Fernando Cillóniz B. 
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de noviembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

¡Cínicos! Le roban al Estado… pero se ofenden cuando se les llama corruptos. Desprecian a la población. Dicen que están en contra de la corrupción. Y que, por luchar por el bienestar de la ciudadanía, fueron injustamente destituidos.

¡Están mal de la cabeza! Mitomanía… se llama esa enfermedad. Eso de creerse sus propias mentiras es un trastorno psicológico. Y claro… como cuentan con el respaldo – cómplice – de periodistas como Pillaca y Casavilca, de consejeros como la Barco, y de congresistas como Oliva y Segura – entre otros – creen que tienen patente de corso para delinquir.

Lo de Pillaca y Casavilca es descarado. Ambos son – indiscutiblemente – los más fervientes defensores de la corrupción en Ica. Se la tienen jurada a la Directora del Hospital Regional. Y no se cansan de pujar todo tipo de insultos contra el Gobierno Regional.

Deben tener algo de gallinazo o rata… porque ¡cómo les atrae la basura¡, Ahora se les ha dado por buscar “basura bio contaminante” en los botaderos de la ciudad. Todo vale para incriminar a la Directora de nuestro principal nosocomio.

Pero lo que no saben este par de periodistas perturbados es que los “residuos bío contaminantes” de nuestros hospitales – aparte de recibir un tratamiento de esterilización previo a su eliminación – se entregan a empresas especializadas que transportan dichos residuos a botaderos autorizados por el Ministerio de Salud… fuera de Ica. Los residuos hospitalarios que se eliminan en los botaderos de Ica no son bío contaminantes. Así que ¡plancha quemada!

Lo revelador del caso – sin embrago – es que sólo les atrae la basura del Hospital Regional de Ica. No así… las basuras de las clínicas privadas u otros centros de salud de la ciudad. ¿Más claro?… ni el agua. Lo único que quieren – este par de carroñeros – es la cabeza de la Dra. Diana Bolívar.

Precisamente… la Médico Colegiada – Gerente de SERVIR – que ha dignificado la salud pública en la Región. La que ha eliminado las colas en el hospital más importante de Ica. La que ha puesto orden en la institución. La que en – apenas – 50 días de gestión, hizo lo que – en 50 años – no pudieron hacer todos los que la antecedieron.

Esa es la persona que tanto cuestionan estos malos periodistas… secundados por los personajes antes mencionados. A los que habría que agregar – aunque parezca difícil de creer – al mismísimo Colegio Médico del Perú.

Todos – tendenciosamente – dicen que estamos “destituyendo a trabajadores” … y punto. ¡Hipócritas! Mencionan el verbo y sustantivo (destituir trabajadores), pero omiten – deliberadamente – el adjetivo calificativo (corruptos). La frase completa – con verbo, sustantivo y adjetivo – es “destituyendo a trabajadores corruptos”. Porque sí… estamos destituyendo a trabajadores corruptos que le roban al Estado, y maltratan a la ciudadanía.

Como se ve; el adjetivo es clave. Porque “destituir a trabajadores” es un acto abusivo. En cambio “destituir a trabajadores corruptos” es un acto de justicia.

Hablando de corruptos; hay un tal Santa María – connotado dirigente sindical del Gobierno Regional, que no tiene nada de Santa… y menos de María – que ha sido destituido por cobrar viáticos con facturas falsas. ¡Una deshonra para el sindicalismo regional!

Un tal Chancos fue destituido por tirarle un ladrillo a nuestro Director Regional de Salud. Dicho sea de paso, gracias a un video publicado por el periodista Casavilca, obtuvimos las pruebas fehacientes para incriminar a dicho tira-ladrillo.

Uno de apellido Gavilano fue destituido por emborracharse en el trabajo y faltarle el respeto a su superiora. Y así por el estilo… en lo que va del año hemos destituido – con ratificación del Tribunal de SERVIR – a 16 trabajadores CORRUPTOS. Insisto… el adjetivo es muy importante.

Pongámoslo así; mientras haya corrupción… habrá justicia. Trabajando con gente honesta y eficiente – no con corruptos – estamos mejorando el bienestar de los iqueños. Por ello, no pararemos hasta sacarle la contumelia a toda la pandilla. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es imposible luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y no organizada si el Poder Judicial se convierte eventualmente en un instrumento de los poderes mafiosos para defender sus posiciones e incluso para conquistar nuevos territorios. Es imperativo que el Dr. Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, adopte decisiones que pongan coto a la cantidad de decisiones judiciales que destruyen sistemáticamente el principio de autoridad.

Las cautelares en jurisdicciones ajenas

Tenemos el caso de las empresas azucareras de Lambayeque, donde reina la ley de una selva en la que se enfrentan grupos mafiosos, algunos de ellos con ejércitos de sicarios y reguero de muertos, por el control administrativo de la empresa. Y, por supuesto, el instrumento para tomar la administración y desplazar al otro es algún juez de una jurisdicción lejana, eventualmente respaldado por la propia Corte Superior de Lambayeque. Hemos sido testigos, hace poco, de cómo un juez de Bongará en Amazonas, instaló en la administración de la azucarera Tumán al grupo llamado el CLAN, destituyendo al directorio presidido por Felipe Cantuarias que había sido debidamente elegido en una junta de accionistas. ¿Cómo puede un juez de Bongará dictar una medida cautelar en relación a una empresa situada en Lambayeque?

Duberly Rodriguez me respondió en entrevista publicada en El Comercio que impedir que un juez pueda dictar una medida cautelar para otra jurisdicción, requiere ley, y que hay un proyecto en el Congreso que no se aprueba. Pero no lo hemos visto reclamando y tampoco tomando medidas internas que, interpretando la ley vigente, puedan limitar o precisar los casos en los que se pueda dictar tales medidas.

Los casos son incontables. La gota que rebalsó el vaso fue la orden de excarcelación de Samuel Roncal Miñano, procesado por el asesinato de un inspector de la Sunat en Chiclayo, y preso en la cárcel de Chiclayo. Esta orden fue dada por un juez de Paz Letrado ¡de Amazonas!, que atendió un habeas corpus a favor de Roncal. Felizmente el funcionario del INPE que recibió la notificación adujo una falla formal que debía ser subsanada, lo que dio tiempo al ministerio del Interior para protestar hasta que la propia Corte Superior de Amazonas dio como explicación que esa notificación había sido ¡falsificada! Pero no lo había sido. Fue una manera de salir del paso. 

No hay procesados por bloqueos de carreteras y aeropuertos

El Poder Judicial no puede ser un instrumento del delito y el desorden. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, me confirmó en una entrevista reciente publicada en El Comercio, que no existe un solo procesado por los delitos de bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, ataques a la propia Policía y otros cometidos en las distintas movilizaciones de los últimos años. Y cuando le pregunté a Duberly Rodriguez si no debería establecerse una jurisdicción nacional para juzgar esos casos, donde las presiones locales amedrentan a fiscales y jueces, rechazó tal posibilidad. El Poder Judicial ni siquiera ha considerado incluir esa clase de delitos entre los que pueden ser procesados por los juzgados de flagrancia, que sería una manera quizá más efectiva de responder a estos casos.

Habeas Corpus contra estados de emergencia

Pero ahora resulta que se presentan habeas corpus contra los estados de emergencia. Por ejemplo, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Challhuahuacho y dos organizaciones más han presentado una demanda de Habeas Corpus ante el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Saúl Cansaya Flores, para que se levante el Estado de Emergencia en el distrito de Chalhuahuacho. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha notificado al Procurador Público de la PCM.

Reposición de policías y ascensos

Para no hablar de la cantidad de policías que pasan al retiro por renovación de cuadros, que es una facultad del Ejecutivo, y que son repuestos por el Poder Judicial, poniendo piedras en el camino de la reforma y la depuración policial. Entre agosto del 2016 y octubre del 2017, 169 policías han sido reincorporados por orden judicial, como podemos ver en el siguiente cuadro:

Entre ellos, hay 10 generales reincorporados. ¿Cómo se puede llevar a cabo una reforma de la institución policial si es saboteada de esta manera por el Poder Judicial? Los juzgados constitucionales Primero, Cuarto y Noveno son los más prolíficos en estas disposiciones.

Pero no son solo las reposiciones. Hay algo más increíble aun: ¡hay ascensos por orden judicial! En efecto, la Policía nos informa que “el Poder Judicial mediante sentencias y medidas cautelares en los procesos de amparo viene ordenando lo siguiente; 1) Otorgamiento de puntaje por algún concepto; 2) Se le permita participar en el proceso de ascensos incluso de los que ya culminaron; 3) Ordenen su incorporación en el cuadro de aptitud; 5) Ordenen su inclusión en el Cuadro de Merito para el Ascenso; 6) Derecho de pasar lista de revista Adicional en situación de actividad en vía de regularización; 7) Otorgamiento de condecoraciones y felicitaciones; 8) Otros derechos que el personal policial no ostentaba al momento de interponer su demanda de amparo; estos derechos son otorgados por un juez constitucional luego de ordenar su reincorporación; y a través de los procesos contenciosos administrativos y laborales se viene concediendo ascensos automáticos encubiertos”.

Es decir, no solo no se advierte en el Poder Judicial un esfuerzo genuino de reforma y depuración interna, sino que algunos jueces se esmeran en entorpecer las políticas de reestructuración, mejoramiento y moralización de la institución policial, tan difíciles de llevar a cabo por la manera como se han institucionalizado corruptelas de todo tipo.

No se puede detener fiscales ni jueces

No solo eso. El artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal establece un procedimiento contra los jueces y fiscales que cometen delitos de función que remite la acusación y el juzgamiento a la instancia inmediata superior, con lo que le resulta muy difícil a la policía detener a fiscales o jueces comprometidos en las investigaciones que se llevan a cabo. De hecho, vemos que se detiene a policías vinculados a organizaciones criminales, pero nunca a fiscales ni jueces. Esto tiene que cambiar.

La revolución institucional que el país requiere necesita una voluntad política clara y decidida de todos los estamentos: el Congreso, el Ejecutivo y el sistema judicial. Necesitamos un acuerdo político sobre esto, y un compromiso auténtico de las autoridades de estas instituciones. De lo contrario la delincuencia ganará la batalla y el Estado peruano no será capaz de implantar el imperio de la ley en el territorio. Lampadia

Todas los sistemas previsionales de reparto públicos, se basan en los ingresos de una generación futura, para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. Una suerte de esquema Ponzi, o pirámide del tipo de las grandes estafas como ‘Clae’.

Un esquema de Ponzi se define como “una estafa de inversión en la cual algunos primeros inversionistas son pagados con el dinero puesto por los posteriores inversionistas con el fin de alentar más y mayores riesgos”. El modelo es insostenible porque para mantenerse requiere un universo infinito de nuevos participantes.

En el caso de las pensiones de reparto, además de las tradicionales ineficiencias de los sistemas administrados por los estados, con la evolución de la demografía, en la que la tasa de reproducción ha bajado sensiblemente, no es posible evitar un déficit estructural de los modelos previsionales de reparto.

Por ello, los beneficios del sistema de aportes individuales a cuentas privadas, en las que cada trabajador construye la base de su propia jubilación, han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Esto no significa que no sea necesario hacer ajustes, como los que debería conllevar la mayor esperanza de vida.

Lamentablemente, cuando se enfrenta la necesidad de hacer ajustes, se corre el riesgo que los políticos desandados en cuanto a los beneficios de los ciudadanos, se vayan por la tangente.  Como en Chile, donde se hizo evidente que la mayor esperanza de vida requería más años de aportes, y el descalabro del modelo.

En el caso del Perú, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensinarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural.

Por ello, en Lampadia insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y UNIVERSALICEMOS LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL – ONP: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN. Lampadia 

Generaciones superpuestas

Pateandola lata por un camino sin fin

El resumen final de nuestra serie sobre grandes ideas económicas examina los costos (y beneficios) de pasar el proyecto de ley a la próxima generación

The Economist
31 de agosto, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

En la primavera de 1899, William Miller persuadió a tres miembros de su grupo de oración de Brooklyn a que invirtieran su dinero con él, prometiéndoles retornos sobrenaturales. Pagaría un dividendo del 10% por semana, más una comisión por cada nuevo inversionista que pudieran contratar. Pronto, William “520%” Miller estaba atrayendo a multitudes de depositantes a su puerta.Tan “grande fue el agolpamiento”, dicen por ahí, que su escalera finalmente se desplomó. Miller atribuyó su éxito a “información privilegiada”. Pero su método real lo hizo famoso 20 años más tarde el hombre que lo perfeccionó, Charles Ponzi.

Los esquemas Ponzi, como el de Miller, pagan un retorno a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de los posteriores. Cuando se quedan sin nuevas contribuciones, se derrumban. Un plan tan generoso como el de Miller no puede durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las promesas fueran menos extravagantes y los intervalos de reembolso menos estrictos? ¿Y si, por ejemplo, un plan pidiera dinero a los inversores en sus años más jóvenes a cambio de un pago en su vejez? Sobre esa escala del tiempo, un esquema de Ponzi no necesita limitar sus esfuerzos del reclutamiento a la gente viva cuando comienza. Puede reembolsar a los contribuyentes de hoy con dinero de futuros participantes que aún no han nacido. Y puesto que la próxima generación nunca es probable que sea la última, la cadena podría, en principio, continuar indefinidamente. Salvo una catástrofe, nacen nuevos posibles clientes cada día.

Esta lógica intergeneracional está detrás de las pensiones de “reparto” (PAYG, por sus siglas en inglés) comunes en muchos países. Las personas contribuyen al plan durante su vida laboral, y reciben un pago en la jubilación. Muchas personas imaginan que sus contribuciones se guardan o se invierten en su nombre, hasta que alcancen la edad de jubilación. Pero ese no es el caso. Las contribuciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. El dinero se transfiere entre generaciones, no a través del tiempo.

El Seguro Social de los Estados Unidos, por ejemplo, es en gran parte por reparto. Por esta razón, sus críticos a menudo lo comparan con un esquema Ponzi para desacreditarlo. Pero la comparación también puede funcionar de otra manera. Si el Seguro Social (un venerable derecho que ha ahorrado a millones de personas de la penuria) tiene algún parecido con un esquema de Ponzi, entonces tal vez los principios de Ponzi no siempre son tan diabólicos como su nombre lo sugiere.

En algunos casos, esos principios podrían redundar en beneficio de todos. Uno de esos escenarios fue bosquejado por Paul Samuelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1958. Su experimento de pensamiento es más fácil de entender cuando se da el ejemplode una isla (a lo largo de líneas sugeridas por Laurence Kotlikoff de la Universidad de Boston). La isla de esta parábola alberga árboles de cacao inusualmente altos, personas hambrientas y casi nada más. Sólo los jóvenes pueden trepar a los árboles y recoger la fruta, que se debe comer rápidamente antes de que se estropee en el sol. Y sólo dos generaciones (jóvenes y viejas) están vivas al mismo tiempo.

En esta isla, los ancianos no tienen forma de protegerse. Son físicamente incapaces de recoger fruta. No pueden comprar fruta de los jóvenes, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Tampoco pueden vivir de las vainas de cacao salvadas de su juventud, porque su reserva se habrá podrido cuando sean mayores. No hay activos duraderos, imperecederos que puedan servir como un vehículo para su ahorro.

La solución, por supuesto, es un esquema intergeneracional de Ponzi. Los jóvenes dan fruto a los viejos en el entendimiento de que la próxima generación hará lo mismo para ellos cuando crezcan frágiles. En efecto, los jóvenes prestan a sus padres y cobran el reembolso de sus hijos. Al hacerlo, sirven como un vínculo entre dos generaciones que no coexistirían de otro modo.

Las grandes mentes se superponen

El esquema funciona, señaló Samuelson, sólo porque “siempre están llegando nuevas generaciones”. Si la reproducción hubiese dejado de existir, la última generación no obtendría nada del esquema. Sabiendo esto, no pondrían nada. Pero su falta de contribución también privaría a la penúltima generación de un pago, no dejándoles ninguna razón para participar. Cualquier ruptura anticipada en la cadena provoca que todo se desacople. Si el esquema no puede terminar nunca, no puede incluso comenzar.

El trabajo de Samuelson fue seminal, pero no totalmente original. Un modelo similar fue descrito en 1947 por Maurice Allais, que entonces trabajaba en una oficina de estadísticas mineras en París, pero su contribución tuvo la “desgracia de ser escrita en francés”, como ha señalado un erudito. La ‘interminabilidad’ de estos modelos juega estragos con gran parte del sentido común económico. Los economistas saben que las limitaciones presupuestarias eventualmente se unen y que las cuentas deben ser resueltas al final del día. Pero, ¿y si el final nunca llega?

Tales parábolas pueden parecer demasiado artificiosas para ser iluminadoras. Seguramente los isleños se benefician de un esquema de Ponzi sólo porque la historia les niega arbitrariamente cualquier manera de ahorrar para su futuro. Si los jóvenes pudieran adquirir un activo duradero, podrían cuidar de sí mismos en su vejez vendiéndolo para las cosas que necesitan. En lugar de comer fruta de cacao, los isleños podían plantarla para cultivar un nuevo árbol, que luego podrían alquilar o vender a los jóvenes escaladores cuando se retiraran.

En la mayoría de los casos, este tipo de ahorro e inversión realmente sirve mucho mejor a la gente. La acumulación de capital amplía la capacidad productiva de la economía, creando así riqueza, a diferencia de los esquemas de Ponzi, que simplemente lo difunden. Ahorrar e invertir el valor de la tienda y añadir a ella, convirtiendo una fruta de cacao en un árbol entero. Por lo tanto, los jubilados pueden esperar obtener más de su inversión de lo que ponen inicialmente.

En algunos casos inusuales, sin embargo, otros factores pueden pesar en favor del esquema de Ponzi. En primer lugar, el ahorro y la inversión pueden producir rendimientos que disminuyen drásticamente. Si una sociedad está deseosa de transferir recursos al futuro, acumulará un gran stock de capital, lo que puede reducir el retorno de más inversiones. Pienseen un huerto con demasiados árboles, cada uno toando parte de la luz de otro y absorbiendo su suelo.

Una segunda consideración es la demografía. Una población creciente crea un esquema de pirámide natural. Cada cohorte de participantes recibirá el dinero aportado por una generación posterior, mayor. Por lo tanto, ellos también pueden sacar más provecho de lo que ponen. Las generaciones futuras también pueden estar mejor que sus predecesores. Pueden beneficiarse de fuentes de avances económicos (como la mejora de la tecnología), más allá de la simple acumulación de capital. Esta marcha del progreso debería permitir que un esquema de Ponzi pague un retorno positivo a los inversionistas incluso si el esquema toma solamente un porcentaje constante de los ingresos de cada generación. Gracias al crecimiento económico, el 10% recaudado de los ingresos de los jóvenes de hoy valdrá más que el 10% recaudado en el pasado de la generación más pobre de sus padres.

Para hacer las cosas concretas, supongamos que la población de un país crece un 1% al año y los ingresos por persona crecen un 4%. En este caso, un esquema Ponzi puede ofrecer un rendimiento anual de aproximadamente 5% indefinidamente, simplemente tomando una proporción constante de los ingresos de cada generación. Si la economía ya tiene un gran stock de capital, el rendimiento del ahorro y la inversión podría ser menor que eso, especialmente teniendo en cuenta el riesgo involucrado. Tal economía sufriría lo que los economistas llaman “ineficiencia dinámica”. En estas circunstancias, un esquema intergeneracional de Ponzi puede ser sostenible y deseable.

Una pensión de reparto es sólo el ejemplo más obvio de tal esquema. La deuda del gobierno puede desempeñar un papel similar (una posibilidad que entretenía Peter Diamond del MIT en un artículo de 1965 sobre las ideas de Samuelson). Si el gobierno no quiere extraer contribuciones de la seguridad social de los jóvenes, puede vender bonos a largo plazo. Cuando estos bonos maduran, el gobierno puede pagarlos vendiendo una nueva ronda de bonos a la siguiente generación, más rica.

Una tercera forma más anárquica de transferir recursos de los jóvenes a los viejos es una burbuja especulativa. En una burbuja, la gente paga sobre las probabilidades de un activo, como una casa, en la creencia de que los inversores posteriores pagarán un precio más alto todavía. El sobrepago equivale a una contribución a un esquema de Ponzi, reembolsado no por las ganancias del activo subyacente, sino por sobrepagos de inversores posteriores. Si cada generación es colectivamente más rica que la anterior, entonces el precio del activo puede seguir aumentando incluso si cada comprador absorbe sólo el mismo porcentaje de sus ingresos (ascendentes).

La teoría del joven-tonto

Todos estos mecanismos tienen efectos secundarios. La deuda del gobierno puede eliminar la inversión productiva. Las burbujas pueden hacer lo mismo. Pero en una economía que sufre de ineficiencia dinámica, este desplazamiento es algo bueno. Esta economía ha acumulado demasiado capital. Requiere grandes inversiones para mantener este gran stock de maquinaria, equipos, edificios e infraestructuras en línea con la economía. Los jóvenes se sienten tentados a añadir aún más capital en un esfuerzo por transferir recursos a su futuro, los seres viejos. Sin embargo, debido a que los rendimientos son tan bajos, es más eficiente para ellos transferir recursos directamente a las personas de edad avanzada (contribuyendo a la seguridad social, comprando bonos del gobierno o pagando demasiado por los activos de los ancianos), entendiendo que los jóvenes de mañana harán lo mismo para ellos.

Bajo ciertas condiciones, entonces, los principios de Ponzi son eficientes y no son maléficos. Pero, ¿se encuentran esas condiciones en el mundo real? Una manera de buscarlos es comparar las tasas de interés (que representan la rentabilidad del capital) y las tasas de crecimiento del PBI (que reflejan tanto el crecimiento de la población como el aumento del ingreso por persona). Una prueba alternativa, más rígida (que funciona bien bajo ciertas suposiciones) es comparar la inversión y los beneficios. Si la inversión nacional es mayor que las ganancias, un país está arando más en su capital que lo que gana. Es como si los isleños estuvieran replantando toda la fruta que recolectan de los árboles adicionales que han cultivado (menos cualquier fruta que necesiten para compensarse por su trabajo) además de unos cuantos más. Los esfuerzos de la economía para ahorrar e invertir para el futuro están sobrecargando las herramientas disponibles para ahorrar.

Los economistas solían confiar en que la mayoría de las economías estaban en el lado correcto de esta prueba, ganando mucho más en ingresos de lo que invirtieron. La investigación reciente es menos definitiva. François Geerolf de la Universidad de California en Los Ángeles cree que Japón sufre de ineficiencia dinámica. Y no puede descartar la posibilidad de que todos los países del G7 (y otros nueve) sufren de manera similar. Si es así, las implicaciones son provocativas. Ellos asumen que la deuda pública del G7 está absorbiendo dinero que de otro modo se gastaría en aumentar aún más el stock de capital sobrecargado. En la medida en que los ingresos de este préstamo del gobierno se destinan a la atención médica y pensiones, los ancianos se benefician de manera desproporcionada. Tal vez, entonces, la deuda pública del G7 está desviando esfuerzos infructuosos para proveer para el futuro en proveer para los ancianos en su lugar.

Varios estudiosos, entre ellos Qian Liangxin de la Universidad de Anhui, también señalan que China a menudo se dedica más a su capital que lo que gana. En la etapa de desarrollo de China, esto no puede ser algo malo, porque la relación capital-intensidad de la economía está todavía en flujo. Pero la combinación de crecimiento rápido y retornos reprimidos sobre el ahorro puede ayudar a explicar por qué China es tan propensa a las burbujas especulativas, especialmente en la propiedad. Los chinos en edad de trabajar pagan en exceso por casas, muchas de las cuales están vacías, suponiendo que las venderán a precios más altos, no a un mayor tonto necesariamente, sino a uno más joven, más rico.

El esquema proto-ponzi de William Miller duró menos de un año. Sus bancos (incluyendo el Hide and Leather National Bank of Nueva York) cerraron sus cuentas y los periódicos lo persiguieron. Él huyó a Canadá antes de que la policía lo alcanzara. Pero nunca se le acabaron los inversionistas. Aun cuando escapaba del país, muchos sobres dirigidos a su sindicato se amontonaban en la oficina de correos, llenos de contribuciones de la siguiente generación de creyentes. Lampadia

Presentación de Pablo Bustamante Pardo, Director de Lampadia, en el evento: “Hacia un Sistema de Pensiones Inclusivo”, organizado por la y UPC, el lunes pasado.

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos:

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA.  

Una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP. Veamos:

Propuesta para el canje de IGV por aportes individuales

En enero del 2014 Lampadia propuso usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
• Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados. También será necesario ver como se establece una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes complementarios del Estado, adicionales a lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

Lamentablemente, esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. El gobierno de PPK tampoco se allanó a analizar la propuesta. Ver en Lampadia: Agarremos el toro por las astas – Sobre formalización, pensiones e IGV. (Julio, 2016).

Pero, además de la gran exclusión, se generó una dolorosa discriminación con quienes se propició se mantuvieran en un sistema contributivo de reparto estatal, el SNP, que los castigó con una serie de maleficios. Veamos:

Uno de los castigos más importantes a los afiliados de la ONP es el requerimiento de mantener aportes de más de 20 años para poder recibir una pensión, que como veremos más adelante, afecta a muchos trabajadores.

Desde un punto de vista social y económico, el SNP, es cada vez más insostenible, pues con el aumento de la esperanza de vida de nuestra población, habría que cubrir pensiones durante más años, con un sistema que ya arrastra un importante déficit de financiamiento. Ello determina que un país pobre como el Perú, con mil necesidades insatisfechas, con brechas económicas y sociales que no alcanzamos a cubrir (en educación, salud, e infraestructuras, entre otras), tenga que dedicar recursos fiscales crecientes para sustentar el pago de pensiones. Algo que, de no corregirse, incapacitará al Estado para solventar sus necesidades y determinará continuos retrasos en los ajustes de los montos de pensiones, o, en otras palabras, menores pensiones.

Otro castigo del sistema de reparto del Estado, es que genera menor rentabilidad con los aportes de sus afiliados, en comparación con la que obtiene el SPP, que duplica el rendimiento de sus inversiones.

A julio del presente año, las pensiones de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia que ofrece el sistema privado son también, claramente mejores de las que aporta el sistema estatal.

Como indicamos líneas arriba, si un afiliado al sistema estatal no acumula 20 años de aportes, no solo se queda sin pensión, además, pierde todos los fondos que haya aportado. No se le devuelve ni un Sol. Según el IPE, dos tercios de los afiliados a la ONP, no recibirán pensiones y perderán todo lo aportado. Algo abusivo e inaceptable, que se sigue fomentando, al promover las afiliaciones al SNP de la ONP.

Pero, por otro lado, la situación actual, de debilidad de la imagen del SPP, de pensiones, no es gratuita. En ello han confluido varios elementos: 

• Falta de cobertura

75% de la PEA, los trabajadores que no son parte de la formalidad, están excluidos de ambos sistemas pensionarios, y eso determina una falla estructural.

Como se explica líneas arriba, una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.

• La publicidad de las AFPs y su relacionamiento con los afiliados

Es muy lamentable que los operadores del sistema, hayan privilegiado una competencia de atributos patrimoniales, accionarios, y hasta inmobiliarios, antes que difundir los beneficios del sistema de capitalización individual.

• Falta de transparencia

No se logró tangibilizar y hacer más cercano a los afiliados, el SPP.

• Políticos irresponsables

Lamentablemente, las debilidades y falencias del sistema, como la insuficiente cobertura, fueron aprovechadas por políticos irresponsables, que se permitieron jugar partidos de conveniencia política individuales de corto plazo, a costa de los beneficios de largo plazo del conjunto de la sociedad.

La aprobación del retiro del 95.5%, contó con la anuencia de Keiko Fujimori, por un cálculo político muy equivocado. Así mismo, más allá de los impulsores de la norma, retratados en la imagen anterior, debe singularizarse la vergonzosa actuación del entonces presidente del Congreso de la República,  Luis Iberico, que promulgó la ley por insistencia, sin haber buscado previamente, espacios serios de debate.  

Pero, el puntillazo al SPP fue la absurda norma promulgada durante el gobierno del nacionalismo, que permite que los pensionistas de SPP, al cumplir 65 años, puedan retirar hasta el 95.5% de su fondo individual. Algo, que tal como se advirtió, dejará sin acceso a pensiones a la gran mayoría de afiliados del sistema, pues, como ya se ha comprobado desde la incepción de la ley, los fondos que se retiran (por la gran mayoría de afiliados), no se reservan para sustentos pensionarios.

Factualmente, se puede afirmar, que, con esta medida, el 75% de los peruanos no está cubierto por los sistemas pensionarios (SPP y SNP), y los afiliados al SPP, en más de 90%, tampoco tendrán pensiones. Esto genera una tremenda amenaza para la salud fiscal del Estado, pues, ante la carencia de pensiones y el consiguiente drama social que se generaría, el Estado se verá, eventualmente, compelido a universalizar algún sistema, como Pensión 65, a todos los peruanos. Algo inmanejable desde el punto de vista fiscal, y que condenaría a los peruanos a tener pensiones miserables.

Los argumentos de los políticos populistas que forzaron el tema del 95.5%, se caen por su inconsistencia. Ver en Lampadia: La reforma de las pensiones. Uno muy llamativo es el caso de los jubilados viudos en Japón, que prefieren ir a la cárcel, que vivir con sus pensiones de reparto. Ver: Ancianos japoneses prefieren la cárcel a pobres pensiones.

En resumen:

• El SNP es una suerte de estafa a los peruanos que se ha propiciado, se mantengan en el sistema de reparto estatal, y se debe propiciar su traslado al SPP.
• El SPP debe ser reparado de inmediato para corregir los perniciosos impactos del retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad.
• Debe desecharse el absurdo (y secreto) proyecto del gobierno de PPK, basado en la creación de un monopolio estatal para manejar buena parte del sistema de pensiones.
• El SPP debe ser universalizado, cambiando la base de contribuciones de todos los ciudadanos, a un mecanismo de canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.  

Lampadia

Venezuela habría llegado a un punto de quiebre. Hoy se inicia un paro general de 24 horas convocado por la oposición, que pretende redoblar la presión contra Maduro tras obtener más de 7.6 millones de votos el domingo en la consulta popular que celebró contra la Constituyente.

Si el chavismo, con su Partido Socialista de Venezuela, consigue su objetivo de escribir una nueva Constitución a su medida, y consagra la permanencia  su régimen autoritario, Venezuela estaría a un paso de convertirse en la extensión de Cuba en Sudamérica. Esto no solo afectaría negativamente a los venezolanos, sino a todos sus vecinos.

Las implicancias para la seguridad ciudadana de la continuación del dominio chavista son una causa de preocupación tan grande como el agravamiento de la crisis política, económica y humanitaria. Venezuela se está convirtiendo cada vez más en una fuente de inestabilidad debido a la vasta e ‘institucionalizada’ corrupción y campo abierto del narcotráfico. Además, la región corre el riesgo de desestabilizarse, debido al creciente número de migrantes que fluyen hacia los países vecinos para escapar de la crisis humanitaria y el caos en su propio país y a las medidas desesperadas que el gobierno y el ejército toman todos los días para no seguir perdiendo el control.

Fuente: eluniverso.com

Lo grave y difícil de la situación es que el pueblo venezolano se está enfrentando a una dictadura dirigida por los expertos del castrismo cubano que han convertido a Venezuela en su colonia. Venezuela está ante un ‘proceso de cubanización’, ante la instalación de una dictadura a largo plazo asociada al narcotráfico y auspiciada por socios internacionales fuera del espacio tradicional de occidente, como Rusia e Irán. Este ‘Eje Cuba-Venezuela’ es la acumulación de regímenes liderados por dictadores que patrocinan el terrorismo y el narcotráfico, violan los derechos humanos, censuran los medios de comunicación, secuestran ciudadanos inocentes y rutinariamente incumplen con las normas internacionales. Ver en Lampadia: No permitamos la consolidación del ‘Eje Cuba-Venezuela’ y Entendamos los riesgos que nos trae el ‘Eje Cuba-Venezuela’. En ambas publicaciones se explica que Venezuela está dominada por tres poderes: el narcotráfico internacional, los cubanos y los militares corruptos de Venezuela. Esto es especialmente peligroso porque el ‘Eje Cuba-Venezuela’ extenderá luego su influencia a Sudamérica. Esta situación establece para los venezolanos algo muy difícil de combatir sin apoyo exterior, como sanciones económicas.

En 109 días de protestas marcadas por enfrentamientos con el gobierno, han muerto más de 90 personas en Venezuela. Los líderes de la oposición han afirmado que la democracia venezolana ha llegado a un punto crítico, y pidieron una huelga nacional de 24 horas, después de que 7.6 millones de personas (de un total de 19.5 millones habilitados para votar) rechazaron la Asamblea Constituyente que pretende manipular el sistema democrático.

“Llamamos a todo el país a participar en una protesta masiva y libre de violencia a través de una huelga cívica a nivel nacional durante 24 horas”, dijo un líder de la coalición de la oposición, Freddy Guevara.

“Es de esperar una escalada del conflicto político al nivel más alto de los últimos 18 años: la hora cero”, afirmó en televisión Edgard Gutiérrez, encuestador y consultor político cercano a la oposición. “La hora cero no es fácil y podría provocar la radicalización del lado oficial. Serán días difíciles. La hora cero es calle para defender un mandato popular, para defender la voluntad soberana, que radica en el pueblo”.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer “medidas económicas fuertes” si el Gobierno del presidente Nicolás Maduro pone en marcha el proyecto de modificar la Constitución, en la consulta del próximo 30 de julio para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Trump ha calificado al mandatario venezolano de “mal dirigente que sueña con convertirse en dictador”.

“Estados Unidos no permanecerá inmóvil mientras Venezuela se hunde. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos adoptará medidas económicas fuertes y rápidas”, ha advertido Trump en una comunicado, sin precisar el tipo de sanciones que aplicaría al país llanero.

Sin embargo, la prensa estadounidense, ha publicado que las sanciones se aplicarán al sector energético, en concreto a la empresa estatal PDVSA, algo de lo que depende economía venezolana ya que la venta de crudo representa el 95% de los ingresos del país. Además, las medidas incluirían el congelar fondos en EEUU para que sean manejados por un nuevo gobierno de transición.

El gobierno de Venezuela pretende llevar a cabo la elección para seleccionar una asamblea encargada de reescribir la carta de la nación, el 30 de julio. Los aliados del presidente esperan que la nueva asamblea imponga la autoridad del poder ejecutivo sobre las pocas instituciones que quedan fuera del control del partido gobernante.

Como respuesta, los manifestantes han puesto en marcha bloqueos espontáneos en la capital venezolana un día antes del paro general. Las barricadas caseras bloquen las calles de Caracas desde el miércoles por la mañana, y algunas líneas de autobuses públicos también se cerraron, obligando a los pasajeros a caminar kilómetros para trabajar.

¿Qué pasará? No se sabe, pero lo cierto es que la permanencia del régimen en el poder está en las manos de unas Fuerzas Armadas que no terminan de definir si su lealtad es a la democracia y el Estado de derecho, o a la dictadura cubano-chavista. 

Este debiera ser el momento para que Nicolás Maduro acepte el fracaso. El pueblo venezolano no puede seguir siendo utilizado en el afán de imponer la permanencia del régimen opresor. Es hora de proponer un calendario electoral que cuente con el apoyo internacional. Lamentablemente, la Organización de las Naciones Unidas no se pronuncia sobre los abusos del chavismo y sigue impidiendo las condenas necesarias para movilizar una reacción global contundente que ponga en jaque al régimen.

Lo único que puede salvar a los venezolanos de esta terrible crisis es una presión seria de los países vecinos y del resto del planeta, para que se restablezca la democracia mediante elecciones generales libres y supervisadas. Hace dos días, el Presidente del Perú, PPK, tuvo que lamentar la falta de compromiso de la mayoría de los gobiernos de la región. Algo que debemos reclamar sin medias tintas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.  

Fuente: cronicaviva.com

En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.

El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.    

En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.

Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.     

Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública.  Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema  del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

En Lampadia nos felicitamos por tener acceso a la siguiente reflexión anónima de alguien evidentemente informado, especializado y comprometido con la salud cívica del país, sobre el devenir de la aplicación de la ley y la cautela de los derechos de los ciudadanos en una sociedad regida por la democracia y el Estado de Derecho.

Nuestro preocupado especialista nos alerta acerca de las posibles perniciosas consecuencias de tres reformas que estarían en curso: la eventual autonomía de la Procuraduría,  derechos inadecuados que se otorgarían a la Unidad de Inteligencia Financiera y facultades impropias para el levantamiento del secreto de comunicaciones.

Consideramos que el análisis siguiente es muy consistente y extraordinariamente valioso. Debe llamar a la reflexión y debate sobre las normas en cuestión por parte de los ciudadanos más informados al respecto, para salvaguardar la mejor salud de nuestra sociedad. No sigamos dejando más vacíos y lejanías en el noble deber de diseñar nuestro futuro como el de una sociedad democrática, justa y próspera.

Por ‘Colaborador Desconocido’

Traducido y editado por Lampadia

Hay planes para modificar la legislación vigente sobre (1) el status de la PROCURADURÍA, (2) de la Unidad de Inteligencia Financiera y (3) el levantamiento del Secreto de Comunicaciones.

A pesar de que, en principio, modificaciones para mejoras son siempre bienvenidas, es sorprendente y alarmante el poco debate profesional público sobre estos temas tan importantes. Las discusiones son principalmente dirigidas por los promotores de dichos planes quienes, por supuesto, tratan de ‘vender’ sus ideas y tienen de su lado a los medios más importantes, desafortunadamente, sin la debida reflexión, pues estos temas navegan bajo la bandera popular de la lucha contra la corrupción.

PROCURADURÍA (PRO): El objetivo de esta pretendida modificación es otorgarle a la PRO un estatus autónomo. Sin embargo, antes de considerar este plan en detalle, uno debe primero discutir, en principio, si la PRO es necesaria o beneficiosa en absoluto (aparte de ser simplemente los departamentos legales de los ministerios e instituciones del gobierno). La mayor parte de los países occidentales no tienen una PRO en absoluto, sino sólo una Fiscalía. Interesantemente, la mayoría de esos países tienen un sistema judicial que funciona mucho mejor que el de los países que tienen una PRO además de la Fiscalía. Por lo tanto, parece que las razones para tener un sistema de justicia satisfactorio no residen tanto en la forma del sistema, sino en su cultura.

El cambio propuesto no garantiza automáticamente una mejor PRO. Más bien puede empeorar: mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso, y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una  fuente de corrupción adicional. Los promotores del plan desean asegurar calidad mediante la introducción de estándares profesionales más altos para los miembros de la procuraduría; sin embargo, ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).

Otro aspecto es la importancia del equilibrio entre el investigador/acusador y el investigado/acusado. Lo ideal sería que las partes (aunque en un sentido estrictamente  formal, la Fiscalía es la parte en el proceso) tengan iguales derechos e “instrumentos”.  En realidad, sin embargo, este no es el caso, pues la Fiscalía, como la parte   investigador/acusador, tiene muchos instrumentos soberanos  a su disposición (ya sea directamente o mediante aprobación judicial) y puede, por lo tanto, hacerle la vida miserable al investigado/acusado, aunque dicha parte sea todavía legalmente inocente. Una PRO autónoma desplazará el equilibrio ya  inexistente aún más en favor de la parte que investiga/acusa, ya que una PRO autónoma es, como el Ministerio Público, parte de la organización estatal y va a buscar -al igual que cualquier institución- fortalecer su propia imagen, para demostrar su derecho a existir y para ganar influencia y  poder. Ésta  es también la razón por la que la PRO debe pagar, como cualquier otra parte, los costos judiciales, etc., causados por sus actos y no debe estar exenta de hacerlo, como está planeado. Los promotores de la propuesta enfatizan constantemente que la Procuraduría “sólo” actúa como un “abogado” del Estado; si es así, no debe tener más derechos que el abogado que representa a la parte investigada/acusada. Dicho sea de paso, el argumento de ser sólo un “abogado del Estado”, es erróneo, puesto que un abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.

Otra tema abierto es el del control de la PRO y sus miembros, porque cualquier institución requiere una supervisión y control constante y, de ser aplicable, sanción. Estos problemas no se han planteado en absoluto hasta el momento.

Y por último, el gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): el levantamiento del secreto bancario es una interferencia muy seria en los derechos básicos y en los asuntos personales de los ciudadanos. En consecuencia, tiene que haber un umbral muy alto para levantar el secreto bancario, y bajo ninguna circunstancia esta interferencia excepcional debería convertirse en algo usual. En la mayoría de los países, esta medida requiere la autorización de un juez: aquí en el Perú se encuentra, hasta el momento, por lo menos en manos del Fiscal de la Nación. Permitir ahora a la UIF (e incluso a otras partes en las investigaciones), la misma facultad, causará un manejo totalmente arbitrario de esta facultad. La UIF es una institución especial: opera en la trastienda, sus informes son anónimos y sus funcionarios no pueden hacerse responsables de sus actos ni son estos apelables. Un gran porcentaje de sus reportes no tiene ningún fundamento legal sólido, pero está lleno de conjeturas, suposiciones, insinuaciones y generalizaciones al estilo de “no podemos descartar”. Un enfoque de este tipo puede traer algunos aspectos e información que soporten el trabajo de la Fiscalía, pero no puede formar la base para otorgar la facultad esencial de levantar el secreto bancario, puesto que nadie que no sea responsable y cuya decisión no sea apelable, debe nunca tener la posibilidad de interferir con los derechos de otros, ni poder dañar potencialmente a alguien que todavía es inocente ante la ley. Permitir que la UIF tenga el derecho de levantar el secreto bancario para acceder directamente a información de las cuentas, significa que esta medida extrema se convertirá en una práctica cotidiana, y no en una medida de último recurso. La consecuencia sería que el investigado/acusado estará sujeto a una “muerte civil”, aunque todavía se encuentre bajo la presunción de inocencia, ya que los bancos, normalmente, van a cerrar inmediatamente sus cuentas, líneas de crédito, etc. y no permitirán una re-apertura de cuentas antes que el caso haya sido archivado (en tiempos de progresiva bancarización se puede vivir sin amor y sexo, pero no sin una cuenta bancaria). Esto destruirá la vida de la parte investigada/acusada, como, por ejemplo, fue el caso de “Santa Natura” que fue erróneamente investigada/acusada por la UIF y la  PRO. Por lo tanto, antes de conceder a la UIF dicha atribución, uno tendría que cambiar en primer lugar el marco legal y la base de operación de la UIF, para que sea ‘accountable` y responsable [“liable”], para hacer sus decisiones apelables y ponerla bajo un eficaz control y supervisión. Puesto que la UIF se opondrá a dejar su espacio secreto de trabajo (en parte por buenas razones), no debe recibir la atribución propuesta. Dicha atribución debe mantenerse solamente en manos de la Fiscalía (o transferírsela al Poder Judicial), más aún desde que los datos bancarios están difícilmente sujetos al periculum in mora, porque la información se refiere a hechos dados, que no pueden ‘escaparse’ ni esconderse. Ésta es otra razón para discutir una forma alternativa de obtener la información pertinente, que no debe tener un efecto dañino en la parte afectada.

Por cierto, el sistema actual de reportar transacciones monetarias “sospechosas” tiene un defecto de nacimiento: las partes informantes (bancos, etc.), así como la UIF, deberían solamente tener el derecho de clasificar transacciones como “inusuales” (que es de por sí un término neutral) y no, como es el caso ahora, como “sospechosas” (que es de por sí un término negativo); luego el fiscal debería tener el derecho y la obligación de clasificar el tema como “sospechoso” (y, acusable, de ser aplicable) o “no-sospechoso” y, finalmente, se debe mantener el derecho y la obligación del juez de calificar la causa en el sentido de estar dentro o en contra la ley, y por lo tanto emitir la sentencia correspondiente. Nadie, cuyas decisiones no acarreen responsabilidad, y/o que no se puedan apelar, puede tener el derecho a calificar una cuestión como “sospechosa” y, por lo tanto, causar potencialmente un daño injusto y sustancial a la parte agraviada.

Secreto de Comunicaciones: Lo indicado líneas arriba se aplica por analogía al plan de otorgar a cualquier parte encargada de una investigación, el derecho de levantar el secreto de las comunicaciones de la parte investigada. Por supuesto, pueden ocurrir situaciones extremas que justifiquen acciones judiciales inmediatas. Sin embargo, otra vez, debe haber mecanismos restrictivos y de control, puesto que de otra manera el levantamiento del secreto de comunicaciones se convertirá en una práctica cotidiana. Y, como el ejemplo de otros países (EE.UU., GB, Alemania, etc.) y del Perú ha demostrado, las avanzadas tecnologías para interferir las comunicaciones telefónicas, emails e internet etc., han causado abusos significativos. Por lo tanto, se requiere ajustar  y no flexibilizar las facultades para intervenir.  

En general: la sustancial corrupción en marcha, el aumento de la tasa delincuencial, el desempeño insatisfactorio de varias ramas gubernamentales y estatales diferentes (incluido el Parlamento y el sistema fiscal/judicial), han generado una profunda frustración y una fuerte reacción de parte del público, de ciertos grupos e individuos, así como de los medios. El objetivo de poner fin a los fracasos o al menos reducirlos es altamente entendible y justificado; sin embargo, la forma en que se expresa la consternación y la forma en que se busca el remedio, son en gran parte erróneas, y no conducirán a una mejora de la situación. Por el contrario, puesto que los remedios buscados actualmente están motivados en parte por bases ideológicas, en parte por razones de  beneficio político y en parte también como una “guerra” personal y por lo tanto  tomados sin mayor escrutinio por los medios y por el público, simplemente, un mal sustituirá a otro. La única manera de conseguir mejoras y cambios, radica en abordar los temas “sine ira et studio” (“sin odio y sin sesgo”) y sin aplicar un estilo “twitter” y “facebook”, si no de forma profunda, mesurada y equilibrada.

La calentada atmósfera (populista), impulsada por la reciente campaña electoral, ya ha producido significativas consecuencias negativas: (a) la presunción de inocencia, introducida en el siglo II DC por el emperador romano Antonino Pío (y que incluso forma parte de la ley islámica ), se está perdiendo cada día más y más, (b) las sustentadas sospechas iniciales se están sustituyendo por sospechas generalizadas y vagas, (c) muchas y  exageradamente largas detenciones preventivas en espera de juicio se imponen, pese a que debieran ser lo más excepcionales y cortas en la privación de la libertad de una persona que todavía está bajo la presunción de inocencia, causando así un daño duradero a su vida y su familia, (d) los jueces son censurados con dureza sin que los críticos conozcan los detalles del caso y de la sentencia o (e) a los jueces se les dice por adelantado cómo tienen que ser las sentencias, (f) existe la intención de  invertir la jerarquía de los delitos y las sanciones correspondientes, evolucionadas durante miles de años, (g) la estricta confidencialidad de las investigaciones individuales es sustituida por fiscales y procuradores que  buscan ser el centro de atención del público y por filtraciones intencionales, (h) la ley y la justicia se politizan para obtener pingues beneficios económicos y políticos, (i) y los medios de comunicación y la calle usurpan los campos y funciones que no se supone sean los suyos, etc. etcétera. Es muy difícil encontrar otro país fundado en la democracia, que esté tan lleno de diarias sospechas,  investigaciones, denuncias, etc. etc., como el Perú, envenenando, por lo tanto, el tejido básico de la convivencia  cotidiana.

Además existen ciertos individuos y grupos que, posiblemente con las mejores intenciones, han comenzado una cruzada personal, obsesionados como Robespierre  con traer la salvación al país (por cierto, es interesante estudiar el lenguaje corporal de aquellas personas). Implementar sus intenciones significaría establecer la dictadura de la letra de la ley; sin embargo, cualquier dictadura, incluyendo la dictadura de la letra de la ley, es el mal. En la historia, cada vez que se ha tratado de realizar un ideal sin aplicar simultáneamente el sentido de la realidad y el pragmatismo, el sentido de la razón y las proporciones, sin tomar en cuenta la naturaleza humana, se ha terminado en un desastre, en lo contrario de lo que se intentaba (“el camino al infierno está plagado con buenas intenciones”).

La democracia y el Estado de Derecho no son formas ideales (no existen formas ideales). Tienen muchos puntos débiles. Sin embargo, este es el precio a pagar por  cierta libertad personal y para vivir dentro de un sistema social que da, comparativamente, una alta protección contra fallos soberanos arbitrarios, decisiones y persecuciones, contra la tendencia de los gobiernos y los políticos a abusar de la ley como un pretexto para aumentar su poder e influencia y restringir la libertad de los ciudadanos, así como contra los entes privados que (ab)usan de la ley para ajustar cuentas personales u obtener ventajas personales. Quién no esté dispuesto a pagar el precio del Estado de Derecho, asume el riesgo de perder la libertad (relativa) y que la sospecha, la arbitrariedad, la persecución, el prejuicio, los pre-juicios, abusos, etc., se hagan cargo. Debemos ser muy conscientes de este riesgo, pues cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier momento, la próxima víctima inocente.

Ya es hora de encontrar un enfoque adecuado y medido de los problemas, sin ideología, sin politizar, sin buscar titulares baratos en los medios de comunicación, sin entrar en las cruzadas demagógicas, sin buscar soluciones inmediatas para problemas que tomarán años, si no décadas, en ser resueltos. Una de las mayores y más difíciles tareas de un estado de derecho es de buscar un justo balance entre el derecho de los ciudadanos a vivir en orden y seguridad en un lado, y su derecho a vivir en libertad personal y bajo una mínima interferencia del Estado, en el otro lado. Dicha tarea forma un constante acto de balancear, donde no existen soluciones simples, generales y populistas, sino una constante ponderación caso por caso. Sería una tarea noble y  muy importante de los medios de comunicación serios, tomar el liderazgo de tal reconsideración y reflexión, abordando estos temas de gran complejidad en profundidad y de manera equilibrada, objetiva y viable.

Lampadia

Los últimos ‘5 para los 200’, el último lustro antes del bicentenario, tiene que ser el de un gobierno excelente, y eso no es broma. Los peruanos nos enfrentamos con dos grandes retos: superar las brechas económicas y sociales que arrastramos del pasado y aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos de la ‘cuarta revolución industrial que trae el futuro inmediato (Ver: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario). La mediocridad ya no es una opción.

El flamante Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha iniciado su mandato con un mensaje positivo que analizamos líneas abajo y agregamos algunas ideas que esperamos escuchar del Presidente en los próximos días.

EL MENSAJE

Lo que nos gustó

o    “Queremos una nación moderna, de mil valles en un solo país”.
o    Tenemos que dar un gran salto, hacer una revolución social y ser un país moderno, justo y solidario.
o    Necesitamos la acción conjunta del sector público y privado.
o    Priorizaremos la formalización.
o    Cero corrupción.
o    Debemos ser un “faro de civilización”.
o     PPK irá a las regiones a comunicar los beneficios de la industria extractiva.
o    “No puedo solo”.
o    “Una sola República, firme y feliz por la Unión”.

Lo que no nos gustó

o    Pensar que sin una verdadera revolución educativa, podemos formar a los jóvenes que necesitamos en el mundo de hoy.
o    Perdió la oportunidad de transmitir un conjunto coherente de ideas para que los ciudadanos nos ubiquemos en nuestro tiempo y nuestro espacio y sobre cómo podemos lograr un mejor futuro para todos los peruanos. Para ello se requieren respuestas a preguntas como las siguientes:

¿Qué pasó con el Perú en las últimas décadas?
¿Qué necesitamos los peruanos?
¿Podemos lograrlo?
¿Cómo hacerlo?

LAS RESPUESTAS QUE SOLO PUEDE DAR EL PRESIDENTE

El Presidente Kuczynski es uno de los peruanos mejor educados, versados, pleno de conocimientos, con experiencias valiosas y diversas y una muy buena comprensión del mundo en que vivimos y viviremos. Nadie como él para ilustrarnos sobre nuestra realidad. Veamos algunas ideas al respecto:

¿Qué pasó con el Perú en las últimas décadas?

Al año 90 llegamos prácticamente en ‘artículo mortis’ como producto del oncenio de la dictadura militar, el segundo gobierno de Belaúnde y el primero de García.

En 25 años pasamos del estancamiento y la pobreza generalizada a la abundancia (“lo que sobra es plata”), para luego caer en la falta de recursos. ¿Qué pasó en los 90? ¿Por qué fue tan importante la Constitución del 93? ¿Cuánto aportó el regreso del sector privado? 

Ver en Lampadia: Cifras del prosperidad y ¿Qué calato ni qué ocho cuartos?

Desde el año 90, ningún presidente pudo explicar nuestra realidad:

–    Fujimori (gracias a Dios) hizo lo contrario de lo que ofreció. Y su lema era hacer primero y comunicar después.
–    Paniagua no tuvo tiempo para comunicar.
–    Toledo no comunicaba, no era su estilo.
–    García no podía comunicar, pues era coautor del desastre. Pero sí supo navegar ‘la mejor ola de nuestros mares en la historia’.
–    Humala se equivocó de ola.
–    PPK SI LO PUEDE HACER:

¿Qué necesitamos los peruanos?

–    Educación de calidad para el nuevo mundo.
–    Acceso a la salud para todos los peruanos.
–    Seguridad ciudadana.
–    Empleo de calidad
–    Oportunidades para todos.
–    Ingresos altos.

¿Podemos lograrlo?

Sin lugar a dudas, pues tenemos:

–    Un país maravilloso.
–    Todos los recursos que podemos necesitar. El país nos queda grande a los 30 millones de peruanos.
–    Nuestra gente es trabajadora, creativa y resiliente.
–    El mundo tiene mucha riqueza esperando para enviarla al Perú, cuando multipliquemos la producción y exportación de nuestras:

– Frutas y hortalizas
– Peces
– Minerales
– Maderas
– Granos, tubérculos y raíces andinas
– Fibras naturales

Así cómo cuando multipliquemos el turismo por cinco.

¿Cómo hacerlo?

–    Con una verdadera revolución educativa.
–    Con un shock productivo.
–    Con inversión que da crecimiento y recursos fiscales para la educación, salud, infraestructuras y programas sociales productivos, como el de Sierra Productiva.
–    Con reformas institucionales en lo:

     – Judicial,
     – Policial,
     – Político,
     – Burocrático, y 
     – Regulatorio.

¿Qué debe producir todo esto?

>>>   Éxito
>>>   Orgullo
>>>   Sentido de pertenencia
>>>   Identidad nacional
>>>   Confianza en el futuro y entre los peruanos

¿Cómo podemos redondear la faena? – Con:

•     Un Visión positiva y compartida de futuro
•     Liderazgo (Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala)
•     Compromiso con la acción de todos los peruanos.

El Perú es un país en construcción.
Todos debemos poner ladrillos.

Pero falta algo muy importante:
La unión, la convergencia de los grupos políticos comprometidos con la creación de un país moderno y con ciudadanos ricos.

Lamentablemente no todos los grupos políticos, ahora representados en el Parlamento, están identificados con la Constitución de la República, con la economía de mercado, con la modernidad, con el Estado de Derecho y con los valores de la democracia.

Por ejemplo, en el caso del llamado Frente Amplio (ya en descomposición), en su último acto de la campaña, en el debate multipartidario, insistieron en el cambio de la Constitución del 93. Todos sus grupos han adscrito los absurdos planteamientos del pos-extractivismo que va contra la economía de mercado, la modernidad y los pobres del campesinado^[1]. Sus líderes más connotados han atentado contra el Estado de Derecho en relación a los llamados conflictos sociales, en los que pretenden imponer sus ideas por las buenas o las malas. Y, por último, pero no por menos, muchos de ellos no son verdaderos demócratas, pues siguen defendiendo como democrática la dictadura venezolana, a la que no tocan con ni con el pétalo de una rosa, a pesar de la crisis humanitaria que le ha impuesto a su pueblo.

No nos dejemos engañar por las poses políticas ni por el manejo mediático de nuestros izquierdistas de las ‘ideas muertas’. En el Perú no podemos caer en el ‘síndrome de Chamberlain’. 

Esperamos que los líderes de los partidos pro mercado y modernizantes de la política y del Estado logren organizar un gobierno de ‘co-habitación’, como sugirió un importante estudioso en la Hora N el 29 de julio pasado. Esperamos mucho de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, así como de Fernando Zavala y Luz Salgado. Todo el Perú lo necesita. Lampadia     

^[1]: El sector agrícola solo puede crecer, sostenidamente, llegando a más estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años, una persona solo puede comer un kilo de comida por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano? Si 3 millones de agricultores pueden abastecer a 27 millones de habitantes, sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos. Pero si exportamos a mercados de 2,700 millones de personas, en teoría, cada agricultor podría abastecer a 900 consumidores, 100 veces más.Ese es el potencial de este sector, el eventual enriquecimiento de nuestros campesinos, que, además, son dueños de la mayor parte de las tierras agrícolas del Perú. Ver en Lampadia: Agroexportación: Una industria de clase mundial. 

Nuestra afamada economista, Liliana Rojas-Suárez, del Center for Global Development, en Washington, estuvo en Lima hace un par de semanas para exponer sobre los avances de la inclusión financiera en el Perú, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico. Como sabemos, el crédito es una palanca esencial para el desarrollo de los ciudadanos y las empresas, especialmente las más pequeñas.

El Perú ha sido víctima de una de las mayores y más largas hiperinflaciones de la historia mundial y, además, hemos tenido 30 años (60 – 90) en que se apagaron las luces de la economía. Ambos procesos nos hicieron un daño estructural del que aún no nos recuperamos del todo, nos llevaron a niveles de pobreza largamente por debajo de nuestro potencial de ingresos y propiciaron la emergencia de una informalidad difícil de contrarrestar, entre muchos otros efectos. Pero estos dos aspectos, más las regulaciones no incluyentes, determinaron que solo una pequeña fracción de nuestros ciudadanos tenga acceso al crédito formal.

El siguiente artículo de Rojas-Suárez, nos explica la situación de la inclusión financiera en el Perú:

Liliana Rojas-Suárez 

FORO ECONÓMICO – UN BLOG LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA POLÍTICA

8 de julio, 2016

Desde el 2010, el Grupo de los 20 (G-20) ha reconocido a la inclusión financiera como uno de los pilares centrales para el desarrollo económico. A su vez, los esfuerzos e iniciativas para promover la inclusión financiera vienen aumentando significativamente en los últimos años a nivel global, incluyendo América Latina y Perú.

En líneas generales, los esfuerzos de las autoridades y el sector privado parecen estar brindando varios resultados positivos. Por ejemplo, el Banco Mundial, a través de su base de datos Global Findex, muestra un incremento a nivel global entre el 2011 y el 2014 de 10.1% en el porcentaje de adultos que tienen cuentas en alguna institución financiera formal[1]. América Latina, en general; y Perú en particular, no son excepciones. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el rezago de la región con respecto a otros países con grado similar de desarrollo (medido por el ingreso real per cápita) es bastante amplio y no ha mostrado cambios significativos en años recientes. De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, en tanto que la mediana del indicador de inclusión financiera muestra un incremento importante tanto para la región como para otros países con similar grado de desarrollo (sus pares), la brecha en la tenencia de cuentas bancarias de países latinoamericanos con respecto a sus pares no ha cambiado de manera significativa (pasó de 20.2 a 19.5 puntos porcentuales).[2]

Cuadro 1. Brecha de Inclusión Financiera en América Latina

A nivel de país, Perú muestra una de las mayores brechas de inclusión financiera en la región (29.9 puntos porcentuales). [3] En el Gráfico 1, sólo México y Uruguay presentan brechas de inclusión financiera mayores a las de Perú (en el caso de Uruguay, la amplitud de la brecha se explica en gran parte porque sus pares son economías con un grado relativamente alto de desarrollo económico e inclusión financiera[4]).

Gráfico 1. Brechas de Inclusión Financiera entre países latinoamericanos y sus pares respectivos (puntos porcentuales)

¿Qué explica la amplitud y persistencia de la brecha de inclusión financiera en América Latina, particularmente en Perú? Para contestar esta pregunta, me baso en el marco analítico y metodológico desarrollado en Rojas-Suarez y Amado (2014) y su respectiva revisión y actualización en Rojas-Suarez (2016). En dicho análisis, se enfatiza el rol de las características sociales y económicas en las que operan los mercados de servicios financieros. En particular, se destacan cuatro categorías de obstáculos que frenan la inclusión financiera: inestabilidad macroeconómica, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales e ineficiencias del sector financiero.[5]

Como resultado de la investigación empírica en estos trabajos, se identificaron las variables (a nivel de país) que afectan significativamente a la inclusión financiera en América Latina en forma adversa:

(a) La volatilidad de la tasa de interés real (variable macroeconómica), a través de su efecto sobre la demanda por servicios financieros en el sector formal: altos niveles de volatilidad han estado asociados históricamente con crisis financieras y grandes pérdidas de los depositantes en los sistemas bancarios.

(b) Desigualdad del ingreso (variable de desigualdad socioeconómica), que resulta en fuertes resistencia de grupos de poder establecidos para implementar reformas que promuevan la inclusión financiera (Claessens y Perotti, 2005).[6]

(c) Debilidad del Estado de Derecho (variable institucional)[7], debido a que en sociedades con calidad institucional baja, los contratos entre acreedores y deudores tienden a no cumplirse; lo que a su vez genera desincentivos para que los depositantes confíen sus ahorros a los bancos y otras instituciones financieras y para que las entidades financieras otorguen créditos a deudores pequeños y relativamente más riesgosos.

(d) Ratio de costos administrativos a activos totales del sector bancario (variable de ineficiencia del sector financiero), en la medida en que ratios altos se asocien con costos elevados para la provisión de servicios financieros.

(e) Concentración bancaria, que puede resultar en un comportamiento oligopólico en detrimento de la inclusión financiera, pues genera incentivos a los proveedores a enfocarse en los clientes menos riesgosos que pueden pagar altos costos de servicios financieros. Sin embargo, la evidencia muestra que los efectos de la concentración bancaria sobre la inclusión dependen de la calidad de las instituciones.

(f) Interacción entre la concentración bancaria y la calidad institucional: la combinación de una concentración bancaria elevada en un contexto de calidad institucional débil tiende a ser adversa para la inclusión financiera, pues genera discriminación en contra de clientes de ingresos bajos y a bloquear políticas que permitan la incorporación de nuevos proveedores de servicios financieros.

Los resultados de la investigación econométrica presentada en Rojas-Suarez (2016) permiten analizar la importancia relativa de los obstáculos que acabamos de discutir en la explicación de la brecha de inclusión financiera entre América Latina y sus pares. Utilizando los coeficientes estimados y los valores promedios de las variables consideradas para América Latina y sus pares, el valor estimado para de la brecha de inclusión financiera de América Latina es de 16.8 puntos porcentuales en términos absolutos (incluyendo determinantes idiosincráticos y no idiosincráticos[8]); en tanto que el valor observado de dicha brecha es de 13.7 puntos porcentuales.[9]  El Gráfico 2 presenta la contribución implícita de los determinantes (no idiosincráticos) de la inclusión financiera para explicar la brecha.

Gráfico 2. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera entre América Latna y sus pares (puntos porcentuales)

El resultado central es que las debilidades institucionales y la desigualdad del ingreso son los factores más importantes para explicar la brecha de inclusión financiera de la región en relación a sus pares. La contribución de la inestabilidad macroeconómica (medida por la volatilidad de la tasa de interés real), aunque relevante, es relativamente menos importante y la contribución del ratio de costos administrativos bancarios es mínima. (Nótese una vez más que, aunque las variables consideradas son importantes para explicar la inclusión financiera, solo algunas cobran relevancia para explicar la brecha).

Como se mencionó anteriormente, la calidad institucional cumple un rol dual. Las debilidades institucionales tienen un efecto adverso directo sobre la brecha de inclusión financiera, pero también tienen un efecto indirecto mediante su interacción con la concentración bancaria. En primer lugar, de acuerdo a nuestros cálculos, los efectos directos de los problemas institucionales contribuyen a explicar más de 7 puntos porcentuales de la brecha. En segundo lugar, a pesar de que la concentración bancaria contribuyó a reducir la brecha en 2.48 puntos porcentuales (indicando que los sistemas bancarios son más concentrados en los países pares que en América Latina), sus efectos indirectos a través de la interacción con la variable de debilidad institucional explican 5.8 puntos porcentuales de la brecha. O sea, por sí mismas, la diferencia de concentración bancaria entre la región y sus pares no ha afectado positivamente la brecha de inclusión, pero sí cuando esta diferencia se ajusta por el impacto de la calidad institucional.

¿Qué factores explican la brecha de inclusión financiera en el Perú?

Los resultados econométricos presentados en Rojas-Suarez (2016) pueden también utilizarse para analizar los factores que explican la brecha de inclusión financiera en el Perú con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo económico (sus pares). La misma metodología utilizada en el Gráfico 2 para la región en su conjunto se emplea para construir el Gráfico 3, a nivel de país. En el gráfico se presenta a Perú y, como puntos de comparación, a México y Chile. Incluimos a México por tener una brecha de inclusión financiera mayor que la de Perú y a Chile porque su brecha es solo un tercio que la de Perú (Gráfico 1).

Gráfico 3. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera en México, Perú y Chile (puntos porcentuales)

El gráfico muestra similitudes y diferencias muy importantes entre los tres países. Las similitudes son que ni la volatilidad de la tasa de interés real ni el ratio de costos administrativos bancarios juegan un papel relevante en explicar las brechas de inclusión financiera.[10] Este es también el caso cuando se considera la región en su conjunto (gráfico 2).

Las diferencias son más notables que las similitudes. En los países de baja calidad institucional (Perú y México)[11], los efectos directos e indirectos de la debilidad institucional son los factores dominantes para explicar la brecha de inclusión financiera. En contraste, en Chile, su alta calidad institucional contribuye a reducir la brecha de inclusión financiera.

La alta concentración bancaria en Perú es también un factor importante en la explicación de la brecha. Esta alta concentración en un entorno débil institucionalmente desalienta la inclusión financiera y por tanto incrementa la brecha con respecto a sus pares.

Aunque la desigualdad del ingreso contribuye a explicar las brechas de inclusión financiera en los tres países, este factor destaca significativamente en Chile como el componente más importante.

La lección que se deriva para Perú es clara y simple: los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera se verán seriamente limitados en ausencia de reformas significativas para mejorar la calidad de las instituciones (el respeto al Estado de Derecho, la independencia y eficacia del sector judicial y la efectividad del gobierno en la implementación de sus políticas). En ausencia de estas reformas, es difícil esperar que el Perú pueda acortar la brecha que lo separa de sus pares, los cuales han logrado incorporar porcentajes mucho más altos de la población al sistema financiero formal.

Referencias

Claessens, Stijn and Enrico Perotti, 2005, “The Links between Finance and Inequality: Channels and Evidence”, University of Amsterdam, March

Rojas-Suarez, Liliana (2016), “Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks Policy Issues”, Inter-American Development Bank, Department of Research and Chief Economist, Discussion Paper No. IDB-DP-464

Rojas-Suarez, Liliana and María Alejandra Amado (2014), “Understanding Latin America’s Financial Inclusion Gap”, Center for Global Development, Working Paper 367, May

[1] Indicador de inclusión financiera considerado en este texto.

[2] Una brecha positiva indica que la inclusión financiera es mayor en los pares de América Latina que en (la mediana de) los países latinoamericanos.

[3] Los resultados son similares si se utilizan indicadores alternativos de inclusión financiera, tales como acceso al crédito o utilización del sistema financiero formal para realizar transacciones o ahorrar.

[4] Lo opuesto ocurre en los casos de Bolivia y Ecuador, dos países de bajo nivel de desarrollo a nivel mundial.

[5] En Rojas-Suarez y Amado (2014) también se investiga el rol de características individuales. Un resultado importante es que el efecto de tener educación secundaria sobre la probabilidad de estar incluido financieramente es mayor en América Latina respecto a sus pares.

[6] Sin embargo, otros autores argumentan que las mejoras en la inclusión financiera pueden contribuir a reducir la desigualdad. Aunque esto sugiere la posibilidad de doble causalidad entre la desigualdad del ingreso y la inclusión financiera, los estudios empíricos considerados en este texto indican que la primera causa a la segunda.

[7] Otras variables de calidad institucional tienen un efecto similar sobre la inclusión financiera.

[8] El componente idiosincrático de la brecha corresponde al valor del coeficiente de una variable dummy para países latinoamericanos incluida en la regresión.

[9] Nótese que para este ejercicio, nos estamos refiriendo a la brecha promedio de América Latina con respecto a sus pares (13.7 puntos porcentuales). Como se mencionó anteriormente, la mediana de la brecha es 19.5 (Cuadro 1).

[10] La contribución del ratio de costos administrativos es tan pequeña que no se visualiza en el gráfico.

[11] En el indicador de “Estado de derecho”, un indicador de calidad institucional del Banco Mundial, Perú y México ocupan los lugares 140 y 130 respectivamente en una muestra de 204 países, en tanto que Chile ocupa el puesto 26.

Lampadia

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia

Don José María Ruiz Soroa, abogado español, nos ha regalado una reflexión muy sesudo sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas (españoles) que parece escrita para el Perú, tanto por su contenido como por su oportunidad.

Ruiz Soroa dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. En el Perú podríamos decir que la selva normativa ha alejado del Estado de derecho a la mayoría de los ciudadanos y emprendimientos productivos (informalidad) y, ha mediatizado nuestra creatividad y capacidades productivas.

Con motivo del enredo legislativo del proceso electoral (10/03/2016), editorializamos, El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’, en que afirmamos: 

“Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos?”

“Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’.”

“Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.”

En pocos días se instalará el nuevo Congreso de la República, 130 parlamentarios están listos para iniciar su labor y ya tienen muchos proyectos normativos bajo el brazo. ¡ALTO! Lean primero a Ruiz Soroa: ¡DEJEN DE LEGISLAR!

Sí, antes de arrancar la carrera equivocada, aquella que Carlos Ferrero publicitaba sobre los congresistas ‘más productivos’, lean, mediten y hagan una tarea previa: vean como reducir el peso normativo que nos asfixia a un conjunto de dispositivos  que no supere un 20% de lo que tenemos hoy.

Por otro lado, los ciudadanos debemos organizar un concurso de ‘calidad normativa’, para evaluar a los nuevos congresistas. (No se ‘chupen’ gremios empresariales, académicos, etc.).

Gracias por una reflexión tan acertada y oportuna, Doctor Ruiz Soroa.

¡Dejen de legislar!

Los partidos políticos miden el éxito de su gestión por el peso o las páginas (…) no les interesa el cumplimiento o los efectos reales que hayan producido. La vorágine normativa ha devaluado el Estado de Derecho.

Por José María Ruiz Soroa, Abogado

El País de España, 06 de junio de 2016

Comentado y glosado por Lampadia

Lo escribía ya hace años el implacable realista que es Giovanni Sartori: el Estado de derecho no es el Estado que crea a su albedrío y sin cesar un nuevo derecho, sino un Estado en el que el ejercicio del poder está limitado por vínculos jurídicos precisos y estables. De ello se desprende que la gigantesca burbuja de la praxis contemporánea de “gobernar legislando” está vaciando el Estado de derecho, convirtiéndolo en un gobierno de los hombres aunque sea en nombre de la ley. La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real.

“El marco normativo (español) [peruano] es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en (España) [Perú] cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos länder también disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos (españoles) [peruanos], de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto.

Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará.

Si algún bien ha traído la sectaria incapacidad de nuestros partidos para formar Gobierno es la de que durante unos nueve meses ha cesado la diarrea legislativa que parece consustancial a la política patria.

Claro que, todo hay que advertirlo, el futuro se presenta por ello mismo más amenazante aún, pues prima el proyecto ansioso y prestigioso de regenerar el sistema político (consista esto de regenerar en lo que sea, que es difícil saberlo) y, para ello, ponerse a legislar a calzón quitado sobre todos los defectos detectados, sospechados, imaginados o atribuidos a ese pobre espantajo que es “el sistema”.

Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula.

No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas. En el fondo, me temo, el discurso de la regeneración forma parte de la fase de degeneración, no es sino uno de sus últimos estadios.

Me atreveré a proponer una hipótesis radicalmente contraria a la de la vulgata políticamente correcta. ¿Y si el mayor defecto de las instituciones españolas consistiera, precisamente, en la sobreabundancia de normas reguladoras? ¿Y si lo que hubiera que cambiar fuera, cabalmente, el hábito de intentar resolver los problemas añadiendo leyes a normas y amontonando decretos sobre pragmáticas? ¿Y si tal hábito no fuera, exactamente, sino una manifestación de la falta de estudio ponderado de los problemas y a la vez de la urgencia por la explotación política de las operaciones legiferantes? Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

¿No convendría entonces, para mejorar la calidad de nuestro Estado de derecho, hacerle una poda severa?

¿Por qué entonces no intentar la mejora operativa de las instituciones mediante el simple y barato método de dejar de producir leyes? Por lo menos por un tiempo. ¿Qué les parecería como programa el de dar al Parlamento un descanso mínimo de dos años sin legislar? ¿Qué harían entonces los parlamentarios electos?

Bueno, mi sugerencia es la de que parlamenten políticamente, que para eso sí están. Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia.

Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

La sobreabundancia de leyes manifiesta una falta de estudio ponderado de los problemas. 

Lampadia