Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Las sociedades esperan que sus líderes estén a la altura de los retos que les toca asumir. Y muchas veces nos sorprendemos con actuaciones descollantes en medio de situaciones adversas, por parte de personas que no estaban preparadas para enfrentarlas.

El caso reciente más notorio es el del presidente de Ucrania, Volodímir Oleksándrovich Zelenski​. Un licenciado en derecho ​ que antes de su carrera política fue actor, guionista, productor y director de cine y televisión. Zelenski ha sorprendido a propios y extraños con el tamaño de su liderazgo ante la guerra criminal emprendida por Putin y su camarilla estaliniana.

Pero así como hay hombres que se crecen ante los retos, también hay los que se empequeñecen. Un ejemplo de esta lamentable falla de liderazgo es la del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, que ante las angustias que genera el muy politizado proceso constituyente, declara que “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, mintiendo y distorsionando la naturaleza de la actual constitución chilena y dando una suerte de cheque en blanco a la asamblea. Mal comienzo para alguien llamado a atemperar las furias políticas.

Líneas abajo compartimos el artículo de Juan Lagos de la Fundación para el Progreso sobre este ‘deliz’ de Boric.

Curiosamente, en el Perú tenemos un caso que no encaja entre los que se crecen, ni entre los que se empequeñecen. El presidente Castillo es un caso suigéneris, pues él mismo se ha calificado como alguien no preparado para gobernar, pero que pretende aprender. Cosa que hasta ahora no logra. Ocho meses después de tomar el cargo, sigue pensando en aprender, sin mostrar ningun progreso. Sigue haciendo nombramientos de personajes corruptos e incapaces, sigue actuando en la oscuridad, y sigue pretendiendo dividir a los peruanos para sembrar resentimientos y frustración.

Que malos tiempos para la política latinoamericana. ¡Que vidriera! Amlo, Fernandez, Ortega, Boric, Arce y Castillo, más Petro y Lula en el partidor. Lampadia

¿La Constitución de los cuatro generales?

Fundación para el Progreso – Chile
Juan. L Lagos
Publicado en El Dínamo, 29.03.2022

Del presidente de la República todos esperamos ejemplaridad en su actuar y rigor intelectual en sus palabras. Por desgracia, esto último no ocurrió cuando Gabriel Boric, en defensa del cuestionado actuar de la Convención Constitucional, nos dijo que «cualquier resultado [que saliera de la Convención] sería mejor que una Constitución escrita por cuatro generales». Esta afirmación no es efectiva; ni un sentido literal ni en un sentido metafórico.

En un sentido literal, controvierte a lo expresado por Boric el contenido material de nuestra actual Constitución. En septiembre de 2020, el profesor de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia, se dio a la tarea de rastrear el origen y trazabilidad de las normas de la Constitución desde 1812 hasta esa fecha. Un 12, 37% de los párrafos de nuestra Carta Fundamental provienen del período 1812-1925, un 10,21% del período 1925-1973, un 31,04% del período 1973-1989 y un 46,36% del período 1989-2020. Si bien a la fecha estos porcentajes se han modificado por posteriores reformas, esto refuerza la idea de que la mayor parte de la Constitución actual ha sido escrita luego de vencido el Gobierno Militar en el Plebiscito de 1988.

Pero tampoco es de recibo lo afirmado por el presidente en un sentido metafórico. Esta Constitución no fue hecha por cuatro generales. Esta Constitución es el resultado de décadas de participación popular y deliberación política que el presidente Boric no puede menospreciar. Esta Constitución fue firmada por Ricardo Lagos en 2005, por medio de una reforma constitucional tan significativa que en su discurso de promulgación el presidente Lagos nos dijo: «Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile». «Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más que un dique en la vida nacional, la vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional».

Además, no debemos olvidar que esta Constitución fue aprobada por 6.069.449 personas en el Plebiscito Nacional de 1989. Sigue siendo hasta el día de hoy la opción electoral más votada de la historia de Chile. Con más votos que el “Apruebo” de 2020 y que los obtenidos por Gabriel Boric en la segunda vuelta de 2021, incluso a pesar de contar con menos votantes que los dos comicios más recientes.

Compartimos con el abogado Álvaro Iriarte que, gracias al Plebiscito de 1989: «la nueva etapa política comenzó con una Constitución consensuada, ratificada abrumadoramente en un plebiscito y aceptada explícitamente por la oposición democrática». Este fue solo el comienzo de una serie de cambios, desde la Ley N° 18.825 —que contenía las reformas plebiscitadas en 1989— hasta la Ley N° 21.432 —reforma que permitió la renuncia de Rodrigo Rojas Vade— se han efectuado exactamente 1.000 modificaciones a la Constitución por medio de 55 leyes. Todo este dinamismo institucional, político y democrático se ha realizado en medio de un ambiente generalizado de paz y progreso, con alternancia en el poder y en resguardo de los derechos y libertades más esenciales de los chilenos.

Además, “cualquier resultado”, como dijo el presidente Boric, no es la alternativa que esperamos y merecemos los chilenos. Tampoco garantiza que será mejor que lo que tenemos. Todo parece indicar que la Convención Constitucional nos entregará un proyecto que nos separará todavía más, privilegiando a unos por sobre otros por razones identitarias, o que incluso subordinará a la política muchas actividades que hoy cuentan con la activa participación de la sociedad civil o que son desarrolladas por instituciones independientes del poder político.

Llegó el momento de evaluar con seriedad las normas del proyecto de nueva Constitución que ya nos está proponiendo la Convención. Para esto necesitamos un diálogo racional, sin distorsiones ni caricaturas, libre de chantajes y manipulaciones históricas como las presentadas por el presidente Boric. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como hemos comentado antes, la Convención Constitucional de Chile es una vitrina abierta de todos los extremismos populistas. Hoy día reproducimos el artículo ‘Indigenismo constitucional’ de la Fundación para el Progreso, que muestra los excesos discriminatorios afirmativos que se pretenden imponer a todos los chilenos.

Detrás de las caretas de los ‘…ismos’ asoman intereses de grupo que, en vez de corregir las supuestas injusticias históricas, crean esquemas discriminatorios más arbitrarios e injustos de los que se pretende corregir.

Veamos al respecto la nota de Juan Lagos:

Indigenismo constitucional

Fundación para el Progreso – Chile
Juan. L Lagos
Publicado en El Dinamo
4 de marzo, 2022

Sistemas de justicia paralelos; escaños reservados en el futuro Congreso; autonomías territoriales; poder veto a través del “consentimiento indígena” o cuotas de participación en determinados sectores son muestras del avance del indigenismo en el proyecto de nueva Constitución que terminará consolidando la discriminación en Chile por razones de identidad.

Para ver los efectos que tendrán estos privilegios en el futuro basta con apreciar la actuación de los escaños reservados en la Convención Constitucional.

Lejos está esa ilusión de contar con una diversidad de cosmovisiones para crear la casa de todos, la bancada indígena se ha comportado como un verdadero grupo de interés; más preocupado de conseguir prerrogativas que de los temas país.

Preguntada Elisa Loncón por la autonomía del Banco Central ella respondió: “Ojalá fuera plurinacional, que implica decisión indígena al interior” (El Mercurio, 1 de agosto de 2021).

Cuando le preguntaron a Rosa Catrileo si prefería un sistema unicameral ella respondió: “Quiero un sistema que resguarde de la mejor manera los derechos indígenas” (La Segunda, 1 de febrero de 2022).

¿Qué tiene que ver la plurinacionalidad con el control de la inflación? Nada.

¿Son los derechos de los indígenas el criterio más idóneo para definir el diseño del Poder Legislativo? Desde luego que no.

Estos son dos ejemplos que muestran una clara inclinación de los escaños reservados por los intereses en desmedro de las ideas.

Es necesario advertir sobre los graves efectos que el indigenismo constitucional tendrá para la democracia y el principio de igualdad ante la ley. Denunciar estos privilegios no supone estar en contra de la autonomía de los ciudadanos y las comunidades. Por el contrario, implica defender esa autonomía para todos sin importar su pertenencia a una etnia, religión o grupo en particular. Tampoco supone estar en contra de la diversidad. Solo decimos que esta no se debe imponer a través del Estado. En lugar de esto, la Constitución debe garantizar las libertades individuales que generan esta diversidad incluso al interior de los pueblos originarios.

La lucha por la libertad siempre ha estado ligada a la implantación de la igualdad ante la ley porque opera como un límite a la acción del gobernante, dado que no hay mayor poder para el Estado que permitirle un trato desigual en la aplicación de las normas. En definitiva, el rico acervo cultural que tiene Chile no puede servir de excusa para discriminar. Este debe ser atesorado y cultivado por ciudadanos libres e iguales en dignidad y derechos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La caja de Pandora de la Convención chilena está soltando todos los demonios de la humanidad.

Como explica Sebastián Izquierdo del CEP de Chile, se ha desatado una ‘rabia refundacional’ que está liderando el debate sobre la formación de las estructuras que deberán regular el desarrollo futuro de nuestros vecinos.

El “buen vivir”, los “derechos de la naturaleza” o el “decrecimiento”, son los conceptos que se están usando en Chile para presentar el pos-extractivismo que las izquierdas peruanas tratan de vender en el Perú, desde el 2012.

Las propuestas que lideran el debate chileno van más allá de la filosofía de las izquierdas desarrolladas en occidente.

Es una suerte de pensamiento de tierra arrasada, que en nombre del bienestar del ‘buen salvaje’, anula la modernidad que ha construido estándares de calidad de vida claramente superiores en esperanza de vida, educación, salud, tecnología y ocio.

El ejemplo chileno nos dice con toda claridad que nunca se deben instaurar procesos constitucionales en tiempos de desorden, como pretenden Castillo y Perú Libre en nuestro país.

Las sociedades deben evolucionar, no revolucionar, pues las revoluciones terminan regalando espacios desproporcionados y poco representativos a minorías oportunistas y manipuladoras.

La rabia refundacional
 

Centro de Estudios Públicos – CEP – Chile
Sebastián Izquierdo R.
La Tercera
Lunes 7 de febrero de 2022

Dejando de lado las expectativas frustradas, vulnerabilidades no resueltas y las desigualdades injustificadas, una fracción relevante y bulliciosa de la Convención ha transformado esta causa en un campo de batalla que nos aleja de los anhelos de una transformación estructural.

El estallido social nos dejó con más interrogantes que respuestas. Las más de 3,300 acciones de protestas que se dieron en los días posteriores al 18 de octubre de aquel año, dejó ver un malestar latente en las movilizaciones, las cuales muchas veces fueron empañadas con incomprensibles actos de violencia. La ciudadanía y élites políticas parecían no entender nada; es que no había ni demandas específicas ni representantes. Entonces, el cambio constitucional figuró como la mejor respuesta -cuando solo reflejaba un 3.5% de las demandas callejeras (Observatorio COES)- ofreciendo una modernización institucional, con el respaldo de la esperanza de la mayoría.

Ese sentir llevó a alojar dicha esperanza en los encargados de llevar a cabo el proceso, y así lograr los acuerdos necesarios para transformar nuestras instituciones; no demolerlas. Sin embargo, tras la reciente votación de normas, hemos visto que gran parte de los convencionales han optado por la rabiosa revancha, antes que aquella ilusión que dio origen al proceso.

Dejando de lado las expectativas frustradas, vulnerabilidades no resueltas y las desigualdades injustificadas, una fracción relevante y bulliciosa de la Convención ha transformado esta causa en un campo de batalla que nos aleja de los anhelos de una transformación estructural.

Han impuesto cambios en el lenguaje, dando paso a un disruptivo discurso normativo y político que no se conocía. La denominada “izquierda decolonial”, que insiste en renunciar a la modernidad, ha tomado cada vez más fuerza. Aldo Mascareño, quien ha estudiado este pensamiento, advierte que esto es tan perjudicial para la socialdemocracia, como para la izquierda marxista; pues ambas son hijas de lo contemporáneo. Son cerca de 60 los convencionales que han dejado relegadas las preocupaciones clásicas de la izquierda, volcándose a los tiempos de la colonización, donde el foco estaba en la dominación política y económica, el desalojo de los pueblos indígenas y la explotación de sus recursos.

Esa idea de dominación epistémica que culminó por sobreponer una cosmovisión europea al mundo no occidental colonizado los llevó a suponer que solo se puede extirpar reprimiendo la herencia de la Europa de entonces. Así, sus ideólogos, prácticamente todos latinoamericanos que escriben en inglés y se capacitan en universidades de aquel continente que tanto repudian, usan esta artificiosa separación binaria entre modernidad y decolonialidad -más por estrategia que por honestidad-, a pesar de que la ciencia moderna tiene años de investigación teórica y empírica profunda sobre esta interrelación.

Conceptos como “buen vivir”, “derechos de la naturaleza” o “decrecimiento”, son propios de este pensamiento. Estos han sido ponderados en el trabajo constitucional, por sobre los múltiples e infinitos anhelos que tiene la ciudadanía. De seguir así, esto solo terminará por dañar la posibilidad que se nos dio para alcanzar acuerdos sustantivos, capaces de interpretar la esperanza y no la rabia refundacional. Solo espero que los 2/3 que se pueden conformar entre el liberalismo y la izquierda moderna, no sigan aceptando esta lógica del todo o nada de aquella “izquierda decolonial”. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La Convención Constituyente de Chile, ha abierto la caja de Pandora refundacional, que está liberando todos los males, habidos y por haber, de una sociedad en crisis de identidad.

Igual a lo que el gobierno de Castillo y Perú Libre pretenden en el Perú con el San Benito de su asamblea constituyente, los miembros de la convención chilena están diseñando una Constitución desconectada de su historia y desconectada del mundo del siglo XXI.

Han caído en la trampa de creer que con ingeniería social se puede crear un paraíso. No son capaces de registrar que estos experimentos sociales, solo han conducido a grandes crisis humanitarias.

Ahora han descubierto la supuesta promesa del ‘buen vivir’, una sociedad bucólica, de la ‘edad media’, que ofrece la felicidad en una sociedad sin exigencias, alejada del mundo moderno.

Lo mismo que en el Perú adoptaron las izquierdas bajo el ropaje del pos-extractivismo, que no es otra cosa que el regreso al mundo pre-moderno, donde solo se produzca lo mínimo para sobrevivir, sin exportar nada, ni alimentos. Donde las poblaciones empobrecidas no tengan nada que reclamar y sean gobernadas por seudos señores feudales, los ‘iluminados’ miembros del ‘soviet supremo’.

Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’

Centro de Estudios Públicos (CEP) – Chile
Leonidas Montes
El Mercurio 
Jueves 3 de febrero de 2022

Foto: William Rojas

“El ideal del buen salvaje nos acompaña desde el siglo XVIII. Su atractivo es innegable, pero sus consecuencias pueden ser nefastas”

Ha surgido en el debate constitucional una nueva ola difícil de comprender. A partir de algunas propuestas que han remecido el ambiente, se asoma una nueva forma de ver el mundo que atenta contra los principios más básicos del liberalismo y la modernidad.

Si analizamos las 882 votaciones que realizaron los constituyentes entre el 3 de julio y el 30 de octubre de 2021, observamos algo sorprendente (ver: https://c22cepchile.cl/analisis-online/). (…) Aquí aparecen aladas palabras que escapan a las clasificaciones y la lógica del mundo moderno.

Un ejemplo de esta nueva dinámica es el concepto de buen vivir que aparece con mucha fuerza en el debate constitucional. Sin embargo, ¿qué es el buen vivir? ¿Se puede hablar de un solo buen vivir? ¿Es la felicidad, esa eudaimonía [Del griego “eudaimonía” (felicidad) el término se aplica, en general, a toda teoría ética que considera que la felicidad es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos], que perseguía Aristóteles, ¿u otra cosa?

Las respuestas a estas y otras interrogantes tienen un sustento intelectual e ideológico. Este ideal del buen vivir representa una vida social en armonía con la naturaleza, con el cosmos y cualquier forma de existencia. Es una vida en plenitud, un retorno a lo atávico, a una relación simbiótica entre seres humanos y naturaleza.

Hasta aquí todo suena atractivo y hermoso. Pero en el fondo es un regreso a los tiempos antes de la dominación del mundo moderno, antes de la conquista y de la racionalidad. En este nuevo mundo volveríamos a un pasado que no necesita del desarrollo. Un pasado que rechaza al liberalismo, al socialismo e incluso al marxismo como concepciones de vida buena. Esta es la ola intelectual del decolonialismo que borbotea en la discusión.

El buen vivir descansa en una dimensión particularista que se opone a la modernidad y a los modelos de desarrollo.

• El decrecimiento sería una consecuencia necesaria e inevitable dentro de esta nueva corriente.
• La oposición a la economía, al progreso y a la sociedad moderna se refleja en ese espíritu tribal o ancestral.
• Es una utopía de un mundo mejor o, mejor dicho, de ese mundo que era mejor.

Puede parecer todo muy romántico, pero esconde una amenaza a la modernidad y a la libertad. Esta forma de ver la vida rechaza y desconoce la libertad tal como la entendemos.

Hay un afán de imponer una visión. Es, en definitiva, la cancelación de la modernidad.

En una famosa carta, Voltaire le agradece al joven Rousseau su primer discurso con la idea del buen salvaje y le responde que le encantó el libro, pero que ya estaba viejo para volver a caminar en cuatro patas. El ideal del buen salvaje nos acompaña desde el siglo XVIII. Su atractivo es innegable, pero sus consecuencias pueden ser nefastas. La naturaleza humana no es un saco de bondad y solidaridad. Como decía Nicanor Parra, somos un embutido de ángeles y demonios. Por eso la sociedad necesita de reglas que nos permitan convivir. Esas reglas, por cierto, no obedecen a un ideal ancestral, al sueño romántico de un pasado mejor. Son la consecuencia de un proceso evolutivo.

Aunque la corriente decolonial consideraría a Rousseau como otro liberal, otro bastardo del mundo moderno, el problema es más simple. Para Kant la felicidad depende de uno mismo. En otras palabras, cada uno puede ser feliz a su manera. Y nadie puede imponer su forma de ser feliz al otro. Tampoco imponer su ideal del mundo a los demás. Ese es el gran peligro que representa esta nueva ola decolonial, esta involución disfrazada de buenas vibras. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como se ha comentado varias veces en el Perú, las asambleas constituyentes son Cajas de Pandora, de las cuales puede salir cualquier cosa. No hay controles previos que valgan, ni límites doctrinarios. Es el asambleísmo por definición y, por lo tanto, sus determinaciones están muy influidas por las presiones políticas y el ruido de la calle.

Todo lo contrario de los que ilusamente se supondría se requiere de un foro de ese nivel y alcance.

Por ello es muy importante privilegiar el camino de las reformas constitucionales antes que las asambleas constituyentes refundacionales. Quienes empujan la ruta de las asambleas, son justamente quienes pretenden sacar sus propios sapos y culebras de esa Caja de Pandora.

Uno de los principios fundamentales de nuestras democracias es la separación de poderes. Pues en Chile, contraviniendo su tradición republicana y sus constituciones históricas, se pretende la unificación del ejecutivo y legislativo, un mecanismo que en países des-institucionalizados puede devenir en regímenes despóticos, que debiliten al ciudadano ante los gobiernos.

Como saben, en Lampadia venimos siguiendo las experiencias y los debates políticos de Chile de los últimos años, pues son una fuente muy interesante de aprendizaje democrático.

Veamos la nota del CEP:  

Atribuciones presidenciales, separación de los poderes y eficacia
Centro de Estudios Públicos (CEP) – Chile
Joaquín Trujillo Silva y Juan Luis Ossa S.
Opinión El Mercurio 
Martes 18 de enero de 2022

Han surgido voces en el país que lo que buscan es concentrar la toma de decisiones a través de la unificación del binomio Ejecutivo/Legislativo. Hay casos internacionales que en la actualidad demuestran que dicha concentración bien puede devenir en arbitrariedades flagrantes.

Hace unas semanas propusimos que la discusión sobre el régimen político en la futura
Constitución debe considerar al menos tres niveles:

1. la separación de los poderes del Estado;
2. la relación entre la ciudadanía, el acto de votar y la elección del Ejecutivo; y
3. la distribución de las responsabilidades institucionales.

En esta columna quisiéramos volver sobre el punto (i) y complementarlo con dos cuestiones: la separación de los poderes como condición de su equilibrio, y el peligro que entraña sobredimensionar el papel de una malentendida “eficacia”.

A diferencia de las monarquías absolutas de los siglos XVII y XVIII, la presidencia de la República en Chile se construyó no en base a facultades abstractas, sino a partir de atribuciones concretas y taxativas. En efecto, ya en las constituciones de 1828 y 1833 aquellas aparecen claramente enumeradas y limitadas (véase “Máquina del tiempo” en www.plataformaconstitucionalcep.cl). De ahí que, al menos en teoría, los presidentes no puedan salirse del marco expresamente regulado por la normativa constitucional, por mucho que sus atribuciones abarquen cuestiones de muy distinta índole (por supuesto, ese no es el caso de las dictaduras, cuya obediencia a la Constitución es, con suerte, nominal).

La historia constitucional demuestra que algo similar ocurre con las facultades del Congreso, las que son igualmente delimitadas. Que ello sea así es coherente con la clásica separación de los poderes, en la que ninguna autoridad o cuerpo administrativo puede ponerse por sobre la ley ni ejercer una influencia desmedida. En ese sentido, la separación es más que una mera declaración teórica en favor de la igualdad ante la ley: en muchos casos, actúa de contrapeso para que los poderes no se excedan mutuamente. Equilibrarlos es consustancial a una democracia constitucional, vale decir, a un sistema político sometido al Derecho y no a la sola voluntad de quienes nos gobiernan.

Llegamos acá al problema de la “eficacia”. ¿A qué se refiere en general la literatura con este concepto? Un primer sentido dice relación con acatar y cumplir a cabalidad las normas, y que la infracción sea efectivamente sancionada. La segunda, en tanto, es estrictamente política: tiene la aspiración de que las pretensiones de las mayorías se traduzcan en leyes. Para algunos, ambas eficacias pasan por disminuir al máximo la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, para lo cual habrán de actuar en conjunto y de manera fusionada. Para otros, entre los que nos contamos, la eficacia es solo uno más entre muchos fines. Tanto o más importante será que las minorías no sean del todo abandonadas a su suerte, y que dispongan de algún grado de representación.

En nombre de la eficacia han surgido voces en el país que, en realidad, lo que buscan es concentrar la toma de decisiones a través de la unificación del binomio Ejecutivo/Legislativo. Hay casos internacionales que en la actualidad demuestran que dicha concentración bien puede devenir en arbitrariedades flagrantes (e.g., Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría). Una posible salida es recordar que la separación de los poderes y su correcto equilibrio no solo prometen mayores niveles de desconcentración (una exigencia cada vez más presente en la ciudadanía), sino también una eficacia de más largo aliento y desligada de los vaivenes de las circunstancias.

En los próximos días, cuando la Convención Constitucional comience a discutir las diferentes propuestas de articulado para el régimen político, se hace perentorio que nuestros convencionales logren combinar los valores del constitucionalismo democrático, enfatizando tanto la eficacia del poder como el contrapeso de los poderes. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
 

La victoria de Gabriel Boric en Chile ha sorprendido a muchos, porque la experiencia de ese país en el último medio siglo muestra claramente el fracaso del socialismo que intentó aplicar una coalición marxista en 1970, que desató una crisis económica atroz y un caos social espantoso, y el éxito de una política económica de mercado que, adoptada tanto por la dictadura de Augusto Pinochet como por los gobiernos democráticos que lo sucedieron, llevó a nuestro vecino del sur a una prosperidad sin precedentes. A tal punto que se creía que Chile estaba camino a convertirse en un país del primer mundo.

Hoy día está a punto de entrar en la senda que varios otros países de la región, arruinados por políticas populistas de izquierda.

• En el título de este artículo no me refiero en verdad al éxito de Boric, que además de pertenecer a la nefasta corriente del Socialismo del Siglo XXI, es muy joven, sin experiencia y con una trayectoria que se reduce a la agitación estudiantil. 

• Un partidario de las políticas más extremistas y un radical crítico de todos los valores de la Civilización Occidental y Cristiana que, además, jamás ha trabajado en su vida ni ha gestionado nada. Es decir, ideológicamente extraviado y sin ninguna trayectoria que muestre que podría liderar su país hacia la prosperidad.

Aludo más bien al triunfo de las ideas del marxismo heterodoxo, encarnado en la escuela de Frankfurt, que desde hace un siglo sostiene que la batalla contra el capitalismo y la democracia se da en el terreno de las ideas, de la cultura y el arte, en los medios de comunicación y las universidades. Los de Frankfurt, brillantes filósofos alemanes, entendieron desde principios de la década de 1920 que Carlos Marx se había equivocado, que el proletariado no era el sujeto revolucionario, que no se empobrecía ni luchaba por destruir el sistema, sino que prosperaba y peleaba por mejorar sus condiciones de vida. Y que en los países ricos del norte lo conseguía y cada vez se integraba más.

Ellos se dieron cuenta que había que cambiar de discurso, convencer a los intelectuales, a las clases medias, soliviantar a los jóvenes, a las mujeres, a las minorías, etc. Y, sobre todo, interpretar el mundo de manera sesgada, repitiendo historias falsas o medias verdades para socavar el sistema, ganando las mentes de sus adeptos. (En el caso de Chile, por ejemplo, el cuento de la desigualdad, que, por supuesto existe como en todas las sociedades humanas, ocultando el hecho de que todos han mejorado sustancialmente y que las propuestas socialistas conducen inevitablemente a empeorar la vida de la inmensa mayoría).

Por el contrario, las derechas asumieron una suerte de marxismo vulgar, creyendo que el crecimiento económico determinaba completamente la superestructura, las ideas y valores de la gente. Así, si un país crecía y prosperaba, los ciudadanos espontáneamente serían conscientes de eso y respaldarían el libre mercado y la democracia, rechazando a los comunistas, revolucionarios, socialistas del siglo XXI y toda la fauna que intenta destruirlos.

Desde mediados del siglo pasado, por ejemplo, se popularizaron las teorías que supuestamente demostraban que los países que alcanzaban un determinado nivel de prosperidad, un cierto ingreso per cápita que superaba un umbral, se convertían en democráticos y eran inmunes al virus comunista y totalitario. Ahora está claramente comprobado que no es así. 

Paradójicamente la escuela de Frankfurt fue financiada desde sus orígenes por las grandes fortunas del mundo y por los gobiernos de las democracias avanzadas. Y así sigue ocurriendo hoy día, con sus herederos, ONG, think tanks, universidades, medios de comunicación y personas.

Es indispensable que no se pierda de vista la necesidad de enfrentar al comunismo, al socialismo del siglo XXI y al marxismo heterodoxo, desde el campo de las ideas, que la urgencia de las importantes batallas políticas del momento no postergue para más tarde un combate que es decisivo para poder derrotarlos ahora y mañana. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Líneas abajo presentamos un magnífico ensayo de Pablo Paniagua de la Fundación para el Progreso de Chile, quién explica la relación causal entre la mentalidad económica o la cultura pro mercado, y la prosperidad de largo plazo de un país.

“Los mercados libres y sus instituciones inclusivas se mantendrán en el largo plazo solo si se entiende a nivel cultural que estos producen resultados que son moralmente, no solo materialmente, virtuosos y compatibles con el florecimiento humano”.

Paniagua explica que en Chile se habría producido una ruptura entre sus instituciones de mercado y la mentalidad anti mercado de buena parte de la población, especialmente de los jóvenes. Felizmente, parece que últimamente están reaccionando con la intención de voto que muestran por Kast.

Este análisis político y sociológico nos lleva a preguntarnos si los peruanos tenemos, o no, una cultura pro mercado

Tras el último proceso electoral, muchos pensaron que los peruanos estábamos polarizados, con la mitad de la población abjurando de la economía social de mercado. En Lampadia dijimos lo contrario. Ver: La polarización fue coyuntural – El Perú no está partido en dos.

Ya hemos explicado varias veces que la aparente polarización de las elecciones fue producto del desastroso, y hasta criminal, manejo de la pandemia, en la que el gobierno de Vizcarra con sus socios de la izquierda, y luego Sagasti, destrozaron el Perú, quién sabe si adrede.

Tuvimos los peores resultados del mundo, con la mayor cantidad de muertos por millón, la peor caída de la economía y el menor regreso a las aulas. En el combate de la pandemia, estos infelices, rechazaron el apoyo del sector privado, de las iglesias y de las Fuerzas Armadas, insistieron en el uso de pruebas rápidas, rechazaron la donación del software para el seguimiento del virus, las donaciones de pruebas moleculares y de plantas de oxígeno, pararon toda la economía dejando sin ingresos a millones de ciudadanos, y no compraron las vacunas.

Nos llevaron a una situación de desesperanza que crispó nuestro criterio político.

Pero muy rápido después de las elecciones, las encuestas mostraron el verdadero sentir de los peruanos, destacando mensajes como:

• Priorizar la reactivación de la economía y el sistema de salud, versus convocar a una asamblea constituyente.
• El 73% considera positiva la apertura del comercio internacional.
• El 83% cree que la inversión extranjera trae beneficios para los peruanos.
• Los peruanos no queremos que nos desunan.
• No queremos que se cree inestabilidad con el cambio de Constitución.
• No queremos que se ahuyente la inversión privada que crea empleo.
• El 90% desaprobaría el modelo venezolano para el Perú.
• El 71% cree que lo que se necesita es una mejor gestión publica en educación y salud, en vez de estar pensando en cambiar la Constitución.
• El 80% dice que el gobierno debe respetar plenamente la libertad de prensa.

Ver más información en las encuestas encargadas por Lampadia:

• Lo que pide ‘El Pueblo’
• Cambie ministros y abra la economía
• Queremos prosperidad – Corrijan el rumbo

De las recientes encuestas resulta claro que los peruanos favorecen la apertura de la economía. Pero además, sabemos hace tiempo que el Perú es un país de emprendedores, de gente que confía en sus capacidades, aunque sean limitadas. Los peruanos quieren que se les deje trabajar.

Cuando, por la ausencia de inversión privada en las regiones, debido a los malos gobiernos de la dictadura militar, el segundo gobierno de Belaunde y el primer gobierno de García, y por el abandono político de las regiones, debido al terrorismo; los peruanos no se plegaron al terrorismo, no se volvieron delincuentes, no se volvieron ociosos; se fueron a las grandes ciudades de la costa a crear empleo y a forjar un espacio de desarrollo que devino en la nueva clase media peruana. Ver en Lampadia: El libro de la clase media peruana.

Los peruanos somos muy diferentes a los argentinos, chilenos colombianos y venezolanos. Las poblaciones de nuestros vecinos son, en general, dependientes en su trabajo, ya sea del Estado como en Argentina, o del sector privado como en Chile y Colombia.

Los peruanos somos independientes en una gran mayoría, eso nos hace más cercanos a los valores de la economía de mercado. Acaso los puneños, que controlan el comercio en todo el Perú, e incluso en algunas ciudades de Ecuador, ¿tienen una mentalidad de dependientes que le reclaman empleo al Estado?

Como dice Juan Carlos Tafur, solo falta que hagamos clic entre nuestra realidad social y la ideología.

El que no hayamos hecho esa conexión es responsabilidad de nuestra clase dirigente, que no mostró empatía e integración con la población; que no supo acompañar la gran recuperación del Perú desde la Constitución de 1993, que trajo de regreso la inversión privada con crecimiento, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad; con la exigencia al Estado del buen uso de los recursos fiscales que generamos, para mejorar la educación y la salud. Y tampoco supimos desarrollar y divulgar el verbo de la prosperidad, conectar la realidad social con la mentalidad pro mercado.

Increíblemente, hoy tenemos un gobierno que pretende cambiar nuestra realidad social y borrar toda huella de nuestra mentalidad pro mercado. Que agudiza los resentimientos por las diferencias sociales, promoviendo la lucha de clases. Estoy seguro que, a pesar de la deficiencia de la clase política, esta vez, la sociedad civil sabrá ponerse al frente a predicar los caminos del bienestar y a defender la prosperidad que pretenden terminar de apagar.

Mentalidad económica y la prosperidad de las naciones

Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El mostrador, 04.11.2021
Glosado por Lampadia

Desde que Adam Smith publicara su célebre libro La riqueza de las naciones, los economistas llevan 250 años reflexionando acerca del origen y los catalizadores de la riqueza de las naciones. En simple, llevan más de dos siglos preguntándose: ¿qué es lo que hace que un país sea rico y próspero? Y ¿qué elementos ayudan a sustentar dichos procesos de riqueza?

Aproximadamente, durante 1760-1780 el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron a experimentar un proceso de desarrollo económico y riqueza acelerado y sostenido nunca visto en la humanidad. Si bien otros procesos de florecimiento humano, como el Renacimiento italiano, proporcionaron explosiones de riqueza y creatividad, dichos procesos fueron transitorios y luego involucionaron hacia procesos de pobreza y estancamiento. El proceso de prosperidad iniciado por la Revolución Industrial es único en la historia de la humanidad; proceso que el Premio Nobel de Economía Angus Deaton ha denominado El gran escape de la pobreza y la miseria.

A lo largo de la historia, distintos economistas han tratado de explicar el origen de nuestro gran escape. El enfoque clásico se ha concentrado –equivocadamente– en la simple acumulación de capital como elemento catalizador del gran escape. Recientemente, el trabajo del Premio Nobel de Economía Paul Romer se ha desmarcado de este enfoque en el capital, poniendo énfasis en el poder de las ideas y el avance tecnológico en generar progreso sostenido.

Siguiendo el camino de Romer, varios economistas están poniendo énfasis hoy en el rol fundamental de las ideas y el poder de la cultura y las creencias en determinar el progreso de las naciones. Esto es lo que consideramos en estas líneas como “la mentalidad económica” que determina la riqueza de las naciones. Así, existe un factor desestimado por la mayoría de los economistas: las actitudes e ideas económicas y las creencias o mitos económicos de la población.

El poder de la cultura y las ideas en transformar instituciones

Dos economistas han trabajado recientemente en dicha dirección trazada por Romer, dejando en evidencia el poder de las ideas y de la cultura en fomentar ciertas actitudes dentro de la población y un ambiente cultural amigable con las ideas de la libertad económica y el progreso.

• Por una parte, Joel Mokyr, en su más reciente libro, A Culture of Growth, explica que la Revolución Industrial surge debido a la presencia de una cultura del crecimiento –específica de la Ilustración europea–, la cual sentó las bases ideológicas para los avances científicos y los inventos que instigarían la explosión en desarrollo.
• Por otra parte, la economista Deirdre McCloskey ha evidenciado –en su potente trilogía de ensayos– que la gran explosión en desarrollo económico, que ocurrió en Holanda e Inglaterra a finales del siglo XVIII, es el producto no solo de buenas instituciones, sino que, en gran medida, de un ambiente cultural y de ideas propicio que le dé sustento.

El trabajo de Mokyr y McCloskey nos sugiere que el factor principal de la explosión en desarrollo y crecimiento fueron las ideas a favor de la libertad de emprender y de innovar: la legitimación cultural de aquellos comportamientos de creación científicos y de riqueza de los innovadores, comerciantes y comercializadores. En épocas anteriores a la Revolución Industrial, dichas personas eran vistas como detestables y consideradas parias, las que eran aborrecidas por la población, en lugar de ser respetadas y de tener un lugar meritorio en la sociedad. Mokyr y McCloskey señalan que fue realmente la actitud de innovación, de la mano de una cultura del progreso, y no el capital, lo que explicaría la prosperidad.

Mientras una gran cantidad de trabajo empírico e histórico muestra una clara asociación entre el crecimiento económico y la prosperidad humana, por un lado, y las instituciones inclusivas o pro libertad económica, por el otro (Acemoglu y Robinson, 2010; Olson, 1984; Powell, 2019; Sen, 1999), dichas instituciones pro libertad pueden ser bastante frágiles si la población en general no tiene una comprensión clara de lo que determina que un país sea próspero o menos. Esto nos recuerda que buenas instituciones son una condición necesaria, pero no suficiente, para poder sustentar un proceso de desarrollo económico de largo aliento. De hecho, el Premio Nobel de Economía Douglas North reconoció (North, 2005) el rol fundamental de las ideas y de los modelos mentales compartidos por la población en la creación y posterior sustentabilidad de buenas instituciones.

En última instancia, las buenas instituciones (aquellas inclusivas) se sustentan en la mentalidad compartida y en los modelos mentales que predominan en una sociedad específica. La evolución de las instituciones de una sociedad es sobre todo una función de aquellos cambios en el sistema de creencias dominante (Zweynert, 2009). De hecho, un examen cuantitativo del rol de “la cultura” ha contribuido a iluminar cómo esta afecta el desarrollo económico y la evolución de las instituciones (Alesina y Giuliano, 2015). Si la cultura y creencias de una población favorecen un sistema de mercado y pro libertad económica, esto tendrá fuertes efectos prácticos, ya que –como se ha señalado– la libertad económica y las instituciones inclusivas proporcionan las condiciones esenciales para el progreso en el largo plazo. Entonces, para crear y luego sostener dichas instituciones claves de libertad económica, se requiere de un sustrato cultural y de ciertas ideas que sean amigables con los mercados y con las nociones de progreso.

Las instituciones pro libertad económica, como un Banco Central autónomo, son sin duda importantes, pero estas no son una panacea que resuelven todo. Ya que, si no hay un sustrato cultural amigable y un conjunto de ideas y actitudes que las defiendan y las legitimen a nivel ideológico y práctico, entonces aquellas instituciones quedarán sostenidas en arenas movedizas.

El caso del auge y caída del proceso modernizador en Chile y de toda nuestra institucionalidad, son una clara señal de lo que sucede cuando las instituciones pro libertad económica se sustentan de facto en meras constituciones y en papeles, pero no en las ideas y en la cultura de las personas. El caso de Chile sería el polo opuesto de aquella historia de prosperidad: el reflejo de lo que sucede cuando buenas instituciones son erigidas con pies culturales de barro.

Chile y su mentalidad económica

Se ha creado el índice global de la mentalidad económica (Global Index of Economic Mentality, GIEM): el GIEM utiliza datos de la Encuesta Mundial de Valores para medir cómo los ciudadanos reaccionan y piensan sobre los mercados y el Gobierno, capturando así sus actitudes culturales hacia las ideas del progreso económico (para ver la metodología y la construcción del índice, consultar aquí).

El GIEM busca cuantificar el grado en que las personas priorizan la iniciativa privada, la libre competencia y la responsabilidad personal, en contraposición a una mayor intervención del Gobierno en sus vidas, la redistribución de ingresos y un Gobierno que cumpla un rol de mantenedor social.

Dicho índice es una forma de cuantificar la “Ventana de Overton” (Lehman, 2018): la idea de que existe un conjunto de alternativas políticas consideradas como “políticamente aceptables” dentro de una sociedad en un momento dado –en cuanto se relaciona con la ideología económica imperante de un país–. De esta forma, el índice GIEM busca mediar el apoyo cultural y popular hacia la libertad económica y las instituciones pro mercado (ver ranking en Tabla 1, abajo). El índice proporciona una clasificación de países de acuerdo con su mentalidad y cultura a favor de la libre empresa y los mercados.

Tabla 1: Ranking de Mentalidad Económica
Fuente: Czeglédi, Lips y Newland (2021).

Al ver dicho ranking, podemos advertir que Nueva Zelanda, la República Checa, Suecia y Estados Unidos encabezan la lista de los países que valoran más la iniciativa privada que la intervención estatal. Estos países son considerados por el ranking como “Market Leaders”, dado el gran apoyo cultural e ideológico que sus poblaciones otorgan a una economía de libre mercado. No es extraño, entonces, que estos mismos países disfruten de una alta productividad (reflejada en sus ingresos per cápita) y posean instituciones inclusivas que promueven la libertad económica y el progreso social. Asimismo, podemos ver que Chile se ubica dentro de los 12 peores países del ranking, con una mentalidad económica muy baja, es decir, con una actitud cultural negativa hacia la iniciativa privada y una actitud favorable hacia la expansión del Estado. Chile comparte una mentalidad económica similar a aquella de países como Irán, Egipto y Bangladesh, entre otros países que repudian la libertad económica y la iniciativa privada.

Investigaciones recientes (Alesina y Giuliano, 2015; McCloskey y Carden, 2020; Mokyr, 2018) han confirmado la conjetura de Douglas North de que las ideas importan en demasía: las ideas y creencias que se sostienen ampliamente en un país ayudarán a determinar las instituciones y, en consecuencia, el desarrollo económico en el largo plazo. Esta relación entre ideas pro libertad y progreso es lo que precisamente el índice GIEM nos ayuda a iluminar.

Visto que el GIEM captura las convicciones ideológicas y culturales respecto a la mentalidad económica de la población, se puede esperar que, al comparar dos países, el que tenga un puntaje más alto tenga, a su vez, instituciones que garanticen mercados más libres. Existe una correlación positiva entre el Índice de mentalidad económica (GIEM) y aquellas instituciones y políticas de libre mercado en una muestra representativa de países. Esto es precisamente lo que los autores del índice han encontrado (Czeglédi, Lips y Newland, 2021): una correlación positiva entre la mentalidad económica pro mercado de un país y sus instituciones que impulsan el progreso. El índice “está fuertemente asociado con la libertad económica y, de hecho, puede ser un predictor de ella” (Ibíd., p. 676).

Asimismo, los autores señalan que, al revisar dicha correlación positiva entre creencias e instituciones, salta a la luz el hecho de que existen seis países que serían outliers o casos atípicos: Zimbabue, Irán, Hong Kong, Etiopía, Vietnam y Chile. El caso de Chile, señalan los autores, es paradójico, pues la correlación señala que nuestro país posee una incongruencia atípica: posee instituciones de facto pro mercado y libre competencia, pero que estas no se relacionan para nada con nuestro nivel cultural e ideológico actual, que sería bastante antimercado y antilibertad económica (ver Tabla 1).

De esta forma, las instituciones actuales en Chile serían (hasta ahora) propicias para el desarrollo y el crecimiento económico (pro libertad económica), sin embargo, nuestra mentalidad económica y cultural no es favorable para con los mercados libres. Esto señala que dichas instituciones no tienen ni sustento ni arraigo cultural en el país, lo que ayudaría a explicar nuestro actual derrumbe institucional y las razones culturales por las cuales nuestra institucionalidad duró apenas 30 años. De hecho, el puntaje GIEM de Chile es uno de los más bajos de toda América Latina (símiles de aquellos de Argentina). Los autores señalan que nuestro país sería uno de aquellos casos únicos en el mundo, en donde la ideología antimercado actual y la cultura imperante serían negativas e incompatibles con las instituciones pro mercado de facto existentes (Ibíd., p. 677).

El estallido social y la actual revuelta contracultural profundamente antagonista de nuestra modernidad capitalista –iniciada con fervor por los adultos jóvenes en el país– puede ser entendida como el resultado de aquella asimetría o contradicción entre cultura popular antimercado e institucionalidad pro mercado evidenciada por este índice. Con todo, la situación paradójica de Chile, de la cual hoy estamos viendo sus consecuencias más agudas, sería el resultado del profundo fracaso cultural e ideológico, tanto de la Concertación como de la centroderecha chilena y del mundo empresarial, en ayudar a que nuestras instituciones pro libertad económica adquirieran finalmente un sustrato cultural e ideológico propicio para que estas hayan podido perdurar en el tiempo. La actual ruina institucional podría entenderse mejor a través del rol fundamental de las ideas y la cultura en sustentar o socavar el progreso y a las instituciones pro libertad en el largo plazo. Esta es una de las más grandes lecciones que debemos tener en consideración a la hora de reconstruir nuestro país para poder retomar una senda de progreso y libertad que sea sustentable en el tiempo.

Lecciones para el futuro cultural de Chile

Una primera conclusión es que los mercados libres y las instituciones que generan progreso no pueden sostenerse solo con argumentos empíricos sobre la eficiencia económica y la evidencia empírica que los avala (Williams, 1996). Los mercados libres y sus instituciones inclusivas se mantendrán en el largo plazo solo si se entiende a nivel cultural que estos producen resultados que son moralmente, no solo materialmente, virtuosos y compatibles con el florecimiento humano (Sen, 1999).

Segundo, el Índice de Mentalidad Económica también proporciona un mensaje de advertencia para todos aquellos que valoran la libertad económica y el progreso. Ya que, en varias de las naciones que alguna vez fueron favorables a los mercados (como lo fue Chile), las generaciones más jóvenes están perdiendo rápidamente la fe en estos, repudiándolos y sintiendo cólera contra ellos, buscando así siempre mayores niveles de intervención estatal y de soluciones coercitivas para orientar sus vidas. El avance fáctico de la retroexcavadora sería una consecuencia cultural de nuestro rotundo fracaso en cambiar la mentalidad económica en el país durante estos últimos 30 años.

En definitiva, Chile sería un caso digno de estudio, ya que era un país con un alto grado de libertad económica, consagrado en sus instituciones formales, pero en el que el sentimiento público no coincide para nada con dichas instituciones. Existe un desajuste cultural en el país, el cual nunca se ha subsanado y que imposibilitaría que Chile cree las condiciones necesarias para un proceso sustentable de progreso económico de largo aliento. Una combinación contradictoria entre instituciones y cultura es bastante frágil, algo que los economistas denominan un equilibrio institucional inestable, el que tiene dos conclusiones posibles: o se preservan las instituciones pro libertad económica y se cambia la cultura subyacente para sostenerlas, o se mantiene la cultura actual, con el riesgo de ir desmoronando las instituciones existentes. Pareciera que en estos últimos años el país ya tomó una decisión respecto a esta crucial pregunta. Lampadia

La narrativa de las izquierdas chilenas es muy parecida a la ensayada por nuestras izquierdas en el Perú. Ambos se basan en la negación de los crecientes procesos de profundización del bienestar general, en la creación de mitos (especialmente en relación a la desigualdad) y en propuestas refundacionales, de tierra arrasada, que hace mucho daño a los pobres que dicen defender.

Detrás del cortinaje de estas improntas politiqueras, está la búsqueda del poder para instalar gobiernos extra nacionales, de orientación continental, alejados de los procesos de desarrollo del mundo moderno. Ver en Lampadia: La gran condena – Dejar a los pobres desconectados del mundo moderno.

Veamos líneas abajo, el artículo de Pablo Paniagua, de la Fundación para el Progreso de Chile, que nos ayuda a entender las trampas políticas diseñadas por las izquierdas menos modernas del mundo.

Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El Mostrador
14.10.2021

Durante estos días se cumplen ya dos años desde el estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, y del cual todavía estamos viviendo sus repercusiones en distintos aspectos, como lo político, lo constitucional, y así como también sus consecuencias en materia de violencia y destrucción del espacio público. A dos años del 18-O se ha derramado una marea de tinta al respecto y muchos intelectuales han tratado de analizar el fenómeno desde distintas perspectivas, pero muy pocos desde la economía política y con la evidencia en la mano. De esta forma, no se ha puesto un verdadero énfasis en los aspectos económicos del malestar y en la evidencia empírica que cuestiona la mayoría de los lugares comunes en torno al 18-O. Para subsanar estas deficiencias y estos vacíos en el debate público, es que he contribuido con el libro titulado: Atrofia: Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización (Paniagua, 2021).

A pesar de aquel derrame de tinta y de los análisis hechos para explicar el estallido, pocos han puesto énfasis en el real proceso de deterioro del bienestar social y económico que han experimentado muchos chilenos en los últimos años. Esto es lamentable, ya que es probable que el malestar y la furia que se desbordaron en octubre del 2019 estén relacionados con este proceso de deterioro del bienestar económico y social en Chile. En esta columna examinaremos dos elementos claves y contrastantes del debate en torno al estallido: primero, cuestionaré y pondré en duda una de las tesis más conocidas –y uno de los mitos más errados– respecto al malestar social: que el origen de la crisis se encuentra en la desigualdad económica. Segundo, trataré de presentar una tesis alternativa relacionada con una crisis relativa de bienestar, producto de la atrofia de nuestra modernización y una desaceleración económica sin precedentes.

1. El mito: la desigualdad económica lacerante

La tesis más mencionada después del 18-O, es que Chile sería el país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo, en donde la desigualdad económica sería tan brutal y lacerante, que condujo a muchos chilenos a revelarse violentamente contra un sistema que exacerbaba y profundizaba dicha desigualdad. Esta tesis es falsa por varios motivos.

Primero, si vemos la evolución de la desigualdad económica en Chile, podemos ver que, desde 1990 en adelante, muchos de los índices de desigualdad han disminuido bajo distintas mediciones. Tanto el coeficiente de Gini como el coeficiente de Palma han disminuido durante el proceso de modernización capitalista chileno, como se puede ver en la Tabla 1 abajo. Existen bastantes estudios y evidencia empírica respecto a la desigualdad económica en Chile que demuestran que dicha desigualdad y la concentración de la riqueza no han aumentado significativamente en estos últimos 30 años, sino que más bien estas han disminuido, mejorando la mayoría de los índices de desigualdad respecto a aquellos de los años 80 del pasado siglo (ECLAC, 2017; Flores, et al., 2019; Larrañaga, 2016; PNUD, 2017, 2019; Sapelli, 2016; Paniagua, 2021; Peña, 2020; Urzúa, 2018).

Segundo, un estudio realizado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés (2018), señala que el modelo chileno en realidad ha mejorado las oportunidades económicas y el bienestar de manera transversal, mejorando sobre todo la situación de aquellos menos favorecidos. Valdés estimó que el 10% más pobre de la población subió sus ingresos entre 1990 y 2015 en un 439%, el 20% más pobre de la población en un 437%, mientras que el 10% más rico lo hizo solo en un 208%. Es decir, el bienestar económico en Chile mejoró para todos los sectores sociales (la torta se ensanchó para todos), pero además se repartió sobremanera hacia los sectores medios y más pobres del país. Esto también se ve reflejado en los índices de movilidad social, los cuales evidencian que Chile tenía una alta movilidad social intergeneracional en relación con el resto del mundo (OCDE, 2018).

Tercero, a nivel comparado dentro de Latinoamérica, podemos ver que Chile se ubica hoy dentro del promedio de desigualdad de la región, mostrando una disminución de la desigualdad y pasando de ser uno de los países más desiguales de la región a inicios de los años 90, a estar hoy dentro de la media regional de desigualdad (CEDLAS, 2020; ECLAC, 2016; Amarante, et al., 2016). Así, si uno examina la evidencia en torno a los niveles de desigualdad de la región, podemos ver que Chile no es necesariamente más desigual que Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia o Ecuador, pero sí más desigual que Argentina y Uruguay. De esta manera, si fuera por la desigualdad económica y de ingresos, el continente entero tendría que estar sumido en las llamas y en revueltas violentas contra dicha desigualdad.

En síntesis, la evidencia histórica de distintos estudios, realizados por diversos autores con distintos métodos estadísticos y comparativos, pareciera indicar realmente una sola cosa: una lenta pero sostenida reducción de la desigualdad económica y de ingresos en Chile desde 1990, lo que hace que el país esté hoy dentro del promedio de desigualdad regional; es decir, ni muy mal, ni muy bien en materia de desigualdad. Todo esto señala que es absolutamente errado creer que Chile es el país más desigual de la región o del mundo, y que sería la desigualdad el motivo fundamental de nuestra crisis actual (para más detalles consultar aquí). En simple y como ya lo advertía Voltaire: “No es la desigualdad la verdadera tragedia, sino la dependencia”.

2. La realidad: una crisis de bienestar relativa

Ahora, visto que el mito más polémico en torno al estallido social queda refutado por la evidencia, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué podría explicar entonces las causas subyacentes a nuestra crisis social? Una vez despojados de aquellos falsos argumentos con relación al malestar, podemos poner finalmente foco en la evidencia económica que sugiere que el estallido social de octubre del 2019 estuvo fuertemente relacionado con un importante deterioro del bienestar social y económico de los chilenos.

Debemos señalar que el fenómeno de octubre ocurre paralelo a la peor década de desempeño económico que ha tenido Chile en los últimos treinta años. La época dorada de nuestro crecimiento económico (1990-1999) ocurrió hace ya más de dos décadas, y el país lleva ya años creciendo muy por debajo de lo necesario para sustentar un proceso modernizador. El promedio de crecimiento económico anual hasta el 2012 fue de un 5,2% y desde entonces ha disminuido sostenidamente. De hecho, esta última década (2010-2019) ha sido el decenio con el peor crecimiento económico promedio (3,3%) desde la década de los 70 del siglo pasado (2,5%); una desaceleración económica considerable. Todo esto queda en evidencia en la Tabla 2 abajo.

Así las cosas, podemos advertir una contradicción profunda en la modernización chilena: un acelerado proceso de modernización que duró aproximadamente 20-25 años (1985-2011), seguido de un profundo proceso de atrofia de nuestra modernización y de una marcada desaceleración económica. De hecho, los datos muestran que, mientras en la década de los noventa del siglo XX Chile crecía a más del doble que la economía mundial (2,2 veces el crecimiento de la economía mundial), luego, los siguientes quince años (2000-2015), el país sacó el pie del acelerador económico y empezó a crecer solo un 70% más rápido que el resto del mundo; finalmente, para el periodo 2015-2021 bajamos otro escalón más, creciendo apenas a la mitad que la economía mundial (solo 0,6 veces el crecimiento mundial) (ver análisis aquí). En simple, en tres décadas pasamos de ser los “jaguares de Latinoamérica” –con un proceso de modernización acelerado sin precedentes– a ser un país chato, polarizado y atrofiado, que crece apenas a la mitad de velocidad que el resto del mundo. Es difícil creer que nuestra crisis no tenga relación directa con esta crisis relativa de bienestar.

Dicho proceso de desaceleración económica evidenciado en la última década se hace aún más evidente y marcado cuando comparamos, no solo el desempeño entre distintas décadas, sino también durante periodos económicos específicos, que nos permiten medir en el tiempo y capturar mejor la desaceleración ocurrida en distintos periodos de nuestra modernización. Esto se puede observar con más detalle en la Tabla 3 abajo.

Este mal desempeño económico coincide además con el fin del ciclo del “boom de los commodities” (2000-2015 aproximadamente) que sostenía el crecimiento de la mayoría de los países de América Latina. No por nada, el fin del boom económico en el continente coincide precisamente con el hecho de que en el 2018-2019 hubiera cerca de una decena de países latinoamericanos (tanto de derecha como de izquierda) con protestas y manifestaciones violentas. Es difícil creer que lo ocurrido en Chile no sea también parte de una convergencia natural a dicho proceso de deterioro del bienestar ocurrido en el continente.

En conclusión, nuestra crisis social pareciera ser el producto de una atrofia de nuestra modernización; una nefasta mezcla entre: 1) una fuerte desaceleración económica y salarial; 2) una grave desilusión producto del fin de la meritocracia y la expansión del bienestar relativo; y, finalmente, 3) un persistente deterioro de la confianza en las empresas nacionales y en el sistema educacional (los miserables abusos y falsas promesas).

Así, más que ser una crisis o derrumbe del supuesto “modelo neoliberal”, lo que estamos experimentando es una atrofia de la modernización: un fuerte agotamiento de nuestro fugaz progreso y las lamentables repercusiones de nuestra incapacidad de generar un rápido bienestar social generalizado. Con todo, el verdadero desafío de esta década pareciera estar entonces ya delineado. ¿Haremos oídos sordos a la evidencia? Lampadia

A poco más de un mes para la realización de las elecciones presidenciales en Chile, The Economist publica un breve artículo en el que produce algunas reflexiones sobre el estado actual de la denominada convención constituyente, iniciada producto de las protestas en 2019, y su relación con el resultado que tendrán los mencionados comicios electorales, reflexiones que creemos importante compartir.

Lo cierto es que, como menciona el popular medio británico, las motivaciones del cambio de constitución en Chile vienen bastante disminuidas por diversas causas políticas e inclusive no presenta avances en la redacción. Ello revela lo torpe y apurada que resultó esta estrategia con aval del oficialismo, hecha más bien para calmar los actos violentos, pero que por lejos no recogió el verdadero sentir de la mayoría de los chilenos.

Cabe mencionar que, guardando las distancias, la propuesta de Asamblea Constituyente de Perú Libre – que sigue soslayándose cada cierto tiempo en los discursos del presidente y que además fue el emblema de campaña de su partido – está lejos de ser una prioridad para los peruanos, así como sucede con en el caso chileno. Por el contrario, la principal preocupación de la población es la reactivación del empleo y una mejora en sus ingresos, lo cual no pasa de ninguna manera por cambiar las reglas de juego que rigen nuestra vida cotidiana (Lampadia: Castillo y su gabinete de guerra). Lejos de ser una solución, sería perjudicial pues introduciría mayor incertidumbre que afectaría la inversión privada – principal generador de trabajo – la cual ya muestra proyecciones al próximo año negativas a dos dígitos como vienen advirtiendo el IPE, Apoyo, Macroconsult y otras instituciones privadas.

Sigamos detenidamente el desarrollo de las elecciones en Chile y cómo esta afectara el cauce final de su constitución. No pisemos el palito como ya lo hicieron otros países con este tipo de iniciativas refundacionales que, lejos de llevarlos al progreso, anuló sus condiciones de vida rápidamente. Lampadia

¿Puede la convención constitucional de Chile calmar el descontento de la gente?

Las razones de las protestas masivas en 2019 no han desaparecido del todo

The Economist
30 de septiembre de 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Las elecciones presidenciales previstas para noviembre serán como ninguna otra en Chile desde la restauración de la democracia en 1989. Eso se debe en parte a que los principales candidatos son caras bastante nuevas, y la Concertación, la alianza de centro izquierda que dominó la mayor parte de ese período, ya no existe. Pero es principalmente porque el ganador cohabitará al principio con una convención que está redactando una nueva constitución y que podría decidir recortar el período presidencial normal de cuatro años. Todo esto se debe a que Chile todavía está recogiendo los pedazos después de una explosión de protestas masivas y a veces violentas a fines de 2019 que sacudieron al que había sido uno de los países más estables y aparentemente exitosos de América Latina.

En el centro de las protestas estaba la ira por la reducción de las oportunidades y el acceso inadecuado y desigual a la atención médica, las pensiones y la educación. La convención fue ofrecida por una clase política desacreditada en noviembre de 2019 para proporcionar un camino pacífico para salir de un conflicto peligroso. Parece seguro que moverá a Chile hacia la izquierda. La pregunta es hasta dónde.

La respuesta inicial parecía estar muy lejos. En una elección para la convención en mayo, en la que solo votó el 43% del electorado, la extrema izquierda ganó 55 de los 155 escaños (de los cuales 17 estaban reservados para representantes de los pueblos indígenas). La elección fue una derrota tanto para la ex Concertación (25 escaños) como para la derecha (37). Muchos de los representantes son, al menos nominalmente, independientes en una elección en la que ser nuevo, joven y no probado por la política habitual fue una fórmula ganadora.

Ahora que la convención se ha mantenido durante casi tres de su máximo asignado de 15 meses, y ha logrado poco más que aprobar sus propias reglas esta semana, está comenzando a moderarse. Un grupo de extrema izquierda ha hecho implosión, su credibilidad destruida cuando uno de sus líderes admitió que su afirmación de ser un enfermo de cáncer al que se le negó la atención médica adecuada era falsa. Otro se ha escindido: el Frente Amplio (FA) se ha enfrentado al Partido Comunista. Una encuesta muestra que la aprobación de la convención cae al 30%.

Pero su trabajo serio apenas está comenzando. “Estamos discutiendo temas que afectan intereses profundamente arraigados y centros de poder”, dice Patricia Politzer, una representante centrista independiente. “Nunca iba a ser fácil”. Ella es parte de un amplio núcleo negociador que está comenzando a emerger. Es probable que se vuelvan cada vez más influyentes a medida que la convención lidia con los grandes problemas. En primer lugar, es seguro que se definan como derechos constitucionales una larga lista de cosas caras, como las pensiones y la vivienda. La cuestión es si estos serán ejecutables en los tribunales o se dejarán en manos de leyes secundarias. La segunda pregunta es si Chile pasará a un sistema semi-parlamentario, como parte de un esfuerzo por dispersar el poder. En tercer lugar, parece seguro que el nuevo documento impondrá normas medioambientales más estrictas.

La elección presidencial puede dar una idea más clara del cambio de rumbo de Chile. El favorito es Gabriel Boric, un líder del FA de 35 años. Derrotó a un comunista en una primaria. Su programa económico es radical. Pero busca convertir a Chile en algo más parecido a Alemania que a Venezuela, con niveles europeos de impuestos y de inversión verde, empresas estatales y política industrial. Es dudoso que esto funcione rápidamente en Chile.

Boric puede enfrentar a Sebastián Sichel, de centro derecha, en la inevitable segunda vuelta, en diciembre. Pero, alternativamente, podría presentar a José Antonio Kast de extrema derecha. Kast apela a la gran minoría silenciosa que estaba asustada por la violencia de las protestas y teme la inestabilidad. Si ganara, seguramente chocaría con la convención.

Las elecciones mostrarán si la convención representa una captura de un momento de furia en 2019 que está comenzando a desvanecerse (en parte debido a la pandemia), o si es parte de una demanda continua de cambio radical. Hay evidencia de ambas posibilidades. Una encuesta reciente del Centro de Estudios Públicos, un grupo de expertos, mostró una mejor visión de la democracia chilena y el crimen que desplaza a las pensiones como la principal preocupación pública. Solo el 39% ahora dice que apoya incondicionalmente las protestas, en comparación con el 55% en la misma encuesta en diciembre de 2019. Pero el descontento permanece. “La gente no está en las calles ahora porque pone sus esperanzas en la convención”, dice Politzer. La contienda presidencial será, pues, una batalla entre la esperanza y el miedo. Lampadia

Fundación para el Progreso – Chile
Gerardo Varela (*)
Publicado en El Mercurio 02.10.2021

He seguido las propuestas de Gabriel Boric (**) y vi a Nicolás Grau, su jefe programático, en el CEP. Es admirable el desenfado y elocuencia con que expresan malas ideas. Las presentan como convenientes y pareciera que estuvieran respaldadas por evidencia.

Centran su modelo en el cambio climático como si lo fuéramos a solucionar nosotros. Chile no es relevante ni en causar ni en solucionar el tema. Es más, podemos apagar Chile e hibernar y el planeta no se va a enfriar (Chile emite menos Co2 al año que China en 3 días), pero ellos quieren condicionar nuestro desarrollo al clima. La tierra se está calentando hace 18 mil años (en ello influye el hombre, la actividad solar, volcánica, las orbitas de Júpiter y Venus, etc.) pero nuestro Chile querido va a detener el cambio climático. Parece que mientras la ciencia avanza, el conocimiento científico de nuestros jóvenes se degrada. Es más fácil escuchar a Greta que leer.

Sus propuestas para Chile son una vuelta al pasado:

• aumentar impuestos (van 23 alzas desde 1990 que han limitado nuestro crecimiento);
• reeditar la negociación colectiva ramal (idea económicamente absurda y que hoy sería una colusión ilegal);
• limitar la capacidad del dueño de administrar su empresa y castigar a todos los que ahorraron y no gastaron en el pasado (impuesto al patrimonio).

Estas ideas evocan la contribución del Enola Gay a la arquitectura de Hiroshima. Nadie que entiende un poco de empresas puede creer que así se promueve la inversión. Las empresas que existen se irán a modo supervivencia; nadie creará una nueva o lo harán en paraísos fiscales siguiendo a los unicornios (NotCo, et al) y los ahorrantes emigrarán o se llevarán su riqueza antes que se la roben. Lo más innovador es proponer un banco estatal del desarrollo cuando el estado ya tiene 2 (Corfo y el Banco del Estado).

Dicen que escuchan y que se basan en evidencia, pero le preguntan a los que piensan como ellos; usan evidencia sesgada que avala sus prejuicios y correlaciones espurias que no demuestran causalidad. Si se trata de inversión, no le preguntan a los empresarios, sino que a los que viven de ellos.

La supuesta evidencia es usar Uruguay y Europa de la postguerra como referentes. Uruguay tiene un sector servicios desarrollado como refugio tributario para argentinos y brasileños; vive de una economía negra que le dejan millones de turistas y más del 18% de su población ha emigrado buscando oportunidades en otras latitudes.

Si de Chile emigraran 3 millones de profesionales y emprendedores bien remunerados mejoraría la igualdad (Gini) pero nos empobreceríamos todos. Uruguay es inmejorable para vivir, veranear y jubilarse. Pero no es un referente para emprender ni progresar. Europa de la posguerra se recuperó -a pesar de los impuestos altos y no gracias a ellos- porque tenía el financiamiento (plan Marshall); la necesidad (infraestructura que reconstruir, millones de desplazados y huérfanos y mutilados que mantener); el capital humano y el compromiso vital nacido de un sufrimiento inimaginable que lleva a sacrificios excepcionales para salir adelante. Pero además pudo ahorrarse su gasto de defensa descansando en EEUU. Así y todo, la Gran Bretaña socialista, siguiendo un programa tipo FA, fracasó y ya el año 79 cuando asume Thatcher Londres había perdido 1/4 de sus habitantes, la inflación campeaba y su economía era mas chica que Italia. Con diagnósticos errados, evidencias sesgadas y medidas contraproducentes, el FA olvida que la riqueza se evapora más rápido de lo que se distribuye. Sus malas ideas ya coartaron nuestra educación, se faenaron las pensiones y seguirán con el resto.

El programa económico de Boric desafía la lógica, como imponer paridad en directorios impares, demuestra una grave ignorancia económica y es una regresión al tradicional estatismo que ha postrado Latinoamérica. Los enemigos de la democracia son la violencia, los estados megalómanos y la crisis económica. Boric es ambiguo con la violencia, quiere agrandar más el estado (y ni hablar de hacerlo más eficiente) y su programa provocará una crisis económica. Si lo eligen después no le bastará pedir perdón porque los daños serán imperdonables.

(*) Gerardo Varela

Presidente del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Ex ministro de Educación. Abogado de la Universidad de Chile. Consejero del Círculo Legal de ICARE y Officer del Power Committee de la International Bar Association. Ha sido reconocido por la publicación internacional Best Lawyers como el mejor abogado del año 2012 tanto en el área corporativa como fusiones y adquisiciones.

(**) El 22 de diciembre de 2020 el Frente Amplio (FA) oficializó un pacto con Chile Digno, conformado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Este acuerdo se llevó a cabo con las intenciones de participar en las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales y municipales de abril de 2021. Dicho conglomerado llevó el nombre de Apruebo Dignidad.

En miras a la elección presidencial de 2021, el Movimiento Unir proclamó como candidato presidencial al diputado Marcelo Díaz en noviembre de 2020, mientras que Convergencia Social y Revolución Democrática hicieron lo mismo en marzo de 2021 con el diputado por Magallanes Gabriel Boric, llamando a la más amplia unidad de la oposición en una posible primaria presidencial, tomando en cuenta desde Unidad Constituyente hasta Chile Digno.

Finalmente, Boric participó en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad como representante del FA, enfrentándose contra el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien representaba además al pacto Chile Digno. Boric se impuso a Jadue en dicha primaria por sobre el 60% de los votos, siendo así carta única de Apruebo Dignidad y la izquierda en las elecciones presidenciales de noviembre.

Fuente: Wikipedia

Lampadia

Un abuso del lenguaje para impregnar todos los espacios de nuestras vidas con ideologías que pretenden aplanar el conocimiento, el pensamiento y la socialización del ser humano hombre.

Una absurda moda adoptada por los últimos tres gobiernos del Perú, Vizcarra, Sagasti y Castillo; que, en aras de nuestra libertad, rechazamos haciendo uso de nuestra ‘incorrección política’.

Líneas abajo compartimos el análisis de Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso (Chile), un soldado del liberalismo.

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio, 01.08.2021

La transformación de Negrita en Chokita, la advertencia que Disney+ hace antes de ciertas películas —alertando sobre representaciones culturales en algunos de sus filmes clásicos— y el ‘todos, todas y todes’ de los convencionales tienen nexos que los unen. Se enmarcan en un mismo telón de fondo: un debate cultural en torno a conceptos como la identidad, la representación y el lenguaje, uno de los más encendidos de la actualidad.

Son apenas 30 gramos. Una pequeña galleta con crema de vainilla y cobertura de chocolate, cuyos fabricantes decidieron hace algunos días que era momento —’en línea con su cultura de respeto y no discriminación’, comunicaron— de un cambio. La Negrita renacerá como Chokita, para ‘todas y todos’. Pero, así como sostienen algunos que ‘no son 30 pesos, son 30 años’, en este caso podría decirse que no son 30 gramos.

La clásica golosina se convirtió, de un minuto a otro, en una suerte de símbolo de una suma de debates abiertos. La punta de un iceberg, si se quiere, de un campo en que se cruzan discusiones culturales, políticas y sociales. De ahí, por ejemplo, que cuando se comenzaba a hablar de la suerte que corrió la galleta, se terminase dedicando líneas a la Convención Constitucional.

El salto de una cosa a otra no es fácil de seguir y en la maraña conceptual que las conecta se cruzan desde filósofos del posestructuralismo francés, pasando por películas de Disney y los réditos políticos. Los porqués y los cómo, a continuación.

Del meme a la academia

En universidades y centros de estudios, la galleta se masticó más lento. Y dejó sabores distintos. ‘Diría que la cancelación de Negrita lo que refleja es un proceso de profunda descomposición cultural y que amenaza con convertirse casi en una crisis civilizatoria, cuando uno entiende los fundamentos que están detrás de esto’, sostiene el presidente de la Fundación para el Progreso (FPP), Axel Kaiser. ¿Qué corriente es esta? Aquella que han puesto en debate, explica, ‘la necesidad de reflexionar sobre el impacto que tienen ciertos usos lingüísticos, sobre todo en las representaciones de ciertos grupos sociales desaventajados y cómo, entonces, el lenguaje no sería neutro’.

El telón de fondo

Hay veredas distintas desde donde leer el panorama, pero algunos conceptos coinciden: identidades y representación, por ejemplo. Y a su alrededor, se dibujan otros más líquidos como qué es lo políticamente correcto en estos tiempos.

En el esfuerzo de rastrear el origen de esta madeja, varios análisis se remontan décadas atrás. Si se busca una especie de marco teórico, se repiten algunos referentes: el posmodernismo y el posestructuralismo francés de filósofos como Jacques Derrida o Michael Foucault, en que estructuras, palabras y jerarquías se analizan, deconstruyen y cuestionan, dando un lugar preferente a las subjetividades. Enfoques que cruzaron el charco, aterrizaron en los campus estadounidenses y entraron en la misma juguera con otros ingredientes, como los movimientos de protesta y de defensa de minorías. El cóctel resultante es para algunos el terreno en que luego emergerían con fuerza fenómenos como el identitarismo o la corrección política.

Una parte de ese trasfondo fue anticipada por Tocqueville en el siglo XIX: la cultura individualista de la democracia contemporánea, nota él, no lleva solo a una ampliación de las libertades, sino también al reinado de la opinión y eventualmente a un despotismo de la opinión dominante’, sintetiza Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador sénior del IES.

Pero, un minuto. ¿Cuándo se importaron estos fenómenos a Chile? Svensson aventura que un factor clave en la irrupción de estas visiones es ‘la nueva izquierda’. ‘La política de identidad entra también por otras vías, desde luego, pero es de la mano de esta izquierda joven que ha adquirido la presencia pública que tiene’, precisa.

Y tanto en el extranjero como a nivel local, los ojos de muchos de quienes les siguen la pista a estos fenómenos se vuelcan en el mismo lugar: los campus universitarios. ‘La cultura de la cancelación se está tomando poco a poco las universidades, incluso con políticas de corte comisarial, disfrazadas de propósitos inclusivos. La obsesión por la inclusión identitaria termina provocando otras exclusiones y se puede hacer cómplice de prácticas tan violentas como las funas’, advierte el escritor Cristián Warnken.

Con pragmatismo

Por otro lado, dice, ‘los grupos que sostienen políticas de identidad tienen un punto al dar cuenta de que esos grupos normalmente han sufrido de una discriminación que si no es considerada en las prácticas políticas, entonces luego solo se eterniza’, agrega.

LOS MÁRGENES DE LA CORRECCIÓN

¿Aceptado o cancelado?

‘Neoinquisición’. Ese es el concepto que ha trabajado Axel Kaiser —de hecho, le dedicó un libro— en torno a lo que, a su juicio, es la derivación más dura de la llamada corrección política. ‘Estamos entrando en una era de irracionalidad completa, porque la tesis central de esta filosofía, que creo firmemente que es el posmodernismo, es que no hay una verdad. Todo es un discurso, narrativas’, dice. ‘Esta es la gran ironía. Pretendiendo negar que existe una verdad, que se puede conocer a través de la razón, mediante la lógica y la evidencia, planteas al mismo tiempo una verdad que es absoluta. Primero, que no existe esa verdad y segundo, que todo es opresión’, agrega.

Lo vincula —como recoge el ‘Decálogo de la neoinquisición’, que creó la Fundación para el Progreso— con la llamada ‘cultura de la cancelación’, en que aquello que escape a los parámetros trazados por estas miradas o que resulte ofensivo, se vuelve un blanco. Para muchos, un eco de la ficción que planteaba ‘La mancha humana’, de Phillip Roth. ¿Algunos ejemplos? Libros, películas y otras creaciones que miradas bajo ópticas de estos días, no pasan la prueba. Como ‘Lo que el viento se llevó’, cuestionada por su tratamiento de la esclavitud y plantear estereotipos racistas.

Para Kaiser, esto es ‘completamente incompatible con la democracia liberal. Las ideologías identitarias que son colectivistas son incompatibles con la idea de un ciudadano que tiene idénticos derechos a los otros (…). Eso es una sociedad opresiva, ahora sí de verdad, porque estás utilizando la ley y el poder político para crear grupos que tengan jerarquías o estatus distintos’.

En primera persona

¿Cómo define lo políticamente correcto? Para el escritor, es ‘una expresión de la peligrosa tendencia a la unanimidad que comienza a extenderse en el ámbito universitario, político e intelectual. Nada más asfixiante y empobrecedor del debate de ideas que la unanimidad’.

‘Eso va a formar generaciones que nunca se verán enfrentadas a pensamientos distintos, con baja tolerancia a la discrepancia’, advierte.

Y sostiene: ‘Me resisto a callarme por miedo a ser funado o linchado en las redes sociales y siento que esto está ocurriendo con muchos intelectuales y profesores universitarios que practican una vergonzante y humillante autocensura’.

ESCAÑOS RESERVADOS, CUOTAS Y OTROS MECANISMOS

Una era marcada por las identidades

Una pieza clave en este debate cultural es la llamada política de la identidad. La define Peña en su libro como un término acuñado para ‘describir la presencia en la esfera pública de cuestiones en apariencia diversas como el multiculturalismo, el movimiento feminista, el movimiento gay, etcétera, esas diversas pertenencias culturales en torno a las cuales las personas erigen su identidad’.

‘La idea subyacente es que los seres humanos en realidad no comparten una misma naturaleza, sino que se forjan al amparo de distintas culturas a las que la cultura dominante habría subvaluado como una forma de someter y dominar a sus miembros’, complementa. Se configura así, escribe el rector de la U. Diego Portales, ‘un extraño fenómeno consistente en que la identidad queda atada a alguna forma de daño que convierte al sujeto en víctima y a la condición de víctima en la fuente de reclamos contra el discurso ajeno. La etnia, el género, la preferencia sexual son, por supuesto, factores sobre los que suele erigirse alguna forma de dominación; pero una cosa es identificarlos de esa manera y otra erigirlos en fuentes de la propia identidad y reclamar para que se los proteja contra el discurso ajeno’.

Mientras que algunas interpretaciones valoran que la paridad sea ‘un piso y no un techo’, como plantearon varios convencionales, otros ven en este tipo de medidas un dejo de ‘victimismo’.

Manfred Svensson, investigador del IES, profundiza en este último concepto. Para él, no es claro que este enfoque permita avanzar de forma efectiva en los objetivos que se propone. ‘Obviamente hay un sentido positivo de la preocupación por la inclusión y la tolerancia. Pero no creo que esas prácticas vengan de la mano de la política de identidad, sino que más bien responden a una mentalidad opuesta: las culturas victimistas son por definición culturas de baja tolerancia. Por lo demás, es interesante que por mucho que se hable de ‘visibilizar’ a los postergados, esta mentalidad en los hechos vuelve invisibles a quienes no se ajustan a sus estrechas categorías’, sostiene.

La tensión también la han mirado intelectuales en el extranjero. Douglas Murray, pensador británico, advirtió en estas mismas páginas que ‘en el momento en que se llega a la igualdad, cuando por fin se la alcanza, no pueden vivir en ella. Los movimientos de minoría no son capaces de vivir en ambientes de igualdad’. En una veta política distinta, Camille Paglia, quien se describe como trans, también ha sido crítica de estas miradas.

Una cancha distinta

Otro debate reciente en la Convención también muestra la tensión en torno a quiénes deben estar representados en cargos de poder. Aunque finalmente se aprobó la propuesta de la mesa, que por la vía de patrocinios permitía llegar a la vicepresidencia a distintos sectores, hubo críticas de convencionales sobre la posibilidad de que la derecha llegara a estar representada.

Sobre la paridad, destaca que ‘más que si es piso o techo, me acomoda que haya un marco de discusión nuevo, donde se tiene que ir ajustando el funcionamiento, pero la cancha es distinta y eso lo celebro’.

LA DISCUSIÓN ABIERTA EN TORNO AL LENGUAJE INCLUSIVO

Del todos y todas, a ‘les compañeres’

Corría el segundo período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cuando el tema se instaló con fuerza.

El mundo se movió rápidamente y apenas un par de años después, en 2018 —el mismo en que la ola feminista desbordó las universidades— tanto Bachelet como el Presidente Piñera dieron un paso más allá.

Tres años más y Chile ve conformarse a su Convención Constitucional un domingo 4 de julio. Su vicepresidente, el abogado Jaime Bassa, hace uso de la palabra y cuando acude a la primera persona plural, instala la expresión que mantiene hasta estos días: nosotras.

¿Doblado, con ‘e’ o con ‘x’?

En Chile —en España también, en todo caso— está lejos de generar consenso, pese a lo extendidas que varias de estas expresiones están en algunos segmentos, como los grupos más jóvenes o los movimientos de izquierda.

Todavía genera ruido en algunos sectores.

La cientista política y directora ejecutiva del think tank Espacio Público, Pía Mundaca, pone el foco en que ‘no hay que tenerle miedo a discutir lo que está sobre la mesa’.

Sobre el lenguaje, en particular, añade: ‘Creo que nada de lo que está pasando está establecido (…) vamos a ir construyendo’.

‘Sería un engendro’

El escritor Cristián Warnken argumenta que desde el punto de vista lingüístico no hay ‘ningún fundamento para imponer en instancias tan importantes como la Convención un lenguaje ‘otro’ que no sea el español que conocemos. Ese uso arbitrario no solo es molesto, sino incorrecto. ¿Por qué tendríamos que aceptarlo?’.

Los cambios morfosintácticos del idioma, continúa, ‘demoran siglos en producirse; no es una élite —cualquiera esta sea— que puede arrogarse el derecho a destruir y maltratar las bases morfosintácticas de un idioma que es de todos, de una comunidad y de un país’.

‘Una Constitución redactada con ese lenguaje sería un engendro que solo generaría rechazo y escarnio en gran parte de la población que no se sentiría representada por él. Lampadia

El prestigioso profesor de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff, advirtió recientemente sobre los riesgos económicos a largo plazo de nuestra región, a propósito de los avances de las izquierdas en Colombia, con las persistentes marchas en contra de la reforma tributaria, Chile, con la ya convocada Asamblea Constituyente y más recientemente nuestro país, con la inminente proclamación del candidato de izquierda radical, Pedro Castillo.

Y es que dar por sentada una recuperación económica de América Latina y el Caribe en los próximos años, a pesar de la relativa estabilidad de los mercados de deuda y el súper boom de commodities, no tiene asidero con el peligro que supone retornar a las trasnochadas políticas que han sumido a la pobreza a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En todo caso y como hemos mencionado anteriormente, la clase política en nuestro país debe procurar no torcer su senda de crecimiento protegiendo el capítulo económico de la Constitución de 1993, que otorga límites al acrecentamiento del Estado y permite al sector privado, a través de la inversión en sectores estratégicos como la minería y la agro exportación, seguir reduciendo sostenidamente la pobreza desde un 60 al 20% en el tiempo en el que ha tenido vigencia dicha Carta Magna.

Como menciona Rogoff, sostener un crecimiento basado en ciclos alcistas de la economía mundial y no en la productividad tiene sus límites, lo cual debe volcarnos a retomar la atracción e impulso de la inversión privada, de manera que podamos propender mayor desarrollo real a nuestros pobres a través del empleo de calidad como ya lo hicimos en la década pasada del 2000.

Veamos el análisis de Rogoff. Lampadia

Bajo el Volcán Latinoamericano

Project Syndicate
Kenneth Rogoff
1 de julio, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

La mayor parte de América Latina todavía está lejos de las horribles condiciones que prevalecen en Venezuela, donde la producción ha caído en un asombroso 75% desde 2013. Pero, dada la catástrofe humanitaria en curso allí y el espectro de inestabilidad política en otros lugares, los inversores no deberían tomar una recuperación económica sostenida por sentada.

La desconexión actual entre la calma del mercado y las tensiones sociales subyacentes es quizás en ningún lugar más aguda que en América Latina. La pregunta es cuánto tiempo más puede continuar esta flagrante disonancia.

Por ahora, los datos económicos de la región siguen mejorando y los mercados de deuda permanecen inquietantemente imperturbables. Pero una furia hirviente se está derramando en las calles, particularmente (pero no solo) en Colombia. Y con la tasa de nuevos casos diarios de COVID-19 en América Latina ya cuatro veces más alta que la mediana de los mercados emergentes, incluso cuando se inicia una tercera ola de la pandemia, los 650 millones de personas de la región enfrentan un desastre humanitario en desarrollo.

A medida que aumenta la incertidumbre política, la inversión de capital se ha estancado en una región ya acosada por un bajo crecimiento de la productividad. Peor aún, una generación de niños de América Latina ha perdido casi un año y medio de escolaridad, lo que socava aún más las esperanzas de alcanzar el nivel educativo de Asia, y mucho menos de EEUU.

Para Cuba, Rusia y China, que ya tienen una cabeza de playa en Venezuela, la pandemia presenta una oportunidad para avanzar más. Los mercados parecen aliviados de que el aparente ganador de las elecciones presidenciales de Perú, Pedro Castillo, un marxista, parece tener al menos un par de asesores económicos del mainstream, pero queda por ver qué influencia real tendrán.

Además, los datos económicos de América Latina en lo que va de año son buenos solo en el sentido de que no son tan horribles como en 2020, cuando la producción cayó un 7%. En abril, el FMI pronosticó que el PBI de la región crecería un 4.6% en 2021; estimaciones más recientes se acercan al 6%. Pero en términos per cápita, ahora entendido como una mejor manera de medir la recuperación de crisis económicas profundas, la mayoría de las economías latinoamericanas no volverán a los niveles prepandémicos hasta bien entrado el 2022 o más allá.

Es preocupante que gran parte del crecimiento real de la región este año se deba al aumento de los precios de los commodities impulsado por la recuperación en otros lugares, no a mejoras genuinas de la productividad que sostendrán los ingresos a lo largo del ciclo de los productos básicos. Para empeorar las cosas, los hogares de bajos ingresos se han visto especialmente afectados por la pandemia y la recesión económica asociada.

Para comprender los desafíos de las políticas de América Latina, solo necesitamos mirar a sus dos economías más grandes, Brasil y México, que juntas representan más de la mitad de la producción de la región. Superficialmente, están gobernados por polos opuestos: Brasil por el presidente de derecha Jair Bolsonaro y México por el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador (ampliamente conocido como AMLO). Pero los dos hombres son similares en aspectos importantes.

Si bien los instintos políticos de AMLO están arraigados en la cosmovisión radical de la década de 1970, y Bolsonaro parece nostálgico por la era de gobierno militar de Brasil, ambos son autócratas erráticos. Además, ambos siguen siendo razonablemente populares a pesar de su catastrófico mal manejo de la pandemia y una serie de otras decisiones económicas desacertadas. AMLO canceló el nuevo y necesario proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México poco después de asumir el cargo a fines de 2018, a pesar de que estaba en marcha. Y aunque hizo campaña con la promesa de un rápido crecimiento económico, el PBI de México se estaba reduciendo incluso antes de la pandemia, en un 0.1% en 2019.

Bolsonaro, cuando no amenaza con arrasar el Amazonas, ha seguido teniendo éxito en culpar de los problemas de Brasil al opositor Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó el país hasta 2016. Varios de los líderes del PT, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron encarcelados por corrupción.

Sin embargo, es muy posible que, dentro de unos años, Brasil vuelva a tener un presidente de izquierda -quizá Lula, cuyas convicciones fueron revocadas en marzo- mientras que México vuelva a estar en manos de un centrista. Por tanto, es difícil predecir el rumbo futuro de las políticas de los dos países.

¿Por qué los mercados de deuda no están asustados por toda esta incertidumbre? En parte, se debe a que ambos países se han mantenido bastante conservadores en la gestión de su deuda. Es cierto que se prevé que la deuda del gobierno de Brasil alcance casi el 100% del PBI este año. Pero en su mayoría está denominado en moneda local, y los residentes nacionales poseen hasta el 90% del total, frente al 80% hace cinco años. Incluso se ha contenido el endeudamiento externo de las empresas, con la deuda externa del país todavía alrededor del 40% del PBI.

La deuda pública de México es más baja que la de Brasil, al 60% del PBI. A pesar de todo su radicalismo, AMLO ha sido hasta ahora un conservador fiscal, al igual que Lula en Brasil. La lección de que las crisis de la deuda pueden descarrilar una revolución populista ha sido bien aprendida.

Es cierto que los gobiernos de la región han montado una respuesta macroeconómica sorprendentemente sólida a la pandemia. Pero tienen mucho menos margen que EEUU para seguir utilizando financiación deficitaria. Para aumentar el gasto y abordar la desigualdad de manera sostenible, los países latinoamericanos también deben encontrar una forma de aumentar los ingresos presupuestarios. Irónicamente, las protestas en Colombia no comenzaron como respuesta a recortes de beneficios, sino porque el gobierno trató de aumentar los impuestos a la clase media para brindar más y mejor alivio por la pandemia a los ciudadanos más pobres del país. Los gobiernos que buscan redistribuir los ingresos deben aumentar los impuestos a los ciudadanos más acomodados en lugar de ocultar temporalmente los problemas con la deuda adicional.

En las últimas décadas, EEUU se ha mostrado reacio a comprometerse profundamente en la resolución de los problemas de América Latina, pero tal vez esto cambie. Para empezar, la región necesita una asistencia masiva de vacunas para poder recuperarse. EEUU también puede ayudar fortaleciendo el comercio, especialmente abordando los cuellos de botella inducidos por la pandemia y eliminando las medidas proteccionistas persistentes de la era Trump.

La mayor parte de América Latina todavía está lejos de las horribles condiciones que prevalecen en Venezuela, donde la producción ha caído en un asombroso 75% desde 2013. Pero, dada la catástrofe humanitaria en curso allí y el espectro de inestabilidad política en otros lugares, los inversores no deberían tomar una recuperación económica sostenida por sentada. Lampadia

Kenneth Rogoff, profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y ganador del Premio Deutsche Bank en Economía Financiera 2011, fue el economista jefe del Fondo Monetario Internacional de 2001 a 2003.