Por: Miguel Palomino
La República, 11 de Enero del 2023
“Un gobernante interesado solo en acrecentar su poder y hacer un negocio de los cargos públicos ha hecho un daño terrible a la ya pobre capacidad de ejecución del Estado”.
El año pasado el Estado peruano tuvo los ingresos más altos de toda la historia. Esto se debió en buena parte a los altos precios de los minerales, que llevaron a que las mineras pagaran muchos impuestos y regalías. El Perú tiene uno de los sistemas tributarios mineros más progresivos del mundo, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional el año pasado.
Si bien existe el riesgo de que en el 2023 los precios de los minerales disminuyan, hasta ahora, afortunadamente, se mantienen muy elevados.
A la misma vez que se alcanzaba este récord de ingresos, la capacidad del Estado de convertirlos en mejores servicios públicos para los ciudadanos probablemente alcanzó su punto más bajo en la historia moderna con el gobierno de Castillo. Un gobernante interesado solo en acrecentar su poder y hacer un negocio de los cargos públicos ha hecho un daño terrible a la ya pobre capacidad de ejecución del Estado. El precio lo pagaremos todos.
Además, es importante recordar que el Perú apenas comenzaba a recuperarse del efecto de la pandemia, que nos había hecho retroceder más de una década en la lucha contra la pobreza. Como país, enfrentamos un reto colosal.
Así empezamos el 2023. Con algo de suerte los ingresos permanecerán altos, pero estos tendrán que enfrentar una tremenda demanda por servicios públicos, que son más urgentes con una población más pobre. El caso del descontento en Puno es fácil de entender y es representativo del problema en buena parte del sur del país.
Por ello, no sorprenden las protestas; pero no se entiende la forma de protesta que han escogido buena parte de sus líderes. Nada justifica volver la protesta en un crimen.
Según la última información, Puno tiene el más alto índice de pobreza de todas las regiones del Perú, 43% en comparación con 26% en todo el país. Solo el 45% de la población tiene acceso a servicios de agua, luz y desagüe, en contraste con un promedio de 70% para el Perú. Por supuesto que están descontentos; las demandas sociales son muchas y datan de hace mucho tiempo.
El Estado peruano, que debería de ser uno de los mecanismos para corregir estas desigualdades, no se ha quedado de brazos cruzados. El presupuesto de inversión por persona en Puno (S/2,195) es 36% más alto que el promedio del Perú (S/1.612). La mayor parte del presupuesto de inversión corresponde al Gobierno nacional (contrario a lo que sucede en promedio): S/1.159 contra un total de S/1.035 de los gobiernos subnacionales.
Pero es un Estado lento, plagado de desidia y corrupción a todo nivel. Los ingresos no alcanzan para las urgencias. La solución, aun en el mejor de los casos, tardará años y será gradual. Protestar, sí claro. Pero los problemas de Puno, como los de todo el país, no se resuelven quemando un aeropuerto o un local del Poder Judicial y mucho menos llevando a jóvenes y policías a la muerte.
Tampoco los resolverá un nuevo cambio de gobierno ni, menos aún, un cambio de la Constitución.
Los peruanos tenemos que entender que no hay soluciones inmediatas ni mágicas a nuestros problemas. Todo toma su tiempo y se construye con esfuerzo y paciencia, aun cuando lo construido en un arrebato lo podemos destruir. Tenemos que acostumbrarnos a ponernos de acuerdo a nivel local, regional y nacional. Nada nos librará de esa responsabilidad, nadie podrá rescatarnos.
Eso es lo que podemos esperar de nuestra imperfecta democracia, pero democracia al fin. Por difícil que parezca, hoy es más necesario que nunca dialogar con paciencia. El único camino es el constitucional, que es el que se ha elegido. El Gobierno, como es lógico, es débil.
Por eso mismo debiéramos, todos, permanecer unidos, sin caer en tentaciones antidemocráticas, vengan de quien vengan. No permitamos que quienes no creen en la democracia se aprovechen de nuestras diferencias.
