Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un país miembro de la UE, se discuta abiertamente si para resolver un conflicto propio de cualquier democracia —la pluralidad de opciones y de propuestas— hay que “aplicar la ley” o “hacer política?”. ¿Cómo es posible que cuando un partido político, UPyD, exige algo tan simple como que se cumpla la ley se nos acuse de equivocarnos de estrategia… o de ser la extrema derecha. La respuesta es bien sencilla: aquí cada cual está a sus batallas, perdido en su secta, ajeno a lo común. La conclusión es que la democracia española no tiene españoles que la defiendan, y en eso reside precisamente la fragilidad de nuestro sistema.
Como cualquier lector habrá deducido estoy hablando de la retirada del Estado en Cataluña a propósito de la locura secesionista que ha culminado, de momento, en el 9-N; estoy hablando del pacto no escrito entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas (incluidas aquellas que aparentan defender la unidad de la nación) para aceptar que en Cataluña ya no rija la ley. El Gobierno recurrió la argucia por la que la Generalitat se proponía llevar a cabo la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional tras obtener un rotundo y unánime dictamen del Consejo de Estado que, entre otras cosas, concluía que:
“El hecho de que la consulta del 9 de noviembre de 2014 pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios, o de que las personas llamadas a participar no sean todas las inscritas en el censo electoral sino solo aquellas que se inscriban voluntariamente en un fichero de participantes, lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva —si cabe— la gravedad de los mismos, por cuanto que con este proceder se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales atinentes el ejercicio del derecho fundamental de participación política, concretamente la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de personas llamadas a votar, siendo así que la inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual en cualquier sistema democrático (artículos 68.1 y 69.2 de la Constitución; artículo 5.1 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum). De este modo, se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes”.
A partir de ahí y de la nueva suspensión del Tribunal Constitucional el Gobierno no ha hecho nada: arranque de caballo, parada de burro. Pasteleo con todos los partidos políticos, apelaciones a la prudencia, a la proporcionalidad, al diálogo… Y las urnas en los colegios, y los ciudadanos no nacionalistas abandonados a su suerte. Y toda España atónita ante la política de hechos consumados y el triunfo del chantaje al Estado.
Naturalmente que nada de esto es ajeno a la situación de emergencia nacional por la que atraviesa España. La apatía de los partidos políticos que han gobernado alternativamente España y todas sus comunidades desde que llegó la democracia para enfrentarse a los casos de corrupción que han devastado las principales instituciones del Estado han convertido la crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático. Una confianza que es imposible recuperar si ante un reto como el planteado por el nacionalismo catalán la respuesta del Estado es la deserción y el abandono a su suerte de aquellos ciudadanos hostigados por sus gobernantes por el mero hecho de proclamar su derecho democrático a seguir siendo catalanes, españoles y europeos.
Asusta observar que en los debates entre los principales dirigentes —principales por el número de votos que tienen o a los que aspiran acceder o conservar— nadie aprecie que al margen de cualquier proceso de reforma de nuestra Constitución y de nuestro modelo territorial o de Estado lo mínimo que hay que exigir a todos es restablecer el respeto al orden constituido. Asusta escuchar a partidos que no son independentistas cruzándose “ocurrencias” para resolver la pulsión secesionista: unos proponen un modelo federal “asimétrico” (?); otros, que Rajoy negocie una financiación “especial” para Cataluña; otros dicen ahora que están dispuestos a abordar la reforma de la Constitución… siempre que les quiten a ellos el trabajo de hacer la propuesta.
Vivimos tiempos convulsos, inestables. Es por eso que hoy más que nunca hace falta una fuerza política que defienda el Estado, que defienda la unidad de la nación, que defienda la ley y el orden constitucional sin concesiones de ningún tipo. Habrá quien opine que la defensa del orden constitucional, del imperio de la ley, no es un elemento ideológico ni partidario sino un requisito prepolítico. Pero lo cierto es que en la batalla que se está librando hoy en España nadie parece apreciar que el desmembramiento del Estado, saltándose las reglas básicas de la democracia, se lleva por delante la igualdad de los ciudadanos y los derechos básicos de ciudadanía. Por eso defender lo prepolítico, el imperio de la ley, se ha convertido una vez más en la tarea de un partido que nació precisamente para eso, para regenerar la democracia y defender el Estado. Hemos dedicado mucho esfuerzo a lo largo de nuestra corta vida sustituyendo a la Fiscalía ante los casos de corrupción política; son sonados los ejemplos de Bankia, Preferentes, Banca Cívica, Caja Segovia, Caja Madrid, caso Pujol, nombramientos Cámara Cuentas, Privatización Sanidad Madrid, cursos formación Andalucía…… (así hasta 25). Y lamentablemente hemos tenido que sustituir al Gobierno de la nación en Cataluña para defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Por eso denunciamos ante un juzgado de Barcelona la vulneración de derechos fundamentales perpetrada con la convocatoria del 9-N; por eso nos querellamos ante el Tribunal Supremo contra Artur Mas y otros responsables de su Gobierno por delitos de desviación de caudales públicos, desobediencia a la autoridad judicial, y prevaricación; por eso el día 9-N presentamos una denuncia por estos mismos delitos ante un juzgado de guardia de Barcelona; por eso y ante el rechazo del TS de nuestra querella la presentaremos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
¿Tú qué hiciste cuando los poderes del Estado permitieron que las autoridades de Cataluña declararan extranjeros a los ciudadanos de su comunidad que no son nacionalistas? ¿Tú qué hiciste cuando los partidos llamados constitucionalistas miraron para otro lado el día que las autoridades de Cataluña burlaron al TC y pusieron las urnas en los colegios públicos? ¿Tú qué hiciste por defender la aplicación de la ley en Cataluña? ¿Tú qué hiciste cuando el Estado se retiró de Cataluña? ¿Tú qué hiciste para defender la democracia?
A estas preguntas deberemos contestar cuando las nuevas generaciones estudien el momento en el que los representantes del Estado desertaron de su responsabilidad de defender el imperio de la ley en Cataluña —y por ende en toda España— y los políticos de uno y otro signo ideológico abandonaron a su suerte a los españoles que la Constitución de 1978 proclamó ciudadanos. Muy pocos de los políticos que hoy están en activo podrán decir: “Cuando eso ocurrió hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos”.
Para finalizar, permítanme que les haga una promesa: si las autoridades de Cataluña amparan la ilegalidad y el Gobierno de la nación no actúa, nosotros seguiremos dando la batalla. Porque sólo la aplicación de la ley nos puede salvar. Como dice Fernando Savater, “aplicar la ley a quien quiere violarla suele resultar muy pedagógico”. Sólo con la aplicación de la ley mantendremos la unidad y recuperaremos las bases de la convivencia en libertad. Porque sin ley no hay democracia.
