Por: Philip Stevens
El Comercio, 19 de mayo de 2020
La solución definitiva a la pandemia del COVID-19 será un nuevo tratamiento o una vacuna. Hasta entonces, una variedad de suministros médicos, desde desinfectante de manos hasta ventiladores, puede contribuir a combatir el virus. Sin embargo, un gran número de regulaciones, prohibiciones y trámites burocráticos obstaculizan ambas estrategias. Una declaración firmada por 30 centros de pensamiento alrededor del mundo está solicitándole a los gobiernos mejorar esta situación.
Todos los países necesitan acceso barato a suministros médicos. Pero muchos gobiernos aumentan innecesariamente sus precios a través de aranceles a las importaciones. Por ejemplo, América Latina es la región del mundo con el arancel promedio más alto sobre los medicamentos.
Algunos países han mostrado liderazgo al exonerar de aranceles y otros impuestos a los medicamentos, vacunas y otros suministros médicos relacionados al COVID-19. Eso es positivo, pero al ser medidas temporales, crean incertidumbre en los exportadores y atentan contra la preparación para futuras pandemias. La desgravación arancelaria debe hacerse permanente, quizás a través de un acuerdo legal obligatorio administrado por la Organización Mundial del Comercio.
Las prohibiciones sobre la exportación de suministros médicos son más problemáticas. A finales de abril, 80 países y territorios habían instituido algún tipo de límite a las exportaciones. Si bien estas medidas pueden garantizar el acceso en un corto plazo a existencias de suministros, causan disrupciones significativas en las cadenas de producción. Por ejemplo, los ventiladores tienen más de 700 componentes que provienen de diversos países. Los medicamentos también dependen de cadenas de producción distribuidas alrededor del mundo, especialmente en la provisión de ingredientes activos.
Romper estas cadenas generará escasez. Ya lo estamos viendo con medicamentos que no están relacionados al COVID-19, como el paracetamol y los antibióticos. Hay una manera distinta de hacer las cosas. Singapur y otras naciones de la región Asia-Pacífico brindan un ejemplo a través de su compromiso conjunto de mantener abiertas las cadenas de producción.
El COVID-19 es una enfermedad recién identificada. Por lo tanto, la innovación será crucial para una solución de largo plazo, pero no solo en la invención de terapéuticos y vacunas, sino también en su producción masiva y rápida distribución alrededor del mundo. El sector privado, generalmente en alianza con universidades e institutos de investigación públicos, ha respondido rápidamente. Más de 140 tratamientos y vacunas experimentales son desarrollados alrededor del mundo, incluyendo 11 que ya se encuentran en pruebas clínicas.
Los gobiernos pueden ayudar de dos formas. Primero, no deben bloquear el flujo transfronterizo de información clínica y epidemiológica esencial para los esfuerzos de investigación y desarrollo. Entre más grandes y más variadas sean las series de datos, más rápidos y efectivos serán estos esfuerzos.
La información muchas veces se atasca en los países de origen debido a leyes que requieren almacenamiento en servidores locales, aunado a prohibiciones de facto sobre el flujo transfronterizo de datos. Muchas de estas leyes se justifican bajo premisas de garantizar la privacidad, pero en realidad tienen como finalidad estimular a industrias de TIC locales. Los gobiernos deben permitir un régimen más abierto para el intercambio de información clínica y epidemiológica relacionada al COVID-19 cuando los países destinatarios han adoptado fuertes garantías de privacidad. De otra manera, los tratamientos se retrasarán y se perderán vidas innecesariamente.
Segundo, los gobiernos deben evitar suspender los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier vacuna o tratamiento que surja en los próximos meses. Ecuador y Chile ya han hecho gestiones en ese sentido, mientras que Costa Rica lidera una iniciativa dentro de la OMS para establecer nuevas reglas que obligarían a compartir estos derechos. Eso es un gran error. El mundo necesita que más compañías se unan en la búsqueda de nuevos medicamentos, pero estas políticas más bien envían un fuerte mensaje disuasorio.
Además, podrían causar un enorme problema logístico. Si los derechos de propiedad intelectual fueran limitados, ningún gobierno tiene la capacidad de producir miles de millones de dosis de vacunas y medicamentos. La cooperación con los titulares de derechos es preferible a la confiscación.
Las soluciones a la crisis del COVID-19 vendrán del libre movimiento de suministros médicos y de la innovación de un gran número de laboratorios alrededor del mundo. Es imperativo que los esfuerzos de los gobiernos no se conviertan más bien en obstáculos.
