Víctor Góbitz
Gestión, 23 de octubre del 2024
Elías García Olano
Víctor Góbitz, presidente del gremio minero, informó que conversó con autoridades del Ministerio de Energías y Minas y el Congreso sobre la necesidad de abordar una propuesta que frene el avance de la minería ilegal. Percibió que le se dará prioridad.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que esta semana prevé que el Ejecutivo presente al Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería, más conocida como Ley MAPE, y que se espera reemplace al controvertido Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
De hecho, en el marco del evento “Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible”, organizado por este Diario, Mucho señaló que este miércoles sería discutida la propuesta preparada en el Consejo de Ministros.
En realidad, la presentación de esta propuesta legal de parte del Ejecutivo ya estaría atrasada, pues la Dirección de Formalización Minera del Minem, anteriormente, anunció que se presentaría a fines de setiembre último, estimación que se incumplió.
Esa demora generó preocupación a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyos directivos sostuvieron, la semana pasada, una reunión con autoridades del Gobierno y del Legislativo para abordar el tema.
Reunión con autoridades
El presidente de la SNMPE, Víctor Góbitz, indicó a Gestión que, en esta reunión, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, les confirmó que esta semana estarán presentando formalmente dicho proyecto.
A su vez, refirió que, en otra reunión con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, les expresó que estaban a la espera de que el Gobierno les presente formalmente la citada propuesta para someterla a debate en el Parlamento.
“(El debate de ese proyecto) es importante porque no estamos en contra de la pequeña minería o la artesanal. Estamos en contra del uso indebido que ha tenido este instrumento legal que es el Reinfo”, aseveró el titular del gremio minero-energético.
En esa línea, Góbitz hizo una diferenciación e indicó que los titulares del Reinfo, es decir, quienes están inscritos en ese registro, no son los trabajadores en sí (que realizan el trabajo en las minas).
“Lo que queremos es que se formalice en beneficio de los trabajadores y no necesariamente de los titulares del Reinfo, quienes no son los que ingresan a los socavones (a extraer el mineral)”, puntualizó.
Apuntes
Góbitz refirió que desde el gremio también formularon observaciones al proyecto del Minem para la nueva Ley MAPE, con miras a perfeccionarla.
“Lo importante es que (el proyecto) reconoce la necesidad de que el Reinfo devenga en obsoleto y que los mineros (informales) se conviertan en artesanales o pequeños mineros. Con eso, estamos de acuerdo (aunque) es una norma que es perfectible”, anotó.
En esa línea, refirió que el mecanismo aplicable a la entrega de licencias para el uso de explosivos por parte de los mineros en formalización debería ser más riguroso (de lo que plantea el Minem en el proyecto). Esto evitaría que se genere un riesgo por el uso indebido de esos materiales.
De otro lado, si bien el proyecto establece que se realice una trazabilidad a la comercialización (del mineral extraído por los mineros en formalización), la propuesta de la SNMPE es que este seguimiento se extienda a toda la cadena productiva.
El ejecutivo explicó que, además de los explosivos, hay consumos importantes de combustibles por parte de los mineros informales, así como el empleo de equipos de gran dimensión, que también deberían ser incluidos en el sistema de trazabilidad a aplicar.
Asimismo, señaló que, en esa trazabilidad, se debe considerar la capacidad de interoperabilidad que tiene el Estado peruano, para, por ejemplo, mediante la Sunat o el registro laboral, poder cruzar información procedente de la mencionada actividad.
La propuesta del Minem, de acuerdo con el presidente del gremio, también establece que los gobiernos regionales pueden usar la fiscalización y el conocimiento que tienen el Osinergmin (encargado de supervisar la seguridad en la mediana y gran minería) y la OEFA (que supervisa la parte ambiental vinculada a la minería) para mitigar el avance de la minería ilegal. Sin embargo, Góbitz observó que debe haber mayor acción.
“Nosotros creemos que en lugar de decir “pueden”, debe decir “deben” (usar la fiscalización de Osinergmin y OEFA), pues está demostrado que los gobiernos regionales no tienen la capacidad de poder fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad en el trabajo”, subrayó.
Pirámide productiva
El presidente de la SNMPE observó que la minería informal es una suerte de pirámide productiva, en cuya cúspide se encuentran los propietarios de las plantas de beneficio que no tienen mina y que están registrados como titulares en el REINFO.
En la base de esa pirámide, graficó, se encuentra el grueso de trabajadores dedicados a esa actividad. Se estima que se supera las 500,000 personas, pero no gozan de ninguna prestación laboral, ni de salud, sino que operan en condiciones precarias.
A partir de este escenario, concluyó que el Reinfo beneficia a pocos (los dueños de plantas de beneficio) y no a la gran mayoría. En esta línea, invocó al Ejecutivo y al Congreso a accionar en beneficio de las mayorías y no a usarlas como excusa para intentar prolongar la vigencia de dicho registro.
Proyectos de ley
Gestión verificó que, solo desde mediados de setiembre, en el Legislativo se presentaron dos propuestas que buscan únicamente ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin mayores cambios en su estructura.
La primera se trata del proyecto de ley (PL) 8899/2024-CR, que busca “ampliar el plazo para la formalización de la pequeña minería y artesanal”. Fue presentada por Paul Gutiérrez, de Perú Libre, y busca que la vigencia de este proceso de formalización perdure hasta fines del 2026.
Una más reciente, presentada el 17 de octubre por el congresista José Luna de Podemos Perú, es el PL 9259-024-CR, que “dicta medidas extraordinarios para evitar mayor desempleo e inseguridad ciudadana”. También busca ampliar el plazo del proceso de formalización minera integral hasta fines del 2026.
