Tal como estaba previsto, se inició la modernización de la refinería de Talara, en medio de discursos políticos a favor y cifras en contra.
Las cifras develan requerimientos de inversión de US$2.700 millones por parte de Petro-Perú. Como la empresa no es tan atractiva como para obtener este monto en buenas condiciones en el mercado financiero, se necesitará de la garantía del Estado; es decir, que el Estado Peruano respaldará a la empresa ante cualquier incumplimiento.
Entre los argumentos a favor de invertir en Talara están los discursos nacionalistas que nos dicen que no debemos depender de terceros países en un recurso estratégico. Lo paradójico es que con esta misma lógica no se fomente la exploración y explotación de nuevas fuentes de energía y que se demoren proyectos de inversión privados que las garantizan. Recordemos: refinar combustible es un proceso industrial que de poco sirve si no se tiene crudo disponible. Y el crudo continuará importándose porque el Perú es deficitario en su producción.
Otro de los argumentos para defender esta inversión es el ambientalista, que subraya la necesaria reducción del contenido de azufre del combustible. Debemos recordar que hace 10 años se determinó la obligación de mejorar la calidad del combustible. Pero esta mejora socialmente rentable requiere ser complementada con la rentabilidad económica que provendrá de un aumento en el volumen de combustible que se refine y comercialice refinado.
Además, si es que antes no se toman medidas para renovar nuestro parque automotor con vehículos viejos, solo se estaría consumiendo combustible limpio para continuar llenándonos de gases contaminantes. Y la paradoja acá es que, teniendo los recursos, el Estado ha ignorado oportunidades de bajo costo y alto impacto que mejorarían la calidad del aire de manera casi inmediata.
Para algunos el proyecto de invertir recursos públicos en una empresa que bien podría estar en manos privadas es el último vestigio de la gran transformación y el costo que se debe asumir por haber logrado frenar proyectos más dramáticos de intervención del Estado en la economía. Muy pocos temen que signifique que la gran transformación todavía da coletazos y más bien consideran que es una manera de mantener calmado al dragón que reclama más ofrendas en la forma de creación de empresas estatales, que en el mejor de los casos están orientadas a satisfacer los sueños empresariales de quienes no tienen capacidad para hacer empresa con sus propios recursos.
Así, quienes han terminado aceptando, de buena o mala gana, el proyecto dicen que este tiene candados suficientes para evitar la tentación de desenfreno de gastos o incursión del Estado en actividades de mayor riesgo, como sería la de exploración.
Ojalá sea así. Y para minimizar los riesgos que esta ofrenda al nacionalismo pudiera representar, es imprescindible rescatar uno de los temas que se ha discutido alrededor del mismo: la apertura de su accionariado.
Los resultados de esta medida sí que serían un indicador interesante de cuán bien ha sido y está siendo manejada la empresa, y de cuán atractiva resulta para los inversionistas privados. Sin embargo, si esta apertura no se da en un plazo muy corto, sería momento de volver a calibrar el riesgo que esta aventura empresarial del Estado podría significar.
