objetivos de las empresas mineras.”

Este reporte lista los 10 principales riesgos para la minería para los periodos 2017-2018:

1. Efectividad digital

El riesgo está en no darse cuenta del impacto de la digitalización en la minería, en otras palabras, que las compañías no visualicen la relevancia de dicha transformación. El enfoque debería estar en el uso de lo digital para resolver el problema más urgente del negocio: mejorar la productividad y los márgenes de toda la cadena de valor.

2. Retornos competitivos para el accionista

Los accionistas están ávidos de recibir retornos en niveles superiores respecto a los años previos, lo que genera una disyuntiva en las compañías respecto a invertir o repartir sus utilidades. EY considera que el retorno al crecimiento traerá oportunidades para la creación de valor. Esto invita a las compañías mineras a construir portafolios resilientes y de multicíclicos que ofrezcan rentabilidad sostenible a los accionistas.

3. Riesgo cibernético

El mayor grado de automatización que presentan las compañías mineras aumenta el grado de exposición ante ataques cibernético. Las empresas deben aplicar un marco de seguridad cibernética para identificar brechas de control cibernético importantes que deben cerrarse para lograr el perfil de riesgo cibernético meta

4. Nuevas materias primas del mundo

Comprender el impacto del cambio de actitudes y tecnologías es vital para mantener un equilibrio entre las nuevas y antiguas materias primas del mundo. Fenómenos como la electromovilidad están impulsando la demanda por productos como el litio, ante lo cual las mineras están en la disyuntiva de focalizar sus esfuerzos en sus productos tradicionales o en ingresar a nuevos mercados.

5. Riesgos regulatorios

El riesgo regulatorio se ha incrementado para el sector a medida que los gobiernos demandan una mayor rentabilidad y supervisión de sus recursos naturales. Con el ciclo minero al alza, se produce un mayor interés en obtener parte de esas utilidades, por ejemplo a través de modificaciones en los impuestos. A ello se suma la inestabilidad jurídica a la que se ven enfrentados los inversionistas.

6. Optimización del dinero

Riesgo vinculado al desafío de asignar el capital y gestionar de manera competitiva las demandas de los accionistas, frente a la situación de los proyectos en crecimiento. Además, el retorno al crecimiento probablemente impulsará una mayor producción, que a la vez necesitará inversión en el capital de trabajo e inversiones de capital. Estos cambios jugarán un papel importante en las decisiones sobre asignación de capital y cómo esta asignación optimiza el dinero.

7. Aceptación social comunidad local y una variedad de accionistas (ASPO)

Las mineras afronta el desafío de atender los requerimientos de sus diversos stakeholders: comunidad, medio ambiente, proveedores y empleados; ya que, con frecuencia, hay una brecha de expectativa entre lo que las compañías mineras ofrecen y lo que la comunidad quiere, y, como resultado, muchos mineros han tenido que abandonar proyectos.

8. Reemplazo de recursos

El menor Capex de las mineras ha repercutido en una disminución de las inversiones en proyectos de exploración. Para superar algunos de estos desafíos, además de incrementar la inversión en exploración, las compañías de la industria minera deben formar asociaciones estratégicas, comenzar joint ventures, adquirir proyectos o minas existentes y mejorar la tecnología para obtener mayores índices de éxito en la exploración.

9. Acceso y optimización de la energía

Las mineras buscan menores costos y una mayor certeza de su suministro energético, siendo un aspecto relevante que tendrá el tipo de energía elegida, debido a por ejemplo su impacto ambiental. Las operaciones mineras en áreas remotas enfrentan desafíos únicos en cuanto al desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de energía independientes. El acceso al suministro mediante red eléctrica puede brindar beneficios en cuanto al precio, pero es bastante complejo al evaluar opciones, riesgos y beneficios.

10. Gestión de Joint Ventures

Cuando las joint venture son bien gestionadas, tienen el potencial de brindar valor sustancial a los grupos de interés, aumentando significativamente el valor de los portafolios de la compañía y el acceso a las reservas y capacidades. Sin emabrgo, si se gestiona de manera incorrecta, puede convertirse en un gran riesgo.

Conclusión

Como afirma Miguel Zweig, Líder en Minería y Metales de EY Global, “La transformación digital, la constante innovación y el enfoque en las nuevas materias primas del mundo están causando un diferente tipo de volatilidad en el sector minero. Las compañías tendrán que ser cada vez más flexibles y ágiles en sus modelos de negocio para continuar siendo competitivas.” Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 29 de diciembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Ya iniciamos el 2018. Un inicio adecuado para reflexionar acerca de nuestro compromiso de gobernar “en el nombre del agua… y la infraestructura”. La “primera persona” de nuestra señal de la cruz de gobierno. Además… se inicia nuestro último año de gestión, así que – con mayor razón – vale la pena hacer este paréntesis. 

Ciertamente, hubiéramos querido hacer más y mejores cosas. Pero… no es momento de quejarse. Además, este artículo NO está dirigido a los pesimistas y criticones… que nunca faltan.

Vamos con lo positivo y real. El avance más destacable – “en el nombre del agua” – está relacionado con el “Agua Grande”. Concretamente, con nuestra amistosa – y respetuosa – relación con Huancavelica. Aunque algunos no lo quieran reconocer, tenemos el acuerdo formal del Gobierno Regional de Huancavelica – refrendado por su Consejo Regional en pleno – para ejecutar la Iniciativa Privada Cofinanciada denominada “Sistema de Afianzamiento Hídrico en los Valles de Ica y Pisco y Áreas Irrigables de las Provincias de Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica”. O sea… la “Hermandad del Agua” en su máxima expresión.

Dicho proyecto está en su fase de diseño final. Y es cuestión de compartir esta visión de largo plazo con los Gobiernos Regionales del futuro para hacer realidad el sueño del “Agua Grande” para ambas regiones… luego de una espera de ¡más de 70 años!

Mientras tanto, seguimos avanzando en diversos proyectos de Siembra y Cosecha de Agua, incrementando así nuestra capacidad de afianzamiento hídrico en todas nuestras cuencas.

En el ámbito urbano, cerca de 175 mil iqueños tienen agua potable – 24 horas al día – cuando antes sólo tenían agua por horas. ¡Cómo que no hemos hecho nada!

En materia vial también tenemos logros y anuncios importantes. La Autopista Chincha – Ica está al 50%. El tramo Chincha – Pisco ya está en servicio. Y en el 2018 se construirá el tramo Pisco – Ica. Junto con el Ministerio de Transportes estamos trabajando la concesión de la “Vía de Evitamiento de Ica” y la “Autopista Ica – Palpa – Nasca – Desvío Quilca”.

La archi esperada “Doble Vía… Ica – Guadalupe” se construirá este 2018 bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Mil disculpas por la demora, pero así es la gestión pública. Lenta, engorrosa, trabada… Sin embargo, puedo asegurar que antes de fin de año habrá parido Paula.

Gracias al Plan de Reconstrucción con Cambios, todos los caminos transversales a la Carretera Panamericana están siendo intervenidos para que nuestros accesos a la Sierra – y a las playas – queden pavimentados. Y como se ha dicho recientemente, el Río Ica va a quedar ensanchado, reforzado, y los puentes de la ciudad renovados y alargados… ¡otra cosa!

Durante nuestra gestión se insertó el “chip ferroviario” en la mente de los iqueños. El “Tren de Cercanías” que en febrero de 2015 se presentó como una Iniciativa Privada para construir y operar un Tren Rápido entre Lima y Chincha, se convirtió – gracias al Gobierno Central – en un Tren de Cercanías entre Barranca e Ica. ¡Un milagro propio del Señor de Luren!

Y por si fuera poco, las principales empresas mineras de Apurímac e Ica se juntaron para propiciar la construcción de un Tren de Carga y Pasajeros que sirva a todos los yacimientos – y pueblos – que existen a lo largo de los 600 Km que median entre Cotabambas en Apurímac y el Puerto de Marcona en Ica.

En síntesis – además de la formidable red vial antes mencionada – la infraestructura logística regional estará complementada por: Tren de Cercanías Barranca – Ica. Tren Multipropósito Cotabambas – Marcona. Puerto y Aeropuerto de Pisco. Puerto y Aeropuerto de Marcona. Es decir… una infraestructura logística de primer mundo.

Ahí está la infraestructura básica que los iqueños debemos ambicionar – y concordar – para convertirnos en una región próspera, competitiva y justa. Una Ica realizada… y soñada en grande. ¡Una maravilla! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 27 de octubre de 2017
Para Correo de Ica y Lampadia

La denominación oficial es Autoridad Nacional del Servicio Civil. Pero pocos la conocen como tal. La gente – sobre todo en el sector público – la conoce como SERVIR. ¿A quién se le ocurrió un nombre tan elocuente? Ni idea, pero… ¡felicitaciones! La “marca de fábrica” es genial. Más aún, tratándose de una entidad de servicios a la ciudadanía.

Esta dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es – al menos, para el Gobierno Regional de Ica – una excelente cantera de gerentes públicos. Claro que – como todo ser humano – los gerentes de SERVIR pueden cometer errores, pero – en general – los méritos y virtudes de sus profesionales son largamente superiores al promedio existente en la administración pública tradicional.

El altísimo nivel de la educación impartida en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) – “la facultad de saber servir” – marca una diferencia sideral entre los gerentes públicos de SERVIR y algunos malos funcionarios que no reúnen – ni remotamente – los méritos necesarios para ocupar cargos de tanta responsabilidad… como es servir a la ciudadanía.

Ciertamente, hay muy buenos funcionarios – en Ica y en todo el país – que no necesariamente son gerentes de SERVIR. Pero el hecho de ser egresado de la ENAP – ergo, haber aprobado las exigentes pruebas académicas de la escuela – aumenta significativamente las probabilidades de que el egresado de SERVIR, sea un profesional altamente calificado… funcionalmente y moralmente.

Por ello – precisamente – el Gobierno Regional de Ica recurre – y seguirá recurriendo – a SERVIR. Para solicitar gerentes públicos para nuestras direcciones regionales. Por ejemplo… para la Dirección Regional de Salud y para nuestros hospitales. Y ¡vaya que estamos logrando resultados extraordinarios!

¡Se acabaron las colas en 4 de nuestros 6 hospitales regionales… incluido el Hospital Regional de Ica! ¡Un gigante que ha llegado a atender hasta 1,300 consultas externas en un solo día! ¡Aumentaron las intervenciones quirúrgicas! ¡Los corruptos están saliendo – uno a uno – de nuestros hospitales… con la ley atragantada! Y lo más importante de todo… ¡los pacientes están – recontra – agradecidos! Algunos ¡no lo pueden creer!

Bueno pues – como no podía ser de otra forma – los alaridos de nuestros detractores no se han hecho esperar. Periodistas, congresistas, consejeros regionales, Colegio Médico (Filial Ica), obviamente los funcionarios sancionados también… han armado una pandilla anti gerentes públicos de SERVIR. Y – por añadidura – anti Gobernador Regional. Descaradamente defienden – sólo – a los funcionarios sancionados. Es decir, a su argolla. En cambio ¿a los pacientes?… ni los mencionan.

¡Están histéricos! Se van a los botaderos de basura – al lado de los gallinazos – a buscar agujas hipodérmicas para incriminar a la Directora del Hospital Regional. “Siembran” cucarachas en platos de sopa del hospital, y publican fotos – de las pobres cucarachas – en las redes sociales. Atoran los desagües del hospital con mandiles descartables… la Unidad de Cuidados Intensivos se ha inundado – intencionadamente – varias veces en las últimas semanas.

Y seguirán. Maluca, argollera, cínica… así es la mafia. Pero no hay problema. Aparte de lloriquear… no lograrán su cometido. 

Entre paréntesis. Todo el mundo conoce el test del pato: “Si come como pato, camina como pato, y vuela como pato… es pato”. Nunca falla. Yo – inspirado en el test del palmípedo – acabo de inventar el test del corrupto: Si habla como corrupto, actúa como corrupto, y defiende a un corrupto… es corrupto.

Eso – precisamente – es lo que he descubierto en el Gobierno Regional de Ica. A ese respecto, he constatado que SERVIR le sabe a chicharrón de sebo a los corruptos. Pero ni modo… de eso se trataba. No solo de ser absolutamente incorruptible, sino de darle su merecido a los corruptos. (Primer mandamiento de PPK… con su adenda más).

En fin… gracias SERVIR. Gracias – también – a todos los que nos acompañan en esta lucha frontal contra la corrupción. Gracias por permitirnos servir mejor a los iqueños. ¡Dios se los pagará! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Durante los próximos 3 años, nuestra región recibirá más de S/. 700 millones para reconstruir – y mejorar – la infraestructura dañada por las inundaciones y huaycos ocurridos el verano pasado. Un mundo de plata. ¡Cómo no va a ser un mundo de plata si el presupuesto del Gobierno Regional – para inversiones – es de apenas S/. 60 millones anuales! O sea, menos de la décima parte de lo que vamos a recibir del Plan de Reconstrucción con Cambios.

Recordemos “el mal” del verano pasado… El Niño Costero que se manifestó en forma de lluvias intensas en nuestras zonas bajas. Un hecho poco frecuente aquí en Ica. Efectivamente, la costa iqueña se caracteriza por su aridez. Y nuestra agricultura –  y en general, la población – depende del agua que proviene de la Sierra, donde llueve copiosamente todos los años – sobre todo – de enero a marzo.

Pero no… este año – aparte de llover mucho en la Sierra – llovió también en la Costa, tal como ocurrió en toda la Costa Central y Norte de nuestro país. Aunque los daños en Ica, no tuvieron – ni remotamente – la magnitud de los desastres ocurridos en Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura – la región más devastada – y Tumbes.

Por eso me parecen mezquinos aquellos personajes locales que se quejan de la disparidad en los presupuestos asignados para la reconstrucción de cada región. Como que Piura recibirá S/. 7,000 millones. O sea, 10 veces más que Ica.  

Visto así – a la ligera y con egoísmo – pareciera que los quejosos tienen razón… pero nada que ver. Las regiones del norte sufrieron daños mucho mayores a los nuestros. Por tanto – como tenía que ser – los presupuestos fueron determinados de manera diferenciada… en función de la magnitud de los daños. Más daños… más presupuesto. Menos daños… menos presupuesto.

Lo concreto es que el presupuesto para la reconstrucción de Ica es S/. 728´741,663… para ser exacto. ¿Qué se va a hacer con tanto dinero? Básicamente, se van a reconstruir – y mejorar – las carreteras dañadas, y se van a descolmatar y reforzar nuestros ríos.

¿Quiénes van a hacer los trabajos? Principalmente, el Gobierno Central – a través de los ministerios – y el Gobierno Regional. Los Municipios tendrán poca injerencia en la reconstrucción – pues muchos no calificaron como unidades ejecutoras – dado el pobre desempeño presupuestal en los años 2015 y 2016. El Gobierno Regional de Ica – en cambio – si calificó como unidad ejecutora por haber gastado más del 85% de nuestro presupuesto de inversión durante los dos primeros años de nuestra gestión.

Entre paréntesis… ¿cómo explicar que nuestros detractores – congresistas, periodistas, consejeros… y los criticones de siempre – nos cuestionen por – supuestamente – no saber invertir, cuando la Autoridad del Plan de Reconstrucción con Cambios nos califica favorablemente como unidad ejecutora? ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de virtudes…! Así decía Don Quijote.

En fin; ¡allá los envidiosos… que se retuerzan entre sus rencores y rabias! El hecho es que nuestra región va a quedar mejor que nunca… después de la reconstrucción. Ya empezaron los trabajos de prevención – a cargo del Ministerio de Agricultura – y a partir del año entrante se iniciarán los trabajos de reconstrucción – propiamente dichos – a cargo del Gobierno Central y el Gobierno Regional.

Repito. Nuestros ríos y quebradas quedarán más seguros y sostenibles. El río Ica – por fin – va a quedar ensanchado y mejor encausado; y los puentes de la ciudad serán reemplazados por unos más largos y mejores. Nuestras carreteras – sobre todo las de penetración – quedarán pavimentadas… como nunca. Parcona tendrá un excelente hospital. Las viviendas dañadas serán reemplazadas y reubicadas con visión de largo plazo y bienestar. Y así por el estilo… nuestra región quedará renovada.

Estamos – pues – ad portas de hacer realidad el optimismo del famoso refrán… no hay mal que por bien no venga. ¡Enhorabuena! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 14 de julio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es el Dengue y el Sika? Veamos qué nos dice el Ministerio de Salud al respecto. Son enfermedades infecciosas, trasmitidas por un zancudo llamado Aedes Aegypti – ¡qué nombre tan feo! – que se reproduce en depósitos de agua de consumo doméstico.

En otras palabras, el Dengue y el Sika son enfermedades que se trasmiten de personas enfermas a personas sanas… a través del zancudo ese. No es que una persona enferma contagia a una persona sana. No. Es el zancudo, que habiendo picado a una persona enferma, se vuelve portador de la enfermedad, y contagia – mediante su picadura – a personas sanas que encuentra en su camino.

Fuente:  miempresaessaludable.com

Ello explica, porqué las epidemias de Dengue y Sika se combaten PREVINIENDO la causa de la enfermedad. Es decir… eliminando al zancudo. Si no hay zancudo… no hay Dengue… no hay Sika… y problema resuelto. ¡Así de simple!

Pero hay un pequeño detalle. Resulta que al zancudo no le gusta el frío. Por eso – ahora que estamos en invierno – da la impresión de que la epidemia ya pasó. Pero no. Efectivamente, no hay zancudos en las casas, ni en el ambiente. Al menos, no tantos como en los veranos. Y por el lado de los hospitales, ya no se reportan nuevos casos de “febriles” … así les llaman a los pacientes que tienen Dengue y Sika, y que acuden a nuestros hospitales para ser atendidos.

Fuente: prevencionhn.wordpress

Pero las apariencias engañan. Los zancudos pueden no estar presentes en su estado adulto. Es decir, como el típico insecto de cuerpo delgado y patas alargadas; y cuyas picaduras causan tantas molestias. El problema es que el zancudo se cobija durante los inviernos en forma de huevos o larvas. O sea, no causan ninguna molestia, sino hasta que llega el verano y se transforman en zancudos adultos. En buena cuenta, los zancudos ¡están “escondidos” en los recipientes de agua… en nuestras propias casas!

Entonces ¡ahora es cuando! Si no eliminamos – ahora… en este invierno – los huevos y larvas del zancudo trasmisor del Dengue y Zika, el próximo verano la vamos a pasar mal… muy mal. Si comparamos las estadísticas del verano pasado con la del 2016, veremos que la epidemia creció exponencialmente de un año a otro. Efectivamente, en el 2016 el brote de Dengue apareció en Pachacútec – Ica y terminó con 148 casos, y – felizmente – ninguna fatalidad. En cambio, el verano pasado el brote apareció en Sacramento – Palpa, luego se esparció por toda la región, y terminó con 1,529 casos de Dengue, 242 casos de Sika, y – desgraciadamente – 2 fatalidades. Como se ve, los estragos de la epidemia crecieron exponencialmente de un año a otro… y lo mismo pasaría el 2018, si esperamos de brazos cruzados la venida del próximo verano.

A lo que quiero llegar es que TODOS los iqueños – no sólo la Dirección Regional de Salud – debemos asumir la responsabilidad de eliminar al enemigo que – repito –tenemos dentro de nuestras casas… allí donde tenemos agua almacenada. En tachos, baldes, botellas, llantas viejas, ollas, platos, vasos, floreros, bebederos de animales, etc. Lo que tenemos que hacer es eliminar todos los recipientes inservibles, y limpiar con escobilla – y tapar – todos recipientes, para que el zancudo no pueda poner sus huevos en el agua, y reproducirse. En eso consiste la lucha contra el zancudo que trasmite el Dengue y el Sika.

Fuente:  silvitablanco.com

Pues veremos cómo nos va esta vez. Nuestra esperanza está en la participación de la ciudadanía en pleno… y particularmente en nuestra población estudiantil. El Gobierno Regional se abocará – básicamente – a motivar a la población a que participe en esta noble campaña. Pero los grandes protagonistas de esta gran cruzada serán los iqueños. TODOS los iqueños.

Entonces, empezó el partido. Ica, Ica, Ica… sin Zancudo, Dengue y Zika. Y que Dios nos bendiga. Lampadia

Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.

La Metamorfosis de la SUNAT

Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.

Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas  nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de  reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.   

El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.

La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las  normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.

La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:

Contratos de estabilidad tributaria

A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.

Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.

¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.

Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.

Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.

Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.

Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:

Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú  con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.

Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:

• En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
• Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
• Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
• El 2004, se crearon las regalías mineras.
• Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
• Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
• Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
• El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.  
• Los procesos judiciales están pendientes.
• Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
• El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
• Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.

Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.

Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com​

Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.

Planta de agua de La Tomilla

En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:

Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:

• Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
• Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
• Daña importantemente la consolidación de la  ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo. 

Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia