Ricardo León Dueñas
Expreso, 4 de setiembre del 2025
Con la nueva “puesta en escena” del caso de Nicanor Boluarte —y el reaparecido ministro Juan José Santiváñez— volvemos a apreciar una figura penal absolutamente prostituida en el Perú: la de organización criminal (también lo es la de lavado de activos), y lo es por los fuegos artificiales con que policías, fiscales y jueces altamente politizados actúan endiosados por una prensa venal y tendenciosa, amén de demasiados abogados-activistas que incentivan y aplauden todo tipo de atropellos a la legalidad en cuantos medios de prensa y plataformas existen.
Así, de un tiempo a esta parte, a cualquiera lo acusan de pertenecer a una organización criminal —generalmente dedicada al lavado de activos— agregándole además que la investigación es “compleja”, con el único propósito de alargar interminable e ilegalmente los procesos en un país donde los plazos legales para llevar a cabo cada etapa procesal son letra muerta. Una vez establecida esta malévola y extorsiva manera de llevar las investigaciones, ocurren los aparatosos allanamientos, las infames y direccionadas prisiones preventivas, coaccionadas colaboraciones eficaces y todo tipo de abusos procesales a vista y paciencia de la opinión pública, que solo se entera de todo por… esa misma prensa, en su gran mayoría sesgada.
De esta manera, y perversamente, consiguen estigmatizar a los procesados (inocentes hasta que se pruebe lo contrario) y al caso en giro, al que les ponen los nombres más estrambóticos posibles (cócteles, “waykis en la sombra”, cuellos blancos, etc. etc.), los que al cabo de unos años por lo general terminan por desvanecerse, pero lamentablemente el daño a la reputación y honra de los imputados no desaparece con la facilidad con la que se esfuma el caso en sí, quedando los titulares de la prensa como mudos testigos de demasiados linchamientos mediáticos.
El caso paradigmático y frecuentemente citado por absurdo y hasta ridículo es el de Pedro Pablo Kuczynski, donde la “banda criminal” la conformaban el expresidente, su secretaria y el chofer (sic). Sin embargo, cuando se trata de implicados ubicados en la otra orilla ideológica del espectro político —la izquierda— como el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, “extrañamente” no hay organización criminal, cuando hay abrumadoramente todo tipo de evidencia de actividades criminales en banda (confesión de la propia inculpada) y con un “único” cómplice degollado hace un tiempo (J. M. Castro, alias “Budián”), espantoso crimen del cual “extrañamente” tampoco se sabe nada.
Mientras tanto, las verdaderas organizaciones criminales, esas que matan gente, trafican, secuestran y extorsionan a indefensos ciudadanos, siguen actuando impunemente, aterrorizando a todo el país ante autoridades dedicadas a perseguir a sus enemigos políticos. Esa es la justicia que hoy —bajo el manto protector de la argolla progre/caviar que sigue entronizada en el poder— practican malos policías, malos fiscales y malos jueces, para quienes administrar justicia se ha convertido en un circo mediático injusto, arbitrario y abusivo… un circo que, por supuesto, no tiene gracia alguna.
