Sergio Salas Arriarián
El Comercio, 24 de abril del 2025
De poco sirve contar con cámaras inteligentes si la justicia no puede utilizar esa información como prueba legal.
Imagínese vivir en una ciudad donde, ante un asalto, un botón alerte de inmediato a la policía más cercana; donde las cámaras de seguridad no solo registren, sino identifiquen a los delincuentes en segundos; y donde las decisiones del municipio se tomen en función a datos reales de cada barrio. Esa ciudad existe. No en el Perú, al menos no todavía, pero sí en Chongqing (China), Singapur o Barcelona, ejemplos de lo que se conoce como smart cities o ciudades inteligentes.
La primera ciudad del mundo en convertirse en una smart city fue Ámsterdam en el 2009. Luego le siguieron urbes como Seúl o Barcelona, y en América Latina, Medellín, Santiago o Rosario ya transitan ese camino. En estos casos, transformar una ciudad convencional en una smart city involucra una fuerte inversión en infraestructura tecnológica, el despliegue de infraestructura de redes de comunicación, centros de cómputo para monitoreo de información, software de análisis de datos basados en big data, ciberseguridad de la información, especialistas en análisis de datos y gestión de tecnología. Por encima de todo, se requiere un gran liderazgo y un fuerte cambio en todos los sectores de la sociedad: la industria privada, la sociedad civil, la academia y el propio Estado.
En el Perú, esta posibilidad aún parece lejana. Mientras enfrentamos una ola creciente de inseguridad que incluye sicariato, extorsiones y robos a plena luz del día, seguimos sin aprovechar el potencial que ofrecen las ciudades inteligentes para combatir el crimen. En Chongqing, por ejemplo, el sistema Skynet cuenta con más de dos millones de cámaras de alta definición distribuidas en toda la ciudad. Gracias a la inteligencia artificial, estas cámaras pueden reconocer rostros, seguir vehículos e incluso anticipar comportamientos sospechosos.
¿El Perú tiene una smart city? Aún no. Lo que existen son iniciativas: el Colegio de Ingenieros del Perú y el Inacal han propuesto marcos técnicos para orientar a los municipios; la PCM impulsa la transformación digital del Estado; y en el 2022, la Municipalidad de Miraflores intentó incorporar ciertas tecnologías. Pero ninguna propuesta ha logrado consolidarse como una política pública sostenida.
Sin coordinación entre instituciones, sin un liderazgo empoderado y sin un marco legal actualizado, la tecnología se vuelve inútil. De poco sirve contar con cámaras inteligentes si la justicia no puede utilizar esa información como prueba legal. El problema ya no es de capacidades técnicas, sino de voluntad política y gestión estratégica. Mientras otras ciudades evolucionan, el Perú sigue detenido. Apostar por un modelo de ciudad inteligente no es una moda ni un lujo: es una necesidad urgente en un país donde la inseguridad avanza más rápido que las soluciones.
