Uri Landman
Para Lampadia
Una de mis últimas películas favoritas es “El Justiciero” o “The Equalizer” en inglés, protagonizada por Denzel Washington. En ella se narra la historia de un ex agente de la agencia nacional de inteligencia, CIA (por sus siglas en inglés) Robert McCall, que vive su retiro en Boston. A pesar de haberle jurado a su esposa, antes que ésta fallezca, que dejaría su antigua y peligrosa vida atrás, McCall se ve obligado una vez más, a combatir contra los delincuentes para salvar a una prostituta, que había sido captada por la mafia rusa.
Los métodos que usa Robert McCall para salvar a Alina, la prostituta rusa y para rescatar a sus amigos secuestrados por la mafia son cuestionables, por decir lo menos. McCall toma la justicia en sus manos y no tiene ningún reparo en torturar a un policía corrupto para que le dé la información que necesita para cumplir su misión.
Si llevamos este concepto a la realidad, desde esta columna les pregunto: ¿ustedes justificarían el uso de métodos extremos para combatir el crimen, sobre todo cuando la experiencia nos demuestra que éste se ha infiltrado en todos los niveles del sistema de justicia?
Un pueblo que ya respondió esta pregunta, es el salvadoreño. El fin de semana pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió reelegido con el 85% de los votos, todo un récord histórico para este país.
Bukele llegó al poder en el año 2019, cuando El Salvador era el país más peligroso del continente. En ese año se reportaron 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego de cinco años de las políticas de mano dura en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado, El Salvador reportó 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2023. Una reducción de más del 90%.
¿Qué fue lo que hizo Bukele en estos cinco años de gobierno para revertir las cifras de peligrosidad que habían convertido a El Salvador en un país inviable?
En marzo del año 2022, el congreso aprobó el régimen de excepción solicitado por el presidente para combatir el crimen. Este decreto facultó al ejecutivo a suspender derechos como la libertad de reunión, la intervención de las comunicaciones, el ingreso a la propiedad privada, la detención de criminales sin la autorización previa de un juez, entre otras medidas.
La ofensiva que inició el gobierno con la intervención de la policía y las fuerzas armadas, ha servido para debilitar a las bandas criminales conocidas como Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las fuerzas del orden han detenido a más de 77,000 personas y muchas de ellas se encuentran presas en la nueva cárcel conocida como CECOT.
El gobierno de Bukele construyó de manera rápida una mega cárcel o Centro Contra el Terrorismo, en donde se encuentran recluidos unos 12,000 criminales. El CECOT cuenta con una capacidad para 44,000 presos. Es un centro de reclusión de altísima seguridad, en donde los reos comparten sus celdas con 60 personas más. Están obligados a ser limpios y ordenados. No pueden hacer bulla, no pueden salir de sus celdas más que para exámenes médicos o asistir a sesiones de terapia que incluyen rezos, lectura y estiramientos de yoga.
Las celdas tienen dos duchas, dos inodoros y dos bidones de agua para los 60 reos. Duermen en camas camarote metálicas, sin sábanas, mantas ni almohadas. No tienen el derecho a recibir visitas. Reciben tres comidas diarias. Sin embargo, ante una amenaza de motín, el presidente Bukele les advirtió que, al primer desorden, les cortaría la ración de comida a dos veces al día y si el problema se repetía, solo comerían una vez al día.
Estos días, El Salvador es un país que está renaciendo de sus cenizas. Nuevamente está recibiendo turistas e inversión privada después de muchos años. Recientemente se celebró el concurso de Miss Universo en El Salvador, algo impensable hace unos años.
Mientras la gran mayoría de los salvadoreños apoya a Bukele y sus políticas de mano dura contra los criminales, las organizaciones que dicen ser “defensoras de los derechos humanos” critican los avances logrados. Según ellos, existen reiteradas violaciones a los derechos humanos, como los casos de personas detenidas arbitrariamente que luego tuvieron que ser liberadas al comprobarse que no eran parte de las bandas criminales. Se cuestiona que las audiencias a los detenidos sean por “grupos” y no de manera individual. Además, acusan al gobierno de malos tratos a los criminales dentro de la cárcel del CECOT.
Desde aquí preguntamos: ¿Qué decían estas mismas organizaciones defensoras de los derechos humanos cuando las pandillas instauraron el reino del terror en EL Salvador con 6,500 homicidios en el año 2015? Ya conocemos la respuesta. No dijeron nada.
Algunos políticos peruanos prometen implementar un “Plan Bukele” en el país, sin embargo, ninguno tiene los pantalones para tomar las medidas duras, pero necesarias, para llevarlo adelante. En Lima tuvimos “estado de emergencia” por meses. ¿Sirvió de algo? ¿Se dotó a la policía de más recursos económicos? ¿Se construyeron nuevas cárceles? Todos conocemos la respuesta. No pasó nada.
En U.R.I. estamos totalmente de acuerdo con Bukele cuando dice: “Los derechos humanos de la gente honrada, son más importantes que los de los delincuentes”. Lampadia
