Miguel Palomino
La República, 1 de setiembre del 2025
«El tiempo que toma desarrollar un proyecto minera en el Perú es más el triple de lo que toma en el resto del mundo».
El Instituto Peruano de Economía (IPE) acaba de publicar un estudio sobre cuánto tiempo toma en el Perú que un proyecto minero pase de la primera exploración exitosa hasta el inicio de su explotación. El estudio también compara esta realidad peruana con la experiencia en el resto del mundo.
El estudio empieza mostrando que, a nivel global, es cada vez más largo el tiempo entre exploración y explotación de un yacimiento minero. Asimismo, los proyectos se han tornado cada vez más caros de desarrollar, tanto porque toman más tiempo en ejecutarse como porque los yacimientos se encuentran en lugares cada vez menos accesibles.
Al lector seguramente le sorprenderá saber cuál es el tiempo promedio desde que un yacimiento es explorado exitosamente hasta que es puesto en explotación: 12,5 años. Pero esta cifra esconde cómo ha ido aumentando a lo largo de los años. Así, considerando solo los proyectos que entraron en operación en el último quinquenio, esta cifra es de 17,8 años, mientras que en la década de los noventa era de apenas 6,4 años. Se estima que en la próxima década el número aumentará a 27,9 años.
Cuando descomponemos el desarrollo de un proyecto, la fase más larga es la de exploración, que en el último quinquenio tardó en promedio 13,6 años y que se estima tardará 19,4 años en promedio a futuro. Otra cifra interesante es que, usualmente, la exploración de un yacimiento se realiza por tres empresas distintas. Debemos notar que venimos analizando los años que toma desarrollar una exploración que resulta finalmente exitosa. No hemos mencionado todas las exploraciones fallidas, que son un múltiplo de las exitosas y que explican en parte por qué la fase de exploración toma tanto tiempo.
Hasta ahora hemos hablado de cifras globales, pero ¿cuáles son las comparables para el Perú? Como mencionamos, el país también ha pasado por las mismas tendencias que el resto del mundo, pero partiendo de una realidad más difícil.
En el Perú, el periodo de desarrollo de un proyecto de cobre desde la exploración exitosa hasta la explotación es, en promedio, de 62 años. Si descontamos los años en que muchos proyectos fueron propiedad del Estado (sin que se desarrollara ninguno en ese lapso), el tiempo se reduce a un promedio de 40 años. Si incluimos también los proyectos de oro, el promedio baja a 30 años. Esta es la cifra que se debe comparar con el promedio global de 12,5 años y la que demuestra las dificultades de desarrollar un proyecto minero en el Perú. El estimado conservador del IPE para la próxima década es que el plazo entre exploración exitosa y explotación aumente a 50 años.
¿Por qué toma mucho más tiempo desarrollar un proyecto en el Perú? La respuesta es que el número de regulaciones y el tiempo que demanda cumplirlas es mucho mayor que en los países mineros con los cuales competimos. En todo el mundo han aumentado las regulaciones, pero en el caso peruano es particularmente notorio.
En los años noventa, la cantidad de normas que regulaban los procedimientos administrativos del sector minero era menor a 20. Hoy son al menos 130. Además, dichas normas establecen plazos legales que no se cumplen ni remotamente, perjudicando a los inversionistas. Por ejemplo, el plazo legal para otorgar la aprobación de un estudio definitivo de impacto ambiental es de 218 días, pero el plazo real promedio es cinco veces mayor: 1.085 días. Lo mismo sucede con la consulta previa, cuyo plazo legal es de 142 días, pero el plazo efectivo supera las cinco veces más: 742 días.
El Perú tiene algunas de las normas más exigentes para asegurar que se cumplan los estándares ambientales y garantizar buenas relaciones con las comunidades afectadas, lo cual es muy positivo. Sin embargo, el problema está en su aplicación: las instituciones encargadas carecen del presupuesto y del personal suficiente para cumplir los plazos previstos. Tal es el caso, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua, que debe autorizar todos los proyectos mineros, o del SENACE, que con un presupuesto de 19 millones de dólares debe autorizar una cartera de inversiones mineras de 67.000 millones, además de sus responsabilidades en otros sectores. También influye la multiplicidad de instituciones públicas que participan en los procesos, cada una con procedimientos distintos, lo cual enreda aún más el panorama.
A este escenario ya complejo se ha sumado la criminalidad, particularmente la minería ilegal. El prestigioso Instituto Fraser encuesta anualmente a empresas y especialistas mineros de todo el mundo sobre el atractivo de distintas áreas mineras. Evalúa el potencial geológico (en el que Perú siempre destacaba) y la percepción de las políticas públicas (con resultados mucho más variables). Entre 2009 y 2015 el Perú tuvo una calificación relativamente estable que lo situaba en el tercio superior de lugares atractivos para invertir en minería (en potencial geológico figuraba en el 10 % superior). Esta calificación empezó a subir en 2016 y para 2018 el Perú estaba en el quinto superior (83 %) de lugares donde invertir. Lamentablemente, esto fue seguido de una caída estrepitosa hasta que en 2023 el país se ubicó firmemente en el tercio inferior (31 %).
El Perú logró recuperarse un poco, de modo que en 2024 alcanzó, con las justas, la mitad de la tabla (51 %). Sin embargo, para atraer inversión minera debemos mejorar mucho. En particular, en el aspecto de seguridad: la última encuesta Fraser indica que un 25 % de los encuestados considera este un obstáculo fuerte o incluso una razón para no invertir en el Perú. En Chile, en cambio, la cifra apenas llega al 5 %. En cuanto a la minería ilegal, vale la pena notar que en el Perú no solo paraliza proyectos de oro, sino también de cobre, con inversiones superiores a los US$ 7.000 millones.
Hay muchísimo que se puede hacer a bajo costo para mejorar nuestro atractivo a la inversión minera. Primero, se debe dotar de presupuesto y personal adecuado a las agencias estatales encargadas de velar por el cumplimiento de la regulación. Segundo, se debe complementar el uso de la ventanilla única digital con la simplificación de procesos, la eliminación de trámites redundantes y un mayor uso de aprobaciones automáticas basadas en declaraciones juradas para casos menos importantes y subsanables.
Con estas tres simples medidas se podrían atraer muchos miles de millones en inversión minera, la cual genera empleos directos e indirectos, cumple con todos los estándares ambientales y constituye una de las principales fuentes de impuestos.
