El año 2004, cuando la aprobación presidencial bordeaba el digito y el congreso era presidido por la oposición, Antero Flores promovió lo que se dio en llamar el consejo de coordinación del estado: la reunión del primer mandatario con los presidentes de los poderes judicial y legislativo, para darle gobernabilidad al país y abordar temas de estado. Una forma de establecer y gestionar políticas de estado.
Si la seguridad es la máxima prioridad como lo clama la sociedad, debe serlo por igual para todo el estado más allá de las autonomías mal entendidas donde cada poder parece serlo de un país diferente. El intento de sacar terroristas del CEREC de La Punta, muestra las graves inconexiones y miopía de quienes hoy detentan el poder y evidencia que el liderazgo en el país sigue siendo solo una esperanza.
No enfrentar el crimen con criterio multidimensional, genera hechos insólitos como la llamada «puerta giratoria», donde la PNP captura delincuentes, los fiscales denuncian y algunos jueces terminan liberándolos para nuevamente ser buscados por la policía en círculos viciosos, esfuerzos discordantes y muertes, sin tono con los intereses de la sociedad.
Estamos entrampados en un círculo vicioso, con cárceles convertidas en centros de perfeccionamiento y planeamiento del crimen, el mismo que se refuerza, muta y multiplica en todo el país ante el gaseoso esfuerzo de quienes tienen la responsabilidad de impedirlo. Lo confirma el asesinato de Ezequiel Nolasco o explique alguien porque en tantos años no se pueden instalar bloqueadores de celulares en las cárceles.
Faltan equipos, municiones, uniformes, bloqueadores, detectores, etc. Sin embargo hay presupuesto y comprar se hace eterno a pesar de la existencia de herramientas legales que permite declarar en emergencia y adquirir con oportunidad. Prima el temor a asumir riesgos en decisiones administrativas a la par de soslayar el costo de la demora: ser testigos del crecimiento del crimen y perder vidas.
¿Necesitamos una nueva policía, funcional a las amenazas de esta arremetida criminal? Sí, y puede realizarse sobre la base de lo bueno probadamente existente como Dinoes, Dinandro, Dincote, que entre otras direcciones pueden servir de base. Este nuevo cuerpo con estímulos diferenciados debe convertirse en la aspiración de miles de buenos policías que previa capacitación y rigurosa evaluación puedan ingresar a un cuerpo selecto. A la par se deben erradicar el régimen 24 x 24 y los insólitos seis meses de formación para ser policía.
No puede el estado continuar sosteniendo en prisiones esa inmensa masa poblacional ociosa, que eventualmente se “perfecciona” en procedimientos delincuenciales. Se le debe enseñar civismo, disciplina, derechos y deberes, hacerles trabajar no solo en artes manuales, respetar sus derechos pero impedir que sigan violando los del conjunto. La población penal debe estar ocupada pues el tiempo casi discrecional les sirve para planear lo que saben, reduciendo las cárceles a eslabones inútiles de seguridad y resocialización. ¿Por qué que no restablecer colonias penales como el SEPA?
De otro lado, hay islas de buenas prácticas como las que muestra la municipalidad de Miraflores. ¿Por qué no toma este modelo el ministro del interior, reúne a los alcaldes y coordina su réplica inmediata y simultanea?. El plan de Miraflores funciona en su jurisdicción aunque por hoy ahuyente el crimen que se muda a otros distritos. Por ello, combatir el crimen en concordancia de esfuerzos es imperativo. Y eso demanda liderazgo y no sumo sacerdotes dueños de enclaves.
Hay que sacar provecho además de subsistemas ordinarios como la seguridad privada contratada por barrios o manzanas e integrarlos a una red única municipal o policial. La existencia de mecanismos de seguridad inconexos puede tener efecto bumerang si no cuentan con el adecuado control o ser irrelevantes pudiendo ser ojos y oídos adicionales de un verdadero sistema de seguridad. Radios, teléfonos, y control ayudarían a multiplicar la cobertura de seguridad.
La seguridad es un bien público al cual tenemos derecho los ciudadanos y es obligación irrenunciable del estado proveerla. Conseguir el bienestar absoluto es ficción pero la seguridad debe estar garantizada por ser el primer eslabón del desarrollo. La decisión política, las buenas prácticas y el uso de tecnología combinados hacen sinergia. Que eso se convierta en compromiso de todos, es una tarea de liderazgo. La seguridad y bienestar ciudadano son pues una resultante del liderazgo de las autoridades desde el más alto nivel.
