El candidato a alcalde de la municipalidad de Lima, Luis Castañeda Pardo, dijo en entrevista publicada en Perú21 el miércoles: “La flota actual (del metropolitano) todavía no ha sido pagada por parte de los operadores porque aducen que todavía no ha iniciado la operación debido a que no se culmina el tramo hasta Chimpu Ocllo. Voy a abordar toda esa maraña de problemas”.

Reveló, así, la existencia de, efectivamente, una maraña de problemas en relación al Metropolitano que hasta ahora han pasado casi inadvertidos. El principal es una deuda por más de 1,000 millones de soles (entre capital e intereses) que los 4 operadores le deben a COFIDE por los préstamos puente de 550 millones que éste les hizo para comprar los 512 buses con los que operan. Ese préstamo debía empezar a pagarse, según el contrato, a partir de la fecha de inicio de la concesión, pero el inicio de la concesión dependía, a su vez, del cumplimiento por parte de la municipalidad de ciertas obligaciones. De ellas, la municipalidad nunca cumplió con tres principales: 

• Construir y entregar el tramo del corredor Norte entre Naranjal y   
  Carabayllo (12kms),
• Habilitar el patio de maniobras Norte, y
• Mantener la intangibilidad de las vías aledañas a fin de evitar la
  competencia al nuevo sistema.

En la medida en que esas obligaciones no se cumplieron, la concesión como tal no podía formalmente comenzar, y por lo tanto los operadores no pagaban los préstamos.

Uno de los resultados es que en la actualidad el Metropolitano atiende una demanda actual de 530 mil pasajeros/día, lejos del estimado inicial de 713 mil pasajeros/día. En parte por eso la tarifa subió a S/2.50 desde diciembre del 2014.

En vista de los incumplimientos municipales, los operadores abrieron procesos arbitrales a la municipalidad exigiendo compensaciones económicas por los perjuicios ocasionados, con el acuerdo de que los pagos que tuviera que hacer la municipalidad, si perdía, se harían a favor de COFIDE para cancelar o amortizar las deudas. La municipalidad siempre perdió los laudos, pero solo pagó en una ocasión, el 2012, durante la gestión de Susana Villarán, cuando se entregó 72 millones de soles a favor de COFIDE a cuenta de los intereses. Pese a ello, los intereses acumulados suman en la actualidad 499 millones de soles y los laudos no desembolsados por la municipalidad alcanzan una suma menor a esa, 270 millones de soles.

La gestión actual de COFIDE, presidida por Pedro Grados, está desarrollando conversaciones con los operadores para que estos le paguen por fin la deuda, desvinculando el pago del inicio de la concesión. Los operadores están interesados en llegar a un acuerdo de pago porque corren el riesgo, si no lo hacen, de que la deuda que tienen pase a la categoría de “pérdida”, con lo cual dejan de ser sujetos de crédito, lo que sería desastroso para ellos no solo por razones reputacionales, sino porque no podrían renovar la flota que ya se aproxima a su tiempo de vida límite. En efecto, el “overhaul” de la flota y su ampliación debería iniciarse en unos 18 meses.

El problema es, por supuesto, el elevado monto de la deuda acumulada. ¿Están en condiciones los operadores de pagarla? La respuesta no es fácil. El cumplimiento de las obligaciones municipales y del pago del adeudo por los laudos perdidos, es fundamental para asegurar capacidad de pago por parte de los operadores. Y quizá se requiera otras facilidades.      

Ahora bien, ¿por qué la municipalidad nunca cumplió con las obligaciones arriba mencionadas? Hemos tratado de conversar con el presidente de Protransporte, el señor Victor Pacahuala, para conocer sus explicaciones, pero no hemos tenido la suerte de conseguirlo. No obstante, cuando menos el hijo del alcalde, Luis Castañeda Pardo, sí estaría dispuesto a cumplirlas. Y a pagar los 270 millones que debe la Municipalidad por los laudos perdidos. Hace falta saber si los demás candidatos están enterados o no de lo que ocurre y de los compromisos que en este tema la municipalidad tiene por delante. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un dato interesante en las cifras de candidatos en estas elecciones regionales y municipales que podría ser el punto de inflexión de una tendencia si es que se consolida con reformas políticas que habría que introducir. Nos referimos al hecho de que por primera vez luego de varios procesos electorales, el número de candidatos a gobernador regional presentados por movimientos regionales se reduce, mientras aumenta significativamente el número de candidatos presentado por los partidos nacionales.

Por supuesto, todavía hay que esperar los resultados electorales, para ver si esa inflexión se expresa también claramente en el número de candidatos de partidos políticos nacionales electos. La tendencia hasta ahora ha sido la siguiente:

El incremento de un gobernador regional puesto por los partidos el 2014 no expresa todavía una tendencia clara. Vamos a ver qué ocurre en esta elección. No tenemos la evolución del número de candidatos a las alcaldías provinciales presentados por partidos y movimientos regionales, pero los resultados electorales han registrado una tendencia clara:

Frente a esto, la novedad que trae el presente proceso electoral es un punto de inflexión en el número de listas al gobierno regional que presentan partidos nacionales y movimientos regionales. (no tenemos el dato para las municipalidades provinciales y distritales). Veamos:

Esto obedece al hecho de que se introdujo legislación que prohibió los movimientos locales (provinciales o distritales) y estableció requisitos de inscripción para los movimientos regionales algo más fuertes, similares a los exigidos a los partidos nacionales, agregando la obligación de presentar candidatos en toda la región. Requisitos, la verdad, mínimos, que deberían ser endurecidos crecientemente a fin de convertir esta inflexión que vemos en una tendencia clara en el futuro. Porque la idea es que los partidos nacionales recuperen presencia nacional. Y eso es lo que, al parecer, empieza también a ocurrir, por lo menos en cuanto al número de candidaturas, si vemos el siguiente cuadro, donde el salto importante se da en las presentes elecciones:

Recuperar la presencia de los partidos en el territorio es fundamental para la gobernabilidad, para recuperar la autoridad central en el país y restablecer los canales de representación que han sido cortados desde que los alcaldes y gobernadores no pertenecen a partidos que están en el Congreso. En ausencia de esos canales no hay manera de adelantarse a los problemas ni resolver los conflictos latentes.

La ausencia de partidos nacionales en las regiones es más grave en la medida en que el único cambio estructural que se ha producido en el Perú ha sido una descentralización muy fuerte de las funciones y de la obra pública, pero sin que el gobierno central conserve capacidades de monitoreo, control e intervención. Mucho dinero sin control produce corrupción y alimenta a las mafias, que se multiplican. Miremos en el siguiente cuadro la manera explosiva como se ha redistribuido la obra pública en las últimas décadas:

Reducir el número de partidos y fortalecerlos

Suponiendo que en las elecciones venideras veamos una cierta recuperación del terreno regional y provincial por parte de los partidos políticos, quedan pendientes las reformas necesarias no solo acelerar esa recuperación sino para fortalecer los partidos y reducir su número. Es decir, para reconstruir un sistema de pocos partidos estables y verdaderamente nacionales. 

Porque no podemos seguir con 23 partidos políticos. Esa cifra tiene que reducirse drásticamente. En estas presentes elecciones regionales y municipales participan de la siguiente manera:

Hemos eliminado algunos, a favor de la claridad. Notemos que Alianza para el Progreso (APP) de Acuña, y Acción Popular, tienen muchos más candidatos que Fuerza Popular y que el APRA, cuya participación de ha reducido casi al mínimo. No sorprende el número de candidatos que presenta APP, pues Acuña ha logrado montar, con la presencia y recursos de sus universidades, una estructura clientelista que le permite apoyar candidatos en muchas partes del país. ¿Tiene potencial APP para convertirse en un partido serio? No lo sabemos.

Sorprende, sí, la vitalidad de Acción Popular (AP), un partido que luego de la desaparición de Fernando Belaunde nadie pensaba que sobreviviría mucho tiempo. Probablemente atrae candidatos no por el apoyo financiero que pueda ofrecerles, del que probablemente carece, sino porque la imagen del partido conserva todavía un halo de honestidad y desarrollo que puede ser la base para un desarrollo partidario posterior consistente. En todo caso, hasta ahora ha pasado la prueba del tiempo.

En cambio, sorprende la pequeña cantidad de candidatos del APRA –casi la cuarta parte de los de AP-, el partido histórico más importante del país. Es una lástima. Quizá el estigma de los narco-indultos y la crisis de identidad ideológica generada por el contraste entre los dos gobiernos de Alan García, haya afectado la capacidad de atraer o conservar candidatos apristas. Pero es un partido que debería tener potencial para reconvertirse. El anuncio de Alan García de regresar a la vida activa partidaria no sabemos si es una buena noticia para ese fin.  

Fuerza Popular atraviesa una situación complicada, que puede comprometer su futuro. Si aprovechara los ingresos que recibe del financiamiento público para desarrollar debate interno y capacidad propositiva, y para revisar su experiencia histórica para extraer de ella lecciones y propuestas positivas que le permitan entroncar su futuro en su pasado, podría empezar a darle forma a una militancia que sin duda existe. Es claro que Keiko Fujimori ha desperdiciado el poder convocante que pudo tener.  

En las izquierdas, sorprende también la escasa participación de Juntos por el Cambio, iniciativa de Yehude Simon en la que se agolpan Patria Roja, el Partido Comunista, Fuerza Social, Ciudadanos por el cambio y otros, y al que se plegó la agrupación sin inscripción de Verónika Mendoza (Nuevo Perú) para colocar candidatos en las elecciones internas para este proceso, sin mayor éxito.

Quien sí tiene más presencia es el Frente Amplio de Marco Arana, con candidatos fuertes en el corredor minero y en el valle del Tambo, cuya misión será, de llegar al poder local, seguramente entorpecer la inversión minera. Pero este partido sí tendría posibilidades de fortalecerse, en la medida en que posee una ideología definida.

EL PPC, por su lado, otro partido con cierta ideología e institucionalidad interna, lamentablemente ha sido afectado por sus pasadas luchas intestinas, y presenta ahora pocos candidatos, la mayor parte en Lima. Sin duda tiene potencial de recuperación.

Reformas

• La propuesta de distritos binominales para elegir a diputados, dentro de la reforma que se está planteando, puede ayudar a reducir el número de partidos.
• Debe eliminarse también la facilidad que se dio de conservar la inscripción si no se presenta candidato presidencial.
• La valla para las alianzas debe subirse dos puntos por cada nuevo integrante de la alianza, para evitar que las alianzas sean medios para burlas la valla electoral.
• Se debe mejorar la política de financiamiento público de los partidos, permitir que las empresas formales puedan donar, e incluir la propuesta de Carlos Meléndez de “impuestos por partidos” dirigida específicamente a que las empresas puedan financiar con sus impuestos think tanks en los partidos políticos, entre otras medidas tales como las que obliguen a que las elección es internas sean organizadas por la ONPE a fin de darle garantías a los ciudadanos que deseen ingresar a un partido para participar en la vida política.

En resumen, para consolidar y acelerar la aparente inflexión de la tendencia a la fragmentación política que observamos en estas elecciones regionales y municipales y aprovecharla para reconstruir un sistema de partidos con presencia nacional, es necesario endurecer crecientemente los requisitos para la inscripción y funcionamiento de movimientos regionales y aprobar reformas que lleven a fortalecer y reducir sustancialmente el número de partidos políticos. Lampadia

Las mujeres son personas políticamente motivadas y tienen muchas oportunidades de ganar elecciones. Sin embargo, es mucho menos probable que postulen a cargos políticos. ¿Por qué? Responder esa pregunta para encontrar los caminos para superar los inhibidores es mucho más importante que establecer cuotas.

Una encuesta del portal web estadounidense POLITICO, con American University y Loyola Marymount University, explora varias respuestas muy ilustrativas. (Ver líneas abajo el artículo que presenta los resultados).

Una de las respuestas es sorprendentemente simple: las mujeres no son alentadas ni  reclutadas con la misma intensidad que los hombres. Otro hallazgo del estudio es que los estudiantes universitarios que juegan en el equipo universitario o en deportes juveniles, son más propensos a desarrollar la vocación de servicio público. En el caso de las mujeres, el mejor sitio para reclutarlas es entre aquellas que participan en asociaciones de padres de familia o en actividades asociadas a las escuelas de sus hijos.

Fuente:  iknowpolitics.org

En Lampadia nos gustaría creer que, en el futuro, mujeres talentosas se sientan capaces y confiadasde postulara cargos públicos. Creemos que las mujeres de todas las tendencias políticas, etnias y opiniones deben tener una oportunidad igual de liderar en cargos electos y que nuestra democracia se beneficiaría de las diversas perspectivas y experiencias que las mujeres traen al liderazgo. En general, se considera que las mujeres son más comprometidas con su trabajo, más serias y honestas, y por supuesto generan mucha mayor confianza de la sociedad en su conjunto.

El panorama político actual es volátil y polarizado, y estamos perdiendo el contacto de lo que realmente importa. La política necesita personas buenas, no personas perfectas. El Perú es una nación diversa en la que el 50% de la población son mujeres, y necesitamos una mejor  representación política de su clase dirigente.

La situación actual exige una nueva era de conciencia y compromiso por parte de los políticos. Tienen que estar dispuestos a escuchar a los que están fuera de la burbuja. Necesitan poner el interés nacional y los intereses a largo plazo de sus constituyentes por encima de la política de corto plazo. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de mantenerse informados, de hablar y de responsabilizar a los funcionarios electos. Los políticos necesitan ser más cercanos y accesibles que distantes e inalcanzables.

Hoy compartimos el estudio que muestra cómo podríamos incentivar y fomentar que las mujeres tomen cargos públicos. Uno de los resultados de la encuesta estima que las mujeres están particularmente bien representadas en distritos escolares urbanos a nivel distrital y de su comunidad. Esto indica que las mujeres son significativamente más propensas a indicar un deseo de ser voluntarias en sus comunidades y calificar el trabajo para una organización benéfica como la mejor avenida para mejorar el mundo.

Cada uno de nosotros puede ser un líder dentro de nuestras propias esferas de influencia adoptando una actitud pragmática para acelerar la neutralidad. A través de una colaboración decidida, podemos ayudar a las mujeres a avanzar y liberar su potencial en todo el mundo.

En Lampadia queremos aprovechar para agradecer a las mujeres luchadoras que continúan incesantemente su lucha por ayudar a sus comunidades y esperamos ayudar a que logren una mayor participación en la política. ¡Las necesitamos! Pero no por cuotas, sino por vocación. Lampadia

Veamos la presentación del análisis:

Por qué las mujeres no postulan a cargos políticos

Janie Boschma
Ilustraciones de Ellen Weinstein
Politico.com
12 de junio, 2017
Traducido y glosado por Lampadia​

Las mujeres representan el 20 % del Congreso, 25 % de los escaños de la legislatura estatal y 12 % de las gobernaciones. Tienen el 24 % de las oficinas estatales elegidas, como el fiscal general y el teniente gobernador. Mientras que las mujeres han demostrado que pueden recaudar dinero y ganar elecciones en proporciones  comparables, si no más altas que los hombres, son pocas las mujeres que postulan a cargos políticos.

Una nueva encuesta, patrocinada por POLITICO (una revista y portal web global), American University y Loyola Marymount University, encuentra que la elección del presidente Donald Trump ha movilizado a las mujeres demócratas para que tomen acción política. Las mujeres demócratas están firmando peticiones y haciendo donaciones en mucho mayor proporción que antes de las elecciones. Pero la encuesta también muestra que las mujeres de ambos partidos siguen siendo significativamente menos propensas que los hombres a postularse para el cargo, incluso después de la victoria de Trump.

¿Qué se necesita para que más mujeres lo intenten? POLITICO ha examinado los factores que disuaden a las mujeres de postular, desde una edad temprana y durante sus estudios y carreras, y los momentos clave en los que podrían ser instadas a reconsiderar son:

Comienza en la infancia

Dos claves para cultivar el interés de las chicas en postular para cargos públicos más adelante en la vida son el estímulo de los padres y los deportes. Los científicos políticos Jennifer Lawless y Richard Fox han encontrado que los estudiantes universitarios que jugaban en el equipo universitario o en deportes juveniles eran mucho más propensos a considerarlo que quienes no participaron. Las mujeres que practicaban deportes tenían un 25 % más de probabilidades de exhibir aspiraciones políticas.

En la escuela secundaria, los niños y las niñas mantienen un interés casi igual en la política, y tienen la misma probabilidad de participar en el consejo estudiantil. La brecha de género se abre en la universidad, cuando más hombres comienzan a involucrarse en la política en el campus universitario y a considerar la posibilidad de postular un día. Tanto los hombres como las mujeres en edad universitaria informan que se les animaba a postularse para un gobierno estudiantil a ratios casi iguales, pero más adelante en la vida era la familia y los amigos quienes alentaban a los hombres a considerar una carrera para cargos políticos.

El estímulo de los padres “tiene el potencial de ser un gran ecualizador”, dicen Lawless y Fox. La mitad de los estudiantes universitarios cuyas madres regularmente les instaron a presentarse a cargos públicos dijeron que “definitivamente les gustaría postular en el futuro”, en comparación con sólo el 3 % entre los que no recibieron ningún estímulo materno. Los padres tienen un efecto igualmente profundo en la ambición política, sugiriendo que la infancia es un lugar ideal para comenzar a alentar a las mujeres a pensar en postularse para el cargo.

Brecha de confianza en la universidad

En la universidad, la ambición política de los hombres crece, mientras que las de las mujeres se desvanece. Mientras que sólo un tercio de las chicas de secundaria duda que en algún momento estarán calificadas para postular a un cargo público, la mitad de las mujeres universitarias tienen las mismas dudas.

La duda de sí mismo obscurece las aspiraciones de las mujeres mucho más a menudo que las de los hombres, según Lawless y Fox.

Los hombres universitarios también informan haber hablado de política con sus amigos y visitando sitios web políticos. Son casi dos veces más propensos a unirse a los partidos republicanos o demócratas de la universidad.

Tocando la puerta de la Junta Escolar

La falta de confianza continúa mucho más allá de la universidad, incluso entre las mujeres con experiencia política relevante. Cuando Lawless y Fox encuestaron a las mujeres y los hombres entre las carreras afines a los cargos públicos, (negocios, derecho, educación y política/activismo), encontraron que las mujeres tenían casi la misma probabilidad de haber tenido experiencia política relevante e interactuado con funcionarios públicos que los hombres. Pero cuando se les preguntó si pensaban que estaban calificados para presentarse a la presidencia, sólo el 57 % de las mujeres dijeron que pensaban que estaban calificadas en comparación con el 73 % de los hombres.

Hay una excepción importante, sin embargo: Un área en la cual las mujeres están dispuestas a postular -y parecen sentirse calificadas- es la junta escolar local. Una encuesta de superintendentes escolares estima que las mujeres representaron el 43 % de los miembros del consejo escolar de la nación en el año escolar 2014-15. Las mujeres están particularmente bien representadas en distritos escolares urbanos más grandes.

Si los reclutadores apuntaran a los miembros del consejo escolar apelando a su deseo de transformar sus comunidades, la investigación sugiere que más mujeres postularían a cargos públicos. Las mujeres eran significativamente más propensas a indicar un deseo de ser voluntarias en sus comunidades y calificar el trabajo para una organización benéfica como la mejor avenida para mejorar el mundo.

Los reclutadores buscan en los lugares equivocados

Cuando las mujeres son reclutadas, responden tan positivamente como los hombres. Sin embargo, hay más hombres que dicen ser urgidos por agentes políticos, colegas y miembros de la familia.

Reclutar a las mujeres de las juntas escolares locales, asociaciones de padres de familia y maestros sería el lugar más fácil para que los líderes de los partidos continúen cerrando la brecha en los niveles más altos de oficinas públicas. La mayoría de los dirigentes partidarios del condado de ambas partes ya reclutan a los subdistritos del condado, pero son mucho menos propensos a reclutar en redes de contactos educativas y redes relacionadas con los niños, precisamente donde encontrarían la mayoría de las mujeres con potencial político sin explotar.

Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No hay que tener tanta esperanza en las reformas políticas o electorales”

Eduardo Dargent, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P: Te has mostrado escéptico respecto de la reforma política. ¿Por qué?

R: Si, en general he hablado más de no ponerle tanta esperanza a las reformas electorales y políticas como solución a una serie de problemas como la debilidad partidaria, la ilegalidad o la falta de articulación política. Es bueno poner paños fríos y no ver la reforma como la clave de la articulación política en el Perú. Considero que el diagnóstico que se suele hacer al proponer reformas es problemático; suele ser algo así:

1. Tenemos problemas políticos serios (transfuguismo, debilidad partidaria, fragmentación política).
2. En otros países no tienen esos problemas (generalmente se menciona al mundo desarrollado)
3. En esos países hay X,Y, Z instituciones políticas y electorales, que son distintas a las nuestras.
4. Entonces, adoptando esas instituciones nos pareceremos a ellos, avanzaremos en la solución de estos problemas.

Mi punto no es negar que algunas reformas podrían ayudarnos a mejorar nuestros problemas políticos o que es bueno mirar a otros países para aprender; mi punto es recalcar que ese razonamiento probablemente falle. Y no solo porque, como hemos visto una y otra vez, los actores políticos aprovechan la reforma para hacer reformas parciales, incompletas o provechosas para sus intereses de corto plazo, sino incluso si estos actores hacen todo lo que los “expertos” les digan, la reforma integral de la que hablábamos, es probable que las reglas no funcionen como se espera y sus efectos sean limitados.

Ello porque al plantear las reformas no se suele estudiar cómo afectará el contexto al funcionamiento de las nuevas normas, lo que nos hace diferente a esas sociedades de las que se han copiado las reglas. No observamos las condiciones que hacen que ciertas reglas funcionen de la forma en que lo hacen en otros países. No evaluamos posibles consecuencias inesperadas o que surjan nuevos problemas con las normas aprobadas. Parece más útil que mirar el mundo desarrollado observar cómo han funcionado esas reformas en contextos que conocemos mucho menos pero que se nos parecen mucho más: otros países de América Latina, Europa del Este, incluso África. Por ejemplo, puede ponerse como ejemplo una reforma que suele atraer atención: creemos que un sistema de elección parlamentaria de distritos uninominales “construirá” el bipartidismo sin contemplar que, por ejemplo, puede dar lugar a más fragmentación en el Congreso…

P: ¿Cómo así un sistema de distritos uninominales puede dar lugar a más fragmentación?

R: Se suele asumir que con distritos uninominales se dará un bipartidismo pues motivaría la coordinación entre grupos a fin de poder ganar la posición. Así, se piensa, habrían dos grupos grandes como sucede en EEUU o Reino Unido. Pero ello solo sucede si tenemos dos partidos fuertes y presentes en forma homogénea en el territorio. Bien leída, la llamada “ley de Duverger” predice dos partidos por distrito, no necesariamente serán los mismos partidos en todo un país.

Pero incluso hay buenas razones para pensar que tampoco se daría este bipartidismo local y, como señalaba antes, puede más bien darse más fragmentación a nivel local. Sin partidos fuertes a nivel local puede darse que una multiplicidad de actores compitan en un distrito pues se ve que es posible ganar la posición con un porcentaje bajo.De acuerdo a Robert Moser, algo así se observó en los distritos uninominales en Rusia tras la caída de la Unión Soviética: el número de candidatos efectivos por distrito electoral fue bastante superior a dos. Pero el mejor “experimento” que nos muestra que esto no sería necesariamente así en el Perú lo vemos en las elecciones distritales o provinciales:  al ser posible ganar una alcaldía con 20% el incentivo a correr solos es muy poderoso, no se busca coordinar. Lo mismo podría pasar en una elección congresal. Nuestro número de candidatos efectivos en las elecciones locales nos muestran entonces esta tendencia a la fragmentación. Interesante es ver que donde sí hay partidos medianamente fuertes (Callao, La Libertad) vemos menos candidatos y con las reglas actuales. Una posibilidad, entonces, es más fragmentación partidaria, con diversos candidatos locales llegando al Congreso.

P: Pero lo que dices solo podría ocurrir si  partidos locales o regionales pudieran presentarse como tales a las elecciones congresales. Y eso no es posible. Solo partidos nacionales pueden presentar candidatos al Congreso. Entonces, un partido chico tendría que unirse a otros o a uno grande para tener opción de ganar en alguna circunscripción si en ella solo gana un candidato. De allí el efecto reductor en el número de partidos…

R: No necesariamente. Tenemos un montón de partidos nacionales que podrían brindarse como vehículos a los actores locales. Pero, de acuerdo, asumamos que se señala que solo pueden presentarse candidatos de partidos nacionales y de alguna manera hemos logrado reducir su número: mirando el mapa electoral pareciera que lo más probable es que  tengamos mucho más de dos partidos: el Fujimorismo y Alianza por el Progreso en el Norte, PPK en Lima, FA con claro control del Sur, etc. Es decir, un número de partidos similar a lo que ya tenemos hoy. No veo mayor efecto de la reforma.

P: Bueno, si pudiéramos consolidar un sistema de partidos con cuatro o cinco partidos más o menos estables, ya sería un gran avance. De eso se trata. Lo que tenemos ahora es una gran volatilidad, en cada elección hay gran cantidad de partidos nuevos…

R: -…pero hay otros riesgos. Más que a un bipartidismo puede llevar a formas mayoritarias de control del Congreso que potencien líderes plebiscitarias con tendencias autoritarias. Como ha sucedido en otros países y como probablemente hubiese pasado en el Perú en el 2000, 2006 y en el 2016, podría producir una clara mayoría parlamentaria en vez de bipartidismo. De hecho, algo similar sucedió en países de África y Europa del Este tras sus procesos de democratización cuando partidos autoritarios mantuvieron su control gracias a su mejor posición en el territorio. Un líder populista, de ascenso rápido, con llegada en el territorio, digamos con 30%, puede ganar más del 50% del Congreso y no es de esperarse que los demás grupos “coordinen” para evitar esa posibilidad.

Pero vamos más allá. Como ya debe resultar obvio en el Perú, menos partidos tras una elección no garantizan que estos partidos se mantengan juntos. Nuestras reglas electorales han producido cinco o seis bancadas en el Congreso en las últimas elecciones, no me parece tan mal. El problema es que al final del periodo son nueve o diez. Podemos crear artificialmente menos bancadas, o menos “partidos” si quieres, pero la ausencia de organizaciones fuertes y la débil articulación entre espacios nacionales, regionales, locales, lleva a que se produzca la fragmentación. La organización partidaria, la voluntad de permanecer juntos y coordinar más allá de una elección, obedece a factores que trascienden las reglas electorales que fuerzan que haya menos partidos un día después de las elecciones pero que no llevan a que haya menos poco tiempo después. Por ejemplo, el tener un candidato o candidata viable para la siguiente elección parece hacer más por la unidad que ninguna otra cosa. En estos años el APRA y el Fujimorismo mantuvieron bancadas unidas, a pesar de no tener gran solidez partidaria en el segundo caso, porque hay un candidato con posibilidades, es mejor no bajarse del barco. En este Congreso probablemente el Fujimorismo y el Frente Amplio (quizás APP si César Acuña logra presentar un relevo creíble) mantengan cierta unidad al tener candidatos con expectativas para el 2021. Con Verónika Mendoza probablemente los incentivos a la microfragmentación en la Izquierda se reduzcan, como  pasó con Humala el 2011. Me preocuparía más de otras reformas y menos en las referidos a distritos electorales cuya magnitud promedio no me parece tan mal.

P: ¿Qué reformas?

R: Mirando el contexto podemos discutir varias reformas y las consecuencias positivas que se les atribuyen: eliminar el voto preferencial, si bien puede ayudar a reducir algunos problemas actuales, también puede dar lugar a que el “precio” por los primeros puestos de las listas aumente y no  a más disciplina partidaria;

P: Pero justamente si tienes distritos electorales pequeños no tienes “primeros lugares en la lista”

R: Claro. Me refiero a si se mantienen las listas actuales. Se suele señalar como un cambio de impacto alto para la disciplina partidaria, se asume que los líderes ocuparán los primeros puestos. Si hoy se compran los puestos de la lista al carecer los partidos de recursos de campaña, es probable que mañana se vendan los primeros puestos de la lista. A eso me refería. Haciendo sumas y restas, apoyo esta reforma, pero no creo que tenga los efectos positivos que se señalan, o en todo caso no solo esos efectos.

O pensamos lo sucedido con el deseo de castigar la entrega de bienes en campaña para reducir la corrupción. Es loable la intención, pero vimos que abre la puerta para la aplicación selectiva de la norma, deslegitimando una campaña electoral. O cómo incrementar los requisitos para crear partidos, hacerlos más fuertes por procesos de competencia interna o participación, puede dar lugar a que se asfixie a partidos en formación y que los ya establecidos se conviertan en maestros del papeleo para cumplir de forma con la norma. Y un largo etcétera. A veces incluso proponemos reglas que en realidad ya existieron y que en su momento fueron cambiadas por lo que se percibió como efectos negativos. Nos hemos olvidado de nuestro propio pasado. O incluso renegamos de él con furia, cuando en su momento se aplaudían los cambios: la revocatoria de autoridades locales fue presentada como un avance de la democracia.

Finalmente, creo que poner tanto énfasis en las reglas tiene otra consecuencia negativa: impide discutir seriamente otros aspectos clave sobre la aplicación de las reformas o sobre problemas actuales que podrían solucionarse reforzando los organismos estatales a cargo de aplicarlas. Y partidos comprometidos con su cumplimiento, colaborando entre ellos. ¿De qué sirve señalar requisitos sobre financiamiento de partidos si luego no hay quién aplique esas reglas en forma efectiva?

Dicho todo esto, no quiero parecer crítico de todo intento de reforma. Es saludable que los políticos muestren preocupación por estos problemas y la sociedad entienda mejor los problemas derivados de un débil sistema político. Además, sí creo que algunas reformas son necesarias, especialmente aquellas referidas a construir más espacios de discusión de temas nacionales (creación del Senado, por ejemplo) y romper la dispersión en el Congreso que atomiza agendas y quiebra la representación.

P: Pero la pregunta es precisamente cómo logramos “romper la dispersión en el Congreso” o cómo revertimos la fragmentación política, cómo reducimos el número de partidos…

R: En esa línea, podemos aumentar los requisitos para las alianzas o aumentar el número de congresistas necesarios para formar una bancada. Y puede pensarse el financiamiento de partidos para actividades claramente vinculadas a la actividad partidaria (capacitaciones, actividades internas), no un cheque en blanco. Si tenemos en cuenta lo dicho antes y vemos la reforma solo como un alivio parcial, un paso que requiere muchos más hacia adelante, pues algunas reformas pueden ayudarnos a comenzar a pensar algunos de nuestros problemas y contribuir a su solución.

P: En resumen, ¿cuál sería tu opinión acerca de las propuestas de Lampadia para una reforma política?

R: De las propuestas presentadas por Lampadia, entonces, me parecen atractivas (o en todo caso merecen más discusión): la creación de un Senado con distrito nacional (pero añadiría valla electoral alta); eliminación del voto preferencial; subir la valla a las alianzas; estudiaría más el tema del poder del veto presidencial; y especialmente me parece importante lo referido a derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general puede conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas (aunque algunas de estas normas buscaron solucionar problemas que habría que enfrentar por otros mecanismos). Las otras considero que no tendrán los efectos deseados o, en todo caso, requieren mucho más debate. Y añadiría el financiamiento de partidos como un tema importante, también con salvaguardas.

Lampadia

Durante las últimas elecciones nacionales, tan particulares en muchos aspectos, se ha desarrollado una nueva práctica política, la de ‘cooptar’ a los candidatos con exigencias y compromisos a cambio de votos. Además, por lo que  estamos viendo, ésta se sigue extendiendo hacia el Presidente Electo.

Incluso se ha llegado al extremo de que algunos grupos de izquierda que dieron su apoyo electoral, exigen ahora al nuevo gobierno en formación que no vaya a gobernar según su Plan de Gobierno, sino cumpliendo los compromisos asumidos indicados.

En nuestra opinión, ésta práctica debiera prohibirse, pues aleja a los candidatos de un proceso adecuado para el establecimiento de las políticas públicas que un Estado responsable necesita llevar a cabo. En el caso de PPK, el próximo Presidente de la República, él firmó 17 compromisos pre electorales. El más pernicioso de ellos, según hemos reportado anteriormente, es el suscrito con el sindicato de Sedapal.

Ahora, antes de la asunción del mando, en la llamada ‘Cumbre de Descentralización’ en el Cusco, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE han planteado las exigencias que describimos líneas abajo. 

PPK en el Cusco con las Regiones

Los gobiernos sub nacionales piden más recursos, pero antes se necesitan reformas

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha recibido toda clase de pedidos de los presidentes regionales y alcaldes del Perú en su reciente viaje al Cusco. Él, a su vez, les ha propuesto una alianza, cuyo eco llegue al Congreso, para hacer las obras que el país necesita. Evidentemente tal alianza solo será posible en la medida en que el gobierno entrante acoja por lo menos parte de los planteamientos de los alcaldes y gobernadores regionales. El problema es que dichos planteamientos se centran principalmente en pedidos tales como el reinicio del proceso de descentralización fiscal y el incremento de la transferencia de dinero a las regiones y municipios del 25% (que actualmente manejan) al 50% del presupuesto nacional.

Para comenzar, esa cifra del 25% del presupuesto no es exacta. Es la que corresponde, efectivamente, al presupuesto aprobado para el 2016, pero durante la ejecución tal proporción cambia significativamente, pues, explica Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda, se incorporan saldos no gastados y se realizan transferencias.  Lo que vale, entonces, es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). “Al momento, el porcentaje del Gobierno Nacional (GN) ha bajado a 67.5%. El año pasado, el gobierno nacional terminó con un 63% del gasto Total”, explica Oliva. Lo que daría un 37% para las regiones.

Y el tema es que ese mismo porcentaje es engañoso porque incluye gastos que por naturaleza corresponden al GN, como Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. Por eso, mucho más revelador es el porcentaje del gasto en Inversión. Y allí la realidad se invierte: el año pasado los gobiernos sub nacionales ejecutaron el 65% de la inversión pública, cuando hace 25 años esa cifra no pasaba del 5%. Se ha producido, pues, una descentralización muy fuerte de la obra pública.

El problema es que la obra pública descentralizada es muy deficiente. Para comenzar, se solicita más recursos, pero los que se tiene no se gastan. Según el informe “Estudio de la efectividad de la inversión pública a nivel regional y local” de la Contraloría General de la República, entre los años 2009 y 2014 el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros aspectos no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes, resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.  

El informe describe otros problemas en la inversión pública sub nacional:  atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. El 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

No solo eso: la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de viabilidad por parte del SNIP no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

El resultado de todo lo anterior es que muchas obras terminan paralizadas o carecen del mantenimiento adecuado, con lo cual se deterioran y pierden funcionalidad. Es gasto en vano.

No cabe duda, entonces que se requiere reformar el sistema de inversión pública sub-nacional.  PPK propone, precisamente, la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión realizaría estudios, priorizaría los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal, los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales. Habría que conocer más en detalle de qué se trata.

Como fuere, dicha reforma tendrá que consensuarse en el Congreso con  Fuerza Popular, que propone algo distinto: un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes.

Lo que no se puede hacer es sencillamente dar más recursos sin cambios estructurales, y no sólo en la inversión pública. También en los servicios públicos descentralizados, que suelen ser, asimismo, muy deficientes. En informe previo (ver en Lampadia: Empecemos a debatir la Reforma Política), explicamos los problemas y sugerimos algunas soluciones. Para comenzar, las funciones y competencias no están bien delimitadas entre los tres niveles de gobierno y no se sabe bien quién es responsable de qué: hay que hacer un buen trabajo de delimitación y redistribución de competencias. Luego, los procesos de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones no se dieron, de modo que habría que hacer un nuevo proceso de recertificación y a partir de allí identificar brechas. Pero lo más grave fue que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República). Es indispensable recuperar esa capacidad rectora, supervisora, controladora y sancionadora. De lo contrario, el país se feudaliza y corremos el riesgo de enriquecer y facilitar el acceso de mafias al poder local o regional, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en varios casos.  

Un sector que ha logrado recuperar cierto grado de autoridad sobre la aplicación descentralizada de las políticas y el seguimiento y monitoreo manejo de los servicios públicos sectoriales, ha sido el Ministerio de Salud, y sus avances podrían servir de modelo para otros sectores. En un próximo informe daremos cuenta de esos desarrollos a fin de ilustrar las reformas que podrían introducirse para mejorar la eficiencia de los gobiernos descentralizados. 

Lampadia

Ya no se enseña Educación Cívica en los colegios. Nuestros jóvenes están invadidos por la televisión basura. Los medios de comunicación están en la búsqueda del rating, difundiendo malas noticias, escándalos, accidentes, crímenes y entretenimiento barato.

Un proceso electoral debiera ser una ocasión para que los ciudadanos, cotidianamente dedicados a sus quehaceres, tengan la oportunidad de recibir buenos diagnósticos sobre la realidad nacional, sobre nuestras oportunidades de desarrollo, sobre las lecciones de otros países, sobre desarrollos y políticas que podríamos emprender para llevar al país a la realización de sus anhelos y necesidades. Y, de manera muy importante, para comunicar, como dice la canción: “Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita”. Que los logros más importantes solo pueden darse con enfoque, esfuerzo y perseverancia. 

Lamentablemente, nada de esto se aprecia en los procesos electorales. El típico comportamiento de los candidatos, va más por la crítica que por el diagnóstico. Por la querella con los adversarios, más que por inculcar sentido de pertenencia nacional. Por las propuestas populistas, más que por la explicación de las relaciones causa-efecto sobre lo que funciona y no funciona para el bienestar común. Por lo que se entiende por ‘políticamente correcto’, más que por lo ‘socialmente correcto’, inculcando la necesidad del esfuerzo ciudadano y las acciones colectivas  necesarias para superar nuestras deficiencias y retos.

Un ejemplo que nos ha hecho reflexionar sobre esta realidad es el tema de las regulaciones laborales que, todos sabemos, son inconducentes a la creación de más y mejor empleo, objetivo número uno de la sociedad y la política. No solo nos distinguimos por tener una de la legislaciones laborales más rígidas del planeta, tal vez un concepto intangible y difícil de entender por el ciudadano común. Sino que convivimos con un nivel de informalidad laboral (algo muy tangible a todos), que solo trae una muy mala calidad de vida a nuestros trabajadores.

Como hemos reportado y comentado en Lampadia la semana pasada, Francia, el reino de la rigidez laboral y las políticas del socialismo europeo, que lamentablemente, han sido la inspiración de nuestra clase dirigente, ha planteado una reforma laboral muy drástica para superar la falta de empleo, la desocupación de sus jóvenes y la pobre competitividad de su economía. Ver en Lampadia: Francia opta por la flexibilidad laboral – El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’.

Pues, en el Perú, la necesidad de hacer una buena reforma laboral, no solo está proscrita del diálogo político electoral, como indicamos en el artículo indicado líneas arriba, sino que también está enterrada en los cajones de las editoriales de los medios de comunicación. Esta importante noticia sobre la reforma francesa, no ha sido reportada por ningún medio de comunicación nacional, con excepción nuestra. Como suena, nadie la ha recogido, informado y, por supuesto, menos, analizado. Una vergüenza.

Lo mismo pasa con el tema del agua. Poco a poco, todos los candidatos se van alistando en las críticas al sector minero, desconociendo la necesidad que tenemos de sacar adelante los proyectos que están ‘a punto de caramelo’, un tema íntimamente vinculado, en el imaginario popular y mediático, al agua.

En lugar de aprovechar los oídos de los ciudadanos, aguzados por el proceso electoral, para explicarles que el Perú es uno de los diez países con más disponibilidad de agua en el mundo y, que lo que tenemos que hacer es aprovecharla: cosechándola, canalizándola e infiltrándola; prefieren seguir construyendo los muros de los mitos que nublan nuestra visión.

Asimismo, con el desastre de la Carretera Central, donde el gran problema está causado por regulaciones licenciosas, que responden a la penetración política de las mafias del transporte que nos han llevado a tener en circulación camiones de 60 toneladas, prohibidos, inclusive, en las grandes autopistas de EEUU. Nadie quiere perder el apoyo de los malos gremios de transportistas para no perder unos cuantos votos. Ver en Lampadia: El síndrome de la Carretera Central

Todo esto, por supuesto, va en contra de la mayor cantidad de votos, los de los sufridos ciudadanos, la gran mayoría de electores, que tienen que padecer pésimas condiciones laborales, falta de agua y el suplicio de la Carretera Central.

Así pasaba hace unos años, cuando la política de desarrollo alentaba a los industriales mercantilistas, sobreprotegidos por las ideas cepalinas de la sustitución de importaciones, a costa de los ciudadanos que nos la teníamos que ver con productos carísimos y de mala calidad, cuando no, simple y llanamente, con la escasez. Eso se superó en los años 90 con la gran Constitución de 1993, pero parece que no hemos aprendido.

Exijamos a los candidatos que sean más responsables. Estamos seguros que el primero que diga las cosas como son, y ofrezca a nuestros jóvenes el espacio de vida que estuvieron buscando cuando pensaban migrar (a economías de mercado, como EEUU, Europa antes de la crisis y a Chile), en su propia Patria, con sus familiares, sus amigos, sus costumbres y su comida, habrá encontrado la ‘piedra filosofal’ del buen líder victorioso. Lampadia     

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.

No podemos dejar de destacar algunas de las aseveraciones más desafortunadas de los candidatos que ya no saben qué hacer para ganar notoriedad, y que encierran falsedades abiertas o políticas fracasadas estrepitosamente, no en Mongolia, sino en el Perú.

Veamos algunos apuntes:

• Verónika Mendoza ofrece ‘plan heterodoxo de García I’

La candidata y su postulante a la segunda vicepresidencia, el profesor de economía de la PUCP, Alan Fairlie, le ofrecen al país un programa de reactivación económica sacado de nuestra nefasta historia económica pre Constitución de 1993: del plan ‘García-Carbonetto’, que terminó de hundirnos en la más espantosa hiperinflación y empobrecimiento.

Fairlie aseguró que “el sueldo mínimo vital planteado por Verónika Mendoza permitirá la reactivación de la economía pues implica más capacidad de gasto”.

Pensión 65: “vamos a duplicar la cobertura y el monto que se les paga”.

¡Nuestros jóvenes no merecen vivir los mismo que nosotros los mayores!

• Mendoza y Tierra y Libertad ofrecen ‘un nuevo Perú’

“Un nuevo Perú se levanta”.

Esta política refundacional, parecida a la del Chile actual con Bachelet, nos lleva a citar unas líneas del muy interesante y relevante “Diálogo de Conversos” de los chilenos Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, que publicamos en Lampadia el 5 de enero pasado:

• Ante la ofensiva socialista y el espíritu refundacional del gobierno de Bachelet, nuestros relatos de ex soñadores con el comunismo, se hacen relevantes para los jóvenes de ideas liberales que ven como resurge con fuerza una amenaza que parecía relegada a los museos.
• ¿Echamos abajo todo lo que hemos edificado para construir desde el Estado algo que promete ser perfecto y maravilloso o reconocemos las deficiencias que obviamente tiene el modelo y lo vamos reparando, ajustando y perfeccionando, eliminando lo que no funciona y renovando en lo que amerita ser conservado?
• La verdad es que la izquierda de hoy es más un ‘antialgo’ –el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, el materialismo, el comercialismo, etcétera- que un ‘por algo’.
• Hay países que aprovecharán la globalización y otros no. Hay países que aprenden de sus errores e historia y otros no. Unos irán para arriba, otros para abajo y algunos tropezarán dos veces con la misma piedra.
• Me preocupa que la democracia pueda ser usada contra la libertad, llevándonos a esa tiranía de la mayoría. Lo planteo a la luz de los recientes llamados a refundar la legalidad chilena por medio de una asamblea constituyente.
• La forma más radical de este tipo de ideas es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder estaría concentrado y Chile sería refundado de acuerdo a los humores de la mayoría que se diese en ese momento.

• Guzmán lleva ‘dinosaurio’ a educación

Julio Guzmán se la pasa insultando a todos sus contendores, a los que califica de dinosaurios por, supuestamente representar, ideas de ayer.

Sin embargo, para un tema clave para el país, el de la educación, que además es calificado por el propio Guzmán como la base de su programa de gobierno, el ex (efímero) viceministro del gobierno del nacionalismo, ha invitado al ex general Mora para el tema de educación.

Mora presidió la comisión de educación del Congreso, desde la que a punta de insultos (¿coincidencia?) y prepotencia sacó la nueva ley universitaria, cuya filosofía es controlista, reguladora, unificadora, centralizadora y metete; todo lo contrario de la filosofía de la educación moderna que se va abriendo paso por el mundo. Un mundo en procesos de cambios profundos, con una revolución industrial que requiere mucha agilidad y libertad. Si Guzmán aborrece a los dinosaurios debiera haber calificado a Mora como uno de ellos, a no ser que, de repente, Guzmán sea, efectivamente, un topo del gobierno nacionalista (ya fue su viceministro dos veces).

• Otra perla de Guzmán: “conoce mucho de Tía María”

Esta mañana en RPP, Guzmán dijo que conocía mucho de Tía María, que apoyaba el proyecto, pero que no podía ser que “de las más de 130 observaciones de las Naciones Unidas al EIA, no se hubiera levantado ninguna”. ¿O sea que esta ‘novedad’ en la política no solo se estira y pone un tonito forzado de mandón cuando habla, sino que además miente y desinforma descaradamente?

• Más de Guzmán

Destaca [en RPP] que la educación infantil debe estar en manos de ‘profesionales’ del Estado. Lo mismo que la ley universitaria que impediría que en el Perú, un Vargas Llosa o Bill Gates, puedan tener una cátedra.

Guzmán se jacta de conocer el Estado pues en los vice ministerios en que estuvo, (Producción y PCM, por pocos meses) “conoció 400 y 600 personas” respectivamente. ¿Se la pasó saludando?

Lampadia