Uri Landman
Para Lampadia
La semana pasada pasó casi desapercibida una de las miles de resoluciones que emite el Poder Judicial de nuestro país. En esta ocasión, el PJ declaró fundada una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal, la ONG de Gustavo Gorriti más conocida como IDL.
Mediante esta acción de amparo, el IDL consiguió que no se le aplique la Ley APCI (ley 32301), norma que investiga los fondos económicos destinados a organizaciones no gubernamentales, que provienen del extranjero.
La sentencia del Sexto Juzgado Constitucional declaró inaplicables las disposiciones de la Ley 32301 para esta ONG de extrema izquierda.
Vale la pena recordar que, en abril del año pasado, el Congreso emitió una ley que modificaba la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de transparentar el ingreso y utilización de los recursos que llegan al país del extranjero.
No los quiero aburrir con los aspectos técnicos de esta ley, así que haré un resumen lo más sencillo posible. Las ONG u organizaciones no gubernamentales son básicamente empresas sin fines de lucro que reciben dinero de donantes, la gran mayoría de veces del exterior y que, en lugar de buscar generar ganancias para sus socios, buscan generar beneficios para la comunidad.
En vista que tienen una labor de ayuda, el estado tiene un régimen especial para estas organizaciones. Por ejemplo, no pagan impuesto a la renta ya que supuestamente no buscan ganancias, gozan de exoneraciones tributarias al momento de importar bienes o servicios del extranjero, entre muchos otros más.
En teoría estas ONG reciben fondos para ayudar a los más necesitados del país. Por ejemplo: tenemos ONG que ayudan al desarrollo de comunidades indígenas de la selva, otras que ayudan a construir casas con calefacción para familias de bajos recursos del altiplano, donde hay heladas todos los años, otras ayudan a la construcción e implementación de colegios en las zonas más alejadas del país, entre muchos otros proyectos de gran impacto social.
Hay otra clase de ONG que dice luchar por los derechos humanos, pero la verdad es que tienen una agenda de izquierda muy bien definida y que nada tiene que ver con los intereses del país y aquí es donde chocan con la ley aprobada por el congreso.
Según la norma, está prohibido usar recursos de la cooperación internacional para asesorar, asistir o financiar cualquier tipo de proceso en contra del Estado Peruano. Ello va claramente en contra de una de las líneas de acciones más rentables del IDL que es la defensa de personas acusadas presuntamente por terrorismo.
Un segundo punto de la norma es la exigencia de transparentar la proveniencia, uso y destino de los fondos que manejan las ONG. Según datos de APCI, el dinero que recibió IDL en los últimos 15 años se aproxima a 24 millones de dólares.
Otro punto de la norma es la prohibición de destinar recursos obtenidos de la cooperación internacional para financiar actividades que vayan en contra de la ley, que afecten el orden público o que dañen la propiedad pública o privada.
Dicho de manera más fácil, no se pueden utilizar fondos provenientes del extranjero con la excusa de la cooperación internacional, para financiar marchas, protestas, huelgas y demás, como hemos visto en el pasado. ¿Acaso alguien cree que las marchas en contra de Boluarte o las marchas anti mineras son gratis?
En una entrevista publicada hace un año, el director del IDL, Gustavo Gorriti, declaró: “Nos gobierna una costra que representa el 3% del Perú”, para luego achacar casi todos los males del continente a la extrema derecha.
Sin embargo, tenemos que recordarle al señor Gorriti que ha sido la izquierda la que ha gobernado en casi todos los países de Sudamérica durante los últimos 15 o 20 años con las desastrosas consecuencias que todos hemos sido testigos y recién en los últimos dos años el péndulo ha empezado a girar a la derecha.
Ha sido la izquierda quien destruyó a Bolivia con el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ha sido la izquierda de Cristina Kirchner que quebró uno de los países más ricos del mundo como la Argentina.
Ha sido el socialismo que robó un país entero como Venezuela para convertirlo en un mendigo y por supuesto ha sido el comunismo de Castillo que casi nos lleva al borde del abismo en el caso peruano.
La gente del IDL tiene todo el derecho a defender su ideología, pero tendrían que hacerlo de manera directa y a través de un partido político que sea debidamente fiscalizado a través del JNE y no escudándose en una organización no gubernamental, donde supuestamente tienen como fin supremo ayudar a la sociedad.
No nos dejemos llevar por falsos profetas, como decía George Orwell: “Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice”. Lampadia
