Por: Omar Mariluz Laguna
Gestión, 25 de marzo del 2024
A la Autoridad Portuaria Nacional, que depende del MTC, le parece una buena idea cambiar las reglas de juego de manera intempestiva. ¿Y la seguridad jurídica?
A veces la burocracia peruana parece un mal chiste. ¿Cuál es el afán de entorpecer una de las pocas y más grandes inversiones que se han hecho en el país en los últimos años, como es el caso del megapuerto de Chancay? ¿Cómo es posible que un burócrata tenga tanto poder para querer cambiar de la noche a la mañana las reglas de juego a quiénes aún deciden apostar por el Perú?
Porque hay que ser muy directos en este asunto. El puerto de Chancay apunta a convertirse en el más importante de América Latina con una inversión inicial de US$ 1,300 millones, que alcanzará los US$3,500 millones cuando se expanda al máximo de su capacidad. Esta es, sin duda, una de las mejores noticias que hemos tenido en la década, pero nunca es suficiente para nuestros burócratas.
Y es por eso por lo que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no tuvo mejor idea que presentar el viernes una demanda contenciosa administrativa para romper los acuerdos que ya había firmado el 10 de febrero del 2021 con el consorcio que construye el puerto, integrado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited y la peruana Volcan Compañía Minera.
Es decir, la misma entidad que otorgó hace más de tres años la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en lo que será el puerto de Chancay, un factor esencial para gatillar justamente las millonarias inversiones que se vienen realizando, ahora sostiene que se equivocaron y ya no quiere cumplir con lo pactado. Si esto no es un mal chiste, no sé qué es.
Lamentablemente, lo que acaba de ocurrir no sorprende del todo. En los últimos años, la seguridad jurídica, un atributo que caracterizaba a nuestro país en la atracción de inversiones, se ha ido perdiendo. Ahora es normal tener a un Congreso, un Poder Judicial e, incluso, un Tribunal Constitucional que viola contratos o, como en este caso, una oficina del Poder Ejecutivo.
Es por este tipo de “creatividades” de nuestros burócratas que se ha perdido la confianza para invertir en el país. Por un lado, tenemos a los ministros como el de Economía o de Energía y Minas que hablan de destrabar inversiones o dar facilidades para que las empresas inviertan, pero, por otro lado, tenemos la realidad: los burócratas que rompen acuerdos y quieren cambiar las reglas de juego de un momento a otro.
Uno esperaría que, por la gravedad del asunto y la envergadura de la inversión, salga el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, a explicar qué es lo que ha ocurrido, pero hasta el cierre de esta columna, solo hemos escuchado a Walter Tapia, actual presidente del directorio de APN, señalar que la entidad tuvo que denunciar el acuerdo al percatarse del “error administrativo”. ¡Tres años después!
La pregunta que habría que hacernos para tratar de entender qué hay detrás de todo esto es: ¿a quiénes no les conviene la consolidación del megapuerto de Chancay? Un puerto que no solo será el más importante del Perú, sino de toda América Latina, en la medida en que será el punto de conexión directa con todo el Asía Pacífico. Quizá con esa respuesta entendamos mejor tanta creatividad de nuestros burócratas.
