Por: Omar Mariluz Laguna
Gestión, 8 de abril del 2024
La renuncia de la cabeza de la APN no soluciona el problema de fondo: la inseguridad jurídica.
La novela de los Rolex de “antaño” y luego “prestados” de la presidenta Dina Boluarte se robó todos los reflectores en las últimas semanas y quitó luz sobre otra historia mucho más peligrosa y bochornosa para nuestro país: el drama en torno a la construcción del megapuerto de Chancay.
Parecería que esta novela ya está por concluir con la renuncia de Walter Tapia a la presidencia de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que decidió desconocer la autorización que se le otorgó en el 2021 al consorcio peruano-chino que construye el puerto de Chancay para que brinde de manera exclusiva los servicios esenciales en dicha infraestructura.
Pero en realidad el daño ya está hecho. La demanda que presentó la APN, a través de la Procuraduría del MTC, para desconocer los derechos de exclusividad que se había otorgado a Cosco Shipping Port abrió la puerta a dos jugadores que hasta el momento no tenían nada que ver con esta megainversión: el Poder Judicial y el Congreso de la República.
La renuncia de Tapia a la APN no detiene la demanda ante el Poder Judicial y esto abre la posibilidad de que un juez revoque el permiso para que el consorcio peruano-chino brinde los servicios esenciales en el referido puerto, un escenario que pondría en riesgo inversiones futuras en la megainfraestructura que deberían llegar a los US$ 3,500 millones cuando alcance su potencial.
Por otro lado, en el Congreso de la República ya se presentó un proyecto de ley para modificar la ley del Sistema Portuario Nacional, que buscaría que este problema de la exclusividad para brindar los servicios esenciales no vuelva a ocurrir en futuras inversiones. El asunto es que Cosco Shipping Ports tendría que volver a solicitar esta autorización a la APN.
¿Realmente era necesario pasar por este trance involucrando a más entidades del Estado y, por tanto, a más burócratas? ¿Acaso no es claro que una de las principales limitantes para la inversión es justamente la frondosa burocracia peruana, muy enredada con mala gestión y, evidentemente, corrupción?
El daño ya está hecho porque, una vez más, proyectamos la imagen de un país que no respeta los acuerdos, un país donde un funcionario público puede cambiar las reglas de juego de un momento a otro y donde la seguridad jurídica es letra muerta. Ya Cosco ha mencionado que estos cambios han generado preocupación no solo en la matriz en China, sino entre los bancos que han financiado estas millonarias inversiones.
Y así se solucione este problema, la pregunta es qué va a pasar cuando otro gran jugador quiera apostar por el Perú, ¿cuáles son los costos vinculados a este tipo de riesgos? Son preguntas que el escándalo de los Rolex presidenciales han tapado, pero que con el tiempo tendremos que hacernos. Esperemos que no sea demasiado tarde.
