El Gobierno está dando dos respuestas claramente diferenciadas frente a la coca y al narcotráfico. En el primer caso, está consolidando, con algunos matices, el programa de desarrollo alternativo que abarca las regiones de Huánuco, San Martín, Ucayali y Pasco. Precisamente aquí en el 2013 se consiguió el récord histórico de erradicar 24 mil hectáreas de coca ilegal. Así, el Alto Huallaga ya no es más sinónimo de mafias cocaleras, firmas de narcotraficantes y terrorismo. Y esta vez parece que el cambio es irreversible.
Síntoma clarísimo de los tiempos nuevos es lo que pasó el 5 de octubre en las elecciones municipales: el campesino del Monzón eligió como su nuevo alcalde a un ingeniero montisonense que no es dirigente cocalero ni se opone a los programas de desarrollo. Su proyecto es abrir las puertas del valle a la inversión privada (hidroeléctricas) y generar oportunidades de trabajo digno y, en el mediano plazo, tener ingresos propios a través del canon.
En correspondencia, el Gobierno Central tendría que convertir al Monzón en una zona de atención prioritaria, pues allí la pobreza extrema alcanza al 65% de su población. La recaída, como en toda adicción, podría ser muy grave y este valle estuvo sometido más de cuarenta años a la coca.
En el segundo caso, la respuesta es dramáticamente diferente, es la que se observa en el Vraem. Aquí no se erradica la coca ni hay una estrategia de interdicción con metas y responsabilidades definidas. Hasta podríamos decir que en el 2014 este valle se consolidará como el primer productor y exportador de drogas cocaínicas de toda la región andina.
El precio de la coca, termómetro inequívoco que mide la actividad del narcotráfico, está alcanzando niveles cada vez más groseros: esta semana el narcotráfico pagó hasta US$5 por un kilo, mientras que la cocaína, cerca de los narcoaeropuertos de Llochegua, se cotizó en US$1.800 el kilo. El precio promedio nunca había superado los US$1.300.
Mientras en el Vraem los militares y policías, pese a su número –más de cuatro mil hombres–, logística –helicópteros, escáner, bases antidrogas y antiterroristas– y los abundantes recursos invertidos –cerca de S/.5.000 millones– sigan con el “dejar hacer y dejar pasar que el mundo camina solo”, el problema se complicará más.
Como van las cosas, muy pronto la cobertura de seguridad al negocio de las drogas se la disputarán los grupos terroristas y los elementos corruptos de las fuerzas del orden. Exactamente igual a como pasaba en el Alto Huallaga en 1980. ¿Recuerdan cuando los helicópteros del Ejército cargaban cocaína en vez del rancho de los soldados?
En este contexto, donde el campesino encuentra sus cultivos de coca en su máxima rentabilidad, podría sonar a chiste de mal gusto proponerle la “reconversión productiva”.
Me pregunto: ¿Quién es el encargado de hacer frente al narcotráfico en el Vraem? ¿Los militares?, ¿los policías?, ¿el Ministerio de Agricultura?, ¿los dos comisionados para la paz y desarrollo que hay en la zona?… ¿A quién le pedimos explicaciones de este desmadre que parece pensado para favorecer al narcotráfico? Sería muy buena señal si en el 2015 se define al funcionario encargado de coordinar la respuesta del Gobierno a este problema. Eso para empezar.
