Por Ángel Melguizo y Eduardo Morón
El Comercio, 23 de octubre, 2015
Durante las últimas dos décadas el Perú ha mostrado una evolución económica y social excepcional. Del 2000 al 2014 el país creció en promedio 5% anual (frente al 3% promedio de América Latina). La pobreza se redujo de 58,5% en el 2004 a 22,7% en el 2014 y la clase media –aquellos ciudadanos con ingresos entre US$10 y US$50 al día– se expandió notablemente. Hoy, más del 30% de peruanos pertenece a este grupo socioeconómico, cuando a inicios de la década era apenas uno de cada diez. Los resultados, en general, son superiores a los registrados en América Latina y el Caribe, lo cual refleja que no solo hubo un buen entorno externo, sino también políticas económicas y sociales favorables.
Ahora, con un entorno internacional menos próspero, al Perú le toca afrontar dos grandes retos: la superación de la trampa de ingreso medio y la consolidación de su clase media. Sobre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hace hincapié en el primer volumen de su “Estudio multidimensional del Perú”, presentado a inicios del mes en Lima.
Ya desde hace seis décadas el Perú es una economía de ingreso medio. Es decir, una economía con un ingreso per cápita entre US$7.250 y US$11.750 (medidos en paridad del poder adquisitivo de 1990, según los análisis del Centro de Desarrollo de la OCDE). Sin embargo, el débil aumento de la productividad es el principal obstáculo para seguir avanzando. Hoy en día la productividad de un trabajador peruano representa apenas el 20% de la productividad de un trabajador estadounidense, cuando en la década de 1970 era el 35%. Si el Perú se compara con las principales economías de América Latina, el país tiene un nivel de productividad de tan solo el 60% del promedio de la región.
Por otro lado, la emergente clase media sigue siendo vulnerable. Estos ciudadanos corren el riesgo de caer en la pobreza si pierden su empleo, si se enferman o si por razones de edad deben jubilarse sin una pensión adecuada.
Ambos retos podrían ser superados si se reduce la elevada tasa de informalidad laboral. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Perú el 79% de trabajadores son informales, muy por encima del 55% promedio en América Latina y el Caribe. Esto afecta también a los trabajadores de ingresos medios. En el 80% de hogares con un ingreso per cápita de US$4 a US$10 al día y en más del 50% de hogares con ingresos entre US$10 y US$50 no hay ningún trabajador formal. Al mismo tiempo, una de cada tres empresas formales en el Perú declara que no encontrar a trabajadores con la formación adecuada es un obstáculo mayor, el doble que el promedio de la OCDE.
Por tanto, el Perú se encuentra ante el reto de diseñar e implementar una agenda de crecimiento inclusivo. En ella, la lucha contra la informalidad es central. Ello exige políticas audaces de amplio espectro, incorporando la multidimensionalidad que el reto demanda. En el mercado de trabajo, se debe reforzar la capacidad institucional. No solo se trata de mejores leyes, sino de normas que se puedan poner en práctica. Por ejemplo, aún se observa una elevada informalidad incluso entre los trabajadores de empresas de mayor tamaño.
El Perú tiene un mercado laboral muy segmentado entre el mundo formal y el informal. Es imposible pensar que la informalidad se reducirá de manera radical, pero se necesita disminuir la segmentación laboral favoreciendo la movilidad hacia la economía formal. Esto se puede lograr mediante incentivos para trabajadores y empresas, incrementando beneficios o reduciendo costos fiscales y administrativos. Desde un punto de vista global, se debe apostar por políticas de desarrollo productivo, en particular por aquellas que identifiquen y movilicen los recursos hacia las competencias y habilidades que el Perú del futuro requiere.
Este es un momento clave en que el diseño, la formulación y la implementación de mejores políticas es ineludible. El bienestar de las generaciones actuales y futuras de peruanos depende de ello.
