Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de octubre de 2021
Para Lampadia

Una vez más, la envidia y la mediocridad están al acecho de la agricultura empresarial en nuestro país. Una vez más – de manera perversa – se están alineando los tres astros premonitores del mal: la ignorancia, la envidia y el rencor. Una vez más, el populismo, la demagogia y la politiquería barata pretenden malograr la exitosísima historia de progreso económico y bienestar social de nuestra agricultura exportadora.

La agricultura empresarial iqueña es un éxito ampliamente reconocido y comentado a nivel mundial, excepto para ciertos políticos nacionales, incluidos algunos periodistas, académicos y dirigentes sociales que por cuestiones ideológicas – y sicológicas – jamás valorarán los logros alcanzados en las estupendas plantaciones frutícolas y hortícolas de Ica.

Ese es el caso del Ministerio de Cultura que acaba de difundir un video donde se pretende culpar a nuestra agricultura exportadora de la falta de agua potable en las ciudades y centros poblados de Ica. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Cultura con el agro o con el agua potable? Ciertamente, nada… pero igual mete su cuchara en el tema.

En dicho video, la socióloga María Teresa Oré – profesora y miembro del Consejo Directivo en la Maestría de Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – sostiene que la escasez de agua potable para la población iqueña se debe a que las empresas agrícolas se la llevan toda [¡Hay PUCP!].

La pregunta es:

• ¿acaso no es sabido que el suministro de agua potable está a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS´s), de propiedad de las municipalidades provinciales?
• ¿Y que – a nivel rural – el agua potable está a cargo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), manejadas por los municipios distritales?

Más bien, lo que se debería reconocer en dicho video es que ese esquema – el de las empresas municipales de agua potable – fracasó. La mayoría de EPS´s y JASS´s están quebradas financieramente. La corrupción y el clientelismo político las quebró. Yo puedo dar fe de ello. Las EPS´s y JASS´s de la Región Ica son – casi todas – antros de corrupción e inoperancia. Por eso los iqueños no tienen agua potable en sus viviendas.

Dejémonos de hipocresías. La institucionalidad del agua para uso domiciliario tiene que cambiar. La salud de los iqueños está en juego. Una entidad pública autónoma, especializada, y meritocrática – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – que no dependa de los alcaldes de turno… eso es lo que se necesita. Los alcaldes cambian a cada rato. Y con ellos cambia – también – gran parte del personal de las EPS´s y JASS´s. Clientelismo político en su máxima expresión.

Repito… los iqueños no tienen agua potable en sus viviendas por culpa de sus autoridades municipales. Y lo mismo sucede en el resto del país. Los acuíferos de Ica tienen agua para atender a la población. Es falso que los acuíferos iqueños se hayan agotado. ¿Cuántas veces habré escuchado decir que “a la agricultura iqueña le quedan 5 años de vida”? ¿Cuántos “expertos” han repetido el cuento del apocalipsis hídrico de Ica? El problema para aquellos videntes de la muerte de la agricultura iqueña es que hace más de 20 años vienen profetizando al respecto, y la agricultura de Ica sigue creciendo y prosperando.

Lo que no dicen estos agoreros de desgracias hídricas es que – aparte de las recargas naturales e inducidas de los acuíferos – los ríos de Ica vierten al mar, todos los años en las temporadas de lluvias, cientos de millones de metros cúbicos de agua dulce. ¿Por qué no hacen algo para guardar parte de esas aguas sobrantes?

CONCLUSIÓN: Ica tiene agua. Agua para su población y agua para su agricultura. En Ica no hay falta de agua. Lo que falta en Ica – y en todo el país – es mejorar la gestión del agua. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la meritocracia en el Estado ¿una quimera?

Participan como invitados Juan José Martínez, experto en gestión publica y Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, junto con Jaime de Althaus y Daniella Delgado, asociados de IIG.

Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

La pandemia dejó al descubierto las brechas estructurales del Perú y de muchos otros países latinoamericanos. Por un lado, nuestro precario sistema de salud pública, junto a la terrible gestión de Vizcarra y de sus ministros de salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti – que subsiste en el gabinete Sagasti – no solo no permitieron una adecuada respuesta a la crisis sanitaria, sino que nos posicionó como el peor país en muertos por la covid-19 (ver Lampadia: Perú encabeza exceso de muertes por millón).

La debilidad de la salud pública en el Perú, se presenta a pesar que durante los últimos 20 años, el presupuesto público de salud creció un 7% anual en términos reales.

Asimismo, la destructiva cuarentena que impuso el gobierno en marzo del año pasado – que además no tomó en cuenta las altas tasas de informalidad y la baja bancarización de la población – nos sometió a la peor crisis económica de nuestra historia republicana y la peor caída económica del mundo, a pesar de los subsidios al ingreso dirigidos a los hogares más vulnerables.

En este contexto diversas voces se han alzado desde el ámbito político – no solo en nuestro país sino en toda nuestra región – sobre la necesidad de un “nuevo contrato social” que permita generar las condiciones para que más personas puedan acceder a servicios públicos de calidad y cuenten con un mínimo nivel adecuado de vida (ver artículo de The Economist a continuación).

Al respecto, si bien coincidimos con que deben realizarse reformas, consideramos que estas no deben pasar por retroceder en lo avanzado. Los pedidos de la izquierda en nuestro país por ejemplo se empecinan en forjar desde cero una nueva Constitución que le otorgue mayores funciones al Estado. Pero es justamente el Estado, como ya explicamos, el que no ha estado a la altura de las necesidades de gestión. Su incapacidad generó una calamidad con la pandemia, exacerbando la crisis con su mal manejo y generando la tragedia de la que aún somos parte. Además ha sido su complejo de “Superman”, lo que ha hecho nula su cooperación con el sector privado, no solo en el tema sanitario, sino también en otros ámbitos que hubieran gestado mejores servicios públicos desde antes de la pandemia, como son los mecanismos de inversión de cofinanciamiento privado (ver Lampadia: Lecciones para impulsar la inversión pública). El impulso de estos esquemas de inversión, que se han venido menguando con el tiempo como porcentaje de la inversión pública (ver gráfico líneas abajo), no sólo hubieran generado mejores hospitales y postas médicas con mejor equipamiento, sino mayor empleo de calidad.

Fuente: SIAF-MEF,BCRP y Proinversión, 2020. Elaboración CPC

Como dice Carlos Oliva, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico. Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer. Ver en Lampadia: Cambiar la Constitución no resuelve nada.

Es necesario pues que ad portas de las elecciones reflexionemos sobre las propuestas de los candidatos cuya bandera se alza en agigantar el Estado, pues ya sabemos de qué pie cojean. No volvamos a caer en esta trampa populista de nuevo, como caímos en los años 70-80, la cual nos estancó por 30 años. Será, por el contrario, el camino de la reducción y la racionalización del Estado, así como la cooperación con los privados y la sociedad civil, lo que realmente nos hará tener mejores prospectos en los años venideros. Lampadia

América Latina necesita un nuevo contrato social

Pero debe ser realista

The Economist
6 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

En la ciudad de México y Lima, los pacientes con covid-19 vuelven a ser rechazados en hospitales sin camas de sobra, mientras que en Manaus, en el norte de Brasil, una nueva variante del virus está matando a cien personas al día. La recesión de la pandemia empujó a 33 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día el año pasado, según el Banco Mundial. Los gobiernos de la región están luchando por alinear las vacunas. Por tanto, puede parecer un momento extraño hablar de un nuevo contrato social: una abstracción.

Sin embargo, el término se ha convertido en un mantra en América Latina. Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la OCDE, un grupo de países principalmente ricos, están trabajando en importantes informes relacionados con el tema. Esto se debe a que la pandemia ha dejado al descubierto fragilidades de larga data. Los planes de salud y protección social de la región están fragmentados y son desiguales. Sus economías se han estancado durante los últimos seis años, en gran parte debido a la baja productividad. Los sistemas políticos están desacreditados. Los ciudadanos están enojados. La gente siente que las democracias latinoamericanas no pueden seguir así. La pregunta es cuánto y con qué rapidez pueden cambiar.

Para algunos de la izquierda, un nuevo contrato social ofrece un espejismo de convertir América Latina en Escandinavia con un chasquido de dedos de un burócrata internacional. Otros piensan en una nueva constitución. En Chile, en abril se elegirá una asamblea para redactar una; es probable que exija más prestaciones sociales estatales. La izquierda en Perú también quiere una nueva constitución, para darle un mayor papel económico al estado. Algunas personas de la derecha temen un deslizamiento hacia el socialismo.

Algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, tienen estados de bienestar de base amplia. En otros, se han superado los regímenes de seguridad social contributiva de Bismarck, establecidos a mediados del siglo XX. En promedio, la mitad de la población trabaja en la economía informal y está fuera de estos esquemas. Los gobiernos han ofrecido algunos beneficios no contributivos a estas personas, creando incentivos para permanecer informales. Las ideas más sensatas para un nuevo contrato social enfatizan tres cosas: crear un piso de protección social universal; aumentar los impuestos para pagar esto; y aumentar la participación de los ciudadanos en la política de manera que fortalezca la democracia representativa.

La pandemia ha puesto de relieve el problema de la informalidad, con trabajadores que violan los cierres para ganarse la vida diaria. Los reformadores sostienen que todos los latinoamericanos, cualquiera que sea su situación en el mercado laboral, deberían ser elegibles para el seguro de desempleo financiado por los contribuyentes y las pensiones básicas de jubilación e invalidez. Eso significaría reservar financiación contributiva para seguros complementarios y planes de pensiones. Esto alentaría el empleo formal con menores costos de nómina. Los planes de transferencias de efectivo condicionadas pueden ofrecer un ingreso mínimo para los ciudadanos más pobres.

Estos cambios costarían anualmente alrededor del 3% del PBI, estima Luis Felipe López-Calva, jefe del PNUD para América Latina. Cree que esto podría pagarse en parte aumentando los impuestos a la propiedad, que recaudan solo alrededor del 0.5% del PBI en América Latina, en comparación con alrededor del 3% en Europa.

El dinero será especialmente escaso durante los próximos años y hay muchas necesidades urgentes. Estos incluyen, inmediatamente, implementar programas de vacunación y hacer que las escuelas vuelvan a funcionar. Muchos países necesitan gastar más en infraestructura de transporte y educación. Los gobiernos están acumulando deudas que tendrán que pagar. Los reformadores proponen un plan mediante el cual nuevas medidas de protección social e impuestos y otras reformas entran en vigor, digamos, en tres años.

Habrá resistencia. Tomemos a Colombia. “La clase media alta dice ‘basta’”, dice Sergio Clavijo, un economista colombiano. Señala que la tasa máxima del impuesto sobre la renta ha aumentado constantemente (hasta el 39%) y que los colombianos acomodados pagan un impuesto sobre el patrimonio. Aboga por cerrar las lagunas a través de las cuales los ricos evitan impuestos y ampliar la base impositiva (solo 1 millón de colombianos paga impuestos sobre la renta). Ambos pasos tomarán tiempo.

Con legislaturas y partidos políticos en descrédito en muchos países, se necesita un debate público más amplio para establecer prioridades, que reúna a políticos, empresarios, sindicatos y otros grupos sociales y cívicos. Uno de esos ejercicios comenzará pronto en Panamá. “Si no reunimos a la gente para discutir el camino a seguir, la alternativa es muy caótica, probablemente con mucho descontento”, dice López-Calva. “Esto no es fácil. Pero es la mejor manera de capear la tormenta”. Lampadia

No podemos dejar la vacunación en manos del gobierno

Empresario Consciente
Para Lampadia

El problema de este gobierno (y muchos otros antes) es su ya comprobada inutilidad de gestión, por un lado, y la soberbia, por otro. Combinación mortal.

Creo que ya deberíamos haber dejado en libertad a los privados de adquirir las vacunas.

Estoy completamente seguro que en el sector privado tenemos la capacidad económica y de gestión para comprar y distribuir las vacunas.

Además, creo también que en el sector privado tenemos la grandeza moral para donar lo necesario no solo para vacunarnos nosotros sino a todo el Perú.

Sacando cuentas: necesitamos aproximadamente 50 millones de vacunas, a US$ 10 cada una, suman 500 millones de dólares.

¿No creen que podemos hacer una Campaña (tipo Teletón) y reunir ese dinero?

Por mi lado, en mi empresa, tenemos 30,000 clientes en la base de la pirámide social. Bien podríamos donar 30,000 vacunas.

Y si el gobierno permitiera ‘Vacunas por Impuestos’, fácil, pero recontra fácil, reunimos los 500 millones de dólares. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Las recientes encuestas de Datum e Ipsos muestran una significativa caída en la aprobación del presidente Francisco Sagasti. En ambas la desaprobación supera claramente a la aceptación.

Según Ipsos el 47% desaprueba y el 34% aprueba. Su respaldo cayó 10 puntos y la desaprobación subió 12, es decir, las cosas se invirtieron en solo un mes.

De acuerdo a Datum la aprobación cayó a 40% (era 46%) y la desaprobación subió a 45% (era 27%). La situación de los ministros no es mejor.

Sin duda la deficiente gestión del Gobierno explica esta brusca caída, a pesar de anuncios sensacionales, celebrados casi unánimemente por los medios de comunicación, como la llegada de un millón de vacunas en enero, cosa que en realidad parece que no se concretará.

Algunos se preguntan por qué Martín Vizcarra mantuvo una alta popularidad hasta el final e incluso la conserva hoy, a pesar de todos los escándalos de corrupción en los que se vio involucrado y, sobre todo, a pesar de su pésima gestión que puso al Perú en los primeros lugares del mundo en cantidad de fallecidos por millón de habitantes, en caída del PBI y en desempleo.

Se alude al “efecto teflón”. Pero esa capacidad de resistir los desastres sin perder popularidad tiene explicación, y no está por supuesto, en los larguísimos y muchas veces insoportables monólogos del mediodía. En mi opinión eso se debe al fuerte respaldo que obtuvo con las medidas populistas el 2018 y el 2019.

Los ataques al Congreso, al sistema judicial y a los políticos lo catapultaron a insospechados y sólidos niveles de popularidad que se han mantenido, parcialmente, hasta ahora.

Medidas contraproducentes como la no reelección de congresistas y la ilegal clausura del Parlamento fueron celebradas con algarabía por la inmensa mayoría de la población.

El asalto a la fiscalía de la Nación y la destitución de Pedro Chávarry satanizado, en contubernio con la mayoría de medios, fue vitoreado con alborozo por las masas. La destrucción del corrupto Consejo Nacional de Magistratura –reemplazado por una sumisa Junta Nacional de Justicia- fue proclamada como un gran logro para reformar la justicia.

La persecución y encarcelamiento de magistrados y políticos supuestamente corruptos, operación manejada por fiscales, ONGs y estudios de abogados que coordinaban con el Gobierno, fue aclamado y ovacionado por la muchedumbre, azuzada siempre por los medios, sin importar que se mezclaba arbitrariamente a inocentes y culpables.

En suma, eso fue lo que le dio una consistente popularidad al inescrupuloso Vizcarra, que se deshizo de sus opositores políticos y de magistrados que podían investigarlo, al tiempo que satisfacía a la multitud que ansiaba ver como se quemaban a las víctimas en la hoguera.

Sagasti no ha hecho eso –probablemente no lo hará- y por tanto el público solo califica su mala gestión. Lampadia   

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre continuidad y meritocracia en la carrera pública.

Participan Juan Carlos Cortez, ex presidente de SERVIR, como invitado, Jaime de Althaus y Fernando Cilloniz.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

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Presentamos el siguiente video sobre el acuerdo de gobierno a gobierno para la Reconstrucción con Cambio y la institucionalidad.

Participa Carlos Neuhaus, Director Ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, con Gonzalo Prialé y Fernando Cillóniz.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

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Presentamos el siguiente video sobre peajes viales.

Participan Fernando Cillóniz y Gonzalo Prialé.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La repartición de culpas no cesa. ¿Quiénes son los culpables de la precaria capacidad de respuesta de nuestro sistema de Salud? No faltaba más: los “neoliberales”. Eduardo Dargent escribía en El Comercio hace un par de semanas: “Pero nuestras debilidades históricas en servicios sociales, en parte agravada por anteojeras ideológicas neoliberales más recientes, nos hacen vulnerables. Cuando esta noche aplauda al personal sanitario por su sacrificio, recuerde que su alto riesgo actual se explica en parte por nuestro pasado desinterés en la salud”.

Conozco a liberales, pero no a neoliberales. No sé qué significa eso. Pero no importa. Lo intuyo. Su única preocupación es mantener bien las cuentas fiscales a costa de los servicios sociales, porque tampoco quieren subir los impuestos, que son bajos, pues solo piensan en los negocios y no en la gente.

Falacia tras falacia. Lo que hemos hecho en los últimos 25 años ha sido reconstruir poco a poco el sistema de salud paupérrimo y en escombros que dejó el Estado intervencionista y anti liberal de los 70 y 80, donde ninguna atención -si la había- era gratis.

Es un mito que el Estado peruano haya abandonado el sector salud en las últimas décadas. En el siguiente cuadro vemos que el presupuesto del dicho sector pasó de 2,308 millones de soles el 2000 a 15,307 millones el 2020. Son soles del 2007, es decir, constantes. Lo que quiere decir que el presupuesto del sector salud se ha multiplicado ¡por 7! en términos reales en 20 años.

¿Qué se hizo con ese incremento enorme en el gasto? ¿Por qué no mejoró también de manera también sustancial la calidad del servicio? Eso es lo que vamos a responder más adelante.

Se dirá que el PBI también ha crecido en esos 20 años, y por lo tanto un incremento presupuestal de 7 veces no refleja una prioridad en el gasto. Falso nuevamente. En el siguiente gráfico, preparado por el IPE a pedido nuestro, vemos cómo el presupuesto del sector salud se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI:

En otros países esa participación en el PBI es mayor, sí, pero ello tiene que ver con la estructura informal de nuestra economía, cuyos responsables podemos señalar. Es otra discusión. Lo que estamos refutando aquí es la acusación de que una supuesta ideología neoliberal, insensible, haya condenado al final de la cola al sector salud. No es así. Contradiciendo nuevamente el mito prevaleciente, constatamos en el siguiente gráfico que la participación del presupuesto del sector salud en el presupuesto nacional, se ha doblado. Redondeando, pasó de 6% al 12% de presupuesto en 20 años. Extraordinario. Significa que el gasto en Salud fue priorizado en relación a otros sectores, que perdieron prioridad.

El problema no es entonces el de una pecaminosa avaricia ideológica neoliberal que condena al servicio público de salud a la inopia. Los recursos han aumentado dramáticamente. El problema es ineficiencia y corrupción profundas en el sector. Los médicos -herencia de una ley del primer gobierno de Alan García, en épocas en las que los sueldos eran irrisorios-, tienen una jornada laboral de apenas 4 horas efectivas, si es que algunos de ellos no se escapan a sus consultorios privados a las dos horas (exceptuemos acá a los que están arriesgando sus vidas con valentía y honor estos días). No hay mantenimiento de los establecimientos ni de los equipos y más bien estos se malogran deliberadamente para poder derivar pacientes a los consultorios privados.  Los medicamentos se desvían a las farmacias vecinas mientras los asegurados no reciben todos sus medicamentos gratis, habiendo los recursos. Hay problemas serios de gestión y de corrupción. Ese es el problema.

• Si el SIS pagara a los establecimientos por resultados en términos de si los pacientes se llevan sus medicamentos gratis y resuelven sus problemas de salud, y no por número de atenciones -que incentiva el sobregasto y la corrupción-, el servicio de salud alcanzaría una calidad muy superior y con menos recursos que en la actualidad. Con menos haríamos más.
• Si los hospitales estuvieran concesionados, la gestión sería también mucho más eficiente y el margen de corrupción se reduciría al mínimo.

Pero todas esas soluciones encuentran resistencia no en la logia “neoliberal”, sino en reductos sindicales y políticos de un signo absolutamente opuesto al liberal. Sería interesante trabajar para alcanzar un consenso que permita volcar las voluntades hacia los cambios necesarios. Una ayuda para eso de parte de Dargent y compañía sería muy positiva para el país.

Lo mismo que para resolver el problema más general que advertíamos líneas arriba: el tamaño del presupuesto nacional -límite absoluto de la inversión en salud-, que podría ser mayor si la economía se formalizara y volviera a crecer a tasas altas. Pero eso requiere de una legislación laboral y tributaria inclusiva que permita a las personas y empresas invertir, crecer y contratar trabajadores formalmente. Y una reducción sustantiva del peso de la legalidad en general sobre los hombros de las pocas empresas que pueden soportarlo.

¿Quiénes se oponen? No es necesario responder.

Mas o menos los mismos que impulsaron los grandes elefantes blancos de Talara, la interoceánica y el gasoducto del sur, ductos de corrupción que solo sirven para sustraer ingentes recursos que se hubieran podido usar para mejorar la infraestructura sanitaria, dentro de los límites del presupuesto nacional actual.

Mirar la viga en ojo propio antes de ver la paja en el ajeno. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video sobre la reactivación de la inversión en infraestructura.

Participan José Escaffi, experto en gestión pública, como invitado, y Fernando Cilloniz y Gonzalo Prialé.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre los planes y retos de ESSALUD.

Participan Alfredo Barredo, gerente general de ESSALUD, como invitado, y Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

Lampadia

Los cambios en las organizaciones en EEUU producto de diversos factores como el cambio en la estructura de sus inversiones hacia bienes intangibles, la presencia de economías colaborativas y la aparición cada vez más creciente de políticos e importantes segmentos de la sociedad civil que piden mayor preocupación por temas sociales y ambientales, están suscitando grandes retos para los tomadores de decisión de la alta gerencia.

Lo que antes se mantenía bajo control gracias a la previsibilidad de los movimientos del factor trabajo y capital al interior de la empresa, permitía centrar los esfuerzos de la gerencia general en un único objetivo: la creación de valor y el consecuente incremento del patrimonio de los accionistas. Hoy en día, el contexto anteriormente descrito, exige nuevas habilidades y destrezas hacia los empresarios. Ello lo ilustra muy bien un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo.

Del presente artículo queremos destacar la valiosa lección que les deja The Economist a los futuros CEO sobre reconocer la importancia de tener una visión de la empresa ya no únicamente como generadora de riqueza para sus dueños, sino también de bienestar para toda la sociedad beneficiaria de las cadenas productivas que engloba su actividad. La difusión de esta nueva corriente denominada capitalismo de “stakeholders”, de la cual nos hemos extendido anteriomente en numerosas oportunidades (ver Lampadia: ¿Qué tipo de capitalismo queremos?), es clave en esta nueva era de constantes ataques al modelo económico capitalista y a la misma globalización. Que los líderes de todo tamaño de empresa puedan emprender, en lo posible y dada su capacidad de inversión, iniciativas sociales y ambientales, es fundamental para acabar con las satanizaciones impregnadas en el debate público sobre la empresa privada, a pesar de ser la única fuente real de ingresos y empleo en las economías. Lampadia

Conoce al nuevo jefe
Lo que se necesita para ser un CEO en la década de 2020

Las reglas de gestión se están rompiendo. Los jefes necesitan adaptarse

The Economist
6 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

En el papel, esta es una edad de oro para los jefes. Los CEOS tienen un gran poder. Las 500 personas que dirigen las firmas más grandes de EEUU tienen más de 26 millones de empleados. Las ganancias son altas y la economía está ronroneando. La paga es fantástica: la mediana de esos CEOS es de US$ 13 millones al año. Sundar Pichai en Alphabet acaba de obtener un acuerdo por un valor de hasta US$ 246 millones para 2023. Los riesgos son tolerables: sus posibilidades de ser despedido o retirarse en cualquier año son aproximadamente del 10%. Los CEOs suelen salirse con la suya con una actuación terrible. En abril, Ginni Rometty se retirará de IBM después de ocho años en los que las acciones de Big Blue han seguido el mercado de valores en un 202%. Adam Neumann se drogó en aviones privados y perdió US$ 4,000 millones antes de ser expulsado de WeWork el año pasado. El único gran inconveniente son todas esas reuniones, que consumen dos tercios de las horas de trabajo del jefe típico.

Sin embargo, los CEO dicen que el trabajo se ha vuelto más difícil. La mayoría señala con el dedo a la “disrupción”, la idea de que la competencia es más intensa. Pero lo han estado diciendo por años. De hecho, la evidencia sugiere que, a medida que la economía de EEUU se ha vuelto más esclerótica, las grandes empresas han podido contar con grandes ganancias durante más tiempo. Sin embargo, los jefes tienen razón en que algo ha cambiado. La naturaleza del trabajo está siendo interrumpida. En particular, el mecanismo del CEO para ejercer el control sobre sus vastas empresas está fallando, y dónde y por qué operan las empresas está cambiando. Eso tiene grandes implicaciones para los negocios y para cualquiera que suba la escalera corporativa.

Pocos sujetos atraen más análisis vudú que la gerencia. Aun así, los estudios sugieren que la calidad del liderazgo de una empresa estadounidense explica aproximadamente el 15% de la variación en la rentabilidad. Pero las juntas y los cazadores de cabezas luchan por identificar quién hará un buen trabajo. Quizás como resultado, tienden a tomar decisiones conservadoras. Alrededor del 80% de los directores ejecutivos provienen de la empresa y más de la mitad son ingenieros o tienen MBA. La mayoría son blancos y masculinos, aunque eso está cambiando lentamente.

Esta pequeña élite enfrenta grandes cambios, comenzando por cómo controlan sus empresas. Desde que Alfred Sloan sacudió a General Motors en la década de 1920, la herramienta principal que los gerentes han ejercido es el control de la inversión física, un proceso conocido como asignación de capital. La firma y el CEO han tenido una jurisdicción clara sobre un conjunto definido de activos, personal, productos e información de propiedad. Piense en “Neutron” Jack Welch, quien dirigió General Electric entre 1981 y 2001, abriendo y cerrando plantas, comprando y vendiendo divisiones y controlando despiadadamente el flujo de capital.

Hoy, sin embargo, el 32% de las empresas en el S&P 500 de las grandes empresas estadounidenses invierten más en activos intangibles que físicos, y el 61% del valor de mercado del S&P 500 se encuentra en intangibles como investigación y desarrollo (I + D), clientes vinculados por efectos de red, marcas y datos. El vínculo entre el CEO que autoriza la inversión y la obtención de resultados es impredecible y opaco.

Mientras tanto, los límites de la empresa y la autoridad del CEO se están desdibujando. Los 4 millones de conductores de Uber no son empleados y tampoco lo son los millones de trabajadores en la cadena de suministro de Apple, pero son críticos para la misión. Las grandes empresas gastaron US$ 32,000 millones el año pasado en servicios en la nube de unos pocos proveedores poderosos. Las fábricas y oficinas tienen miles de millones de sensores que bombean información sensible a proveedores y clientes. Los mandos intermedios hablan de negocios en las redes sociales.

Incluso a medida que se redefine la autoridad del CEO, se está produciendo un cambio en el lugar donde operan las empresas. Generaciones de jefes han obedecido el llamado a “globalizarse”. Pero en la última década, la rentabilidad de la inversión multinacional en el extranjero se ha deteriorado, por lo que los retornos del capital son un insignificante 7%. Las tensiones comerciales significan que los CEO enfrentan la posibilidad de repatriar la actividad o rediseñar las cadenas de suministro. La mayoría acaba de comenzar a lidiar con esto.

El último cambio es sobre el propósito de la empresa. La ortodoxia ha sido que operan en interés de sus dueños. Pero la presión viene de arriba, ya que políticos como Bernie Sanders y Elizabeth Warren hacen un llamado a los CEO para favorecer más al personal, proveedores y clientes; y desde abajo, ya que tanto los clientes como los jóvenes trabajadores exigen que las empresas adopten una postura sobre los problemas sociales. Alphabet se ha enfrentado a continuas protestas del personal.

Los CEO están experimentando, con resultados decepcionantes. Reed Hastings en Netflix predica la autonomía radical. El personal decide sus gastos y prescinde de revisiones formales de desempeño, una idea que en la mayoría de las empresas causaría caos. Otros afirman su autoridad reviviendo el culto a la celebridad de los años ochenta. A veces funciona: Satya Nadella ha reconstruido Microsoft utilizando el “liderazgo empático”. A menudo no lo hace. La temporada de Neumann como el jefe de animales de WeWork terminó en un fiasco. Jeff Immelt, el ex jefe de General Electric, ha sido acusado de “teatro de éxito” al convertirse en una estrella del jet set ya que su flujo de caja cayó un 36%.

Deseosos de mostrar que están comprometidos, los jefes están analizando públicamente cuestiones como el aborto y el control de armas. El peligro es la hipocresía. El jefe de Goldman Sachs quiere “acelerar el progreso económico para todos”, pero enfrenta una gran multa por su papel en el escándalo de corrupción de 1MDB en Malasia. En agosto de 1811 CEOs estadounidenses se comprometieron a servir al personal, proveedores, comunidades y clientes, así como a los accionistas. Esta es una promesa, hecha durante una larga expansión económica, que no podrán cumplir. En una economía dinámica, algunas empresas tienen que reducir y eliminar trabajadores. Es una tontería fingir que no hay compensaciones. Mayores salarios y más efectivo para los proveedores significan menores ganancias o precios más altos para los consumidores.

El modelo de un CEO moderno

Entonces, ¿qué se necesita para ser un líder corporativo en la década de 2020? Cada empresa es diferente, pero aquellos que contratan a un CEO, o que aspiran a serlo, deberían valorar algunas cualidades. Dominar el juego complicado, creativo y más colaborativo de asignar capital intangible es esencial. Un CEO debe poder reunir los datos que fluyen entre las empresas y sus contrapartes, redistribuyendo quién obtiene ganancias y asume riesgos. Algunas empresas están por delante (Amazon monitorea 500 objetivos medibles), pero la mayoría de los CEO todavía están atrapados limpiando sus bandejas de entrada de correo electrónico a la medianoche. Por último, los jefes deben tener claro que una empresa debe funcionar en el interés a largo plazo de sus propietarios. Eso no significa ser crujiente o miope. Cualquier negocio sensato debería enfrentar los riesgos del cambio climático, por ejemplo. Significa evitar el avance de la misión. Los CEO en la década de 2020 tendrán sus manos llenas con su propia compañía, así que olvídate de intentar gobernar el mundo también. Y si, entre reuniones, encuentra tiempo para fumar marihuana a 40,000 pies, no se deje atrapar. Lampadia