Milton Von Hesse, Profesor de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 11 de junio de 2016
En la última década el Perú ha realizado un importante esfuerzo financiero orientado a mejorar la provisión de servicios básicos a partir de la inversión en infraestructura. A principios de la década del 2000, la inversión pública era del orden de los 4.000 millones de soles anuales, y su ejecución correspondía, principalmente, al Gobierno Nacional. Ese monto representaba entre el 2% y el 3% del PBI. A partir del 2007, coincidentemente con el auge del precio de los minerales y la maduración de las inversiones mineras, la inversión pública aumenta año a año de manera sostenida (con la excepción del 2011) y el año pasado superó los 30.000 millones de soles, monto que equivale a más del 5% del PBI.
Este ‘boom’ de la inversión pública, combinado con medidas complementarias que tienen que ver con un manejo más eficiente del gasto público, se ha reflejado claramente en mejores servicios para los ciudadanos. Así, por ejemplo, en los últimos cinco años, el porcentaje de la red vial nacional que está pavimentada aumentó de 58,5% a 87,7%, el acceso a alumbrado eléctrico se elevó de 89,7% a 93,9% y el acceso a agua potable de 77,3% a 85,7%. En educación y salud, la combinación de mayor inversión y reformas complementarias ha generado que los indicadores hayan mejorado de manera sustantiva.
Recientemente, la discusión respecto del acceso a servicios básicos se ha centrado principalmente en el tamaño de la brecha; es decir, el monto de dinero que haría falta para financiar infraestructura que permitiría brindar coberturas universales. Sin embargo, se debate muy poco respecto de la calidad de la inversión pública. Hasta la década de 1990, el Perú se encontraba entre los países de la región que mostraban una muy pobre correlación entre inversión pública y crecimiento del PBI. Hacia fines de esa década, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició un proceso orientado a mejorar de manera dramática la calidad de los proyectos de inversión pública.
Este proceso culminó con la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). De acuerdo a este sistema administrativo, los proyectos deben demostrar, antes de su ejecución, que son consistentes con las políticas sectoriales o territoriales, sostenibles en términos operativos y que sus costos guardan relación con los beneficios que le van a generar a la sociedad.
El SNIP creó una cultura de proyectos y desechó la práctica –común hasta entonces– de iniciar la ejecución de proyectos sin estudios previos y nociones respecto de sus costos y su sostenibilidad. De hecho, en el 2006, estimados realizados por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF señalaban que la productividad de la inversión pública, en promedio, se había incrementado en más de 20% comparado con la productividad media registrada en la década de 1990. Hoy el Perú se destaca en América Latina, junto con Colombia y Chile, pero ahora entre los países que mejor correlación presentan entre inversión pública y crecimiento.
Luego de más de 15 años de funcionamiento, el SNIP requiere un ‘aggiornamento’ que permita, de un lado, su desburocratización y, por otro, seguir velando por la calidad de los proyectos que se financian con recursos públicos. En esa línea, algunas recomendaciones para mejorar la eficiencia del ciclo de proyectos que va desde la planeación hasta la ejecución son las siguientes:
a. Debe instaurarse una programación multianual de inversiones sobre la base de un enfoque de brechas de servicios básicos, de forma que se promueva que el presupuesto de inversiones priorice –sobre todo a nivel de los gobiernos subnacionales– aquellos proyectos que privilegian el acceso de la población a dichos servicios.
b. A nivel de estudios de preinversión, migrar hacia la metodología costo-efectividad combinada con líneas de corte para los servicios básicos, cambiando la formulación de proyectos del expediente físico a la utilización de una plataforma informática al estilo colombiano, respetando los parámetros técnicos que definan los sectores.
c. En el caso de las asociaciones público-privadas (APP), reemplazar la metodología SNIP por una definición exhaustiva del servicio que se contrata, dejando en libertad al privado para utilizar la tecnología más eficiente.
d. Restringir el financiamiento no reembolsable de proyectos que realiza el gobierno nacional solo a la ampliación de coberturas para poblaciones en condiciones de pobreza y extrema pobreza (principalmente en áreas periurbanas y rurales) y financiar vía crédito a través de Cofide los proyectos que no califiquen en esta definición.
e. Desvincular las licitaciones para la ejecución de proyectos de la autoridad política, creando una agencia nacional de licitaciones con autonomía que actúe de manera desconcentrada.
Estos cambios, y la identificación de una cartera de proyectos estratégicos a nivel nacional, permitirán que el país continúe en la senda de mejora continua de la eficiencia de la inversión con recursos públicos.
Lampadia
