Patricia Teullet
Perú21, 15 de setiembre de 2017
Esta semana, un cartel en un hospital de Essalud en Abancay anunciaba que “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la Policía de turno”. Ello genera una barrera para que las mujeres busquen atención médica en caso de emergencia, poniendo en riesgo sus vidas.
Pese a que el aborto es ilegal, se calcula que ocurren cerca de 400 mil abortos al año, siendo la tercera causa de muerte materna. La ilegalidad genera redes clandestinas y condiciones insalubres que ponen en riesgo sus vidas. El 98% de los abortos inseguros ocurre en países donde abortar es ilegal (OMS). Este es considerado una epidemia silenciosa.
El aborto es consecuencia de un embarazo no deseado. Según Endes, 52% de los embarazos de los últimos cinco años fueron no deseados, ello porque solo 1 de cada 2 peruanas usa un método anticonceptivo (MAC). En el Perú, ocurren aproximadamente 66 abortos por cada 100 embarazos. Sin embargo, el Congreso y el sector conservador se niegan a discutir la importancia de programas de salud reproductiva, planificación familiar y legalización del aborto, creyendo equivocadamente que si no se discute, no existe.
Hay una marcada desigualdad en el acceso a servicios de salud sexual entre las poblaciones de los segmentos más ricos y los más pobres. Las mujeres del A/B se practican abortos seguros en clínicas privadas, acceden a MAC y a la píldora del día siguiente, mientras que las de los segmentos D y E necesitan del Estado para acceder a servicios de salud y MAC, y se practican abortos inseguros. Por ello, la mortalidad materna es mucho más alta en esos segmentos.
La cancelación del programa de salud reproductiva y planificación familiar, como consecuencia de la creación del mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas, generó un aumento en las atenciones por aborto incompleto de 35,000 (2000) a 41,993 (2003). ¿Lo ponemos en agenda?
