Por: Roberto Abusada Salah
El Comercio, 16 de abril de 2020
Hace 28 años el matemático John Allen Paulos escribió acerca de la sorprendente comodidad con la que mucha gente manifiesta alegremente no saber nada de matemáticas, mientras que jamás aceptarían, por ejemplo, que no saben leer ni escribir. La falta de familiaridad con elementos numéricos básicos parece no preocupar a muchas personas que de ninguna manera se considerarían a sí mismas ignorantes, y, sin embargo, transitan por la vida sin entender nociones fundamentales de aritmética, órdenes de magnitud, o la chance de que algún hecho común suceda o no. El libro enumeraba ejemplos sencillos como el del presentador de televisión que reportó que la probabilidad de lluvia durante el fin de semana era 100%, ya que tanto durante el sábado como el domingo la probabilidad de lluvia era 50%. Paulos tituló su libro “Innumeracy” o “Anumerismo” en español: el equivalente matemático del analfabetismo, e indicaba que incluso mucha gente educada carece de tan elementales conceptos y a causa de ello se expresan con gran seguridad e ignorancia sobre los más variados temas de la vida cotidiana.
Al escuchar las exposiciones en el Congreso que antecedieron la aprobación de la ley que autoriza el retiro del 25% del fondo de capitalización que los afiliados posean en el sistema privado de pensiones, recordé los argumentos de Paulos y pensé cómo el anumerismo podía potenciar peligrosamente la demagogia y el populismo. De nada habían servido las explicaciones que tres competentes funcionarios habían dado a los congresistas sobre el efecto perjudicial de la norma en la pensión del afiliado, y el impacto que tendría en la economía el liquidar, en el peor momento, inversiones por 30 mil millones de soles (un 3 seguido de 10 ceros, para mayor entendimiento). Tampoco dieron importancia al hecho de sacrificar las pensiones futuras para dar liquidez a personas que, teniendo un empleo, podían acceder a parte de sus CTS y un monto adicional de sus fondos en las AFP según la norma que acababa de aprobar el Ejecutivo. No, esos tres tecnócratas habían venido a asustarlos con falsedades al igual que trataron de hacerlo con un anterior Congreso en ocasión de la ley que permitió el retiro del 95,5% del fondo al cumplir el afiliado la edad de jubilación… “y, ya ven, no pasó nada”.
Lo que realmente hizo la ley del 95,5% fue eliminar la jubilación convirtiendo a las AFP en simples administradoras del ahorro compulsivo del trabajador. Se eliminaron las pensiones y se dejó intacto el negocio de las administradoras.
Dicho todo esto, es preciso señalar que las AFP se han labrado a pulso su desprestigio, y en ese esfuerzo han contado con la complicidad del regulador, quien falló en proponer los ajustes al sistema a los pocos años de creado. El nivel de comisiones con el que se inauguró el sistema fue excesivo, y la comunicación con el público en general fue pésima. Especial desprestigio causó la manera de cobro de la comisión. Estas se cobraron inicialmente de manera adelantada y por una sola vez; es decir, el afiliado pagaba de manera adelantada por la administración de cada aporte por la duración entera de su vida laboral. Peor aún, el porcentaje se medía sobre el sueldo y no sobre el aporte. Esto dio lugar a interpretaciones demagógicas en el Congreso sobre el cobro de comisiones: un cobro del 2% de comisión se interpretaba adrede como equivalente a un 20% sobre el aporte sin indicar que esa comisión cubriría el manejo de esos fondos por 30 o 40 años. Esa situación ha ido cambiando y actualmente existen comisiones muy inferiores (alrededor de 0,8%) y medidas únicamente sobre el saldo acumulado. Así, un fondo de S/100.000 pagaría una comisión mensual de alrededor de 67 soles. Pero el daño a la reputación de las AFP ya está asentado en la opinión pública y es objeto fácil para la demagogia y el populismo del Congreso. Se consumaría así el daño al afiliado, y sobre todo a la economía y al prestigio del Perú como país confiable. El Ejecutivo debe observar la ley del Congreso y desplegar todos los esfuerzos para impedir que se insista en su promulgación.
En cualquier caso, es imprescindible que las pensiones en los dos sistemas (público y privado) y también Pensión 65 sean objeto de un total rediseño. Quizás tal rediseño deba considerar la administración pública o privada de pensiones con cuentas individuales de capitalización y abandonar el sistema de reparto en el que las pensiones son decididas políticamente. Los cobros de comisiones deben hacerse únicamente por el saldo acumulado, y a una tasa igual o inferior a la menor existente actualmente en el sistema privado. Todo esto con un esfuerzo por resolver el grave problema de cobertura poblacional de las pensiones, sumándose igualmente la institución de una pensión mínima.
