Esta es la crónica de más de 10 años de ataque sistemático, planificado y ejecutado por una presunta organización criminal encabezada por Ángela Lucila Pautrat Oyarzún y su ONG Kené, autoproclamados “pobres defensores del medio ambiente y de los derechos humanos”.
Estas organizaciones recaudan millones de dólares de la ONG WFD (financiada por el gobierno alemán) entre otras, con el único objetivo de destruir la inversión privada formal en el Perú y, en el proceso, crear un negocio de enriquecimiento ilícito utilizando cuentas offshore en paraísos fiscales y haciendo “donaciones” de bienes a potenciales testaferros.
El 24 de marzo 2024, los periodistas de investigación del programa Contra Corriente y del “International Consortium of Financial Investigation” (página web icfi.report) desenmascararon las prácticas ilegales de Lucila Pautrat, con la existencia de por lo menos 3 cuentas offshore en Cayman y en Seychelles, con casi 4 millones de USD en 2 de estas cuentas. Además, se revelo una red de personas involucradas en llamadas tripartitas entre Lucila Pautrat, IDL, el fiscal y el asistente juez de un proceso de extinción de dominio en contra de TAMSHI totalmente fabricado por Lucila Pautrat.
Las principales víctimas de la supuesta defensora ambiental y su aparente organización criminal es TAMSHI y las más de 10,000 personas que dependen de este proyecto. TAMSHI es una empresa de capital Francés y de Singapur dedicada a la producción de cacao de alta calidad bajo sistemas agroforestales, cuya visión es poner a Perú en el mapa mundial de cacao de más alta calidad, generando desarrollo para la región Loreto.
El “modus operandi” de esta presunta organización criminal encabezada por Lucila Pautrat consistiría en:
- fabricar un sinfín de denuncias con falsos argumentos y sin sustento,
- ofrecer “incentivos” a terceros para que hagan denuncias falsas,
- fabricar pruebas fraudulentas,
- coludirse con funcionarios del estado, Ministerio Público y Poder Judicial para instrumentalizar el sistema judicial y administrativo en contra de la inversión privada y,
- difundir fake news a través de redes sociales aliadas que dejan una mancha muy dañina para la empresa.
Todo esto, con el único fin de enriquecerse sin importar los daños y perjuicios que ocasiona y las personas a las que afecta.
Lucila Pautrat y/o su ONG Kené han promovido directa e indirectamente once denuncias calumniosas por hechos falsos contra la empresa haciendo abuso del sistema judicial, las cuales a la fecha han sido todas desestimadas o archivadas de forma definitiva, siendo su más reciente intento el proceso de extinción de dominio.
- Uno de los primeros abusos que se produjo, fue el caso en el que pese a que el propio MIDAGRI otorgó en el año 1997 títulos agrícolas en los terrenos que conforman hoy el fundo TAMSHI y reconoció la aptitud agrícola de los mismos aprobando los Términos de Referencia para su PAMA, de manera “curiosa” e inexplicable, el Procurador del MIDAGRI Marco Antonio La Rosa requirió a una oficina sin competencia que se produzca un informe pretendiendo cambiar arbitrariamente el criterio previamente aprobado, violando sin reparo la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad con el único fin de permitirle al Procurador del MINAM Julio Guzmán y Lucila Pautrat no perder el caso penal creado por su denuncia calumniosa de supuesta deforestación de bosques primarios. Lo perdieron (cosa juzgada), pero continuaron con este informe ilegal para crear nuevas denuncias falsas. Posteriormente, durante los procesos judiciales, el Poder Judicial mismo reconoció la ilegalidad e inconstitucionalidad de estos falsos “cambios de criterio” que no constituyen más que una más de las formas en las que esta organización criminal ataca a TAMSHI.
- Posteriormente, esos ilegales cambios de criterio forzados fueron usados por el MIDAGRI para rechazar ilegalmente el PAMA (IGA) de TAMSHI, obligándolo a recurrir al poder judicial, obteniendo una medida cautelar y una sentencia de primera instancia favorable para la empresa.
- Luego del ilegal rechazo del PAMA pareciera que le “dieron la posta” al Señor Ricardo Machuca, ex Director de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, quien desacatando la Medida Cautelar, intervino e influenció los informes de terceros (actuando como juez y parte) para ordenar el cierre definitivo e inmediato del Fundo TAMSHI de manera ilegal, requiriendo que se talen más de 2 millones de árboles de cacao, que se despida a todos los trabajadores en plena Pandemia del Covid-19, e imponiendo una multa abusiva de 129 millones de soles por supuestamente no contar con un IGA. A raíz de esta atrocidad que fue reconocida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA y por el poder judicial, el señor Machuca está siendo investigado por la fiscalía por el presunto delito de abuso de autoridad.
- Entre otro de los muchos abusos, el Procurador Público del MINAM, quien perdió todos los 8 casos fabricados en colaboración con Lucila Pautrat, presentó de manera fraudulenta un informe que pretendía “demostrar” que hubo deforestación en el Fundo TAMSHI en 2017. Pero esta prueba fraudulenta analizaba una superficie de 4,766 hectáreas pese a que el fundo TAMSHI tiene únicamente un área de 2,701 hectáreas. Coincidentemente, después de analizar el informe del procurador, la sorpresa fue que la pérdida de cobertura boscosa que quería atribuir a TAMSHI se encontraba en predios ajenos y fuera del fundo, motivo por el cual a la fecha está investigado por fraude procesal.
Dentro de las múltiples artimañas, Lucila Pautrat desde su cómoda casa en San Isidro a más de 1,000 km de distancia del Fundo, fabricó una demanda absurda de Amparo en contra del MIDAGRI por supuestamente VULNERAR SU DERECHO A RESPIRAR AIRE PURO al otorgar legalmente permisos a TAMSHI. Aunque parezca broma, pese a que el juzgado declaró INFUNDADA la demanda como debía ser, la Procuradora del MIDAGRI Katty Aquize Cáceres apeló esta sentencia A SU FAVOR ¿por qué apelaría una Sentencia a favor de su entidad? La única explicación lógica sería para favorecer a los intereses de Pautrat.
También tenemos al Ex Fiscal de la FEMA Loreto, Alberto Yusen Caraza Atoche, quien no sólo acogió y abrió proceso a todas las denuncias realizadas por Lucila Pautrat, actuando meramente como una mesa de partes, sino que también intentó inducir un falso testimonio a una autoridad en contra de TAMSHI, para continuar con el acoso judicial. Aparentemente su receptividad fue recompensada ya que, tras un escándalo por supuesto acoso sexual y patrocino ilegal sale de la Fiscalía para trabajar de manera casi inmediata en otra de las ONG que apoyan a Lucila Pautrat – puerta giratoria.
La última denuncia que le quedaba a la aparente organización criminal encabezada por Lucila Pautrat y su ONG Kené, es la de Extinción de Dominio con el fin de aniquilar definitivamente a la empresa.
Es así como Lucila Pautrat, junto con el Fiscal Juan Carlos Ramírez de manera IRREGULAR y sin fundamento alguno crearon el caso, copiando y pegando todos los argumentos reciclados proveniente de los otros procesos que perdió Lucila Pautrat e ignorando por completo todos los escritos que TAMSHI presentó demostrando su inocencia una vez más (todas las resoluciones firmes en favor de TAMSHI), para que luego, junto al juez Edgar Guillén Vallejo (premiado por IDL) y su “Especialista Legal”, el Señor William Jhonatan Cáceres Alfaro, admitieran el 5 de octubre 2023 la demanda y medida cautelar en contra de TAMSHI en un “tiempo récord” de menos de 24 horas, haciéndonos creer que leyeron 2,688 páginas y cometiendo atropellos enormes en su admisorio.
Todo cobra más sentido, cuando a través de investigaciones publicadas en el programa “Contracorriente” se muestran llamadas entre Lucila Pautrat y el fiscal Ramírez Lazo, justo el día de admisión de la demanda de TAMSHI, fuera de horario laboral y múltiples llamadas tripartitas entre la presunta cabecilla de esta organización criminal y el especialista Cáceres Alfaro, en los meses en los que el proceso ya está en curso. Lo curioso es que Pautrat afirmó públicamente no conocer a ninguna de estas personas.
Más sospechoso aún, que existan llamadas tripartitas entre Lucila Pautrat, taxi satelital y el especialista Cáceres Alfaro, mientras el proceso está en curso, presuntamente para coordinar varias “entregas”, de acuerdo con los servicios de encomienda que presta esta empresa.
¿Por qué usar llamadas tripartitas múltiples veces para contactar a un especialista del juzgado de extinción de dominio que dijo no conocer?
¿Qué transportaba ese servicio de encomienda?
¿Qué tenía que hablar el fiscal Ramírez Lazo con la señora Lucila Pautrat la noche que se admitió la demanda de TAMSHI?
Queda claro que la señora Lucila Pautrat no es pobre defensora de nada, y que ha desarrollado un negocio multimillonario a las espaldas de TAMSHI y de la supuesta defensa del medio ambiente.
Ella ha venido amasando una fortuna en paraísos fiscales producto de su irregular e ilegal actuar ocasionando un daño irreversible a 10,000 personas que dependen de este proyecto. Estas prácticas y todos los actos lesivos cometidos por entidades del Estado en contra de TAMSHI han violado sus derechos fundamentales y atentan a la seguridad jurídica del Perú.
Esperamos que éstos hechos no queden impunes y que, las Fiscalías anticorrupción, de lavado de activos, de crimen organizado, las autoridades tributarias (SUNAT), Inteligencia Financiera (UIF-SBS) y de control de financiamiento de ONGs, denuncien e investiguen profundamente éstos hechos que también podrían ser sustento para una acción contra el Perú en cortes internacionales como el CIADI. Lampadia
