Por: Rómulo Mucho, Ingeniero de minas
Gestión, 6 de setiembre de 2019
La nueva Ley General de Minería no puede ser debatida, y eventualmente aprobada, bajo presión y menos obedeciendo a objetivos políticos de solo un grupo de gobernadores, por muy respetables que sus propuestas sean.
Esta nueva ley debe ser el producto de un amplio debate con la intervención de todas las partes interesadas. Esta es la única manera de obtener un instrumento de gestión consensuado, empoderado y duradero. Cualquier modificación tiene que obedecer a los avances científicos, cambios tecnológicos y sociales acorde con la realidad en que vivimos, a fin de regular la gestión y el comportamiento de la industria minera, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una sociedad justa, progresista y equilibrada.
Es conocido que el Ejecutivo está preparando una propuesta de nueva ley de minería a través del Minem y el MEF, que será presentada próximamente al Congreso. Por otro lado, los gobernadores de la Macro Región Sur presentaron la semana pasada otra propuesta en la que el estatismo quiere ser revivido, con la creación de una empresa minera estatal y el planteo de una sobrecarga fiscal. Sobre este último tema, debe evaluarse y transparentarse los resultados obtenidos con la ley actual, en los últimos 20 años se captaron US$ 63,000 millones en inversiones mineras.
Debe cuantificarse el aporte de la minería al progreso y reducción de la pobreza en el Perú y no dejarse llevar con percepciones como, por ejemplo, las que promueven los grupos radicales quienes señalan que “la minería no deja nada o deja poco”. Se ha escuchado decir que el 20 % de las utilidades debe ser para la empresa y 80 % debe quedar para el país. Actualmente, estos porcentajes, en promedio, son 53% y 47%, respectivamente. Sin pretender en lo mínimo que estos porcentajes no se debatan, son cifras razonables si se hace una comparación con realidades de otros países mineros con los que competimos por atraer inversiones. Este tema es clave para poner en operación nuestra cartera de futuros proyectos que suman alrededor de US$ 50,000 millones.
La actual Ley General de Minería requiere de una modernización porque tenía varios vacíos e incongruencias, los mismos que se han cubierto con otras leyes que, al final de cuentas, la han hecho dispersa. Urge un único instrumento que se convierta en el nuevo contrato social y económico entre la minería y el país.
Los principales ejes de debate debieran centrarse en:
1) Aspectos económicos, como la promoción de inversiones, así como las condiciones y garantías para estas. No es fácil atraer financiamiento para los proyectos mineros.
2) Aspectos tributarios, se debe conocer exactamente la productividad y los costos de producción, así como los costos financieros en los que incurren las empresas mineras. Recién después de contar con estos insumos, se debe proceder a determinar la carga tributaria que se aplicará, sin dejar de analizar el comportamiento en esta área, de otros países mineros competidores. En otras palabras, la determinación de las rentas por el aprovechamiento de nuestros recursos naturales no es cuestión de fijar porcentajes, sin el análisis previo.
3) Aspectos ambientales, tiene que evaluarse el desempeño de las empresas mineras, así como el de las instituciones y organizaciones que hacen auditoría y fiscalización ambiental. En este momento han perdido cierta credibilidad frente a las comunidades. Urge replantear su accionar y su independencia. Tenemos una de las legislaciones ambientales más avanzadas del mundo.
4) Aspectos sociales, estos se han convertido probablemente en el tema más importante y decisivo. Hoy la minería requiere innovarse en el relacionamiento con las comunidades y pueblos aledaños a un proyecto minero.
En el debate de la nueva Ley General de Minería no solo se debe tener en cuenta la propuesta de los gobiernos regionales del sur, sino también las del Ejecutivo, del Legislativo, la del sector empresarial como agente económico de cambio y de la Academia que actualmente brilla por su ausencia.
