Por: Raúl Diez Canseco
Expreso, 10 de Enero del 2023
En la última columna del año pasado señalábamos que apenas si el país estaba en vías de superar una de las etapas más complicadas de los últimos años. La crisis política generada por el golpe frustrado del investigado y detenido Pedro Castillo abría una ventana de oportunidad para reencaminar el país al orden y a la convivencia social. Lo que viene ocurriendo esta primera semana del nuevo año indica que el camino será más difícil de lo que podría suponerse. No dejemos que nos roben el país.
Una parte del sur del país —no todo el sur, hay que reconocer— insiste en cerrar carreteras y generar desórdenes en las calles agitando medidas extremistas e irrealizables, como el cierre del Congreso, la liberación y regreso al poder del acusado expresidente, y la realización de una asamblea constituyente.
Mientras la turbamulta agita las plazas, la inmensa mayoría de peruanos sufre las consecuencias de su equivocado proceder. Solo en turismo, entre la asonada de diciembre y la primera semana de enero, Cusco ha perdido 100 millones de dólares. Las cancelaciones de hoteles, visitas a lugares arqueológicos, restaurantes y artesanía son las principales actividades afectadas.
La Cámara de Comercio de Puno señala que la región pierde S/ 450 millones diarios debido a las protestas y bloqueo de vías. En la costa, en estos meses de verano, es cuando la agroexportación necesita más mano de obra para la cosecha y exportación de sus productos. En Ica, más de 80 mil trabajadores agrícolas no pueden asistir a su trabajo, afectando uno de los sectores que más ha crecido en el país.
Esto no puede continuar así. Los incendiarios deben ser aislados y reducidos política y judicialmente. Para ello, las autoridades recientemente electas deben empoderarse y asumir sus responsabilidades. Los gobernadores y alcaldes provinciales tienen que diferenciarse de los grupos extremistas y proponer una tregua para formalizar un mecanismo de diálogo con las autoridades nacionales.
El Acuerdo Nacional, reunido desde ayer, debe pasar de la conversación a la acción y ayudar a instalar, por ejemplo, mesas regionales para establecer un diálogo democrático con resultados que las regiones vienen reclamando. Lo que no podemos permitir es que un reducido grupo de activistas violentos secuestren la democracia, impidan el normal desarrollo de actividades y terminen robándonos el país. Felizmente, en este Gobierno hemos escuchado algunas voces importantes en esta línea, que esperamos se mantengan firmes.
En el plano político, el Congreso debe enfocarse en confirmar el adelanto de elecciones para el primer trimestre del 2024 y en las reformas mínimas que permitan estabilizar al país con equilibrio entre los poderes del Estado, meritocracia dentro de los partidos políticos y un Senado que devuelva la visión nacional y estratégica que tanta falta nos ha hecho en los últimos años. Estamos ante un Gobierno de transición. Jaquearlo desde las calles lo puede debilitar aún más con consecuencias imprevisibles. No perdamos la oportunidad de estabilizar el país, recuperando el orden, el diálogo constructivo y la paz social, que tanto necesitamos para volver a sacar al Perú adelante.
