Roberto Lerner
Perú21, 21 de febrero del 2026
“No estamos simplemente ante una crisis de liderazgo, sino ante la erosión de los mecanismos que hacen posible la cooperación a gran escala”.
El domingo pasado fui entrevistado por Perú21 a propósito de un dato inquietante: en el inicio del proceso electoral de 2026, ninguno de los 36 candidatos presidenciales inspira confianza mayoritaria. No es que la gente prefiera a uno sobre otro: es que no confía en ninguno. ¿Oferta política paupérrima? ¿Candidatos poco convincentes? ¿Partidos con caciques pero sin líderes? Algo de eso. Pero la cosa va más allá: es estructural.
Según el INEI, apenas 2.7% de los peruanos dice confiar en los partidos políticos; y en el Congreso la confianza ronda el piso. El resto de instituciones cae también en zona de “no confiables”. La única que se sostiene arriba es el Reniec —44%—, y aun así viene bajando.
Según la OCDE, uno, máximo dos, de cada diez peruanos declara confiar en los demás, en la cola de América Latina. Una baja confianza interpersonal, entonces, parece estar atada a menor confianza institucional. No es causalidad demostrada, pero la pista es clara: donde se confía menos en el otro, se confía menos en las reglas que permiten convivir con él.
Conviene introducir una distinción importante. Tendemos a pensar que la confianza es una emoción: algo que sentimos hacia una persona, un líder o un proceso. Pero en realidad, la confianza es una tecnología social.
Las instituciones cumplen una función específica: permitir la cooperación entre millones de personas que no se conocen entre sí. En sociedades pequeñas, la cooperación se sostiene mediante reputación, parentesco o vigilancia directa. En sociedades complejas, eso es imposible. No podemos conocer a todos, ni verificar cada transacción, ni supervisar cada decisión.
Las instituciones que garantizan elecciones, justicia, registros, certificaciones son, literalmente, prótesis de confianza. Permiten coordinar acciones con extraños sin depender de la buena voluntad de cada individuo, de su estado de ánimo.
No confiamos en el piloto que conduce el avión porque lo conozcamos personalmente, sino porque confiamos en el sistema que lo entrenó, certificó y supervisa. No confiamos en quien procesa nuestro pago porque lo hayamos evaluado moralmente, sino porque existe un marco institucional que sanciona el fraude. Tampoco confiamos en quien autentica una firma en una notaría porque hayamos leído su certificado de antecedentes penales: confiamos en el sistema que hace que su firma importe.
Cuando las instituciones funcionan, la confianza interpersonal puede ser baja sin que el sistema colapse. Pero cuando las instituciones pierden legitimidad, ocurre lo contrario: la cooperación se vuelve costosa, incierta y frágil.
Lo anterior describe una sociedad que se ha retirado psicológicamente de sus instituciones. Si puede las evita. Menos cumplimiento voluntario, más “papelitos”; menos acuerdos tácitos, más garantías formales; más sospecha, más intermediación. La cooperación se vuelve lenta y cara.
Cada transacción exige garantías adicionales. Cada acuerdo requiere intermediarios. Cada decisión pública es sospechosa de captura o incompetencia. El resultado es una economía política basada no en reglas, sino en cautelas. Simbólicamente, a veces literalmente, para dar o recibir un préstamo pequeño, hay que hipotecar todo el patrimonio.
En este contexto, la desconfianza hacia los candidatos no es una anomalía. Es un síntoma.
No estamos simplemente ante una crisis de liderazgo, sino ante la erosión de los mecanismos que hacen posible la cooperación a gran escala. Y cuando la cooperación se deteriora, la política deja de ser un espacio de coordinación colectiva para convertirse en un terreno de defensa individual. No buscamos encuentros sino refugios.
La pregunta relevante ya no es entonces quién genera más confianza. Es si contamos con instituciones capaces de producirla. Sin instituciones que la produzcan, todo se vuelve—como venimos de comprobarlo en estos días—regateo.
