Miguel Palomino
Presidente de IPE
La República, 16 de diciembre del 2025
Cómo casi la mitad de los proyectos de inversión púbica acaban abandonados: el costo de un robo permitido.
En esta columna suelo tocar temas que por lo menos deberían causar indignación. Pero rara vez he tratado un tema en el que se pueda llegar a un desperdicio tan extremo de recursos públicos. Lo que presento hoy proviene de un estudio del Banco Mundial que no necesita de un análisis complicado, simplemente supuso un trabajo meticuloso de ordenar la información disponible sobre los proyectos de inversión pública desde el 2012 hasta el 2023. La información no es cuestionable, nadie en el Ministerio de Economia y Finanzas ni en ningún instituto gubernamental la ha puesto en duda. La conclusión es objetiva y por eso es más dolorosa. Veamos a qué me refiero.
Entre 2012 y 2023, casi la mitad (45%) de los proyectos de inversión pública han sido abandonados, es decir el proyecto no se cerró, se ha gastado menos del 90% del presupuesto y no tienen ningún desembolso en por lo menos dieciocho meses. De un total de 132,000 proyectos iniciados a partir del 2012, más de 62 mil han sido abandonados. Si sumamos lo ya gastado en esos proyectos equivale a casi la mitad del presupuesto público anual de inversiones Y si se suma lo que se planeaba gastar, el monto sube a más de S/200 mil millones, casi 3.5 veces el presupuesto anual de inversión pública.
¡Estas cifras son espantosas! ¡Casi la mitad de la inversión en caminos, escuelas, postas médicas, agua potable, etc., durante 11 años ha sido totalmente desperdiciada! Y digo totalmente desperdiciada porque no es que la obra salió más cara de lo que debía ser o porque esta fue mal planeada o fue innecesaria Sino porque no existe la obra! Casi la mitad del presupuesto de un año ¡se ha gastado en nada!
Lo que es peor es que esta realidad empeora cada año. El Banco Mundial estima que, desde 2012, cada tres años se duplica el número de proyectos abandonados. Esto sucede porque los proyectos necesitan por lo menos dieciocho meses de ausencia de desembolsos para calificar como abandonados y cada vez hay más proyectos. En otras palabras, cada año hay 25% más pobladores que han visto el inicio de un proyecto que atiende un anhelo largamente acariciado para luego sentir la rabia de ver al proyecto abandonado.
Es importante resaltar que el desperdicio en el Perú es proporcionalmente mucho mayor que en casi todo el mundo, y particularmente frente a América Latina. Esto se debe a dos razones. Primero, en proporción al producto, la inversión pública en el Perú es 50% más alta que el promedio de los 27 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La cifra de 5% del PBI del Perú es muy superior a la de nuestros vecinos Chile (2.3%), Colombia (2,2%), Brasil (1.7%) y es más semejante a Suecia y Japón (en ambos, 4.9%). Además, este mayor tamaño relativo de inversiones se ejecuta particularmente mal. A decir del Banco Mundial, la calidad de la inversión pública en el Perú «se encuentra 40% debajo de sus posibilidades» y «permanece por debajo de la media de países comparables»
El Banco Mundial nota que la inversión pública en el Perú es una de las más descentralizadas en la OCDE, con cerca de dos tercios de ella a cargo de gobiernos locales y regionales. El Banco Mundial también señala que en cuanto a la responsabilidad por el presupuesto de gobiernos locales y regionales, el Perú «tiene la particularidad de haber abolido cualquier forma de supervisión independiente» (excepto para los provectos que se financian con deuda, que son una muy pequeña minoría).
Por último, los proyectos de inversión en el Perú, que deberían ser parte de un sistema de planificación o por lo menos de priorización cuidadosa, no lo son. El Banco Mundial reporta que el 80% de los proyectos nuevos no fueron parte de ningún proceso de supervisión de inversiones, ni tampoco fueron parte del presupuesto público aprobado por el Congreso. Fueron agregados a dedo durante la ejecución del presupuesto como parte del Presupuesto Institucional Modificado.
¿Por qué en Perú el 80% de la inversión pública se decide fuera de la luz pública? ¿Por qué está dos tercios del total en manos de gobiernos locales y regionales sin supervisión? ¿Por qué en el Perú es tan mala la calidad de la inversión? ¿Por qué en el Perú casi la mitad de los proyectos nuevos se abandonan? La explicación es compleja y la detallaremos a continuación, pero en sencillo lo podemos abreviar a: porque así es más fácil de robar. Como siempre, cuando el dinero «es de todos», nadie lo cuida y por lo tanto resulta más fácil robarlo.
Pongámoslo en términos simples: ¿Permitiría una familia que en la inversión para la construcción de su vivienda inicie sin una mínima planificación o coordinación del 80% del gasto? ¿Qué el proceso de construcción incluya que casi la mitad de esta sea abandonada a medio hacer? ¡Por supuesto que no! Y sin embargo esto es lo que sucede crecientemente todos los años con aproximadamente 60,000 millones de soles en inversión pública que «es de todos».
¿Cómo llegamos a esta situación? El deterioro fue gradual. Fue creciendo de a pocos hasta que en 2016 se decidió cambiar las normas de inversión pública porque la normativa hasta entonces existente, el famoso SNIP, era juzgada, con alguna razón, como muy inflexible. Esto era un importante motivo, se decía también con alguna razón, por el cual la inversión publica tardaba tanto en ejecutarse. Con una legislación más moderna y flexible se agilizan a la inversión pública. Pero la nueva legislación se encontró con novedosas y mas flexibles interpretaciones además fue tergiversada justamente en momentos en que crecía desmesuradamente el poder del Congreso y se debilitaba el del Ministerio de Economía y Finanzas. La cosa empeoró, si es posible decirlo, cuando en 2021 el Tribunal Constitucional decidió que, aunque la Constitución expresamente lo prohibía, el Congreso sí tenía iniciativa de gasto, siempre y cuando no fuera para el año en curso.
No hace falta ser demasiado suspicaz para intuir que buena parte del diseño del sistema está configurando precisamente para dejar zonas opacas y de amplia discrecionalidad. Sin embargo, los gobiernos débiles e hipotecados al Congreso no han tenido ninguna capacidad de corregirlo. El estudio del Banco Mundial es una razón más que justificada para que los partidos en campaña y el siguiente gobierno pongan prioridad a este tema. Aquí hay una causa común ciudadana, popular y urgente. Luego de la lucha contra la inseguridad, difícilmente se pueda encontrar una mejor bandera política. La tarea debería empezar por tener un planeamiento mínimo e integral de proyectos, identificar y completar los proyectos que valgan aún la pena y repensar el sistema para ejecutar menos inversiones, pero de más envergadura e impacto cada una. En esta opacidad, malos funcionarios y malas empresas han ganado muchos millones a costa de robarnos calidad de vida. La evidencia es contundente. Saquémoslo a la luz de una vez.
