El 9 de abril, The Economist presentó su artículo sobre las elecciones peruanas en términos inaceptables por su falta de objetividad, pues su análisis fue muy pobre y sesgado.

“Las elecciones en Perú”

“Una farsa peligrosa”

“Tontas decisiones de la autoridad electoral subvierten la democracia y socavan el estado de derecho”

 

The Economist afirma que: “Los peruanos están descubriendo, para su desconcierto, que el árbitro puede determinar quién gana en la política, también. El 10 de abril van a ir a las urnas para elegir un nuevo presidente. Dos nombres, los de Julio Guzmán y César Acuña, no estarán en la cédula, aunque las encuestas les daban casi una cuarta parte de los votos. Sin embargo, apenas un mes antes de las elecciones y después de semanas de giros legales, la autoridad electoral los ha descalificado”.

Rápidamente, los peruanos también estamos descubriendo, para nuestra rabia y frustración, que The Economist, una de las revistas más admiradas en el mundo, no es tan rigurosa como siempre hemos creído. Es muy sorprendente que para su artículo sobre las elecciones peruanas tome por sentadas las sesgadas explicaciones de Guzmán y Acuña o la de sus colegas.

Análisis y perspectiva

1. La legislación peruana ha pasado, durante los últimos 15 años, a través de un proceso de reproducción y multiplicación masiva. Este ha sido el caso para todos los aspectos de nuestra sociedad, cubriendo el poder judicial, las autoridades electorales, las regulaciones de negocios y las relaciones de los ciudadanos con todas las instancias de gobierno.

Un ejemplo: Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Perú, presentó recientemente la siguiente información: “En 2001, las regulaciones legales del sector minero incluían 9 procedimientos diferentes. En 2014 llegan a 204”.

La mayoría de estas regulaciones, que asfixian todas las actividades del país, son inútiles o francamente estúpidas. Sin embargo, todos tenemos que cumplirlas, especialmente las autoridades. Reconociendo que tenemos normas muy absurdas, ¿se pueden imaginar lo que pasaría si todo el mundo decidiera si cumple con ellas o no?

2. Las autoridades electorales están en una especie de trampa. Probablemente considerarán nuestra legislación como absurda y, en lugar de excluir inmediatamente a Guzmán, trataron de ganar un poco de tiempo y se fueron por caminos complicados para tratar de superar esta situación tan peculiar.

3. Guzmán debería haber sido excluido de inmediato porque su partido, en realidad, no cumplió las normas que estaban claramente establecidas y que ellos conocían. Es más, cuando Guzmán se hizo cargo del partido, las personas a cargo de los procedimientos legales con la autoridad electoral, le pidieron mantener el proceso bajo su control. Estúpidamente, Guzmán decidió excluirlos del proceso y asignárselo una de sus hermanas.

4. Unos pocos días más tarde, las personas con la experiencia relevante en el partido detectaron una serie de errores y le solicitaron nuevamente a Guzmán tomar esa responsabilidad en sus manos. Guzmán insistió en mantener a su hermana como la única responsable del proceso y los resultados hablan por sí mismos.

5. Cuando la autoridad electoral objetó los procedimientos del partido de Guzmán, a fines del año pasado, éste tenía tan sólo el 1% de aprobación en las encuestas. El partido de Guzmán no reaccionó como debería haberlo hecho y dejó pasar el tiempo.

6. Después, la trampa fue perfecta: Guzmán había subido en las encuestas, nadie entendía los procedimientos legales y Guzmán hizo mucho ruido presentándose como una víctima.

7. Una vez más, las autoridades (presionadas por la conciencia de que esas normas eran estúpidas, las cifras de Guzmán en las encuestas y el rugido de los medios de comunicación) en lugar de cortar a Guzmán, decidieron pasar por todos los procedimientos posibles para ver si podían manejar la situación sin más ruido. Al final, el escenario fue inmanejable, el Jurado tuvo que excluir a Guzmán, y este tomó la posición oportunista de acusar a todos de sus propios errores.

8. El caso de Acuña es la consecuencia de otra ley muy estúpida, que estipula que los candidatos no pueden dar ningún tipo de regalos a los votantes con el riesgo de exclusión, pura y simple, de las elecciones (sin graduación de la pena y por regalos de un valor ínfimo de  S/. 19, menos de US$ 6).

9. Acuña violó sistemáticamente esta norma, dando los regalos personalmente y promoviendo públicamente esa actividad. Mientras que Keiko Fujimori negó explícitamente su apoyo para financiar el concurso de baile, materia de la acusación, y sólo fue invitada a estar presente en la ceremonia en que se dieron los premios.

10. El Jurado Nacional de Elecciones excluyó al candidato para la segunda vicepresidencia de Keiko Fujimori porque el sí dio regalos, una botella de agua y una lata de atún. Estúpida como parece, es la consecuencia de una ley increíble que sí fue aplicada correctamente y sin favoritismos.

Desafortunadamente, The Economist no es la única publicación internacional que emplea corresponsales locales que tienen visiones sobre la política y sobre las  políticas públicas, que son contrarias a las de sus empleadores.

En este portal admiramos y seguimos muy de cerca los análisis y reportes de The Economist. Esperamos con entusiasmo un nuevo informe suyo sobre las elecciones en el Perú. Lampadia

Leer nuestra carta en ingles, tal como ha sido remitida a The Economist:

Open letter to The Economist

“En 1988, The Economist invitó al filósofo Karl Popper a escribir un artículo sobre la democracia. Este se publicó el 23 de abril de ese año y abogó por un sistema bipartidista.”

El Profesor Sir Karl Popper publicó su libro: “La sociedad abierta y sus enemigos” en 1945. Sin embargo, en el artículo que acaba de republicar The Economist y que compartimos líneas abajo, Popper se pregunta si su teoría central sobre la democracia (a la que no caracteriza como “el gobierno del pueblo”) había sido entendida.

El artículo de Popper pone en la mesa de debate, ideas muy sabias sobre algunos elementos fundamentales para tener mejores posibilidades de lograr esa esquiva democracia efectiva, en la que puedan confiar e identificarse todos los ciudadanos.

Las ideas fuerza más importantes que Karl Popper comparte es dicho artículo son:

• La pregunta fundacional de la democracia: ¿Quién debe gobernar? Cuya respuesta milenaria fue: “El Pueblo”, debe ser cambiada por: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”.
• A pesar de las bonitas palabras que adornan las democracias, en ninguna parte gobierna efectivamente el pueblo.
• Popper postula el Estado de Derecho que establece la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.
• Gobiernan los gobernantes y desafortunadamente los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
• La representación proporcional abre una brecha entre los intereses de los ciudadanos y los de los parlamentarios que responden a los partidos que representan antes que a la gente.
• Cada distrito electoral debe tener su representante directo y ser responsable de sus actos ante su base electoral.
• La representación proporcional lleva a la multiplicación del número de partidos y, así, los gobiernos de coaliciones se hacen inevitables.
• Un gobierno de coalición implica que los partidos pequeños ejerzan una influencia  desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno. Significa la dilución de las responsabilidades.
• Por lo tanto, se pierde la fuerza redentora del “día de elecciones como el Día del Juicio [político]”.
• Popper defiende el bipartidismo como un sistema que impulsa, de mejor manera, un proceso continuo de autocrítica. Dice que hay que luchar por el bipartidismo. “En la práctica, el bipartidismo promueve partidos más sensitivos, constantemente alertas y flexibles que el multipartidismo”.  
• Al poner al representante de la gente por encima de los lazos partidarios, aboga por la libertad del congresista de cambiar de partido.

Este aporte al pensamiento político nos llega en un muy buen momento, pues al estar en medio de un proceso electoral, nuestras percepciones sobre la calidad del parlamento están a flor de piel y, al inicio del próximo gobierno deberemos terminar el debate sobre la reforma política del Estado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente leer y debatir las ideas de Karl Popper, que The Economist ha visto conveniente volver a publicar en estos días. (Ver también su versión original en inglés: Karl Popper on democracy).

Karl Popper sobre la democracia

Del archivo de The Economist: una nueva visita a la sociedad abierta y sus enemigos

The Economist

31 de enero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Mi teoría de la democracia es muy sencilla y muy fácil de comprender para cualquiera. Pero su problema fundamental es que es tan diferente de la teoría original de democracia que todos dan por entendida, que pareciera que esta diferencia no ha sido comprendida.

Este artículo se divide en tres partes. La primera establece lo que se puede llamar la teoría clásica de la democracia: la teoría del gobierno del pueblo. La segunda es un resumen de mi más realista teoría. La tercera reúne algunas aplicaciones prácticas de mi teoría, como la respuesta a la pregunta: “¿Qué diferencia práctica trae la nueva teoría?”.

La teoría clásica

La teoría clásica dice que la democracia es el gobierno del pueblo y que el pueblo tiene derecho a gobernar. Para fundamentar esto, se han dado varias razones; pero no las voy a revisar acá, más bien examinaré algunos antecedentes históricos de la misma.

Platón fue el primer teórico que hizo distinciones entre las distintas formas de la Ciudad-Nación. Él distinguía entre: 1) monarquía, el gobierno de un hombre bueno y la tiranía, una  forma distorsionada de la monarquía; 2) aristocracia, el gobierno de unos cuantos hombres buenos y la oligarquía, una forma de distorsión de la monarquía; 3) democracia, el gobierno de los muchos, de todo el pueblo. La democracia no tenía dos formas, pues los muchos siempre formaban el populacho, de modo que la democracia era una distorsión en sí misma.

Desde Platón a Karl Marx y más allá, el problema fundamental era y sigue siendo el siguiente: ¿quién debe gobernar un Estado? (Y uno de los principales puntos en que hago hincapié es que el problema así planteado, debe ser sustituido por otro totalmente diferente.) La respuesta de Platón era simple e ingenua: deben gobernar “los mejores”. Si es posible, solo los mejores de todos. La siguiente opción sería: los pocos mejores, los aristócratas. Pero ciertamente no los muchos, el populacho, el demos (pueblo).

Antes de Platón la práctica era la contraria: el que debía gobernar era el pueblo o demos. Todas las decisiones políticas importantes eran tomadas por la asamblea plenaria de los ciudadanos. Esto se llama hoy “democracia directa”.

Por lo tanto sabían que la votación popular podía conducir al error, aun en los asuntos más importantes. Los atenienses estaban en lo cierto: las decisiones tomadas democráticamente, y aun los poderes otorgados a un gobierno por sufragio popular, pueden ser erradas.

El principio de la legitimidad (en mi opinión, vicioso) desempeña un papel fundamental en gran parte de la historia europea. Mientras las legiones romanas eran poderosas, los Césares fundaban su poder en el siguiente principio: los ejércitos legitiman (por aclamación) al gobernante. Pero con la decadencia del Imperio, el problema de legitimación se volvió urgente y se amparó en los ‘Dioses-Césares’.

Para la siguiente generación, el monoteísmo cristiano constituiría la solución al problema. En adelante, el gobernante lo haría por la gracia de Dios, un Dios único y universal.

Así, en la Edad Media la respuesta a la pregunta “¿quién debe gobernar?” devino en el  principio: Dios es quien gobierna, y El gobierna a través de sus legítimos representantes humanos. Tal principio acabaría por enfrentarse, primero por la Reforma, y luego por la revolución inglesa de 1648-49 que proclamó el derecho divino del pueblo a gobernar, lo que devino en la dictadura de Oliver Cromwell.

A la muerte del dictador se regresó a la antigua forma de legitimidad y fue su violación por James II, lo que condujo a la “Gloriosa Revolución” de 1688 y al desarrollo de la democracia británica a través de un gradual fortalecimiento del poder parlamentario. La legitimidad de la monarquía no era ya un principio confiable y tampoco era el gobierno del pueblo.

Karl Marx seguía obsesionado con la pregunta de Platón, que él formulaba así: “¿quién debe gobernar?, ¿los buenos o los malos –los trabajadores o los capitalistas?” Y aun aquellos que rechazaban la existencia del propio Estado en nombre de la libertad, no podían sacudirse el peso de aquel viejo problema mal planteado, ya que se autodenominaban anarquistas, es decir, contrarios a toda forma de gobierno. Su fracasado intento por olvidar el “¿quién debe gobernar?” puede incluso despertar nuestra simpatía.

Una teoría más realista

En “The open society and its Enemies”, sugerí reconocer un problema totalmente nuevo como el fundamental de una teoría política racional: el nuevo problema ya no se formularía preguntando “¿quién debe gobernar?”, sino mediante una pregunta muy diferente: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”

En contraste con el problema anterior, éste es uno más práctico –más aún; casi técnico. Y las llamadas democracias modernas son todos excelentes ejemplos de soluciones prácticas al nuevo problema, aun cuando no hayan sido diseñadas conscientemente así. En efecto, todas ellas adoptan lo que podríamos ver como la solución más sencilla: El principio de que el gobierno puede ser destituido por el voto de la mayoría.

En teoría esas democracias modernas siguen basadas en el viejo problema y en la completamente impráctica ideología de que el pueblo, la totalidad de la población adulta, es el que gobierna o debe gobernar por derecho propio como último y único legítimo gobernante. Pero en ninguna parte puede decirse que sea el pueblo el que verdaderamente gobierna. Los que gobiernan son los miembros de un gobierno, lo cual, desafortunadamente, incluye a los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta sencilla y práctica teoría de gobierno? Mi forma de plantear el problema y mi solución simple al mismo se centra en torno al Estado de Derecho que postula la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.

La mayor parte de las Constituciones requieren más que una votación mayoritaria cuando se intenta enmendar o cambiar por otra, alguna de sus propias provisiones; y, del mismo modo, exigen también, una mayoría “calificada” de dos tercios, y hasta de tres cuartos, para eventuales votos contra la democracia.

Todas esas dificultades teóricas pueden ser evitadas si dejamos de preguntarnos “¿quién debe gobernar?” y lo reemplazamos por el nuevo problema más práctico: ¿cómo evitar las situaciones en que un mal gobernante cause mucho daño? Cuando decimos que la mejor solución conocida es la de una Constitución que permite a una mayoría destituir a un gobierno, no estamos afirmando que la mayoría estará siempre acertada. Ni siquiera decimos que usualmente estará acertada. Solo decimos que este muy imperfecto proceso es lo mejor que se ha inventado hasta ahora. Winston Churchill decía bromeando, que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás conocidas.

Este es el meollo del asunto: cualquiera que haya vivido alguna vez bajo otra forma de gobierno –es decir, bajo una dictadura que no puede ser derrocada sin derramamiento de sangre-, sabrá que una democracia, imperfecta como es, merece que se luche por ella y –creo yo- hasta morir por ella.

Podemos basar toda nuestra teoría en que sólo hay dos alternativas conocidas: la dictadura o alguna forma de democracia. No basamos nuestra decisión en la bondad de la democracia, que puede ponerse en duda, sino únicamente en la maldad de una dictadura. Todo dictador, por benévolo que pueda ser, le robará a todos los demás sus responsabilidades.

La representación proporcional

La vieja teoría y la creencia de que el gobierno por el pueblo y para el pueblo constituye un derecho natural, o un derecho divino, son las bases de los argumentos que se esgrimen a favor de la representación proporcional. Porque si el pueblo gobierna a través de sus representantes, y lo hace por mayoría de votos, es de suponer que la distribución numérica de la opinión entre esos representantes sea el más fiel reflejo posible de la que prevalece entre aquellos que son la fuente misma del poder legitimado por sus votos: el pueblo.

Este argumento se viene abajo cuando uno descarta la vieja teoría y puede así advertir en forma desapasionada, y sin demasiados prejuicios, cuáles son las inevitables (y seguramente no buscadas) consecuencias de la representación proporcional. Y éstas son devastadoras.

En primer lugar, la representación proporcional confiere a los partidos políticos, así sea tan sólo indirectamente, una categoría política que de otro modo no habrían podido alcanzar. Porque yo no puedo ya escoger a una persona en la que confío para que me represente: únicamente puedo escoger a un partido. Del mismo modo, aquellos que pueden representar a un partido son escogidos sólo por su partido. Y así como las personas y sus opiniones merecen siempre el mayor respeto, las opiniones adoptadas por los partidos (esos instrumentos típicos de promoción personal y búsqueda de poder, con todas las intrigas que ello implica) no pueden identificarse con las del común de los humanos: ellas son ideologías.

Cuando una constitución no estipula la representación proporcional, los partidos no necesitan ni ser mencionados. Ni necesitan tampoco que se les dé una categoría oficial. El electorado de cada distrito electoral hace llegar a la cámara a su representante particular. Que éste haya postulado por sí solo o que se una con otros para formar un partido, es asunto suyo, que en todo caso, deberá explicar y justificar ante su electorado.

Su deber es representar los intereses de toda la gente que representa, con lo mejor de sus habilidades. Esos intereses son, casi invariablemente, los del resto de los ciudadanos de su distrito y de la nación. Esos son los intereses que debe perseguir con todo su conocimiento. El es personalmente responsable ante las personas.

Este es el único deber y la única responsabilidad del representante y debe ser reconocida por la Constitución. Si el representante considera que además tiene algún deber con un partido político, esto debe obedecer únicamente a la creencia de que su conexión con tal partido le permite cumplir, mejor que sin ella, con su deber primordial. En consecuencia, también es su deber abandonar el partido, o establecer contacto con otro, cuando advierte que su deber primordial puede verse favorecido por cualquiera de esas dos medidas.

Todo esto desaparece cuando la Constitución de un Estado establece la representación proporcional. Pues en el sistema de representación proporcional el candidato busca su elección únicamente como representante de un partido. Si resulta elegido, será mayormente, si no únicamente, por pertenecer y representar a un partido. Su mayor lealtad debe ser ante su partido y su ideología; no a la gente (con excepción, tal vez, de los líderes del partido).

Por lo tanto, su deber nunca será votar contra su partido. Al contrario, se ve comprometido moralmente con el. Pero si se da el caso de que su conciencia no se acomode a la situación, debe renunciar, no sólo a su partido sino también al parlamento.

De hecho, el sistema dentro del cual resultó electo lo despoja de toda responsabilidad personal; lo transforma: de una persona que siente y piensa, a una máquina de votar –lo cual es para mí una razón suficiente para estar en contra de la representación proporcional, porque lo que necesitamos en política son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén preparados para asumir responsabilidades personales.

Tales individuos son difíciles de encontrar dentro de un sistema de partidos, aun cuando las elecciones no impliquen representación proporcional. Aun no hemos encontrado como vivir sin partidos, aunque sería mejor que no tenerlos.

Una consecuencia inmediata de la representación proporcional es que tiende a aumentar el número de partidos existentes. A primera vista, tal cosa parecería deseable: más oportunidades, menos rigidez, más crítica y, por lo tanto, una mejor distribución de la influencia y del poder.

Sin embargo, esta primera impresión resulta totalmente equivocada. La existencia de varios partidos conduce, esencialmente, a hacer inevitable los gobiernos de coaliciones, lo que dificulta la formación de cualquier gobierno nuevo y la posibilidad de mantenerlo unido durante un tiempo razonable.

El gobierno de la minoría

Mientras que la representación proporcional se basa en la idea de que la influencia de un partido debe ser proporcional a su poder electoral, un gobierno de coalición permite, muy a menudo, que los partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno y por lo tanto, en todas sus decisiones. Y significa la dilución de las responsabilidades, ya que en un gobierno de coalición la responsabilidad de todos y de cada uno se ve reducida.

La representación proporcional, y la multiplicación de partidos que resulta de ella, puede tener un efecto negativo cuando se trata de decidir algo tan importante como la manera de proceder para deshacerse de un gobierno mediante la votación parlamentaria. Los electores tienden a esperar que ninguno de los partidos obtenga una mayoría absoluta. Con esa idea en mente, es difícil que voten contra cualquiera de ellos. Como resultado, el día de la votación, ningún partido se ve rechazado, ninguno inculpado. Por lo tanto, nadie ve el día de las elecciones como el Día del Juicio, como un día en que un gobierno responsable debe rendir cuentas de lo realizado y de lo omitido, de sus éxitos y de sus fracasos, como un día en que una oposición responsable tiene que dar a ese gobierno una respuesta crítica y tiene que señalarle los pasos que debería haber dado y por qué.

En tales circunstancias, la pérdida de 5% o 10% de los votos por uno u otro partido, no se ve como un veredicto acusador. La miran como una fluctuación temporal de su popularidad. Con el tiempo, la gente se va haciendo a la idea de que ninguno de los partidos políticos o sus líderes pueden considerarse responsables de decisiones que tal vez se vieron forzados a tomar por formar parte de un gobierno de coalición.

Desde el punto de vista de mi nueva teoría, el día de las elecciones debería ser el Día del Juicio. Como lo dijo Pericles hacia el año 430 A.C: “aunque sólo unos pocos puedan crear una política, todos estamos autorizados para enjuiciarla”. Por supuesto, nuestro juicio puede resultar erróneo, y a menudo lo es. Pero si hemos vivido un tiempo bajo el poder de un partido y hemos resentido sus consecuencias, estamos calificados –por lo menos en alguna medida- para enjuiciarlo.

Esto presume que el partido en el poder y sus líderes sean totalmente responsables de lo que hacen, lo cual, a su vez, presupone, necesariamente un gobierno de mayoría.

El sistema bipartidista

Para que un gobierno de mayoría sea posible, necesitamos algo que se aproxime a un sistema bipartidista como el de la Gran Bretaña o el de los Estados Unidos. Y como la representación proporcional hace difícil alcanzar aquella posibilidad, sugiero, en nombre de nuestro interés de establecer responsabilidades en el parlamento, que resistamos a la tentadora idea de que la democracia exige una representación proporcional. Deberíamos luchar entonces por un sistema bipartidista, o por algo que se le acerque, ya que dicho sistema alienta a ambos  partidos a vivir un continuo proceso de autocrítica.

Este punto de vista provoca con frecuencia, objeciones dignas de atención sobre el sistema. Por ejemplo: que “un sistema bipartidista limita la formación de otros partidos”. Correcto. Pero en el seno de los dos grandes partidos británicos y estadounidenses los cambios que se han dado han sido considerables. Esa limitación no implica, pues, falta de flexibilidad.

Lo que importa es que en el sistema bipartidista, el partido derrotado tiende a tomar en serio su fracaso electoral. Esto puede llevarlo a una reforma interna o a la revisión de sus metas, es decir, a una reforma ideológica. Si el partido sufre dos derrotas consecutivas, o acaso tres, la búsqueda de ideas nuevas puede alcanzar proporciones frenéticas –proceso sin duda saludable, y que suele darse aun cuando la pérdida de votos no sea muy grande.

En cambio, es muy poco probable que suceda lo mismo bajo un sistema de múltiples partidos y coaliciones. Tanto los líderes de los diferentes partidos como el electorado, sobre todo cuando la pérdida de votos no es considerable, tienden a tomar el cambio con bastante calma. Lo ven como parte del juego –ya que ninguno de los partidos ha asumido responsabilidades claras. Una democracia necesita partidos más responsivos; que estén, si es posible, constantemente en estado de alerta. De hecho, la tendencia a la autocrítica tras una derrota electoral es mucho más fuerte en los países con un sistema bipartidista que en aquellos donde hay múltiples partidos. Y, contrariamente a lo que a primera vista se piensa, los sistemas de dos partidos suelen ser más flexibles que los pluripartidistas.

Suele afirmarse: “la representación proporcional propicia la aparición de un nuevo partido. Y la mera existencia de un tercer partido puede contribuir notablemente a que mejore la actuación de dos partidos grandes”. Puede ser, ¿pero qué sucede si emergen cinco o seis partidos? Como hemos visto, un partido pequeño puede alcanzar un poder totalmente desproporcionado si está en condiciones de decidir con cuál de los dos grandes puede aliarse para formar un gobierno de coalición.

Y se afirma también: “Un sistema bipartidista es incompatible con la idea de una sociedad abierta –con la apertura de nuevas ideas y con la idea de pluralismo”. Respuesta: tanto la Gran Bretaña como los EEUU están abiertos a nuevas ideas. Una apertura total sería autodestructiva, tal como sería una libertad total. La apertura cultural y política son dos cosas distintas.

Por último, mucho más importante que abrir cada día más el debate político, puede ser la adopción de una actitud adecuada hacia el Día del Juicio [político]. Lampadia

 

 

Al cumplir tres años de vida sentimos que hemos avanzado mucho, pero ahora vemos que lo que nos falta hacer es aún más de lo que teníamos planeado el primer día. Así como dicen que la felicidad no es una meta sino un proceso, así también la misión de una institución es un proceso para lograr un objetivo que nunca se alcanza, pero que debe retarnos con más fuerza cada día.

Mantenemos sentimientos muy positivos a muchas personas, pero en especial a nuestros lectores, principalmente a los jóvenes y a la gente de las regiones que está un poco más alejada de la información que se puede conseguir en Lima. En ese abrazo están todos, seguidores, gente que nos da consejos y también nuestros trolls que se multiplican en la medida de nuestro avance.

Hoy queremos reiterar nuestra misión, nuestro compromiso con la sociedad y nuestro objetivo primordial, empoderar a los peruanos. Gracias. Lampadia  

La Misión de Lampadia

• Defender la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad.
• Promover el Estado de Derecho y la meritocracia para los funcionarios públicos.

Nuestro compromiso con la Sociedad

Durante las últimas dos décadas se ha producido una profunda transformación de la vida nacional, tanto en lo económico, como en lo social e institucional. Lamentablemente, esta transformación no está acompañada por una adecuada conciencia social, debido fundamentalmente a la falta de liderazgo y comunicación de nuestra clase dirigente.

Hay una gran confusión sobre nuestra nueva realidad y mucha angustia e incertidumbre sobre el porvenir.

El Perú ha pasado de tres décadas (60s, 70s y 80s) de estancamiento económico, empobrecimiento, escasez de recursos, frustración, violencia y falta de esperanza en el futuro, a una nueva realidad marcada por el crecimiento, la inversión, la creación de riqueza, la disminución de la pobreza y la desigualdad, la abundancia de recursos, la paz, y por una nueva capacidad de soñar con un futuro de prosperidad.

Sin embargo, a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que ya no proyectan sus vidas fuera del Perú, no se les ha explicado los condicionantes de la nueva realidad, no se han mostrado las relaciones causa-efecto que la han creado, no se discute sobre nuestras potencialidades, no tenemos claras las prioridades de acción colectiva y de las políticas públicas que puedan consolidar el bienestar general.

Así es que mientras la economía nacional se debilita, el entendimiento de nuestra realidad se hace cada día más confuso. En la vida política y mediática se entrecruzan distintos lenguajes y distintas dimensiones de análisis, muchas veces producidas con propósitos específicos de manipulación y beneficio de parte.

En este contexto, LAMPADIA pretende, con veracidad y rigurosidad, aportar luces sobre nuestra realidad. Queremos comunicar y compartir información, cifras, hechos relevantes y opiniones sobre el Perú y el mundo de hoy y mañana para contribuir a la formación de una conciencia nacional más informada que propicie la convergencia de nuestras acciones para la construcción de un Perú de éxito y bienestar para todos.

Nuestro Objetivo:

Lograr que los peruanos optemos por una Sociedad de Libre Mercado​

 ° No tenemos Derechos Reservados – Información Libre °

 

El lunes, la Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Economía al economista británico-estadounidense Angus Deaton, profesor de la Universidad de Princeton, “por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar”.

¿Quién es Angus Deaton? El economista, que está a una semana de cumplir 70 años, nació en Escocia y es un ciudadano con doble nacionalidad del Reino Unido y los Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge y se trasladó a los EE.UU. en 1983 para dar clases en la Universidad de Princeton.

En los últimos años, ha centrado más su atención en la medición y la reducción de la pobreza mundial, junto con la desigualdad de ingresos, proporcionando un énfasis particular en la India y África.

Deaton hizo un exhaustivo análisis sobre el consumo de las familias y su trabajo ha tenido una gran influencia, sobre todo en las políticas públicas, donde ha ayudado a los gobiernos a determinar cómo los diferentes grupos sociales reaccionan a los cambios fiscales específicos.

En sus primeros trabajos en torno a 1980, Deaton desarrolló el “Sistema de Demanda Casi Ideal” – una forma flexible, pero sencilla, de estimar cómo la demanda de cada bien depende de los precios de todos los bienes y de los ingresos individuales.

El académico de Princeton cree que el exceso de desigualdad puede producir algunos efectos secundarios negativos, que van desde la desaparición de los servicios públicos a la erosión de la democracia. Pero al mismo tiempo, las desigualdades también pueden ser producto de un emprendimiento exitoso, por ejemplo, cuando es el resultado de una iniciativa empresarial.

En su más reciente libro, ‘El Gran Escape: Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad’, Deaton sostiene: “En los años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo moderno ha visto el mayor escape de todos. El rápido crecimiento económico en muchos países ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza. El bienestar material se ha elevado mientras que las tasas de mortalidad han disminuido y la gente está viviendo vidas más largas y más ricas”.

Además, plantea preguntas prácticas sobre la desigualdad dirigidas a las políticas de reducción de la pobreza: “¿Qué pasa con la desigualdad entre los países? Muchos países pobres han aprovechado la “ventaja del atraso”: la oportunidad de adoptar (y  mejorar aún más) el conocimiento y las tecnologías que ya se utilizan en los países ricos. Los países que se encuentran atrasados pueden ponerse al día evitándose el  largo proceso de prueba y error que limitó el crecimiento en el pasado.” Esto ya fue planteado en Lampadia: Polonia la nueva estrella europea.

Sobre la medición de la pobreza y los errores cometidos por muchas instituciones internacionales, afirma que: “Espero que la mayoría de ciudadanos y responsables políticos verán las líneas de pobreza nacionales como cifras razonables que dividen a los que les están yendo biende aquellos que no. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, por ejemplo,cometió este error durante muchos años, exagerando deliberadamente la miseria en los países pobres. Los salarios son ciertamente más bajos en los países pobres-simplemente otra manera de decir que estos países son pobres- pero de nada sirve exagerar lo pobre que son en relación con los países ricos del mundo.” Ver en Lampadia: No nos equivoquemos sobre cómo medir la pobreza.

Sin embargo, lo más importante que menciona en su libro es sobre el crecimiento global y la importancia de la tecnología y convergencia de ideas e innovación para seguir creciendo sostenidamente. “En un mundo interconectado, la innovación a menudo puede propagarse de un país a otro, sobre todo en países similares, de modo que la carga de la invención se distribuye. Esta interconexión, por sí misma, tenderá a acelerar el crecimiento.

La globalización reduce los costos de los bienes y la información se desplaza de un lugar a otro. Permite que los bienes y, cada vez más, los servicios que se realicen sean más eficientes y más baratos, y permite que los descubrimientos sean adoptados rápidamente en otros lugares.

La convergencia de los ingresos promedio entre los países es justo lo que esperaríamos que suceda cuando el crecimiento es impulsado por nuevas ideas y nuevas tecnologías y si la innovación se extiende rápidamente por todo el mundo. Lo que es más desconcertante es el fracaso de los países pobres para ponerse al día. Ver en Lampadia: Innovando para el crecimiento y el bienestar general y 10 razones que explican el éxito de Singapur.

Tal vez la mejor respuesta es que los países pobres carecen de una buena capacidad institucional- gobernanza, un sistema legal, el Estado de Derecho, un buen sistema tributario, la seguridad de los derechos de propiedad, y la confianza en dichas instituciones, que son una base necesaria para el crecimiento.” Ver en Lampadia: El Mundo carece de una Gobernanza Global para el Siglo XXI.

Además expresó su escepticismo sobre la eficacia de la ayuda internacional. Señaló, por ejemplo, que China y la India han logrado sacar a decenas de millones de personas de la pobreza a pesar de recibir relativamente poco dinero de ayuda. Al mismo tiempo, muchos países africanos han permanecido sumidos en la pobreza a pesar de recibir una ayuda sustancial.

Ingvild Almas, profesor asociado en la Escuela Noruega de Economía, dijo que el gobierno de la India ha cambiado su metodología de medición de la pobreza gracias a la investigación de Deaton y que ha mejorado sus políticas de reducción de la pobreza.

“Por ejemplo, Deaton encontró que había muchas más personas pobres de las zonas rurales de la India de las que se pensaba”, dijo. “En la práctica, esto ha afectado al sistema de subsidios de la India, lo que les permite comprar artículos de primera necesidad. Los hogares que no fueron definidos como pobres antes, ahora sí tienen un alcance con estas políticas, y eso es un resultado directo de la investigación de Deaton”.

Sin embargo, no todos están felices con el reciente Nobel de Economía. Un crítico importante de la teoría de Deaton es Bill Gates, el multimillonario fundador de Microsoft y filántropo. Él ha dicho que admira a Deaton pero encuentra su argumento de la ayuda “muy débil” y “extraño”.

Entendemos el punto de vista de Deaton, pero la labor de Bill Gates y de los demás multimillonarios que está dedicando sus fortunas para ayudar a los pobres es muy importante y efectiva, como lo reporta Gates en sus cartas anuales, ver en Lampadia: Las buenas noticias de Bill Gates. En nuestra opinión las conclusiones de Deaton sobre este tema, deben estar referidas al apoyo que tradicionalmente se daba a los gobiernos y que efectivamente, era, muchas veces, desperdiciado por incapacidad y corrupción. Ver en Lampadia: Una visión práctica para la superación de la pobreza.

Más allá de la discusión entre estos dos ‘moguls’, la humanidad tiene mucho que agradecer por estos emprendimientos, el académico y el empresarial (Bill Gates) que está cerrando el circuito virtuoso del capitalismo con una filantropía que va más allá del dinero, compromete su tiempo. Lampadia 

 

Hace mucho tiempo que Enrique Ghersi plantea la necesidad de que los dueños del suelo sean también dueños del subsuelo, como sucede en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos.

Enrique reitera estos conceptos en una reciente entrevista que le hizo Juan José Garrido para Perú21, el 10 de mayo 2015: “la derecha puede tener en la propiedad privada el gran motor para abandonar el espíritu elitista y convertirse en una derecha liberal moderna con un raigambre popular democrático que es la difusión universal de la propiedad. En el Perú, hay temas que no se le pueden dejar a la izquierda. La derecha tiene que levantar claramente la bandera de que la propiedad de los recursos naturales tiene que ser de los peruanos y que la propiedad del subsuelo debe corresponder a los propietarios del suelo. Si hay una comunidad indígena o una familia encima de la mina, ellos deben ser los dueños de esos recursos”.

 

 

Por su lado, Ian Vásquez, del Instituto Cato, recoge el planteamiento de Ghersi en su artículo: Propuesta a los mineros, publicado en El Comercio el pasado 25 de abril.

“No debemos esperar una mejora sustancial o sostenible de esta situación [los conflictos sociales]. A menos que, como propone el abogado y profesor de derecho Enrique Ghersi, se resuelva el problema de fondo: la definición deficiente del derecho de propiedad. Una pregunta que Ghersi hace en clase es: ‘¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en tu jardín, en Talara o en Houston? La respuesta es que si lo encuentras en Houston, eres rico, porque el petróleo es tuyo; mientras que si lo encuentras en Talara, eres pobre porque es del gobierno’”.

“En el Perú, el propietario del subsuelo es el Estado. Los campesinos, comunidades e individuos que viven y trabajan sobre los grandes recursos naturales que están debajo de la tierra no tienen derecho a los mismos, solo a la superficie. El Estado otorga concesiones a las empresas mineras. Lo que reciben los campesinos, que se consideran los verdaderos dueños de esta riqueza, es una parte inferior de las rentas que los burócratas y las empresas deciden gastar en ellos. Para Ghersi, esta asignación de derechos viene a ser una expropiación del subsuelo de los pobres y produce resentimiento y desconfianza”.

“Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, los responsabilizaría por las decisiones sobre su propiedad, y reduciría la violencia social. (…) Con una mejor asignación de derechos, los lugareños propietarios de minerales tendrían un incentivo poderoso para desmentir acusaciones infundadas que suelen hacerse hoy con facilidad en contra de los proyectos mineros”.

Como este planteamiento requeriría un cambio constitucional, Vásquez propone que las empresas otorguen acciones a los ciudadanos y miembros de las comunidades. Otros hablan de compartir utilidades. Ambos esquemas ya se han aplicado en el Perú, en algunos pocos casos.

La base argumental del eventual derecho de propiedad del subsuelo es impecable, pero es muy importante contrastarla con la realidad de las estructuras de propiedad del país.

Número uno, los programas de titulación han quedado truncos, especialmente en las áreas rurales de la sierra y la selva.

En segundo lugar, en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, pero ninguna está debidamente registrada. En las comunidades, se supone que la propiedad es de la comunidad, pero las familias individuales poseen una suerte de propiedad privada de las áreas que trabajan. Estas áreas individuales se heredan, informalmente, y pueden crecer si extienden sus áreas de labores, por ejemplo, en las laderas.

En tercer lugar, no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una.

En cuarto lugar, las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Por eso es que muchas veces las comunidades no respetan sus acuerdos societarios vinculados a la propiedad del suelo. Basta cambiar de directiva para desconocer los actos previos y llevar las cosas a base cero. Así es como algunas empresas mineras han tenido que comprar o alquilar varias veces las mismas tierras.

En consecuencia, antes de pensar en otorgar derechos sobre el subsuelo, es menester desarrollar una serie de procesos complejos que requieren plazos muy largos para culminarse, una vez que se tomen las eventuales decisiones políticas que permitan iniciarlos.

Mientras tanto, los peruanos debemos vivir y respetar nuestro ordenamiento legal, defender el Estado de Derecho y luchar contra la IMPUNIDAD cuando se cometan delitos como los acontecidos en Arequipa.

Para ello, debemos defender a la Policía Nacional y exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con sus funciones. Esto, por supuesto, no exime al Poder Ejecutivo de actuar en aplicación de la Ley, con sus capacidades ordinarias o de emergencia. Lampadia