1

Producción Intelectual Anti-minera

Producción Intelectual Anti-minera

Veamos cómo se construye la base estratégica de la conflictividad anti-minera.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas. 

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.

No se observa en el libro ningún reconocimiento de los impactos positivos de la minería en el desarrollo de las economías locales, ello a pesar de la abundante evidencia sobre el tema[2], ni en la calidad de vida de las poblaciones, ni siquiera alguna acción intencional de las empresas mineras orientadas hacia objetivos sociales positivos. Si algún hecho no negativo es detectado, el mismo es presentado como una estrategia de manipulación o como el resultado de un conflicto, es decir, como resultado de una exitosa presión del movimiento social y en contra de la voluntad de la empresa.

Los autores dicen defender la convivencia pacífica con la minería, pero lo que presentan es una narrativa hostil a las empresas mineras, seleccionando la información y los testimonios en forma sesgada, de manera a atribuir las causas de todos los problemas y conflictos sociales al “modelo de desarrollo de libre mercado” (p. 10) y a la cultura de relaciones sociales de las empresas mineras.

Curiosamente, el 5 de febrero pasado, el autor del libro comentado, César Flores, escribió un artículo en cooperaccion.org.pe: ¿Con qué rigurosidad técnica se analiza la conflictividad social minera en el Perú?, en el que critica la publicación de Lampadia: “Cómo se organizan los conflictos mineros”, afirmando: “Al respecto, consideramos que el documento publicado por Lampadia trasgrede estándares mínimos de rigurosidad analítica en el campo de las ciencias sociales al no incluir evidencia directa que sustente sus numerosas hipótesis y aseveraciones”.

Seguramente Flores se refiere a que, a diferencia de su libro, Lampadia no presenta interpretaciones parcializadas de casos específicos de conflictos, y más bien contribuye al análisis de los conflictos con un aporte conceptual. En el artículo dijimos:

En este texto pretendemos describir una visión que sea capaz de recoger la complejidad inherente a los conflictos sociales, pueda describir de manera precisa el rol de los antimineros en los mismos, y al mismo tiempo recoja la importancia del sistema de creencias locales frente al sector extractivo. Para ello haremos uso del concepto de SPIN (Acrónimo en inglés para redes integradas, segmentadas y poli-céntricas) aplicado por L.P. Gerlach a movimientos sociales ambientalistas en EEUU. (The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 289-310 – 2001).

El concepto del SPIN ayuda a entender el desarrollo de los conflictos anti-mineros, que, al no presentar evidencias de comandos centrales, generan dudas sobre su origen, diseño y despliegue; diluyendo, para los medios y la opinión pública, la percepción de las relaciones causa-efecto de los mismos.

Así es pues como los anti-mineros, y especialmente los disfuerzos editorials de Cooperacción van dejando sus nada rigurosos comentarios. Veamos otro ejemplo: recordemos su programa de formación de líderes comunitarios:

Algo alarmante de esta publicación, como anotamos en su momento, es que haya sido auspiciada por la Unión Europea y la Cooperación de España.

El marco interpretativo del libro de Flores

Según los autores, la existencia de la minería moderna y el modo de relacionamiento de las empresas mineras son las causas principales de los conflictos. En la narrativa presentada, ninguno de los actores de los conflictos, ni siquiera los promotores de la conflictividad, tiene motivaciones ideológicas o políticas, o intereses de busca de rentas. Para ellos, los conflictos nacen a causa de las amenazas que la minería moderna y la forma de hacer minería de las grandes mineras representan para el ambiente y para los derechos de la población local.

La razón de esta conflictividad fue la sostenida expansión de las inversiones en estos rubros [minería y petróleo] desde la década de 1990” (p. 11)

la imposición de un modo de hacer minería y relacionarse con su entorno puede mantener o acentuar el nivel de conflictividad experimentado en los últimos años” (p. 8).

Tipifican los conflictos en dos grandes categorías: de rechazo y de convivencia. Los conflictos calificados como “de rechazo” se ejemplifican en las acciones que paralizaron los proyectos Conga y Tía María. Ellos son conflictos agudos y con alta carga de violencia. Los conflictos eufemísticamente llamados “de convivencia” son en realidad conflictos de desgaste, con frecuentes episodios agudos, pero no tan masivos como los conflictos “de rechazo”. Los tres casos tratados en el libro corresponden a conflictos de desgaste.

CooperAccion apoya ambos tipos de conflictos, pero opera diferente en cada caso. Si falla en promover un conflicto “de rechazo”, pasará a promover uno de desgaste, aunque siempre tendrá como primera opción inviabilizar la existencia misma de los grandes proyectos mineros.

La actuación de CooperAccion no está incluida como parte de los hechos narrados en el libro, pero CooperAccion tiene una oficina en la zona, realiza una intensa actividad de formación de activistas y de difusión de materiales. Por la narrativa del libro se puede percibir que su apoyo a los conflictos es presentado y justificado como defensa de los derechos colectivos de las poblaciones: económicos, sociales, ambientales, culturales.

Para los conflictos de desgaste el libro plantea maximizar la capacidad de presión de los actores locales y dar protagonismo a las posturas extremas.

Para orientar la construcción de una institucionalidad local que dé sustento de la conflictividad, los autores han dedicado 41 páginas a una larga lista de recomendaciones bajo tres categorías también eufemísticas: (1) favorecer el diálogo, (2) favorecer el desarrollo, y (3) favorecer el funcionamiento de la mesa. En esas recomendaciones los autores describen el tipo de marco institucional que buscan promover.

La mayor parte de las 32 recomendaciones repiten lecciones ya conocidas de procesos de negociación y de planificación local: participación tripartita (estado, empresas y sociedad civil), planificar el proceso, combinar corto y largo plazos, informar a la población, aplicar criterios de priorización de proyectos, capacitar a los participantes, montar mecanismos de monitoreo de la ejecución, etc. Muchas de estas recomendaciones forman parte del paquete estándar de generación de condiciones para el dialogo.

Sin embargo, a esas lecciones ellos introducen elementos que apuntan a incrementar la capacidad de presión de los grupos conflictivos y a escalar la conflictividad. Por ejemplo:

  1. En su concepto de sociedad civil incluyen a los Frentes de Defensa, y otros tipos de organizaciones creadas por los grupos conflictivos para ampliar y legitimar su representación social y hablar a nombre de la población local (p. 37), sin haber sido elegidos, poniéndolos con un peso equivalente al de los representantes de sectores sociales, como las comunidades, comités de regantes, etc.
  2. Entienden el concepto de preparación de los participantes como una especie de adoctrinamiento en base a su narrativa hostil a la minería y a la economía de mercado y de entrenamiento en el uso de herramientas para la promoción del conflicto.[3]
  3. Presentar a las empresas mineras y el gobierno nacional como los únicos actores con responsabilidades en el proceso, y obligados a financiar la implementación de todos los temas traídos a la mesa (p. 186).
  4. Restringir la libertad de expresión de las empresas ante la población local para neutralizar los instrumentos de incidencia de las empresas sobre las comunidades y sus dirigentes y facilitar que los grupos conflictivos puedan propagar temores y rumores sin que nadie aclare a la población (p. 187). Para los autores la incidencia hacia la población por parte de las empresas mineras es manipulación, mientras que aquella realizada por los anti-mineros es empoderamiento a la población local. Así, su labor de adoctrinamiento se presenta como si fuera empoderamiento ciudadano.
  5. Dar a la conflictividad y a la presión social sobre las empresas mineras un carácter permanente, y estructurar una institucionalidad legitimada para realizar frecuentes campañas de movilización social en contra de las empresas (p. 192).
  6. Con el concepto de territorialidad ampliada buscan Incluir en forma creciente e ilimitada a organizaciones de otras zonas que no son áreas de influencia de la mina. Esos grupos externos son muchas veces los más inclinados a la conflictividad, para forzar a las empresas a incluirlos en los beneficios de la minería (p. 195, 198, 126) a pesar de no tener ninguna relación real con la actividad minera.

Comentarios finales

Aunque el libro está dedicado a tres casos específicos de conflicto y negociación, el lenguaje y tratamiento dado a los eventos, transmiten elementos importantes de su concepción sobre los conflictos y sobre su narrativa.

El libro ilustra bien un hecho: en el contexto rural peruano, donde haya actividades mineras, los conflictos sociales estarán presentes. Los autores del libro están muy claros sobre ese hecho, se proponen desempeñar un rol de promoción de dicha conflictividad, y han desarrollado una narrativa para justificar ese rol como si fuera de búsqueda de diálogo.

Los tres casos permiten ver que la lógica operativa de los grupos e instituciones promotoras de conflictos consiste en:

  1. Propagar temores y cultivar agravios en la población local.
  2. Estimular un conflicto social tan grande, como sea posible, tanto en radicalidad como en la extensión geográfica y social del conflicto.
  3. Promover Mesas de Diálogo, bajo condiciones de conflicto y usando metodologías que maximicen la capacidad de amenaza y presión sobre las empresas.
  4. Aprovechar las Mesas para renegociar condiciones anteriormente establecidas y consolidar un bloque social proclive a la conflictividad.
  5. Aprovechar conflictos específicos para cumplir objetivos nacionales de políticas públicas: leyes, marco institucional, procedimientos, etc. correspondientes a su ideología antiminera.
  6. Descalificar los puntos ganados mediante las negociaciones y presentar los puntos pendientes de las Mesas como agravios, para iniciar un nuevo ciclo del conflicto.

El marco institucional que CooperAccion promueve tiene por objetivo dinamizar y dar permanencia a la conflictividad, y asumir un papel protagónico en esos procesos.

En términos de estrategia general, se ha podido observar que, en los procesos de negociación, CooperAccion busca ampliar los grupos interesados en la conflictividad, canalizar sus exigencias en los espacios de negociación, incluyendo las propuestas extremas, y reclamar que los acuerdos sean de consenso. De esta manera buscan mover las decisiones hacia los planteamientos de los grupos más beligerantes.

Los conflictos en que se involucra CooperAccion buscan siempre desencadenar procesos que les permita renegociar dos elementos centrales: los EIA y los Convenio Marco. Es en torno a esos dos elementos que CooperAccion busca maximizar la renta disputada con los conflictos y con las negociaciones que les siguen.

Es común que CooperAccion inicie sus campañas de promoción de conflictos escribiendo un libro sobre el tema, como el que comentamos. Las entrevistas en los medios y las presentaciones múltiples del libro a diversas instituciones y actores son utilizadas para difundir su versión de los hechos y lograr apoyo para los conflictos que están promoviendo.

Usos del texto

El análisis de la lógica general de la narrativa del libro y de sus mensajes centrales sugiere que el texto fue escrito para ser un instrumento orientado hacia cinco objetivos:

  1. Posicionar a CooperAccion y OXFAM ante líderes de opinión, medios de comunicación, organismos de cooperación y el Estado peruano como organizaciones defensoras de la convivencia pacífica entre las empresas mineras y las sociedades locales, camuflando sus concepciones hostiles a la minería moderna[4] [5] y su práctica diaria de promoción de conflictos sociales.
  2. Colocar a CooperAccion como una referencia, con apariencia académica, en base a tres casos de conflicto social para su uso por periodistas, diseñadores de política y académicos interesados en el tema, entregando referencias parcializadas de los hechos y cargada de ideología.
  3. Descalificar éticamente a las empresas mineras, como organizaciones sin sentido de los valores sociales ni ambientales, y que buscan aprovecharse al máximo de los desequilibrios de poder en su relacionamiento con la población local.
  4. Utilizar el estudio como insumo para la elaboración de materiales de adoctrinamiento de nuevos activistas dedicados a la promoción de la conflictividad en la minería, y de voceros a ser utilizados por los medios de comunicación.
  5. Promover un marco institucional para la gestión de la conflictividad que favorezca la permanencia de los conflictos, la unificación de las demandas, el incremento de la presión sobre las Empresas Mineras, la legitimación social de posiciones extremas, y su propia capacidad de influencia sobre la evolución y el desenlace de dichos conflictos.

Sugerencia de acción cívica

La permanencia, sin respuesta, de la versión presentada en este libro por CooperAccion y OXFAM sobre los procesos de conflicto y negociación ocurridos en las tres experiencias descritas, es un factor permanente de distorsión de los hechos, de ocultamiento de los impactos positivos y reales de la minería sobre las economías y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas alto-andinas, y de erosión de la imagen ética de las empresas mineras.

Sería conveniente que las empresas involucradas, el gremio minero y entidades de desarrollo de las regiones mineras elaboren versiones alternativas de los hechos referidos en el libro, que permitan a las autoridades, periodistas, estudiantes y personas interesadas en el desarrollo minero del país contar con una historia más objetiva de los procesos de conflicto y negociación que sucedieron en esos tres sitios mineros. Lampadia

[1] Texto disponible en: https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Conviviendo%20con%20la%20mineria%20en%20el%20sur%20andino.pdf

[2] Una buena exposicion de los efectos sobre el desarrollo fue elaborada por Luis Carranza esta disponible en: http://iimp.org.pe/boletines/informes/Beneficios-macro-y-microeconomicos-de-la-mineria.pdf

[3] Los cursos de Cooperaccion para formacion lideres locales incluyen componentes de adoctrinamiento postextractivista.

[4] En caso de OXFAM su posicion frente a la mineria se visibiliza por su rol protegonico en la exitosa campaña en favor de la eliminacion de la mineria en El Salvador, campaña analisada en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-pos-extractivistas-cancelaron-la-mineria-en-el-salvador/

[5] Respecto a la postura antiminera de Cooperaccion la misma esta documentada en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/manual-de-formacion-de-lideres-anti-mineros/




Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’

Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’

Días antes de Perumin33, en Lampadia recogimos y comentamos la carta de Raúl Benavides Ganoza sobre la Ley 30640 (PPK y FP legislan contra la minería),que pone en agenda la necesidad de reglamentar la Ley de Recursos Hídricos, para posibilitar se declaren“zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de Agua”, las “zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Una provisión de la ley, que estaba fuera del cuerpo de la misma.

Como era natural, se generó una cierta alarma, pero Cayetana Aljovín y Elsa Galarza, ministras de Energía y Minas y del Ambiente, respectivamente, se encargaron de echar agua fría sobre el tema, aduciendo su preexistencia y afirmando que mediante definiciones y trabajos técnicos se evitaría el daño a la minería y a otras actividades productivas (una vez se reglamente).

Como no podemos dudar de la sinceridad de las damas que conforman el gabinete ministerial, asumiremos que no conocen lo suficiente o han sido engañadas.No existe la posibilidad de definir qué es una cabecera de cuenca sin caer en eufemismos que sean aprovechados mañana por malos funcionarios o que originen levantamientos ‘populares’ exigiendo el ‘cumplimiento de una ley’. Ninguna de las ministras tiene como garantizar que mañana, no se haga mal uso de la norma, o que se explote políticamente, y por al menos un año, como advirtió Raúl Benavides: “Ningún proyecto de inversión en nuestra sierra peruana podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado cabecera de cuenca”.

El Perú merece algo mucho mejor del proceso de formación legislativa. Así mismo, necesitamos una sociedad civil, en este caso los gremios empresariales, sepan alertar oportunamente a la opinión pública sobre la ‘cocina’ legislativa, sobre todo cuando esta proviene de congresistas manifiestamente anti sistema, anti inversión privada, anti minería; y por último, propulsores del retardatario y empobrecedor ‘pos-extractivismo’, como son el ex cura Arana y otros de nuestros izquierdistas de ‘ideas muertas’.

En Lampadia nos resistimos a dejar las cosas como están. Líneas abajo les presentamos todos los elementos de juicio que permiten tomar una posición radical contra esta norma, que se ha colado entre las manos de personajes que ahora tienen que jugársela para derogarla.Veamos:

1.  El proyecto de Arana, congresista anti minero:

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/ppt_predictamen_cabecera_eas.pdf

2. Opiniones sobre el proyecto:

3. Congreso y Ejecutivo oficializan la ley

(Ver en LampadiaPPK y FP legislan contra la minería ).

4. Ministras niegan riesgos y naturaleza del proyecto

Cayetana Aljovín, Ministra de Energía y Minas:

“En la ley de recursos hídricos, que no es de ahora, sino de hace bastantes años, estaba ya señalado que las cabeceras de cuenca podrían ser definidas como intangibles, para lo cual el Ministerio del Ambiente lo tendría que definir, pero no ha habido una definición sobre qué es una cabecera de cuenca”. Señaló que esta situación no representa ningún riesgo para la cartera de proyectos mineros: “Consideramos que no, que corren riesgo si no definimos qué es cabecera de cuenca”.

Elsa Galarza, Ministra de Ambiente:

“Es más peligroso tener la norma como está hoy en día”, remarca.

– ¿Cuál ha sido la participación del Minam en la elaboración de la ley de cabeceras de cuenca (Ley 30640) que ha causado la aprehensión de la minería?
Esta es una ley presentada por el Frente Amplio en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, a la que se sumó otra de Fuerza Popular, y entre las dos dieron lugar a la ley promulgada. No fue una propuesta del Ejecutivo. Pero cuando se presentan estos casos, los sectores son llamados a trabajar para determinar la pertinencia de la norma. Nosotros como sector ambiente participamos, al igual que la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”.

RPP:“¿Trabar? No, de ninguna manera. Hay que definir qué es cabecera de cuenca y zonificar”.

5. Pero la Ley de Recursos Hídricos no pedía ningún reglamento, y menos, establecía un plazo perentorio para su determinación

6. La PUCP y los contras estuvieron trabajando en creación de mitos

Red Internacional de Estudios Interculturales (blog.pucp.edu.pe):

“En las cabeceras de cuenca se originan las fuentes de agua, los ríos y quebradas, y es donde generalmente se encuentran las zonas de recarga hídrica. Se trata de lugares que albergan lagos, lagunas, bofedales y humedales, que juntos contribuyen al mantenimiento de la conectividad hidrológica”.

7. La verdad: El agua viene de la lluvia y cae en zonas muy amplias

Frenando Cillóniz, Gobernador de Ica:
El mito de las cabeceras de cuencas.
“Muchos antimineros sostienen que el agua proviene de las cabeceras de las cuencas. Falso. El ciclo del agua es integral y continuo. Este elemento, que proviene de las lluvias, previamente se ha evaporado del mar, de las plantas y de todo lo que emite vapor hacia la atmósfera”.

“En consecuencia, el agua proviene de toda la cuenca, no solamente de la cabecera. Otros dicen que el agua no utilizada se pierde en el mar. Falso. La materia –y, por ende, el agua– ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo demostró Antoine Lavoisier en 1785. El agua es una en el planeta y está en el mar, en la atmósfera, en los lagos, en los ríos, en el subsuelo y en los seres vivos. Y, gracias a Dios, el ciclo del agua es integral y continuo. Por ello, la contaminación –aguas arriba o aguas abajo– es un hecho nocivo, sin lugar a dudas. En ese sentido, muchos estudios ya han demostrado que la mayor contaminación de las aguas se produce en las partes bajas de las cuencas, en los campos y en los pueblos donde viven los antimineros”.

Luis Marchese, Presidente de la SNMPE:
“La ‘cabecera de cuenca’ es una fantasía de la anti-minería”.
“La minería apoya el enfoque de cuenca. Eso es algo factible y ya se está haciendo […] Pero hablar de ‘cabecera de cuenca’ es un absurdo”.

8. ¿De qué cuencas hablamos?

Tenemos 159 cuencas que cubren todo el territorio nacional.
Todos estamos parados sobre parte de alguna cuenca.
¿Qué análisis técnico esperan las ministras de Energía y Minas y del Ambiente?

 

9. El Perú es uno de los países con más agua en el mundo

Lo que tenemos que hacer los peruanos es aprender a aprovechar nuestros recursos, como los minerales, la energía, el agua, etc., etc.

Nuestra conclusión y llamado a la acción

Como se puede apreciar, este entuerto no es otra cosa que la culminación de un proceso de creación de normas tramposas, que generan estructuras legales para evitar el desarrollo productivo del Perú. El andamiaje legal del traicionero pos-extractivismo, como denunciamos el 19 de setiembre pasado. El anti sistema en acción, en un país blanducho, desatendido e inerme; donde nuestra clase política y nuestra clase dirigente, están más dedicados al goce de sus posiciones de poder, que empeñadosen servir la construcción de una sociedad próspera.

Si el gobierno de PPK y la bancada de Fuerza Popular no reaccionan de forma inmediata para corregir su grave error, emplazaremos a la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo) a levantar firmas para que se derogue el mamarracho de la ley 30640.

Los ciudadanos libres y aspirantes del Perú no queremos ser esclavos de una sociedad empobrecida por la acción política de minorías que poco a poco nos van arrinconando en una esquina de leyes hechas a la medida de su maleficio. Lampadia

 




Otra Máxima Mentira (Chaupe -Grufides- vs. minería)

Datos demasiado grandes para el formato del archivo




Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

En las siguientes líneas presentamos una comparación entre Cajamarca y Apurímac, a la luz del desarrollo de la frustración de los proyectos mineros de la primera y del éxito de Las Bambas en Apurímac. El proyecto, propiedad la empresa china MMG y dirigido por  gerentes australianos, cobra especial importancia por su envergadura, impacto en la región y en la economía peruana y, por ser, lamentablemente, el último proyecto minero nuevo que logró evitar los conflictos socio-políticos de los anti mineros, que paralizaron los proyectos que seguían en el ‘pipeline’.  

Hasta hace pocos años, Cajamarca era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, la pudieron haber convertir en la región más rica del Perú.

Lamentablemente, la penetración anti minera paralizó primero la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish y luego en el proyecto de Conga, que contaba con el favor de las comunidades de su área de influencia. Luego se cayeron los demás proyectos y se diluyó la posibilidad de construir el ferrocarril a la costa.

En ese ambiente se enseñorearon los activistas anti mineros, llegando a establecer el terror como arma de presión política. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca (enero de 2013).  Este violento proceso pasó mayormente desapercibido en Lima, pues además de amedrentar a la prensa local, se amenazó a los corresponsales de la prensa nacional, que no pudo reportar la consolidación de las afrentas contra la inversión privada, que después se exportó a otras regiones del país. Para esto, el gobierno nacional había perdido autoridad moral con “el oro no se come” y las empresas mineras ni su gremio, fueron capaces de contrarrestar la ola que, sin el conocimiento de la ciudadanía, pretendía imponer las absurdas ideas del pos-extractivismo que Lampadia identificó más adelante. Ver: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Mientras tanto, al sur del Perú se consolidaba la inversión minera más importante de la historia del país, el Proyecto de Las Bambas. Un proyecto que había dormido por 40 o más años y que en los 80s fue objeto de una oferta de inversión de un grupo minero internacional con operaciones en el Perú, por US$ 1,000 millones con un 20% libre para el Estado. Pero, al igual que una oferta similar por Antamina, hecha un año después, fue rechazada por el segundo gobierno de Belaunde.

Evidentemente, el desarrollo de Las Bambas, se benefició de las experiencias previas, se negoció un adelanto de canon, en línea con lo que el partido de PPK llama ahora ‘adelanto social’ y, los anti mineros llegaron cuando el proyecto ya estaba en las fases finales de desarrollo.

Aún así, pusieron en agenda su oposición al mineroducto que iba hasta la planta de molibdeno a construirse en Espinar (Cusco). Ver: Mineroducto Las Bambas.  

Lo curioso es que, aunque no debiera llamar la atención, el mismo Cooperaccion, que criticó el mineroducto, pretendió descalificar el proyecto, cuando se dejó de lado la planta en Espinar y el tubo para el mineral.

A pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación desde las nuevas facilidades de Tisur en Matarani en enero del presente. Medio año después, la producción de cobre de Las Bambas llegó a 86,000 TMF, alcanzó el 9.4% del total nacional y desplazó del cuarto puesto a Moquegua.

Este resultado se enmarca en una cierta recuperación de la economía, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En 2015, Apurímac fue la región de mayor crecimiento, exceptuando a Madre de Dios, que está muy influido por la producción ilegal de oro. Ver el ICAE 2015 del IPE:

Pero lo más importante para el entendimiento de las relaciones causa-efecto por parte de los ciudadanos, es comparar los resultados de la reducción de la pobreza en Apurímac y Cajamarca, como lo hizo con destreza, hace unos días, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Veamos el cuadro resumen que presentó en el SAE de mayo pasado y su artículo de El Comercio, bajo el título: La historia de dos regiones.  

La historia de dos regiones: Apurímac versus Cajamarca

José Carlos Saavedra

Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

22 de mayo, 2016

El Comercio

Glosado por Lampadia

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos básicos, mientras que en Cajamarca se estancó.

¿Qué factores explican esta situación?

Hace unas semanas, el INEI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, la más valiosa y completa fuente de información pública para entender la evolución de los indicadores sociales en el Perú. Los resultados de este estudio muestran diferencias importantes en la reducción de la pobreza entre Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos cinco años. El porcentaje de pobres en esta región pasó de 57% de la población a 39% entre el 2011 y el 2015. En contraste, en Cajamarca la pobreza prácticamente se estancó durante el mismo periodo y se mantuvo por encima de 50%. Así, el año pasado, Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. Apurímac –que tiene un tercio de la población de Cajamarca– logró sacar a más personas de la pobreza que la región del norte.

¿Qué explica esta importante diferencia? Un primer candidato podría ser que el crecimiento de los programas sociales fue más fuerte en Apurímac. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias de Juntos y Pensión 65 por habitante han crecido a tasas similares en ambas regiones. La explicación no viene por ahí.

En realidad, la principal explicación de las diferencias entre estas dos regiones es la dinámica de la inversión. En Apurímac, el flujo de inversión pública y privada creció 20% en promedio cada año entre el 2012 y el 2015, debido, principalmente, al inicio de construcción del megaproyecto minero Las Bambas. Este proyecto demandó una inversión total de US$ 7,000 millones, equivalente a nueve veces el PBI de Apurímac en el 2011. Además, producto de un acuerdo entre el gobierno nacional, regional y la empresa minera, se adelantaron las transferencias por canon minero, lo cual permitió financiar el crecimiento de las obras de infraestructura pública en la región. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% en promedio cada año durante el mismo período, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. Adicionalmente, la inversión pública se vio afectada por la caída del canon, producto de la menor producción de las minas existentes y del ajuste en los precios de los metales.

A su vez, el desempeño diferenciado de la inversión impactó en la creación de empleo y crecimiento de los ingresos en ambas regiones. El fuerte dinamismo de la inversión permitió que en Apurímac el empleo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y el 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo dependiente se contrajo y los salarios reales se estancaron durante el mismo periodo.

La historia de estas dos regiones muestra claramente la importancia del crecimiento de la inversión y del empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una lección para quienes suelen “ningunear” la importancia del crecimiento económico.

Lampadia




Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (2 de 6)

Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (2 de 6)

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que cuenta con la colaboración del Centro Wiñaq, se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado la práctica anti-minera.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, corresponde a la segunda parte de los seis escritos que presentan nuestras propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático.

Para reducir la Conflictividad Minera (2)

Lo que deben hacer las Empresas Mineras (artículo 2 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Como explicamos en el primer artículo de esta serie, la conflictividad que afecta la minería es resultado de la interacción directa de cuatro actores: (1) las empresas mineras, (2) la institucionalidad pública, (3) la sociedad local y regional, y (4) los grupos anti-mineros.[1] En este y en los próximos artículos vamos explicar qué deben hacer cada uno de esos actores, caso asuman una postura pro-desarrollo, para dar una perspectiva de futuro la una minería sostenible.

Comenzamos por la empresas pues creemos que ellas tienen responsabilidad en la presente situación de conflictividad, y que si corrigen su accionar, pueden obtener resultados altamente positivos para ellas mismas, para la población y para el país.

Consideraciones previas:

  1. La preocupación por el ambiente representa un avance social. Todos, ciudadanos, instituciones y empresas, tenemos responsabilidad ambiental. El compromiso con el ambiente no puede ser entendido como una estrategia de imagen, sino como un valor a ser practicado y un principio de gestión.[2]
  2. En los países con institucionalidad deficiente, como el Perú, las actividades ligadas a los recursos naturales, especialmente la minería, son blancos de conflictos políticos y sociales. En países con una institucionalidad aún mas precaria que la peruana, esos conflictos asumen la forma de guerra civil, golpes de estado o insurrecciones. En Perú esos conflictos son menos violentos, pero siguen siendo económicamente muy destructivos.
  3. Las condiciones sociales para la minería en el Perú son desventajosas: la desconfianza, los sentimientos de agravio y los resentimientos son comunes, especialmente en regiones con potencial minero. Propagar rumores y montar narrativas hostiles a la minería es fácil. Hay miles de aventureros y radicales dispuestos a promover conflictos como estrategia de ascenso económico y político, y muchos medios creíbles los propalan sin verificar su veracidad.
  4. La legitimidad social de las empresas es indispensable para su sostenibilidad. Si una empresa deja que su credibilidad sea destruida, ella se vuelve vulnerable a las campañas de rumores y mentiras de parte de actores hostiles y aventureros. Con ese flanco abierto los conflictos se multiplican. Las empresas que descuiden su legitimidad social se arriesgan a perder muchos miles de millones de dólares.
  5. Las capacidades distintivas de las empresas mineras, en los países emergentes, se han desplazado de lo tecnológico y financiero hacia la habilidad para prevenir y manejar la conflictividad social. Esta tendencia se va hacer más fuerte en el futuro. Las empresas mineras necesitan ampliar sus capacidades en ese campo.[3]
  6. La reducción de la conflictividad en la minería no será el resultado de una solución mágica, tampoco será una victoria de las empresas mineras, únicamente. Su logro va ser el resultado del accionar del conjunto de actores pró-desarrollo. Será la acción combinada de ellos lo que posibilitará revertir la situación problemática predominante hoy en el país.

Consideraciones Estratégicas

La sociedad local es crítica: La permanencia de las operaciones de las empresas mineras requiere responder a las expectativas, temores e intereses de muchos actores (stakeholders). Entre todos ellos, la sociedad local es el grupo de actores que puede afectar en forma más directa la viabilidad de las operaciones de una empresa minera. Descuidar a la sociedad local tiene costos de corto y largo plazos.[4]

Relación de largo plazo: Las empresas tienen que tener claro que la relación con las sociedades locales es de largo plazo (es como un matrimonio sin divorcio posible), y no se resuelven con campañas publicitarias ni con soluciones cortoplacistas. Además, no es posible comprar una imagen nueva en el mercado. Los antimineros realizan acciones durante años consecutivos buscando erosionar la reputación de las empresas. Esta relación se mantiene inclusive más allá del tiempo de vida de un proyecto, y afecta a toda la minería moderna. Los pasivos mineros afectan la minería por décadas.[5]

La polarización de los anti-mineros: La dinámica de la conflictividad depende del tipo de polarización social. A los grupos anti-mineros les interesa que las sociedades locales se polaricen en contra de la minería. Con esa polarización ellos obtienen aliados, consiguen establecer mecanismos de amedrentamiento, y neutralizan a los sectores medios y a todos los demás sectores interesados en el progreso económico. Con la polarización social anti-minera, las ideologías priman sobre las realidades.

El consenso social pró-desarrollo: Las empresas mineras deben promover un consenso social en torno a la minería como motor del progreso local. La población y sus líderes necesitan percibir los beneficios que la minería puede tener en las actividades económicas importantes para todos los sectores locales.[6]

Maximización de las sinergias: La clave no es distribuir recursos sino generar sinergias. Las empresas mineras deben ajustar sus estrategias y modelos de negocio para maximizar las sinergias con la economía de los diversos sectores sociales: empleo local, demanda local de servicios, compras locales, mejoramiento de infraestructura, e impacto en la economía de la población, tanto urbana y rural.[7]

La combinación sinérgica de los factores: Para mejorar la receptividad social a sus actividades las empresas mineras pueden recurrir a tres factores: (a) los impactos de la minería en la economía local,[8] (b) el canon generado por la minería (transformado en obras), y (c) los proyectos de desarrollo financiados por las empresas mineras. La combinación de esos tres factores en torno a una visión compartida del desarrollo regional lo que puede generar una nueva dinámica política que vaya gradualmente construyendo un consenso por el Desarrollo Compartido.

Ejemplos de Acciones prácticas

Esta lista de acciones es incompleta y tiene una función ilustrativa, para dar una idea del enfoque con el cual las empresas mineras puede efectivamente reducir la conflictividad. Su utilización va depender de la situación específica y del contexto de cada empresa.

(1) Prevenir los sentimientos de agravio:

  • Dar prioridad a los riesgos ambientales, similar a los riesgos de seguridad, con políticas definidas, medidas de control riguroso, y monitoreo preventivo diario, y mecanismos internos de incentivo. De ocurrir algún accidente, hay que priorizar la protección de la población local, su tranquilidad y la gradual recuperación de su confianza.[9]
  • Mejorar los modelos de compras de tierra, evitando las compras individuales, dando preferencias a las compras colectivas, y montando un sistema de cambio de tierra por tierra, tanto como sea posible.[10]
  • Evitar todos los gestos de arrogancia y actos deshonestos del personal de la empresa en todos los niveles, desde la gerencia general hasta el personal de línea. Sancionar ejemplarmente cuando hechos de este tipo ocurran, hacer los cambios que sean necesarios en las políticas de la Empresa. [11]
  • Implementar estándares ambientales con los proveedores y contratistas locales, similares a los que las empresas aplican internamente. Para la población local el comportamiento de esas empresas se transfiere a las empresas mineras
  • Establecer líneas de base sobre las condiciones ambientales en las zonas de operación, no solo en los aspectos reglamentados por el Estado sino en cualquier ámbito que pudiera generar inquietudes en la población, por más descabellado que parezcan.[12]
  • Comunicar y monitorear los acuerdos con las comunidades. Evitar las incertidumbres y las expectativas infladas que en el corto plazo ayudan a avanzar los proyectos pero que en el largo plazo generan una sensación de engaño en la población. Hay que ser explícitos sobre los límites de los acuerdos para evitar que la población alimente expectativas fuera de los acuerdos.
  • El objetivo principal de los Procesos de Participación Ciudadana, como las Audiencias Públicas, debe ser incrementar la compresión de la población local sobre a las consecuencias de un Proyecto. El cumplimiento burocrático de esos procesos, sin entendimiento de la población, es preludio de conflictos futuros.

(2) Dinamizar las cadenas locales de valor:

  • Medidas en esa dirección son: Maximizar la contratación de mano de obra local, contratación de servicios locales, compra de alimentos e insumos de producción local, etc. No basta con que existan contratistas locales, es necesario un esfuerzo constante de las empresas por elevar el porcentaje de compras y contratación local. Esos resultados deben ser visibles como porcentaje de los gastos totales.
  • Propiciar el encadenamiento económico de los sectores de la economía local con la minería. Especial atención debe ser dada a las actividades económicas más importantes para la población: agricultura, comercio, y servicios.

(3) Hacer un manejo preventivo de la conflictividad:

  • Monitoreo permanente de los factores generadores de conflictos: sentimientos de agravio por cualquier clase de afectación (ambiental, económico, social, etc.), temores de la población, compromisos incumplidos, expectativas insatisfechas, etc.; para resolverlos antes que se transformen en conflictos.
  • Monitoreo permanente de las líneas de acción de los antimineros: agendas políticas, discursos hostiles, campañas de rumores, organización de conflictos, ‘estudios técnicos,’ iniciativas legales, etc. Las implicaciones futuras de esas acciones deben estar claramente visualizadas.
  • Monitoreo permanente de la conflictividad, para resolver los conflictos antes que se activen o que se escalen, para que sean resueltos antes que ofrezcan oportunidades para los grupos anti-mineros y de aventureros políticos.
  • Formación de capacidades internas y sistemas de gestión en las empresas para identificar y manejar los riesgos y los conflictos sociales, con un enfoque preventivo, y dejen de trabajar como bomberos, apagando incendios.

(4) Proteger y Construir Legitimidad:

  • Evaluar las acciones y los gestos de la empresa en términos reputacionales. Todas las acciones y gestos que puedan afectar la confianza de la población local en la empresa deben ser corregidos en forma drástica.
  • Monitorear los rumores y mentiras propagados por los grupos anti-mineros y aclarar a la población lo antes posible, para evitar que esos grupos vayan corroyendo la confianza de la población en la empresa.
  • Hacer los cambios internos necesarios para que las decisiones en todas las áreas de la empresa sean tomadas considerando las repercusiones sobre la Legitimidad de la Empresa.

(5) Desarrollar mecanismos de comunicación

  • Conocer el sistema de creencias y valores de la población local, sus temores y expectativas respecto a la presencia de la minería, dando especial atención a aquellos elementos que son utilizados por los anti-mineros en su narrativa.
  • Desarrollar una narrativa de Desarrollo Compartido que sea compatible con ese sistema de creencias y valores, y con un lenguaje que asimile las idiosincrasias y expresiones culturales de la población local.
  • Monitorear el flujo de mensajes que recibe la población local, especialmente vía radios rurales y asambleas comunales, y clarificar a la población en relación a los rumores y campañas de temores generadas por los grupos anti-mineros y aventureros políticos.[13] Particular atención debe darse al rompimiento del Cerco Cognitivo[14] montado por los anti-mineros.
  • Establecer mecanismos periódicos de consulta, información con los actores más importantes de la sociedad local (empresarios, autoridades políticas, líderes religiosos, etc.) y con la población del entorno rural, respecto a temas claves: agua, impactos económicos, contaminación, infraestructura pública, etc.

 (6) Fortalecer la institucionalidad local

  • Conocer la situación de las instituciones locales: urbanas y rurales; y apoyar el desarrollo de capacidades para que sean efectivas en la canalización de las expectativas de sus asociados hacia opciones viables de Desarrollo Compartido.
  • Apoyar el desarrollo de una institucionalidad local: credibilidad, capacidad e independencia para monitorear e informar a la población sobre el estado de los recursos naturales y los posibles impactos ambientales y sociales de la minería.[15]
  • Hacer visible las deficiencias y incumplimientos de la institucionalidad pública (nacional, regional y local) para que la población pueda entender a quién corresponde las responsabilidades por los problemas que viven.
  • Contribuir a un diálogo público en que instituciones locales puedan darle forma al tipo de Desarrollo Compartido que mejor responde a las potencialidades regionales y a las aspiraciones de los agentes económicos y la población.

(7) Minimizar la búsqueda de rentas

  • Evaluar si las soluciones que se ofrece generan conflictos futuros, o algún sistema de incentivos que promueve la conflictividad. Los conflictos cuyo propósito es la obtención de provecho privado merecen análisis específicos.
  • Corregir los daños eventuales de las operaciones mineras. Corregirlos oportunamente, garantizando que la afectación sufrida por la población haya sido subsanada. Ahorros de corto plazo tienen altísimos costos de largo plazo.
  • Descartar la lógica del pragmatismo transaccional y de las soluciones de corto plazo. Desde los gerentes de operaciones hasta el personal que se relaciona con la población deben tener muy claro que las soluciones deben durar décadas, no años ni meses.
  • Tolerancia cero hacia la corrupción en cualquier nivel, no sólo porque es anti-ético, sino también porque ese tipo de acciones envía el mensaje de que la empresa es corrupta, y que la corrupción es una manera efectiva de sacar provecho de la empresa, alimentando chantajes futuros. La fiscalización ambiental de una empresa corrupta no tiene credibilidad en la población.
  • Los acuerdos con las comunidades deben ser con la participación de las bases. Los acuerdos solo con las dirigencias tienen escasa legitimidad, son inestables y son vulnerables a la acción política de los antimineros.

(8) Fortalecer las acciones de Responsabilidad Social.

  • Hacer un fuerte énfasis en el rol de obras por impuestos e iniciativas públicas cofinanciadas como mecanismo de apoyo a las poblaciones locales. Con ello se reduce el despilfarro de los impuestos, especialmente el Canon.
  • Focalizar los esfuerzos de Responsabilidad Social en áreas críticas para la población tales como incrementar el acceso al agua. La dispersión temática de los proyectos reduce la recordación de las acciones de responsabilidad social.
  • Evaluar los impactos reales de los proyectos de Responsabilidad Social sobre el bienestar de la población y su visibilidad. Los proyectos sociales poco efectivos y no valorados por las comunidades deben de ser descontinuados.

No existen soluciones mágicas. La conflictividad hacia las actividades ligadas a los recursos naturales, en países con instituciones débiles, es parte de las disputas sociales y política. Sin embargo, es posible reducirla drásticamente, si sabemos qué hacer. Lampadia

 
 
 


[1] Por razones de simplicidad nos referimos a los actores como si fueran una unidad, pero en realidad, ellos son grupos de actores.

[2] Dado que muchos conflictos por rentas se presentan como si fueran reclamos ambientales, algunas empresas creen que las preocupaciones ambientales de la población son estrategias, simplemente. Sin embargo, los lideres anti-mineros utilizan el discurso ambiental, justamente porque el ambiente es un valor apreciado por la población local.

[3] Los menores precios internacionales incrementan la importancia relativa de los yacimientos con alto potencial mineral, pero muchos de esos yacimientos están localizados en zonas vulnerables a la conflictividad social y política.

[4] La Sociedad Local está conformada por los grupos sociales que habitan las regiones mineras, y por las empresas e instituciones que operan en dichas regiones. Los sectores más importantes para la conflictividad son: las poblaciones rurales cercanas a las minas, las autoridades electas, los empresarios que prestan servicios a la minería, las organizaciones de la sociedad civil, y los actores y medios que juegan un rol directo en el sistema político local.

[5] Un cierre de minas que deje pasivos ambientales o rencores de la población, daña la legitimidad de la empresa que lo hace, pero también daña la reputación de todo el sector y las posibilidades de que se desarrollen futuros proyectos mineros en la zona.

[6] Sin voces autorizadas y relevantes de la sociedad local y nacional que apoyen el desarrollo, difícilmente la población se creerá en las propuestas de Desarrollo Compartido.

[7] Ello debe ir acompañado de una estrategia de visualización de estos efectos económicos positivos para que la población local entienda la relación entre su progreso y la minería.

[8] Una parte significativa de la dinamización de la economía local por la minería se debe al consumo local de los empleados de las empresas mineras y empresas de servicios.

[9] Para que se reduzcan los accidentes, es necesario que las remuneraciones de las áreas operativas sean afectados por accidentes con repercusiones reputaciones sobre la Empresa.

[10] Muchas familias campesinas, que venden sus tierras a las empresas mineras, no están en condiciones de dejar sus actividades agrícolas y montar otras fuentes de ingresos en las ciudades. Sin tierras ni ingresos, esas familias van sentirse agraviadas toda su vida.

[11] No hay que olvidar que muchas de las opiniones hostiles hacia la minería en poblaciones locales, se basan en su experiencia con el personal de contacto (gerentes de línea e intermedios) y en las exploración mediática que los anti-mineros hacen de esos hechos.

[12] Las creencias locales mandan. La población local tiene que estar involucrada, ello con el fin de reducir la propagación de rumores y la movilización de grupos confundidos por rumores.

[13] Los mensajes deben validarse con grupos focales para ver si el lenguaje y argumentos son adecuadamente entendibles por la población.

[14] El Cerco Cognitivo es el mecanismo mediante el cual los antimineros, en el entorno de un proyecto,  toman control de las fuentes y medios creíbles de información y bloquean, mediante la coerción y la descalificación, la llegada de mensajes que puedan disentir de sus posturas. Se puede encontrar el tema mas desarrollado en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/cerco-cognitivo-y-conflictividad-minera/

[15] Las instituciones locales que hacen monitoreo deberán ser 100% independientes de las empresas mineras para que sus reportes sea autónomos y creíbles para la población.

 




La tragedia Intelectual de los Anti-Mineros

La tragedia Intelectual de los Anti-Mineros

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo sigue creciendo semana a semana con las contribuciones del Centro Wiñaq. Estas contribuciones al debate nacional, tal como esperábamos, están generando diversas reacciones en las redes sociales. Algunas, por supuesto, basadas en lecturas interesadas y, otras, en defensa de las ideologías que sustentan buena parte de la acción de los grupos anti-mineros. Ideología que pretendemos combatir con información y análisis que empodere a nuestros lectores con los mejores elementos posibles para que cada uno pueda desarrollar su propio criterio.

En esta ocasión, el siguiente artículo describe las diferencias conceptuales y de acciones entre el ambientalismo no-ideologizado y el ambientalismo ideologizado.  

La historia de una corriente que llegó tarde a la historia

Los anti-mineros peruanos se presentan a la sociedad como ambientalistas, pero sus motivaciones predominantes son políticas e ideológicas.

Como no pueden decir abiertamente sus ideas anti-sistema, ellos presentan los componentes ambientalistas de su pensamiento como su identidad ética. En la práctica, el ambientalismo de los anti-mineros les sirve como escudo moral para justificar su accionar conflictivo.

La tragedia intelectual de los anti-mineros es que ellos llegaron tarde al ambientalismo. Llegaron cuando el movimiento ya se había institucionalizado, cuando la mayoría de los temas ambientales ya se canalizaban vía instituciones y empresas, y se acercaron a los rezagados, a los más ideologizados dentro de las corrientes internacionales.

Lo que pasó es que después de la victoria moral del ambientalismo, ante la opinión pública en el primer mundo, en los 80 y 90, los reclamos principales del movimiento ambientalista original se institucionalizaron, quedando los grupos anti-sistema como los más visibles.

La afinidad de los anti-mineros es con las corrientes, que usan el ambientalismo como sustitución del marxismo. Si estuviéramos en 1970 ó 1980, ellos serían marxistas. Pero en 2016, ellos son anti-sistema con escudo moral ambientalista.

Los dos tipos de Ambientalismo

El ambientalismo es un movimiento que se origina a fines del siglo 19, en los países desarrollados, como una respuesta crítica a la revolución industrial, pero que llega a adquirir gran fuerza a partir de 1970.[1]

Entre los ambientalistas, ha habido siempre una gran diversidad de posturas filosóficas sobre la naturaleza y sobre la relación entre el hombre y su entorno. A pesar de la divergencia de filosofías, es posible clasificar a los ambientalistas en dos grandes tendencias, los no-ideologizados y los ideologizados.

Para los ambientalistas no-ideologizados el problema era la destrucción del ambiente. Ellos eran, principalmente, ambientalistas, y su foco estaba en modificar las leyes, prácticas humanas y prácticas empresariales para asegurar la protección del ambiente: prohibición del uso del DDT, paralizar la fabricación de CFC, procesamiento de desperdicios, reclamación de estudios de impacto ambiental en los proyectos económicos, etc. En el Perú, Antonio Brack Egg, ex Ministro del Ambiente, fue una muy respetable expresión de ese ambientalismo no-ideologizado.

Para los ambientalistas ideologizados, los problemas ambientales son manifestaciones de cuestiones políticas, sociales, filosóficas, económicas y culturales, y no pueden ser resueltos sin la realización de cambios radicales en la sociedad. Para ellos las actividades empresariales, el libre mercado, la familia patriarcal, el antropocentrismo, etc., son los verdaderos problemas, y su foco es el cambio del sistema socio-político. Uno de sus lemas en la reunión reciente del Banco Mundial en Lima (2015) fue: “No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema!”. Cien años atrás el objetivo de las corrientes ideologizadas era muy similar, cambiar el sistema socio-político (capitalista), aunque la justificación era la injusticia en las relaciones laborales, y las simpatías ideológicas estaban con el marxismo.

La institucionalización del ambientalismo (El ambientalismo no-ideologizado)

En sus inicios (en los años 70 y 80), los ambientalistas no-ideologizados ganaron el liderazgo del movimiento, y sus ideas fueron gradualmente ganando influencia en la opinión pública e incidiendo en los hacedores de política.[2] En los 80s, la gran mayoría de las personas en los países desarrollados ya estaban a favor de la protección del ambiente, y los líderes del ambientalismo, como Rachel Carson, habían ganado un gran prestigio.[3]

El movimiento ambientalista no-ideologizado fue incidiendo en los organismos internacionales y, en 1987 una comisión de la ONU especializada en ambiente y desarrollo elaboró el informe “Nuestro Futuro Común[4] que incorporó las ideas centrales del ambientalismo, superando el conservacionismo puro,[5] y compatibilizaron las ideas de desarrollo y protección ambiental.[6] Ese informe de la ONU plasmó el concepto de “Desarrollo Sostenible” como un tipo de desarrollo que atiende las necesidades de la actual generación sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Ese informe no se opone a las actividades económicas: minería, agricultura, o pecuaria; ni a la explotación de los recursos naturales. El informe defiende la explotación de los recursos naturales, considerando las necesidades futuras, y sí se opone a la contaminación del ambiente y a la depredación de dichos recursos.

El informe afirma:

“En esencia, desarrollo sostenible es un proceso en el cual la exploración de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico; y el cambio institucional están todos en armonía y expanden el potencial actual y el futuro [del ambiente y de las tecnologías] para atender las necesidades y aspiraciones humanas” (capítulo 2, párrafo 15).[7]

El concepto de desarrollo sostenible no se refiere a ideologías, ni a sistemas económicos o políticos. Se refiere sí a la relación entre las actividades humanas, los recursos naturales y las condiciones ambientales, y reclama que las actividades de hoy respeten las aspiraciones y necesidades de las generaciones del mañana. Al no estar ligada a ninguna ideología radical o revolucionaria, la idea de desarrollo sostenible se irradió globalmente, más allá de las diferencias socio-políticas de los países. Sin embargo, ese hecho ha sido considerado un gran defecto por parte de las corrientes ideologizadas.[8]

Una vez que las ideas centrales del ambientalismo (no-ideologizado) fueron aceptadas, sus principios fueron transformados en políticas públicas, leyes, prácticas empresariales, instituciones, y en currículos universitarios, y los antiguos activistas ambientalistas fueron incorporados como profesores, gerentes de empresas o ministros de Estado.

Como lo explica Coglianese (2001),[9] investigador de Harvard University, pasado el período transformacional de los 70s, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) logró institucionalizarse, generándose los canales para resolver los problemas ambientales a través de instancias públicas, procesos políticos y medios de comunicación. Habiéndose institucionalizado, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) incrementó su capacidad de lobby e incidencia política, y por ello su presencia en las calles se redujo notablemente.

Ya en los 90s, el ambientalismo había sido asimilado por la sociedad moderna, y se hizo parte de la cultura de nuestras sociedades. Ello constituyó una gran victoria de los ambientalistas (no-ideologizados), resultado de su coraje y rigor científico.

No es que todos los problemas ambientales se hubieran resuelto (calentamiento global, destrucción de bosques y selvas, contaminación de ríos, lagos y mares, especies en peligro de extinción, derrames de petróleo, pesca de ballenas, pruebas nucleares, etc.); es que hoy su abordaje se da, principalmente, vía instituciones dedicadas a ello, y su denuncia ocurre vía los medios. Hoy, por ejemplo, empresas que tenían prácticas contaminantes se han visto obligadas por la opinión pública mundial a corregir y a adoptar el estándar ambiental ISO 14,000. Además, existen abundantes organizaciones ambientalistas que están fiscalizando las prácticas de las empresas, cumpliendo una labor muy positiva como una especie de auditoría ambiental de la sociedad civil.

El ambientalismo ideologizado

La historia del ambientalismo ideologizado es distinta, y no es de logros científicos, ni éticos, ni institucionales. Su desarrollo se dio ligado al éxito del ambientalismo no-ideologizado, pero su motivación central no era el ambiente sino sus ideologías anti-sistema. Con el colapso del marxismo (1989-91), parte de los grupos disconformes con la sociedad moderna habían quedado huérfanos de una teoría integradora y optaron por organizar sus ideas alrededor de alguna variante del ambientalismo.

Actualmente existen muchas decenas de grupos ambientalistas ideologizados: Deep Ecology, Earthfirst!, Social Ecology, Anarcho-Primitivism, Animal Liberationists, Green anarchists, Ecofeminism, Anti-globalization, Anti-Capitalists, Green Politics, Evangelical Environmentalism, Ecodefense, Eco-socialism, Simple Living, Green Peace, Partido Verde Alemán,[10] y muchos más.

Para esos grupos lo más importante es el término que viene junto a la palabra “Ambiental” pues ahí se define su ideología. Ellos pueden ser anarquistas, socialistas, primitivistas, tribalistas, localistas, cooperativistas, marxistas, ex-marxistas, anti-patriarcales, anti-capitalistas, evangélicos, católicos, budistas, anti-corporaciones, anti-mercado o simplemente rebeldes en busca de una causa ‘social’. La diversidad de ideologías en esos ambientalismos es tan grande como es ideológicamente diversa la sociedad moderna. Igual que en la izquierda tradicional, en las corrientes ideologizadas todos creen ser dueños de la verdad, los únicos correctos, y todos son críticos severos de todos los demás.

En el ambientalismo ideologizado el ambientalismo es la justificación y la ideología es lo fundamental.

Este ambientalismo funciona como una especie de escudo moral para los grupos ideologizados. Y es el rostro con el que prefieren mostrarse frente a la opinión pública en general.

Siendo que la defensa del ambiente es socialmente valorada, el nombre Ambientalista sirve para justificar muchos actos.[11] Todo lo que hacen, la violencia que promueven, es en nombre de la protección del ambiente.

La tragedia intelectual de los anti-mineros peruanos

Los anti-mineros peruanos llegaron tarde a la historia. Llegaron cuando el movimiento ambiental ya se había institucionalizado (Coglianese, 2001), y había dejado de ser un movimiento social dinámico.

Los anti-mineros llegaron con impulsos anti-sistema cuando el sistema ya había asimilado e incorporado el ambientalismo. El sistema ya lo había hecho antes con las patentes, el libre comercio, la democracia, el voto femenino, el rechazo a la segregación racial, los derechos de los niños, etc., y va a seguir haciendo con otros derechos en el futuro.

Llegaron cuando las sociedades y las empresas ya habían creado instancias para tratar los problemas ambientales. Llegaron con motivación conflictiva cuando lo más efectivo, para un ambientalista, ya es mejorar el funcionamiento de las instituciones que supervisan el cumplimiento de las normas ambientales.

Llegaron cuando las ideologías ya predominaban en amplios sectores del movimiento ambientalista internacional y eran esas corrientes ideologizadas las que financiaban a las ONGs en los países en desarrollo. Llegaron para dejarse adoctrinar por corrientes radicales ideologizadas, corrientes que, en sus propios países, ya se estaban volviendo marginales.

Ellos se imaginan a sí mismos reproduciendo la fase heroica del ambientalismo de los 60s. Se imaginan siendo Rachel Carson. Pero entre lo que se imaginan y lo que son hay un gran abismo. Capturados por ideologías anti-sistema y motivados por ambiciones políticas personales, todo lo que logran hacer en la práctica es bloquear actividades productivas, dificultando el progreso de las poblaciones pobres del país, sin hacer nada efectivo para mejorar las instituciones ni las prácticas ambientales de las empresas.

En un análisis de las propuestas programáticas de los anti-mineros peruanos, Ferreira y Olcese (2015)[12] encontraron que el foco de sus propuestas no estaban en la protección ambiental ni en el desarrollo institucional para el cuidado ambiental, estaban sí en la creación de condiciones y incentivos para incrementar la conflictividad social. Además, su propuesta se basa en el supuesto de que la minería moderna, aún con regulaciones ambientales, alta tecnología y aplicando estándares ambientales internacionales, no tiene futuro.[13]

La conclusión de Ferreira y Olcese (2015) fue que: “la etiqueta de ‘anti-mineros’ que reciben estas organizaciones corresponde a la realidad puesto que sus propuestas llevarían en el corto plazo al incremento de la conflictividad y paralización de las inversiones, y en el largo plazo, a la desaparición del sector minero en el Perú” (p. 9).

Los anti-mineros peruanos fueron adoctrinados por las corrientes ideologizadas del ambientalismo (europeas y americanas) que fueron fortaleciéndose después que el ambientalismo se institucionalizó.

Los anti-mineros están sometidos a un sistema de incentivos negativo. Tienen que pensar como piensan quienes los financian, y tienen que hacer lo que a ellos les agrade.

La dependencia financiera e intelectual de los anti-mineros respecto a las corrientes ideologizadas los limita profundamente en su capacidad de hacer algo positivo para mejorar la sostenibilidad de las actividades productivas del país. Lampadia

 
 
 
[1] En los 60s se publicaron varios libros denunciando el daño de los insecticidas en el ambiente. El más famoso de ellos fue un libro de Rachel Carson “Primavera Silenciosa” (Silent Spring).

[3] En esa época, los ambientalistas se caracterizaban por realizar estudios de indiscutible calidad científica, que soportaban los embates críticos más severos. Esta tradición, lamentablemente, no se ha mantenido entre los ambientalistas ideologizados.

[4] Ese reporte también es conocido como Informe Brundtland, pues estuvo a cargo de la señora Gro Harlem Brundtland ex-primer ministro de Dinamarca.

[5] Los ambientalistas ideologizados retoman ideas de los conservacionistas puros del siglo 19, como la no exploración de los recursos naturales, ni la alteración de los paisajes naturales.

[6] La aprobación de ese informe por Naciones Unidas marca la victoria científica y política del ambientalismo (no-ideologizado) a nivel internacional. A partir de ese punto, el ambientalismo pasó a ser parte del sistema, fue asimilado. Para los ambientalistas ideologizados esa asimilación del ambientalismo por los organismos internacionales y gobiernos les quitó una importante bandera programática, y los obligó a poner énfasis en los aspectos puramente ideológicos. Por esta razón el concepto de desarrollo sostenible no les gustó.

[7] United Nations. (1987). Our common future

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Informe%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf

[8] McCloskey, M. (1999). The emperor has no clothes: The conundrum of sustainable development. Duke Environmental Law & Forum, 9(2), 153-59. Duke University School of Law.

[9] Coglianese, C. (2001). Social movements, law, and society: The institutionalization of the environmental movement. Harvard University. http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3250&context=penn_law_review

[10] Los Verdes Europeos financian a grupos y actividades anti-mineras en América Latina.

[11] En el Perú, la gran mayoría de los aventureros políticos, incluidos algunos ex-miembros de organizaciones terroristas, se presentan ante los medios de comunicación como ambientalistas.

[12] Ferreira, C. & Olcese, F. (2015). ¿Una nueva minería o no más minería? Lampadia:

http://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/c2379-no-mas-mineria-.pdf

[13] Por las ideologías en que fueron adoctrinados, ese supuesto sobre la minería es una verdad por sí misma, es como un acto de fe, y no necesita evidencias para descartar su falsedad.




Manipulación política de la cultura

Manipulación política de la cultura

Comentario de Lampadia:

Como hemos comentado en Lampadia (ver: Ministerio de Cultura apoya falta de cultura – El negocio de la fabricación de mitos), nuestro Ministerio de Cultura propicia (dizque sin querer queriendo) la creación de mitos y la malformación política de los ciudadanos.

Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental.

Además, como destacan los autores de la siguiente nota, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.

Ver líneas abajo el excelente análisis de Camilo Ferreira y Franco Olcese:

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

“Tomando en cuenta que es un ensamblaje preliminar y siendo evidente que al proyecto le falta considerable trabajo de edición para encontrar el hilo conductor que unifique sus diferentes subtramas, el jurado la premia por ser necesaria y urgente, no solo en un contexto peruano, sino global.

Jurado del  Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013 del Ministerio de Cultura justificando su decisión de continuar financiando Hija de la Laguna”.

Del Acta Final del Jurado.

Miembros: Juan José Luzuriaga Franco (Ecuador), Javier Andrés Andrade Morales (Ecuador) y Micaela Sole Malcuori (Uruguay).

 

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

Autores: Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro para el Diseño de Estrategias

Para justificar su ideología contraria al desarrollo, los seguidores locales de corrientes anti-extractivistas, especialmente Europeas, inventan ficciones que son presentadas a la sociedad como si fueran trabajos documentales. Lo que toman de la realidad son algunos fragmentos que, combinados con versiones distorsionadas de los hechos, son incrustados en una narrativa prefabricada. Lo que dejan de mostrar de la realidad son los elementos más importantes para entender los dilemas reales y las posibles rutas de progreso de la población rural Andina. Su amor por la ideología está por encima de su aprecio por los dramas reales de la población. Lamentablemente estas acciones llegan a ser financiadas por el Estado Peruano.

La narrativa de la película.

Una Empresa minera transnacional intenta realizar una mina de oro a tajo abierto en una zona de población indígena de Cajamarca. Dicha actividad devastará, de manera inevitable, las cabeceras de cuenca de las zonas circundantes. Estas caberas de cuencas son críticas por que de ellas surge el agua que alimentan los valles de una zona idílica y habitada por campesinos cuya alegría proviene de la conexión con la tierra y que no aspiran el “desarrollo” que la inversión podría traer para ellos y para sus hijos. Esos campesinos tienen una relación mística con el medio ambiente, están felices en su pobreza, y ante la amenaza de los cambios que pueden venir con la empresa minera piden a la Mama Yacu (Madre Agua) que les ayude (Para nada de esto hay evidencia empírica confiable, pero esto no preocupa a los autores de la obra).

La Empresa tiene a las instituciones del Estado (la PNP y la Presidencia de la República) sometidas y las manipulan para que actúen de acuerdo a sus intereses. Ante la resistencia de la población, la Empresa usa su poder malvado para reprimir abusiva y violentamente a los campesinos pobres locales y forzar su expulsión de las tierras ancestrales que legítimamente ocupan. Para satisfacer su avaricia la empresa deja a los campesinos sin agua pues sus operaciones “asesinan” las fuentes de este líquido (según esta idea los cerros son seres vivos que no deben ser tocados, y los conocimientos de geología e ingeniería no interesan).  Adicionalmente, la minería empeora los problemas sociales pues atrae el alcoholismo y la prostitución. Prueba de estos efectos se perciben en las inmediaciones  a las operaciones de minería (informal) presentes en Madre de Dios (para los autores de la película tampoco interesa que Madre de Dios sea selva baja y esté a dos mil kilómetros de Cajamarca, y que allá se aplique una tecnológica totalmente distinta).

Afortunadamente existen defensores del agua, como el padre Marco Arana y otros líderes, que con coraje y sin temor a perder su vida se enfrentan al extractivismo. Altruistamente, esos líderes impiden que se destruyan las fuentes de alimento de la población urbana y protegen el ecosistema en el que los campesinos pueden mantener su “estilo de vida” cualitativamente superior a la modernidad del occidente (índices de mortalidad infantil y esperanza de vida son indicadores poco relevantes, según ellos). Los problemas de la pobreza, de las enfermedades y del envejecimiento precoz son secundarios ante la belleza de sus tradiciones.

Aunque se percibe claramente la carga ideológica y la descripción fantasiosa de este relato, este es el mundo que nos retrata Hija de la Laguna el promocionado documental financiado por el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura.

No son antimineros pero siempre actúan en contra de la minería

La Hija de la Laguna es el más reciente de los documentales que ha producido Guarango Producciones. Desde su fundación en 1994 ha producido los siguientes largometrajes, todos documentales: De Ollas y Sueños, Tambogrande, Operación Diablo, Choropampa: El Precio del Oro e Hija de la Laguna.  El primer documental trata sobre la gastronomía peruana, todos los demás desarrollan una narrativa anti-minera consistente. Tanto es así que dichos documentales son utilizados en las acciones de adoctrinamiento (llamada concientización) de los grupos anti-extractivistas, y son exhibidos como herramientas de propaganda dirigida a la población a ser radicalizada.  El 80% de la producción de largometrajes de Guarango es hostil a la minería, y el 60% se enfoca en Minera Yanacocha específicamente. Guarango es un claro ejemplo los llamados “artistas comprometidos,” dispuestos a utilizar sus obras para avanzar su agenda ideológica para brindar información sesgada y dedicarse a la manipulación de la población campesina en función a sus objetivos.

El caso de Hija de la Laguna ha sido el más reciente y más visible caso de esta conducta hostil a las actividades mineras modernas. Este documental tuvo recientemente amplia cobertura mediática al informarse que su tráiler tuvo un número sorprendente de 5,7 millones de vistas a finales de agosto de este año.  Queda por entender por qué esta sorprendente aceptación en redes sociales no se traduce en público interesada por asistirla en las salas de cine. Comparando con otra película peruana reciente vemos que Asu Mare tuvo muchísimo menos visitas al tráiler y muchísimo más asistencia a los cines. Hija de la Laguna va por las 8,000 asistencias, en tres semanas y muy probablemente no supere las 10,000 mientras que Asu Mare, hacia su tercera semana, llegó a los 2.1 millones de espectadores, a pesar de que su tráiler tuvo 3,1 millones de vistas. Hija de la Laguna manifiesta un muy reducido ratio espectadores en cine y vistas al tráiler. Esto es sin dudas un fenómeno interesante, y genera la pregunta: Si una parte importante de las visitas al tráiler de Hija de la Laguna no fue obtenida artificialmente vía robots o contratada a empresas de promoción digital, como se explica una diferencia tan notable entre las dos películas?

En entrevista con el Diario Correo TV, Ernesto Cabello, director del documental, afirmó que la cinta “no es un documental anti(-minero), es un documental a favor del agua”.  Sin embargo, existen varios elementos que hacen pensar que este documental sí es principalmente hostil a la minería y que intenta sustentar una posición política anti-extractivista que el director no ha querido manifestar abiertamente. Su postura hostil al progreso es indefendible, así que él se presenta como defensor de un recurso natural. Nadie puede estar en contra del agua. El agua es un elemento mítico dentro de una narrativa anti-minera. Así su falta de perspectiva de futuro se oculta detrás del espejo de agua de las lagunas.

Para sustentar su posición, el director presenta como documento una historia que es una versión tergiversada e incompleta de la realidad, ocultando así los miles de otros casos de campesinos que con mucho esfuerzo e inteligencia están avanzando en sus aspiraciones. El documental no mapea ni documenta ninguna de las buenas prácticas que podrían servir de inspiración o de pistas de progreso para el campesinado Cajamarquino. Sin embargo, un trabajo así está más allá de las posibilidades de quienes quieren mantener a los campesinos en su estado de pobreza tradicional.

Aquí se comparten algunas apreciaciones, que ayudarán al lector a tener un retrato un poco más completode la realidad que el documental dice describir.

Medias Verdades y Mentiras Completas.

Cabello utiliza varias figuras de asociación para inducir las ideas que promueve en la audiencia.  Una de esas asociaciones es el grupo conceptual: indígena, tradición y quechua. Esta condición indígena tradicional es representada en la protagonista de la cinta, la señora Nélida Ayay. Si la misma protagonista de la película puede o no puede hablar Quechua no es importante. Lo que sí es importante es que, a pesar de ser mayoritariamente rural, el98% la población campesina Cajamarquina habla español, siendo el Quechua utilizado por menos del 2% de la población. Es bastante astuto de parte del director presentar el quechua como representativo de la población cajamarquina, a pesar de no serlo. Racialmente, más del 80% de la población peruana tiene trazos indígenas, así que en un escenario urbano casi cualquier campesina puede ser fácilmente vista como representante de culturas ancestrales. El propósito de esa tergiversación es incrementar el “exotismo indígena” de la historia ante las audiencias urbanas, especialmente internacionales, que asocian una lengua indígena con la condición social de grupo indígena marginal, remanente de una cultura ancestral, y ocultar así las características culturales modernas de la gran mayoría de la población peruana. La misma señora Nélida es una estudiante universitaria, de derecho.

También llama la atención que, la “Granja Porcón,” cerca de la cual vive la protagonista, es la máxima representante de la campiña Cajamarquina y realiza una próspera actividad agropecuaria y de piscicultura con aguas que salen, previamente tratadas, de las actividades mineras. El documental oculta que los principales líderes de la Granja Porcón tienen una postura favorable a la presencia de la minería en Cajamarca, y que, con esa cooperación, han logrado cambios notables en la calidad de vida de sus miembros. Esos logros son tan positivos y tan visibles que la Granja Porcón se ha un vuelto destino turístico reconocido. Esta es una realidad que el documental ha buscado ocultar.

Cabello además, muestra al personaje de la señora Chaupe como el símbolo del cajamarquino de las zonas aledañas al proyecto Conga que, supuestamente, se opone al ingreso de la empresa minera. Lo que oculta Cabello es que señora Chaupe es una migrante reciente que viene de fuera de la zona (instaló su vivienda el 2011, según fotos de Google Earth) y no representa el sentir de las 32 comunidades que viven en los alrededores de Conga. La señora Chaupe es una excepción de oposición en un área geográfica con una postura social abrumadoramente favorable a la minería. Dichas comunidades, de las zonas circundantes, se han pronunciado repetidas veces a favor de la actividad minera y en contra de los grupos hostiles que cruzan sus terrenos para hacer manifestaciones, pero este hecho es silenciado en el documental.

En realidad, la gran mayoría de personas que participan en las manifestaciones exhibidas en el documental son de zonas alejadas al proyecto Conga. La misma zona de Porcón Bajo, donde vive la protagonista Nélida es cerca de las operaciones actuales de Yanacocha y de la ciudad de Cajamarca, donde las comunidades también apoyan a la minería, y está bastante alejada de las áreas de influencia económica o ecológica del proyecto Conga, al cual ella se opone. Es evidente la intención de Cabello de manipular al público que desconoce los detalles de la geografía humana local.

En Hija de la Laguna se omite también información relevante sobre los “defensores del agua”  a los que en muchas oportunidades se les presenta como altruistas luchadores sociales pronunciándose o participando en manifestaciones públicas hostiles a la minería. En varios momentos ellos son presentados como si fueran personas que sacrifican sus intereses personales para servir a la comunidad.  Para tener un “retrato más completo”, sería bueno mencionar que los líderes anti-mineros han ascendido económica y políticamente en base a la promoción de la conflictividad. El más notable es el señor Gregorio Santos preso por acusaciones de corrupción, quien pasó de ser un desconocido profesor para transformarse en Gobernador Regional y en referencia nacional de la lucha anti-minera. Otros ejemplos son: Milton Sánchez miembro de Tierra y Libertad quien vive de combatir a la minería y que ha justificado en múltiples oportunidades la represión violenta de cualquier voz disidente a su prédica anti-extractivista en Celendin (http://www.lampadia.com/politica/stalinismo-en-cajamarca) y Edy Benavides, ex-miembro del grupo violentista de Antauro Humala, quien gracias a la oposición a Conga ha logrado elegirse alcalde de Bambamarca.

Con el apoyo de anti-extractivistas Europeos y Americanos esos líderes han sido favorecidos con financiamientos voluminosos y/o con viajes internacionales. Sus ingresos económicos personales se han multiplicado varias veces gracias a la promoción de los conflictos. Nunca le interesó, ni les importa que esa conflictividad haya generado una crisis económica cuyos los costos de están siendo pagados por las empresas y por la población Cajamarquina. Mientras los ingresos de la población local caen, los suyos aumentan. Como explica Sir Paul Collier de Oxford: los conflictos violentos, a pesar de sus terribles costos sociales, pueden ser muy rentables para algunos líderes.

Es notable que el único anti-minero presentado con nombre y apellido es Marco Arana(hoy pre-candidato presidencial) a quien le viene muy bien aparecer en un documental retratado como un líder pacificador, parecido a Gandhi, justo a puertas de su próxima campaña electoral. Al señor Arana  se le sigue denominando  “Padre” en el documental a pesar de haber sido expulsado de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia Católica son vistos como personas honradas y bien intencionadas. No era conveniente hacer explícita su expulsión. Además, para una persona con ambiciones presidenciales, es muy conveniente y oportuno ser presentado elogiosamente en un documental, y especialmente si el documental es financiado por el Ministerio de Cultura. 

El autor del documental no es Nazi ni está próximo a esa ideología, pero tu obra sí aplica varios de los principios de propaganda de Goebbels. El más destacable es el principio de simplificación. El propagandista Nazi recomendaba identificar a un único enemigo y articular la narrativa hacia ese enemigo. En el documental dicho enemigo es la minería.  En esa línea, se muestran a todos los tipos de minería como si fueran homogéneos: la destructiva minería ilegal en la selva peruana, la minería cooperativista sin estándares ambientales o laborales en Bolivia y a la minería moderna en Perú.  Con esta simplificación, un espectador poco informado puede creer que la falta de estándares de la minería ilegal (contaminación ambiental, precariedad técnica, abusos sociales, evasiones fiscales, etc.) son similares a los estándares de la minería moderna. Ocultando que las operaciones de la minería moderna son rigurosamente auditadas por organismos nacionales e internacionales. El documental oculta la enormidad de la brecha entre las prácticas ambientales y niveles tecnológicos entre las operaciones mineras presentadas. Semejante generalización es equivalente a decir que todas las personas críticas a la  minería son “terroristas anti-mineros.”

En una de las escenas finales, se caracteriza a las mineras como vengativas.  Supuestamente la empresa habría despedido al padre de Nélida, por la participación de su hija en manifestaciones contra Conga. No hay evidencias de ello, pero esto es secundario para el director. El documental oculta que los hijos de varios dirigentes anti-mineros trabajan permanentemente en las empresas mineras que operan en la región. ¿Por qué las mineras se habrían ensañado con un personaje menor como Nélida, que no representa amenaza, y no contra conocidos anti-mineros con capacidad de organización y de dirección política? La imagen de perseguida siempre genera solidaridad en el público. No es sorpresa que ello sea un componente del documental-fantasía.

La escena de la Sra. Máxima Chaupe ordeñando vacas a 4,300 metros de altitud es una distorsión adicional de la realidad. Es conocido que el ganado vacuno no puede sobrevivir largo tiempo a esa altitud, y que en varios de los otros terrenos de la Sra. Chaupe en pisos ecológicos más adecuados, estas vacas podrían estar mucho mejor que en la puna. Como era de esperarse, al finalizar la filmación esos animales fueron retirados para evitar su muerte. Cada vez que sea necesario hacer otra filmación, los pobres animales serán trasladados y obligados a sufrir de asfixia parcial. El reconocido periodista Ricardo Uceda puso en evidencia las habilidades de la Sra. Chaupe para ocupar 9 terrenos y lograr su adjudicación, evidenciando su conocimiento detallado del funcionamiento de los Registros Públicos. La astucia del director consiste en combinar dos distorsiones (las imágenes de Nélida y Chaupe) para generar una impresión de verdad.

El Rol del Estado.

En el ensayo “Poder político y gobierno minero,” escrito por Francisco Durand, se sostiene la tesis filo-marxista de la subordinación del Estado Peruano a los intereses de la minería trasnacional. Según esa concepción, la “todopoderosa” minería controlaría al Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en función a sus intereses. Lo interesante es que el Estado, supuestamente controlado por la mineras, haya premiado a Hija de la Laguna tanto en su etapa de preproducción, producción y distribución.  Será que las empresas mineras están manipulando el Estado para financiar “documentales” que distorsionan la realidad en contra de sus actividades productivas?

Hija de la Laguna es uno de múltiples casos en que los anti-extractivistas canalizan fondos públicos de manera exitosa para financiar su activismo anti-minero. Este caso, como muchos otros, evidencia la existencia de diversas corrientes de pensamiento al interior del Estado Peruano en relación a las industrias extractivas. Evidencia también que la hipótesis de una posición única del Estado en este respecto tiene por objetivo descalificar las acciones del Estado para hacer que se cumplan las leyes cuando los anti-mineros utilizan la violencia para lograr sus objetivos políticos. La realidad es que cualquier revisión de los documentos de los grupos anti-extractivistas muestra que la deslegitimación de las instituciones públicas constituye un componente fundamental de su narrativa anti-minera.

En Conclusión.

Conceptualmente, un documental es una herramienta para hacer visible una realidad particular. Por ello, todo documental asume un compromiso ético con la fidelidad hacia los hechos y con la necesidad de mostrar las varias facetas de la realidad (principio del balance). Pero si información clave es omitida, si se mencionan las falsedades ya anteriormente desmentidas, el documental pierde su función como un recurso para entender la realidad y se transforma en una herramienta poco honesta de propaganda política.  Desde el punto de vista cinematográfico no era necesario esconder esa realidad, salvo que evidenciarlo hubiera puesto en riesgo el deseado financiamiento de un  Ministerio de Cultura que recompensa la simpatía a la ideología más que la cultura.

El Estado peruano ha premiado a Hija de la Laguna a pesar de las deficiencias técnicas y artísticas evidentes y reconocidas por el mismo jurado (cita el inicio de estas notas) . La pregunta que surge es: Porqué el jurado ha puesto a un lado los requerimientos de objetividad/fidelidad y perspectiva múltiple que debe tener toda obra que se presenta como un trabajo documental? La justificación del jurado para premiar una obra deficiente ha sido su opinión de lo “necesario y urgente” del documental. Es decir que lo premiado no ha sido no la calidad artística, su realismo o la riqueza de datos de Hija de la Laguna, ni menos su poder analítico, sino el criterio de que los argumentos desplegados durante el documental son de urgente difusión entre el público. Para qué y para quiénes es urgente y necesario promover argumentos que se sustentan en una versión distorsionada de la realidad de la población rural andina? Porqué es urgente y necesario promover una ideología contraria al desarrollo? Porque ocultan su pensamiento detrás de la defensa de los recursos naturales?

Con tantas distorsiones reconocidas, una afirmación de necesidad y urgencia solo puede ocurrir a un jurado ideológicamente alineado con el discurso anti-extractivista, a un jurado que está dispuesto a poner sus simpatías ideológicas por encima de la calidad artística de la obra y de su responsabilidad ética con el público nacional e internacional. El jurado que premió ese deficiente documental ha contraído una deuda con los públicos que esperan su buen criterio. Lampadia




Tía María y economía peruana en UCI

Tía María y economía peruana en UCI

Tal como lo habían anunciado hace tiempo, los dirigentes de las cúpulas radicales iban a tratar de impedir el avance del proyecto de Tía María en Arequipa y luego el de las Bambas en Apurímac. Entre estas cúpulas está, por supuesto, Tierra y Libertad del ex cura Arana y Pedro Francke de la PUCP.

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Southern tuvo más de cien obsevaciones. Con gran compromiso por el largo plazo, la empresa empezó de nuevo. Después de meses de estudios, logró, en agosto del 2014, la aprobación de un nuevo EIA. Entre los importantes cambios al primer EIA, el nuevo incluía el compromiso de usar agua de mar desalinizada que sería bombeada hasta el yacimiento. La empresa asumía esta decisión, a pesar de los costos, para evitar que se la acuse de usar “agua que debiera ser empleada para la agricultura” y, así sortear la preocupación de los campesinos del lugar. De esta forma el principal argumento de los opositores al proyecto (el empleo del recurso hídrico) quedaba superado.

Según el ordenamiento legal, una vez aprobado el EIA, el Estado debe otorgar la autorización de construcción, cosa que por cualquier disculpa, no ha hecho hasta ahora. En el camino hubo un audiencia con 1,700 personas donde el proyecto consolidó su aprobación “social”.

Hace dos semanas, el gobierno anunció su presencia en la zona para presentar el EIA y contestar todas las dudas que pudiera tener la población. Los dirigentes ultras no asistieron a la reunión y mantuvieron su llamado a una huelga indefinida, que fue ejecutada con el resultado de varios heridos sin que el Estado haya actuado.La oposición al proyecto de parte de esta cúpula, ahora carece de argumentos y se muestra como pura extorsión o manipulación política.

Ante esta situación, imaginamos que en un acto de profunda frustración por parte de la empresa, su Gerente de Ralaciones Institucionales, Julio Morriberón, anunció la paralización del proyecto y calificó las acciones de los radicales como de “terorismo anti-minero”. Este término califica las acciones illegales de las cúpulas anti-mineras que amedrentan libremente a la población, sin que el Gobierno haga nada para impedirlas, cuando más bien debiera apoyar  firmemente a una compañía que viene haciendo los mayores y mejores esfuerzos por sacar adelante un proyecto clave para el país.

Más tarde, ante una coversación privada entre la Ministro de Energía Y Minas, Rosa María Ortíz y el Presidente de Southern, Óscar Gonzales Rocha, este último  ofrece mantener los mejores esfuerzos para sacar el proyecto adelante, pero califica las acciones ultras con las mismas palabras de Morriberón: “terrorismo anti-minero” y pasa lista a una seríe de impedimentos, trabas y falta de presencia del Estado para apoyar el proyecto.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, terrorismo es una: “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Infiltrar, amenazar, amedrentar, romper vidrios de las casa de los que piensan distinto, acallar a los periodistas de la zona es parte del “Manual Anti-minero” que ya se ha usado en Cajamarca y en varios otros lugares. Todo eso es una forma de terrorismo. Por ejemplo, ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

El Estado, siempre tarde, no explica nada, retrocede y finalmente cae de rehén de los ultras (Ver en L: Del Arequipazo a Pichanaki, un Estado que retrocede).

Fue gracioso escuchar alaministro de Energía y Minas, Rosa MaríaOrtiz decir que el Estado estuvo presente porque fueron a explicar el EIA la semana pasada. Para empezar, debieron ir en agosto del 2014, lo que es más, hace cinco años, cuando empezaron las movilizaciones contra el proyecto con el liderazgo del entonces presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Señora ministro, el Estado está conformado por el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.

¿Cuál será la suerte del proyecto? Quien sabe. Pero lo que si queda claro es que ha entrado en una etapa de alto riesgo de paralización definitiva.

Como hemos comentado antes, este proceso de parálisis de la minería empezó con Conga y puede terminar con Tía María que ya está en cuidados intensivos.

Pero lo que es peor, es que la economía peruana, de pararse Tía María, también entraría en cuidados intensivos, pero sin médicos. Basta seguir la declaraciones del Ministro de Economía, Alonso Segura, que empezó pronosticando un crecimiento de 4.5% para este año, poco después lo bajo a 4%, mas adelante enfatizó que seríamos el país que más crecería en la región y hace unos cuantos días dijo que “una recesión era poco probable”. Mamita, ¡Ayuda!

Tía María es demasiado importante para desarrollo del país y de la región Arequipa, como para que una cúpula que solo desea obstruir los avances de la nación por oscuros intereses, impida su desarrollo. El Estado y la ciudadanía deben tomar cartas en el asunto. El proyecto ha cumplido con todos los cuidados y procedimientos, técnicamente es impecable, por lo que debe otorgársele la licencia de construcción. No podemos esperar más tiempo. La tradición de Arequipa fue siempre construir e iluminar, no destruir y traer la oscuridad. Lampadia




No podemos dejar que nuestra Tía María siga atascada

No podemos dejar que nuestra Tía María siga atascada

Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.

La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.

En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona.  Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.

El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):

Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora). 

Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:

  1. Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
  2. Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
  3. Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
  4. Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
  5. Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
  6. Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
  7. El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
  8. Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
  9. Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
  10. ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
  11. Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).

 

Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias  debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.

Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en LEl Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).  

Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.

De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.   Lampadia   




Perder Cajamarca es el fracaso de nuestra clase dirigente

Perder Cajamarca es el fracaso de nuestra clase dirigente

Meses atrás, cuando empezaba el proceso electoral, en Lampadia advertíamos que una de las elecciones regionales más importantes sería la de Cajamarca, el departamento con mayor potencial económico y en el que se hallan paralizados hasta cinco proyectos mineros vitales para el propio Cajamarca y el país. La armonía, la tranquilidad y la economía de la región han sido destrozadas por los radicales anti-mineros y por falsos ambientalistas.

Este maravilloso departamento ha sido capturado por personajes de menor nivel que desean imponer su dirigencias políticas amparándose en la supuesta necesidad de cambiar un modelo de desarrollo, que por primera vez en nuestra historia, ha producido beneficios socio-económicos extraordinarios y ha reducido la pobreza. Obviamente, no hemos superado aún todos nuestros problemas, pero los avances son reconocidos y ensalzados por propios y extraños en todo el mundo.

El desquiciamiento de Cajamarca fue liderado por una cúpula altamente politizada que en su momento encabezó su presidente regional, Gregorio Santos con el ex cura Arana, Wilfredo Saavedra, Edy Benavides y Milton Sánchez. Unos de Patria Roja, el partido político del gremio magisterial, otros de ONGs como Grufides (de Arana) la que recibe más fondos del exterior para luchar contra la minería y el modelo de libre mercado. Esta gente llegó a todo extremo de violencia imaginable. Amenazas de muerte, incendio de las radios opositoras, juicios y flagelaciones populares. Acallaron la prensa, incluso incapacitando a los corresponsales de los medios nacionales, que no se las ingeniaron para sembrar a corresponsales incognitos y así cumplir su misión de informar al resto del país. En Lampadia logramos informar de las barbaridades que se cometían (ver en L: Stalinismo en Cajamarca), pero el país no supo reaccionar.

Además de los actores directos que hemos señalado, deben asumir su responsabilidad buena parte de la clase dirigente peruana empezando por el gobierno. Nuestro gobierno fue cómplice, primero por su irresponsable campaña política en que sembraron las mismas ideas de Santos y compañía y luego desde el gobierno con el vergonzoso comportamiento de su Premier Salomón (Siomi) Lerner que llegó a ofrecer a Santos: “Levanten el paro (…). Mañana sus bases les dicen que no. Lo ponen otra vez el paro. No hay ningún problema”. Ante su fracaso, el gobierno abandonó a Cajamarca a su suerte y el mismo premier terminó convalidando el mensaje de los revoltosos cuando oficializó la prédica anti minera en el resto del país.

Pero acá no terminan las responsabilidades, a ellas se suman las de buena parte de los miembros del mundo académico, intelectual y mediático, que hicieron suya la desvalorización de la minería en el Perú y difundieron toda suerte de mitos absurdos, que desdecían de la rigurosidad de sus profesiones. Incluso se llegó a decir que las fotos de Porcón no eran de Cajamarca, sino de Suiza. Así, una ciudadanía desinformada y engañada, no pudo tomar parte en el debate para que se fuera corrigiendo el camino.

Hoy, como dijimos hace unos meses, El Perú se la juega en Cajamarca, y a pesar de todos los excesos e ilegalidades Santos estaría a punto de ser reelegido desde la cárcel.

Por eso en Lampadia señalábamos “Cajamarca ha sido el símbolo y el inicio de la parálisis de la inversión privada en el país, que finalmente, ha terminado por detener el conjunto de la economía peruana (ver en L: Perú sigue retrasándose en inversión minera).

Nadie supo reaccionar, se siguió hablando a media voz, sin comunicar la realidad a la ciudadanía. La propia empresa limitó la difusión de información ante un gobierno que obviamente no creía en la minería ni en la inversión privada. Como hemos dicho si no se hace algo drástico, terminaremos este gobierno en un crecimiento irrisorio y un escenario político sumamente complicado. (Ver en L: Liderazgo político y un “Machete-Antiregulación”- Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016).

Los analistas que previeron la derrota de Santos se equivocaron de cabo a rabo. Esta hipótesis es negada por las encuestas. Confiados en que este escenario era un hecho no existió una preocupación real para hacer frente a la alternativa anti minera en Cajamarca.

Una prueba de ello, es que solo dos partidos nacionales inscribieron candidatos: el Apra lanzó  a Felipe Pita Gastelumendi (ex presidente regional) y Fuerza Popular, postuló a Osías Ramírez (hermano del congresista Joaquín Ramírez). Habría que señalar además, que en un acto de pequeñez, el fujimorismo se presentó desunido, pues Absalón Vásquez que fue la cara tradicional del fujimorismo en Cajamarca, tuvo que inscribirse por su lado con Cajamarca Siempre Verde.

Una triste constatación: los partidos políticos nacionales, que supuestamente defienden el modelo, no son capaces de ganar, ni siquiera con su contendor en la cárcel.

El empresariado no ha hecho las cosas mucho mejor. En vez de comunicar, de informar (si la empresa estaba cohibida por las actitudes del gobierno), el gremio minero debió jugársela por entero, haciendo un “task force” que trabajara 24 horas al día.  No hicieron nada, parece que ya no se puede esperar mucho de ellos.

Los anti mineros proponen desarrollar otras actividades como el turismo y la agricultura, pero según el Plan Nacional de Diversificación Productiva, la productividad de la agricultura arequipeña es cuatro veces mayor que la de Cajamarca, y el turismo no se acerca a un pueblo que vive amenazado por la violencia.

¡No podemos dejar solo a Cajamarca! ¿Qué estamos esperando para actuar?Lampadia