Salvador Valdés Prieto, Profesor de economía de la Universidad Católica de Chile, investigador de Clapes UC
El Comercio, 25 de abril de 2016
Singapur, Malasia y Australia son los únicos países que permiten anticipar a los 65 años el cobro de los derechos a pensión de vejez, y tienen mucha crítica interna. Singapur limita ese permiso al exceso por sobre la suma necesaria para financiar una pensión básica estatal, para no perjudicar al fisco. Como en el Perú se legisló una pensión básica y podría implementarse dentro de pocos años, lo prudente sería limitar el permiso para sacar a los 65, a lo que exceda unos 10 mil dólares. Retener solo el 4,5% del fondo es fiscalmente imprevisor. Más a fondo, esos tres países solo tienen algo similar a un aporte voluntario con fin previsional. Llamémoslo aporte libre.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) rechaza que solo existan una pensión básica estatal y un aporte libre. Sostiene que es prioritario pagar una “pensión”, es decir una suma mensual protegida de la inflación, por todo lo que dure la vida de cada uno. La OIT teme que bajo un aporte libre las mayorías sin educación financiera gastarían mal lo ahorrado. ¿Cuántos saben utilizar el dato de que hoy, entre las personas de 65 años, el promedio vivirá hasta cerca de los 87 años, para determinar cuánto gastar cada mes? ¿Cómo cubrirán una longevidad variable? ¿Destinarían los hombres el monto requerido para financiar una eventual viudez de su mujer, o aprovecharían de liberarse de esa carga? Y los imprevisores no ahorrarían, perjudicando a los familiares que los rescaten. La evidencia valida ampliamente estos temores, pero eso no basta. Se requiere una alternativa para producir pensiones con estos atributos.
La OIT promueve que el Estado grave a todos con cotizaciones obligatorias y administre los recursos por medio de una aseguradora estatal monopólica controlada por los políticos de turno. La mayoría de los latinoamericanos rechazaría eso. Temen que los políticos de turno orienten los recursos de todos a cambio de votos o de financiamiento electoral. Por ejemplo, cuando se estanca el crecimiento, la escasez exigiría bajar las pensiones, pero los políticos han postergado eso hasta quebrar. También otorgan pensiones de privilegio a sectores donde se concentran sindicatos con muchos votos, o miembros del partido y parientes, a costa de los demás sectores. Debido al riesgo político, muchos de los 500 mil pensionados del Sistema Nacional de Pensiones del Perú (estatal) quisieran ser autorizados también a sacar la plata al cumplir 65 años.
La experiencia demuestra que otra vía produce pensiones de mejor nivel y calidad: mezclar regulaciones estatales con gestión no estatal y capitalización. Bajo un aporte libre, la oferta de rentas vitalicias protegidas de la inflación es ínfima. Superar eso requiere regulaciones adicionales: facilitar la emisión de instrumentos de inversión (bonos) indizados al IPC para que las compañías de seguro puedan respaldar rentas vitalicias indizadas al IPC, y permitir destinar los fondos a inversiones rentables. Y es clave la obligatoriedad de sacar los fondos como pensión, pues logran que el volumen de rentas vitalicias sea suficiente para que las economías de escala (que bajan los costos) coexistan con una multiplicidad de prestadores y así haya espacio para que los márgenes puedan ser bajos. También es esencial para mitigar la selección adversa. Esta es la lista de desafíos para que el Perú pueda construir un sistema de pensiones superior al estatismo y su vulnerabilidad política. Migrar al aporte libre, renunciando a pagar pensiones, es una receta comprobada para agravar la imprevisión y los males sociales indicados. Lampadia
