David Belaunde Matossian
Para Lampadia
El sector privado tendrá que ser mucho más proactivo socialmente si quiere recuperar influencia en las decisiones públicas.
Hace poco mencioné la importancia de que el Estado incluya, por el bien del país, al sector privado y asociativo en la elaboración de decisiones (sistema de advisory boards) y en su ejecución (estrategia de canales de ejecución). Mejorará así la calidad de la gestión pública. Para ello, afirmaba, es necesario un cambio de mentalidades en la clase política.
Algunos objetan que el empresariado también debe cambiar. No les falta razón. Lamentablemente, a lo que se refieren con esto es que los empresarios deberían apoyar las «buenas» causas, no oponerse a tratados internacionales (viene en mente el reciente acuerdo de Escazú) ni a regulaciones, donar generosamente a las ONG correctas, y realizar regularmente actos de contrición, estilo CADE 2019 – en suma, ser buenos niños.
En vez de eso, lo que el empresariado debe hacer es ganar el apoyo de la población a través de acciones de alto impacto. Las voces más liberales objetarán que las empresas, por el solo hecho de existir en su actividad lucrativa, tomando riesgos, invirtiendo, innovando, etc., ya le hacen bien al país. Aunque esto es cierto, ya no es suficiente.
La estrategia que proponemos tiene tres aristas principales:
1) Servicios sociales directamente financiados y manejados por el sector privado. Hay muchos campos en los cuales el empresariado puede intervenir. Citemos por lo menos uno, en el ámbito educativo. Cientos de miles de estudiantes deben trabajar para pagar sus estudios. Un alto porcentaje los abandona. En el contexto actual de alto desempleo, y de clases virtuales que exigen inversión en material informático, el problema se ha agudizado. Las becas de continuidad del Estado solo alcanzan a 10,000 estudiantes. Hace falta un programa privado hoy – ¡ayer! – que beneficie al 5to superior en sectores clave (computación, electromecánica, técnicos agrónomos, etc.), y sin mucho papeleo. Hacer esto realidad, como lo hacen las cámaras de comercio en Francia, tendría un impacto considerable, tanto real como perceptual.
2) Diseño de políticas públicas. Aunque el Gobierno en estas épocas no le pida mucho su opinión, nada impide al sector privado desarrollar propuestas. Mi recomendación aquí es que cada empresa y/o gremio elabore un programa detallado en las áreas que mejor conoce y las haga de conocimiento público – lo que nos lleva al tercer punto:
3) Comunicación agresiva. El discurso antiempresa funciona por saturación. Un cierto número de periodistas, consciente o inconscientemente, lo repiten día y noche en varios canales de televisión y en los periódicos. Las redes, a su vez, lo amplifican. En ese contexto, simplemente esperar que la contribución del sector privado se vea por sí sola es ingenuo. Hay que dar a las obras y a las ideas de nuestro empresariado amplia difusión. Tal vez se debería crear un nuevo canal televisivo. Como mínimo, se debería ejecutar una estrategia de redes agresiva.
Una mayor proactividad permitirá al sector privado adquirir – recuperar, en algunos casos – el grado de influencia que debería tener en los asuntos públicos. La indiferencia, la pasividad y el silencio de la sociedad civil son tan nocivas como el estatismo, y le dan pie. Lampadia
