Los despachos de la prensa internacional sobre el golpe de Estado de Vizcarra, no entran, en general, en el análisis de la constitucionalidad de la medida, y se dejan llevan más por otros símbolos, como la reacción de las Fuerzas Armadas y el control del aparato del Estado.

Así, por ejemplo, The Economist, habla de una disolución dudosa y enfatiza, más bien, la incapacidad de Vizcarra para un mejor manejo de la situación. A la que califica de grave y delicada.

Evidentemente, los despachos internacionales están marcados por el tono y sesgo político de sus corresponsales en el Perú, siendo que en buena medida se inclinan a un pensamiento de izquierda que contradice la línea principal de los medios que representan. Veamos el comentario de The Economist.

Disolución dudosa
La crisis política del Perú ha dado un giro absurdo

Martín Vizcarra tiene la ventaja en su duelo con el congreso

The Economist
2 de octubre de 2019
Traducido y glosado por Lampadia

MARTÍN VIZCARRA ha estado en guerra con el Congreso peruano desde que asumió la presidencia en marzo del año pasado. Esta semana, el 30 de septiembre, su relación difícil llegó a un punto de inflexión. Vizcarra disolvió el Congreso. La legislatura devolvió el golpe suspendiéndolo de su cargo y eligiendo a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, para reemplazarlo. Pronto renunció para evitar asumir la presidencia, tal vez dándose cuenta de que su nombramiento era más un gesto de desafío que una propuesta seria. Pero el choque constitucional ha causado graves daños a la democracia relativamente joven del país.

Los peruanos no pueden evitar recordar la última vez que se cerró el Congreso, en 1992. El presidente entonces era Alberto Fujimori, y su “auto golpe de estado” llevó a más de ocho años de gobierno autoritario y a menudo brutal. Ahora cumple una condena de 25 años en una cárcel peruana por abusos contra los derechos humanos, incluido el secuestro de un periodista en 1992. [Fujimori no fue procesado por derechos humanos].

Vizcarra no ha dado un golpe de estado. A diferencia de Fujimori, no ha enviado tanques a las calles ni destituido a la corte suprema ni al fiscal general. Tampoco ha arrestado a periodistas. Incluso si el congreso se va a casa como lo ha pedido Vizcarra, un “comité permanente” del congreso de 27 miembros permanecerá para controlarlo. Pero sus motivos para disolver el congreso son cuestionados por muchos abogados constitucionales. Así son las acciones del congreso.

El Congreso trató de apresurarse a través de nombramientos partidistas para el tribunal constitucional. Vizcarra tomó eso como una negación de confianza en el gobierno (el segundo durante este parlamento), lo que en teoría permite la disolución del congreso. Su interpretación es discutible.

La confrontación es el último signo de disfunción en una clase gobernante comprometida por la corrupción y dividida por facciones. Su origen se encuentra en las elecciones generales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski, un ex banquero de inversiones, se convirtió en presidente. Él derrotó por poco a Keiko Fujimori, la hija de Alberto, pero su partido Popular Force (FP) ganó la mayoría en el Congreso. Fujimori prometió que su partido usaría su posición en la legislatura para promulgar su propio programa de gobierno. FP y sus aliados buscaron paralizar al gobierno de Kuczynski. Una segunda amenaza de juicio político llevó a su renuncia en marzo de 2018 y a la promoción de Vizcarra a la presidencia.

Las acusaciones de corrupción han dejado de lado tanto a Kuczynski como a Fujimori. Está bajo arresto domiciliario mientras la policía investiga las afirmaciones de que utilizó su posición anterior como ministro de finanzas para participar en negocios corruptos con Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que sobornó a políticos en toda América Latina. (Otros dos ex presidentes enfrentan juicios por acusaciones vinculadas a Odebrecht y un tercero se suicidó en abril antes de que pudiera ser arrestado por cargos relacionados con Odebrecht). La Sra. Fujimori está detenida en prisión antes de su juicio por cargos de recibir contribuciones de campaña no declaradas de Odebrecht.

Pero la batalla entre el congreso y la presidencia no ha cesado. Vizcarra recurrió a medidas drásticas para impulsar sus prioridades legislativas. Estos incluyeron celebrar un referéndum el año pasado sobre un paquete de medidas anticorrupción, que el Congreso promulgó a regañadientes. Desde entonces, el presidente y el congreso han combatido otras medidas, como una propuesta para regular el financiamiento de campañas. La comisión de ética del Congreso ha protegido a los legisladores acusados de corrupción. Algunos fujimoristas vinculados a universidades privadas poco fiables, que se cree que blanquean dinero, intentan cerrar la agencia que los supervisa.

En mayo, el Congreso se negó a aprobar algunas reformas políticas respaldadas por Vizcarra, incluida la creación de un organismo independiente para revisar la inmunidad del enjuiciador de los congresistas. El 26 de septiembre, el comité constitucional del congreso rechazó la propuesta de Vizcarra de poner fin al estancamiento celebrando elecciones legislativas y presidenciales un año a principios de abril próximo (en el que ni él ni los miembros del congreso actual podrían participar).

Un político más hábil que Vizcarra podría haber evitado tal ruptura con el Congreso. Pero está claro que tiene la mayoría de las ventajas. Los jefes de las fuerzas armadas y la policía lo respaldaron públicamente, al igual que las asociaciones que representan a gobernadores y alcaldes. Tiene un índice de aprobación de poco menos del 50%. El Congreso es ampliamente aborrecido. Según una encuesta publicada el 29 de septiembre por La República, un periódico, el 87% de los peruanos lo desaprueba.

Algunos congresistas de la oposición han dicho que se encerrarán en el Palacio Legislativo, donde se encuentra el Congreso. Pero con la policía y el ejército detrás de Vizcarra, quien también controla la caja, está en condiciones de esperar hasta que se vayan.

Nadie sabe cómo terminará el enfrentamiento. La Organización de los Estados Americanos ha dicho que el tribunal constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de la disolución del congreso de Vizcarra. Aráoz, que no pertenece a ningún partido, ha convocado elecciones generales, que permitirían a los votantes elegir un nuevo presidente y un congreso.

Pero no han surgido nuevos líderes para tomar el lugar de los políticos desacreditados de hoy. La crisis de larga duración está afectando la confianza de los inversores y, por lo tanto, la economía. Los días oscuros de 1992 no han regresado, pero el futuro parece nublado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crisis política generada por el pedido presidencial de adelanto de elecciones está produciendo comportamientos paradójicos en los dos bloques que se encuentran enfrentados. Al mismo tiempo que el fujimorismo, tradicionalmente poco apegado a la democracia formal o liberal, empieza a esgrimir argumentos constitucionales relacionados a los límites al poder inherentes a la democracia liberal o representativa, para rechazar el adelanto de elecciones, los sectores progubernamentales, supuestamente “republicanos”, defensores de la democracia liberal, se amparan en argumentos de naturaleza populista para fundamentar el mencionado adelanto de elecciones.

Como bien ha precisado Carlos Meléndez en artículo publicado en Perú 21, “no hay nada más populista que solicitar el adelanto de elecciones en aras de una presunta renovación de la clase política”. Lo del populismo político del presidente Vizcarra lo venimos advirtiendo desde que el 28 de julio del 2018 lanzara el referéndum para aprobar la no reelección de los congresistas. El mecanismo clásico del líder populista consiste en dividir la sociedad en dos campos: el pueblo, lleno de virtudes, y los enemigos del pueblo, en este caso los políticos, los congresistas, el Congreso, a los que hay que atacar y, de ser posible, anular o eliminar. En este escenario, como se ha dicho tantas veces, no hay adversarios políticos sino enemigos, y el líder moviliza al pueblo contra ellos.

Fue precisamente lo que hizo Alberto Fujimori en los 90, con el clímax de la disolución del Congreso en 1992, aunque en circunstancias muy distintas a las actuales. Ahora las posiciones se invierten y mientras los fujimoristas, acorralados por la arremetida populista, descubren el valor de la democracia liberal y los límites constitucionales, los anti-fujimoristas o “republicanos” descubren el poder de la palanca populista para forzar al Congreso a adoptar decisiones legales (o ilegales). El presidente Vizcarra llegó a argumentar en su discurso del 28 de julio, y lo ha repetido luego, que el pueblo le pide el cierre del Congreso, y por eso la necesidad del adelanto de elecciones.

El problema es que el populismo es una enfermedad que está avanzando en el globo y que puede terminar con la democracia. Su éxito es inversamente proporcional al mantenimiento de los límites constitucionales al Poder. Apunta a eliminar los controles horizontales propios de toda democracia liberal, a concentrar el poder.

Lo explicó perfectamente Yasha Mounk en su libro “El pueblo contra la democracia, por qué está en riesgo nuestra libertad, y como salvarla”. Allí escribió: “Estamos atravesando un ‘momento populista’. La pregunta es si este se tornará en una ‘era populista’, poniendo en duda la sobrevivencia de la democracia liberal”. Un reciente artículo en The Economist pasa revista al avance de este fenómeno en Europa (Hungría, Polonia, Gran Bretaña, Italia) y en el propio Estados Unidos. Para no hablar de Turquía y Venezuela, donde el populismo es, además, económico y los enemigos no solo son los políticos y el Congreso, sino también la “oligarquía” y el imperialismo norteamericano.

El fujimorismo está aprendiendo a la fuerza (esperemos) las virtudes del republicanismo, de las instituciones, de la democracia liberal. Y los anti-fujimoristas, demócratas liberales, están sucumbiendo a la tentación populista. También es posible que los razonamientos constitucionales de los primeros y las justificaciones políticas de los segundos no sean sino armas de ocasión, recubrimientos utilitarios, racionalizaciones oportunistas en la guerra sin cuartel que vienen librando desde hace años, y en particular desde hace tres años.

Pese a todo, hemos sostenido que un acuerdo de gobernabilidad en torno a una agenda conjunta es la única salida. Y es posible, por la sencilla razón de que no hay diferencias ideológicas importantes entre el Ejecutivo y la mayoría congresal, y porque la agenda país está dada, a la mano, disponible. Incluye las reformas políticas pendientes que deberían ayudar a que no se vuelva a presentar un escenario de confrontación entre poderes, y por las reformas contenidas en el Plan Nacional de Competitividad, que son e importantes para relanzar el crecimiento nacional a tasas más altas. Y cualesquiera otros puntos que puedan negociarse.

Hay que insistir, De lo contrario tendremos el triunfo de la pasión irracional sobre la razón. El libre albedrío es posible. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Todos los argumentos a favor de un adelanto de elecciones o de una cuestión de confianza si es archivado, pecan de una grosera petición de principio: la “crisis política” que se invoca como fundamentación, ha sido creada o magnificada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al punto que, si el presidente retira el pedido de adelanto de elecciones, la crisis cesa como por ensalmo.

Pero como consecuencia de esa irresponsable pretensión, ahora sí que tenemos una crisis política, y grave: mientras el gobierno y sus defensores preparan los argumentos para sostener la validez de la cuestión de confianza y cerrar el Congreso, las bancadas opositoras en el Congreso arman investigaciones sobre Vizcarra para encontrar municiones para la declaración de vacancia presidencial. La colisión parece indetenible.

El presidente “no puede gobernar con un Congreso en permanente pie de guerra”, escribe Rosa María Palacios. Pero eso no era así antes del 28 de julio, como ya hemos demostrado en artículos anteriores. Más bien fue el presidente quien declaró la guerra el 28 de julio del año pasado cuando planteó un referéndum para la no reelección de los congresistas. Esa guerra, sin embargo, no evitó que se autorizaran decretos legislativos y se aprobaran todas las reformas políticas planteadas salvo una que, sin embargo, tuvo mejoras apreciables.

El presidente plantea adelanto de elecciones porque ya no podía hacer cuestión de confianza por las reformas políticas. La cuestión de confianza, que puede llevar a la disolución del Congreso si es denegada, es un recurso para devolverle la decisión al pueblo cuando el enfrentamiento entre poderes es insalvable. Pero resulta que este enfrentamiento ha sido causado por el propio pedido de adelanto de elecciones. Generar una guerra para luego hacer cuestión de confianza y disolver el Congreso, es un mecanismo cínico, populista e inconstitucional, porque manipula la Constitución contra su esencia.

El proyecto de reforma constitucional fundamenta el adelanto de elecciones en solo dos párrafos. En el primero dice:

“El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

El texto no especifica cuáles son esos consensos no logrados. Lo que sí tenemos son las declaraciones del ex ministro de Economía Alfredo Thorne y del ministro de Economía actual, Carlos Oliva: que el Congreso les ha facilitado todo lo que han querido, de modo que en lo esencial sí hay consensos. Y lo demuestran las estadísticas que presentó Miguel Torres, según las cuales desde julio del 2016 ha habido menos interpelaciones y censuras y más decretos legislativos aprobados que en los dos gobiernos anteriores.

Las discrepancias están focalizadas en el sector educación, donde han producido la censura –sin razones de peso- de un ministro y la renuncia de otra. Hay allí una oposición de raíz religiosa, algo que una democracia debería ser capaz de procesar, pues sólo un temperamento muy autoritario no soporta diferencias de concepto. También se mueven intereses crematísticos de universidades que podrían no ser licenciadas por el Sunedu.  En todo caso, allí sí hay un campo concreto para el ejercicio de la cuestión de confianza: si el Ejecutivo considera que las disposiciones del Congreso en materia de igualdad de género o de la reforma universitaria obstaculizan la gestión del Ministerio de Educación, puede hacer cuestión de confianza en torno a ello.   

Acuerdo de gobernabilidad

En realidad, como se sabe, no existen diferencias ideológicas o programáticas importantes entre el Ejecutivo y las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Por lo tanto, es perfectamente posible un acuerdo de gobernabilidad hacia el 2021 en torno a una agenda país, tal como lo ha planteado el presidente del Congreso, Pedro Olaechea que, además, ha recibido el respaldo en ese empeño de la bancada de Fuerza Popular mediante un comunicado emitido el jueves pasado, luego de que se dispararan inoportunas iniciativas fiscalizadoras contra el presidente. Ocho bancadas respaldan esta búsqueda de un acuerdo. Esa agenda es muy fácil de construir. Está ya dada, en realidad. Si no se concreta formalmente es porque de hacerlo quedaría en evidencia que no hay crisis política. Por eso los ‘adelantistas’ no quieren acuerdo político y tratan de convencer de que es una ilusión.   

El segundo párrafo en el que se fundamenta el pedido de adelanto de elecciones es aún más feble. Dice:

“…se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo…”.

Ya hemos argumentado las razones por las que el adelanto va a producir resultados desastrosos en términos de dificultades para una buena elección y de calidad del próximo Congreso, con el agravante de que, al no haberse aprobado las reformas relacionadas a la gobernabilidad, el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de un gobierno con mayoría congresal opositora.

Inconstitucional

El adelanto de elecciones no solo es innecesario y nocivo. Es, además, inconstitucional, por varias razones que expliqué en mi artículo anterior en este portal (viola derechos constitucionales de los congresistas, viola el principio de irretroactividad, entre otras). Pero hay una razón adicional, que se aplica también a la pertinencia de la cuestión de confianza en un caso como este. Según la Constitución, la cuestión de confianza la pueden plantear el presidente del Consejo de ministros o los ministros. Y según el Tribunal Constitucional, ella “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta”, con la finalidad de conseguir “respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera” (parágrafo 75 de la sentencia del TC sobre la cuestión de confianza). Un pedido de adelanto de elecciones no tiene nada que ver con la gestión del Premier o de los ministros. Gestión que, como hemos señalado, no ha sido gravemente obstaculizada en lo esencial. 

Si el presidente realmente cree que no puede gobernar, tiene varias opciones: o el acuerdo de gobernabilidad que hemos mencionado, o la cohabitación, o un Premier de consenso, o la renuncia. Todas ellas opciones constitucionales. Opte por una de ellas presidente. Lampadia

The Economist describe las protestas en Hong-Kong, como respuesta al afán de China por imponerse, así como las consecuencias de este comportamiento. Los expertos indican que se espera un escenario desastroso, al punto de calcularse como centenares de bajas del lado de los manifestantes y una imagen poco beneficiosa para China.

Al principio, las protestas se concentraban en el rechazo generalizado al extradition bill que le daría el poder a China de juzgar, en una corte controlada por el Partido Comunista, a sospechosos y procesados. Sin embargo, el grado de inconformidad solo ha ido creciendo conforme pasa el tiempo, al punto de generar un paro generalizado que puso en jaque a cientos de vuelos internacionales y al tránsito en general.

Según la publicación, este evento ha escalado más de lo que se podría imaginar. Los activistas, y otros simpatizantes con la causa de Hong-Kong pierden con celeridad la fe en sus instituciones y en el sistema que manda sobre el país. Algunos, por un lado, llegan inclusive a pedir la emancipación de Hong-Kong del yugo chino; por otro lado, otros también buscan un trato mucho más democrático por parte de las instituciones chinas. Esto se aúna al sentimiento de palpable represión y constante precepción de vigilancia por parte de la población china.

La explicación de The Economist evidencia que una incursión China en tierras extranjeras se traduciría en un detrimento considerable en el mercado de acciones y, aún más importante, en la confianza que tienen los negocios e inversionistas internacionales al modelo chino y al crecimiento que este ha estado exhibiendo en los últimos años. De la misma forma, también jugaría en contra una mayor influencia de China en las cortes de Hong-Kong. Este impacto se vería acrecentado dado que el sistema de justicia de Hong-Kong – creado a partir del modelo inglés – es una de las principales variables al momento de elegir una base en Asia, por parte de cientos de empresas internacionales.

Finalmente, tal vez el detrimento más grande de todos vendría por parte de la mala imagen que ganaría Hong-Kong tras una entrada del Ejército Chino. Esto influiría no solo en los negocios, sino en la demografía hongkonés; que es lo que pasa cuando un inmigrante – que genera valor en la economía del país – se siente intimidado por las acciones militares. Además de ello, los puntos finales de estas acciones llegarán a afectar irremediablemente las relaciones de China y Hong-Kong con otros países.

The Economist concluye con una remembranza del caso de Tiananmen, en 1989. La diferencia clave es que ahora China ostenta muchísimo más poder que en el pasado y mucha más riqueza que en toda su historia. La esperanza a la cual aferrarse es esperar que las protestas sean apaciguadas. Lampadia

Mirando al abismo
Las tropas chinas deben mantenerse alejadas de las calles de Hong-Kong

El despliegue del ejército tendría repercusiones peligrosas para China y el resto del mundo.

The Economist
08 de Agosto del 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Es verano y el calor es opresivo. Miles de estudiantes han estado protestando durante semanas, exigiendo libertades que las autoridades no están preparadas para soportar. Los funcionarios les han advertido que se vayan a casa, y no han prestado atención. Entre la población trabajadora, en sus negocios, la irritación se combina con la simpatía. Todos están nerviosos acerca de cómo va a terminar esto, pero pocos esperan un resultado tan brutal como la masacre de cientos y quizás miles de ciudadanos.

Hoy, 30 años después, nadie sabe cuántos fueron asesinados en la Plaza Tiananmen y sus alrededores, en la sangrienta culminación de las protestas estudiantiles en Beijing el 4 de junio de 1989. El apagón de información del régimen chino sobre los días más oscuros es la admisión tácita de cuán trascendental es evento fue. Pero todos saben que Tiananmen dio forma a las relaciones del régimen chino con el país y el mundo. Incluso una intervención mucho menos sangrienta en Hong Kong repercutiría tan ampliamentez.

Lo que comenzó como un movimiento contra un proyecto de ley de extradición, que habría permitido que sospechosos de actividades criminales en Hong Kong fueran entregados a juicio por tribunales controlados por el partido en China continental, se ha convertido en el mayor desafío de los disidentes desde Tiananmen. Los activistas están renovando las demandas de una mayor democracia en el territorio. Algunos incluso quieren la independencia de Hong Kong de China. Aún más llamativo es el gran tamaño y la persistencia de la masa de la gente común. Una huelga general convocada para el 5 de agosto interrumpió el aeropuerto de la ciudad y la red de transporte público. Decenas de miles de funcionarios desafiaron a sus jefes a organizar una protesta pública pacífica diciendo que sirven al pueblo, no al liderazgo actual. Una gran cantidad de hongkoneses convencionales están señalando que no tienen confianza en sus gobernantes.

A medida que las protestas se intensificaron, también lo hizo la retórica de China y el gobierno de Hong Kong. El 5 de agosto, Carrie Lam, el líder lisiado del territorio, dijo que el territorio estaba “al borde de una situación muy peligrosa”. El 6 de agosto, un funcionario de la oficina del gobierno chino en Hong Kong sintió la necesidad de desarrollar las implicaciones. “Nos gustaría dejar en claro al muy pequeño grupo de delincuentes violentos y sin escrúpulos y las fuerzas sucias detrás de ellos: aquellos que juegan con fuego perecerán por eso“. Cualquiera que se pregunte qué podría significar esto debería ver un video publicado por los chinos. guarnición del ejército en Hong Kong. Muestra a un soldado gritando “¡Todas las consecuencias son bajo su propio riesgo!” A los manifestantes que se retiran ante una falange de tropas.

La retórica está diseñada para asustar a los manifestantes fuera de las calles. Y, sin embargo, la naturaleza opresiva del régimen de Xi Jinping, el antiguo terror del descontento del Partido Comunista en las provincias y su disposición histórica a usar la fuerza, todo apunta al peligro de algo peor. Si China enviara al ejército, una vez una idea impensable, los riesgos serían no solo para los manifestantes.

Tal intervención enfurecería a Hong Kongers tanto como la declaración de la ley marcial en 1989 despertó la furia de los residentes de Beijing. Pero la historia se desarrollaría de manera diferente. El régimen tenía más control sobre Beijing que sobre Hong Kong ahora. En Beijing, el partido tenía células en todos los lugares de trabajo, con el poder de aterrorizar a aquellos que no habían sido lo suficientemente asustados por los tanques. Su control sobre Hong Kong, donde las personas tienen acceso a noticias sin censura, es mucho más inestable. Algunos de los ciudadanos del territorio resistirían, directamente o en una campaña de desobediencia civil. El ejército incluso podría terminar usando la fuerza letal, incluso si ese no era el plan original.

Con o sin derramamiento de sangre, una intervención socavaría la confianza empresarial en Hong Kong y con ello la fortuna de las muchas empresas chinas que dependen de su mercado de valores para recaudar capital. El sólido sistema legal de Hong Kong, basado en el derecho consuetudinario británico, todavía lo hace inmensamente valioso para un país que carece de tribunales creíbles propios. El territorio puede representar una proporción mucho menor del PIB de China que cuando Gran Bretaña se lo devolvió a China en 1997, pero aún es muy importante para el continente. Los préstamos bancarios transfronterizos reservados en Hong Kong, en su mayor parte a empresas chinas, se han más que duplicado en las últimas dos décadas, y el número de empresas multinacionales cuya sede regional se encuentra en Hong Kong ha aumentado en dos tercios. La visión del ejército en las calles de la ciudad amenazaría con poner fin a todo eso, ya que las empresas se adhieren a bases asiáticas más tranquilas.

La intervención del Ejército Popular de Liberación también cambiaría la forma en que el mundo ve a Hong Kong. Expulsaría a muchos de los extranjeros que han hecho de Hong Kong su hogar, así como a los habitantes de Hong Kong que, anticipando tal eventualidad, han adquirido pasaportes de emergencia y boletines en otros lugares. Y tendría un efecto corrosivo en las relaciones de China con el mundo.

Hong Kong ya se ha convertido en un factor en la guerra fría que se está desarrollando entre China y Estados Unidos. China está enfurecida por la recepción de alto nivel dada en las últimas semanas a los principales miembros del campo prodemocrático de Hong Kong durante sus visitas a Washington. China ha citado sus reuniones con altos funcionarios y miembros del Congreso como evidencia de que Estados Unidos es una “mano negra” detrás de los disturbios, usándola para acumular presión sobre el partido mientras lucha con Estados Unidos por el comercio (un conflicto que se intensificó esta semana), cuando China dejó que su moneda se debilitara.

Si el ejército chino llegara a derramar la sangre de los manifestantes, las relaciones se deteriorarían aún más. Los políticos estadounidenses clamarían por más sanciones, incluida la suspensión de la ley que dice que Hong Kong debe ser tratado como algo separado del continente, del cual depende su prosperidad. China devolvería el golpe. Las relaciones chino-estadounidenses podrían remontarse a los días oscuros después de Tiananmen, cuando los dos países lucharon por mantenerse en condiciones de hablar y los lazos comerciales se desplomaron. Solo que esta vez, China es mucho más poderosa, y las tensiones serían proporcionalmente más alarmantes.

Nada de esto es inevitable. China ha madurado desde 1989. Es más poderosa, tiene más confianza y comprende el papel que desempeña la prosperidad en su estabilidad, y el papel que desempeña Hong Kong en su prosperidad. Ciertamente, el partido sigue tan decidido a retener el poder como lo estaba hace 30 años. Pero Hong Kong no es la Plaza Tiananmen, y 2019 no es 1989. Derribar estas protestas con el ejército no reforzaría la estabilidad y la prosperidad de China. Los pondría en peligro. Lampadia

Para superar el impasse del ‘adelanto-no adelanto’

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Mario Ghibellini, Patricia del Río y otros sostienen que un acuerdo Ejecutivo-Congreso sobre una agenda legislativa “no tendrá sentido mientras no se defina si este gobierno dura hasta el 2021 o se acaba en el 2020”. En realidad, es al revés, por lo menos en el mundo de la lógica. Si se logra un acuerdo entre Poderes, por definición ya no hay “crisis política”, que es la causa alegada por el presidente para solicitar el adelanto de elecciones. Si no hay crisis política, no tiene sentido pedir adelanto. De allí el temor a llegar a un acuerdo, que es lo fundamental.

En realidad, la crisis política ha sido gestada precisamente por el pedido de adelanto de elecciones, de modo que es una petición de principio. Lo reconoce el propio Ghibellini: “El afán del jefe de Estado por adelantar las elecciones para el próximo año y la negativa de una mayoría de parlamentarios a aprobar la modificación constitucional que lo permitiría es, en efecto, el corazón del conflicto entre los dos poderes”.

Evidentemente no hay salida si nos mantenemos dentro de la dicotomía ‘adelanto de elección’ – ‘no adelanto de elección’. La única manera de definir o resolver ese impasse, es emancipándonos de él por medio de un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que:

• Fije una agenda de reformas y leyes basada en:
  • Los 6 proyectos de ley de reforma política pendientes que no fueron materia de cuestión de confianza, y que sin duda son muy importantes precisamente para la gobernabilidad de los siguientes gobiernos.
  • Reformas fundamentales como la bicameralidad y la reelección de congresistas y autoridades sub-nacionales, tal como acertadamente propuso ayer El Comercio, algo que, dado el referéndum que las descartó, solo se podría lograr mediante acuerdo entre los dos poderes.
  • El Plan Nacional de Competitividad 
• Eventualmente, de ser necesario, conforme un gabinete conversado o de consenso.

Si se alcanzara un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por definición la llamada “crisis política”, pretexto para el adelanto de elecciones, desaparecería. Siempre habrá diferencias y fricciones, por supuesto –sólo en una dictadura deja de haberlas-, pero un acuerdo de esa naturaleza asegura que importantes reformas económicas y políticas se aprobarán, relanzando las perspectivas del país al mediano y largo plazo, y acabando con la incertidumbre que en el corto plazo ya paraliza todas las decisiones de inversión privada y pública.

Por lo demás, repetimos, la crisis política actual es la que ha sido generada por el propio pedido de adelanto de elecciones. Al 28 de julio no había una crisis política insalvable. Ella ha sido hiperbolizada. Sí la había un año y medio atrás, cuando Fuerza Popular tenía 73 congresistas y funcionaba como un puño. Hoy tiene solo 54, está internamente dividida y su lideresa fue enviada a la cárcel (más bien ahora el pedido de adelanto de elecciones ha empoderado al ala dura de Fuerza Popular). Tampoco es cierto que el Congreso no respetara la esencia de los 6 proyectos de reforma política. La mantuvo –con algunos pequeños cambios sugeridos por el propio Salvador del Solar- en cinco de los proyectos; y en el de Inmunidad, si bien no aceptó que fuera levantada por la Corte Suprema, sí propuso una fórmula intermedia que resulta un avance (plazo perentorio, vencido el cual resuelve el TC, y eliminación de la inmunidad para los congresistas tuvieran procesos al momento de ser elegidos -95% de los casos-, algo que no estaba ni en el proyecto del Ejecutivo).

La agenda para un ‘acuerdo de gobernabilidad’ está ya dada, en parte, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado y publicado el 28 de julio. Allí se plantean reformas formalizadoras e inclusivas tales como el régimen único tributario para las MIPYME, la modernización del Régimen MYPE laboral y una reforma del sistema de salud. El MEF está estudiando la posibilidad de la universalización del sistema de pensiones vía el aporte de las personas con una parte del IGV que pagan cuando compran algo, que sería revolucionario. En el Plan se propone, además, una Estrategia Nacional de Zonas Económicas Especiales y un nuevo modelo de contrataciones y gestión de la inversión pública, entre muchas otras propuestas. Además, hay proyectos pendientes como la ley general de hidrocarburos y la del régimen especial agrario, que no admiten dilaciones.

El presidente no puede lanzar dos planes tan importantes como el de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, y a renglón seguido desentenderse convocando a adelanto de elecciones. Si no se empiezan a ejecutar, quedarán como letra muerta.

Además, formarían parte de la agenda de un ‘acuerdo de gobernabilidad’, por supuesto, las reformas políticas pendientes, que son muy importantes porque permitirían asegurar que el próximo gobierno y los sucesivos tengan gobernabilidad. Allí figuran, por ejemplo, la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para aumentar la posibilidad de que el presidente tenga mayoría parlamentaria y no se repita lo que hemos vivido; y que la insistencia del Congreso en una ley observada por el presidente tenga que aprobarse con los 2/3 de los votos y no con la mitad como es ahora, para que el presidente tenga poder de veto ante leyes inconvenientes o populistas.

Si se adelanta la elección general esas reformas, que son constitucionales, ya no se podrían aprobar, de modo que el próximo gobierno podría caer en la misma trampa de gobernabilidad en la que cayó el presidente Kuczynski y en la que, antes que él, cayeron Billinghurst, José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaunde y el propio Alberto Fujimori. Con el agravante de que los congresistas, escogidos a las apuradas por los partidos, muy probablemente serán de un nivel muy pobre.

En suma, resulta vital que el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, avancen hacia un ‘acuerdo de gobernabilidad’ que suprima la incertidumbre y cambie las perspectivas futuras del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 2 de agosto de 2019
Para Lampadia

La gente está entretenida. Los titulares periodísticos son unos bombazos noticiosos. “Se van todos”. “Renuncia Vizcarra y asume Meche”. “Renuncian Vizcarra y Meche, y asume Olaechea”. “Vacancia presidencial”. Los periodistas están en su garbanzal.

Total… no se sabe cuándo serán las próximas elecciones generales. ¿Serán en el 2020 o en el 2021? Todo el escenario político se alborotó – de sopetón – al final del discurso presidencial de Fiestas Patrias. Cuando los bostezos estaban en su máxima expresión… ¡toma mientras! El presidente propuso el recorte del período presidencial y congresal. Incluido el lapidario “nos vamos todos”.

Ahora todo es incertidumbre. Los peruanos estábamos a la espera del 2021 para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo congreso. Por fin, nos libraríamos de “los peores y más corruptos congresistas” que jamás hayamos tenido. Aunque valgan verdades, fuimos nosotros – los electores – los que votamos por ellos. Además – que quede claro – hay congresistas que no merecen los calificativos negativos antes mencionados.

El hecho es que el escenario político está cambiando minuto a minuto. Las primicias se suceden una tras otra. Todo el mundo está a la expectativa de quién dice qué. Y qué responde aquel. Hasta Cáceres Llica – el inefable y desubicado Gobernador Regional de Arequipa – está en escena.

La pregunta es ¿y el país… cómo queda? ¿Y la lucha contra la corrupción? ¿Y la reconstrucción del Norte? ¿Y el tren de cercanías Lima – Ica? ¿Y la salud y la educación? ¿Y el agua y la inseguridad? ¿Y la crisis en el Poder Judicial? ¡Increíble! Todo lo importante ha pasado a segundo plano. Hasta los extraordinarios triunfos peruanos en los juegos Panamericanos Lima 2019 son “chancay de a veinte” frente al espectáculo político nacional. Total… estamos en plena temporada circense.

A ese respecto, sorprende el respaldo de los Gobernadores Regionales a la propuesta del presidente Vizcarra de acortar el período gubernamental. ¿Acaso no se dan cuenta de que los más afectados por la incertidumbre política serán ellos mismos? O, mejor dicho, las regiones que ellos representan.

Pareciera que nuestra clase política no valora el principio de la estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego. En ese sentido ¡qué inoportuno resultó el anuncio de una nueva ley general de minería dentro del discurso presidencial! En cambio ¡qué le pasó al presidente que no hizo ninguna mención respecto a la esperada prórroga de la ley de promoción agraria! ¿Acaso no le importa el empleo formal en el sector rural?

Mal… muy mal. Los peruanos no merecemos la inestabilidad política que estamos viviendo. Y tampoco merecemos el desgobierno, el maltrato a la Policía, y todo el vandalismo y anarquía mostrados por la televisión. El pésimo manejo del conflicto de Tía María en Arequipa denota falta de liderazgo, debilidad, indecisión, permisividad, y todo lo demás. El imperio de la ley está hecho trizas.

Gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad. Simplificación, eficiencia, participación, y transparencia. Hogar, escuela, empresa, y comunidad. Honestidad, austeridad, respeto, y solidaridad. Verdad, justicia, bien, y vida. Recursos naturales, manufacturas, servicios, y emprendimientos innovadores. He ahí algunas pautas para lograr el bienestar de los peruanos.

El “nos vamos todos” – aparte de incertidumbre – no conduce a nada bueno. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En realidad, es increíble la capacidad de algunos analistas para forzar argumentos a fin de justificar lo injustificable: el adelanto de las elecciones.

El argumento principal que se da es que hemos tenido tres años de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo y que esto ya no da para más. Lo dice Cecilia Valenzuela: antes de “alargar la agonía” dos años más, mejor que dure uno solo. O Alfredo Torres: “Prolongar la crisis política hasta el 2021 a estas alturas solo contribuiría a postergar la recuperación económica y a incrementar la agitación social con fines políticos”. Rospigliosi llega a decir que el nuevo Congreso tendrá un comportamiento aún más belicoso que antes. Y así varios otros.

Todos ellos comenten un error básico: escamotear los cambios que se han dado en Fuerza Popular y en el Congreso.

1. Fuerza Popular ya no tiene 73 congresistas sino 54. Ha perdido largamente la mayoría absoluta
    
2. Su lideresa está en la cárcel
    
3. Ya no actúa como bloque opositor sistemático: está internamente dividida, lo que se observa en casi todas las votaciones
    
4. El sector duro, que mantiene actitudes similares a las de los dos primeros años, es muy minoritario dentro de la bancada.
    
5. Hay un sector propositivo y concertador que está adquiriendo presencia (Miguel Torres, Alejandra Aramayo, Ursula Letona, Luz Salgado, el propio Carlos Tubino, entre otros). Este sector quiere construir un diálogo para sacar adelante reformas.
    
6. La mayoría provinciana desea tener buenas relaciones con el Ejecutivo para llevar obras a sus pueblos.
    
7. Una eventual salida de Keiko Fujimori probablemente consolidaría la decisión colaboradora de la bancada.
    
8. Pedro Olaechea tiene claramente un talante concertador y una agenda de reformas económicas que coincide con las planteadas en el Plan Nacional de Competitividad, Por primera vez ambas agendas se alinean en un mismo objetivo. Las condiciones para un trabajo conjunto están dadas. La voluntad de colaboración entre Poderes es algo que se advirtió en las expresiones del Premier y del presidente del Congreso luego de la reunión que tuvieron ayer.

El propio Rospigliosi lo dice: “En realidad, es falsa la versión del oficialismo que ha hecho creer a la opinión pública de que el Congreso ha sido un obstáculo para Vizcarra y es el responsable de la inutilidad de la acción gubernamental. Entre marzo y julio del 2018 el Congreso no entorpeció en nada la acción de un presidente que ellos habían ubicado en ese cargo. Y, durante el último año, Vizcarra los puso contra las cuerdas e hizo que aprobaran casi todo lo que él quiso”. El opina que “esta situación iba a cambiar ahora” pero, como hemos visto, no será así, sino lo contrario.

Lo que se está haciendo es inventar un monstruo que ya no existe para justificar un adelanto de elecciones que solo puede favorecer a los intereses políticos del presidente: subir su aprobación en las encuestas, como ya ocurrió, y ahorrarse un año entero de desgaste político, acaso para postular en olor de multitud el 2025.

Pero el daño es grande, no solo por el aborto de la reforma política –tan ardorosamente defendida antes- y las reformas económicas que se hubiesen podido aprobar, sino por la retracción de la inversión. Habrá menos empleo y más pobreza. Pero, increíblemente, estos analistas sostienen que la incertidumbre ya existía antes del 28 de julio y que más bien la recuperación comenzará antes si se adelanta las elecciones.

Justamente lo que estamos diciendo es que la coincidencia de la agenda de reformas del presidente del Congreso con las que plantea el Plan Nacional de Competitividad, abre la oportunidad de avanzar en las reformas económicas y laborales este año y el próximo. Eso mejoraría notablemente las perspectivas para la inversión, más aún si se logra manejar con acierto el problema de Tía María. Más bien, un adelanto de elecciones con un presidente que, en su último año, ya no gobierna (lame duck), enfrentado, allí sí, al Congreso, debilita notoriamente la capacidad del gobierno de sacar adelante ese importante proyecto, facilita el avance de las fuerzas del caos y mata toda inversión. ¿Quién puede resultar elegido en un contexto de retracción económica?

Al adelantar elecciones, de otro lado, se niega, como decíamos, los aportes más interesantes de la reforma política. Ya no habrá tiempo para las primarias ni para formar partidos nuevos y los existentes tampoco tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quien puedan y como puedan a las volandas, garantizando un futuro Congreso acaso peor que el actual.

La única manera de tener mejores candidatos es con las primarias previstas y con un sistema de distritos electorales pequeños, con pocos postulantes en cada uno, que le permitan al elector conocer mejor a los candidatos antes de votar. Pero estas reformas ya no serán posibles si las elecciones se adelantan un año.

Cohabitación en todo caso

Un desastre por donde se mire, simplemente por incapacidad para convivir con la discrepancia, con la diferencia, pese a que, como indicamos, el Congreso actual es mucho menos confrontacional que el que teníamos dos años atrás. El adelanto de las elecciones no solo no es constitucional. Es innecesario.

Por lo demás, es inimaginable una democracia sin conflicto político. Sólo los regímenes autoritarios no lo toleran. Y el conflicto ahora, repetimos, es mucho menor. Pero si el presidente no lo soporta, pese a su menor intensidad, tiene a la mano una solución perfectamente constitucional: designar a un presidente del Consejo de Ministros de la oposición, e iniciar la cohabitación, que fue la solución francesa. Sería hora de inaugurarla. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

El presidente Vizcarra es el más reciente Caballo de Troya de la política peruana.

El fujimorismo, con tremenda miopía, lo exhibió como trofeo de guerra de su absurda batalla contra Pedro Pablo Kuczynski. Metafóricamente hablando, lo pasearon por plazas y calles, como lo hicieron los troyanos en su momento, para alardear del triunfo frente a aquel en la vacancia presidencial obtenida mellando la Constitución.

Tardó muy poco en dejar salir a los enemigos que trajo consigo. Hace exactamente un año,  4 meses después de haber asumido, con el pretexto de la corrupción judicial develada por los audios del Juez Hinostroza y otros impresentables magistrados, dejó desembarcar a los primeros guerreros enemigos:   Aguiar, el asesor de comunicaciones; Zeballos, el asesor jurídico; Gorriti, el administrador de los audios y, por supuesto,  Salaverry, cuyo papel en la división del fujimorismo ha sido determinante. Y todos  ellos comenzaron a trabajar mucho, pero no en la dirección necesaria para reformar la Justicia y erradicar la corrupción, sino en crear el escenario de confrontación política del cual no salimos.

En Una reflexión necesaria antes del Referéndum (Lampadia 07.12.2018), se advertía el peligro de que el presidente Vizcarra gane el Referéndum y “tenga la fórmula para seguir sobreviviendo políticamente y subiendo en las encuestas. Intimará al Congreso a cuanta reforma sea necesaria para mantenerse en el cargo y el Congreso, sin convicción constitucional alguna, le concederá cuanta reforma sea necesaria a fin de que no los despida”.

Poco tiempo después, en El PRESIDENTE VA POR MAS (Medium 02.01.2019) se señalaba que, si el presidente no es reconvenido por el Congreso y se le deja seguir teniendo iniciativas populistas a costa de la Constitución, el “presidente vendría por más” y que, “una inconstitucionalidad más que importa si el pueblo aplaude”.

Y así lo hizo.

El presidente Vizcarra desembarcó más enemigos de la voluntad popular del 2016: medios de comunicación molestos adictos a la publicidad estatal afectados por la Ley Mulder, encuestadoras financiadas con presupuesto público y empresas miopes, gobernadores recientemente electos ávidos de conocer Palacio de Gobierno y ahorrarse las colas presupuestarias en el MEF y cuentapropistas de la política como Salvador del Solar, que interpreta de forma magistral el papel de segundo en la efímera coyuntura política. Y de la mano de estos nuevos aliados, a quienes considero enemigos de la voluntad popular del 2016, el Presidente vino, como ya se advirtió, por más y planteo la Reforma Política y la Cuestión de Confianza. Por supuesto, mientras eso ocurría, las verdaderas tareas de gobierno quedaron en pausa: reconstrucción del norte, crecimiento económico, seguridad, inversión pública, atracción de inversión privada y empleo.

Lo ocurrido entonces este último 28 de julio no es más que el desembarque final de los enemigos más descarados de la voluntad popular: la izquierda marxista de Arana, Mendoza, Cerrón, Santos y Antauro. Vizcarra los ha dejado salir para que abran las puestas de la destrucción final del mandato popular del 2016. Los ha dejado salir para que disparen a la línea de flotación del esquema constitucional vigente, mediante agujeros constitucionales que luego abrirán paso a enmiendas en contra de la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad de opinión y muchas otras libertades incómodas. Vizcarra ha hecho suyo el pedido de los derrotados el 2016 y en lugar de irse dignamente ante su incapacidad de gobernar y observar las reglas democráticas que le exigen concertar con la voluntad popular expresada también en un parlamento de distinta orientación política, ha cumplido su encargo final: destruir la voluntad popular del 2016 que nos dio un gobierno y un Congreso de un signo político determinado.

Proponer el adelanto de elecciones es eso, destruir la voluntad popular, no un gesto de desprendimiento político. Si de desprendimiento se tratará, bastarían tres líneas para decir renuncio.

Por todo ello, el Presidente Vizcarra es  el Caballo de Troya de la política peruana reciente. Es el enemigo de la voluntad popular expresada en las urnas en abril de 2016 que le dijo no a la izquierda marxista y su propósito de cambiar el rumbo de nuestro país, que quería y busca  cambiar la Constitución de 1993 para llevarnos a un modelo económico intervencionista y estatista que lleva inevitablemente al trágico destino venezolano. Vizcarra es el Caballo de Troya que ha buscado torcer esa voluntad popular y abrir también las puertas para la destrucción de la Constitución de 1993 que ha permitido el despegue económico, la reducción de la pobreza en los últimos 25 años y haber dejado de ser un país fallido.

El rol del Congreso es entonces más importante que nunca. El papel que le corresponda cumplir a Pedro Olaechea es histórico, como lo es el papel de las instituciones y de todos los peruanos: defender esa voluntad popular válida hasta el 28 de julio de 2021. Defenderla inclusive del grito efímero de las calles, de las encuestas, de algunos medios de comunicación y de las redes sociales que no pueden sustituir la voluntad ordenada y formal  de millones de peruanos expresada en las urnas. Defenderla también de los mismos congresistas, cuya estupidez e in-idoneidad explica, pero no justifica, el grito anómico de algunos sectores.

Hacer respetar el mandato de las urnas implica hacer respetar la Constitución y sus reglas y puede implicar deshacerse del Caballo de Troya, cuyos relinchos antidemocráticos lindan cada vez más en la infracción constitucional y en los supuestos de vacancia. Lampadia

Antes del aniversario patrio, a Vizcarra se le reclamaba gobernar. Ampliar su mira y abocarse a combatir la anemia infantil, la inseguridad ciudadana e impulsar el crecimiento de la economía. 

Pero, ante su incapacidad para lograrlo, prefirió patear el tablero y buscar la profundización de la crisis política, pretendiendo recortar el período de gobierno.

Como siempre, su disculpa ha sido la intransigencia del Congreso, que no cedió, al cuestionable Poder Judicial, la definición de la impunidad de los congresistas.

En su discurso, el presidente dijo: “Esta situación tiene que cambiar. No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No podemos seguir dándole la espalda al Perú”. Pero eso es, justamente, lo que ha hecho, frenar el crecimiento y frenar la inversión. Y por supuesto, dejar intocados los problemas de seguridad ciudadana y la lucha contra la anemia infantil, dándole la espalda al Perú.

Vizcarra no fue capaz de contagiarse del ‘espíritu olímpico’ de los Panamericanos, que llama a la armonía y el juego limpio. No, prefirió exacerbar la confrontación y crear zozobra.

No fue capaz de saludar la elección de Pedro Olaechea como presidente del Congreso, quién hizo el gesto de extender la mano y proponer el trabajo conjunto: “extiendo la mano del Congreso para trabajar juntos”. (Ver el importante discurso de Pedro Olaechea).

La impronta de Vizcarra es ciertamente cuestionable desde el punto de vista constitucional, como afirman los constitucionalistas Natale Amprimo y Domingo García Belaunde. La Carta Magna es clara al establecer que el mandato legislativo no puede ser recortado como lo propone el mandatario. Ojo que, como dice Mauricio Mulder, si se pudiera recortar el mandato, también se podría prolongar, algo evidentemente imposible.

Lo que sí es posible es acortar el mandato ante la renuncia del presidente y vicepresidente. Lo cual llevaría a que el presidente del Congreso asuma el mandato temporalmente para convocar, a la brevedad, a elecciones generales.

No puede pasar desapercibido el que las izquierdas celebraran efusivamente la propuesta del presidente, pues como bien sabemos ellas tienen una agenda disruptiva que quieren llevar hasta la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Otro anuncio muy criticable del discurso es el de una nueva Ley General de Minería, algo solicitado pocos días antes por el gobernador de Arequipa como parte de su actitud levantisca. Una medida muy grave y cobarde, que lleva a la inmediata paralización de la inversión minera.

Cuando se esperaba que el presidente anunciara alguna vía de solución al problema de Tía María, fuga hacia delante y se ampara en una nueva norma para no tomar decisiones.

Por otro lado, el planteamiento de Vizcarra sabotea las reformas económicas, políticas y judiciales, pues los tiempos pueden no ser suficientes y los ánimos contrarios.

El discurso del 28 de julio pasado, es sin duda uno de los peores de muy largos años. Quién sabe si desde los nefastos discursos del primer gobierno de Alan García.

Es un discurso con dos guiones, uno tradicional de recuentos y promesas, y el otro, desencajado, de ruptura del ciclo democrático.

Muy mal Vizcarra. Ahora esperamos que el congreso, bajo la conducción de Olaechea, sepa guardar las formas y cuidar escrupulosamente sus actos. Lampadia

Antes del aniversario patrio, a Vizcarra se le reclamaba gobernar. Ampliar su mira y abocarse a combatir la anemia infantil, la inseguridad ciudadana e impulsar el crecimiento de la economía. 

Pero, ante su incapacidad para lograrlo, prefirió patear el tablero y buscar la profundización de la crisis política, pretendiendo recortar el período de gobierno.

Como siempre, su disculpa ha sido la intransigencia del Congreso, que no cedió, al cuestionable Poder Judicial, la definición de la impunidad de los congresistas.

En su discurso, el presidente dijo: “Esta situación tiene que cambiar. No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No podemos seguir dándole la espalda al Perú”. Pero eso es, justamente, lo que ha hecho, frenar el crecimiento y frenar la inversión. Y por supuesto, dejar intocados los problemas de seguridad ciudadana y la lucha contra la anemia infantil, dándole la espalda al Perú.

Vizcarra no fue capaz de contagiarse del ‘espíritu olímpico’ de los Panamericanos, que llama a la armonía y el juego limpio. No, prefirió exacerbar la confrontación y crear zozobra.

No fue capaz de saludar la elección de Pedro Olaechea como presidente del Congreso, quién hizo el gesto de extender la mano y proponer el trabajo conjunto: “extiendo la mano del Congreso para trabajar juntos”. (Ver el importante discurso de Pedro Olaechea).

La impronta de Vizcarra es ciertamente cuestionable desde el punto de vista constitucional, como afirman los constitucionalistas Natale Amprimo y Domingo García Belaunde. La Carta Magna es clara al establecer que el mandato legislativo no puede ser recortado como lo propone el mandatario. Ojo que, como dice Mauricio Mulder, si se pudiera recortar el mandato, también se podría prolongar, algo evidentemente imposible.

Lo que sí es posible es acortar el mandato ante la renuncia del presidente y vicepresidente. Lo cual llevaría a que el presidente del Congreso asuma el mandato temporalmente para convocar, a la brevedad, a elecciones generales.

No puede pasar desapercibido el que las izquierdas celebraran efusivamente la propuesta del presidente, pues como bien sabemos ellas tienen una agenda disruptiva que quieren llevar hasta la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Otro anuncio muy criticable del discurso es el de una nueva Ley General de Minería, algo solicitado pocos días antes por el gobernador de Arequipa como parte de su actitud levantisca. Una medida muy grave y cobarde, que lleva a la inmediata paralización de la inversión minera.

Cuando se esperaba que el presidente anunciara alguna vía de solución al problema de Tía María, fuga hacia delante y se ampara en una nueva norma para no tomar decisiones.

Por otro lado, el planteamiento de Vizcarra sabotea las reformas económicas, políticas y judiciales, pues los tiempos pueden no ser suficientes y los ánimos contrarios.

El discurso del 28 de julio pasado, es sin duda uno de los peores de muy largos años. Quién sabe si desde los nefastos discursos del primer gobierno de Alan García.

Es un discurso con dos guiones, uno tradicional de recuentos y promesas, y el otro, desencajado, de ruptura del ciclo democrático.

Muy mal Vizcarra. Ahora esperamos que el congreso, bajo la conducción de Olaechea, sepa guardar las formas y cuidar escrupulosamente sus actos. Lampadia

El conservadurismo ha estado históricamente muy asociado a la derecha política y estos tiempos no son la excepción. Sin embargo, la nueva derecha, nacida en el seno del siglo XXI, ha degenerado en formas y asociaciones políticas que han llevado a la práctica planteamientos que han ido en contra, entre otras cosas, del pragmatismo que caracterizaba al conservadurismo de antaño.

Inclusive, en muchos casos, ha despreciado los fundamentos de la economía de libre mercado, como el libre comercio y la libre inmigración. Ejemplos de ello es la guerra comercial iniciada por Donald Trump en EEUU con China y sus constantes ataques a los migrantes mexicanos o la desesperada insistencia del Partido Conservador y de su candidato favorito a primer ministro, Boris Johnson, con el Brexit en Gran Bretaña, una iniciativa nacionalista que, de llevarse a cabo sin acuerdo, podría llevar a una crisis económica y social a un país que creció tanto gracias a la misma globalización.

Sin embargo, lo realmente grave del éxito de estos movimientos es cómo han cambiado la configuración del escenario político, poniendo muchas veces entre la espada y la pared a los votantes, quienes se ven obligados a elegir entre derechas e izquierdas radicales, y dejando a los moderados completamente fuera de juego.

Esto es lo que The Economist ha denominado como “La crisis global en el conservadurismo” (ver artículo líneas abajo). En este sentido, coincidimos con las críticas hechas por The Economist y creemos que debería haber una refundación de todas las coaliciones políticas que representan el conservadurismo de la actualidad, de manera que retome su esencia tan venida a menos en los últimos años. Al final los votantes se lo agradecerán por los logros que sus propias políticas podrían lograr. Lampadia

Política
La crisis global en el conservadurismo

La derecha de hoy no es una evolución del conservadurismo, sino un repudio al mismo

The Economist
4 de julio, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha declarado que la idea liberal es “obsoleta”. No le sorprenderá saber que no estamos de acuerdo. No solo porque le dijo al Financial Times que el liberalismo se refería a la inmigración, el multiculturalismo y la política de género – una parodia – sino también porque eligió el objetivo equivocado. La idea más amenazada en Occidente es el conservadurismo. Y no tiene que ser conservador para encontrar eso profundamente preocupante.

En sistemas bipartidistas, como los EEUU y (en gran parte) Gran Bretaña, la derecha está en el poder, pero solo eliminando los valores que solían definirla. En países con muchos partidos, la centro-derecha está siendo erosionada, como en Alemania y España, o eviscerada, como en Francia e Italia. Y en otros lugares, como Hungría, con una tradición democrática más corta, la derecha ha ido directamente al populismo sin ni siquiera intentar el conservadurismo.

El conservadurismo no es tanto una filosofía como una disposición. El filósofo Michael Oakeshott lo expresó mejor: “Ser conservador… es preferir lo familiar a lo desconocido, preferir lo intentado a lo no probado, lo fáctico a lo desconocido, lo real a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo distante”. Como el liberalismo clásico, el conservadurismo es un hijo de la Ilustración. Los liberales dicen que el orden social surge espontáneamente de individuos que actúan libremente, pero los conservadores creen que el orden social es lo primero, creando las condiciones para la libertad. Confían en la autoridad de la familia, la iglesia, la tradición y las asociaciones locales para controlar el cambio y frenarlo. Ustedes barren las instituciones a su propio riesgo. Sin embargo, tal demolición está sucediendo al conservadurismo mismo, y viene de la derecha.

La nueva derecha no es una evolución del conservadurismo, sino su repudio. Los usurpadores están agraviados y descontentos. Son pesimistas y reaccionarios. Miran al mundo y ven lo que el presidente Donald Trump una vez llamó “matanza”.

Considere cómo están rompiendo una tradición conservadora tras otra. El conservadurismo es pragmático, pero la nueva derecha es celosa, ideológica y arrogante con la verdad. Australia sufre sequías y mares decolorados, pero la derecha acaba de ganar una elección en un partido cuyo líder se dirigió al parlamento con un trozo de carbón como una reliquia sagrada. En Italia, Matteo Salvini, líder de la Liga del Norte, ha impulsado el movimiento anti-vaxxer. Para Trump, los “hechos” son solo dispositivos para inflar su imagen o consignas diseñadas para suscitar indignación y lealtades tribales.

Los conservadores son cautelosos con el cambio, pero en este momento contemplan la revolución. Alternative para Alemania ha coqueteado con un referéndum sobre la pertenencia al euro. Si Trump cumpliera sus amenazas de dejar la OTAN, se pondría fin al equilibrio de poder. Un Brexit sin acuerdo sería un salto a lo desconocido, pero los conservadores lo anhelan, incluso si destruyen la unión con Escocia e Irlanda del Norte.

Los conservadores creen en el carácter, porque la política se trata tanto de juicio como de razón. Sospechan del carisma y de los cultos de la personalidad. En EEUU, muchos republicanos que lo saben mejor se han reunido con Trump a pesar de que ha sido acusado de manera creíble por 16 mujeres diferentes de conducta sexual inapropiada. Los brasileños eligieron a Jair Bolsonaro, quien recuerda con cariño los días del gobierno militar. El carismático Boris Johnson es favorito para ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña, a pesar de generar desconfianza entre los parlamentarios, porque se lo considera el “Heineken Tory” que, como la cerveza, refrescará los aspectos que otros conservadores no pueden lograr.

Los conservadores respetan los negocios y son administradores prudentes de la economía, porque la prosperidad sustenta todo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, se pinta a sí mismo como un conservador económico de bajos impuestos, pero socava el estado de derecho del que dependen las empresas. Trump es un órdago de guerras comerciales. Más del 60% de los miembros Tory están dispuestos a infligir “daños graves” a la economía para asegurar el Brexit. En Italia, la Liga está asustando a los mercados al jugar con la emisión de un documento gubernamental que actuaría como una moneda paralela al euro. En Polonia, la ley y la justicia han salpicado una bonanza de bienestar. En Francia, en la campaña por las elecciones al Parlamento Europeo, el Partido Republicano de la hizo más un chapoteo sobre las “raíces judeocristianas” de Europa que la prudente gestión económica.

Por último, la derecha está cambiando lo que significa pertenecer. En Hungría y Polonia, la derecha se regocija con el nacionalismo de sangre y suelo, que excluye y discrimina. Vox, una nueva fuerza en España, se remonta a la Reconquista, cuando los cristianos expulsaron a los musulmanes. Un furioso nacionalismo reaccionario enciende la sospecha, el odio y la división. Es la antítesis de la visión conservadora de que pertenecer a la nación, a la iglesia y a la comunidad local puede unir a las personas y motivarlas a actuar en el bien común.

El conservadurismo se ha radicalizado por varias razones. Uno es el declive de lo que Edmund Burke llamó los “pequeños pelotones” en los que se apoyaba, como la religión, los sindicatos y la familia. Otra es que los viejos partidos de derecha e izquierda fueron desacreditados por la crisis financiera, la austeridad y las largas guerras en Irak y Afganistán. Fuera de las ciudades, la gente se siente como si se burlaran de los codiciosos y egoístas sofisticados urbanos. Algunos han sido eliminados por la xenofobia de los empresarios políticos. El colapso de la Unión Soviética, algunos creen, aflojó el pegamento que unía a una coalición de halcones de política exterior, libertarios y conservadores culturales y pro-negocios. Ninguna de estas tendencias será fácil de revertir.

Lo correcto

Eso no quiere decir que todo va por el camino de los partidos de la nueva derecha. En Gran Bretaña y EEUU, al menos, la demografía está en contra de ellos. Sus votantes son blancos y relativamente viejos. Las universidades son una zona libre de derechas. Una encuesta realizada por Pew el año pasado encontró que el 59% de los votantes millenial estadounidenses eran demócratas o inclinados demócratas; el porcentaje correspondiente de republicanos fue solo del 32%. Entre la “generación silenciosa”, nacida en 1928-45, los demócratas obtuvieron un 43% y los republicanos el 52%. No está claro que los jóvenes se desviarán hacia la derecha a medida que envejecen para llenar el vacío.

Pero la nueva derecha está ganando claramente su lucha contra el conservadurismo de la Ilustración. Para los liberales clásicos, como este medio, es una fuente de arrepentimiento. Los conservadores y los liberales no están de acuerdo con muchas cosas, como las drogas y la libertad sexual. Pero son más a menudo aliados. Ambos rechazan el impulso utópico de encontrar una solución gubernamental para cada error. Ambos resisten la planificación estatal y los altos impuestos. La inclinación conservadora a la moral de la policía se compensa con el impulso de proteger la libertad de expresión y promover la libertad y la democracia en todo el mundo. De hecho, los conservadores y los liberales a menudo sacan lo mejor de cada uno. El conservadurismo atempera el celo liberal; los liberales punzan la complacencia conservadora.

La nueva derecha es, por el contrario, implacablemente hostil hacia los liberales clásicos. El riesgo es que los moderados se vean presionados a medida que la derecha y la izquierda inflamen la política y se provoquen mutuamente para moverse a los extremos. Los votantes pueden quedarse sin una opción. Retrocediendo contra Trump, los demócratas se han movido más hacia la izquierda en materia de inmigración que el país en general. Los británicos, con dos grandes partidos, tendrán que elegir entre Jeremy Corbyn, el líder de la extrema izquierda laborista, y un partido conservador radicalizado bajo el mando de Johnson. Incluso si pudiera votar por el centro, como ocurre con Emmanuel Macron en Francia, un partido ganará repetidamente por defecto, lo que a la larga no es saludable para la democracia.

En el mejor de los casos, el conservadurismo puede ser una influencia constante. Es razonable y sabio; valora la competencia; no tiene prisa. Esos días han terminado. La derecha de hoy está en llamas y es peligrosa. Lampadia

“Tal como están las cosas, parece que América Latina seguirá siendo la región del futuro por tiempo indefinido”. Esa es la frase con la que finaliza un reciente artículo escrito por el notable economista Kenneth Rogoff – publicado en la revista Project Syndicate y que compartimos líneas abajo – en el que analiza cómo el reciente ascenso de diversos líderes populistas en la región – entre los que destaca a AMLO, en México y a Bolsonaro en Brasil, así como al dictador Maduro en Venezuela – prolongaría su estancamiento económico y su crisis democrática (ver Lampadia:  Estancamiento de América Latina) a la luz de las políticas emprendidas por dichos gobiernos.

Esto no debería sorprendernos. En el caso de AMLO, como auguramos en Lampadia:  El populismo de AMLO en sus 100 primeros días, las políticas emprendidas por su gobierno en los primeros 3 meses – entre las que destacamos la cancelación de notables proyectos de infraestructura, como el aeropuerto internacional de México iniciado en el 2014, el bloqueo de ductos de combustible y el plantear la posibilidad de un control de precios en una serie de alimentos básicos –  constituían una oda al socialismo latinoamericano del siglo XXI que, como ha sido demostrado históricamente en nuestra región y del cual Venezuela sigue siendo el ejemplo emblemático, conduce a generar una desaceleración económica con alta inflación en el mediano-largo plazo, así como un endeudamiento del fisco a niveles insostenibles.

En el caso de Bolsonaro (ver Lampadia:  Los grandes retos de Bolsonaro, La democracia brasileña en riesgo, ¿Del populismo de izquierda al populismo de derecha?), si bien sostuvimos que en el ámbito económico se encontraba por el camino adecuado – al promover la privatización y el libre mercado en una economía que se encontraba entrampada durante dos décadas debido al proteccionismo, el asistencialismo y la corrupción heredados por Lula Da Silva – el populismo de derecha que ostentaba era sumamente peligroso para la democracia brasileña. Sus declaraciones homofóbicas y misóginas le han valido un rotundo rechazo de la población. Además, su falta de capacidad política y persistente confrontación con el Congreso no le ha permitido, a la fecha, avanzar con las reformas económicas que necesita Brasil. Nuestro país se encuentra en una situación similar, por ende, no debería sorprendernos la situación que aqueja a nuestro vecino oriental.

Sin embargo, los desastrosos resultados a los que llevarán dichos actos políticos en ambos países sí debieran llamar la atención a los votantes respecto de qué políticas son las adecuadas para alcanzar un eventual desarrollo económico y social, así como para consolidar los sistemas democráticos. Es fundamental que nuestra región sea consciente de la crisis democrática en la que se encuentra (ver Lampadia: Las democracias están en peligro en América Latina)  y se dé cuenta que los populismos tanto de derecha como de izquierda no representarán una solución a sus problemas. Lampadia

A medida que los populistas aumentan, las economías de América Latina caerán

Project Syndicate
5 de junio, 2019
Kenneth Rogoff
Traducido y glosado por Lampadia 

En el transcurso de un año, los populistas con tendencias autocráticas han asumido el poder en México y Brasil, y han sentado las bases para volver al poder en Argentina. Con las tres economías más grandes de América Latina destinadas a una mayor mala gestión, las perspectivas de crecimiento en la región son poco favorables.

Aunque el presidente de los EEUU, Donald Trump, tiende a apoderarse de la mayoría de los titulares, no es una excepción global. Los autócratas populistas han disfrutado de un impresionante ascenso al poder en países de todo el mundo, y en ninguna parte la tendencia es más pronunciada que en América Latina tras las elecciones del presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro. Los estadounidenses tienen razón al quejarse de las tendencias autocráticas de Trump, pero, como les recordaría el ex ministro de Finanzas de Chile, Andrés Velasco, Trump es un mero aprendiz en comparación con los populistas de América Latina.

Sin duda, esto no significa que las economías de México y Brasil compartan la misma suerte que la de Venezuela bajo Hugo Chávez y su dictador actual, Nicolás Maduro. Chávez y Maduro lograron llevar al país más rico de América Latina, hogar de una cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo probadas, y convertirlo en un caso perdido con una inflación de más de 1,000,000% y una tasa de pobreza de más del 90%. Al menos 4 millones de los 32 millones de habitantes de Venezuela han huido del país, y las proyecciones sugieren que este número podría duplicarse este año si Maduro sigue en el cargo. Venezuela debe su difícil situación no tanto a las sanciones económicas de la era Trump, sino a sus propios líderes populistas. El país ha estado deteriorándose durante años, y la mayor parte de la caída en sus indicadores sociales y económicos es muy anterior al gobierno de Trump.

AMLO, como el carismático Chávez hace dos décadas, asumió el cargo el año pasado con la promesa de que mejoraría las vidas de la gente común. Uno de sus primeros actos oficiales fue cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto que se necesitaba desesperadamente en la Ciudad de México, a pesar de que el proyecto ya estaba completo en un 30%, debido a que las aerolíneas son para los ricos. Luego lanzó un nuevo proyecto de aeropuerto en un lugar montañoso, poco práctico, más lejos, donde tiene menos posibilidades de terminar.

Aunque AMLO hizo campaña con la promesa de acabar con la corrupción, su gobierno ha rechazado la licitación competitiva por más del 70% de los contratos que ha adjudicado. Al igual que Trump, rechaza a los críticos de los medios como “noticias falsas” y advierte a los reporteros que “se comporten bien” o “sabes lo que te sucederá”. Sin embargo, los inversores globales se sienten alentados por el hecho de que AMLO ha dejado solo al banco central, al menos hasta ahora.

Pero incluso si el mercado no está evaluando un “riesgo de Venezuela” masivo para México, muchas de las celebridades, escritores, académicos y políticos de tendencia izquierdista que elogiaron a Chávez en los cielos se han mostrado notablemente reticentes a animar a AMLO. Después de haber visto a Trump convertir la tragedia venezolana en su ventaja política, los forasteros que pueden simpatizar con las ambiciones socialistas de AMLO son prudentes. La única excepción, por supuesto, es el líder de la extrema izquierda del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, un partidario del corrupto régimen chavista de Venezuela, quien asistió a la toma de posesión de AMLO en diciembre de 2018.

Mientras que AMLO representa una amenaza para la segunda economía más grande de América Latina, Bolsonaro está poniendo en peligro a la más grande. Como dice el viejo y triste refrán, Brasil, con sus abundantes recursos naturales y su gente talentosa, “es el país del futuro, y siempre lo será”. Su nuevo presidente, un ex capitán del ejército que quiere armar a los ciudadanos y arrasar grandes barrios de La Amazonía (que aceleraría significativamente el calentamiento global), se ha convertido en un pararrayo para protestas estudiantiles, ambientalistas y activistas de los derechos de los homosexuales. Anticipándose a las protestas masivas, recientemente canceló un viaje a Nueva York después de recibir críticas mordaces de su alcalde, Bill de Blasio.

Las cosas no están mucho mejor en casa. Los índices de aprobación de Bolsonaro se han reducido a la mitad desde que asumió el cargo a principios de año. Los primeros escándalos dejan en claro que está muy lejos de limpiar la corrupción endémica que paraliza la gobernanza de Brasil, y mucho menos demostrar las habilidades de formación de coaliciones necesarias para implementar la ambiciosa agenda de reformas económicas de su gobierno.

Para empeorar las cosas, la tercera economía más grande de América Latina, Argentina, se enfrenta ahora a la perspectiva de un retorno al gobierno socialista corrupto y autocrático después de una elección presidencial en octubre próximo. El actual presidente del país, Mauricio Macri, asumió el cargo en 2015, prometiendo un retorno a la salud económica después de que el ex presidente Nestor Kirchner y su sucesora / esposa, Cristina Fernández de Kirchner, despilfarraran los beneficios de un auge de las exportaciones agrícolas a principios de la década del 2000. Sin embargo, Macri, quien heredó una situación extremadamente difícil – no solo un gran déficit presupuestario y una capacidad de endeudamiento limitada – también ha cometido algunos errores críticos.

Para reducir la inflación, que probablemente había alcanzado alrededor del 30%, el gobierno de Macri trató de reducir la tasa de crecimiento del dinero y encontrar fuentes alternativas de financiamiento. Pero los funcionarios optaron por recurrir a préstamos a corto plazo en dólares extranjeros (un error clásico), y Argentina pronto se vio incapaz de pagar sus deudas. El tipo de cambio ahora se ha derrumbado, la inflación ha subido a más del 50% y el partido de los Kirchner está listo para recuperar el poder.

Si todos los líderes autocráticos fueran tan competentes como el fallecido Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, los recientes desarrollos políticos en las Américas podrían no ser tan preocupantes. Lamentablemente, este no es el caso, particularmente cuando se trata de los populistas en México, Brasil y Argentina. Tal como están las cosas, parece que América Latina seguirá siendo la región del futuro por tiempo indefinido. Lampadia

Kenneth Rogoff, profesor de economía y políticas públicas en la Universidad de Harvard y ganador del Premio Deutsche Bank 2011 en Economía Financiera.