La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena al Ejecutivo reglamentar el pago de los bonos de la deuda agraria en un plazo de seis meses no solo tiene que ver con la justicia y el derecho, sino con los símbolos con que una sociedad democrática establece sus principios fundacionales.
No hay sociedad que cultive las libertades políticas y económicas que no respete la propiedad, ya sea del más grande o del más pequeño. La propiedad es un principio fundacional de cualquier nación libertaria.
El Estado Peruano se reinsertó en el sistema financiero internacional logrando enrumbarse por el camino del crecimiento y el desarrollo luego de retomar sus obligaciones con la deuda externa. Sin embargo, con respecto a la deuda agraria (interna), como se dice, no se escuchaba nada, padre, no obstante que una sentencia del 2001 ordenaba cumplir los compromisos contraídos. Pasaron entonces doce años hasta la resolución del TC que hoy comentamos. Los gobiernos evitaron el problema arrinconados por el argumento izquierdista: los tenedores de bonos eran los rezagos de los terratenientes y los barones del azúcar que habían sido expropiados por “el pueblo, por Velasco”. La idea de que la propiedad es una institución que se puede relativizar por criterios políticos se agazapaba detrás de ese criterio. Algo así como una espada de Damocles ideológica sobre la economía de mercado que hoy nos permite erradicar la pobreza y la desigualdad, y que es un poderoso antídoto contra las amenazas bolivarianas.
La sentencia del TC, pues, salda deudas históricas del Perú con su reciente historia. Recordemos que el velascato, en vez de crear derechos para los excluidos, arrebató derechos y propiedad a quienes lo tenían y, años después, el 60% de los peruanos se había empobrecido. El resultado natural de una sociedad que no respeta la propiedad. De allí la enorme trascendencia simbólica que tiene la resolución del TC.
El argumento fiscal tampoco funciona, porque la resolución del tribunal contempla diversos mecanismos para honrar las obligaciones y, sobre todo, prioriza el pago a los tenedores de bonos que pertenecen a las familias expropiadas. Mucha simbología y mucha sabiduría en la decisión.
Todas las naciones occidentales que se desarrollaron con democracia y mercado se fundaron sobre la base de los derechos de la propiedad. Es más, la historia de estos países nos enseña que todas las libertades políticas y económicas que practican no serían posibles sin la propiedad. Inclusive la propia existencia de los parlamentos solo se explica por la propiedad: la voluntad de los propietarios y parceleros de retirarle al rey la facultad de crear impuestos impulsó a crear una asamblea de representantes (los futuros legislativos) encargada de sancionar los tributos. Así nació la democracia y libertad como vástagos naturales de los millones de propietarios.
Desde unas décadas atrás, varios muros ideológicos se han derrumbado en el planeta. El muro velasquista seguía de pie a pesar de nuestra pujante sociedad de empresarios populares. Ahora ese muro ha sido derribado, porque al margen de sumas y restas fiscales, el Estado tiene que reconocer que se equivocó con las expropiaciones del velascato.
Publicado por El Comercio, 17 de junio del 2013
