Urpi Torrado
El Comercio, 11 de setiembre del 2025
Crecer poco no basta, pero creciendo alto y sostenido se reduce la pobreza y se mejora la calidad de vida de los peruanos.
“El Perú es un país que crece en cifras macroeconómicas, pero que no logra traducir ese dinamismo en bienestar cotidiano para sus ciudadanos”.
El Perú es una de las economías de mayor crecimiento en la región. Para el 2025, se proyecta un crecimiento del PBI de alrededor del 3,2%. Sin embargo, ese crecimiento no se siente en el día a día, el 41% de los peruanos considera que su situación económica personal y familiar ha empeorado y un 45% cree que está igual. Aunque el país ha logrado avances importantes en indicadores económicos y sociales en las últimas décadas, persiste un problema estructural que se relaciona con la falta de infraestructura adecuada que permita unir a las regiones, potenciar su desarrollo productivo y cerrar las brechas sociales. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos y los sistemas ferroviarios no son solo inversión pública y fuente de empleo, constituyen la base del desarrollo, al potenciar el crecimiento y las capacidades del país.
La falta de infraestructura para integrar el territorio aparece como un problema latente en todas las regiones. Tomemos Áncash como ejemplo. Esta región, con un enorme potencial productivo y turístico, refleja las contradicciones de la política de descentralización. La división geográfica –entre la costa, el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos– genera disparidades. Mientras las dos primeras zonas cuentan con vías asfaltadas y de doble vía, la cordillera oriental continúa aislada. Los pueblos, que están en la parte oriental de la Cordillera Blanca, son las zonas de los Conchucos, sus carreteras son de una sola vía. Allí, el proyecto se ha declarado nulo, a pesar de contar con el presupuesto durante la última década. Tras años de inacción, se asignaron inversiones sin resultados tangibles, evidenciando una gestión regional deficiente y un vacío de control en el MTC.
La descentralización no es simplemente transferir recursos, se requieren capacidades técnicas, regulación clara y controles. La infraestructura no puede depender de decisiones improvisadas o intereses políticos; debe basarse en una política nacional coherente de integración.
En ese marco, el puerto de Chancay representa una oportunidad. Su construcción marca un avance logístico que podría posicionar al país como centro de distribución en el Pacífico. El tren bioceánico, que podría conectar los océanos Atlántico y Pacífico, también abre una ruta estratégica para integrar regiones, dinamizar economías locales y reducir la centralidad limeña. Pero ambos proyectos solo lograrán impacto si se articulan dentro de una red de infraestructura pensada como política de Estado.
Los aeropuertos también deben formar parte de una estrategia de integración, pues son una puerta de entrada clave para el turismo y el comercio. El caso de Chinchero, por ejemplo, ha enfrentado múltiples retrasos, cuestionamientos técnicos y trabas burocráticas. La demora en concretar obras de esta magnitud no solo genera sobrecostos, sino que también posterga la oportunidad de dinamizar economías locales que dependen de una mejor conectividad.
El próximo año, con nuevas autoridades regionales y un nuevo gobierno, este desafío debería ocupar un lugar central en la política nacional. Según una encuesta de Datum del 2022 para el diario “Gestión”, el 71% de ciudadanos en regiones consideraba que su gobernador no había sido solución a sus problemas, frente a apenas un 21% que creía lo contrario. Esa percepción quizás se ha agravado con el tiempo.
La paradoja es evidente: el Perú es un país que crece en cifras macroeconómicas, pero que no logra traducir ese dinamismo en bienestar cotidiano para sus ciudadanos. El crecimiento no basta si no se acompaña de inversión en infraestructura que integre territorios, acerque oportunidades y genere cohesión. Un país desconectado es un país desigual. Integrar no solo significa construir carreteras o puertos, sino también tender puentes de confianza entre regiones y con el Estado.
