David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El sector privado tendrá que ser mucho más proactivo socialmente si quiere recuperar influencia en las decisiones públicas.

Hace poco mencioné la importancia de que el Estado incluya, por el bien del país, al sector privado y asociativo en la elaboración de decisiones (sistema de advisory boards) y en su ejecución (estrategia de canales de ejecución). Mejorará así la calidad de la gestión pública. Para ello, afirmaba, es necesario un cambio de mentalidades en la clase política.

Algunos objetan que el empresariado también debe cambiar. No les falta razón. Lamentablemente, a lo que se refieren con esto es que los empresarios deberían apoyar las “buenas” causas, no oponerse a tratados internacionales (viene en mente el reciente acuerdo de Escazú) ni a regulaciones, donar generosamente a las ONG correctas, y realizar regularmente actos de contrición, estilo CADE 2019 – en suma, ser buenos niños.

En vez de eso, lo que el empresariado debe hacer es ganar el apoyo de la población a través de acciones de alto impacto. Las voces más liberales objetarán que las empresas, por el solo hecho de existir en su actividad lucrativa, tomando riesgos, invirtiendo, innovando, etc., ya le hacen bien al país. Aunque esto es cierto, ya no es suficiente.

La estrategia que proponemos tiene tres aristas principales:

1) Servicios sociales directamente financiados y manejados por el sector privado. Hay muchos campos en los cuales el empresariado puede intervenir. Citemos por lo menos uno, en el ámbito educativo. Cientos de miles de estudiantes deben trabajar para pagar sus estudios. Un alto porcentaje los abandona. En el contexto actual de alto desempleo, y de clases virtuales que exigen inversión en material informático, el problema se ha agudizado. Las becas de continuidad del Estado solo alcanzan a 10,000 estudiantes. Hace falta un programa privado hoy – ¡ayer! – que beneficie al 5to superior en sectores clave (computación, electromecánica, técnicos agrónomos, etc.), y sin mucho papeleo. Hacer esto realidad, como lo hacen las cámaras de comercio en Francia, tendría un impacto considerable, tanto real como perceptual.

2) Diseño de políticas públicas. Aunque el Gobierno en estas épocas no le pida mucho su opinión, nada impide al sector privado desarrollar propuestas. Mi recomendación aquí es que cada empresa y/o gremio elabore un programa detallado en las áreas que mejor conoce y las haga de conocimiento público – lo que nos lleva al tercer punto:

3) Comunicación agresiva. El discurso antiempresa funciona por saturación. Un cierto número de periodistas, consciente o inconscientemente, lo repiten día y noche en varios canales de televisión y en los periódicos. Las redes, a su vez, lo amplifican. En ese contexto, simplemente esperar que la contribución del sector privado se vea por sí sola es ingenuo. Hay que dar a las obras y a las ideas de nuestro empresariado amplia difusión. Tal vez se debería crear un nuevo canal televisivo. Como mínimo, se debería ejecutar una estrategia de redes agresiva.

Una mayor proactividad permitirá al sector privado adquirir – recuperar, en algunos casos – el grado de influencia que debería tener en los asuntos públicos. La indiferencia, la pasividad y el silencio de la sociedad civil son tan nocivas como el estatismo, y le dan pie. Lampadia

Ni estatismo ni estricta subsidiariedad: necesitamos un Estado que sepa liderar

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Ante el fracaso estrepitoso del Perú en la lucha contra el COVID-19 (alta propagación y mortalidad, alto impacto económico) la prensa televisiva y un sinnúmero de comentaristas se han esforzado en culpar al pueblo, a la informalidad, o a las carencias en el sistema de salud.

Esta tentativa, frecuentemente motivada por una voluntad de exonerar al gobierno de toda responsabilidad, así como por agendas ideológicas, ignora la naturaleza misma de la labor de gestión, ya sea pública o privada. Esta requiere entender el contexto en el que se opera, y adaptar su accionar en consecuencia.

Todos conocíamos desde hace mucho antes de la pandemia cuales eran nuestras debilidades estructurales. La labor del gestor público era entonces encontrar maneras de esquivar esas dificultades y no, como se hizo, simplemente adoptar el paquete enlatado de la OMS anunciando que si este no funcionaba sería culpa de la población.

Para ello, era necesario un diálogo con los actores económicos y de la sociedad civil afín de anticipar los problemas, encontrar soluciones y planear la mejor manera de implementarlas. Sin embargo, el Gobierno no optó por esta vía. Los ejemplos de oportunidades perdidas abundan, desde involucrar rápidamente a laboratorios privados en el esfuerzo de testing a apoyarse en asociaciones caritativas y empresas para reparto de ayuda.

Incluso el caso de las UCI en clínicas privadas – tan mediatizado como prueba de codicia excesiva del privado – es uno en el que, si el Estado hubiera sido mas proactivo en buscar apoyo, hubiera podido evitar conflictos destructivos y salvar vidas.

Esta falta de consultas y de cooperación que hemos observado se debe a una concepción errónea del Estado como entidad que debería solucionar problemas con sus propios medios. Subyacente a esta carencia está una desconfianza generalizada en el sector privado y la sociedad civil, y una idealización – antigua, pero renovada cíclicamente por personajes que no aprenden las lecciones de la historia – del Estado como repositorio único de la virtud y del desinterés.

Esta concepción de un Estado como gestor monopólico debe substituirse por la de un Estado que demuestra liderazgo, en un sentido moderno del término. Es líder quien sabe situarse al centro de una red de conceptores y de implementadores. Así:

1) Todo paquete de medidas de importancia debería necesitar el trabajo de un amplio comité consultativo (como los Advisory Boards en Estados Unidos) reuniendo actores públicos y privados – no solo “expertos” – para recabar ideas, inteligencia de terreno y diagnósticos de un amplio pool no solo de talento sino de conocimiento local.

2) Del mismo modo, la implementación de un paquete de medidas debería exigir responder previamente a la pregunta: ¿Quién – dentro y fuera del Estado – tiene las capacidades de ejecutar estas acciones? Y luego se debería coordinar la implementación entre diversos actores públicos y privados.

No se trata, por cierto, de reafirmar el carácter subsidiario de la intervención estatal enunciado por la constitución de 1993. Es perfectamente concebible tener un Estado proactivo – en el contexto de una sociedad civil que tiene dificultades en generar sus propios equilibrios – pero que se apalanque sobre el sector privado y asociativo para alcanzar sus objetivos.

Es más, en cierto modo, la idea misma de subsidiariedad genera una división conceptual contraproducente, que, así como limita el rol del Estado, hace lo mismo para el sector privado. Basta así que algunos consideren que el sector privado ha “fallado” – muchas veces por miopía o por equilibrios subóptimos – para que se justifique el que el Estado asuma directamente la responsabilidad de concebir y proveer servicios que están por encima de sus capacidades de concepción y de ejecución. En realidad, no tiene por qué haber campos en los que el Estado no pueda ejercer liderazgo, ni áreas de las que el sector privado deba ser excluido. 

Este nuevo modo de gobernanza que proponemos permitiría no solo lidiar mas eficazmente con situaciones de emergencia, sino también encontrar mejores soluciones a largo plazo a nuestros problemas estructurales – en salud, educación, infraestructura, diversificación económica, y reducción de la informalidad. Evitaría también caer en una experiencia estatista que, con los recursos y competencias existentes, estaría condenada al fracaso. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Desarrollar las capacidades de reparto a domicilio a gran escala es clave, y no haberlo hecho antes nos ha costado caro

A medida que aumenta el número de infectados oficiales en el Perú, es cada vez más plausible que el avance del COVID-19 sea difícil de detener, y que este solo llegue a su fin mediante inmunidad de manada, o a través de mutaciones que lo vuelvan menos letal, o una vacuna. No obstante, sigue siendo pertinente el objetivo de disminuir la velocidad de propagación, con el fin de impedir un desborde de servicios de salud aun peor del que vemos hoy en varios puntos del país.

En ese sentido, hay que seguir tratando de evitar aglomeraciones. La principal de estas se genera, desde hace varias semanas, en la actividad de realizar compras en mercados y supermercados. Son millones de personas que convergen aleatoriamente en un “embudo” y salen contagiadas. La solución lógica – aparte de “ampliar el embudo” mediante horarios extendidos que permiten menor concentración, lo opuesto de lo que el gobierno logró – es mayor reparto a domicilio (lógica de radiación controlada). ¿Qué recursos logísticos se necesita y qué impacto puede tener sobre la velocidad de propagación del virus?

El canal moderno

Tomemos el ejemplo de un supermercado, que es más fácil de analizar. Un supermercado promedio en Lima atiende a unas ~5000 – 6000 personas, y mide 1500m2 (promediando formatos muy variados). Unas 100 personas pueden entrar simultáneamente respetando buenas prácticas de distanciamiento. Cada persona va 2 veces por semana en este contexto. Digamos también que de las 6,000 personas “target” el 1%, o 60, está infectado con el coronavirus (nota: los casos que se registran hoy representan el 0.3% de la población, pero la realidad es probablemente un múltiplo de eso). Digamos finalmente que cada vez que uno va al supermercado, tiene contacto riesgoso con 2 personas (se acercan mucho, no usan bien la máscara, etc.).

Pongamos ahora, en vez de clientes, a 100 preparadores de pedidos en el súper, durante dos horas sin acceso al público, preparando – conservadoramente – 5 pedidos por hora. Con eso, y agregando a 8 camiones con 25m3 de capacidad y 16 personas de reparto – chofer y ayudante – calculamos que se cubren todas las necesidades de la clientela de ese establecimiento (6000 pedidos semanales, puesto que se puede manejar pedidos más grandes). Digamos que los preparadores tengan 2 contactos riesgosos cada hora, y que un individuo en el grupo esté infectado al comienzo – misma ratio que en el caso de los clientes.

¿Qué resultados obtenemos en cada caso? Si el cliente va a comprar, la probabilidad en un viaje de ser contagiado es baja. Sin embargo, a cabo de un mes, ya es de ~15% para cada cliente. En el caso de los preparadores, la probabilidad a cabo de un mes supera el 60%. Sin embargo, en números, estamos hablando de casi ~900 clientes infectados versus ~60 preparadores. Esto, claro, suponiendo que los protocolos de reparto sean muy estrictos, y que no se generen contactos entre repartidores y clientes. Si estas condiciones se cumplen, la fórmula de reparto a domicilio es mucho más segura en números absolutos (si no se cumplen la “radiación” se vuelve tóxica).

Otra ventaja importante: los infectados en el caso del equipo de preparadores son más fácilmente detectables, “traceables” que los clientes, y tienen un perfil de edad que los hace menos vulnerables que la población promedio de clientes. Al recuperarse, devienen en un “pool” inmune y la operación se vuelve cada vez más segura.

¿Se puede realizar esto a gran escala? Para cubrir los ~2.5 millones de clientes del canal moderno en Lima, necesitaríamos a 50,000 preparadores (tal vez el doble al comienzo puesto que al detectarse infecciones se pondría en cuarentena a los primeros equipos), 4,000 camiones medianos y 800 repartidores. No son cifras imposibles. Lo complejo es que: a) los supermercados no tienen los sistemas o protocolos o entrenamiento del personal necesarios para atender semejante volumen de pedidos y b) están acostumbrados a lidiar con transportistas en modalidad de “owner-operator” con tarifas bajísimas, en vez de empresas logísticas bien organizadas. Sin embargo, todo esto podría cambiar.

El canal tradicional

El canal “tradicional” (mercados, bodegas), ampliamente informal, es más complejo de abordar puesto que: a) los mercados son más difíciles de “navegar” y organizar, b) es un número aún mayor de personas a las que se abastece y c) tanto los comerciantes como los consumidores de este canal tienen menos acceso a los aplicativos digitales para formular y procesar pedidos. No obstante, no es absurdo pensar que se podría segmentar entre clientes que sí tienen acceso al canal digital y aquellos que no. Los que sí podrían realizar pedidos y ser atendidos a partir del canal moderno (ampliando aún más la capacidad de reparto) utilizando vouchers y los que no podrían recibir canastas familiares algo más discrecionales – tanto los vouchers como las canastas reemplazando en parte el bono de subsistencia.

El canal informal también podría prestarse por ejemplo a que se genere un sistema de “hubs and spokes” (redes radiales) en el cual cantidades suficientes de alimentos son direccionadas desde centros de abasto hacia mercados callejeros ad-hoc siguiendo normas de distanciamiento social, con mucho menor distancia, y mucho menor aglomeración.

Esto haría eco a los esfuerzos realizados por las autoridades de Wuhan para alimentar a la población durante la pandemia. El principio es simple: el comprador es ineficiente en sus desplazamientos – desordenado, realizando miles de viajes para cargas leves en cada ocasión. El delivery centralizado es eficiente, limitando el número de desplazamientos para todos. Además, la concentración del contacto en unos pocos permite mucho mayor trazabilidad, y con el tiempo se puede emplear casi exclusivamente personal inmunizado.

Corresponde a los sectores de retail y logística generar estas capacidades, puesto que hoy estamos lejos del nivel que necesitamos. Corresponde al Gobierno a) dar las facilidades a las iniciativas del sector privado en este campo y no entrampar a las mismas en regulaciones excesivamente meticulosas; b) generar soluciones en el caso del canal informal ya sea apoyándose en empresas privadas o temporalmente con medios propios (ej. utilizando a las fuerzas armadas). Otros puntos de apoyo posible: las ONG, la Iglesia católica y otras. La falta de colaboración con instituciones fuera del Estado ha sido una de las grandes debilidades en la reacción gubernamental esta pandemia.

Hubiera sido bueno hacerlo antes, pero no es demasiado tarde

Se dirá tal vez que la solución viene muy tarde, puesto que ya el problema se está trasladando a Gamarra, o al transporte público. Sin embargo, los mercados y supermercados seguirán siendo fuente de contagios. Además, las largas colas que los clientes deben realizar por la limitación del aforo generan serias pérdidas de productividad laboral e innecesarios niveles de estrés. En general, el reparto es más eficiente, ecológico, y sano. En esta fase crítica de la pandemia deberíamos tratar de probar esta solución a gran escala, ayudando a reducir la velocidad de propagación del virus. Para la “nueva normalidad” la solución debería subsistir. Y, para la próxima pandemia, estaremos mejor preparados. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Pese a haber decretado relativamente temprano una de las cuarentenas más restrictivas, el Perú ocupaba al 12 de mayo el puesto 14 en el mundo en número de infectados, con más de 68mil casos.

Sin embargo, como el número absoluto de casos confirmados depende mucho del número de pruebas realizadas, es más relevante analizar la tendencia en el porcentaje de pruebas que dan positivo. En el Perú, ese porcentaje está en aumento, y eso es preocupante.

Como ya lo dijimos antes, el exceso de restricciones es muy probablemente directamente culpable de esto, al generar aglomeraciones en los momentos menos restringidos. Esto se sabe desde hace varias semanas, habiendo recibido amplia cobertura con ocasión de la brillantemente pensada “alternancia de género” y otras medidas absurdas.

La pregunta es: ante un manejo tan defectuoso, y mal conocedor de las diversas realidades sociales, ¿cómo es posible que el gobierno siga teniendo altas tasas de aprobación? Parte de ello es un efecto óptico (se “actuó” rápido) y de psicología social (la popularidad del líder en situaciones de amenaza común tienda a elevarse). Pero parte también se debe a que no hay cuestionamiento en vivo que desnude, a vista de todos, las debilidades del gobierno.

Mientras otros líderes mundiales deben rendir cuentas a una prensa independiente y a veces hostil, cara a cara, día a día, el nuestro parece intocable detrás del formato de preguntas leídas, o entrevistas a cargo de periodistas complacientes. Esto puede ser cómodo para el gobierno, pero es peligroso, ya que le permite a este evolucionar en una burbuja, en la que se juntan perfiles teóricos e ideólogos cuyas acciones son poco efectivas y a veces totalmente contraproducentes.

Con mayor cuestionamiento, tal vez se verían forzados a adaptar sus políticas a distintas realidades locales, a escuchar más al sector privado, diversificar los expertos, etc. A fin de cuentas, cambiar ese “chip” que huye de la crítica por uno que la utiliza para generar mejores procesos de decisión no sólo beneficiará a la población: hará también que la historia juzgue a estos gobernantes con mayor benevolencia. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El gráfico de la semana ilustra lo que ya sabíamos, pero que siempre es útil visualizar de manera sintética. Enfocando el análisis sobre nuestra capital, lo que comenzó como un fenómeno de la Lima tradicional se ha desplazado hacia los distritos más densamente poblados (San Juan de Lurigancho por ejemplo cuenta con más de 1.1 millones de personas, comparado con los 80 mil de Miraflores) – algo que indica también el “potencial” que aún tiene la enfermedad.

Ya comenté anteriormente la ineficacia relativa de la cuarentena en el Perú si consideramos la velocidad de impacto que ha tenido en metrópolis como Nueva York, y el rol de factores estructurales en ese resultado. La pregunta es: ¿el gobierno no los conocía? ¿No conoce los patrones de consumo? ¿No podía anticipar el hecho de que – como lo hemos mencionado antes – las restricciones más fuertes generan aglomeración en horas “libres”?

La impresión que genera la acción gubernamental es que es la “correcta” a grandes rasgos – o por lo menos en línea con recomendaciones de la OMS – pero a nivel local siempre termina siendo inadecuada: no aprovecha las oportunidades que ofrece la baja densidad y mayor presencia del retail moderno en una parte de la ciudad, ni genera esquemas que permitan verdaderamente cumplir con las medidas en zonas más densas y con mayor comercio tradicional. Y, en general, no parece entender muy bien los aspectos comportamentales.

Tratando de cubrir esa brecha, el Gobierno ha convocado a un equipo de sociólogos y psicólogos que le permitan entender más el “factor humano”. No solo debió haberse hecho esto antes, sino que es insuficiente. Lo que realmente se necesitaba era involucrar a las autoridades locales – no tanto como entes ejecutores, para lo cual muchas veces son supremamente ineficaces, sino trabajar con ellos en la elaboración de medidas – y así beneficiarse de su mayor familiaridad con las situaciones particulares de cada zona urbana.

El alcalde de Lima no fue parte de la elaboración del corpus de decisiones que hoy gobiernan las condiciones de vida de los limeños. Se entiende que existen reservas sobre las capacidades de muchas autoridades locales, pero… ¿la Municipalidad Metropolitana de Lima?

No confundamos el problema de la mala descentralización – y la manera como a veces se permite que intereses políticos en las regiones perjudiquen al país, como en el caso de Tía María – con el imperativo de permitir una mejor la representatividad y tomar en cuenta realidades locales en la toma de decisiones.

Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Lo que sigue con gráficos, y respectivos comentarios, que he generado a partir de data compilada por la universidad John Hopkins. Esto nos muestran tres cosas:

1. La cuarentena en Hubei, epicentro de la pandemia del COVID-19, parece haber resultado en una estabilización de casos reportados luego de unas 3 a 4 semanas. Si extrapolamos, podríamos ver algo similar en el Perú en una o dos semanas. Esto concuerda con estimaciones del Minsa que apuntan a una estabilización en 1,200 – 1,400 casos para esas fechas. En Italia, es posible que ya estemos entrando a la fase estabilización esta semana. Pero ojo, la cuarentena en Hubei no fue levantada sino hasta un mes después de que los casos reportados empezaran a estabilizarse.

2. Aun en los países que fueron exitosos en contener la pandemia rápidamente (Hong Kong y varios países asiáticos) empieza a haber un rebrote, al no estar aun inmunizada la población, y facilitados por el flujo de ciudadanos retornando del extranjero.

3. La estabilización en China se habría dado más rápido fuera de Hubei, a pesar de que las medidas tomadas en otras provincias fueron heterogéneas y en muchos casos menos severas. Es algo que no deja de llamar la atención y contribuye a las dudas sobre la confiabilidad de esta data.  

Comentario:

1- Es poco probable que el gobierno peruano haya realmente creído a mediados de marzo, a más de 50 días de empezada la cuarentena de Hubei, que dos semanas de aislamiento social iban a ser suficientes. Más parece que no se quiso alarmar a la población en ese momento sobre el esfuerzo que se le iba a demandar, pero no es ideal ni parece sostenible.

2- Queda cada vez más claro que esta situación se va a prolongar. Digamos que al 13 de abril hayamos llegado al punto de inflexión. ¿Es suficiente para salir de la cuarentena o tendremos que seguir un mes más post-estabilización, como en China? Todo dependerá de la capacidad de testear masivamente, identificar todos los casos y aislarlos. Suena razonable pensar que sólo se podrá ir levantando las restricciones de manera progresiva, e incluso regresar a cuarentena si hay un rebrote.

3- Vizcarra admitió el martes en conferencia de prensa que el retorno al statu quo ante no sería inmediato. Fue más allá incluso, puntualizando que había un “antes” y un “después”. Seria bueno que ahora si, se comunique con claridad sobre medidas posibles utilizando un horizonte más largo que 2 o 3 semanas, tanto sobre las medidas coyunturales como de las políticas públicas que subsistan después de la crisis, motivo de preocupación algún mayor potencialmente. Lampadia

Las emergencias no deben ser ocasión para agrandar al Estado, sino para agilizarlo

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Antes de los extraordinarios acontecimientos de las últimas semanas, se perfilaba ya con fuerza en la región un movimiento en favor del “más Estado”, impulsado en particular por enardecidas turbas en nuestro vecino del sur. Ahora, con el reto del coronavirus, los estatistas de todas las banderas sienten que tienen un argumento adicional. Existe también el riesgo de una creciente complacencia hacia el autoritarismo. Estas son concepciones y tentaciones a las que debemos resistir con fuerza.

1 – “Más Estado” no es la respuesta a la necesidad de prevenir o combatir una pandemia.

¿Cuáles son los países que hasta ahora han combatido más exitosamente la pandemia? Aquellos que reaccionaron con celeridad en la fase inicial de expansión del virus – Taiwán, Hong Kong, Singapur, Japón, en buena medida también Corea del Sur y probablemente Rusia – que testearon masivamente, aislaron los casos, y restringieron sus accesos fronterizos. Estos representan un amplio espectro en términos de ratio de gasto público / PIB – de 15% a 42% (los tres primeros, entre 15% y 18%).

Mientras tanto, entre los países que más sufren figuran algunos con altísimos niveles de gasto / PIB (España 41%, Italia 48%, Francia 56%). Y es que toda la estupenda infraestructura hospitalaria de estos países sería incapaz de lidiar con necesidades que en los casos de infección viral tienden a crecer a un ritmo geométrico – de ahí la necesidad de “aplanar la curva”. El mayor caso de éxito en Europa, Alemania, con un alto número de infectados, pero mortalidad de solo 0.3%, tiene una infraestructura hospitalaria comparable a la de Francia. En cambio, cuenta con una red de laboratorios que le permiten hoy realizar 160,000 tests a la semana y eso les da una ventaja considerable.  

Es decir, aunque sería beneficioso contar con un mayor número de camas de hospital y de UCI, por ejemplo, el factor determinante en una pandemia es la contención rápida, la cual se logra con más agilidad de decisión, y una mayor capacidad de acceder a recursos de contención que pueden estar en el sector privado como en el público. En Estados Unidos, empresas privadas tenían kits de prueba contra el virus, pero fueron detenidos por la burocracia y reglas alambicadas de la agencia a cargo de la certificación, la FDA.

2 – “Más Estado” tampoco es la respuesta adecuada para contrarrestar los efectos económicos de las medidas de cuarentena.

El aislamiento social forzado y diversas medidas menos extremas como el cierre de establecimientos públicos están teniendo un efecto devastador sobre las economías de los países desarrollados, y sin duda lo tendrán en nuestro país si esta situación se prolonga. En Estados Unidos, por ejemplo, Goldman Sachs prevé una disminución de -24% del PIB en el segundo trimestre, algo jamás antes visto.

Para contrarrestar esto, se requiere, sin duda, la intervención del Estado. Revisando las medidas propuestas inicialmente aquí, así como en Europa o Estados Unidos, sin embargo, es notorio que estas no requieren una estructura costosa en términos de gasto corriente. Distribuir ingresos de supervivencia a la población, aplazar fechas de declaración y pago de impuestos, relajar normas bancarias para aumentar la liquidez en el sistema para evitar que se rompa la cadena de pagos no requieren de un estado grande. Incluso si hubiera que hacer préstamos directos a las empresas en la eventualidad de que el sistema financiero decidiera no asumir riesgos, el impacto sobre gastos de estructura no sería dramático. Todas estas medidas sí requieren, en cambio, funcionarios competentes, y un amplio margen fiscal, el cual solo es posible si anteriormente ha habido disciplina presupuestal y una economía dinámica que generaba ingresos fiscales. Es una ventaja que tenemos hoy en el Perú.

Luego, cuando tengamos que reactivar la economía, ¿qué ruta seguiremos? ¿Más gasto público aún? Más eficaz será relajar normas laborales, reducir el número de fiscalizaciones al sector informal, y permitir moratorios en contribuciones a las AFP o CTS, por ejemplo, para darles a las empresas un respiro y permitir mayores contrataciones. Asimismo, destrabar proyectos de concesiones es vital, y facilitar la creación de nuevos negocios. Es decir, además de inyectar fondos públicos, es clave para la recuperación que destrabemos, desregulemos y generemos mayor seguridad jurídica.

Es más, luego del estímulo, tendrá que venir el ajuste presupuestal, si queremos tener la flexibilidad de reaccionar a la próxima pandemia. Para ello tendremos que usar herramientas tales como el presupuesto base cero, sobre el cual hemos hablado en otra ocasión.

3 – El desequilibrio de poderes y la falta de cuestionamiento civil son un remedio perverso

Aunque el gobierno se ha ganado la confianza de la población al “no pensarlo demasiado” y haber tomado acciones drásticas que en principio deberían frenar el avance del virus – evitando así que los servicios de salud se vean desbordados – el que no se le cuestione nada es preocupante. El rol del parlamento ha sido nulo (salvo para proponer medidas absurdas como la posibilidad de retirar dinero de las AFP) y la prensa, de facto, no es más que un vehículo de comunicación del gobierno. En realidad, es importante que en casos como este se dé un cuestionamiento. ¿De cuándo a esta parte hemos venido a creer en la infalibilidad gubernamental?

De un punto de vista práctico, en primer lugar, hay mucho que preguntar. Por ejemplo ¿Las medidas tenían que ser tan severas o se podría haber aplanado la curva lo suficiente dejando operar a más sectores? ¿Los 15 días de aislamiento social obligatorio son suficientes? En principio ese es el tiempo que, como en Hubei, toma determinar si las medidas tienen efecto, pero ¿se pueden luego relajar las medidas sin que haya rebrote, sabiendo que, por haber estado aislada, la población no ha desarrollado inmunidad de grupo? ¿O para entonces ya habremos testeado y aislado todos los casos, sabiendo que hay más de los que se reporta? ¿O ya tendremos la infraestructura suficiente para aguantar el rebrote? ¿Y si no se ha cumplido con esas condiciones, volveremos a la cuarentena?

De un punto de vista filosófico, en segundo lugar, el que se prive a la gente de su libertad, que se les impida ir a ganarse la vida, sin que el gobierno no esté bajo constante presión de justificar cada acción con números, estadísticas, discusión detallada sobre por qué tal solución y no tal otra, etc., llama la atención. Como lo recordaba recientemente Yuval Noah Harari en un editorial del Financial Times, cuidado, ya que las situaciones temporales tienen tendencia a volverse permanentes. Siempre habrá una segunda o tercera derivada de esta pandemia, o circunstancias diferentes, en las que también se requerirá acatamiento sin cuestionamientos, y eso es peligroso.

En suma, recordemos: una crisis como esta siempre requerirá intervención estatal. Sin embargo, esta debe ser vista como un conjunto de medidas temporales que deben darse rápidamente. Es necesario, entonces, estructuras flexibles y holgura fiscal conseguida con disciplina presupuestal y una economía dinámica. Y, también, es indispensable más debate. Por ello el legado de esta crisis debería ser, hasta cierto punto, lo contrario de lo que los devotos del Dios Estado contemplan. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

El intervencionismo estatal va con viento en popa ideológicamente en Latinoamérica y en el Perú. Y ya no son sólo los izquierdistas tradicionales que claman por “más Estado”. Incluso comentaristas en diarios como Gestión pretenden recordarnos con tono paternalista lo “bajos” que son nuestros tributos en comparación con la OCDE o algunos países latinoamericanos – como si el pagar más impuestos fuera un fin en sí.

Ante el peligro de una fiscalidad más punitiva, de un mayor endeudamiento, y del derroche y mayor corrupción que genera un mayor gasto público, los ciudadanos pueden sin duda reclamar que cada centavo gastado se justifique plenamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto sea el caso?

El expresidente americano Jimmy Carter creía tener la respuesta. En 1973, introdujo en el Estado de Georgia la metodología de presupuesto base cero (zero-based budgeting o ZBB). Esta metodología, desarrollada por Texas Instruments a finales de los 60, consiste en presupuestar “desde cero” es decir calculando el gasto estrictamente necesario en vez de extrapolar del pasado mecánicamente. En 1977, estando ya en el cargo por el que más se le conoce, intentó introducirlo en la administración federal.

Sin sorpresa, la iniciativa de Carter fue torpedeada por burócratas y lobbies de proveedores y fracasó. Sin embargo, existe hoy un rebrote de interés en el sector público americano, así como en Estados de países emergentes y en el sector privado a nivel mundial. Mal no nos vendría, aunque sea intentarlo.

¿Cómo se presupuesta la acción estatal desde cero? La idea fundamental es que el gasto público debe ser eficaz y eficiente. La “eficacia” se refiere a la capacidad de alcanzar los resultados deseados. La “eficiencia”, por su parte, consiste en emplear el mínimo de recursos necesario para alcanzar dichos resultados. Los principios de eficacia y de eficiencia se aplican en dos etapas fundamentales: la determinación de objetivos y la determinación de medios.

Determinación de objetivos

El primer paso consiste en sustentar la acción de cada área de intervención estatal en un número limitado de objetivos que deben ser:

• Concretos, medibles y realizables: La “Justicia social” por ejemplo no lo es. El acceso de x familias adicionales a servicios de agua y desagüe, por ejemplo, sí.
• Coherentes y priorizados: Se debe comenzar por objetivos primarios. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Sunafil, “aumentar las fiscalizaciones” no debería ser un objetivo en sí. La meta debería estar pensada en términos del beneficio social teórico esperado: por ejemplo, un mayor número de empleados recibiendo todos los beneficios de ley.  Ello implicaría considerar también los efectos adversos: por ejemplo, ¿en cuánto podría aumentar el desempleo como resultado de una mayor imposición de beneficios de ley que encarecen la mano de obra y provocan la quiebra de negocios de bajo margen? Esto a su vez permitiría explicitar los arbitrajes necesarios: por ejemplo, ¿cuántos desempleados adicionales el gobierno considera que se puede tolerar a cambio de que un empleado adicional goce de todos los beneficios de ley?

Determinación de medios

Habiendo determinado el qué – los objetivos concretos que perseguimos como sociedad – la pregunta del cómo se divide en dos: ¿qué canales de intervención son los indicados? y ¿cuántos recursos son necesarios?

La pregunta más básica sobre canales de intervención es: ¿Para alcanzar los objetivos fijados, es necesaria la acción gubernamental, o el mercado la puede alcanzar espontáneamente? De ser necesario que el Estado intervenga, ¿cómo lo debe hacer? ¿Orientando al sector privado? ¿Regulando? ¿Concesionando? ¿O, actuando directamente? Aquí podrían salir respuestas innovadoras – ejemplos: privatización de parte del trabajo policial (operaciones de back office), concesionar servicios de trámites, etc.

A su vez, la determinación de los recursos necesarios es donde se enfocan generalmente los procesos de ZBB en el sector privado. En ZBB ya no se considera, por ejemplo, el gasto en computadoras del año anterior en bloque, sino se recalcula sistemáticamente la necesidad analizando el detalle de precios y cantidades. En algunos casos esto es bastante intuitivo: si un área con mucho personal “de campo” pide una computadora por persona, inmediatamente suena excesivo. En otros casos se requiere análisis más finos: por ejemplo, correlacionar consumo de electricidad en kwh versus metros cuadrados o número de empleados.

Lo cual nos lleva a dos otros puntos fundamentales: para que un sistema que pretende construir “desde cero” la acción gubernamental funcione, es necesario cuantificar y transparentar sistemáticamente.

Cuantificar: KPIs y Benchmarks

El corolario de objetivos concretos y cuantificables debe ser una serie de métricas (o KPIs – key performance indicators) que permitan establecer si se está llegando al objetivo y si se está siendo eficiente. Retomando el ejemplo anterior de fiscalización laboral, en términos de eficacia, se puede hablar del porcentaje de trabajadores que gozan de beneficios de trabajo, incremento en dicho porcentaje, y (la contraparte) incremento en desempleo y porcentaje de empresas intervenidas que cierran. En términos de eficiencia, es relevante hablar de fiscalizaciones por fiscalizador, o recursos dedicados al control de cada tipo de infracción. Se debe también usar benchmarks: ¿Cuánto más o menos eficientes son en otros países?

Transparentar al máximo

Finalmente, esos KPIs deben ser públicos, con amplia difusión, y accesibles en un solo lugar: por ejemplo, el portal de transparencia del gobierno central. Hoy se miden KPIs en el Estado, pero no son lo suficientemente difundidos o seguidos sistemáticamente como para que el público pueda juzgar con hechos concretos.

Las ventajas de un sistema que reconstruye cada año el gasto “desde cero” son significativas:

• Permite que los gastos innecesarios no se perpetúen en el tiempo;
• Permite, cuando la situación lo exige, hacer recortes inteligentes (renegociando precios, disminuyendo cantidades, etc.) en vez de eliminar de manera arbitraria.
• Puede satisfacer tanto a liberales (se elimina gastos innecesarios) como a intervencionistas (se legitiman aquellas intervenciones de alto impacto).
• La mayor visibilidad del gasto genera confianza en la población.
• Transparentar mediciones de KPIs permite que se genere un verdadero debate sobre eficacia y eficiencia, ya no en base a sentimientos y generalidades, como es el caso hoy, sino en base a información objetiva y análisis.

Las desventajas, a nuestro parecer, son ampliamente superables en la actualidad:

• El proceso a veces genera rechazo por ser laborioso y complejo. Sin embargo, los avances en soluciones informativas y disponibilidad de datos han reducido significativamente este inconveniente.
• Burócratas pueden oponerse a que se toque sus “feudos”. Sin embargo, la facilidad con la que se puede conseguir y difundir data y así generar comparaciones (que, por ejemplo, demuestran una amplia dispersión en precios pagados por servicios, etc.) permite hoy exponer rápidamente la ineficacia e ineficiencia. Malos “números” y un rechazo de colaborar con el nuevo esquema de presupuesto podrían ser motivos para que la Contraloría investigue posibles instancias de corrupción. Eso generaría un incentivo para que quien no incurre en ningún hecho delictivo coopere con el sistema – mientras que los otros se verían expuestos.

En el Perú el Estado aún tiene poca credibilidad ante el público y va a tener que demostrar eficacia y eficiencia antes de extender su alcance. La presupuestación base cero, con formulación de objetivos claros y medibles, el uso de KPIs y benchmarks precisos, y una amplia difusión pública de los mismos, podrían constituir las bases de una nueva legitimidad. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

O la casi imposible (y tal vez no siempre deseable) transición a la formalidad

Cada cierto tiempo, el tema de la informalidad parece recobrar importancia. En el 2016 se hablaba de reducirla para crear una economía más productiva. Luego pasó de moda – al igual que el hablar de cualquier tema económico. Últimamente ha vuelto a ser un tema de conversación pues, según parece, es la causa por la cual no hemos tenido un estallido social como en Chile – para gran decepción de muchos periodistas.

De hecho, estamos viendo cada vez más historias en la prensa (por ejemplo, en Gestión) de cómo el Estado está no sólo incrementando el número de normas sino también poniendo más músculo tras su implementación (en los ámbitos tributarios, laborales, etc.). Y, aunque muchas de estas acciones terminan simplemente agobiando aún más al sector formal, la lucha – “a la mala” es decir por la fuerza – contra la informalidad es su principal justificación. ¿Pero es este, realmente, un objetivo que debería ser prioritario?

Vivimos en un país ampliamente informal, no cabe duda –sexto en el mundo, hasta hace poco. Según el INEI, la economía informal concierne 56% de los empleos en el país y 20% del PBI. En realidad, el empleo informal es aún mayor (~73%) considerando los negocios “formales” que también emplean trabajadores fuera de normas laborales.

La persistencia de la informalidad no es simplemente un tema de mentalidades. La principal dificultad en luchar contra este fenómeno está en lo que implica pasar de la situación actual a la estructura económica “ideal”. Hoy resulta prácticamente imposible para un negocio “chicha” pasar a la formalidad. Considerando el impacto del IGV, de los mayores costos laborales, de costos de estructura más elevados ligados a regulaciones diversas, calculo que un negocio comercial informal con, digamos, 1 millón de soles de ventas y 100 mil soles de margen neto, pasaría, si se volviera formal de la noche a la mañana, a una pérdida de ~250 mil soles.

Claro, pero, dirán, pasar a la formalidad permitirá al empresario vender más. ¿Pero cuánto más tendría que vender para volver al mismo nivel de utilidades? Respuesta: se necesitaría un incremento “de la noche a la mañana” de entre 60% y 100%, según los escenarios.

En realidad, es mucho peor que eso, puesto que el aumento en ventas, aunque se diera, no sería inmediato. Hasta llegar al punto de equilibrio, la empresa acumularía pérdidas y, por ende, deuda. Esta, a su vez, vendría con tasas prohibitivas, acentuando a su vez las pérdidas, y requiriendo un aumento aún mayor de ventas para equilibrar las cuentas. Supongamos que el negocio consiga crecer, no obstante, un 20% anual ininterrumpidamente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que nuestro comerciante volviese a ganar 100 mil al año? El siguiente gráfico ilustra lo que podría pasar:

El resultado neto sería negativo hasta el año 6, y recuperaría su nivel pre- formalización entre los años 7 y 8. Para entonces, las ventas se habrían, según este escenario optimista de crecimiento, triplicado. Uf, papayita. Por su lado, la deuda se dispararía hasta alcanzar un múltiple de resultado operativo de… 9 veces. Por la forma del gráfico, podríamos decir que este camino a la formalidad sería como un valle – de lágrimas. Excelente para las ventas de ansiolíticos.

Lo más probable, por supuesto, es que los bancos dejarían de prestar al comerciante, este se endeudaría a tasas aún más altas con prestamistas chicha, nunca llegaría al punto de equilibrio, y terminaría quebrando. Y ni que hablar de las multas acumuladas. Por ende, debemos darle otro título al gráfico: ya no es el valle de lágrimas, sino el valle de la muerte.

Volviendo a la cuestión inicial, entonces, ¿cuán necesaria es una intervención para reducir la informalidad? ¿Y en qué consistiría esta?

El argumento de quienes más lamentan la persistencia de la informalidad es que la economía chicha es improductiva, y “captura” recursos que podrían estar mejor utilizados. De hecho, si retomamos las cifras de INEI, la producción por trabajador en el sector informal parece ser 5 veces inferior a la del formal. Pero hay que matizar esto, ya que:

• La economía informal abarca, no exclusivamente, pero sí en buena medida, sectores que son intrínsecamente menos productivos (sean o no informales) como comercio de proximidad, entretenimiento, etc.
• En teoría la consolidación que produciría la formalización (con consecuente pérdida de empleo) generaría utilidades adicionales en los “ganadores” que se reinvertirían en otras actividades económicas, absorbiendo a la mano de obra liberada. En la práctica, las utilidades incrementales se diluirían (parte fuera del país, parte en activos especulativos), y la mano de obra no sería absorbida para actividades más productivas por no tener la formación necesaria y por ser excesivamente cara y poco flexible bajo un esquema formal. 

También está el argumento de la baja recaudación tributaria. Si extrapolamos linealmente, en teoría, la formalización a 100% de nuestra economía agregaría más de 3.5 puntos porcentuales de PBI de recaudación tributaria para el gobierno central. En la realidad, las quiebras y pérdidas de empleo (no recicladas en un proceso de “destrucción creativa”, como descrito arriba) resultantes de la formalización generarían mayores necesidades de asistencia social. Los ingresos aumentarían, pero los egresos probablemente aún más.

En cierto modo, el que se permita (más por incapacidad estatal que a propósito) la existencia del sector informal ya es una forma de subsidio: en vez de percibir impuestos para redistribuir a quien no tiene, se deja de percibir para que quien no sería competitivo dentro del marco formal pueda seguir operando. El “valle de la muerte” es también una especie de barrera protectora contra incursiones posibles de la gran empresa en una parte de la economía.

Esto, a mi parecer, es mejor que un estado de bienestar con poco asidero y notoriamente ineficiente, puesto que, en lugar de crear una clase de asistidos destinados a la insatisfacción permanente (terreno fértil para manipulación ideológica), se fomenta indirectamente una cultura del emprendimiento y de la autosuficiencia. Como ya lo ha señalado Rolando Arellano, somos un país de emprendedores, y es algo de lo que debemos estar orgullosos.

¿Quiere decir esto que deberíamos abandonar el objetivo de general una mayor formalidad en la economía? No por completo. En primer lugar, se debería priorizar el cumplimiento de normas mínimas de seguridad, cuando está en juego la integridad física de las personas. En segundo lugar, nos parece indispensable que se permita que las empresas informales más exitosas, en todo caso en ciertos sectores, crezcan y se conviertan en medianas o grandes. Esto por dos razones, principalmente:

1. Como ya lo mencionamos, tenemos una amplia base de emprendedores, un “pool de talento emprendedor”, por así decirlo, que no debe ser desperdiciado. Es necesario dar a los mejores la posibilidad de crecer y contribuir al máximo de sus potencialidades.
2. Hay ciertos sectores en los cuales se necesita generar una oferta de mejor calidad, pero asequible. Por ejemplo, en materia de transporte, hoy las empresas que desean hacer llegar sus productos al mercado deben elegir entre dos ofertas diametralmente opuestas: por un lado, el gran operador logístico que cumple con todas las normas y, por su escala, tiene los medios organizacionales y tecnológicos para ofrecer un servicio moderno, pero con tarifas relativamente altas y, por otro lado, pequeños operadores poco eficientes pero baratos. Falta, sin duda, actores intermedios que ofrezcan una combinación de calidad / precio razonable. Esto también abarca el transporte de pasajeros.

Dado que crecer significa para un informal “aparecer en el radar” de diferentes entidades fiscalizadoras, y luego tener que atravesar el “valle de la muerte”, lo que se necesita es un marco normativo que permita una adecuada transición, por ejemplo, uno que relaje significativamente regulaciones de tipo laboral, promulgue amnistías, reduzca los trámites, y simplifique las normas y procedimientos tributarios. Otros mecanismos de inspiración no necesariamente liberal – como apoyos a la formación del personal, o la generación de clusters empresariales, podrían igualmente ser usados.

Es decir, se debería construir, para determinados sectores, una suerte de “puente” que permita a una parte de este dinámico empresariado informal, cruzar el valle de la muerte, y contribuir a la renovación, dinamismo y crecimiento del sector económico formal. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Nuestro ilustre premio Nobel de literatura hace poco volvió al podio que le otorga la fama para atacar a sus odiados enemigos fujimoristas, refiriéndose a los (ex)congresistas como a “pillos” y “semianalfabetos” – eco de sus “cacasenos y bribones” de 1990.

Hubiera sido más productivo un análisis de porqué tenemos el tipo de político que tanto aflige al novelista. Aunque influyen factores locales (como el bajo nivel educativo de la población), no perdamos de vista el panorama mundial. Aquí como en el resto de Occidente, hemos visto en los últimos 20 años el surgimiento del político no convencional, de figuras semicómicas y grotescas. El “nivel” en cada caso, es una preocupación. No estamos solos.

La razón detrás del auge de tales personajes es conocida: una parte importante de la población ya no se reconoce en el discurso y las acciones del Establishment. Esto sucede, generalmente, cuando partidos que se suponen opuestos convergen en puntos sobre los cuales no existe consenso entre los ciudadanos, provocando así una crisis de representatividad.

En semejante situación, el carácter poco “convencional” de ciertos novatos políticos ya no es una desventaja, sino lo contrario: aquel que está bien integrado en el sistema tiene miedo de romper con el consenso ideológico – mientras que el “outsider”, el “loco”, el “impresentable” si lo hará porque no tiene nada que perder (o así lo cree, aunque eso es cada vez menos cierto).

El atractivo de la figura heterodoxa y poco pulida tiene orígenes profundos. Es un tropo común a muchas civilizaciones. La “verdad” se encarna a través del hombre “simple”. El pescador se vuelve predicador – no importa el nivel de instrucción si ha sido tocado por la Gracia (cuyo equivalente moderno podría ser el sentido común perdido, aunque eso sea teológicamente un contrasentido).

En las últimas décadas, esta desconexión entre la clase política y la población se dio, primero, con el consenso neoliberal de los 90s y de buena parte de la década del 2000 – que hacía caso omiso, en los mercados desarrollados, del sentir de quienes se quedaron “atrás” en el juego del libre mercado.

Luego, en la última década, y más aun entre los años 2012 y 2016, el consenso en la clase política se desplazó hacia el izquierdismo cultural, que transpone esquemas mentales de enfrentamiento de “clases” al análisis de relaciones entre los sexos, los grupos étnicos, etc. La interseccionalidad (termino que la mayoría de sus fácticos adeptos probablemente desconocen) establece principios de compensación social en las cuales todos los supuestos opresores de otrora – sin importar sus cualidades propias o sus condiciones económicas actuales – tienen todas las de perder.

La suma de estos dos vectores de alejamiento entre gobernados y las élites políticas, mediáticas y culturales, en el plano de las ideas, y de diversos escándalos de corrupción, conllevó al surgimiento de políticos “no tradicionales” tanto en Estados Unidos como en Europa, y tanto a la derecha como a la izquierda.

El caso peruano es algo más complejo, puesto que el consenso neoliberal siempre fue bastante precario, sobre todo en el sur del país. Si, en cambio, se ha dado un consenso en torno al izquierdismo cultural en el seno sus élites, más atentas a las modas ideológicas en Nueva York o en París que a los sentires del común los peruanos. Así, para una parte importante de la población que considera que, por ejemplo, la seguridad es un tema más importante que la igualdad de género, o que la educación moral de sus hijos les compete a los padres y no al Estado, ¿quién puede representarlos, en el escenario actual de la política peruana sino el fujimorismo? No obstante sus defectos, este último es realmente el único vehículo de expresión para un grupo de ideas y sensibilidades que, le guste o no al Establishment, existen.

¿Cómo se está solucionando el problema de la (falta de) representatividad en Estados Unidos? Sencillamente, los dos partidos se han reposicionado para incorporar a sus vertientes “no convencionales”. Los Republicanos se han vuelto en conjunto más conservadores socialmente de lo que eran hace 5-6 años, mientras que el partido Demócrata por su lado se ha reorientado hacia mensajes cada vez más radicales. Aunque las excentricidades de Trump ponen en aprietos a más de un congresista republicano, el haber incorporado al “Trumpismo” en su kit ideológico deja vislumbrar el día en el que el partido podrá dispensar de los servicios de tan controvertido líder.

En nuestro país, eso no ha pasado. En vez de eso, se ha prácticamente eliminado a la principal fuerza política social-conservadora bajo cubierta de la lucha contra la corrupción. A corto plazo, es una movida ingeniosa y eficaz – mix de virtu maquiavélica y de picardía criolla. Se ha distraído a la población, haciendo que se olvide de los grandes debates ideológicos (el modelo económico, Estado de Derecho vs. “Justicia social”, etc.) y se concentre en uno de los deportes nacionales favoritos: el linchamiento, verdadero sacrificio humano en el altar de la autocomplacencia moral.

A mediano y largo plazo, sin embargo, eso no resuelve el problema, ya que existirá un corpus de ideas y de sensibilidades que no tendrán representación política. ¿Eso significa acaso que desaparecerán? No, simplemente se expresarán por otros canales. Tal vez incluso a través de grupos que son de “izquierda” económicamente, pero conservadores en lo social (Antauro, etc.), lo cual podría tener consecuencias catastróficas.

Seamos claros: no es sano para una democracia que la vida política esté dominada por personajes de “bajo nivel” (que, en verdad, encontramos a lo ancho del espectro partidario, no solo en el fujimorismo). Pero la manera de evitarlo es que los líderes con mejor preparación tomen en cuenta las preocupaciones que se expresan a través de los políticos no convencionales, y les den una respuesta creíble, mejor pensada, menos demagógica. Esto requiere de coraje para enfrentar el oprobio de sus pares y un esfuerzo de lectura – con el cual se descubre que no hace falta ser un fanático religioso para defender ciertas posturas conservadoras.

Esa es, en verdad, la única manera de “elevar el nivel” en la política nacional, sin sembrar las semillas de una futura guerra de Canudos a la peruana. Lampadia